ALICANTE.-El empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado de un delito
continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en el
caso Brugal, en la pieza relativa al presunto amaño del PGOU de
Alicante, ha llegado a un acuerdo de conformidad mediante el cual acepta
una pena de tres meses de prisión por haber negociado la recalificación
de terrenos con Francisco Javier Gutiérrez --abogado urbanista y
entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante--, y
José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo.
El acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones
particular y popular, que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y EUPV,
respectivamente, le supondría al promotor una rebaja de cerca de cuatro
años de prisión de la pena más alta solicitada, según se ha podido saber.
Está previsto que el juicio sobre el presunto amaño del PGOU de
Alicante para favorecer al empresario Enrique Ortiz, siente en el
banquillo, a partir del 30 de junio de este año, a los exalcaldes
'populares' de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, por presunta
revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico
de influencias y cohecho, delitos por lo que les piden a ambos 10 años
de prisión.
A Enrique Ortiz se le juzgará por los presuntos delitos de
aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y
funcionario, tráfico de influencias, cohecho y fraude, por los que le
solicitan 8 años de cárcel.
Las acusaciones piden, tras el acuerdo de conformidad al que ha
llegado Ramón Salvador por el delito de corrupción de autoridades o
funcionarios públicos, por presuntamente haber negociado la
recalificación de sus terrenos en el Pla De Xirau, una pena de prisión
de tres meses, que quedará en suspenso durante 2 años; una multa de
14.500 euros y una indemnización al Ayuntamiento de Alicante, por
responsabilidad civil de la misma cuantía.
Además, "se le exime de cualquier otra responsabilidad civil, dada
su escasa participación en el conjunto de los hechos", apuntan las
mismas fuentes.
El escrito de Fiscal Anticorrupción, ahora asumido por Ramón
Salvador, relata que el empresario ilicitano gestionó, junto a los
también acusados en la causa, Francisco Javier Gutiérrez, abogado
urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de
Alicante y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de
Alicante, Sonia Castedo y a través de la empresa Salvetti Abogados y
Consultores, la alegaciones para que las fincas ubicadas en el Pla de
Xirau recuperaran la clasificación de urbanizables, ya que habían sido
reclasificadas en la revisión del PGOU, 78 realizada por el arquitecto
urbanista Jesús Quesada.
La mercantil especializada en asesorar contactos y negociaciones con
la Administración Pública presentó las alegaciones durante la primera
exposición pública --el 19 del 12 de 2008-, para que fuera mantenida la
"clasificación y calificación" como urbanos de los terrenos de Pla de
Xirau --clave SR-- en el PGMO 87.
El empresario admite con este acuerdo de conformidad que las
gestiones se llevaron a cabo a cambio de una remuneración de 100.000
euros más IVA (16.000 euros), más unos "honorarios de éxito" que se
harían efectivos una vez que las fincas fueran consideradas nuevamente
"suelo urbano", en el Plan General.
La alegación fue estimada y el pago de los servicios contratados a
Salvetti Abogados, se realizó mediante dos ingresos de 58.000 euros cada
uno en 2009, a través de las mercantiles de la matriz Imagen
Valenciana, S.L. de Ramón Salvador: Residencia Mira Llevant, S.A. y
Artunduaga Gestión Urbanística S.L.
Así, el Plan General aprobado provisionalmente primero en abril de
2009 y, posteriormente, en mayo de 2010, contempla los terrenos de la
unidad de ejecución Pla de Xirau del empresario como Suelo Urbano,
sujeto a Actuación Integrada (UBA), con ficha de planeamiento "UBA-37
Pla de Xiaru".
Los terrenos recalificados están ubicados en el límite entre Alicante
y San Vicente del Raspeig, a la altura de la autovía que une Alicante y
Castalla a su paso por San Vicente.
Tras la firma del acta de comparecencia, el letrado de la
administración de justicia dará traslado al Tribunal de la Sección
Tercera compuesto por las magistradas Montserrat Navarro como ponente,
Cristina Escoda y Margarita Esquivá, para que dicte la resolución.
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