Fabra defiende la política de grandes eventos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha defendido la política de grandes eventos del Gobierno valenciano, a pesar de ser  "tan criticada", porque "hace que se superen los 9.000 millones de euros y ha generado más de 270.000 empleos acumulados y cerca de 75 millones de visitantes". En este sentido, ha asegurado que el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), "tan criticado por algunos", es el centro más visitado de España desde 2011, "por encima de la Alhambra, El Prado o la Sagrada Familia".

   Fabra se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Cortes con motivo de la pregunta sobre el turismo valenciano, formulada por el portavoz en funciones del PP, Rafael Maluenda, --que ha sustituido al síndic titular, Rafael Blasco, que ha delegado sus funciones ante su posible imputación en la trama de las ayudas de cooperación después de que la juez crea que hay indicios de hechos de naturaleza delictiva en su actuación al frente de la Consejería de Solidaridad--.

   El jefe del Consejo, que ha puesto CACSA como ejemplo de la política de grandes eventos dirigida al turismo en la Comunidad, ha afirmado que este complejo "genera 157 millones de euros de gasto turístico al año y el gasto turístico total se traduce en un impacto de 73,2 millones de euros en términos de renta, lo que genera o mantiene 3.400 empleos".

   Dada la importancia del turismo para la Comunidad, según ha resaltado el jefe del Consejo, ha reclamado una oficina de monitorización de mercados internacionales para conocer los mercados y coordinar acciones con Turespaña y ha señalado la necesidad de realizar un congreso de formación turística "al más alto nivel".

   De esta manera, ha explicado que el sector turístico es "fundamental" para la economía porque supone casi el 13 por ciento del PIB y casi el 13 por ciento del empleo en la Comunidad. Por tanto, "hablar de Turismo es hablar de Comunitat, porque somos referente nacional e internacional". "Somos el tercer destino para los españoles y el quinto para los extranjeros" y esto "no es fruto de la casualidad porque se ha trabajado muchos años para poner en valor los activos de la Comunitat", ha aseverado.

   Asimismo, ha destacado que se ha conseguido "desestacionalizar un sector gracias al esfuerzo del Consell y del sector privado".

 "Las inversiones han puesto en valor el sector y han permitido poder llegar a más gente y diversificando los productos", ha agregado Fabra, quien ha apuntado que "somos un destino preferente a nivel internacional porque hemos sabido proyectar la imagen al exterior, de la mano del sector privado".

   El 'popular' Rafael Maluenda ha sido el encargado de formular la pregunta de control de su grupo al presidente de la Generalitat como "portavoz en funciones", tal y como le ha definido el presidente de las Cortes, Juan Cotino, en sustitución del síndic titular, Rafael Blasco.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.

   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.

   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.

   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.

   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".

   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.

   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.

   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.

   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".

   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".

   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Alicante, Almería y Murcia sólo tendrán dos vías férreas en el corredor mediterráneo ferroviario

MADRID.- El Ministerio de Fomento quiere tener terminado en el año 2016 el tercer carril del Corredor Mediterráneo de mercancías, aunque este calendario solo es válido por ahora para el tramo entre Valencia y Barcelona. La Región de Murcia, Almería y Alicante no entran en estos planes a la vista de la información que ofreció la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. 

En respuesta a una pregunta de Convergencia i Unió, Pastor adelantó que el proyecto constructivo de este carril estará terminado en el primer trimestre de 2013 y que el plazo de ejecución será de tres años, según las primeras estimaciones de los técnicos.

El proyecto para la implantación del tercer carril en dicho corredor ha sido encargado a Ineco, la consultora de ingeniería del Grupo Fomento, a la que está sirviendo de base para su elaboración un informe técnico «muy completo» de los gobiernos autónomos de Valencia y Cataluña, detalló la ministra. Dicho informe deja fuera a la Región de Murcia.

Ana Pastor reiteró su apuesta por el Corredor Mediterráneo, infraestructura que «tiene una importancia trascendental en nuestro país» y cuya ejecución es «fundamental para este Gobierno». Ha adelantado, asimismo, que en julio presentará en Tarragona, tal y como se comprometió con los representantes de la industria petroquímica, los estudios que se están elaborando, «para que todos los empresarios y la sociedad civil puedan aportar a este proyecto lo que sea lo mejor para la industria petroquímica, pero también para la industria del sector del automóvil». 

Pastor ha destacado la importancia que este tramo del Corredor Mediterráneo tendrá para la actividad de los puertos que muestran una evolución creciente, con un incremento del 8,6 % hasta el mes de mayo. El portavoz de Fomento del grupo parlamentario catalán, Pere Macias, ha subrayado la importancia del tercer carril, porque el futuro e inversiones de muchas empresas, como la Ford, o la industria química de Tarragona, dependen del calendario de su puesta en marcha.

Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante

BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.

   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.

   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.

   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.

   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".

   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.

   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

El colapso de la eurozona afectaría al turismo

FRANCFORT.- Un colapso de la zona euro tendría un efecto paralizante en las aerolíneas y grupos hoteleros de Europa, debido a que los consumidores y las empresas reducirían sus presupuestos de viaje y los precios se derrumbarían, dijo la consultora del mercado Euromonitor International.

En el peor de los casos, es decir, una disolución desordenada de la zona euro, Euromonitor indicó que el número de turistas que entran en los países europeos caería hasta un 11 por ciento, en medio de una profunda recesión y graves consecuencias para la economía mundial.

El gasto de los turistas se reduciría a un ritmo aún mayor, de un 17,3 por ciento, con los consumidores a la busca de ofertas y la baja demanda impactando en los precios, dijo en un informe basado en las conclusiones de una revisión de crisis económicas previas en tiempos de inestabilidad macroeconómica.

Un escenario menos severo sería una salida de Grecia, mientras que el resto de la eurozona quedaría intacto. Este panorama generaría una caída del 2,8 por ciento en el número de turistas, según estimó Euromonitor.

Si no ocurre ninguna de estas alternativas, la llegada de turistas a la zona euro caería un 0,7 por ciento este año, agregó.

Los griegos afrontan unas elecciones clave el domingo, que algunos temen que desencadene su salida del euro. Un quinto de los ingresos económicos del país provienen del turismo. Otros creen que Grecia podría beneficiarse de una salida de la zona euro, tras una caída del 15 por ciento en los ingresos turísticos en el primer trimestre de 2012.

El operador turístico británico Thomas Cook, que compite con TUI Travel, entre otros, dijo el mes pasado que prevé un aumento de las reservas a Grecia si la economía abandona la divisa común, ya que las vacaciones en la nación mediterránea serían más baratas.

En un derrumbe total de la zona euro, los hoteles verían un colapso del 15 por ciento de sus ingresos. El gasto en pasajes aéreos caería casi un 20 por ciento, con las compañías reduciendo los billetes baratos y los turistas cancelando sus planes u optando por trenes o autocares para ahorrar dinero.

"El impacto macroeconómico de una desintegración de la zona euro sería catastrófico", agregó.

Sin embargo, aerolíneas de bajo coste como Ryanair y EasyJet sufrirían mucho menos que compañías de bandera como la alemana Lufthansa o la británica British Airways, ya que se quedarían con los pasajeros más preocupados por el coste.

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.

   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".

   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".

   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.

   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.

   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.

   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.

   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.

   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.

   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".

   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.

   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.

   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.

   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.

   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.

   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

Hallan restos en la exhumación de dos supuestos bebés robados

ALICANTE.- Las labores de exhumación de tres supuestos bebés robados realizadas este miércoles en la provincia de Alicante han permitido encontrar restos en dos de los casos, que serán sometidos a las pruebas de ADN, mientras que en un tercero caso los restos hallados "no son compatibles con la información facilitada" por los afectados, por lo que la diligencia ha concluido "sin éxito", según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La primera de las búsquedas, todas ellas realizadas por petición de Fiscalía y con la presencia de las familias afectadas, se ha iniciado a las 10.00 horas en un panteón familiar del cementerio de Monóvar (Alicante), y ha permitido localizar los restos de un bebé, que serán sometidos a los oportunos análisis de ADN.

   A las 12.00 horas, se ha procedido a una exhumación en un enterramiento particular dentro del cementerio de la misma localidad, si bien, en este caso "la zona no estaba clara". En la ubicación determinada por la familia afectada se han encontrado restos de adultos y bebés, pero "no compatibles con la información facilitada", por lo que la diligencia se ha dado por concluida y "sin éxito".

   También se ha practicado otra exhumación en un nicho del cementerio de la partida de Torremendo, en Orihuela, donde han sido hallados restos de un bebé que serán sometidos a las oportunas pruebas de ADN.

El Gobierno valenciano dice que los casos de corrupción son "aislados"

VALENCIA.-   El consejero de Justicia y Bienestar Social del gobierno valenciano, Jorge Cabré, ha asegurado este miércoles que desde el Gobierno valenciano "se están adoptando todas las decisiones para que haya absoluta transparencia y nadie pueda dudar de la cooperación al desarrollo valenciano". En este sentido, se ha referido al caso que investiga el juzgado 21 de Valencia sobre la supuesta trama de desvío de fondos de cooperación internacional y ha apuntado que la Justicia es "lenta pero efectiva".

   Cabré se ha expresado de esta manera en la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas con motivo de la pregunta formulada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las actuaciones que ha realizado el Gobierno valenciano para "depurar las responsabilidades políticas", tras conocerse el contenido del sumario de la instrucción del caso de cooperación.

   En esta línea, el titular de Justicia ha afirmado que se trata de "casos aislados" y "no merece la cooperación que por ellos se dé una imagen" negativa de ella. Por ello, ha apostado por que cuando le pregunten por la cooperación "en sentido negativo" su respuesta será en "positivo".

   La diputada socialista, Clara Tirado, sin embargo, ha criticado que hace 18 meses que denunció el caso y dio "todos los detalles de una trama" que afecta al actual portavoz del PP en las Cortes valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presente en el hemiciclo. "Entiendo que cuando lo denuncié, lo primero que deberían haber hecho es ir a la Consejería a comprobar" la veracidad de estas informaciones, ha dicho porque ahora han sido "ratificadas" por el juzgado número 21 de Valencia, ha apostillado.

   Tirado ha acusado al PP y al Consell de haber pasado 18 meses "tapando el escándalo y colaborando con la trama", y "poniendo velas al santo a ver si no imputaban a Blasco, por el pánico que le tienen. No han hecho nada, ni cuando los amigos de Blasco hablaban de violar diputadas, o eran racistas. No hicieron nada".

   La parlamentaria socialista, asimismo, ha criticado la "incongruencia" del PP porque "mantienen a diputados implicados en los peores casos de corrupción" y a otro que califican de talibanes a los profesores, "lo despachan", ha dicho en relación al que fuera director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos.

   Tirado ha insistido en que, mientras a Vivancos le han "apartado" por llamar "talibanes" a los profesores, a Carlos Fabra, "imputado por graves delitos, le hacen presidente de Aerocas"; a Alfonso Rus, que llamó "gilipollas" a los profesores, "le hacen candidato a la presidencia del PP de la provincia de Valencia"; a Sonia Castedo, que "pactó el plan urbanismo de Alicante, le hacen candidata a la Alcaldía de Alicante". Por tanto, "como ya sabemos cómo funcionan las cosas en el PP, señor Blasco repita conmigo: ta-li-ban", ha concluido.

   Por otro lado, el socialista José Manuel Sánchez ha preguntado a la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, por las causas por las que han "impedido" al Server hacer efectivo el reintegro de 200.000 euros adeudados por la Federación Valenciana de Asociaciones de Vecinos (Favcova).

   Sánchez ha explicado que el Consell lleva cinco años con esta deuda pendiente y lo ha atribuido que el PP "mira hacia otro lado" en este caso porque "nos encontramos en otro caso de saqueo a las arcas públicas bajo el amparo del PP".

   Al respecto, ha denunciado que los 'populares' "se ha dedicado a potenciar a golpe de talonario determinadas asociaciones para construir una red clientelar que le sirva para sus intereses". Sánchez ha apuntado que el Gobierno valenciano ha destinado "12 millones de euros para entidades bajo el paraguas de Central Ciudadana y Favcova" con el "mismo modus operandi que en cooperación".  

   La consejera de Educación ha respondido que desde el Gobierno valenciano "vamos a exigir hasta el último euro" a esta entidad y, para ello, "el Server ha iniciado los procesos de reintegro en los plazos correspondientes" para que no incurra en prescripción.

   De esta manera, ha explicado que el Server ha instruido ya cuatro expedientes para pedir las cantidades adeudadas. De hecho, ha añadido, ya se ha hecho efectivo la incautación del aval que se pide cuando se otorgan estas ayudas. Català ha remarcado que el Servef "está cumpliendo todos los requisitos legales" para efectuar el reintegro de las ayudas. "Desde el Servef está cumpliendo taxativamente con la Ley General de Subvenciones", ha afirmado.

El Congreso pide revisar los blindajes de directivos de entidades rescatadas

MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas indemnizaciones ya hayan sido devengadas, como es el caso de la CAM.

   Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Europa Press y que será votado este martes en el Pleno del Congreso, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".

   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.

   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.

Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorros que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".

   Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera".

   El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". "Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.

   Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.

   También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.

   A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, "en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad". "Esperamos que en la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido López-Amor.

   Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la práctica.

   El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades, y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos" de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.

   En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones". "Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todo regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.

   Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no, será una solución en falso", ha advertido.

EU pide la comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas en las Corts para explicar su gestión en el control de las cajas

VALENCIA.- El grupo de Esquerra Unida (EU) en las Corts Valencianes ha pedido este martes la comparecencia en la Cámara autonómica de los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana, Francisco Camps y José Luis Olivas, este último también ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, para que expliquen "cuál fue su responsabilidad y su gestión" en las competencias del Consell para "dirigir, investigar y supervisar" la actividad de las cajas valencianas.

   Igualmente, ha exigido "responsabilidad" y "cárcel" por la pérdida de las entidades de ahorro valencianas y del tejido financiero de la Comunitat. Así lo ha explicado la coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación en las Corts, Marga Sanz, durante el acto que varios de sus miembros han celebrado frente a la sede principal de Bancaja en la ciudad de Valencia para exigir "la depuración de responsabilidades políticas y penales por la quiebra y pérdida de las cajas de ahorro valencianas".

   Junto a Sanz estaban el también diputado autonómico Ignacio Blanco; la diputada provincial de EU en la Diputación de Valencia Rosa Pérez; el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, y la otra concejala de EU en esta corporación Rosa Albert. Todos se han concentrado durante unos minutos ante la central de Bancaja tras una pancarta en la que se podían leer en valenciano las frases 'Judici als Bankers' ('Juicio a los Banqueros') --esta última palabra imitando el logotipo de Bankia-- y 'No paguem els seus deutes' ('No paguemos sus deudas').

   Con esta convocatoria, EU ha querido también apoyar la creación de una 'Comisión de la Verdad' en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras que esta tarde defenderá en la Cámara Baja el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y portavoz parlamentario, Cayo Lara. Esta comisión busca "investigar qué ha pasado en el sistema financiero español" y saber "si han habido fraudes" y "qué responsabilidad ha tenido en todo el Banco de España y el Gobierno".  

   Marga Sanz ha indicado que "los más de 170.000 millones que la banca ya está absorbiendo de dinero público exige responsabilidad y cárcel" porque "no es posible que en estos momentos la gente esté pagando, con 6 millones de parados y con recortes en los derechos fundamentales de educación y de sanidad, lo que la banca se está tragando por culpa de haberse metido en una dinámica de especulación, en un sistema productivo que nos ha llevado al caos".

   "En estos momentos exigimos responsabilidades", ha reiterado Sanz, que ha precisado que a prisión deben ir "todos aquellos que se han quedado con dinero de los españoles y que han mentido a la ciudadanía sobre cuáles fueron los balances que se dieron en su momento". Ha agregado que EU quiere saber "con qué balance se presentó Bancaja en la SIP de Bakia, qué valoración tuvieron esos activos" y que se diga "qué ha pasado con el dinero de los valencianos y valencianas y qué va a pasar también con sus ahorros en el Banco de Valencia".  

   La diputada ha anunciado que EU ha registrado este martes en el Parlamento Valenciano "una petición de comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas para que expliquen en el pleno de las Corts cuál fue su responsabilidad y su gestión al frente de las competencias que tenía el Consell para poder dirigir, investigar y supervisar la actividad de las cajas en este periodo que se está cuestionando". No ha descartado pedir también una comisión de investigación.

   Marga Sanz ha confiado en que la Cámara autonómica "pueda dar eco a estas explicaciones" que exige la ciudadanía. "Es un escándalo que está afectando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hoy, más que nunca, exigen responsabilidades de quienes nos han hundido, los bancos, de quienes han hundido la economía y de quienes han provocado que hoy no tengamos cajas que podrían ser banca pública para incentivar nuestra economía y a nuestras empresas".

   Ha considerado que así se podría "poner en marcha una dinámica diferente" para salir de la crisis y hacer que su impacto "sea mucho menor". En este sentido, preguntada por la denuncia del FROB contra la cúpula del Banco de Valencia, Sanz ha respondido que "todo está metido en la misma dinámica", al tiempo que ha pedido que la "lógica" actuación de este organismo en este momento se dé junto a "una explicación política de qué ha pasado en el Banco de Valencia".  

   Respecto a si EU tiene previsto iniciar algún tipo de acción legal por estos hechos, ha asegurado que quiere discutirlo primero en sede parlamentaria porque "si realmente hay voluntad política de investigar desde las instancias públicas lo que ha pasado" desde ahí "se derivarán ante el Ministerio Fiscal las valoraciones" necesarias.

Citan a declarar por desobediencia a varias personas por una protesta contra Camps en Elche

ELCHE.- Varias de las personas que participaron en el acto de protesta convocado por el movimiento 15-M de Elche contra la lectura de la tesis del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, el pasado 10 de febrero, han sido citadas a declarar el próximo día 18 en un juzgado de la localidad.

   Según un comunicado del colectivo Acampada de Elche, que forma parte del 15-M ilicitano, los citados han recibido durante las últimas semanas las notificaciones para acudir a los juzgados a declarar.

   Tras los hechos ocurridos en el campus de la UMH el pasado febrero, a estas personas se les han imputado, presuntamente, las faltas de desobediencia a la autoridad, por, supuestamente, negarse a presentar su identificación "tras provocar desórdenes públicos".

   Acampada Elche ha tildado de "desproporcionado" el operativo policial desplegado con motivo de la lectura de la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat en la universidad Miguel Hernández, y ha afirmado que el dispositivo de seguridad "no se conformó con acotar una zona para impedir el acceso" al edificio donde se desarrollaba el acto de Camps, sino que "lo que hizo fue rodear a los manifestantes y tenerlos retenidos durante tres horas".

FEMPA pide la "dimisión inmediata" del equipo directivo de COEPA durante los ejercicios 2006 a 2010

ALICANTE.- La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) ha pedido la "dimisión inmediata" del equipo directivo de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) durante los ejercicios económicos comprendidos entre 2006 y 2010, al entender que han existido pérdidas por valor de 1,2 millones de euros que no han sido reflejadas en las cuentas de la patronal alicantina.

   A través de un comunicado, FEMPA ha subrayado que COEPA "necesita un cambio, una regeneración", y que "no parece lo más adecuado que ese nuevo rumbo lo dirija quien sistemáticamente ha estado presentando cuentas que no reflejaban las pérdidas que ahora han aflorado".

   La federación se ha expresado en estos términos tras la celebración este lunes de una serie de asambleas de la patronal alicantina para la formulación de las cuentas de 2006, y la reformulación de las de 2007, 2008, 2009 y 2010, celebradas en respuesta a una demanda presentada por FEMPA sobre la contabilización de las subvenciones de capital para el Centro de Cualificación de la Confederación.

   Finalmente, el 95,5 de los votos aprobaron las cifras, mientras que la propia FEMPA y la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) lo hicieron en contra.

   Así, FEMPA ha acusado a la patronal de no informar "de la situación real" a los empresarios, lo que, a su juicio, ha desembocado, "sin haber adoptado las medidas oportunas en el tiempo, en la situación agónica que vive COEPA". 

"Eso es mala gestión", ha agregado.

   En cuanto a la celebración de las citadas asambleas, FEMPA ha considerado que es un aspecto "que pone en cuestión las cuentas de COEPA", y ha apuntado que "seguramente no se habrán podido dar por cerradas ni auditadas las cuentas del pasado ejercicio, que tendrán que aprobarse el próximo día 22, sin rehacer y aprobar las de todos los ejercicios anteriores, reflejando nuevas pérdidas".

   Además, la patronal del metal ha manifestado que si la Confederación reformula las cuentas relativas a subvenciones desde 2002 "quiere decir que la situación todavía es más grave, que las cosas se han estado haciendo mal durante más años, no sólo desde 2006, si no desde 2002, y todo ello es lo que hace que afloren tal cantidad de pérdidas".

   "Al presidente de COEPA, Moisés Jiménez, hay que recordarle que la transparencia de la que ahora quiere hacer gala, no sería tal cuando fue necesario un largo proceso en el que a FEMPA le fueron negados por los directivos de la Confederación, sus derechos más elementales como asociado. Incluso tuvo que acudir a los tribunales para que se les mostrasen las cuentas de COEPA", ha incidido la federación.

   A su juicio, la insistencia de Jiménez sobre que la patronal alicantina no ha ocultado nada "denota obsesión por lavar conciencias, cuando la realidad es que han aflorado nuevas pérdidas sobre las cuentas que ya habían sido auditadas hasta un total de 1,2 millones de euros", ha agregado al respecto.

   En el mismo sentido, la federación ha acusado a Jiménez de "dejación de responsabilidades y ausencia de voluntad para resolver los problemas", al entender que no ha querido reunirse en cuatro meses --desde que dirige la patronal-- con el presidente de FEMPA, Guillermo Moreno.

   "Jiménez habla de la lamentable imagen de FEMPA y CEPYME --que votaron en contra de las cuentas durante las asambleas de este lunes-- cuando lamentable, o más bien patética, es la imagen que algunos directivos y dirigentes de COEPA están dando de la propia organización", ha exclamado la federación del metal alicantina.

   No obstante, FEMPA ha mostrado su esperanza en "poder entrevistarse cuanto antes con Jiménez", y poder "acercar posturas lo antes posible, tal y como lleva cuatro meses intentando Moreno, sin renunciar a exigir las responsabilidades oportunas".

El TSJCV desestima el recurso de Hernández Mateo en el caso de la contrata de basuras de Torrevieja

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de reforma presentado por el diputado autonómico y exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, imputado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en relación con la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras de Torrevieja, según consta en un auto facilitado por el TSJCV.

   En este escrito, fechado el pasado viernes, el magistrado de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Juan Climent, responde de este modo al recurso de reforma planteado por el exalcalde contra el anterior auto de 22 de mayo, en el que se acordaba mantener su imputación tras concluir la fase de instrucción abierta por esta causa.

   Climent considera así que "no cabe estimar que los hechos relatados, las consideraciones acerca de los mismos y la calificación penal presunta hecha en el auto impugnado, permitan estimar que dichos hechos carezcan indiciariamente de relevancia penal, como plantea y pretende la parte recurrente".

   Por ello, ordena continuar la tramitación del procedimiento y dar traslado, para que las acusaciones pidan la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, y confirmar en su integridad el citado auto. Ante esta resolución, cabe recurso de apelación ante el TSJCV.

   En su defensa, Pedro Hernández Mateo alegaba que el procedimiento administrativo de adjudicación del contrato "fue seguido con la totalidad de los trámites y requisitos legales necesarios", sin que pudiera "deducirse ninguna ilegalidad en la adopción de dichos acuerdos y en consecuencia responsabilidad penal imputable al alcalde".

   Asimismo, la parte recurrente consideraba también que "no se vislumbra ni se atisba en el presente caso la probabilidad de existencia de indicios racionales de criminalidad contra el alcalde", e insistía en que "no existe un mal proceder" en su actuación.

   No obstante, Climent entiende que el recurso de reforma, "no plantea hechos sustancialmente distintos a los recogidos en el auto impugnado, sino que se centra en que, de los mismos, no se desprende indiciariamente la posible calificación jurídica" que se hace en la resolución impugnada.

   En su opinión, los argumentos del recurrente "resultan más propios del ejercicio del derecho de defensa en el juicio oral y no enervan los pronunciamientos del auto impugnado".

   En este punto, recuerda que la sala sí "estima la existencia de indicios suficientes para la imputación efectuada y para disponer la trasformación de las diligencia previas en procedimiento abreviado".

El CGPJ nombra a una nueva juez para el juzgado que investiga el caso Brugal en Orihuela

ALICANTE.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado Ana Sancho Alpañés como nueva titular del juzgado de primera instancia nº 3 de Orihuela, que investiga la causa principal del llamado caso Brugal, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

   Tras la marcha del anterior titular, Carlos San Martín, hace siete meses, las diligencias del 'caso Brugal' han estado dirigidas por la juez de inscripción territorial, Ana Belén Cordero.

   El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) propondrá al CGPJ que Cordero continúe al frente a la investigación pese a la incorporación de la nueva titular, quien asumirá el resto de la carga de trabajo, según han detallado fuentes del TSJCV.

   La juez Ana Sancho Alpañés procede del juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de San Javier (Murcia), y tiene un plazo de 20 días para incorporarse a la plaza en el juzgado de primera instancia nº 3 de Orihuela, con funciones compartidas de registro civil.

Ripoll dice que al puerto de Alicante le "falta" una "fiabilidad mayor" en la conexión ferroviaria

ALICANTE.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll, ha manifestado que al puerto alicantino le "falta una fiabilidad mayor en la conexión ferroviaria", una situación que ha calificado de "coyuntural", y ha incidido en la importancia de recibir en los muelles de la ciudad convoyes de 500 ó 700 metros, que son los que proporcionan "competitividad y posibilidades de beneficio".

   Ripoll ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras su intervención en la apertura de un encuentro de cargadores del hinterland de la provincia organizado entre la APA y la Cámara de Comercio de Alicante, en la que también ha participado el presidente cameral, José Enrique Garrigós.

   Así, el dirigente portuario ha recalcado que el puerto de Alicante ha hecho una inversión para ampliar sus instalaciones en la zona sur, y con el objetivo de dar más posibilidades a nuevos tráficos. "En la actualidad estamos intentando poner al máximo el resto de nuestros muelles, el 11, el 13 y el 17. Tenemos esa inversión, pero nos falta una fiabilidad mayor en la conexión ferroviaria, que en estos momentos es coyuntural, porque las obras de entrada del AVE a la ciudad han condicionado esa conexión ferroviaria", ha indicado.

   Igualmente, ha señalado que otro de los aspectos en los que trabaja la APA es en estudiar y competir con otros puertos y fortalecer las relaciones de los muelles alicantinos con otros destinos, como el norte de África, que, a su juicio "es fundamental", o seguir con los enlaces por mar con las Islas Canarias.

   Además, ha apostado por abrir nuevos mercados, entre ellos Italia, un país con el que ha reconocido que el puerto de Alicante no está "bien conectado". 

"Sería importante estar conectados con puertos como el de Livorno, por ejemplo, y tampoco estamos bien enlazados con Francia", ha subrayado.

   Sobre el contenido del encuentro celebrado este martes en la sede de la Cámara de Comercio de la capital alicantina, el dirigente de la APA ha explicado que en los últimos años se ha producido un cambio motivado por la crisis y por la situación económica española en general, y que ha alcanzado a las industrias alicantinas, y en su manera de hacer frente a la exportación.

   "En esta jornada no sólo hablamos de los cargadores, de la posibilidad de agrupar carga, sino también del transporte ferroviario, de la conexión ferroviaria marítima, y de las autopistas del Mediterráneo, algo que se ha explotado poco, quizá porque los mercados marítimos eran muy tradicionales, pero que se está haciendo en el Atlántico", ha expuesto.

   En opinión de Ripoll, dichas autopistas del mar suponen "tener establecidos una serie de puertos fijos en una serie de recorridos y rutas con un nivel de fiabilidad y de continuidad en el tiempo". "Eso, para un puerto como el de Alicante, un puerto de trasbordo, que no es transoceánico y que por tanto no puede recibir grandes buques que porten contenedores es fundamental, para nosotros y para Málaga, Castellón, Tarragona, para puertos del norte de África, de Italia, de Francia", según ha considerado.

   Por último, ha manifestado que por el puerto alicantino "sólo pasa el 30 por ciento" de la exportación de las empresas alicantinas, mientras que "se importa exclusivamente el 19 ó 20 por ciento".

   "Esas cantidades, que parecen alarmantes, tienen mucho que ver con los grandes puertos transoceánicos, pero también hay muchas posibilidades, porque hay mercancías que en este momento no están saliendo por el puerto de Alicante, y que si fuera más competitivo podrían salir, y de eso se trata, de ser más competitivo", ha enfatizado.

Blasco delega sus funciones de portavoz en las Corts tras hablar con Fabra

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, ha delegado sus funciones de síndic en la Cámara hasta que se aclare su situación judicial después de que la jueza que instruye el caso de la supuesta trama de cooperación haya visto indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, y haya pedido a las Cortes la acreditación de su aforamiento, un paso previo a su posible imputación, que instruiría el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

   La decisión ha sido adoptada tras una conversación que ha mantenido con el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, donde se ha acordado que Blasco deje la primera línea del grupo parlamentario y delegue en el portavoz adjunto, Rafael Maluenda, esta tarea. El cambio se visualizará este miércoles cuando sea este último quien defienda la posición de su grupo durante la intervención de Fabra en el pleno para explicar el Plan de Reequilibrio del Consell.

   Según fuentes de su entorno, Blasco ha puesto su cargo a disposición del presidente de la Generalitat valenciana, que le ha comunicado su decisión de mantenerle en el puesto hasta que exista una imputación formal.

   En la conversación, el presidente Fabra le ha trasladado que ya sabe dónde está la línea marcada por el PP en casos judiciales y le ha advertido de que tendrá que dejar su cargo en caso de que sea imputado.

   Blasco ha recibido la información de la decisión de la juez durante un acto en las Cortes para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organizado con Cruz Roja. Durante el evento, el síndic del PP ha atendido el teléfono, ha puesto "mala cara" y se ha marchado "corriendo" tras hacerse la foto, según fuentes que han estado presentes en el acto.

   Este mismo martes, a primera hora, Blasco ha presentado un escrito para renunciar a la percepción de la cantidad correspondiente a la indemnización por ejercicio de la función que, en su caso, asciende a 299,17 euros al mes, según han informado fuentes parlamentarias.

Fomento presentará este mes un plan de reestructuración en 17 aeropuertos para ajustar oferta y demanda

MADRID.- El Ministerio de Fomento presentará antes de que termine junio un plan de reestructuración operativa "muy potente" en 17 aeropuertos de la red, para solucionar el "importante desajuste entre la oferta y la demanda" que presentan con el objetivo de ahorrar en el gasto de su funcionamiento, lo que implicará la revisión de horarios y de categorías profesionales.

   Así lo avanzó la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien explicó que se realizarán este tipo de actuaciones en 17 aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros, para pasar de 2.000 horas a 708,9 horas abiertos operativamente.

   Pastor puso como ejemplo que algunos de los aeropuertos de la red de Aena inician su actividad muchas horas antes del primer vuelo y horas después de que aterrice el último.

   Se trata de ajustar la oferta con la demanda con un "compromiso de ahorro en el gasto en funcionamiento para lo que, en paralelo, se está trabajando con los sindicatos en la revisión de categorías profesionales más adecuadas". Según dijo Pastor, esto permitirá adecuarlas al "siglo XXI".

   Pastor explicó que se abordará caso por caso en cada aeropuerto. Por ejemplo, en un aeropuerto que abre de 5.00 horas de la mañana a 20.00 horas de la tarde ocho días a la semana, se podría pasar a un horario de 15.00 horas a 21.30 horas durante seis días a la semana lo que sería suficiente para atender la demanda.

   "Tenemos un gran reto por delante y el equipo que lidera José Manuel Vargas, presidente de AENA, está trabajando de manera muy intensa ultimando un plan coherente y adecuado a la situación insostenible que presenta la empresa, antes de que termine junio", incidió.

   Pastor recordó que el gestor aeroportuario no recibe un "solo euro" del erario público, sino que vive de sus ingresos y de las tasas aeroportuarias, y que acumula una deuda que roza los 15.000 millones de euros.

    En esta línea, informó de que próximamente se sacará a concurso las licitaciones de los espacios comerciales en las tiendas de los aeropuertos libres de impuestos, una "fuente importante de riqueza", tal y como se ha hecho con los contratos publicitarios, para incrementar en un 20% los ingresos comerciales.

   Asimismo, el ente llevará a cabo un Plan de Marketing en los aeropuertos para promover la red y contar con 20 nuevos destinos este verano, para ofrecer 96 ciudades en 31 países.

   Entre la nueva oferta, se refirió a Air Berlin, que ha reforzado su 'hub' en Mallorca, al aumento de la conectividad en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, o a las conexiones que ofrecen Asturias o Vigo con Ibiza y Sevilla con la compañía Volotea.

   En cuanto a una posible flexibilización de la subida de las tasas aeroportuarias, que según aumentarán un 10,2% de media este año, Pastor apuntó que se ha incluido una propuesta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajar las tarifas en "días valle y meses valle" en Canarias y en Baleares.

   "Hemos hecho un estudio en profundidad para ver cuándo baja la actividad y poder captar más clientes en los meses de invierno bajando las tasas", apuntó. Ya durante su intervención señaló que con un modelo de tarifas flexible se incentivará el tráfico en las islas, donde ya se ha garantizado el transporte aéreo interinsular.

   Preguntada por una eventual salida a Bolsa de AENA, Pastor reiteró que en esta situación el ente está en un proceso de "puesta en valor" para hacer frente a los problemas encontrados, fruto de las grandes inversiones realizadas.

   "Lo que se está haciendo en AENA es ponerla en valor para que pueda entra capital privado en los próximos años", señaló.

Sonia está pasota y preocupada / Apunte de Argárico

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, sector campista, lleva semanas pasota y preocupada hasta parecer que todo le importa ya muy poco. Según sus amigos, ha optado por un perfil público más discreto y son bastantes los militantes que piensan que si la imputan por el sumario abierto por el juez Manrique, a cuenta del nuevo PGOU del término municipal, hoy en un cajón, su partido desde Valencia la invitará a marcharse a sugerencia del propio Mariano Rajoy, su paisano, desde hace meses puesto al corriente por alicantinos con acceso mediante introductores y escocidos.

Y pronto han comenzado también las pequeñas traiciones de los aspirantes a ocupar su sillón desde las filas fabristas conversas. Y, al menos, dos con posibilidades, han quedado al descubierto tras la aprobación del 'Plan Rabasa' y el desgaste político lógico que ha supuesto para la alcaldesa. Ni ella ni él están en los planes sucesorios de Castedo, una alcaldesa que va directa al grano de lo que dejó pendiente su mentor político Díaz Alperi, quien pudo contraer compromisos irresolubles visto con la perspectiva y el entorno nacional actual.

Pero yo creo que la alcaldesa se precipita, al no estar tan claro que se le pueda probar la comisión de varios delitos, hasta tener que imputarla. La Fiscalía parece no tener en su mano lo suficiente como para acabar políticamente con una alcaldesa que le ha salido tan respondona públicamente, dentro de una estrategia escogida por su asesor político y periodista de cabecera, que pienso le perjudica hoy así como a todas las partes en juego en su mismo campo. La imagen de niña suelta arremetiendo contra el fiscal como si se tratara de su vecino del quinto, tiene efectos secundarios a medio plazo aunque a corto dé la sensación de haber podido salvar los muebles ante la opinión pública local.

La maniobra de anunciar ya, que el concejal Andrés Llorens es el escogido para vicealcalde de Alicante, se puede interpretar como que Castedo ya sabe de su eventual imputación y quiere que le cubra la retirada alguien de confianza personal, de un lado, y de otro, como ocurrió con ella al dimitir a la fuerza Díaz Alperi, procurar la continuidad con alguien de su misma cuerda dentro del partido y, a la vez, copartícipe de secretos a dos del grupo con el que se la relaciona fuera del Ayuntamiento.

El empecinamiento del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, en la onda de Izquierda Unida y miembro activo de Fiscales Progresistas, es lo que tiene a Sonia muy desmoralizada y con ganas de poco al ver el ritmo de vértigo conque se suceden los acontecimientos globales, con independencia de donde se produzcan, y la presión discreta en Madrid de determinadas grupos de presión local que se la tienen jurada hasta la difamación.

Por eso necesita unas largas vacaciones después de Hogueras y no ver a nadie de quienes la han conducido hasta aquí. La alcaldesa ha servido los intereses de su clan pero quiere ahora aprovechar para un ascenso político, que se considera bien merecido, y jugar en otra división conforme al balance que ella pueda presentar. Y en su sitio no puede dejar a otro que no sea de su máxima confianza, igual que ocurrió cuando Alperí impuso a Camps que Castedo le sucediese y se presentase a las elecciones siguientes, descartando definitivamente al zaplanista Ripoll.

También hay que jugar con otros factores como que Llorens viene del mundo de las fiestas de Alicante y es muy popular en los barrios, mientras que Juan Seva o Marta García-Romeu son más ilustrados pero no arrastrarían ni a sus vecinos para votarles por falta de imagen pública y manifiesta incapacidad para construirla por ya demostrado.

Como conclusión hay que recordar que esta Sonia Castedo - obviamente no la designada por Alperi y a la sazón concejala de Urbanismo y sus claves- fue elegida en las urnas pese a toda la información -en gran parte verosimil- arrojada sobre su imagen pública en el periódo preelectoral, lo que implica una legitimidad política personal al margen de pigmaliones que sí deberían estar mucho más preocupados que ella con la dinámica desatada en el país y que exigirá, para calmar a la soliviantada clase media, el escarmiento primero de aquellos irrelevantes de provincias salidos de tiesto y hasta de madre convencidos de su impunidad en base a buenos amigos en Madrid con palco en el Bernabeu.

El Mubag exhibe por primera vez en Alicante un autorretrato de Sorolla realizado en 1912

ALICANTE.- El Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) de Alicante, a través de la Diputación, exhibirá por primera vez en la provincia un autorretrato del pintor Joaquín Sorolla perteneciente a la colección particular de la familia, una obra realizada en 1912 y que no se mostraba en la Comunitat Valenciana desde hace 20 años, según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   El diputado de Cultura, Juan Bautista Roselló, el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Felipe Garín, y la comisaria de la muestra, Isabel Justo, han presentado este lunes la muestra 'Pintar y Amarte. Biografía de Joaquín Sorolla Bastida' en el museo alicantino.

   Esta exposición, que incluye las últimas investigaciones en torno a la biografía del autor, permanecerá en la sala de exposiciones temporales del centro alicantino hasta el próximo 9 de septiembre.

   Además del retrato, la muestra se complementa con tres cartas con dibujos del artista, dos fotografías junto a su esposa --una de 1888 y otra de 1922--, cuatro paneles con datos biográficos, dos mesas retroiluminadas con una selección de sus obras y un audiovisual.

   Roselló ha resaltado la importancia de esta muestra y ha manifestado que para la Diputación alicantina "es un motivo de satisfacción poder exponer de nuevo en las salas del Mubag una obra de Joaquín Sorolla".

   En la misma línea, Garín ha señalado que este autorretrato es "uno de los mejores de Sorolla", y ha añadido que desde el Consorci de Museus han aprovechado la ocasión para, por una parte, exponer una serie de paneles explicativos de la vida del artista y, por otra, mostrar algunas de las cartas que el pintor escribió.

   Por su parte, Justo ha manifestado que con la exposición han tratado de reflejar la parte biográfica de Sorolla, que, según ha explicado, se reducía a su familia y a su trabajo.

   A lo largo de su carrera, Sorolla pintó más de 4.000 obras, de las cuales sólo 20 son autorretratos clásicos. El artista se retrató además en otros cuatro cuadros, dos retratos familiares, una escena de ambiente urbano en París y el retrato de grupo del Patronato del Museo del Greco.

   "La institución provincial trabaja por difundir la riqueza cultural y patrimonial de la Comunitat, así como la obra de sus artistas más destacados", ha puntualizado el diputado de Cultura, quien ha añadido que la "mejor manera de hacerlo es con una exposición inédita como ésta".

   La muestra coincide, además, con la publicación de la monografía 'Autorretratos. Joaquín Sorolla Bastida' de Justo, un catálogo que ofrece, por vez primera, un estudio de este creador a partir de los escasos autorretratos que realizó a lo largo de su vida.

   Finalmente, Garín ha informado de que, a finales de 2012, está prevista la inauguración en Valencia de una exposición reducida dedicada a Sorolla y a Mariano Benlliure, y ha anunciado que, posteriormente, se baraja la posibilidad de que se exhiba también en el Mubag.

El exconseller de la CAM que no ha acudido a las Corts asegura que no conocía la convocatoria

VALENCIA.- El exmiembro del Consejo de Administración de la CAM Joaquín Longinos Marín, que no ha acudido este lunes a las Corts Valencianes donde estaba citado para comparecer en la comisión de investigación sobre la caja alicantina, ha telefoneado a mediodía a la cámara autonómica para explicar que no conocía esta convocatoria y que se encuentra fuera de España. 

   Así lo ha señalado el presidente de la comisión de investigación, Rafael Maluenda, quien ha indicado que Marín ha hablado con su secretaria, a quien le ha explicado que no le llegó la convocatoria, porque las Corts la remitieron a la CAM y no a su domicilio particular.

   Joaquín Longinos Marín, quien se encuentra en Londres por su condición de profesor, ha asegurado que volverá a España en julio y se ha puesto a disposición de la cámara para comparecer "con mucho gusto" en una fecha posterior.

   Por ello, está previsto convocarlo para septiembre, ya que la comisión de investigación de la CAM celebrará el próximo lunes una nueva sesión, pero quedará interrumpida hasta septiembre por el periodo vacacional.

   Joaquín Longinos Marín estaba citado a las 10.30 horas para que interviniera en la comisión de control que trata de poner luz sobre el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España, el pasado 21 de julio, con la destitución de todos sus gestores.

   Tras esperar "15 minutos de cortesía", Rafael Maluenda ha preguntado a los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- cómo actuar, y han acordado enviarle un segundo requerimiento y, en función de la respuesta, decidir qué medidas llevar a cabo. No obstante, tras ponerse en contacto con las Corts, este acuerdo ha quedado sin efecto porque "su voluntad está clara", ha subrayado Maluenda.

   Por otro lado, la comisión de investigación ha recibido un escrito del vicepresidente de la comisión de control de la CAM y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, en el que justifica su imposibilidad de acudir a las Corts el próximo lunes por tener "compromisos profesionales ineludibles". No obstante, la comisión ya había retrasado la fecha de su intervención hasta septiembre.

   Asimismo, la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del anterior Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez, también se ha puesto en contacto por escrito con las Corts, para sumarse a la decisión de dirigentes del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de solicitar un informe al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la obligatoriedad o no de comparecer en la comisión de investigación de la CAM en el parlamento valenciano.

La profesora de danza que estaba en la CAM afirma que le dijeron que no necesitaba saber de finanzas

VALENCIA.-  La exintegrante de la comisión de control de la CAM Isabel Cambronero, profesora de danza, ha explicado este lunes que es profesora de danza clásica en Murcia y que fue elegida por sorteo ante notario para formar parte de la asamblea. Aunque no está "muy puesta al día" en finanzas, le dijeron que no era necesario.

   Cambronero, que ha comparecido en la comisión de investigación de las Corts Valencianes, ha apuntado que si su labor era "auditar a unos auditores, deberían cambiar la norma porque no tengo los conocimientos para ello", ha comentado. Así, ha señalado que su función era dar "su punto de vista" si se lo pedían.

   Asimismo, ha dicho que en las reuniones de este órgano, "es posible que no molestara mucho" en la caja alicantina, porque "lo veía todo transparente".

 "No se decían cosas como para poder dudar", ha manifestado.

   Cambronero ha explicado que la comisión de control "controlaba al consejo de administración". "Ahí no se decidía nada, se daba el visto bueno" a lo ya aprobado por el consejo "si todo estaba bien", ha señalado, y ha asegurado que nunca se opusieron a ninguna propuesta.

   Isabel Cambronero ha señalado que los miembros del consejo de administración "nunca" les dijeron que hubiera "problemas", ni que estaban en "una posición de endeudamiento, ni de nada en ese sentido".

   "Por eso no te preocupas y sabes que estás bien asesorada", ha manifestado. Del mismo modo, ha comentado que los informes realizados por los asesores externos podían verlos y "en todo  momento también decían que todo iba bien". El diputado de EUPV Lluís Torró le ha preguntado "cómo es posible que creyesen todo los que le decía si poner en cuestión nada".

   Al respecto, Cambronero ha explicado que los miembros de la comisión de control eran "responsables del buen hacer del consejo de administración", pero "¿por qué voy a dudar de unos profesionales que están haciendo su trabajo?"; "¿cómo van a ir ellos en contra de su propia caja?", se ha preguntado y, en este sentido, ha manifestado: "es como si voy al médico y no me creo lo que dice".

   En otro momento de su comparecencia ha comentado que "si se maquillaban los resultados", era "imposible" que ella lo supiera. Asimismo, ha manifestado que nunca fue a ver ningún documento de los puestos a su disposición. Por ello, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà le ha explicado que "responsabilidades hay por omisión o por complicidad" y cree que en su caso puede haber "por omisión".

   Tras estas palabras, Isabel Cambronero ha justificado que no fue a consultar documentos porque "hasta ese momento iba todo perfectamente".

 "Lo mismo ha pasado con el Gobierno, no había crisis y de pronto hay una crisis increíble", ha resaltado.

   El parlamentario socialista Ángel Luna le ha preguntado "quién controla a la comisión de control", a lo que Cambronero le ha respondido: "habría que hacer otro órgano" para ello.

   La exintegrante de la comisión de control de la CAM es profesora de danza clásica en Murcia. Según ha explicado, fue elegida por sorteo ante notario para formar parte de la asamblea y aunque no está "muy puesta al día" en finanzas, le dijeron que no era necesario.

   Ante las críticas de algunos grupos parlamentarios por el hecho de haber sido elegida por sorteo, ha explicado que la "transparencia" del proceso es que se realiza "ante notario".

 "El funcionamiento no lo sé, no he llegado a indagar en esa parte", ha señalado.

   Isabel Cambronero ha explicado que "la gente que controla y que dirige la entidad tiene que ser profesional en la materia".

 "Quizá querían conocer la opinión de la gente de la calle", ha señalado, pero el diputado socialista Ángel Luna ha matizado que "lo que querían era su voto favorable a muchas cosas".  

   Por su parte, el parlamentario del PP José Marí Olano le ha preguntado si alguien le explicó alguna una vez "los deberes y obligaciones que tenía como miembro de la comisión de control y las responsabilidades que podía incurrir en el ejercicio de sus funciones". Al respecto, ha afirmado que está "metida en un lío" porque el Banco de España le ha abierto un expediente.

    Cambronero ha respondido que "si todo va bien y la gente es buena en su trabajo" se sabrá "por qué se ha formado el desastre que se ha formado".

 "Si yo no he hecho nada, no tengo porque estar en un lío y menos con el Banco de España", ha destacado al respecto. Además, ha recordado que el Banco de España también "ha estado controlando y dando su visto bueno en la CAM".