VALENCIA.- La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha fijado un nuevo
calendario del conocido como caso Erial, en el que se ha investigado el
supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de
concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana, y ha
fijado para el 9 de abril la declaración del expresidente de la
Generalitat y ex ministro, Eduardo Zaplana. En la causa hay otros 14
acusados.
Así lo recoge en una providencia de la sala que ha
sido notificada ya a las partes tras la suspensión de la vista, que
debía haber comenzado el pasado 1 de febrero pero que se suspendió por
enfermedad del abogado del expresidente. Se trata del segundo
aplazamiento, tras uno anterior el 9 de enero, en esa ocasión por
enfermedad del fiscal anticorrupción.
El juicio comenzará el
21 de marzo, con las cuestiones previas, que seguirá al día siguiente.
Tras la declaración de Zaplana se han fijado la del resto de acusados:
el 10, la de Joaquín Miguel Barceló y el 11, Francisco Grau. El 16
declararán Juan Francisco García, Mitsouko Flerida Henríquez, Vicente
Cotino, José Cotino y José Luis Olivas y el 17 y el 18 las del resto. A
partir del 19 será el momento de los testigos propuestos por Fiscalía y
el 26 por las defensas.
Las declaraciones de los peritos no
serán hasta el 15 y 16 de mayo. No obstante, el tribunal ha reservado
sala para 13 días en junio y todo el mes de julio en días por concretar,
según la información remitida por el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana.
En este procedimiento Eduardo
Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y
como le reclama provisionalmente Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de
prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de
capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y
prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial.
Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que
suman 72.000 y 36.000 euros.
El fiscal anticorrupción cifra
en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva
mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su
organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades
radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos
por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito
de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración
posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de
la acusación pública.
De este importe, 6.734.026 euros fueron
decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con
Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al
'ex president' y que le ayudaron en la operativa.
De ellos,
reclama la mayor pena de prisión, tras el ex ministro, al que fuera su
jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de
cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita
para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes
eólico y las ITV tras el proceso cuestionado.
En la causa estuvo también
investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y
expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.
Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones
de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de
los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos,
más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las
comisiones abonadas por las adjudicaciones".
Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas
formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a
quien considera el "financiero" de la organización y encargado de
gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que
aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el
dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y
cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros).
Para
ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por
organización criminal y blanqueo, al igual que para la ex secretaria del
ex president, Mitsouko Henríquez.
Además de estos acusados,
figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, --ella ex diputada del
PP--, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de
Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho
millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas,
con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien
reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que
"colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y
auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a
España para su uso personal.
Entre estos últimos se
encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche;
Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de
cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto
