MADRID.- Adjudicó terrenos para VPO al lado playa San Juan.
1 piso para la Concejala de Urbanismo
1 piso para el arquitecto municipal
3 pisos para la Directora General de Urbanismo
Los pisos se han escriturado por 200.000 € cuando su valor en mercado es casi de 400.000.
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MADRID.- Parece que el alcalde de Alicante si se toma en serio los problemas de vivienda. Ha nombrado concejal de urbanismo a la íntima amiga de su hija Sagrario… A su esposa la ha colocado en BECSA, empresa proveedora del Ayuntamiento. Su hija en la oficina de Patentes y Marcas
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No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.
Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.
La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.
Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.
Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.
Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.
Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.
Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.
Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.
Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.
ALICANTE.- Moviment Sumar País Valencià ha presentado una denuncia ante la Fiscalia
Especial contra la Corrupcion y Criminalidad Organizada para "poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos
de delitos contra la administración pública, relacionados con la
adjudicación de viviendas de protección pública" en la ciudad de
Alicante, concretamente en la zona de La Condomina de la Playa de San
Juan, a raíz de las últimas informaciones publicadas. Entre otras
cuestiones, reclama "esclarecer" si ese procedimiento "se desarrolló
conforme a los principios de igualdad y transparencia" y si hubo "trato
preferente".
Así se desprende de la documentación registrada
ante el Ministerio Público este viernes,
tras la publicación del diario 'Información' que asegura que entre los
adjudicatarios de esos inmuebles están un arquitecto municipal y la edil
de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos y un sobrino de quien hasta hace
unas horas ha sido directora general de Organización Interna,
Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante,
María Pérez-Hickman, quien ha dimitido de ese cargo después de la
polémica surgida al respecto.
En la denuncia, firmada por
Xavier López y Carmen Padilla, cocoordinadores de Moviment Sumar País
Valencià, la formación valora que "el hecho de que personas con
responsabilidades políticas, técnicas o vínculos familiares directos con
altos cargos municipales resulten adjudicatarias de viviendas públicas
destinadas a fines sociales resulta relevante y digno de especial
examen, al tratarse de recursos públicos limitados cuya adjudicación
debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y
ausencia de trato de favor".
"La concejala mencionada ostenta
actualmente la responsabilidad política directa sobre el área de
Urbanismo, ámbito material estrechamente relacionado con la
planificación y gestión urbanística del municipio, lo que implica una
proximidad funcional evidente con los expedientes administrativos
relativos a promociones públicas de vivienda", añade.
También
apunta que "aunque, según fuentes municipales citadas en prensa, dicha
persona habría solicitado la vivienda con anterioridad a su nombramiento
como concejala, esta circunstancia no excluye por sí misma la necesidad
de verificar si durante la tramitación del procedimiento" existió
"algún tipo de influencia directa o indirecta", "acceso a información
privilegiada" o "actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad
objetiva del procedimiento administrativo".
Precisamente,
sobre el caso de la edil de Urbanismo, el alcalde de Alicante, Luis
Barcala, ha señalado este viernes en una comparecencia sin preguntas
ante la prensa que ella "adquirió la condición o se incorporó a la
cooperativa" de esas viviendas públicas, donde "fue admitida en el año
2018, cinco años antes de entrar en política", es decir, "cinco años
antes de ser concejala".
"La licencia de obras para la
construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de
acceder a la política y acceder al puesto de concejala", ha apuntado
Barcala, al tiempo que ha resaltado: "Hasta donde tenemos conocimiento,
no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que
ver con este expediente de la vivienda social".
En la denuncia también se señala que puede haber un "posible
conflicto de intereses respecto de familiares de altos cargos
municipales", en alusión a la ya dimitida Pérez-Hickman.
En el escrito,
Moviment Sumar País Valencià habla de "dos hijos" de la ya exalto cargo
del consistorio, si bien el citado medio de comunicación publica este
viernes que a estas dos personas también se sumaría supuestamente un
sobrino.
"Según dicha información, la mencionada directora
general habría desempeñado funciones como secretaria del órgano técnico
municipal relacionado con la venta y gestión de la parcela sobre la que
se desarrolló la promoción de viviendas", indica.
A ello,
añade que "esta circunstancia plantea dudas razonables sobre la posible
existencia de un conflicto de intereses, en la medida en que una persona
con responsabilidades directivas o técnicas podría haber tenido
intervención, conocimiento o influencia en actuaciones administrativas
relacionadas con la promoción o adjudicación de las viviendas en las que
resultaron beneficiarios sus familiares directos".
Y recalca
que, "sin prejuzgar la legalidad de tales actuaciones, resulta necesario
verificar si se cumplieron los deberes legales de abstención, así como
si el procedimiento se desarrolló sin trato preferente, ventaja
informativa o interferencia indebida".
Sobre el arquitecto municipal, la denuncia registrada ante el
Ministerio Fiscal por Moviment Sumar País Valencià recalca que este,
"igualmente, figura como adjudicatario de una de las viviendas" y que
sobre él "la prensa informa que se encuentra investigado en una causa
penal abierta en el año 2024 por presuntos delitos de tráfico de
influencias y agilización irregular de trámites urbanísticos para
terceros".
"La concurrencia de esta circunstancia, unida a su
condición de funcionario municipal con conocimientos técnicos
especializados y posible participación en procedimientos urbanísticos,
refuerza la necesidad de un examen exhaustivo e independiente de su
intervención (directa o indirecta) en el expediente de adjudicación de
las viviendas de protección pública", se apunta en el escrito.
Según Moviment Sumar País Valencià, es necesaria una "investigación"
por "posible vulneración de principios de la administración pública",
pues "la concurrencia de todas las circunstancias" descritas
"constituye, al menos, un conjunto de indicios que justifican la
intervención del Ministerio Fiscal, a fin de esclarecer" si el
procedimiento de adjudicación "respetó estrictamente los requisitos
legales y reglamentarios", "se desarrolló conforme a los principios de
igualdad y transparencia", "garantizó la imparcialidad de los órganos
intervinientes" y "no incurrió en desviación de poder, tráfico de
influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales".
"Todo ello se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal sin
afirmación de culpabilidad alguna, y exclusivamente a los efectos de que
se practiquen las diligencias de investigación que se estimen
oportunas", concluyen los firmantes de la denuncia.
VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha
reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que asuma
responsabilidades tras la polémica sobre el proceso de adjudicación de
una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan.
"Es indecente", ha advertido, y ha reivindicado que "la Comunitat
Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de
privilegios".
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los
medios, después de que la directora general de Contratación Pública y
Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman,
haya dimitido de su cargo a raíz de que 'Información' publicara que la
concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos de Pérez-Hickman y un
arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre
cuatro de estas viviendas" adjudicadas en Playa de Sanjuán.
Bernabé (PSOE) ha señalado que esta polémica "es una muestra clara de un
mal uso y de una apropiación de una ventaja" que la directora general
dimitida "tiene como responsable política", cuando ha defendido que
"estamos en tiempos en los que es más importante que nunca hacer y
conseguir que la ciudadanía confíe en la política. Y la política está
para mejorar la vida de las personas".
Tras recordar que uno
de los principales problemas es el de la vivienda, ha lamentado que se
llegue "a pervertir el sistema de esta manera para que al final tus dos
hijos y tu sobrino tengan un piso".
"Yo espero, y desde luego no puede
ser de otra manera, que el señor Barcala tiene que asumir
responsabilidades porque este mensaje no se puede dar", ha agregado.
La también líder del PSPV en València ha defendido que los políticos
están "para servir a la ciudadanía, no para aprovecharlo y para tener
privilegios, y lo que han hecho en el Ayuntamiento de Alicante es
confundir el gobierno y la responsabilidad pública con los privilegios".
Además, ha sostenido que "últimamente el Partido Popular da mala
comunicación con respecto a lo que es el gobierno y lo que son los
privilegios".
Como ejemplo ha apuntado a Carlos Mazón, quien tiene como "principal privilegio" el estatuto de 'expresident' de la Generalitat, con el que ha criticado que "está escudado en un aforamiento para no ir a la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana.
VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha pedido al Gobierno central que invoque las
cláusulas de salvaguarda previstas en el tratado comercial con Sudáfrica
ante los informes que revelan que la entrada de cítricos de ese país ha
provocado una reducción un 24 por ciento de las exportaciones de la
provincia de Castellón.
Así lo ha informado el portavoz del
Consell, Miguel Barrachina, tras la reunión del pleno en el que se ha
expuesto un informe de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y
Pesca, junto con la de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que
refleja esa pérdida en las exportaciones.
Por ello, ha dicho,
"hemos reclamado que el Gobierno de España cumpla con su obligación e
invoque las cláusulas de salvaguarda que el tratado comercial con
Sudáfrica permite".
Según Barrachina, el Consell ha pedido y trasladado
por escrito al Ministerio que "salga de su atonía, que abandone la
desidia y que defienda a nuestros agricultores".
"Todos los
tratados contienen cláusulas de salvaguarda para defender a nuestros
agricultores", ha dicho, pero ha lamentado que "el mejor de los tratados
internacionales en manos de Pedro Sánchez será siempre un mal tratado
internacional porque no defiende a nuestros agricultores".
En
esta línea, ha manifestado que han pedido la activación de las cláusulas
de salvaguarda que debe reclamar el Gobierno y, en segundo lugar, que
para la próxima campaña citrícola que comenzará el próximo mes de
octubre, el Ejecutivo central "esté vigilante, cosa que no ha sucedido,
para desde el primer minuto instar y reclamar el cumplimiento de
nuestros tratados internacionales".
"Los agricultores de la
Comunitat Valenciana se sienten abandonados por el Gobierno de España",
ha insistido, y ha reprochado que esas cláusulas de salvaguarda
previstas en el tratado "nunca" se han invocado los años de gobierno de
Pedro Sánchez.
VALENCIA.- La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos --las rachas podrán alcanzar los 100 km/h-- y fenómenos costeros durante los días de hoy y mañana y recomienda extremar las precauciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana.
