MURCIA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este
viernes en Murcia que hay que unir eficacia y rapidez en procesos
judiciales referidos a posibles tramas de corrupción política, como son
los casos "Bárcenas" o "Gürtel" , que afectan a las instituciones
democráticas, para depurar responsabilidades.
"Es una exigencia absolutamente esencial", ha indicado el fiscal
general, pues no resulta creíble que "un proceso, por muy complejo que
sea, dure 14 años, y, además, en primera instancia", por ello pide "la
máxima celeridad en estos procesos para intentar cerrarlos cuanto
antes".
A su juicio, "es intolerable" y "todo lo que signifique reforma
legislativa, para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia
para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación
innecesaria, es tan importante como que se nos den los medios para poder
trabajar".
Preguntado por si la actual ley es demasiado
"blanda" con los corruptos, el fiscal ha señalado que la norma debe
"estar en el libro Guinness de los Récords" pues "no creo que haya
ningún otro ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas
y algunas de importantísimo calado", incluso, en su opinión, "habría
que adelgazar el Código Penal y algunos tipos penales", no es posible
"que todo sea delito".
Desde el punto de vista de Torres-Dulce, no hay crear más tipos ni
incrementar las penas, lo que hay que lograr "es que se celebren los
juicios con la mayor rapidez, que los culpables sean condenados y
cumplan las sentencias" y "si es posible, devuelvan el dinero".
Torres-Dulce, que ha asegurado que no ha recibido presiones y que
el día que eso ocurra se irá a su casa, "indiscutiblemente, ha insistido
en la necesidad de reforzar la plantilla de Anticorrupción,
"sobrecargada de asuntos muy complejos, en este momento", y así lo ha
pedido al Ministerio de Justicia.
Finalmente, ha insistido en que "la justicia debe ser lo más
accesible posible a todos los ciudadanos" y ha advertido que el uso
abusivo de la justicia "acaba perjudicando la calidad e igualdad para
todos en la Administración de Justicia".
Por último, ha apuntado que las tasas judiciales "son necesarias y
cumplen una función", están en casi todos los países, "pero no pueden
ser desproporcionadas".
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