DENIA.- El principal cerebro del caso Llíber, el constructor Miguel Muntaner, declaró ante la juez de Dénia que pagaba al ex alcalde del municipio, José Mas, del PP, 3.000 euros por cada licencia "que informaba favorablemente" y que acababa por concederse para la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico, publica hoy El País. Durante su gestión al frente del Ayuntamiento entre 1999 y 2003, Mas concedió permisos para edificar 300 de esas casas (por las que percibió 900.000 euros) en una trama por la que permanece en prisión desde diciembre en compañía del ex aparejador municipal, Amadeo Signes, quien también cobraba hasta 25.000 euros por los informes técnicos para estas construcciones. Muntaner está ahora en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Por el momento están imputadas 16 personas en el caso, entre ellas varios constructores más que de igual modo habrían realizado sobornos al alcalde y a su técnico municipal, según Muntaner. El constructor añadió en su declaración que en una ocasión pagó otros 10.000 euros al ex alcalde por el permiso concedido para un tendido eléctrico en una casa ubicada en suelo no urbanizable. Y que junto a otros promotores financió otro inmueble para el hijo de Mas, en este caso en terreno urbanizable.
La colaboración de Muntaner para la flamante vivienda habría ascendido a 20.000 euros que sirvieron para costear las ventanas y el suelo.
Según el sumario de la causa, Muntaner no sólo pagó al ex edil en metálico sino que también le regaló un vehículo. El constructor atestiguó ante la Guardia Civil que "de regreso de un viaje de la Consejería [José Mas] me dijo que siempre le habría gustado tener un Mercedes y un mes más tarde tenía uno diésel de color blanco". El automóvil habría sido adquirido en un concesionario alemán al precio de 8.000 euros y se le entregó al ex alcalde en Benidorm.
En la trama, según Muntaner, también habría desempeñado un papel fundamental el ex aparejador municipal, Amadeo Signes. El constructor señaló que, según le dijo al alcalde, "todo había que hacerlo con él, si no, ya no emitía ningún informe favorable". Muntaner relató que Signes fue elevando la cuantía de dádivas que exigía hasta los 25.000 euros.
El constructor explicó que si en los inicios de la trama, sobre el año 2000, el ex funcionario cobraba entre "200.000 y 300.000 pesetas" (entre 1.200 y 1.800 euros) a cada uno de los constructores implicados, después percibió 25.000 euros por los últimos informes técnicos favorables que realizó para las casas ilegales.
El constructor declaró que para sus promociones en Llíber abonó a Signes un total de 100.000 euros por 15 licencias. Los pagos se realizaban sin recibo y en efectivo y, según Muntaner, contaban también con el beneplácito de la secretaria municipal, imputada en el caso. En sus declaraciones, Muntaner admite haber actuado en connivencia con el notario imputado para falsificar escrituras, en una de las cuales se llegó a incluir el nombre de una fallecida para evitar el pago de un impuesto.
El ex alcalde y el ex aparejador han presentado dos recursos para poder salir de la cárcel en libertad provisional, arguyendo su elevada edad, que son personas conocidas en la comarca y que no hay riesgo de fuga, pero la juez de Dénia ha rechazado estas peticiones sobre las que ahora deberá decidir la Audiencia de Alicante, a la que han apelado los imputados.
La investigación también intenta localizar a un socio inglés de Muntaner que en la actualidad se encuentra en "averiguación de paradero" y cuya declaración en un juzgado de Valencia tras la denuncia de uno de los propietarios afectados destapó el caso.
Entonces, el socio británico ya admitió la existencia de 90 construcciones en Llíber de las cuales él habría participado en unas 30 mientras que el resto fueron ejecutadas por otros promotores implicados en la trama, entre ellos el propio Muntaner. La mayor parte de los estafados en el caso eran precisamente de nacionalidad británica.
Para los principales implicados en la trama, la instructora del caso ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa, cohecho, prevaricación y ordenación contra el territorio. También están implicados los otros cinco ediles que componían aquella corporación, entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus.
No obstante, fuentes del caso aseguraron que las principales responsabilidades se imputan al ex alcalde José Mas, toda vez que éste no delegó en ningún momento la competencia de las licencias urbanísticas en el pleno. Mas debe enfrentarse ya a una causa anterior por permitir construir 24 viviendas irregulares.
