El PSPV asegura que el Consell pagó una factura de 606.000 euros a Orange Market en el plazo de un mes

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado este jueves que la Generalitat pagó una factura de 606.100 euros a la empresa Orange Market -- vinculada a la trama Gürtel--, por el diseño, montaje y desmontaje del stand de la Comunitt en Fitur de 2009, en el plazo de un mes. 

   Luna, en una rueda de prensa, ha indicado que "la trama Gürtel presentó una factura de 606.000 euros el 1 de junio de 2009 y la carta de pago es del 2 de julio de 2009". A su juicio, esto "contrasta con los impagos", un tema, que en su opinión, es "realmente preocupante para muchas empresas de la Comunitat Valenciana y para muchos ciudadanos".

   Al respecto, el portavoz del PSPV ha criticado que "frente a todo este esperpento" el Ejecutivo valenciano "prácticamente no ha dicho nada". En este sentido, se ha referido a las declaraciones que realizó el pasado martes el vicepresidente del Consell y titular de Economía, Gerardo Camps, en las que culpó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de los retrasos e impagos de la Generalitat a los proveedores, por "los 633 millones del Fondo de Competitividad que nos debe".

   Sin embargo, Ángel Luna ha destacado que "no es un tema de 633 millones de euros", ya que ha asegurado que los compromisos de pago de la Generalitat, con fecha de diciembre de 2010, ascienden a casi 53.000 millones de euros, lo que equivale "al suelo de todos los valencianos durante un año".

   En concreto, los compromisos con cargo a ejercicios futuros de la Generalitat de 2009 suman 32.101 millones; a los que hay que añadir 3.000 millones de los que habla el Síndic de Comptres de compromisos no reconocidos de 2009; y otros 3.000 por facturas no reconocidas.

   Por su parte, la previsión de incremento de los compromisos de 2010 se estima "muy a la baja", según Luna, en 5.000 millones de euros, mientras que, por último, la deuda a las empresas en 2010 reconocida en la previsión de los Presupuestos de la Generalitat para 2011 asciende a 9.610 millones de euros.

   El dirigente socialista también ha hecho referencia al fondo de maniobra --diferencia entre el activo a corto plazo y el pasivo a corto plazo-- que, con datos de 2009, asciende a -7.906,26 euros, por lo que "no es extraño pensar que, en estos momentos, sean unos -10.000 millones".

   Para Luna, "todo esto está lastrando de manera dramática las cuentas de la Generalitat". No obstante, ha denuncia que frente a esta situación el presidente del Consell, Francisco Camps, "solo ha hablado de este tema una vez", cuando hizo referencia a las quejas de los proveedores sanitarios y dijo que "subsisten gracias a su gobierno". El portavoz del PSPV ha tildado esta respuesta de "airada, dura e inaceptable".

   Del mismo modo, ha criticado que el programa electoral del PPCV de cara a las elecciones del 22 de mayo "dice que todo esto ya está resuelto por el Plan de Austeridad y por el Plan de Agilización de Pagos" puestos en marcha por el Consell. "Hace falta tener mucha barra para decir esto, con los retrasos e impagos que hay", ha resaltado Luna.

   Asimismo, ha denunciado que, en los últimos 15 días, el Gobierno valenciano ha emitido 1.200 millones de euros de duda, cuando la deuda autorizada para todo el año 2011 es de 1.328 millones de euros. Por ello, Ángel Luna augura que, a partir del 22 de mayo, "no le quedará deuda que emitir", motivo por el que "si vuelve a ganar las elecciones Camps, no cobrará nadie o tardarán más de un año en cobrar".

   El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts ha hecho hincapié en que "quien ha ocasionado esta situación, no reconoce la gravedad y no da la cara" por lo que, a su juicio, "no a va a ser quien lo arregle".

   Al respecto, ha resaltado que "no tiene ninguna intención de arreglar esta situación porque no tiene ningún propósito de enmienda".

"No sé si tiene dolor de corazón por los que no cobran, pero no tiene ninguna política seria para abordar la situación", ha puntualizado.

Las entidades locales tendrán que cerrar el año 2014 en equilibrio

MADRID.- Las entidades locales tendrán que reducir el déficit al 0,3% en 2012, al 0,2% en 2013 y cerrar el 2014 en equilibrio, tal y como han acordado los representantes de la Federación Española de Minicipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado en la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Admnistración Local (CNAL). 

 

   La propuesta da continuidad a la estrategia iniciada el año pasado para acompasar los objetivos de estabilidad a la senda de reducción del déficit contemplada en el Acuerdo Marco de la CNAL sobre sostenibilidad de las finanzas públicas.

   Durante el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía, los representantes de la FEMP han reiterado el "firme compromiso" de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, reducción del déficit y sostenibilidad de las finanzas públicas.

   Además, se ha acordado que las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% de sus ingresos no financieros como consecuencia de la liquidación de sus presupuestos de 2010 estén exentas de la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio.

   La exención, aprobada con carácter excepcional para conciliar los objetivos de la normativa de estabilidad con la valoración de la situación económica, es sólo aplicable a las entidades locales cuyo déficit no sea superior al 0,4% del PIB fijado dentro de la senda de consolidación fiscal para 2010.

   Para su aplicación, este porcentaje se debe transformar en el 5,53% de los ingresos no financieros de cada entidad local. De este modo, las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% estarán exentas de la obligación de presentar planes económico-financieros de reequilibrio.

Homenaje al valenciano José Vidal Beneyto en el Instituto Cervantes, de París

PARÍS.- El Instituto Cervantes, de París, organiza el próximo jueves 5 de mayo, a las 19 horas, un homenaje a la figura del pensador valenciano José Vidal Beneyto, fallecido hace poco más de un año.

Vidal-Beneyto fue candidato por Alicante en las primeras elecciones democráticas, en 1977, representando al Partido Socialista Popular, del profesor Tierno Galván. Este nuevo homenaje internacional de toda una serie en Valencia, Madrid, Santander, Ferrol y París, coincide con la celebración del Día de la Santa Faz.

Participarán en el citado acto diferentes personalidades, como Edgar Morin, filósofo, Jacques Leenhardt, filósofo y director de estudios de  l’École des Hautes Études de Sciences Sociales, Gérard Imbert, profesor de comunicación audiovisual  en la Universidad Carlos III y escritor, Ignacio Sotelo, ensayista y profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, Fernando Álvarez Uría, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y José Luis Dicenta, secretario general de la Unión Latina. Moderadora será Juana Escudero, Subdirectora del Departamento de Cultura de  los Institutos Cervantes. El homenaje concluirá con una intervención musical de Paco Ibáñez.

El Instituto Cervantes está en el número 7, de la Rue Quentin Bauchart, 75008 de París. Tlf: 33 14 07 092 92 Fax: 33 14 72 027 49, e-mail: cenpar@cervantes.es / http://paris.cervantes.es

La crisis amenaza con acabar de un tajo con nuestras administraciones públicas más onerosas e inútiles

MADRID.- Las 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares cuestan 22.000 millones de euros al año y, al cierre de 2009, acumulaban una deuda de 5.825 millones. Un saldo difícilmente justificable si se tiene en cuenta que sus funciones están prácticamente absorbidas por las comunidades autónomas (CCAA) y los grandes municipios, a juicio de www.lainformacion.com

En enero, el ex presidente del Gobierno Felipe González apostó por su supresión después de calificarlas de “redundantes”. Antes, en junio de 2010, el ministro de Fomento José Blanco se preguntaba para qué sirven y ayer mismo, el Círculo de Empresarios hurgaba en la herida apostando porque las pocas competencias de estas instituciones sean asumidadas por las CCAA.

¿A qué se reducen estas competencias? Fundamentalmente al ámbito cultural, ya que las tradicionales como la sanidad o la gestión de carreteras han quedado reducidas a la mínima expresión.

Pero el gran problema es que su coste anual es de 6.871 millones de euros en el caso de las diputaciones provinciales y la friolera de 15.082 millones en las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según datos de 2009.

Es decir, 21.953 millones para unos entes que apenas prestan servicios a unos ciudadanos que apenas conocen a qué se dedican. De hecho, más de la mitad de sus presupuestos los dedican a sufragar los costes de personal.

Las diputaciones son la cara más llamativa del recortable en el que el Circulo ha convertido las administraciones territoriales españolas: la tijera debe actuar sin piedad para reducir el número de ayuntamientos, deben dejar de financiarse televisiones públicas y universidades ruinosas por la cercanía entre unas y otras y poner fin a la proliferación de empresas públicas –más de 2.400- que dependen de las autonomías.

¿Están justificadas estas medidas? Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación actual es insostenible. Estas son las denuncias y propuestas del Círculo para mejorar la salud financiera de las administraciones territoriales.

-Menos ayuntamientos. No sólo sobran diputaciones provinciales: España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. El Círculo no pone cifras, pero hace referencia a los poco más de 5.000 de Alemania, la primera economía de Europa.

Si España eliminara los municipios con menos de 500 habitantes quedarían 4.313. Una cifra también en línea con la otra gran locomotora europea, Francia. Los municipios, que ya superan al Estado en número de funcionarios, tenían al cierre de 2009 una deuda acumulada de 28.700 millones de euros.

-Empresas públicas. El Círculo denuncia que se está produciendo "una réplica autonómica del sistema estatal de empresas públicas”. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, las autonomías tienen 2.386 entes públicos.

La cifra ha crecido un 10% desde que empezó la crisis, con Cataluña –la comunidad donde más ha crecido la deuda desde 2006 y que acaba de anunciar el recorte de 1.000 empleados públicos- a la cabeza.

-Las sanciones, a las CCAA. La propuesta defiende la creación de un mecanismo sancionador para las entidades que no cumplen las reglas fiscales. Ahora, las sanciones que aplica Europa recaen sólo sobre la Administración Central.

Además, el Círculo demanda un compromiso de transparencia fiscal para controlar la actividad de las autonomías. En estos momentos, sólo seis informan de manera completa y periódica sobre su ejecución presupuestaria.

-Directivos profesionales. El informe cree que es “muy conveniente” que los gestores públicos sean directivos profesionales. Esta figura ya se reconoce en el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en 2007. Sin embargo, está figura apenas se ha desarrollado a la espera de una nueva Ley de la Función Pública.

Esta figura casi ni existe en las comunidades autonómicas y locales españoles, dominadas abrumadoramente por los políticos.

Moncloa le corta el grifo de más endeudamiento a la Generalitat

MADRID.- Seis comunidades autónomas -Cataluña, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía- no han logrado que el Gobierno dé el visto bueno a los planes de reequilibrio económico-financiero que estaban obligadas a presentar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por vulnerar en 2009 los objetivos de déficit. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante los tribunales de justicia.

Por el contrario, este organismo, en cuyo seno se acuerda la senda regional de consolidación fiscal, ha aprobado los programas presentados por Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia. Madrid y La Rioja no estaban obligadas a elaborarlos al haber cumplido sus obligaciones en 2009 y diseñado para 2011 presupuestos que prevén cifras de déficit inferiores al 0,75% de su PIB.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha explicado que la secretaría de Estado de Hacienda ha detectado que falta por concretar "algunos detalles" y pequeños "ajustes" en los planes que han sido rechazados. En todo caso, ha asegurado que todos los programas están "muy cerca de concluirse" y ha confiado en que "con toda seguridad se podrán aprobar" en la próxima reunión del CPFF, que se convocará tras las elecciones del 22 de mayo, "cuando ya estén formados los gobiernos" autonómicos nuevos.

Salgado ha detallado que también existe acuerdo para la aprobación de los planes de reequilibrio de las comunidades de Navarra y País Vasco, que al regirse por el régimen foral se aprueban mediante comisiones bilaterales. En conjunto, ha explicado, las medidas incluidas en los planes de las siete autonomías de régimen común aprobadas más las fijadas para Navarra y País Vasco suponen un ajuste total de 4.283 millones de euros, que se reparte entre una reducción del gasto de 3.479 millones de euros y un incremento de los ingresos de 645 millones. Dicho ajuste equivale a un 47,6% del déficit registrado por estos nueve territorios en 2010.

El Gobierno sostiene que los planes de reequilibrio "garantizan la coherencia de las previsiones presupuestarias de dichas comunidades autónomas con el límite máximo de déficit del 1,3% del PIB fijado para 2011 y 2012. Su aprobación, según lo establecido en el CPFF del pasado 15 de junio de 2010 permite la autorización a estas autonomías por parte del Estado del primer tramo de endeudamiento con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65% del PIB de cada una de ellas.

Déficit 2012-2014

El CPFF ha aprobado además la senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas para 2012-2014, con la que el Gobierno pretende asegurarse que todas las administraciones públicas cumplirán el objetivo de recortar su déficit conjunto al 3% del PIB en 2013. En virtud de esos parámetros, el objetivo de déficit autonómico para 2012 y 2013 se mantiene en el 1,3% y el 1,1% ya previstos. Para 2014, se establece un líite máximo del 1%.

El Ministerio de Economía y Hacienda también ha presentado sendos informes sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades y las autorizaciones de operaciones de endeudamiento tramitadas en el segundo semestre de 2010. Dicho análisis semestral muestra que el déficit presupuestario generado en la segunda mitad del año fue de 12.414,21 millones de euros, equivalente al 1,17% del PIB. En la primera mitad de 2010 la reducción del gasto había sido del 1,36%.

En su conjunto, en la segunda mitad del año el Gobierno autorizó a las autonomías a endeudarse por 6.891 millones de euros, frente a los 27.226 millones de la primera mitad del ejercicio.

La ministra ha reiterado que ninguna comunidad autónoma recibirá anticipos con cargo al fondo de competitividad, contemplado en el nuevo sistema de financiación, que se hará efectivo en 2013, y ha negado que la cifra que corresponde a Cataluña -y que reclama la Generalitat- sean 1.450 millones de euros. "Esa cantidad no ha salido del Ministerio", ha subrayado. Este miércoles, en el Senado ERC, PP, CiU e ICV votaron a favor de una moción que reclamaba el pago de esos fondos al Ejecutivo catalán. El Gobierno sostiene que Cataluña no tiene derecho a percibirlos porque ya ha recibido más de los 11.000 millones de euros adicionales previstos en el nuevo sistema de financiación.

Se intentará recurrir

El conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, ha adelantado este miércoles que ya ha encargado la intervención general de la Generalitat y a la abogacía general de la Generalitat que "estudien el caso" del rechazo a la entrega del Fondo de Competitividad a las comunidades, para saber si "se puede recurrir a los tribunales".
   En este sentido se ha manifestado el conseller a los medios, momentos después de asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Economía, que preside la ministra del ramo, Elena Salgado, y el titular de Política Territorial, Manuel Chaves.
   Así, el conseller ha destacado que, aunque en principio el tema no se iba a tratar, finalmente el Fondo de Competitividad ha entrado en la reunión y debido a que el Gobierno "se ha negado en rotundo" a hacer entrega del mismo, la Comunitat solo se puede plantear "el recurso por vía jurisdiccional".
   Además, el conseller ha indicado que ha sido la propia Salgado la que ha instado a las comunidades a que recurran a la vía jurídica, al alegar que "es el único métido para saber si la interpretación de la norma es la adecuada o no lo es".
    "Este Gobierno prefiere mandar a las comunidades a las tribunales que otorgarles la financiación necesaria y se llegue a alcanzar acuerdos, ha indicado el conseller, quien además ha resaltado que para la Comunitat esta situación es "tremendamente injusta" porque el modelo no solamente no tiene en cuenta el millón de personas que hay más en la Comunitat. En total, a la región le corresponden 633 millones de euros.
   Finalmente, ha indicado que ha salido de esta reunión con una sensación de "decepción" ya que, además de este elemento, en la reunión se ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria, que se establece en el 1 por ciento para 2014. En esta línea, ha indicado que ha votado en contra, debido a que las previsiones del gobierno "son irreales", no porque no estén "comprometidos".

Trillo dice que la situación de Camps no cambia y señala que no habrá decisiones judiciales en la campaña

NOVELDA.- El coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, ha destacado que la situación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no cambia tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el que acepta incorporar a la 'causa de los trajes' a Correa, Crespo y Pérez por los regalos a miembros del PP. Asimismo, ha señalado que no habrá decisiones judiciales en la próxima campaña electoral.

   Federico Trillo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el mercado del municipio alicantino de Novelda, al ser preguntado por si las novedades del caso Gürtel varían la situación de Francisco Camps.

   Al respecto, ha destacado: "no creo que la situación jurídica de Camps, que lleva más de dos años sometido a este tema terrible de que por tres trajes se le quiera sentar en el banquillo, vaya a cambiar en nada". Así, ha señalado que, tras el auto del TSJCV, "solo cambia, de momento, la consideración procesal de la sala" que, tal y como ha recordado, "aún no ha tomado ninguna decisión".

   El dirigente 'popular' ha criticado que los socialistas presentan la decisión del TSJCV de incorporar a Correa, Crespo y Pérez a la 'causa de los trajes' "como si hubiera cambiado algo de fondo". Sin embargo, "no ha cambiado nada, ni de fondo ni de forma", ha apostillado.

   "Lo único es que no tendremos decisiones en la próxima campaña", puesto que "esto retraso todo", ha señalado. Al respecto, ha indicado que "probablemente es, a lo mejor, lo que busca y lo que le interesa al PSOE", porque se ha mostrado convencido de que "en el momento en el que se pudiera decidir con rapidez, se confirmaría la inocencia, de la que no dudamos en el PP ni la mayoría de la Comunitat Valenciana, del señor Camps".

   Previamente, preguntado por si hay novedades en el caso Gurtel, el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP ha respondido: "creo que no ha habido ninguna sustancial".

Los capuchinos constituyen una nueva provincia en España que integrará a la de Valencia

VALENCIA.- Los religiosos franciscanos menores capuchinos han constituido una nueva provincia en España tras la unificación de varias demarcaciones correspondientes a Andalucía, Castilla, Navarra-Cantrabria-Aragón y Valencia, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

De esta manera, la nueva provincia de los Hermanos Menores Capuchinos de España integrará a la que hasta ahora tenía sede en Valencia, donde fue constituida en 1605, y que abarcaba las comunidades capuchinas integradas en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete, según han indicado fuentes de la Orden en Valencia.

La recientemente creada Provincia de Capuchinos de España, que tendrá su sede central en Madrid, surge con el fin de "renovar su carisma de servicio y unir fuerzas ante los nuevos retos que presenta la sociedad actual como la escasez de vocaciones, la elevada edad media de sus actuales miembros y tras el replanteamiento de las actuales cuarenta presencias en territorio español", han añadido.

La nueva provincia fue erigida el martes, durante un acto que tuvo lugar en El Pardo (Madrid) con la presencia del ministro general de la orden, Mauro Jöhri. En él fue nombrado, además, el nuevo equipo de gobierno: Benjamín Echeverría, como ministro provincial; Francisco Luzón, como vicario provincial y consejero primero por Andalucía y, como consejeros, los religiosos Domingo Añó, por la provincia de Valencia; José María Lana, por la provincia de Navarra-Cantabria-Aragón, y Carlos Coca, por la de Castilla.

En la actualidad, la orden capuchina, que llegó a España en 1578, cuenta con 10.412 miembros en todo el mundo, de los que 400 formarán parte de la nueva Provincia de Capuchinos. En la Comunidad Valenciana, tiene comunidades religiosas en Valencia, Castellón, Massamagrell, L'Olleria, Monforte del Cid-Orito, Alicante, y en la región vecina, Murcia y Totana.

González Pons proclama el "enorme fracaso" de todos los políticos "sin excepción"

VALLADOLID.- El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha proclamado esta tarde en Valladolid el "enorme fracaso" de todas las políticas y políticos, "sin excepción", a la luz de un informe de la OCDE sobre estrategias de familia en España conocido durante esta jornada. 

La falta de guarderías suficientes fuera del horario escolar y la elevada tasa de niños que viven en familias abocadas a la pobreza -el doble que la media de la OCDE-, "demuestran que no hemos acertado y que hemos fracasado como políticos, da igual lo que luego digan las publicaciones oficiales", ha reflexionado González Pons.

"La España real cada vez está más alejada de la oficial. Los anuncios de la radio y la televisión nada tiene que ver con lo que se vive en la casa de cada uno, donde los abuelos vuelven a ejercer como padres, ahora de sus nietos, y la tasa de natalidad es muy baja", ha añadido el vicesecretario general de Comunicación del PP.

Por todo ello ha invitado a la clase política a "bajarse de la España oficial" y acudir "a la real", especialmente ahora y ante una inminente campaña electoral donde los ciudadanos "nos van a pedir que nos centremos en sus problemas reales y no en insultos", en la falta de empleo y de cobertura sanitaria, ha puesto como ejemplos.

"Este informe de la OCDE nos pone a los políticos en la oportunidad de afrontar una campaña electoral constructiva y propositiva, sobre las cosas que de verdad importan a los a los ciudadanos", ha considerado durante una rueda de prensa previa a su participación en un acto público de presentación de los candidatos del PP de Valladolid.

En la misma línea de regeneracionismo político, ha incidido en la necesidad de que ningún representante público "gaste más de lo que ingrese" y de que "gane lo menos posible", y expresado su convencimiento, con motivo del Consejo de Política Fiscal reunido hoy, de que el futuro de España "pasa por la resolución del futuro de la financiación municipal".

Ante la próxima campaña electoral, González Pons ha detectado cómo la ciudadanía "está pidiendo a gritos un cambio".

El ministro de Trabajo anuncia mano dura contra el empleo irregular

MADRID.- El Gobierno aprobará el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que dará dos o tres meses de plazo para regularizar la situación de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, dijo el miércoles el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 

"Después de un periodo de dos o tres meses desde que entre en vigor la norma (...) se endurecerán las sanciones a las empresas como consecuencia de la contratación irregular de trabajadores", dijo Gómez, tras la presentación del nuevo director de la oficina de la OIT en España .

El ministro dijo que el Gobierno dará facilidades a los contratadores en cuanto al aplazamiento de las cotizaciones que se adeuden y a los recargos.

"No hay amnistía, hay facilidades para que aquel trabajo irregular que no se ha declarado (...) pueda hacerse a partir de la aprobación del Real Decreto Ley, sabiendo que hay un plazo", dijo.

El plan del Gobierno también planteará sancionar a aquellos trabajadores irregulares que se descubra que, a la vez, se estén beneficiando de una prestación por desempleo.

Las propuestas del gobierno están actualmente siendo evaluadas por los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, quienes a más tardar el jueves deberían dar su opinión para la redacción final.

En el apartado de las exigencias para los empleadores también se incluiría la obligatoriedad de contratar durante al menos seis meses.

Además, las empresas que subcontraten servicios a empresas que tengan empleados irregulares también serían sancionados.

Con una tasa de paro en torno al 20 por ciento, el desempleo es uno de los males endémicos de la economía nacional, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada "economía sumergida".

Caja Mediterráneo aprueba el plan de recapitalización que conlleva el traspaso de negocio a un banco

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha aprobado el plan de recapitalización diseñado a partir del traspaso del negocio financiero de CAM a un banco, que operará como entidad independiente y contará con el FROB por importe de 2.800 millones de euros.

   La caja alicantina ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la aprobación, por parte del consejo, del plan de recapitalización preparado por la dirección de la caja y que se presentará este jueves al Banco de España para su revisión y aprobación.

   Según Caja Mediterráneo, este plan "se ha diseñado a partir del traspaso del negocio financiero de CAM a unbanco que operará como entidad independiente y contará con el FROB por importe de 2.800 millones de euros".

   Así mismo, según la misma fuente, "en la elaboración del plan se han teniendo presentes el nuevo entorno competitivo y la evolución previsible del mercado para los próximos cinco años, así como los futuros requerimientos regulatorios en materia de solvencia y liquidez".

   El plan aprobado por CAM "contempla el desarrollo de diversas iniciativas en materia de reestructuración operativa y ahorro de gastos diseñadas para situar la productividad y eficiencia de la Entidad en los niveles requeridos por el nuevo entorno competitivo y regulatorio".

  Además, según añade, "la mayor parte de estas medidas ya han comenzado a ser implementadas, a la vez que se ha elaborado un detallado plan de desinversiones de activos que ya está en marcha".

   Según CAM, "las medidas de reestructuración operativa y de ahorro de gastos mejorarán significativamente los costes de la entidad" y "de acuerdo con las proyecciones financieras elaboradas para el periodo 2010-2015 se prevé una mejora paulatina del ratio de eficiencia que se situará en el año 2015 en el 50 por ciento, alcanzándose ahorros anuales recurrentes de más de 120 millones de euros".

   Tras el "gran esfuerzo" realizado en los últimos años en provisiones de pérdida esperada futura y el FROB, "la fortaleza de la entidad se sitúa en el 10 por ceinto en términos de capital principal y el 12 por ciento en términos de solvencia".

   Según la caja, "los mayores niveles de solvencia y eficiencia, junto con la recuperación paulatina del margen financiero, mejorarán la rentabilidad de la Entidad que se situará al final del año 2015 en niveles de ROE superiores al 15 por ciento".

   La caja considera que este plan "confirma que CAM es viable como entidad independiente, con un elevado potencial de creación de valor dado su significativo tamaño, su fuerte posicionamiento en su mercado y el elevado potencial de mejora de rentabilidad que presenta".

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.

   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.

   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.

   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.

   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".

   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.

   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

CC.OO, UGT y otras 11 organizaciones piden al Defensor del Pueblo que recurra la capitalización de las cajas

MADRID.- CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.

   Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.

   En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.

   En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.

   La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.

Ángel Luna: "Por primera vez se reconoce la estrecha relación entre Camps y Gürtel"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado que la decisión del TSJCV de acumular los regalos imputados a los cabecillas de la trama al sumario de los trajes, "supone que por primera vez se reconoce la estrecha relación existente entre el presidente Camps y la trama Gürtel. Por eso decimos que, a efectos penales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está dentro de la trama Gürtel", ha apostillado.

   Luna se ha expresado de esta manera en relación al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el que se acepta incorporar a la causa de los trajes a Correa, Crespo y Pérez por los regalos a miembros del PP.

   Este auto, además, "viene a reconocer los indicios sobre quién ha pagado esos regalos". En este sentido, ha explicado que, hasta ahora "había unos indicios en el sentido de que Camps los había recibido gratuitamente aunque él lo negaba pero ahora el TSJCV reconoce que, además de esos indicios de que los recibía gratuitamente, hay otros indicios que apuntan a quién los ha pagado que son los cabecillas de la trama".

   El síndic socialista ha llamado la atención sobre el voto particular del magistrado Juan Montero en el auto publicado este martes. Al respecto, ha señalado este voto se refiere a una "cuestión de procedimiento". Es decir, "nadie pone en cuestión los indicios graves sobre los hechos que allí se relatan", ha aseverado.

   Respecto a la "plena libertad" que la Sala otorga en el auto al magistrado instructor, José Flors, para que decida lo que estime procedente, Ángel Luna, ha explicado que el auto le da "plena libertad de criterio para organizar el procedimiento y no para otra cosa porque la acumulación está decidida en el auto y el procedimiento va a ser único para todos".

   Para Luna, "esto es solo el principio" porque queda pendiente que el tribunal resuelva sobre la inhibición del "grueso del asunto: malversación, de cohecho, de prevaricación, de blanqueo de capitales, de delitos fiscales, financiación ilegal". Es decir, "todo el grueso del caso Gürtel", en el que, "sin duda, también está implicado el presidente Camps".

   El portavoz socialista ha comentado que "lo insólito y grave de todo esto es que a estas alturas todavía no tengamos ni una sola explicación del presidente Camps".

   "Con estos documentos judiciales que no son ningún invento de los socialistas, ni ninguna manipulación por parte de nadie, es absolutamente inaceptable, desde el punto de vista político, que un presidente de una CCAA permanezca escondido, sin dar la cara y sin asumir ningún tipo de responsabilidades, ni dar ninguna explicación al electorado valenciano", ha criticado.

   En su opinión, "esto es lo verdaderamente grave de este asunto y pensamos que los valencianos van a tomar nota el próximo 22 de mayo", con las elecciones autonómicas y municipales.

   Preguntado por los plazos del proceso, ha explicado que esto "puede retrasarlo sin ninguna duda", porque lo que acaba de hacer el TSJCV es "introducir a los tres cabecillas de Gürtel en un procedimiento que estaba muy avanzado y ahora hay que retrotraerse a algunas actuaciones".

   "Seguramente lo va a retrasar pero, al mismo tiempo, pone encima de la mesa un procedimiento por hechos mucho más graves". Por consiguiente, "el futuro de Camps es mucho más oscuro todavía desde el punto de vista penal", ha apuntado.

   Por otro lado, a preguntas de los medios, ha asegurado que no van a recurrir este auto y que el PP "podrá hacer lo que quiera". Así, ha añadido que "acabará el proceso donde tenga que acabar". En este sentido, ha indicado que los jueces del TSJCV y del TSJM "están decidiendo en un sentido muy claro" sobre el 'caso Gürtel'.

Aguirre afirma que si hubiera sido Camps habría pagado las facturas de los trajes

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado que si a ella le hubiera pasado con las facturas de los trajes lo que le ocurrió al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, las habría pagado "y ya está", dado el "follón" que se ha montado, pero ha precisado que "cada uno es cada uno". 

   "Si se organiza este follón, yo lo hubiera hecho...", ha señalado tras ser preguntada si se hubiese limitado a pagar las facturas si no las hubiera encontrado. Así, ha añadido que si ella no tiene "ni idea" de dónde está esa factura, hubiese preguntado "qué se debe" para pagar "y ya está".

   En una entrevista concedida a Antena 3, Aguirre ha considerado que ella hubiera abonado las facturas "pero cada uno aquí es cada uno". En este sentido, ha recordado que cuando ella estudiaba Derecho no existía el delito de cohecho impropio pero sí el de cohecho, y que lo mismo ella, como presidenta, está incurriendo en él.

   Así, ha explicado: "El delito de cohecho es cuando aceptas, siendo un cargo público, un regalo o dádiva a cambio de un acto. En tiempos míos ese acto podía ser lícito, no tenía que ser ilícito, pero han inventado este delito que yo desconocía; no sé si incurro en él porque a mí me regalan cerezas, y las monjas, pastas".

   La presidenta madrileña ha vuelto a diferenciar entre los tipos de imputaciones, y ha señalado que, a su juicio, Camps no se ha enriquecido con la política. "Nadie le ha acusado sobre eso y hay que distinguir cuando se imputa (a alguien) y no tiene que ver con su enriquecimiento personal", ha añadido.

   Preguntada por si ella llevaría a Camps en sus listas para las próximas elecciones, Aguirre ha eludido la respuesta señalando que no está en su Comunidad, y que probablemente si estuviera, entonces "a lo mejor" ella no estaría, por lo que ha afirmado que no puede opinar al respecto.

   También ha asegurado que sus declaraciones sobre los imputados en el Gürtel no perseguían la intención que algunos medios de comunicación han reflejado, y ha añadido que ella no ha querido afear nada al presidente del PP, Mariano Rajoy.

   De hecho, preguntada por si se siente querida y apoyada plenamente por Rajoy, ha afirmado que sí y ha recordado un capítulo de sus vidas, cuando ganó las segundas elecciones en octubre de 2003 y Rajoy, que todavía era secretario general del PP, le dijo: "Esperanza, te quiero un huevo".

"Espero que me pueda seguir queriendo porque vuelva a ganar otra vez ahora", ha apostillado.

La Fundación Fontilles inicia una campaña para luchar contra las patologías asociadas a la pobreza

MADRID.- La Asociación Fontilles, miembro de la Federación Internacional de lucha contra la Lepra (ILEP) y de las coordinadoras de ONGD Estatal y de la Comunidad Valenciana, ha puesto en marcha una campaña para ayudar a las personas que sufren diversos tipos de patologías ligadas a la pobreza, a través de asistencia sanitaria y proyectos de desarrollo sostenible. 

Así, la asociación amplía su trabajo en diferentes países de Asía, África y América Latina que no disponen de los recursos necesarios para enfrentarlas. Al mismo tiempo, pretende concienciar a la sociedad acerca de la importancia y la gravedad de estas dolencias, muchas veces "ignoradas" por los países desarrollados.

Fontilles tiene como objetivo prioritario ampliar su ámbito de actuación a otro tipo de enfermedades ligadas a la pobreza, además de la lepra, mediante proyectos de colaboración en poblaciones pobres. "La erradicación de estas enfermedades sólo será posible si se supera esa situación de pobreza y se procura el desarrollo sostenible como forma de prevención", indican.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 1.000 millones el número de personas en el mundo afectadas por enfermedades ligadas a la pobreza y que, actualmente, no disponen de tratamiento. Los principales afectados son fundamentalmente mujeres, niños y minorías étnicas y tienden a "perpetuar" el círculo enfermedad-pobreza.

"Estas enfermedades no causan emergencias epidemiológicas y no son percibidas como un problema de salud pública, pese a tener un efecto devastador, causando la mortalidad o discapacidad permanente a millones de personas", denuncian.

Las importaciones de calzado crecen un 20% en España en 2010

MADRID.- España importó más de 385 millones de pares de calzado durante el pasado año, con un valor superior a los 2.125 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,25% en unidades y casi un 21% en valor, según el informe publicado por la Federación de Industrias del Calzado (FICE).

   Asia concentra el mayor volumen de importación de calzado con un aumento del 9,3% respecto al ejercicio anterior. De este modo, más del 72% del calzado importado procede de China, mientras que el 7,85% proviene de Vietnam.

   En tercera posición se encuentra Italia, con un 2,21% del volumen total, por delante de países como India, Brasil o Indonesia.

   Según el estudio, no sólo en Asia ha aumentado el volumen interanual de las importaciones, ya que en América ha crecido más de un 9% y en Oceanía, el 4%. Por el contrario, las procedentes de África registran un descenso del 6,4%.

   Por tipo de calzado, el de fabricación textil y de caucho concentró el mayor volumen, con un 85,65% del total de las importaciones (más de 330 millones de pares), mientras que los de piel registran un 14,35% del mercado.

   Para la Asociación de Importadores de Calzado y Complementos de España (ADICAL), estos datos reflejan el grado de satisfacción del consumidor hacia el calzado de importación que continúa siendo el más competitivo.

EUPV dice que "las piezas de la corrupción encajan" y que Correa y Camps "forman parte de la misma trama"

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, ha destacado este martes que "las piezas de la corrupción van encajando como la llave en la cerradura" y ha señalado que Francisco Correa y Francisco Camps "forman parte de la misma trama".

   Sanz se ha expresado en estos términos en un comunicado después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya aceptado incorporar a la 'causa de los trajes' a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez --cabecillas de la trama Gürtel-- por los supuestos regalos que hicieron al presidente de la Generalitat, al exsecretario general del PPCV y diputado Ricardo Costa, al ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

   Al respecto, la dirigente de EUPV ha señalado que "los sucesivos avances judiciales del caso Gürtel sólo apuntan a una dirección: la hipótesis sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, que tanto ha denunciado Esquerra Unida".

   Marga Sanz ha hecho hincapié en qué "las piezas de la corrupción van encajando como la llave en la cerradura", dado que "cada vez es más evidente la lógica que vincula el presunto delito de soborno pasivo, por el que está imputado Camps, con el soborno activo por parte de quienes ofrecían los regalos".

   Según la dirigente de EUPV, la aceptación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de investigar también al supuesto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, "cierra un círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama corrrupta y los responsables políticos que supuestamente le daban cobertura en el País Valencià"

   "La ciudadanía lo sabe desde que empezó este rosario dónde se ha embarcado el presidente de la Generalitat, que a la vez hunde las instituciones democráticas valencianas en un túnel oscuro plagado de incertidumbres", ha criticado Sanz, quien ha vuelto a pedir la dimisión de Camps y su exclusión y la del resto de sospechosos e imputados de la lista del PPCV.

Castedo, muy a la defensiva, sólo presenta en público las novedades de su candidatura

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha destacado este martes que la lista con la que concurrirá el PP a las elecciones locales está compuesta por personas "capaces, trabajadoras, leales y honestas" y asegura que tendrán "dedicación total" por el "compromiso" con el que actúan.

   Sonia Castedo ha participado este martes en una foto de familia con las nuevas incorporaciones a la lista municipal por Alicante, como son el empresario Carlos Castillo; el asesor Pablo Sandoval; el exvicepresidente del Lucentum y miembro destacado de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, Antonio Ardid; Adrián Santos, ligado al mundo de la cultura; Belén González; Mariano Postigo, ex militante socialista y ahora asesor de Deportes; Mari Carmen de España, hija del ex presidente de la Diputación y senador Julio de España, periodista.

   En esta ocasión, no estaban presentes los ediles que repiten en los puestos de salida, como el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; el edil de Atención Urbana, Andrés Llorens; la portavoz del equipo de Gobierno, Marta García-Roméu; la edil de Acción Social, Asunción Sánchez Zaplana; el edil de Seguridad, Juan Seva; la delegada de Presidencia, Sonia Alegría; el de Cultura, Miguel Valor; la de Participación, Mari Ángeles Goitia; la de Imagen Urbana, Oti García Pertusa; y el edil de Hacienda, Juan Zaragoza.

   El objetivo, según Castedo, ha sido el de dar a "conocer las nuevas caras" presentes en la lista,  "con una media de edad muy joven" porque es "una apuesta importante para la renovación pero también por la experiencia, muy importante y necesario el compaginar" ambas cosas.

   De la lista, la alcaldesa ha resaltado que son "grandes gestores en su trabajo y vida laboral" y para "trabajar, proponer, ejecutar, en definitiva para gestionar una ciudad de aproximadamente 330.000 habitantes".

   Las cualidades que Castedo ha resaltado de todos ellos ha sido la "honestidad lealtad y la capacidad de trabajo". "Todos ellos tienen muy claro que aquí estamos para trabajar, que en política los horarios no existen", de modo que "la dedicación va a ser total y esa capacidad de trabajo es lo más destacado, además de su compromiso", ha dicho.

   Su equipo, compuesto por 29 personas más tres de reserva, es "capacitado, leal y honesto", ha dicho la alcaldesa, quien ha censurado a "ese tipo de personas" que aparece "seis meses o tres antes de las elecciones". "Ese tipo de gente no se necesita ni en esta ciudad ni en ninguna otra, estamos para trabajar, gobernando o en la oposición", ha apostillado.

   Además, ha lamentado que el "terreno de juego lo llevan ensuciando mucho tiempo, está lleno de barro", pero ha subrayado la "mucha capacidad para resbalar, caer y volver a levantarse" que tiene su candidatura.

  "No se puede aparecer seis o tres meses antes de unas elecciones y desaparecer después durante cuatro años; ¿dónde estaban quienes ahora están apareciendo, qué estaban haciendo a lo largo de hace cuatro años, ahora les preocupa la ciudad y antes no?", ha concluido.