martes, 26 de octubre de 2010

El alicantino Sánchez Dragó reconoce en su último libro haberse acostado con dos niñas de 13 años

MADRID.- En su último libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...(Planeta), el escritor alicantino Fernando Sánchez Dragó asegura haber mantenido relaciones sexuales con dos "lolitas" de 13 años en Tokio. En la página 164 de la obra, que recoge sus conversaciones con el dramaturgo Albert Boadella, Sánchez Dragó narra lo ocurrido, que sitúa en la capital japonesa en 1967, según cuenta 'El País' de este autor medio afincado en la playa de Muchavista, en Campello. 

Cuenta que salió del metro y se topó de frente "con unas lolitas de esas -ahora hay muchas- que visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda...". El escritor, que dirige y presenta en la cadena pública Telemadrid el programa de literatura Las noches blancas, da más detalles. "Las muy putas se pusieron a turnarse". Y afirma: "Las delincuentes eran ellas y no yo".
Tras trascender estos detalles, Sánchez Dragó, que se jacta en la obra de que el delito ya ha prescrito, ha querido rectificar y señala que lo que relata en el libro es "una anécdota trivial y sin mucha chicha convertida en literatura". "No hubo delito suponiendo que lo fuese, por la sencilla razón de que no pasó nada de particular", ha dicho a 'El País'.
"Era un grupo de chicas y chicos. Nos fuimos a tomar un café al lado de la estación de Ikebukuro. Hubo risas, chanzas y coqueteos. Luego cada mochuelo y cada mochuela se fue a su olivo. No creo, además, que tuvieran 13 años, sino algunos más. Era una forma de hablar. Los jóvenes japoneses tienen un aspecto muy aniñado", asevera.
El escritor ha asegurado que ha contado esa anécdota -"anécdota, insisto", dice- en "infinidad de entrevistas y algún libro". "¿Por qué se llama ahora al escándalo? ¿Habrá alguna razón oculta?", se pregunta.
Sin embargo, a pesar de sus últimas declaraciones tratando de salir del paso, en su libro no deja de dar detalles sexuales de las que llama "lolitas". "No hay nada como la piel tersa, los pechitos como capullos, el chochito rosáceo", dice. En la página 159, antes de contar el encuentro en Tokio, el dramaturgo Albert Boadella le cuenta que a él le gustan las mujeres cincuentonas. "Las mujeres, a partir de los 50, empiezan a tener un atractivo irresistible, adquieren una solidez erótica pausada pero intensa", apunta Boadella. Pero Dragó le contesta: "Ese es un punto de disidencia entre nosotros. A mí me gustan las de 15". Y más adelante sigue: "Llámame viejo, llámame como quieras pero es así. Y conste que, por desgracia, no hago nada. Pura boquilla. No están los tiempos como para meterse en ese tipo de fregados".
El comité de empresa de Telemadrid y CC OO, UGT y CGT han pedido a la dirección de la cadena pública madrileña la destitución inmediata del presentador de Las noches blancas. "Es absolutamente inadmisible que un tipo que presume de haber mantenido relaciones sexuales con niñas de 13 años aparezca en una empresa pública de comunicación", señalan en un comunicado.
"No es la primera vez que la verborragia desenfrenada de este individuo desprestigia al Ente Público Radio Televisión Madrid. Baste recordar su afición a hacer propaganda gratuita de bebidas alcohólicas y de medicamentos no autorizados por las autoridades sanitarias cuando presentaba el informativo de la noche en Telemadrid. Pero este último caso, en el que se jacta de haber cometido un delito tan repugnante como la pederastia, supera ya todos los límites", añaden.
La cadena pública Telemadrid, que emite el programa del que Sánchez Dragó es director y presentador, ha declinado hacer declaraciones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuya televisión pública trabaja Sánchez Dragó, tampoco ha querido valorar las afirmaciones del escritor: "Tendrá que contestar Telemadrid, puesto que está contratado allí. Y él tendrá que responder de sus declaraciones. En cualquier caso, no lo ha dicho en el ámbito de la cadena", ha asegurado una portavoz.
Dragó insiste en que lo que cuenta en el libro es una anécdota. Pero ¿es el título una novela o un ensayo? ¿Realidad o ficción? La editorial Planeta califica la obra de conversación entre Dragó y Boadella y la promociona con un texto de contraportada que anuncia "ideas rompedoras, iconoclastas, lo más políticamente incorrectas que imaginar se pueda". "Ideas y vivencias en las que se habla de sexo -nada arredra al locuaz Dragó cuando se suelta-, de drogas...". La editorial no ha querido salir al paso de la polémica suscitada por el libro. Una portavoz remitió para cualquier cuestión al propio escritor.

El papa Benedicto XVI afirma que toda persona tiene derecho a emigrar

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha afirmado que toda persona tiene derecho a emigrar a la búsqueda de un futuro mejor y ha denunciado que muchos emigrantes sufren acciones "dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas". 

El Pontífice ha hecho estas manifestaciones en su mensaje con motivo de la 97 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebrará el 16 de enero de 2011, que presentó hoy en el Vaticano el arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes.
El lema de esta jornada es "Una sola familia humana" y en su mensaje, el Papa exhortó a los fieles a abrir sus corazones a los emigrantes, para que en el mundo se imponga la justicia y la caridad, "columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera".
Tras referirse a las diferentes situaciones que obliga a las personas a emigrar, el Obispo de Roma precisó que los movimientos migratorios hay que verlos también dentro del fenómeno de la globalización, de la que dice que "no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también a una humanidad cada vez más interrelacionada", que supera fronteras geográficas y culturales".
"La Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este proceso histórico (la globalización) y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien. Por ello, todos, tanto emigrantes como las poblaciones que los acogen, forman parte de una sola familia y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo destino es universal", afirmó.
Benedicto XVI agregó en su mensaje que el bien común universal abarca toda la familia de los pueblos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista.
"En ese contexto se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida", subrayó.
Al mismo tiempo, precisó el Papa, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de todo ser humano.
Los inmigrantes, prosiguió en su texto, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional.
Se trata -subrayó- de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes originarios como para los nuevos llegado.
Benedicto XVI también se refirió en su mensaje a los refugiados y demás emigrantes forzados, para los que exigió el respeto de sus derechos, así como su seguridad y cohesión social.
"El mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas", denunció el Papa.
Señaló que para la Iglesia, esta realidad evidencia aún más la vocación de la humanidad a formar una sola familia.
El Pontífice también se refirió a los estudiantes extranjeros e internacionales, de los que dijo que son parte de los futuros dirigentes de sus países y que constituyen puentes culturales y económicos entre estos países y los de acogida.
Gabriele Ferdinando Bentoglio, subsecretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes, que participó en la presentación se refirió al asunto de los refugiados de los que dijo que hay 15 millones, de ellos 10,4 millones están bajo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).
Bentoglio dijo también que el número de personas evacuadas en sus propios países es de 27 millones.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto


MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.



El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

El TC admite el recurso de amparo contra la sentencia de las cesiones de crédito

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la sentencia del Tribunal Supremo que archivó el 'caso de las cesiones de crédito' estableciendo la denominada 'doctrina Botín', que impide abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular, según el auto de admisión notificado a las partes.

   En el auto, el Constitucional abre una pieza de suspensión de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2007 por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
   Además, el Alto Tribunal da un plazo de tres días (a contar desde hoy martes) al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los directivos del Santander, entidad que comercializó estos productos en los años 80, para la presentación de sus respectivas alegaciones al recurso presentado por el abogado de la asociación, Iván Hernández, vinculado al fallecido Rafael Pérez Escolar.
   El recurso de amparo se fundamenta en que la sentencia del Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo y cuyos fundamentos fueron matizados en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 'caso Atutxa'.
   El Tribunal Constitucional da un plazo de 10 días a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para que remitan todas las actuaciones llevadas a cabo sobre el caso.
   Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989 a sus clientes. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal.
   Los 15 magistrados del Pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaron, con cinco votos particulares emitidos en contra, el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los directivos del Santander estaban acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.
   De los 138 clientes de la entidad que fueron acusados de defraudar a Hacienda a través de estos productos, un centenar de las causas fueron enviadas a los Juzgados de Instrucción de sus respectivas provincias y 38 están dentro del proceso de la Audiencia Nacional.
   Durante el proceso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, representada por el fiscal Vicente González Mota, pidió en 14 ocasiones el archivo de las actuaciones contra los responsables de la entidad, mientras que la Abogacía del Estado se pronunció en los mismos términos en siete ocasiones.
   El auto del Tribunal Constitucional está firmado por la presidenta, María Emilia Casas y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

Las hijuelas del 'caso Brugal' llevan hasta el juzgado a once presuntas tramas delictivas

ORIHUELA.- La sombra de las grabaciones del empresario oriolano Ángel Fenoll es alargada. A partir de los datos que él mismo facilitó y que le llevaron a la cárcel junto a su hijo se puso en marcha una operación que ha salpicado a cargos de gran parte de la provincia, incluida la alcaldesa de Alicante. Las grabaciones telefónicas a los protagonistas han destapado otras presuntas irregularidades que ya están en los juzgados, se escribe en 'Información'. 

En el diario 'Información' se detallan once posibles tramas de esta "resaca de Brugal", que forman parte del sumario.

Trama Calp
Las grabaciones de Fenoll apuntan a irregularidades en la adjudicación y construcción de una planta de transferencia de residuos en Calp. En ellas aparecen entregas de dinero en "grandes cantidades" desde 1998 y se sospecha que las irregularidades continúan con la manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a esta planta y que determinarían la facturación al Ayuntamiento. El fiscal mantiene que Francisco Artacho, ex cuñado del diputado provincial y concejal calpino Juan Roselló, intervino entre Fenoll y cargos municipales para que se autorizara la construcción de la citada planta. Tanto él como Roselló y otros dos ediles populares, entre ellos el ex alcalde Francisco Javier Morató, habrían recibido dinero del empresario oriolano, al igual que el concejal de IU Manuel Roura.

Recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela costa
Las empresas de Ángel Fenoll Proambiente y Colsur prestaban el servicio desde 1990 de Orihuela Costa y, según las grabaciones del propio empresario, se habrían producido irregularidades en el pesaje de los residuos. Esto propició que se investigara a Miguel Pedro Mazón, teniente de alcalde en Orihuela con el PP y que, al parecer, pdo recibir dinero de Fenoll en relación a la recogida de algas.

Caminos a la planta de Proambiente
El fiscal ve presuntas irregularidades en los permisos que otorgó el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción de la planta de gestión de residuos de Proambiente, propiedad de Fenoll, a principios de los años 90. A raíz de las grabaciones se investiga a Joaquín Daniel Cuenca, presidente de la Asociación de Regantes Murada Norte y que presentó una carta en favor de Fenoll en el Ayuntamiento de Orihuela a cambio supuestamente de dinero.

Financiación del PSOE de Abanilla (Murcia)
Los investigadores tienen constancia de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Abanilla, en Murcia, a cambio de evitar que sean cuestionadas públicamente la figura y los negocios de Fenoll, al estar ubicada en esta población la planta de Proambiente. El secretario general local del PSOE y concejal José Antonio González, y los ediles socialistas José Antonio Cutillas, Manuel José Martínez, Dolores Mateo y María Dolores Saurín podrían haber recibido contraprestaciones económicas.

Recogida de residuos en Callosa de Segura
Existen indicios de presuntas irregularidades en el servicio de recogida de residuos con posibles pagos al alcalde, el popular Francisco Javier Pérez Trigueros.

Delito medioambiental
Según las escuchas telefónicas también podría haberse cometido un delito medioambiental por el vertido irregular de residuos en unas fincas propiedad de Francisco Poveda al tener el empresario oriolano clausuradas parte de su planta de gestión de residuos.

Descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda
Las investigaciones a Fenoll y sus empresas destaparon que su entorno más cercano utilizaba información privilegiada proveniente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) para minimizar los efectos de las inspecciones al parecer con la colaboración de funcionarios de Hacienda. En este apartado también se investiga a un guardia civil.

Financiación del Hércules
La investigación señala al empresario Rafael Gregory, amigo del presidente de la Diputación y miembro de la Fundación Hércules, y le atribuye el uso de sus influencias para conseguir presuntamente financiación para la fundación por parte de la Diputación a cambio de que ésta adjudicara obras de menor cuantía a dos empresas, Arosa y Tizor. Además de a Gregory, el fiscal pide investigar al vicepresidente cuarto de la Diputación, Carlos Mazón, al ex presidente de la Fundación Hércules Ignacio Mangada, al gerente de esta entidad, Nicolás López, y al administrador de Asfaltos Reunidos, Obras Arosa y Bonete Producción, Antonio Bonete.

Alzamiento de bienes de Autisa. La madeja de la que salen los hilos
También las escuchas pusieron sobre la pista a las autoridades de un presunto alzamiento de bienes en el grupo Autisa, de la familia Gregory. La importancia de esta investigación es que dentro de este presunto delito Rafael Gregory pide ayuda a Ángel Fenoll para traspasar propiedades al entramado empresarial del oriolano y así eludir el embargo. Y en el transcurso de esa investigación aparece Enrique Ortiz por una de las adjudicaciones a las que ambos empresarios optaban. De esta forma salen a la luz todas las presuntas actividades irregulares del máximo accionista del Hércules con diversos cargos de la provincia.

Plan General de Ordenación Urbana de Alicante
El fiscal sostiene que altos cargos del Ayuntamiento de Alicante le facilitaron a Ortiz información privilegiada del contenido del PGOU y ve viable que incluso se produjeran cambios de planeamiento favorables al empresario al tiempo que se le permitía adquirir zonas cuyo cambio de calificación le supondrían "ingentes beneficios". Las presuntas irregularidades tienen que ver con las principales actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo en Alicante -la mayoría incluidas en el Plan General- que son: Saladares de Aguamarga, Aguamarga-Ciudad de la Economía, estadio Rico Pérez, Torres de la Huerta-Condomina y Fontcalent. 

Según las primeras investigaciones el máximo beneficio se obtendría con el cambio a urbanizables de zonas protegidas de la ciudad. El fiscal mantiene que, a través de la mercantil Deproinmed, que estuvo mucho tiempo sin actividad, Ortiz fue comprando las zonas que mayor valor adquirirían una vez que se aprobara el Plan. El escrito alude a las "estrechas relaciones" que el empresario mantiene con la alcaldesa y a la participación de José Cortina, subdirector de Bancaja y "máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

Sociedad de Proyectos Temáticos. Futuro Palacio de Congresos
La investigación también detectó presuntas irregularidades en la adjudicación del nuevo Palacio de Congresos y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig; en la adjudicación para el mantenimiento y la gestión de servicios de Ciudad de la Luz y en la concesión de un aval de 16 millones al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.

En todas las actuaciones Ortiz aparece como solicitante, el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, como representante administrativo y el piloto de rallyes y amigo de éste último Miguel Ángel Fuster como intermediario y receptor de contraprestaciones.

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante

Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos, según recoge 'El País'.
El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.
Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.
El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.
El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.
La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución.
En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

Por su parte, el diario 'Levante' informa hoy que el alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante.

El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.

­Informe de la Unidad de Blanqueo

La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo.

La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.

Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.

Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.

Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica.

Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD.

Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.

La Mesa de las Corts tramita una petición de Compromís para la creación de una Comisión de Investigación sobre 'Gürtel'

VALENCIA.- La Mesa de las Corts Valencianes ha tramitado este martes una petición de Compromís para que se debata en el pleno la creación de una comisión no permanente de investigación para clarificar la relación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los consellers y altos cargos de las entidades públicas valencianas con las empresas relacionadas con el caso 'Gürtel', según ha informado fuentes parlamentarias.    

Se trata de una iniciativa que la coalición presentó el pasado 13 de abril al considerarlo "oportuno", una vez se levantó el secreto de sumario.

No obstante, la propuesta fue rechazada y Compromís presentó en septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por considerar que el PP, con mayoría en la Mesa había vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas al no tramitar esta y otra iniciativa.

Alarte dice que Castedo debe explicar de dónde saca documentación y pide que los jueces lo investiguen todo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha considerado que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe explicar "de dónde sacó el papel" en referencia a la documentación mostrada este martes por la primera edil para demostrar que no dio trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', ni recibió  dádivas de este constructor. 

"Pero sobre todo --ha puntualizado Alarte-- el PP debe explicarlo todo" porque "ya superan el centenar los dirigentes 'populares' que estan siendo investigados o imputados por diversas causas de corrupción". 

   El líder de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones preguntado por los medios por su valoración de que Castedo haya mostrado documentación "bajo secreto de sumario" referida al 'caso Brugal', lo que "recuerda" al informe policial sobre la trama Gürtel que exhibió el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y por lo que el PPCV ha presentado una querella.
   Al respecto, Alarte ha comentado que la alcaldesa de Alicante "lo tendrá que explicar" aunque ha insistido en que lo más importante es que "los jueces, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la democracia lo investiguen absolutamente todo porque está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas".  
   El secretario general del PSPV ha expuesto la sensación de que es difícil de creer que "Francisco Camps y el PPCV habían extendido de esta manera la corrupción, el abuso del poder y la confusión de lo público y lo privado" y ha manifestado que el presidente de la Generalitat "representa el epicentro de este tsunami de corrupción, que ha extendido una manera de entender la política inaceptable desde el punto de vista democrático".  
   Por ello, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "necesita pasar página, un cambio de gobierno y de tiempo, aunque sólo sea para que nada se quede escondido en el cajón".

COMFIA-CCOO pide mayor transparencia en torno a los reajustes en las cajas integradas en el SIP con CAM

ALICANTE.- El secretario general de COMFIA CCOO, José María Martínez, ha reclamado una "mayor transparencia" en torno al proceso de reestructuración previsto en la entidades integradas en SIP de Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y que los reajustes sean voluntarios para los 2.000 trabajadores que tendrán que salir de la plantilla.

   En un encuentro informativo ofrecido este martes en Alicante, coincidiendo con la reunión que mantiene en Madrid la mesa única laboral con la dirección del grupo, José María Martínez ha hecho hincapié en que "lo fundamental" es que "el ajuste de plantilla sea un proceso negociado y no traumático".
   "Lo básico para CCOO es que las personas tengan las mejores condiciones y que sea voluntario", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por que las "restricciones se produzcan mediante un acuerdo intergeneracional, con una salida digna para los trabajadores de mayor edad".
   Así mismo, ha reclamado que la dirección sea "absolutamente transparente" y determine la dimensión de la reestructuración que pretende abordar, y que afectará a 2.000 de los 14.000 trabajadores que conforman la plantilla de las cajas integradas en el SIP --sin contar a las empresas de los grupos--.
   Por otra parte, interrogado sobre la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional por CGT-CAM contra la mesa única, por la que este miércoles se celebrará el juicio, José María Martínez ha considerado que con esta medida "las secciones sindicales que rechazan la mesa no quieren atender la propia realidad".
   En su opinión, este miércoles cabe esperar que la Audiencia Nacional les comunique que "su demanda no tiene posibilidades de prosperar e intente obligarles a una conciliación, o entrar a juzgarlo, y que la sentencia salga en uno o dos meses".

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades estanca la corrupción urbanística

MADRID.- La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. 

Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". 

Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. 

"Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. 

"Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". 

A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". 

El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. 

"Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

lunes, 25 de octubre de 2010

Alarte cree que PPCV está en "situación insostenible" y que los valencianos lo limpiarán antes que la Justicia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este lunes que el Consell y el PPCV está "desde hace meses en una situación insostenible" y considera que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha equivocado con los cálculos de que sea la Justicia la que "limpie" el partido porque lo harán los valencianos en las elecciones. 

   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que considera que existen indicios de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.
   Al respecto, ha apuntado que será la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, la que haga las valoraciones sobre esta cuestión, "en cuanto conozcan las acusaciones formales que hace la Fiscalía, "que desconocemos", ha apuntado.
   Por otro lado, opina que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "está equivocándose con un cálculo que ha hecho", que es que los "tribunales, fiscal y Policía, hagan su trabajo de limpieza del PPCV. A cambio, los valencianos sufrimos una situación terrible".
   "Se ha equivocado en el cálculo porque es muy probable que los valencianos le acaben haciendo el trabajo y de paso, que él tampoco gane las elecciones", ha apostillado.

Los empresarios piden que los nuevos funcionarios tengan "remuneraciones variables"

SANTANDER.- El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan remuneraciones variables y una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada. 

   Andic ha apostado por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró anoche en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
   El presidente de Mango, que sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.
   Andic ha adelantado algunos de los objetivos de su programa al frente del IEF y ha solicitado una mayor flexibilidad laboral, la reducción de las cotizaciones sociales, mejorar el marco fiscal para facilitar la exportaciones de las empresas españolas al extranjero y ayudas fiscales a la contratación de los jóvenes para que estén dos años exentos de cotizar a la seguridad social.
   Además, el presidente de IEF ha pedido al Gobierno que aumente el gasto destinado a educación y formación profesional para preparar a los jóvenes y luchar para que el abandono escolar baje del actual 30%. Andic también ha destacado la importancia de fomentar el inglés entre los jóvenes como sucede en países como Francia y Alemania.
   Por último, Andic ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".
   En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".

Aristóbulo de Juan aboga por iniciar otra oleada de fusiones e intervenir cajas infracapitalizadas

VALENCIA.- El primer secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y ex director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, ha abogado por acometer una "segunda oleada de fusiones" entre cajas de ahorro, que sea "muy diferente" a la realizada en los últimos meses e incluya intervenciones del Banco de España en entidades "infracapitalizadas" o "en situaciones de insolvencia no detectadas".

   Así lo ha señalado en la conferencia 'Enseñanzas (vigentes) de la patología bancaria y su aplicación en España' que ha pronunciado este lunes en Valencia y en la que ha planteado, a modo de hipótesis, la "estrategia alternativa" que se debería seguir "si el diagnóstico oficial, basado en que el sector de cajas tiene problemas de dimensión y de eficiencia, pero no de solvencia, no es el acertado". "Aunque ojalá lo sea", ha recalcado.
   En su opinión, "debería diseñarse ya un nuevo paquete de medidas con una alternativa diferente" que pase de "basarse en mecanismos de liquidez" a centrarse en "mecanismos de capitalización y cambios en el sistema de gestión de las entidades", para lo que considera "requisito indispensable" que exista "voluntad política".
   Ha remarcado que deberían producirse "nuevas intervenciones en entidades infracapitalizadas, con cambios inmediatos de consejeros y directivos y una investigación profunda de la situación real" de la entidad, para después inyectar capital, "comprar los activos malos" según el valor que poseen "en los libros" y estudiar "un préstamo o aval, pero siempre como complemento".
   De Juan considera que, para lograrlo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no es la solución" dado que obliga a las cajas a devolver las ayudas en cinco años a un precio "caro", en vez de obtener "inyecciones de capital fijo, que es lo que necesitan".
   Por este motivo, ha instado a recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos "porque así quienes lo sufragarían serían las entidades privadas" y ha defendido que éstas podrían aumentar su aportación al FGD --1 por mil de la base de cálculo para las cajas y 0,6 para los bancos-- mientras que el propio fondo también puede recibir préstamos del FROB a través de emisiones de crédito.
   De Juan, que desde 1978 trabaja en crisis bancarias, ha destacado que la causa de la crisis de las cajas es la "mala gestión", por haber registrado "un crecimiento demasiado rápido y una asunción de riesgos desmedidos" concentrados en el sector inmobiliario.
   Así, ha hecho hincapié en que "el supervisor debe intervenir en cuanto detecta un nivel suficiente ende insolvencia en que apoyarse jurídicamente" para "investigar dentro de la entidad" porque "cuanto más tarde se aborda a fondo la insolvencia, más costoso resulta".
   "Una supervisión eficaz debe conllevar la comprobación directa e in-situ de la salud de las entidades", ha recalcado el ex director general del Banco de España, quien ha subrayado que las pruebas de esfuerzo "pueden ser instrumentos útiles, pero no siempre son inteligibles y realistas", por lo que "pueden equivocar al supervisor y hacerle bajar la guardia a la hora de valorar los activos e identificar la necesidad de provisiones específicas".
   En este punto, ha resaltado que "cuando las entidades tienen problemas serios, sus gestores suelen ocultar los problemas mediante el maquillaje de sus cuentas" --con instrumentos como "refinanciaciones de operaciones inviables" o la "sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda y de las acciones canjeadas por créditos--, de modo que "los peores créditos, aquellos que pueden cargarse a una entidad, nunca están contabilizados como morosos".
   Así, ha denunciado que ese "infraprovisionamiento" debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solvencia de esas entidades porque debería estar contemplada en el cálculo de los recursos propios --capital más reservas menos insuficiencia de provisiones-- y, de no ser así, "el capital regulatorio y el capital contable pueden servir para poco como indicadores de solvencia" e "incluso ocultar contablemente situaciones de descapitalización real".
   "Las situaciones de insolvencia nunca son declaradas por el banquero, o casi nunca", ha recalcado De Juan, quien ha agregado que "con frecuencia, tampoco son identificadas por los auditores ni por el supervisor hasta que la entidad se queda ilíquida", con lo que si esa insolvencia es "profunda", las "escasas pérdidas" que declara el banquero se doblan cuando son detectadas por el auditor externo, vuelven a duplicarse con la llegada de los inspectores y se multiplican nuevamente por dos con la intervención del regulador.
   "Y al final, se pone la entidad en venta y las pérdidas fruto de una 'due-diligence' --radiografía completa de la sociedad-- multiplicarán por dos las identificadas por los interventores".
   De Juan ha apuntado que, "en los procesos de saneamiento, resulta inevitable la adopción de medidas de repugnan" y ha precisado que "suele corresponder al Gobierno la asunción de pérdidas", que "constituye un pecado fiscal" pero "debe aceptarse con realismo" por tratarse de "un mal menor".
   Es más, ha defendido que "cualquier pérdida en que se incurra es buena, si resulta ser la última", y ha indicado que la "prueba de fuego" de una operación de saneamiento requiere "la pronta regeneración de la función del crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes que aseguren un futuro sostenible".

González Pons insta a Wikileaks a investigar a Rubalcaba para revelar "secretos oficiales" y "verdades"

SANTIAGO.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha invitado este lunes al portal de información Wikileaks a descubrir al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "tendrá oportunidad de sacar no sólo secretos oficiales, sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas".

   "Rubalcaba es candidato a la siguiente investigación de Wikileaks si es que apostamos por la libertad de información y el esclarecimiento de todas las verdades donde haya una democracia", ha advertido el dirigente popular, en declaraciones a los medios, antes de pronunciar la conferencia 'Nuevas tecnologías, nuevos derechos y nuevos ciudadanos'.
   Tras señalar que el Gobierno debería "replantearse" la acumulación de poder que queda en manos del vicepresidente Rubalcaba, González Pons ha señalado que la web que reveló información secreta en Estados Unidos (EE.UU.) sobre las guerras de Afganistán e Irak y Pérez Rubalcaba "son el uno para el otro".
"Son como el sheriff de Nottingham y Robin Hood", ha ironizado.
   "El día que Wikileaks descubra a Rubalcaba, sus años en la época de los GAL y en el actual Ministerio del Interior y su paso a la portavocía del Gobierno tendrá oportunidad no sólo de sacar secretos oficiales sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas", ha ratificado.
   Al tiempo, ha incidido en que el vicepresidente maneja "todas las fuentes de información confidencial del Gobierno", mientras que gestiona también "intereses de los medios públicos y privados", y se ha mostrado convencido de que, con esta acumulación de cargos, la libertad de expresión "sufre".
   "Que ningún español espere que Rubalcaba genere ningún puesto de trabajo porque no va a garantizar nada más que el suyo y el de Zapatero --el presidente José Luis Rodríguez Zapatero--", ha advertido, para concluir que, cuándo éste "llega", la verdad "siempre es la primera víctima".

El Ayuntamiento de Alicante regula las condiciones de implantación de Ikea

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, Miguel Carratalá, de la urbanizadora Viviendas Sociales del Mediterráneo, y representantes de Ikea han suscrito este lunes un convenio por el que se regulan las condiciones de implantación del centro comercial de la multinacional sueca en la ciudad.

   El convenio, suscrito en el Ayuntamiento alicantino, da paso al inicio del plazo de un mes que tiene el agente urbanizador para presentar una modificación puntual del Plan Parcial Rabasa.
   Según el delegado de Urbanismo en el Consistorio de Alicante, Alfonso Mendoza, la ratificación que se ha producido este lunes "permite que el urbanizador presente una modificación del Plan Parcial, que admitirá así la inclusión del centro comercial dentro del sector".
   Según Mendoza, este acuerdo es "muy beneficioso" puesto que permitirá la creación "de un gran número de puestos de trabajo" y "agiliza" la llegada de Ikea a la ciudad.

Gerardo Camps dice que es "absolutamente imposible" su implicación en el caso Brugal

ALICANTE.- El conseller de Economía, Gerardo Camps, ha asegurado este lunes que es "absolutamente imposible" que esté relacionado o implicado "con algo irregular" en torno a las adjudicaciones de varias actuaciones en los municipios de Alicante y San Vicente del Raspeig.

   Al término de su visita a las obras del Auditorio de la Diputación de Alicante, a preguntas de los medios de comunicación, ha considerado "infundadas" las informaciones que le vinculan a la investigación del caso 'Brugal'.
   "No tengo por costumbre pronunciarme sobre noticias que provienen de filtraciones que, yo diría en este caso, ya estamos acostumbrados desde el PP y desde las instituciones que gobierna el PP, normalmente interesadas, que suelen quedarse en nada y que además te colocan en una situación de indefensión porque no sabes exactamente si se te acusa de algo", ha dicho.
   "En mi caso ya les digo que es absolutamente imposible, si se te relaciona o implica con algo irregular, y que van más encaminadas a hacer de una noble tarea, como es la política, un lodazal".
   El conseller ha añadido que la noticia "es infundada porque es una filtración de un presunto informe policial" que ha asegurado que ni ha visto ni conoce y que, en su opinión, "está falto de coherencia".
   "Se me implica en no sé qué trama de un palacio que no está ni licitado, de otro parque cultural en otra localidad que no está ni licitada, y del mantenimiento de unos servicios en Ciudad de la Luz, que desde que la Ciudad de la Luz es Ciudad de la Luz, cuando nunca ese mantenimiento ha existido y no está ligado a ninguna empresa", ha defendido.
   En cuanto a las presuntas irregularidades en la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules Club de Fútbol por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, Gerardo Camps ha remarcado que este aval "es exactamente igual al que ha recibido el Valencia Club de Fútbol y el Levante C.F".
   "Si alguien cree que cuando es el Hércules Club de Fútbol el que recibe el mismo trato que otros equipos de fútbol de esta comunidad, eso está mal, yo soy de los que creo que todos los equipos de fútbol de esta comunidad tienen que recibir el mismo trato", ha dicho.

Castedo niega trato de favor a Ortiz en el PGOU ante el escrito de Fiscalía pero no admite preguntas al respecto

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este lunes que en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha negado haber recibido dádivas de este constructor, al que la Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios de que la primera edil pudo facilitar información privilegiada en relación con el planeamiento de la capital alicantina.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En esta causa, y de acuerdo al informe policial, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.

La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU.
En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez.
"El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita, según 'El País'.


Castedo, que ha comparecido en rueda de prensa convocada hoy mismo y en la que no ha admitido preguntas, ha facilitado el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, --en relación con una de las causas del 'caso Brugal' que el juzgado de Orihuela remitió a un órgano de Alicante-- que considera que existen indicios de que la alcaldesa pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.
   En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, este órgano cree que  Castedo pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez y recibir dávidas del empresario, algo que la primera edil ha negado. Según Fiscalía, Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".
   La alcaldesa de Alicante ha asegurado que durante la elaboración del PGOU de la ciudad "no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno" y ha señalado que no ha recibido dádivas de este empresario.
   La Fiscalía ha apreciado estos indicios en base a unas escuchas telefónicas, en 2008, de conversaciones intervenidas por la Policía entre Ortiz y Castedo, en las que se señala un "apaño" en el APA-9, en las 'Lomas Garbinet', en la zona del estadio Rico Pérez, y un cambio de ordenación en el PAU 3.
   Así, Castedo ha destacado que el APA-9 fue aprobado en 1993, su programa de actuación integrada se aprobó en 2003, y "se mantiene en el nuevo PGOU sin variación" respecto a lo que se autorizó en su momento. Del mismo modo, la alcaldesa ha señalado que no ha habido "incremento en la edificabilidad" ni en el APA 9 ni en el PAU 3.
   Además, la primera edil ha indicado que la remodelación del estadio José Rico Pérez se trataba de un proyecto "conocido perfectamente por todos los alicantinos", que Enrique Ortiz presentó al PP y al PSPV en el Ayuntamiento, y que "finalmente se frustró" porque se concluyó "que no era económicamente viable, ni aconsejable".
   También se ha referido Castedo a las acusaciones de "acuerdo lucrativo" para Enrique Ortiz "con la recalificación del estadio José Rico Pérez", una recalificación que fue "rechazada". Castedo considera que la Fiscalía entiende que el empresario tuvo información privilegiada al entregarle el equipo redactor del PGOU el "proyecto de finalización" del Plan, así como la ficha de planeamiento del sector que comprende el estadio.
   Sobre esto, la alcaldesa ha destacado que el artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana especifica que durante la redacción técnica del PGOU el ayuntamiento "formulará consultas y formalizará acuerdos con otras administraciones o entidades representativas de los colectivos ciudadanos particularmente afectados, reflejando su resultado en el expediente". En esta línea, ha añadido que Enrique Ortiz es "representante del Hércules C.F.", una entidad "representativa de la ciudad" y afectada por el Plan.
   Por último, la alcaldesa ha negado haber recibido dádivas por parte de Ortiz. En concreto el escrito hace referencia a un viaje a Andorra en 2008 y 2009, del que Castedo ha presentado facturas a su nombre; de un viaje en yate a Ibiza, que ha reconocido haber hecho; del regalo de un coche a una persona de confianza, que Castedo ha negado y del que ha enseñado facturas de compra, así como de la solicitud a Ortiz de contratación de personal en sus sociedades.
   Sobre este último punto, Castedo ha señalado que se ha valido "de sus influencias" para ayudar a personas que acuden diariamente al Ayuntamiento, en situaciones "dramáticas" por estar en paro, para lo que ha acudido a la empresa de Ortiz y "a todas las mercantiles con las que tiene relación el Ayuntamiento", algo que ha afirmado que seguirá haciendo.
   Por último, la primer edil del consistorio alicantino ha considerado que en "todas las acusaciones" que realiza la Fiscalía sobre ella ha existido "tergiversación", puesto que el Ministerio Fiscal "no ha concluido su investigación", ya que el documento oficial del PGOU "demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad".
   Para Castedo, la no finalización de la investigación "quiebra el principio de inocencia" y se adentra en "la presunción de culpabilidad, valiéndose de información sesgada y no contrastada".
   "Si el fiscal hubiera terminado la investigación habría concluido que ninguna de las aspiraciones del empresario en cuestión fue atendida en el planeamiento urbanístico", por lo que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", ha destacado Castedo.
   La primer edil ha considerado que se encuentra en un caso "jurídicamente inconsistente, que no se sostiene", por lo que no se trata de "un asusto judicial", sino del "comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir", puesto que "se busca una condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable".

domingo, 24 de octubre de 2010

Las cajas de ahorro elevaron un 50% sus créditos a grupos políticos en 2009

MADRID.- La cajas de ahorros cerraron operaciones de financiación con los grupos políticos por importe de 41,38 millones de euros durante 2009, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2008, cuando las entidades concedieron 27,44 millones de euros, según datos de la memoria de responsabilidad social corporativa de las cajas.

   A pesar del fuerte crecimiento experimentado en el último año, la financiación a partidos políticos sólo representa el 0,0044% de los préstamos totales de las cajas, que en 2009 alcanzaron 930.240 millones de euros. Del importe total concedido a los grupos políticos, el 73,70% del importe correspondió a préstamos, el 24,88% a créditos y el 1,18% a operaciones de aval.
   Asimismo, el importe total de las operaciones crediticias efectuadas con instituciones públicas (incluidos entes territoriales) que han participado en la designación de consejeros generales de las asambleas ascendieron en 2009 a 3.178 millones de euros. Del total, el 58,59% de las operaciones se realizaron con ayuntamientos, el 26,36% con comunidades autónomas y el 12,90% con diputaciones.
   Las entidades también llevaron a cabo un total de 513 operaciones vinculadas --aquellas que realizan con las personas con las que mantiene un vínculo estrecho-- con miembros de los consejos de administración por 144,48 millones de euros. El importe medio de las operaciones alcanzó los 281.640 euros.
   De la cantidad destinada a operaciones vinculadas, 59,8 millones correspondieron a préstamos y 56 millones a créditos. No obstante, estos importes son inferiores a los que las cajas destinaron durante 2008, ya que en este año concedieron 67 millones a créditos y 100 millones a préstamos.
   Las cajas de ahorros también cerraron con los miembros de los consejo de administración operaciones de aval, 'leasing', línea de riesgo, 'confirming' o comercio exterior, entre otras, por un importe de 28,61 millones de euros, un 28% menos que en 2008.
   Asimismo, las cajas formalizaron 191 operaciones con miembros de las comisiones de control, que alcanzaron 19,81 millones de euros, lo que deja un importe medio por operación de 103.686 euros. Del total, 11,58 millones correspondieron a préstamos; 3,3 millones a avales; 3,08 millones a créditos y 1,7 millones a otros.

El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%

LONDRES.- El precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 47,6%, pese a los descensos registrados en los precios en los últimos meses, según el semanario británico 'The Economist', que constata que el ratio que compara el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres es más elevado en España que en el resto de las principales economías mundiales y europeas. 

   Tras España, Francia es, entre las principales economías del mundo, el país con el precio de la vivienda más sobrevalorado, en concreto un 42,5%. Por debajo, se encuentran el Reino Unido (32%), Canadá (23,9%), China (18,1%) e Italia (-10,5%). Incluso en Japón, Alemania y Estados Unidos el valor de la vivienda está por debajo del precio ideal: un -34,6%, un -12,9% y un -2,1% respectivamente.
   Entre el resto de los 20 mercados analizados por el semanario económico británico, tan sólo Hong Kong, con un ratio entre el importe de venta de los inmuebles y el precio de los alquileres del 58,1%, y Australia, con un 63,2%, superan el dato registrado por el sector inmobiliario español.
   Por otra parte, el semanario económico también analiza la evolución de los precios de la vivienda registrada en los últimos años en estos 20 mercados clave y constata que, a diferencia del "mar de porcentajes negativos" de 2009, sólo cuatro países registraron descensos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2010.
   En concreto, los precios de la vivienda descendieron en Italia (-2,8%), España (-3,4%), Japón (-4,9%) e Irlanda (-17%). Sin embargo, 'The Economist' también resalta que únicamente ha empeorado en este periodo "la catástrofe inmobiliaria de Irlanda", ya que España e Italia han visto moderarse estos descensos con respecto a las cifras de hace un año, cuando los precios bajaron un 8,3% y un 3,8% respectivamente.
   En este sentido, considera que los datos muestran una "separación habitual" entre los países más fuertes de Europa y los periféricos, ya que, frente a los descensos de Irlanda, España e Italia, Alemania y Francia han cambiado ya de tendencia y los precios de la vivienda comienzan de nuevo a subir, en concreto un 4,8% y un 6%, respectivamente.
   En el caso del Reino Unido, destaca que el ritmo anual de apreciación de los precios en el mercado inmobiliario del país se han ralentizado desde el verano, lo que hace temer nuevos descensos, dado que el precio de la vivienda británica está bastante sobrevalorado.
   Los mayores aumentos en los precios de la vivienda, al igual que en el informe publicado en julio, se produjeron en Asia, con Singapur (+23,1%), Hong Kong (+20,6%) y China (+9,1%) a la cabeza, junto con Australia (+18,4%). Además, la publicación muestra su sorpresa por que China subiera el pasado mes de octubre los tipos de interés y no hiciera lo mismo Australia, donde la vivienda está mucho más sobrevalorada.

Las ejecuciones hipotecarias en la Comunitat llevadas a los tribunales en 2009 aumentó un 54%

MADRID.- El volumen de ejecuciones hipotecarias en la Comunitat Valenciana llevadas a los tribunales se incrementó un 54 por ciento en 2009 hasta los 16.290 embargos, según un informe de Moody's Investor Service donde alude a datos del Consejo General del Poder Judicial.

   A nivel nacional se registraron el pasado año 93.319 ejecuciones hipotecarias, un 59 por ciento más que en 2008, cuando se registraron 58.686 ejecuciones.
   Cataluña registró 18.053 ejecuciones, un 61 por ciento; Andalucía un 55 por ciento hasta los 17.774 embargos; la Comunitat Valenciana contabilizó 16.290 embargos un 54 por ciento más, y Madrid, 10.655 ejecuciones, un 64 por ciento más. La comunidad que mayor incremento registró en el ultimo año en número de ejecuciones hipotecarias fue Aragón con un incremento del 98 por ciento hasta 2.478, y la región que menos incremento experimentó fue País Vasco, con un aumento del 27 por ciento, hasta 1.255 ejecuciones.
   En el conjunto nacional, el rápido deterioro de la economía española y las condiciones de falta de liquidez de su mercado inmobiliario han forzado a los bancos a realizar un número récord de ejecuciones hipotecarias en España desde 2007, según un informe de Moody's Investor Service.
   Estas ejecuciones hipotecarias elevan la severidad de las pérdidas y estrangulan la liquidez de las titulizaciones hipotecarias residenciales, dice un informe sobre procesos de litigios de hipotecas en España firmado por el vicepresidente de Moody's, Alberto Barbachano.
   El volumen de ejecuciones hipotecarias en España llevadas a los tribunales se incrementó un 126 por ciento en 2008 y un 59 por ciento en 2009 en tasa interanual. Sólo en el primer trimestre del ejercicio 2010 se registró el récord de 27.561 ejecuciones hipotecarias, dice la firma.

El PSPV considera que a Blasco "sólo le queda confiar en su abogado para librarse de posibles consecuencias penales"

VALENCIA.- La secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSPV y diputada del grupo parlamentario socialista en las Corts, Clara Tirado, ha destacado este domingo que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "no ha aclarado, ni aclarará dónde está el dinero, ni les enseñará un documento que indique que se ha reintegrado el dinero de esos inmuebles", por lo que, a su juicio, "sólo le queda confiar en su abogado para librarse de posibles consecuencias penales".

   La dirigente socialista se ha expresado en estos términos en un comunicado en relación a la "trama en torno a la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, por la que presuntamente ha malversado fondos públicos".
   Al respecto, ha aseverado que "es hora de que Blasco explique cómo se gastan dos millones de euros en un programa de alimentación y en la construcción de pozos". 
 Para Tirado, "llama la atención que, desde el primer momento, la Conselleria y Blasco hayan ido de la mano de la Fundación Solidaridad Entre Pueblos", que "está en estos momentos bajo sospecha y que no tiene acreditada experiencia en este tipo de construcciones de hospitales, porque es una fundación de reciente creación (2008)", ha subrayado.
   "Blasco está mintiendo y no los medios de comunicación que están publicando sobre el caso, a los que no ha dado explicaciones de dónde está ese dinero", ha manifestado Clara Tirado, quien ha declarado que "la operativa del señor Blasco se repite desde hace años", ya que "sigue siendo un experto en urdir tramas, generar asociaciones, organizaciones y colectivos de reciente creación, en muchos casos sin experiencia, y en crear relaciones cruzadas entre ellos y una serie de empresas que facturan".
"Y eso es lo que, una vez más, hemos visto que está sucediendo en cooperación", ha sentenciado.
   Según la diputada socialista, "es lamentable que se utilice la solidaridad, la cooperación y la ayuda al Tercer Mundo, para generar dinero a no sé quién y para que llegue al bolsillo de no se sabe quién".
   Asimismo, ha afirmado que el director general de Inmigración y Cooperación, José María Felip, "tendrá que explicar cómo una fundación sin experiencia se va de la mano de la Conselleria para hacer frente a un proyecto de estas características, algo cuanto menos curioso". En esta línea, ha apuntado que "se trata de las adjudicaciones de unas subvenciones claramente irregulares y que generan un rosario de presuntos delitos".
   Además, ha explicado que Felip, "seguramente fue nombrado para poder firmar este expediente, porque sus predecesoras en el cargo dimitieron precisamente porque se negaron a firmar el expediente".
   Así, ha denunciado que José María Felip "firmó la subvención para dos proyectos con un importe de dos millones de euros que debían ir destinados a la construcción de pozos en Nicaragua y a un programa de soberanía alimentaria", y, ha concluido: "de este dinero, al país de destino no han llegado ni siquiera 100.000 euros".