El próximo domingo se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo y el entusiasmo que parecen generar es más bien escaso. Muchos ciudadanos se preguntan para qué sirven estas elecciones y para qué sirven los parlamentarios europeos. Por otra parte, leo en un cartel electoral que el 70% de las leyes se deciden en Europa, lo que parece querer indicar que realmente Europa manda mucho en nuestras vidas, y por lo tanto que estos parlamentarios juegan un papel relevante en nuestro futuro. Por ello nos podemos preguntar: ¿es positivo que muchos asuntos se decidan en Bruselas por parlamentarios de toda Europa y no en el país de origen? Por lo menos en un caso, la gestión del agua, puedo asegurar que la respuesta es afirmativa. Si no fuera por la legislación europea todavía estaríamos gestionados (en asuntos hidrológicos) como hace un siglo.
La gestión del agua en España ha dado un buen salto en los últimos años gracias a una ley europea: la Directiva Marco del Agua (DMA). El hecho de que se haya aprobado esta directiva ha obligado al Reino de España y sus autonomías a variar sus planes de gestión del agua y redactar unos nuevos con la sostenibilidad ambiental y económica como guía. Pero la complejidad administrativa del Estado de las autonomía y los intereses de los diferentes grupos de presión hacen que la puesta en marcha de la DMA sea mucho mas lenta y difícil de lo que debería.
La gestión del agua en España ha dado un buen salto en los últimos años gracias a una ley europea: la Directiva Marco del Agua (DMA). El hecho de que se haya aprobado esta directiva ha obligado al Reino de España y sus autonomías a variar sus planes de gestión del agua y redactar unos nuevos con la sostenibilidad ambiental y económica como guía. Pero la complejidad administrativa del Estado de las autonomía y los intereses de los diferentes grupos de presión hacen que la puesta en marcha de la DMA sea mucho mas lenta y difícil de lo que debería.
Gracias a la DMA sabemos cómo están nuestros ríos, lagos y costas desde la perspectiva de los ecosistemas (lo que se llama el estado ecológico), aspecto que desgraciadamente desconocíamos hasta hace muy poco porque la Administración no estaba obligada a estudiarlo. Aproximadamente el 50% de nuestras masas de agua están por debajo del buen estado. Por ello la DMA está forzando a las administraciones hidráulicas españolas a elaborar un plan de medidas que sirva para mejorar el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, y este plan debe estar listo antes de finales del 2009. A pesar de que la DMA declara que el proceso debe hacerse con transparencia y participación pública, excepto en contadas excepciones esto no ha sido así y la redacción de los planes de cuenca en España se está haciendo con muchos interrogantes y poca coordinación entre administraciones. Esto es así en gran parte como fruto del lío administrativo que supone que sea la Administración central la que da cuenta a Bruselas de sus acciones en materia de gestión de aguas (por ejemplo, depuración) cuando muchas materias son competencia de las comunidades autónomas. Por otra parte, las antiguas confederaciones hidrográficas se han ido desmantelando en favor de algunas comunidades, pero sin que la alternativa (Agencias del Agua) todavía funcione muy bien (con honrosas excepciones). En el Júcar, por ejemplo, la planificación hidrológica está paralizada por el lío competencial entre la Administración central y la autonómica. El resultado es que la DMA no se pone en marcha con la rapidez necesaria, lo que provocará una nueva multa a España por ser tan poco diligente en su andar europeo.
En resumen, mientras Europa nos intenta meter en el siglo XXI, España y algunas de sus autonomías siguen ancladas en los albores del siglo pasado. Así, el responsable de una Administración del agua ha dicho en público que no piensa cumplir la DMA. De hacerlo, debería establecer unos caudales ecológicos en sus ríos que le obligarían a disminuir las hectáreas de regadío actuales de su cuenca, lo que quizá nos llevaría al siglo XXI, pero a él seguramente le costaría la cabeza. Tampoco ayuda que el ministerio que se encarga del agua sea el mismo que el de la agricultura, para el que los temas ambientales relacionados con el agua no son ninguna prioridad y se hallan subordinados a una política agraria cuyo objetivo no es precisamente la sostenibilidad ambiental. Así que dado el panorama interno de resistencia al cambio, habrá que seguir confiando en Europa para que siga dando ejemplo con leyes y multas que obliguen a España a meterse, aunque no quiera, en el siglo XXI por lo que respecta a temas hidrológicos.
Los candidatos españoles al Parlamento Europeo, sin embargo, parecen más preocupados por los asuntos internos que por los asuntos europeos. Sus declaraciones y debates más bien invitan a no ir a votar. A mí me gustaría que las listas europeas fueran abiertas y poder votar candidatos de toda Europa. Posiblemente me sentiría más tentado a votar a los conservadores suecos que a los progresistas españoles, ya que, por lo menos en términos de gestión del agua, la posición de aquellos está más cerca de lo que demanda el siglo XXI (sostenibilidad ambiental y racionalidad económica). Algunos parlamentarios españoles (los que conocen que existe la DMA) ningunean esta directiva en público (por ejemplo, se atreven a decir que prefieren los peces a las personas) y siguen reclamando (directa o indirectamente) trasvases, que siguen siendo la mayor barbarie hídrica y económica que se podría perpetrar jamás en Europa.
Para mí sería ideal que Europa tuviera cada vez más papel en la gestión del agua en España para evitar que lo que allí se legisla aquí se desvirtúe. Así que el domingo iré a votar a algún parlamentario que se crea lo de Europa (alguno hay), porque de otro modo, con las políticas autonómicas, locales y estatales, poco avanzaremos hacia una gestión sostenible del agua.
(*) Catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona
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