El CES pide a Fabra que los "sacrificios" que exige la "delicada" situación "no coarten" el Estado de Bienestar

VALENCIA.- El presidente del Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana, Rafael Cerdà, ha asegurado este martes que la situación económica actual es "delicada" y que "exige y va a exigir sacrificios", pero ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que las medidas que se lleven a cabo "no coarten" el Estado del Bienestar.

   Cerdà ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación acompañado por el resto de miembros del CES y por el conseller de Educación, Formación y Empleo, José Císcar, tras presentar la Memoria Anual del Ejercicio 2010 al presidente de la Generalitat.

   El presidente del CES ha hecho hincapié en la necesidad de continuar con la protección sanitaria y de apostar por la educación y ha incidido en que es "fundamental" mantener el Estado del Bienestar. A su juicio, hay que llevar a cabo medidas "acordes con la situación económica actual", pero que "no coarten" las política sociales.

   Rafael Cerdà ha explicado que la situación económica de la Comunitat es "equiparable" a la nacional. En materia de educación, sanidad y políticas sociales, también ha señalado que la situación es similar. "No estamos por debajo de la media nacional, sino en algunos puntos por encima", ha puntualizado.

   Asimismo, ha asegurado que han recordado a Fabra que, desde 2004, el CES contempla en su informe la importancia del Corredor Mediterráneo de mercancías. Para el Comité Económico y Social de la Comunitat, esta infraestructuras desde Algeciras y por toda la vertiente mediterránea es "necesaria" porque supone "el medio mejor para fortalecer la economía no solo de la Comunitat Valenciana, sino de las regiones limítrofes".

   También ha hecho hincapié en la "importancia de la vertebración" de todas las comunidades autónomas" porque "en ello nos va el éxito de lo que tenemos".

   Para Cerdà, la reunión con Fabra ha sido "tremendamente positiva", porque, según ha dicho, el jefe del Consell tiene un "perfecto conocimiento de la situación económico-social de la Comunitat Valenciana".

   Además, ha valorado que Alberto Fabra ha mostrado "reflejos" de cómo hacer frente a la situación actual porque, en opinión del presidente del CES, es "consciente de las dificultades", pero conoce "las medidas necesarias que hay que tomar".

   Del mismo modo, el conseller de Educación, Empleo y Formación ha agradecido al CES la "gran labor" que lleva a cabo y ha resaltado la importancia de la "corresponsabilidad". "Se necesita que todos los agentes y toda la sociedad valenciana empujemos en una dirección", ha subrayado.

   En cuanto al informe, Císcar ha indicado que se trata de "una radiografía" sobra la situación actual y ha añadido que se trata de un documento "muy útil para lo que el Gobierno valenciano necesita" que, según ha dicho, es "racionalizar al máximo, mantener al máximo las políticas sociales y centrar la acción y la actuación en lo más importante: las personas".

   La Memoria Anual del CES destaca que el retroceso de la actividad económica de la Comunitat Valenciana en el año 2010 se situó en el 0,6 por ciento, frente a la caída del 4,4 por ciento del año precedente.

   Por lo que respecta al sector exterior, durante el año pasado en la Comunitat aumentaron tanto las exportaciones como las importaciones, aunque éstas últimas lo hicieron en mayor medida, dando lugar a una reducción en la tasa de cobertura. Los tres grupos que supusieron el mayor volumen de exportaciones en 2010 fueron el sector primario, los automóviles y los productos cerámicos.

   En cuanto al sistema financiero, en el año 2010 en la Comunitat Valenciana se canalizó el 10 por ciento del total del crédito concedido en España por el sector financiero, ascendiendo a 185.657 millones de euros, inferior en un 0,2 por ciento al registrado un año antes

   Por su parte, los depósitos en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en la Comunitat representaron el 8,2 por ciento del total de depósitos del sistema español con un total de 100.586 millones de euros, un 2 por ciento menor al de 2009.

   En otro capítulo, el informe del CES señala que la población en edad de trabajar disminuyó en 2010 un 0,4 por ciento, en promedio, hasta situarse en 4.169.030 personas. En términos generales, el desempleo estimado se situó en 587.430 personas, con un aumento del 7,8 por ciento con relación a 2009.

   La tasa de paro estimado se situó en el 23,3 por ciento de la población activa, superior en 2,1 puntos a la del año anterior. En la Comunitat, el porcentaje de los contratos de carácter temporal --que incluyen a los de obra o servicio, eventuales por circunstancias de la producción, interinidad, temporal de inserción y temporal de minusválidos-- representaron un 91,82 por ciento del total.

   En el apartado de políticas sociales, destacan los datos sobre sanidad, ya que la memoria del CES contempla que más del 99,5 por ciento de la población valenciana tiene cobertura de asistencia sanitaria primaria.
En la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra ya ha dicho que meterá la "tijera donde haga falta" menos en las políticas sociales. El nuevo presidente valenciano anunció un recorte sobre las empresas y sociedades públicas —dejando al margen Ràdio Televisió Valenciana—, con el que el Consell pretende ahorrar anualmente un 20% del gasto, unos 400 millones de euros.
Dentro de ese plan de "reequilibrio financiero", el gobierno valenciano ha decidido también suprimir 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales. Estos ajustes, sumados a la reducción de altos cargos y personal eventual de la Generalitat, supondrán, según el Consell, un ahorro total de 42 millones. La 'tijera' del Gobierno autonómico también ha afectado a la Educación, con recortes entre los interinos que, según UGT, han afectado a 1.200 plazas docentes.
La Generalitat Valenciana ha asumido ya que tendrá que menguar su política de grandes eventos y renunciará a las citas menos rentables (peligran el Gran Premio de Hípica y el Open 500 de tenis) y tiene sobre la mesa el asunto más espinoso, el reajuste en la crítica televisión valenciana.

El PSPV pide la suspensión del PGOU de Alicante y responsabiliza a Fabra de su aprobación

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado que su grupo registrará este miércoles en la Corts una proposición no de ley para que se debata en el parlamento valenciano la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Alicante. En este sentido, ha argumentado que los jueces "se encargan de asuntos penales pero la tramitación y aprobación del PGOU es una decisión política que le corresponde al Gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, solo tiene un responsable político, que es Alberto Frabra". 

   Alarte, que se ha expresado de esta manera tras la Junta de Portavoces, ha exigido a Fabra que adopte "decisiones inmediatas" en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y le ha pedido que "suspenda su tramitación".

   Así, ha señalado que esta herramienta urbanística debe estar sometida a los principios de imparcialidad, objetividad y al servicio del interés general. Sin embargo, en estos momentos, "hay más que serias dudas sobre que estos principios se hayan respetado por parte del Ayuntamiento de Alicante y, más concretamente, por parte de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y del exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos", ha recordado.

   Por otro lado, ha criticado la designación de Elisa Díaz --hija de Luis Díaz Alperi-- como responsable de la dirección territorial de Urbanismo y se ha preguntado si será ella la encargada de redactar el informe de aprobación del PGOU de Alicante por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. "Piensa Fabra, con un dictamen de la hija de Díaz Alperi, aprobar el PGOU", cuando es la "hija del presunto amañador" del planeamiento, ha remarcado.

   En este sentido, el pleno de las Corts Valencianes de esta semana incluirá una interpelación al Consell sobre este nombramiento, a cargo de Compromís.  

   Por su parte, el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a preguntas de los medios sobre la petición del PSPV de suspender el PGOU de Alicante, ha comentado que "es una competencia que excede a los grupos parlamentarios" y se ha mostrado "convencido de que las instituciones que tienen que intervenir en esta cuestión, adoptarán las medidas que consideran correctas y que estén en el marco de sus competencias y de la ley".

Las Corts debatirán la apertura de comisiones de investigación sobre Brugal

VALENCIA.- El primero pleno ordinario de la nueva legislatura, que tendrá lugar el miércoles y jueves de la próxima semana, se estrenará con el debate para decidir sobre la apertura de tres comisiones de investigación en el Parlamento autonómico sobre el 'caso Brugal', las ayudas del Gobierno valenciano a proyectos de cooperación y el accidente de metro de Valencia de 2006, las tres a petición de EUPV.

   Este será el primero de los tres plenos ordinarios que tendrán lugar en las Corts Valencianes a lo largo de este periodo de sesiones --que finaliza con el debate de los presupuestos-- y, por lo tanto, será también la primera comparecencia del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la sesión de control de la Cámara autonómica. El primer punto será la votación del dictamen de la Comisión sobre la compatibilidad de los diputados.

   En este pleno ordinario, los grupos presentarán una petición conjunta para crear una comisión para estudiar actuaciones encaminadas a mejorar el rendimiento escolar y fomentar el empleo juvenil.

   En cuanto a las proposiciones no de ley, el PP sustanciará una sobre el apoyo a pymes y autónomos; el PSPV sobre establecer una estrategia para el empleo joven --que defenderá su síndic, Jorge Alarte--; Compromís, sobre urbanismo y EUPV sobre el copago sanitario.

   Además, los grupos preguntarán a los consellers, en la sesión de control, sobre las ayudas a los afectados por el incendio en l'Alcora, los nombramientos de los directores de Parques Naturales, subvenciones a centros educativos; o la elección de Elisa Díaz Alperi como responsable de la dirección general de Urbanismo de Alicante. También, sobre el ex director general de RTVV, Pedro García y los contratos de RTVV con 'Gürtel' y la actuación del Consell, a través del IVF, en la CAM. Cada grupo podrá formular tres preguntas.

   Otro de los asuntos que se va a tratar en el pleno será una petición de Compromís para que se modifique el Reglamento de las Corts, para "evitar que ningún símbolo religioso presida los actos oficiales". Esta propuesta nace con motivo de lo sucedido en el inicio de la nueva legislatura, cuando un crucifijo presidió la Mesa de las Corts.

   Por su parte, EUPV ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria para que los grupos se pronuncien sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo de los empleados de la Obra Social de la CAM.

Fabra asegura que va a 'meter la tijera'

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado que esta semana o a principios de la próxima se presentarán los recortes sobre las empresas y sociedades públicas, sin contar a RTVV, con el que se ahorrará anualmente un 20 por ciento del gasto, unos 400 millones de euros, que se sumarán al plan de ahorro de 1.800 millones, y en ese sentido ha insistido en que va a meter "la tijera en todo lo que hace falta" para cumplir su compromiso de "más con menos".

   Al respecto, en una entrevista a RNE, ha  explicado que los recortes "van a hacerse sobre todo lo que sea superfluo, pero respetando las políticas educativas, sanitarias y sociales".

"Hay que gastar lo que tenemos", ha exigido Fabra, quien ha insistido en que dado que "la situación se ha desbocado, incluso inimaginable hace unos meses, haremos los recortes que hacen falta para que en un par de años la situación de la Comunitat vuelva al reequilibrio".

  "Estamos en la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar mañana y tenemos que hacer es estar muy atentos, hacer toda las medidas que exija día a día el mercado y hacer una planificación para no endeudarnos más y llegar a un acuerdo del techo de gasto para no hipotecar el futuro", ha insistido.

  Fabra ha expuesto que se trata de una labor que "hay que hacerla de forma conjunta" porque "nos hemos dado cuenta de que el Estado son todas las Administraciones". Así, ha defendido un trabajo "coordinado" y que "se acaben todas las duplicidades, todos queríamos tener de todo pero eso se ha acabado hay que ser responsable con nuestras competencias, buscar la financiación adecuada para ejercerlas y desde luego no buscar duplicidades".

   Así, ha aclarado que "hay que reestudiar" el modelo de Administrativa de España "sin que nos duela reconocer que la situación ha cambiado y que se necesita una profunda reflexión ante la situación de recesión profunda actual". Así, ha puesto de relieve el debate que se ha producido sobre el futuro de las Diputaciones y Ayuntamientos para poder realizarlo "de forma eficiente sin que haya duplicidades" porque "no se puede mantener una realidad de Administraciones que se diseño hace unos años y las condiciones ahora son distintas".

   No obstante, ha atribuido la situación de endeudamiento de la Comunitat Valenciana a una "financiación insuficiente" ya que "sólo en el último año cada ciudadano de la Comunitat estará 125 euros por debajo de la media", lo que ha supuesto una deuda histórica que en 2009 se cifró en 8.350 millones de euros. 

Sin embargo, ha señalado que se ha continuado "haciendo hospitales, colegios, infraestructuras porque no queríamos que la Comunitat perdiera ese pulso frente a otros territorios y eso es lo que ha hecho que nos endeudemos más que otras autonomías".

   Fabra ha afirmado que se "responsabiliza" de todo lo que han hecho sus compañeros de partido porque los resultados del PPCV han sido "magníficos en la Comunitat y reflejan el refrendo de esas políticas". No obstante, ha insistido en "que aunque hay que ajustarnos a la nueva situación", el "defiende todas las situaciones" y se siente "orgullo de las compañeros de partido".

   Preguntado por si debería paralizarse el PGOU de Alicante antes las informaciones que se están dando a conocer del caso Brugal, el presidente de la Generalitat ha mantenido que esa decisión "debería de dictaminarla el juez". Además, ha argumentado que "con una coyuntura económica tan complicada, la credibilidad de los políticos y las Administraciones están en función del trabajo que hagamos para solventar esta situación", por lo que "no es conveniente añadir otras situaciones".

  "Hay que dejar de trabajar a los magistrados", ha reclamado Fabra, quien ha garantizado que por parte del Consell "vamos a facilitar toda la documentación que precisen para que los jueces determinen qué sucede".

"Hasta entonces presunción de inocencia", ha insistido. Así, ha señalado que si hubiera hecho caso a la oposición respecto a la petición de dimisiones "no estaría ni yo".

  Respecto a las quejas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por "la falta de cariño" que decía sentir, Fabra ha comentado que él está "muy satisfecho con el respaldo por parte del partido". Así, ha razonado que "han sido unos años complicados para todos, también dentro del partido y lo que tenemos que hacer es sumar, volver otra vez a la normalidad".

  "La Comunitat Valenciana ha sido siempre un referente tanto económico como de imagen próspera, moderna dentro del partido y lo que tenemos que hacer es volver a esa senda", ha apuntado. Así, ha expuesto que Barberá "al haber presidido la Asamblea de la FEMP y contactos con dirigentes del partido nos sitúa de nuevo en la línea de protagonismo a nivel nacional porque la Comunitat Valenciana se lo merece y tenemos que ser un referente en todo el partido".

"Yo, desde luego, siempre he notado ese cariño, esa atención y estoy seguro que vamos a incrementar más si cabe ese referente", ha asegurado. Asimismo, ha resalto la presencia del presidente del PP, Mariano Rajoy, en la convención del PP sobre pymes y autónomos que se celebrará este fin de semana en Valencia.

   Respecto al Corredor Mediterráneo, ha insistido en que no es un proyecto "excluyente" respecto al Eje Central, pero que cuenta con una fachada marítima que le permite a España "ser la puerta de entrada a Europa para muchos productos" y además ha señalado que gracias a las inversiones ya realizadas "tenemos más posibilidades para poner en valor" ante la UE esta infraestructura.

  Por otro lado, ha descartado que Canal 9 sea una televisión controlada por su Gobierno, como le acusan partidos políticos y grupo sociales, pero ha sostenido: "lo que sí que es cierto es que tenemos que mejorar porque ha sido una televisión que ya tiene 27 años de vida, que se creó en una circunstancias muy concretas que se tienen que revisar". Así, ha abogado por una televisión que "nos identifique a todos los ciudadanos, que mantenga nuestra seña de identidad y que sea moderna". Para eso ha reclamado revisar el modelo: "pluralidad, modernidad y sobre todo eficacia en cuanto a la gestión, ejemplo de transparencia y pluralidad".

  Respecto al futuro de la celebración de toros de la Comunitat, ha recordado que en su día ya "blindó" la plaza de Castellón para que "fuera también la de Cataluña. Además, ha destacado que "la gran afición taurina" de la Comunitat con más de 500 festejos y "forma parte de nuestra cultura".

Sonia Castedo dice que no va a entrar en el juego" de "interpretar, insinuar o creer"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha descartado este martes referirse a la imputación de su hermano, José Luis Castedo, y del socio de éste, Javier Gutiérrez, en la pieza del caso Brugal relativa al PGOU de Alicante y que no va a "entrar en el juego" de "interpretar, insinuar o creer".

    Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones, después de que se conociera que el titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, encargado de investigar esta pieza desgajada del caso Brugal, haya imputado a los dos socios del despacho Salvetti.

   "No tengo absolutamente nada que comentar, lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, yo no voy a insinuar a creer o a confirmar" nada sobre este tema y "en el momento en el que haya que hacer algo público, se hará siempre con toda la documentación sobre la mesa", ha dicho.

   Castedo ha rechazado "entrar en el juego" y ha asegurado que ha dicho "todo lo que tenía que decir". A su juicio, "quien tenga que hablar lo tendrá que hacer con la documentación sobre la mesa, básicamente para que no se interprete ni se insinúe".

"Nosotros ni insinuamos, ni interpretamos, ni creemos", ha insistido.

   Ante las preguntas de los medios de comunicación, la alcaldesa ha defendido que hablar de este asunto no es su "responsabilidad".

  "Voy a hablar para lo que se me ha elegido, que es hablar de la ciudad de Alicante, no entro a hablar en lo que no domino y que por eso no voy a hablar sobre este tema, porque no lo domino", ha dicho.

   "Entiendo que el sensacionalismo vende mucho más pero no es para lo que estoy yo aquí", ha concluido la alcaldesa, quien antes de marcharse ha preguntado a los periodistas: "¿eso es lo único que os interesa de la ciudad de Alicante?".

El juez imputa al hermano de Sonia Castedo y a Javier Gutiérrez por presuntas irregularidades en el PGOU

ALICANTE.- El titular del juzgado de instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga la pieza separada del 'caso Brugal' en torno a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha imputado en la causa a José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y a su socio y abogado Javier Gutiérrez, según han confirmado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Así, el juez Manrique Tejada los ha citado a declarar el próximo 26 de octubre en relación con su actividad urbanística al frente del despacho Salvetti Abogados y Consultores S.L. Este bufete, según recoge un informe policial incluido en la causa, percibió el 90 por ciento de sus ingresos en 2008 y 2009 de la tramitación del PGOU.

   La imputación de José Luis Castedo y de Javier Gutiérrez se produce una semana después de conocer los informes policiales de esta pieza, que indican la existencia de "indicios suficientes que permitirán inferir que la creación y actividad de Salvetti Abogados y Consultores S.L. estaría estrechamente relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".

   Las "presuntas irregularidades" a las que hace referencia el informe policial son que, a juicio de la policía, Castedo y Gutiérrez presentaban alegaciones que ellos mismos se encargaban de resolver. Así, las alegaciones eran presentadas a través de Salvetti y contestadas a través de G&M, dos mercantiles a las que la Policía atribuye "identidad única".

Las exportaciones de frutas y hortalizas se desploman en julio

MADRID.- La exportación española de frutas y hortalizas cayó un 23,5% en valor en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta 409 millones de euros y un 9% en volumen, situándose en 571.140 toneladas, debido a las consecuencias provocadas por la "mala gestión" de la crisis del brote 'E.coli'. 

   "La fuerte caída de julio sigue a la de junio, truncando el buen comportamiento de la exportación de frutas y hortalizas españolas en la primera parte de 2011", según destacó la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

   En concreto, las hortalizas reflejaron una caída del 31% en valor, totalizando 78,3 millones de euros y del 17% en volumen, situándose en 102.514 toneladas.

   Las hortalizas más afectadas fueron tomate, con 14 millones de euros (-38%) y 15.033 toneladas (-13%) y pimiento, con 15 millones de euros (-26%) y 15.534 toneladas (-17%). El pepino, con volúmenes de exportación muy bajos en este mes, cayó un 89% situándose en 352.578 euros.

   La exportación de frutas descendió un 21,5% situándose en 330,5 millones de euros y un 7% en volumen, totalizando 468.626 toneladas. Así, la exportación de melocotón-nectarina se redujo un 26%, totalizando 116 millones de euros; la de melón cayó un 19%, situándose en 47,5 millones de euros y la de sandía cayó un 42%, totalizando 35,4 millones de euros.

   Por países, los principales destinatarios de la exportación española en julio registraron fuertes descensos. La exportación a Alemania cayó un 27%, situándose en 88 millones de euros y a Francia cayó un 39%, totalizando 70 millones de euros, según datos de la Dirección General de Aduanas actualizados hasta julio y procesados por Fepex.

   A pesar de la caída en julio, en el acumulado entre enero y julio, la exportación española de frutas y hortalizas aumentó un 13% en volumen, situándose en 6,2 millones de toneladas y un 1% en valor, totalizando 5.366 millones de euro, debido al crecimiento continuado hasta el mes de mayo, que ha compensado las caídas de los meses de junio y de julio.

CAM pagará los intereses trimestrales de unas preferentes emitidas en 2009 por valor de 850 millones

ALICANTE.- Banco CAM ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el abono trimestral de participaciones preferentes que fueron emitidas en julio de 2009 por valor de 850 millones de euros.

   Banco CAM procederá al abono trimestral de intereses el próximo 29 de septiembre. La emisión se realizó en 2009 por un valor de 850 millones de euros y un interés del 7,35%. Estaba condicionada a la obtención de beneficios de 2010, por lo que se puede proceder al pago.

   Este hecho, según la comunicación, "dimana del estricto cumplimiento de las condiciones y obligaciones que resultan de dicho folleto y, de conformidad con los compromisos asumidos con la Comisión Europea, no supone una decisión discrecional de Banco CAM".

2.500 contrataciones docentes menos en el sistema educativo regional

VALENCIA.- Los sindicatos STEPV-Iv, FE CCOO PV, CSI·F, ANPE y FETE UGT PV han alertado del "estancamiento" y la "degradación" del sistema educativo público valenciano con la reducción de unas 2.500 contrataciones de profesores en los dos últimos cursos --1.122 el año pasado y 1.206 este ejercicio--, al tiempo que advierten de que, si no se pone fin a estos recortes, puede haber "graves consecuencias para el futuro de la sociedad". 

   Representantes de estas cinco organizaciones, todas ellas con representación en la Mesa de Negociación de la Enseñanza Pública, han ofrecido este lunes una rueda de prensa para anunciar las acciones que van a realizar dentro de la campaña estatal contra los recortes educativos. En el acto han participado Javier Zurita, de FETE UGT-PV; Marc Candela, de STEPV-IV; Xello Valls, por parte de FE CCOO PV; Laureano Bárcena, de ANPE; y Yolanda Martínez, de CSI·F.

   Las entidades profesionales han lamentado que la Comunitat Valenciana lleve sufriendo durante los últimos dos años "fuertes recortes", que se han traducido en 2.500 vacantes docentes menos  --según los datos que manejan los sindicatos-- debido a la "reducción de grupos, la disminución de la atención a la diversidad, la amortización de profesores jubilados --el año pasado abandonaron el sistema 1.192 trabajadores y la Oferta de Empleo fue de 110 plazas-- y, como novedad de este año, la fusión de grupos de castellano y valenciano".

   Todo ello, han dicho, sumado a que la política de recortes "ha estallado" en otras comunidades autónomas, ha llevado a los sindicatos de la Comunitat a convocar una serie de protestas para reivindicar al necesidad de una educación pública de calidad.

   La primera de ellas es el envío a los claustros de profesores de los centros valencianos, para que esos puedan adherirse, de un manifiesto, dirigido al conseller de Educación, Formación y Trabajo, José Císcar, en el que se exige "la rectificación de las políticas de recortes en la inversión educativa por parte de todas las administraciones".

   Asimismo, se reclama la continuidad y la ampliación de las medidas ya iniciadas para superar los altos índices de fracaso escolar --una "emergencia nacional" que en la Comunitat se sitúa en torno al 40 por ciento, recalcan--; el reconocimiento del profesorado como "principal activo del sistema educativo" y la rectificación de actitudes que "intentan enfrentarlo a la sociedad", y la "garantía del derecho a un trabajo digno para todos los docentes poniendo fin a la temporalidad".

   Además, el 10 de octubre se celebrarán asambleas en las ciudades de Valencia, Alicante, Castellón y Elche, que servirán de "preparación" para la marcha convocada el 22 de octubre en Madrid y a la que acudirán profesores de toda España.  

   Sobre las propuestas del Gobierno valenciano para elaborar un Plan de choque contra el fracaso escolar, han señalado que "difícilmente será creíble si, por una parte de hacen determinadas declaraciones pero, por otra, se hacen recortes". En este punto, el secretario de Comunicación de FETE, Javier Zurita, ha expresado el temor de que para los presupuestos de 2012 el recorte en Educación y otros servicios públicos pueda llegar al 10 por ciento.

   Por su parte, el responsable de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, se ha referido al anuncio del titular de Educación sobre la elaboración de un nuevo mapa escolar y ha comentado que, aunque es una "vieja reivindicación" de los sindicatos, probablemente estos van a "diferir" en la manera de plasmarlo y ha vuelto a remarcar la oposición de su sindicato a los Centros de Iniciativa Social (CIS) que va a impulsar la Conselleria.  

   Los representantes sindicales han subrayado la importancia de lanzar un mismo mensaje en defensa del profesorado y la enseñanza pública aunque tanto ANPE como CSI·F han recalcado que estas acciones conjuntas no suponen su regreso a la plataforma unitaria sindical que abandonaron el pasado curso por considerar que había connotaciones políticas. Al respecto, STEPV, CCOO y UGT han incidido que el manifiesto que ahora se presenta recoge en síntesis los 16 puntos que defendió aquella plataforma y han querido destacar que son organizaciones "profesionales e independientes" de los partidos.

El Consell ofrece un decálogo para consensuar con la oposición que pide "transparencia" y los contratos con Gürtel

VALENCIA.- La vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, ha ofrecido a los grupos parlamentarios en las Corts una hoja de ruta para tratar de impulsar un decálogo de consensos sobre asuntos como la educación, territorio, sanidad, RTVV, empleo, industria o agua, y "alejarlos" así de la "confrontación política del día a día". EUPV y Compromís también han presentado sus propuestas y han reclamado "transparencia" al Gobierno valenciano y que muestre los contratos de 'Gürtel'.

   Se trata del primer encuentro de Sánchez de León con los grupos parlamentarios tras la oferta del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de iniciar una ronda de contactos para impulsar un decálogo de consensos.

   Por parte del PP ha asistido su portavoz, Rafael Blasco; de los socialistas han acudido sus portavoces en materia económica, Cristina Moreno y Francisco Toledo; de EUPV han asistido Lluís Torró e Ignacio Blanco; y de Compromís, Mónica Oltra y Fran Ferri, que han abandonado la reunión antes de que finalizara. Todos ellos han hecho declaraciones tras del encuentro, salvo los responsables socialistas.

   Tras este primer encuentro, tanto los grupos parlamentarios como el Gobierno valenciano tienen una semana para estudiar los documentos y propuestas que se han intercambiado. Así, el próximo lunes deberán dar una "primera opinión" sobre cuáles son los puntos en los que están dispuestos a iniciar un diálogo para tratar de alcanzar algún consenso, aunque desde la oposición ya han reclamado concreción al Consell en sus propuestas.

   Tanto Compromís como EUPV han reclamado "transparencia" al Consell y que comience por mostrar los contratos de la Generalitat con las empresas 'Gürtel' y con el arquitecto Santiago Calatrava. La vicepresidenta, sin embargo, ha señalado que "no sería comprensible" por parte de la oposición una "actitud tramposa" o que "condicione" la negociación con premisas previas.

   De esta manera, Sánchez de León, ha explicado que el objetivo de estos encuentros es "separar del debate político y la ideología" algunas cuestiones "esenciales". También ha afirmado que "vincular la transparencia a los contratos" es "sustraer lo esencial a lo anecdótico".

   En este punto, ha declarado que "nada tiene que ver la transparencia de la administración con las solicitudes de documentación" de contratos en las Corts por parte de la oposición, a quienes ha dicho que se van a atender "en tiempo y forma" pero que "si algo está recurrido en los tribunales, esperaremos a que sean ellos los que decidan".

   Las propuestas del Consell, en materia de 'empleo y competitividad', pide a la oposición que se sume al Pavace y a la Estrategia de Política Industrial (EPI); mientras que en 'financiación autonómica' propone una comisión de estudio en las Corts que redacte un informe sobre "financiación justa, deuda histórica y equilibrio presupuestario".

   También propone el Consell acuerdos en 'urbanismo' --espera que antes de diciembre haya consenso para definir la nueva normativa de ordenación territorial-- y 'residuos'; 'infraestructuras estratégicas' o 'educación' --formación profesional, plurilingüismo o plan de choque contra fracaso escolar--, basadis en el trabajo ya realizado por el Gobierno valenciano.

   Igualmente, se ha propuesto participar a la oposición en materia de sanidad, con una comisión de estudio en las Corts para tratar la sostenibilidad del sistema sanitario.

   En materia hídrica, el Consell apuesta por recuperar los trabajos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 o el rechazo a la "desalación masiva". Por lo que se refiere a RTVV, insisten en consensuar una nueva ley de funcionamiento para el ente con la elección de su director general y consejo de administración en las Corts, aunque no ha precisado que tipo de mayoría será necesaria para ello.  

   Finalmente, el Gobierno valenciano propone un pacto por la seguridad con exigencias al Gobierno central y una comisión especial de estudio en las Corts; y otro para crear una plataforma de participación ciudadana basada en las nuevas tecnologías, para facilitar la interacción con el ciudadano.

   Por parte de la oposición, Compromís ha entregado un decálogo de propuestas en materia de transparencia, pluralidad, urbanismo sostenible, defensa de los servicios públicos, valenciano, infraestructuras, fiscalidad o la CAM.

   Por su parte, EUPV ha trasladado al Consell y documento con 13 puntos para "salir de la crisis", que incluye un cambio del modelo productivo, una fiscalidad progresiva y acuerdos en materia de financiación autonómica, un sector bancario público, sanidad, educación, transparencia, RTVV, o igualdad. El PSPV mantiene el documento que le entregó a Fabra en su reunión de principios de mes.

   La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha justificado su marcha de una reunión que ha tildado de "pantomima" porque el Consell pretende que el resto se sume a las propuestas del PP, pero que los asuntos que ellos han planteado "no estén encima de la mesa" de negociación. De esta manera, ha afirmado que "si hubiera una oferta creíble de diálogo, todos los temas podrían estar encima de la mesa".

   Oltra ha explicado que han solicitado los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel y que la respuesta ha sido pedirles que sean "prácticos" y aparten la corrupción del debate político.

   El diputado de EUPV Lluis Torró considera que este encuentro ha sido un "cambio de cromos", mientras que Ignacio Blanco ha instado al Consell a estudiar las propuestas de la oposición para poder entablar una negociación. Asimismo, ha advertido que "no van a conseguir" que acepten asuntos como el PHN o la "privatización de la sanidad", como ejemplo de políticas en las que no encontrarán puntos en común.

   Por su parte, el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, ha valorado la oferta de Fabra a los grupos parlamentarios "para abordar cuestiones centrales para el presente y el futuro de nuestra Comunitat" y ha subrayado la importancia "de abrir una vía de diálogo con ánimo de consenso alrededor de temas fundamentales".

Bonig se compromete a resolver la adjudicación de la línea 2 del tranvía

ALICANTE.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, se ha comprometido a que "en muy breve plazo" esté resuelta la adjudicación de la línea 2 del tranvía, que unirá Alicante y San Vicente del Raspeig.

   Durante su visita este lunes a San Vicente, donde ha inaugurado el paso inferior que conecta el campus con la zona de ampliación y se ha reunido con la alcaldesa del municipio, Luisa Pastor, Isabel Bonnig ha concretado que la Conselleria está estudiando la adjudicación de este pliego, al que sólo opta Vectalia en una UTE con el fabricante de tranvías.

   "Es un pliego complicado y difícil que surge en un determinado contexto con unas determinadas características, que han cambiado muchísimo en estos momentos", ha indicado. Así, ha recordado que "no es porque la empresa no cumpla, sino, simplemente porque las circunstancias de financiación y las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat han cambiado".

   Al respecto, ha confirmado su intención de "resolver este pliego en este concurso, y después, en base a esa solución", la Conselleria de Transportes verá "qué siguiente paso adoptarán".

"De verdad, me comprometo que en muy breve plazo eso esté resuelto", ha remarcado.

   En este sentido, ha detallado que "éste es un pliego que hay que estudiar porque se ha solicitado una documentación a la empresa que se ha aportado, y que ha habido que estudiar, pero sí nos gustaría replantearnos, de cara al futuro, y un pliego que fuera más acorde a las realidades actuales".

   El acto de inauguración del paso inferior ha contado conn la presencia de numerosas autoridades entre las que se encontraba la presidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor y de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Marta García Romeu, además de una amplia representación del consejo de dirección de la UA y del empresariado.

   El campus de la Universidad de Alicante se encuentra ya oficialmente conectado con la zona de ampliación situada al otro lado de A-77, gracias al paso inferior que ha sido inaugurado este lunes por el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda.

El Banco de España amplía el plazo para presentar ofertas por la CAM

MADRID.- El Banco de España ha ampliado hasta el próximo miércoles 28 de septiembre el plazo para presentar ofertas de compra no vinculantes por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el instituto emisor el pasado mes de julio, según informaron hoy fuentes financieras. Santander, Caixabank y Sabadell ya han decidido presentar una oferta.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha accedido a prorrogar el plazo después de que así lo solicitaran  entidades interesadas en la caja alicantina con el fin de completar la información de su oferta y los trámites administrativos correspondientes.

   El Banco de España recibirá ofertas en las que algunos posibles compradores proponen una fórmula para aislar los activos más problemáticos de la entidad en un especie de 'banco malo' para que lo asuma el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Cuando reciba las ofertas no vinculantes, el Banco de España decidirá cómo plantea las condiciones de la segunda fase y realizará una selección de las entidades para hacerles llegar una auditoría detallada de la CAM (due diligence) con información precisa sobre la caja.

   El Banco de España, que aspira a cerrar la venta de la CAM antes de las próximas elecciones del 20 de noviembre, evaluará la capacidad financiera y de gestión de los ofertantes para adjudicar la entidad intervenida y priorizará a aquellos que soliciten la menor cantidad de recursos públicos para digerir la CAM.

   En el cuaderno de venta repartido por el Banco de España a las entidades a través de Bank of America Merrill Lynch figura un Esquema de Protección de Activos (EPA) que el organismo ofrecerá al comprador de la CAM a través del FROB para compensar las posibles pérdidas que afloren.  

   Asimismo, contempla una linea de crédito de liquidez que podría articularse a un plazo de tres años, ampliable a cinco, a un coste de Euríbor más el precio de seguro de impago (CDS) de la entidad compradora. De esta forma, contribuiría a afrontar los vencimientos de pago de la entidad alicantina, de alrededor de 5.400 millones de euros sólo en el ejercicio 2012.

   Según la información disponible en la CNMV, un total de 6.437 millones de euros de los 12.677 millones de euros de exposición de la CAM al sector inmobiliario a cierre del primer semestre del año son declarados como dudosos. Además, un total de 1.334 millones de euros de la cartera de exposición al 'ladrillo' de la entidad intervenida por el Banco de España son considerados créditos subestándar (con debilidades de pago).

   Los activos dudosos totales de CAM a 30 de junio ascienden a un total de 9.907 millontes de euros, una tasa de morosidad del 19%, para los cuales dispone de la cobertura de deterioro por 3.903 millones, una cobertura media del 39,4%.

Portugal anuncia un plan para reducir sus administraciones municipales

LISBOA.- El Gobierno de Portugal anunció hoy un plan para reorganizar la administración local que incluye la disminución en cerca de un 30 por ciento de los concejales electos y una abrupta contracción de las circunscripciones parroquiales.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo conservador luso quiere cumplir con lo pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestaron a Portugal 78.000 millones para los próximos tres años a cambio de sustanciales reformas económicas y administrativas que sirvan para reducir el déficit del país.

El documento, presentado por el primer ministro, Pedro Passos Coelho, establece profundos cambios en el sector empresarial local, la organización del territorio y la gestión municipal, entre otros puntos.

Respecto a los concejales, la propuesta del Gobierno es que los 308 municipios portugueses elijan 618 concejales menos -de los 1.770 a los 1.152-, mientras que los que están con dedicación completa pasarían de 836 hasta los 576 (260 menos).

En las circunscripciones parroquiales -pequeñas unidades de poder integradas en un municipio conocidas como "freguesia"-, la meta es agruparlas en un mínimo de 20.000 habitantes en las grandes concentraciones urbanas (más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado).

Portugal tiene 4.259 "freguesias", 643 con más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado.

Asimismo, el Ejecutivo prevé su reorganización en las áreas de entre 100 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado y en las de menos de 100.

En el primer caso, una "freguesia" tendrá un mínimo de 15.000 habitantes, mientras que en el segundo serán de un mínimo de 500 en zonas rurales y 1.000 para las urbanas.

En el sector empresarial, el gobierno quiere restringir las entidades a apenas las que tengan una comprobada utilidad pública, sustentabilidad financiera y actuación según las reglas del mercado.

"Ningún representante político puede saltarse las recomendaciones de buena gestión, sea en el Estado central, o en los ayuntamientos", alertó Passos Coelho durante la presentación del plan.

Portugal, que tiene un déficit del 9,1 % del PIB en 2010, ha puesto en marcha varios programas para reducirlo hasta el 3 % en tres años, entre ellos la racionalización de la sanidad y la educación pública, la privatización de empresas públicas, así como la congelación de las pensiones y una reducción de funcionarios.

 Un 9,1% de la población activa trabaja en la Administración central

El 9,1 por ciento de la población activa de Portugal trabaja en la Administración central, en la que en el primer semestre de este año el Gobierno ha reducido un 3,1 % los puestos de trabajo con respecto al mismo periodo de 2010, como medida para reducir el déficit.

Según los datos del Boletín del Observatorio del Empleo Público divulgados hoy, la administración central lusa daba trabajo hasta junio de este año a 507.930 personas de los 5,5 millones de portugueses en edad de trabajar.

En el primer semestre de este año, el empleo público registró una caída de 16.054 puestos de trabajo respecto al periodo homólogo de 2010 y de 4.494 puestos frente al semestre precedente de 2010.

A cambio de los 78.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Portugal debe de poner en práctica drásticas reformas económicas para sanear sus cuentas, entre las que se incluye una reducción anual del 2 % de los funcionarios hasta 2014, a los que ya bajaron el sueldo un 5 % de media.

La UE aborda cómo el comercio puede mejorar la democracia en el sur del Mediterráneo

BRUSELAS.- Los ministros europeos de Comercio analizaron hoy cómo potenciar las relaciones comerciales con los países de la ribera sur del Mediterráneo de manera que desarrollen más su democracia y su economía, a la luz de las reivindicaciones en favor de la libertad de la "primavera árabe".

"Podemos intentar acelerar las negociaciones comerciales a fin de reforzar la capacidad institucional", destacó en una rueda de prensa el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, al término del Consejo que los titulares del ramo celebraron hoy en Bruselas.

Los ministros intercambiaron sus puntos de vista a la espera de que la Comisión Europea presente, previsiblemente a finales de octubre, una propuesta de mandato para la negociación de zonas de libre comercio "más completas" con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

Para ello, la Comisión propone un enfoque "lo suficientemente flexible" para llevar a cabo las negociaciones con los diferentes países cuando se den las condiciones económicas y políticas.

De Gucht confirmó que pondrá sobre la mesa una "plataforma común" de negociación con esos cuatro países juntos, aunque a continuación las negociaciones no sean "idénticas".

En mayo pasado, el Consejo de la UE pidió a la Comisión explorar medios suplementarios para desarrollar más los intercambios y las inversiones en la región, y en junio le instó a proponer recomendaciones para lograr un libre comercio "en profundidad".

Desde 2004, en el marco de su política de vecindad, la UE viene negociando acuerdos de asociación con los países de la ribera sur mediterránea, con la excepción de Libia.

"Con Libia necesitaremos un poco más de tiempo", dijo el comisario, y aludió a que será preciso empezar a negociar con ese país sobre una nueva base.

Los acuerdos que empezó a negociar entonces la UE incluían un nivel elevado de liberalización de los intercambios de productos industriales (apertura total del mercado europeo y supresión progresiva de las barreras por parte de los países socios), y una liberalización ambiciosa pero menos general del comercio de productos agrícolas (con cuotas para los productos sensibles).

En el nuevo marco común de negociación con Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania, la Comisión quiere centrarse, sobre la base de los mandatos existentes, en la aceleración de las negociaciones sobre el acceso de los productos agrícolas, los servicios y las inversiones.

También en la homologación y aceptación de los productos industriales, la firma de una convención regional sobre las reglas de origen preferenciales euro-mediterráneas y la puesta en marcha de una herramienta de información sobre las condiciones para el comercio y las inversiones en el sur del Mediterráneo.

El Banco de España teme no obtener los recursos necesarios en próximas subastas para ampliar el FROB / Mª Jesús Pérez

El dinero se acaba. Y los intermediarios financieros no están dispuestos a seguir presentándose a todo lo que se tercie para seguir cubriendo las emisiones de deuda que insuflan liquidez al sistema. El entorno económico, plagado de incertidumbres que crecen semana tras semana, tampoco ayuda. El asunto es que si no hay recursos, la reordenación financiera española, que sigue su curso, no podrá cerrarse con éxito. Y en el seno del Banco de España lo saben. 

De momento, los números están sobre la mesa. Y el FROB —Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria— dispone de un colchón que, de momento, no cubriría todo lo que necesita para completar el proceso. De hecho, necesita... ¡más madera! 

Y las cifras son las que son. A día de hoy, el organismo dependiente del Banco de España dispone de una hucha de cerca de 7.000 millones de euros, para unas necesidades previstas en el futuro inmediato de 5.528 millones (ver gráfico adjunto). Un «gap» que podría estrecharse de conocer a ciencia cierta las necesidades definitivas de cada entidad. Pero eso requiere tiempo y, seguro, más capital.

Ahora bien, para llegar a esa cifra en concreto —6.884 millones exactamente— hay que retrotraerse a los primeros inicios del FROB. Así, el fondo —con una capacidad de endeudamiento de 27.000 millones, y puede aumentarlo hasta los 90.000 con la aprobación del Ministerio de Economía— nacía en junio del pasado año con un capital inicial de 9.000 millones, de los que 6.750 millones fueron con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y otros 2.250 millones procedían del Fondo de Garantía de Depósitos. 

Además, el FROB realizaba una emisión de deuda por importe de 3.000 millones en noviembre de 2009. En total, contaba con 19.750 millones de euros, insuficientes —según algunos expertos financieros— para atender a las futuras necesidades de las entidades.

Desde entonces, el FROB ha gastado 12.866 millones de euros, lo que implica que aún quedan 6.884 millones para seguir con la recapitalización de las cajas con las que el regulador ha comprometido ayudas: Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, Liberbank, Unimm y Banco Mare Nostrum, serán las próximas en percibir sus inyecciones apalabradas. 

Dudas por la CAM

En principio, las cuentas cuadran, pero la situación actual de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), hasta que se produzca su resolución, llena de dudas tanto a los mercados como al regulador. «En el Banco de España esperan que mañana se presenten varias ofertas por la CAM, si bien en esta fase se trata de ofertas no vinculantes por lo que los grandes bancos que han sido presionados por el supervisor responderán a la llamada inicial. Otra cosa es que esas ofertas pasen a la segunda fase vinculante si no existe un esquema de protección de activos (EPA) que garantice la cobertura con ayudas del FROB de todos los activos dudosos», asegura un analista financiero.

Fuentes consultadas consideran que si se produce este tipo de solución en el seno de algunas cajas de ahorros habrá cierto resquemor «por lo que en el mercado financiero español se considera una asimetría en el tratamiento de la reestructuración bancaria. Los procesos de consolidación llevados a cabo a partir de los SIP no se han visto insuflados por ayudas de tamaña naturaleza». Hablamos de los célebres 16.000 millones de euros que adelantaba ABC en sus páginas esta semana— como activos de dudoso cobro que, para el caso y para los potenciales ofertantes, se consideran como activos fallidos.

Mientras, el esquema de protección de activos que tiene previsto el Banco de España cubrirá el 80% de las pérdidas hasta 2.500 millones y el 90% del resto, lo que podría convertirse, según algunos expertos, en una pérdida de unos 500 millones que nadie estaría dispuesto a asumir. Esto podría obligar al gobernador Fernández Ordóñez a ampliar esa garantía hasta el 100% de las pérdidas.

Lo mismo sucede con la liquidez, que se ha convertido en la clave de la subasta: el cuaderno de venta contempla una línea de financiación del Banco de España de 2.500 millones, pero dado que la CAM tiene que afrontar unos vencimientos de deuda que nadie va a refinanciar a largo plazo de 1.413 millones en lo que queda de 2011 y de 5.925 en 2012, esa liquidez tendrá que ser mucho mayor.

Más liquidez

A todo ello se une la nueva oleada de crisis financiera que asola los mercados. De hecho, esta semana unas declaraciones del comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, hicieron saltar la alarmas. Barnier insinuaba en una entrevista que algunos bancos europeos podrían necesitar ayudas del Estado, aunque comentaba que sería mejor que se recapitalizaran «con medios privados».

Se trataría, según se precisaba más tarde en el «Financial Times», que cita fuentes francesas, de 16 entidades, siete de ellas españolas, las que pasaron con un simple aprobado las pruebas de resistencia del pasado julio, ya que sus ratios de capital superaban por poco el mínimo exigido del 5% en el peor de los tres escenarios que contemplaban las pruebas para 2012.

Las citadas pruebas, organizadas en julio por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) examinaron a 91 entidades, de las que sólo ocho las suspendieron, cinco de ellas españolas, que no llegaron al 5% mínimo, porque no se les permitió contabilizar como capital las provisiones ni los bonos convertibles.

La patronal bancaria AEB reaccionó con rapidez y afirmó que las noticias que afirman que las entidades españolas Banco Popular, Bankinter, Bankia, Banca Cívica, NovacaixaGalicia, Banco Sabadell y Caixa Ontinyent necesitan más capital son «imprudentes», «injustas» y «sin fundamento».

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que las entidades españolas no necesitan capital adicional al inicialmente previsto, y consideraba que afirmar lo contrario genera incertidumbre y desconfianza. 

Ahora solo falta que la realidad sea esa y que si el FROB necesita más capital para ayudas pueda lograrlo a través de nuevas emisiones de deuda. La última, en principio, no fue precisamente un éxito. El pasado 6 de julio, el FROB solo logró colocar 1.750 millones de euros en bonos a cinco años, por debajo del objetivo de la subasta, fijado entre 2.000 y 3.000 milllones. Y lo hizo ofreciendo una rentabildiad del 5,5%, un interés once veces superior al de su primera emisión, en noviembre de 2009. 

Está por ver si lo logra mejorar. Ahora, la situación de los mercados no es la más adecuada para ello. Más bien todo lo contrario. La indecisión sobre el futuro de Grecia, que sigue pleneando de fondo, sacude una y otra vez a Italia y España y, según fuentes del sector, podría pasar factura a la capacidad de financiación del FROB.

http://www.abc.es/20110926/economia/abci-frob-madera-201109260928.html

Jueces para la Democracia aboga por la dación en pago y una ley que regule el sobreendeudamiento

VALENCIA.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha abogado este domingo por la regulación de la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda a las entidades bancarias salde la deuda hipotecaria, y ha resaltado la conveniencia de la aprobación de una ley que regule el sobreendeudamiento de familias y pequeños empresarios.

   En un comunicado hecho público el mismo día en que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros movimientos sociales han convocado manifestaciones en 41 ciudades españolas, entre ellas Valencia, para exigir la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y la puesta en marcha del alquiler social.

   JpD ha expresado su "preocupación" ante los crecientes desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a "deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables" y sin que desde las administraciones se hayan adoptado "medidas suficientes de protección".

   Por ello, ha resaltado la conveniencia de promulgar una ley que regule el sobreendeudamiento de particulares y pequeños empresarios, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos.

   Asimismo, sostiene la asociación que sería oportuno que los jueces pudieran moderar de forma equitativa las consecuencias jurídicas de los procedimientos hipotecarios, de manera similar a lo establecido en la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos.

   A su juicio, la crisis ha puesto en evidencia la existencia de una legislación en materia hipotecaria que "limita las posibilidades de defensa de los ciudadanos y representa una situación de ventaja procesal para las entidades bancarias".

   De hecho, recuerda que la jurisprudencia ha decretado en gran número de casos la existencia de cláusulas abusivas en los contratos bancarios, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha una regulación más detallada de la materia "para evitar que la parte más fuerte en la contratación pueda prevalerse de su situación de superioridad".

   Para JpD, la responsabilidad universal establecida en la actual legislación provoca que los ciudadanos pierdan su hogar y que, además, las entidades bancarias todavía puedan reclamarles cantidades económicas importantes de elevada cuantía ante la deuda pendiente de amortización, lo cual resulta, a su juicio, "manifiestamente injusto".

   "Todo ello representa una situación de sobreprotección de los intereses de las entidades bancarias, que debiera modificarse a través de reformas procesales y sustantivas con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos", ha argumentado.

   Según la asociación, aunque la estabilidad del sistema financiero "resulta importante en una situación como la presente, pueden limitarse los beneficios del sector bancario, sin que ello afecte a su estabilidad, para fortalecer intereses generales dignos de protección".

   Entre ellos, cita el derecho fundamental a la vivienda o la existencia de equilibrio procesal para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias no se encuentren en situación de desventaja.

El Banco de España desconfiaba de Modesto Crespo y los directivos de la CAM antes de perder 5.000 millones

PALMA.-  ­Aunque los trámites pendientes se alargarán durante los próximos meses, será esta próxima semana cuando el Banco de España dé por concluido formalmente el proceso de recapitalización del sector financiero nacional, que ha supuesto la mayor reestructuración de la historia de las cajas de ahorros. Todas las entidades tienen ya más o menos claro su futuro -aunque éste sea ser subastada, como en el caso de la CAM– por lo que también resulta evidente quién ha salido reforzado en la partida y quién se ha quedado por el camino o lo ha perdido casi todo, según 'Diario de Mallorca'.

Probablemente, tanto los exsocios de la CAM, como el grupo liderado por Cajamurcia esperaban acabar el proceso de reestructuración con más tamaño. Sobre todo el asturiano Manuel Menéndez, uno de los ejecutivos en los que más confiaba el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La ruptura con la CAM frustró sus planes y ahora el nuevo grupo que han formado Cajastur, Cantabria y Extremadura ha solicitado una prórroga para conseguir los fondos que necesita para cumplir con la legislación sin recurrir al FROB. 

Exactamente en la misma situación se encuentra BNM, que también necesita capital adicional y tampoco quiere ni oír hablar de una inyección de dinero público. Las cantidades son reducidas, por lo que se prevé que lo consigan. 

Banca Cívica y Caja3 también salen reforzadas. La primera logró recapitalizarse al salir a Bolsa y la segunda, formada por tres entidades minúsculas, no ha necesitado reforzar sus recursos. Los perdedores CAM, pendiente de subasta La CAM se ha convertido en el ejemplo a evitar. Fue una de las que más apostó por el sector inmobiliario en los años de bonanza y, con la crisis, el ladrillo se convirtió en su lastre.

Huyendo de Caja Madrid, lo intentó con Caja Murcia, pero la torpeza de la Generalitat impidió el acuerdo. Tampoco fructificó con la BBK y al final acabó en brazos de Cajastur. La ambición del responsable de esta última, Manuel Menéndez, una inspección del Banco de España que obligó a reclasificar miles de créditos y deterioró sus cuentas, y la negativa de la cúpula de CAM a ceder poder acabaron con el proyecto de Banco Base. 

Los directivos de la alicantina se lanzaron a buscar un nuevo socio y descuidaron la gestión de la entidad, que perdió casi 5.000 millones de depósitos. Nadie quiso arriesgarse a una nueva fusión con la CAM y el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, tampoco confiaba ni en los directivos de la caja ni en su presidente, Modesto Crespo. El supervisor forzó una nacionalización de urgencia y nombró unos nuevos administradores, que han aflorado unas pérdidas de 1.136 millones y una morosidad del 19,5%. Ahora ha tenido que ofrecer todo tipo de facilidades para conseguir el interés de los posibles compradores.

Privatizar la CAM lleva de cabeza al Banco de España

MADRID.- La recta final del proceso de recapitalización de las cajas de ahorro españolas se complica con la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que va a requerir una ingente cantidad de dinero público para convencer a los posibles compradores, y también con el debate sobre la necesidad de reforzar otra vez la banca ante la crisis de deuda y la amenaza de recesión. En este contexto tan hostil, todo apunta a que habrá una segunda oleada de fusiones cuando todavía ni siquiera ha culminado la primera. Y tampoco se puede descartar que en esta nueva etapa haya más intervenciones. 

Todas las cifras empalidecen frente a lo que puede suponer reflotar la CAM, intervenida por el Banco de España el 22 de julio. La entidad alicantina es «un bicho muy grande y muy feo», que va a costar digerir, según advierte con sorna un ejecutivo de un conocido banco. El informe financiero del primer semestre, publicado esta semana, da una idea del agujero que esconde su balance debido a su exposición al 'ladrillo' y una pésima gestión marcada por la política, los dos grandes males del sector.

Hay que tener en cuenta que la CAM era una de las mayores entidades del país antes de que se iniciara la reestructuración, con más de 70.000 millones de euros en activos. Pues bien, según los datos conocidos estos días, sus préstamos a promotores se elevan a 12.677 millones de euros y de ellos más del 50% está en situación de impago. Este riesgo se dispara al 61% si se incluyen los créditos con alta probabilidad de entrar en mora. Y si se suma también el capítulo de las constructoras y las hipotecas a particulares de dudoso cobro, el agujero ligado al 'ladrillo' asciende a 8.800 millones. Todo eso a día de hoy, pues no hay duda de que en el futuro será mucho mayor.

No es lo único inquietante. La CAM debe, además, afrontar un calendario muy exigente de vencimientos de deuda. Unos 1.413 millones pendientes este año y casi 6.000 millones el siguiente. A todo ello hay que añadir una continua fuga de depósitos por la huida de clientes.

Nada más ser intervenida a finales de julio, el Banco de España tuvo que inyectar en la CAM 2.800 millones de euros de capital y abrirle una línea de liquidez de 3.000 millones de euros, de la que ya ha consumido 500.

Pese a estos números de vértigo, el regulador está decidido a resolver la subasta antes de las elecciones del 20 de noviembre. De hecho, querría adjudicarla a finales de octubre. Consciente de las dificultades que entraña encontrar comprador en las actuales circunstancias, está dispuesto a dar todo tipo de facilidades. Incluso ofrece que el FROB asuma todas las pérdidas que afloren en los próximos 10 años en los activos de riesgo. Hasta ahora, tanto en CajaSur como en Caja Castilla-La Mancha, el denominado Esquema de Protección de Activos (EPA) se limitaba a cubrir una cuantía fija. Con este cambio se extendería un cheque casi en blanco. En concreto, las primeras pérdidas se atenderían con las provisiones de la entidad. En un segundo tramo, hasta los 2.500 millones, el Fondo cargaría con el 80% y, a partir de ahí, con el 90%.

Pero puede que ni por esas. «No es solo el riesgo inmobiliario. Es que ahora, con los mercados de financiación cerrados y sin poder colocar ni un bono, a ver quién puede asumir los vencimientos pendientes», apunta una fuente del sector. Por eso se cree que las entidades medianas no tienen capacidad para acudir a la puja y está por ver si las grandes aceptan entrar y en qué condiciones. Santander, BBVA y La Caixa figurarán en la lista de los interesados que se debe cerrar este lunes, pero eso no les compromete a nada. Tan solo a estudiar la operación, y está claro que el Banco de España les ha instado a estar presentes en esta primera fase.

El asunto de la CAM suscita grandes incertidumbres. Para empezar, y dada la dimensión del problema, cabe preguntarse si el FROB tiene capacidad suficiente para afrontarlo. Dispone de unos recursos de 19.750 millones, pero ya tiene comprometidos más de 17.500, incluida la segunda ronda de recapitalizaciones. Es cierto que puede endeudarse más, aunque eso no es fácil para nadie ahora. «Tendemos a pensar que el Fondo es el primo de Zumosol que puede con todo, y no es así», advierte el consejero de una caja.

Otra cuestión es si van a surgir 'otras' CAM. Basta recordar que al cierre de esta etapa van a quedar tres grupos -NovacaixaGalicia, Catalunya Caixa y Unnim- en manos del FROB y con un horizonte complicado.

La Comunitat Valenciana alberga al 10,5% de la población reclusa del Estado

MADRID.- Los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana albergaban al cierre del ejercicio 2010 a un total de 7.768 presos, lo que supone el 10,5% de la población reclusa de todo el Estado, según cifras del Ministerio del Interior.

   En el conjunto del Estado, al cierre de 2010 había un total de 73.929 reclusos, 2.150 internos menos respecto del año anterior, lo que supone un descenso del 2,8%.  

   Por comunidades, Andalucía concentra la mayor cifra de reclusos (17.215), seguida de Cataluña (10.526); Madrid (10.341); Comunitat Valenciana (7.768); y Castilla y León (6.877).

   A continuación se sitúan Galicia (4.410); Canarias (3.029); Aragón (2.587); Castilla-La Mancha (2.185); Baleares (1.865); Principado de Asturias (1.537); País Vasco (1.436); y Extremadura (1.427).

   Por debajo del millar, están los centros penitenciarios de la Región de Murcia (886); Cantabria (682); La Rioja (366); Ceuta (279); Melilla (278); y Navarra (235).