ALICANTE.- La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, denunció ayer públicamente que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, mantiene «bloqueados y sin resolver» 1.140 expedientes de ciudadanos y familias alicantinas que han pedido la Renta Valenciana de Inclusión como ayuda para superar su situación económica, según recoge El Mundo.
La edil alicantina afirmó que el Ayuntamiento «ha hecho su trabajo», pero que existe un «parón» en la gestión de estas ayudas por parte de este departamento de la Generalitat,
una parálisis que -según la edil- «agrava el día a día de cientos de
familias que viven con numerosas carencias, lo que les aboca aún más
hacia la exclusión social».
Llopis explicó que desde que la
Generalitat Valenciana derivó a los ayuntamientos la gestión
administrativa de estos expedientes en abril de 2018, el consistorio ha tramitado 3.477 solicitudes, correspondientes a otros tantos ciudadanos o familias.
Cada uno de estos expedientes, tras las entrevistas a los
solicitantes y la elaboración de informes y propuestas, se envió a
Igualdad, para que la administración autonómica diera el visto bueno y
empezaran a pagar.
Sin embargo, según desveló la concejal almacena en las mesas de la Generalitat desde el mes de agosto 1.140 de estos expedientes cumplimentados desde el Ayuntamiento desde el mes de agosto.
Llopis
consideró que «este bloqueo y la consiguiente falta de respuestas a las
personas que demandan estas ayudas, está provocando que los afectados
se dirijan a los centros sociales alicantinos exigiendo sus derechos,
cuando el silencio administrativo es fruto de la descoordinación de la
Generalitat».
Impagos
Aseguró, además, que las oficinas de su concejalía reciben diariamente a ciudadanos a quienes, tras meses de espera, la
Generalitat ha aprobado las ayudas sin que «inexplicablemente» se les
haya realizado ingreso alguno, lo que agrava su día a día.
La edil aseguró desconocer cuántos de esos 3.477 expedientes resueltos están en realidad percibiendo la renta valenciana de inclusión
y emplazó al Consell del Botánico a tramitar con urgencia todas las
ayudas y a abonar a las personas que se les reconoce la prestación
porque «estamos hablando de situaciones económicas muy comprometidas y de familias que no tienen posibilidad de tener otros recursos económicos»
Por otra parte, la responsable de Acción Social y Familia de Alicante llamó también la atención sobre la «falta de diligencia» de la Generalitat a la hora de enviar la subvención,
cuantificada en más de dos millones de euros, para que el Ayuntamiento
contrate a los 67 técnicos, administrativos y ayudantes que finalizaron
sus contratos en diciembre y que integran parte del equipo que lleva
adelante buena parte del trabajo administrativo de la Renta Valenciana
de Inclusión.
La finalización del contrato que subvenciona la Generalitat supuso el despido de estos técnicos encargados de tramitar las ayudas el pasado 31 de diciembre
y «mientras que no se apruebe esta subvención los plazos para tramitar
los expedientes, dado que no contamos con el personal suficiente por la
dejación del Consell en su responsabilidad, se van prolongando y la
situación de las personas que necesitan estas ayudas se agrava».
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