MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha
defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas,
aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura
administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las
que la asuman.
Según la FEMP, la supresión de municipios no va
a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en
nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser
respetados como institución política básica", ya que, además, los
ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus
vecinos".
No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad
suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones
a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios
de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su
entidad política y su estructura administrativa".
Por un
lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan
ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a
entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que
los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que
ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que
advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y
potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
Así figura en un
documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo
ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al
trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español
bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una
competencia, una administración.
En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de
las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de
competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de
obligado cumplimiento.
La FEMP dice ser "consciente" de que la
Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la
configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación
de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga
viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las
instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus
competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en
defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal
Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su
interposición".
Además, reclama un "pacto político" que
comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la
configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que
se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o
suficiencia financiera.
Así pues, considera que las relaciones
entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio
de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo
que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer
desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y
oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
Un ejemplo
que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia
estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento
donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que
le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a
través de distintas fórmulas".
En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como
lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación
adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin
la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia
ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se
derivan".
Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del
sistema de financiación con el sistema de competencias" de las
corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez
de recursos municipales".
Así pues, reclama que las leyes que
supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal,
provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales
arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter
incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades
locales por otras administraciones públicas".
Para evitar
duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere
atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la
ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos
de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad
institucional, evitar la duplicidad del servicio".
En cuanto a
la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las
entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los
requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su
juicio, deben encargarse estas administraciones.
A su juicio,
no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción
suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias
que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a
la "confusión en la realización de actividades y prestación de
servicios".
Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual
reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda
materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra
entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias
en las que se reconoce un interés local relevante.
Entre otras,
la FEMP considera que deben ser competencia local las materias
relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua
potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil,
tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o
padrón municipal.
También sugiere que las leyes sectoriales
estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas,
siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los
"principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad,
subsidiariedad y suficiencia financiera".
La FEMP cree que
también hay que tener en cuenta las características demográficas,
geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la
financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer
dichas competencias.
