"No es un delito cualquiera", subrayó el ministro, quien garantizó la "neutralidad" del tribunal popular que enjuiciará la causa y que es "ideal" para examinar las responsabilidades de cargos públicos.
En declaraciones a Onda Cero, Caamaño dijo defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre de culpabilidad pero precisó que en este momento el instructor de la trama valenciana del caso 'Gürtel' ha formulado que puede haber "una conducta irregular", lo cual, a su juicio, "en un cargo público" no es "un delito cualquiera".
"Este tipo de actuaciones cuando se trata de responsables públicos me parecen especialmente graves", destacó el titular de Justicia, quien apuntó que en este caso "el delito y la condición de político" van unidos ya que el cohecho sólo puede ser cometido por funcionarios o responsables público.
"A día de hoy hay un auto de imputación y un juez que, en mi opinión, es independiente y realiza profesionalmente su trabajo, que constata que a su juicio hay indicios razonables para esa imputación, lo cual me parece una mala noticia", indicó.
Cuestionado sobre la conveniencia de los dirigentes políticos de aceptar regalos, el ministro quiso establecer una diferencia entre "un detalle de amigo a amigo" y un efecto que proviene de "un amigo que tiene un entramado de empresas y que a cambio hay contrataciones".
"Estaríamos rayando la comisión de un delito", remachó para referirse al segundo caso, y resumir que serán los tribunales los encargados de esclarecer ante qué situación se encuentran los afectados.
En este punto, Caamaño defendió que el tribunal de jurado que llevará la causa en una vista previa es "ideal" cuando se trata de "controlar y examinar" la existencia o no de responsabilidades de cargos públicos.
"La neutralidad de los miembros está garantizada por el propio proceso de selección y nombramiento de los mismos", sentenció, para indicar que es "la mejor forma de juzgar en muchos países" a pesar de que en España todavía no cuente con una "gran extensión".
Para Caamaño es "un buen momento" para reflexionar acerca de una reforma en el modelo de jurisdicción penal y expuso que el "prácticamente todos" los Estados democráticos es el ministerio fiscal el encargado de llevar "la investigación", mientras que el juez es "un garante de los derechos de los imputados".
En este sentido, pidió al PP que aproveche el momento para "sumarse" a esa reforma.
Aunque entiende el "recelo" que puede suscitar que la instrucción dependa de la Fiscalía, argumentó que hay países como Estados Unidos donde "ni siquiera" ésta es "autónoma del poder político". Caamaño lamentó que en España haya que "padecer" situaciones en las que se ponga en duda la independencia del juez instructor.
En el caso de Saiz, dijo, "no hay ningún tipo de imputación" y "nunca sería cohecho, como mucho estaríamos en una hipótesis de malversación de fondos públicos".
"Sería algo totalmente distinto. Pero la gran diferencia es que aquí está ante los tribunales y en el otro caso no hay nada", concluyó.
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