VALENCIA.- El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que responde a una querella presentada por cuatro diputados socialistas contra Francisco Camps y otras 16 personas, defiende la conveniencia de que el TSJ de Madrid siga investigando la financiación del PP y apunta, no sólo a la captación irregular de recursos por parte de los populares valencianos, sino también a un posible delito electoral, a juicio de 'El País'.
La financiación irregular de un partido, en principio, no es delito, aunque pueda ser objeto de sanción por parte del Tribunal de Cuentas y genere delitos conexos como la prevaricación, el cohecho o la falsificación de documento. Sí que lo es cuando se produce en el marco de una campaña electoral.
Y en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se basa la querella de los socialistas se incide en la existencia de esa financiación en tres convocatorias electorales: las elecciones europeas de 2004 y las locales y autonómicas de 2007.
En las dos primeras convocatorias, el PP valenciano ha señalado que el administrador era el tesorero del PP nacional, el senador Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel; pero en las autonómicas de 2007 el TSJCV revela que la administradora fue Cristina Ibáñez Vidal, que fue candidata suplente del PP por Valencia en las elecciones generales de marzo de 2008.
"La querella y el referido informe ponen de manifiesto", asegura el auto del tribunal, "unas presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras (el informe menciona la existencia de donaciones finalistas) que de revelarse ciertas, sin perjuicio de lo ya indicado, podrían ser competencia del Tribunal de Cuentas".
Lo "ya indicado" en la resolución son las "prácticas de facturación dual" que, según indica el informe policial "se realizarían, además de otros años, como en el 2006, en diversos actos para diversas campañas electorales".
El mecanismo consiste en que las cinco empresas incluidas en la querella sufragaban "alguna parte de los costes originados por los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se abonaban a Orange Market", la empresa de Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa.
"Según las conclusiones policiales", dice el auto del TSJCV, "estas empresas, que abonan actos del partido político, obtendrían como contraprestación por ello la adjudicación de contratos en las Administraciones Públicas. Se hace referencia en el mencionado informe al múltiple volumen de contratación pública que tienen dichos empresarios". Respecto del año 2007, señala el auto, "se citan múltiples actos con emisión de facturas en B y con aparentes anomalías".
El tribunal, que dedica un amplio apartado de su resolución al delito de financiación irregular de partido político, recuerda que "el Tribunal Supremo tiene declarado que en el Derecho Penal español, la financiación irregular en sí misma considerada no es delito, sino que para que lo sea debe cometerse en las campañas electorales, y cumplirse los demás requisitos del tipo.
Ahora bien, ello no es óbice para que con motivo de esa irregularidad, que pudiera ser administrativa no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas, tales como delitos de falsedad, fiscales u otros".
Ayer mismo, tras conocerse el auto, por el que el TSJCV se declara provisionalmente no competente para investigar la denuncia y defiende que el juez de Madrid Antonio Pedreira culmine su investigación del caso, amparada por el secreto del sumario, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, dijo que "ha quedado acreditado que el PP se extralimitó en los gastos electorales e incurrió en delito electoral" y anunció que pedirá a la Sindicatura de Comptes que actúe y denuncie el caso a la fiscalía.
El portavoz socialista, Ángel Luna, firmante de la querella con otros tres diputados, se mostró satisfecho del auto y señaló que estudiará con tranquilidad las variantes procesales, que incluyen la posibilidad de esperar a que Pedreira levante el secreto del sumario o de plantear la querella ante el TSJ de Madrid, donde se investigan los hechos.
La oposición arremetió ayer contra el PP, tras conocerse el auto del TSJ que apunta a la existencia de "hechos de posible significación delictiva" en la actuación denunciada por los socialistas. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, de visita en L'Alfàs del Pi, declaró que "hay mucho que investigar".
Según Alarte, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV ha decidido que "había mucho que investigar, sobre todo al PP de la Comunidad Valenciana", si bien "por razones procesales" considera que lo conveniente es que "lo siga haciendo el TSJ de Madrid".
Alarte ha insinuado en diversas ocasiones, la última el pasado día 6 ante el Comité Nacional de su partido, que gracias a la querella el PP de Camps ha dejado de contar con una financiación irregular que le daba ventaja.
Ayer fue el secretario general del Bloc Nacionalista Valencià y portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, el que aludió al "uso excesivo de dinero en actos electorales" por parte del PP, pidió la intervención del Síndic de Comptes, que en su opinión no puede convertirse en un ninot indultat, y acusó a los populares de "jugar con las cartas marcadas". También la dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió al asunto.
"Se demuestra que, como hemos defendido siempre", dijo, "el tema de los trajes y de otros regalos sólo es la cortina de humo del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que esconde la financiación irregular del partido actualmente mayoritario en el País Valenciano. Es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad".
Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida y portavoz de su grupo parlamentario, Marga Sanz, criticó que el TSJ valenciano, pese a manifestar claramente la existencia de "indicios criminales", no se haya "atrevido a investigar". Según Sanz, eso sólo prolonga la "muerte política" del presidente Camps, al que exigió "una limpieza inmediata y profunda del PP y de la Generalitat".
El portavoz socialista, Ángel Luna, señaló que el TSJCV ha dejado "incontestablemente claro" que "hay una asociación delictiva, un entramado delictivo, una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas, y que el PP tiene una relación estrecha con esa trama".
Luna, que aseguró que los socialistas estudiarán con detalle cualquier actuación judicial que pudieran plantear después de que el tribunal valenciano haya decidido "no asumir" la competencia para investigar la querella que presentaron porque ya se está instruyendo el caso en Madrid, destacó que el auto "no exculpa a nadie", "ni siquiera hace una mínima referencia a la falta de indicios respecto de los aforados de la Comunidad Valenciana" y añadió que el PP no debería estar "nada tranquilo".
"Exactamente igual de tranquilos" como lo han estado "siempre" aseguró que están los dirigentes del PP el portavoz parlamentario popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien interpretó que el TSJCV "ha echado al cesto de los papeles" la querella de los socialistas. Blasco mostró también su satisfacción por el hecho de que "no hay ningún cargo aforado, ni aquí ni en Madrid, que esté siendo objeto de investigación por parte de estamentos judiciales".
El portavoz parlamentario de los populares añadió que, en su opinión, el tribunal "no ha tomado en consideración ninguno de los argumentos del PSPV".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado".
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Un perdón que también reclamó a los socialistas el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, pero por la persecución a la que han sometido al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
