Ortiz pagó al hijo de Alperi las acciones de una empresa

ALICANTE.- El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, colmó con una extensa lista de regalos al ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según recoge el escrito del fiscal Anticorrupción sobre esta pieza separada del sumario general del caso Brugal y plasma 'El País'. 

Ortiz, que posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas, es el cabecilla de esta trama, según el fiscal y la policía. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue, según el fiscal, el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Luis Díaz Alperi, hijo del ex primer edil.

En esta causa, aún bajo secreto del sumario y que dirige el Juzgado número 5 de Alicante, el fiscal acusa a un total de 21 personas. Estas diligencias están en el DVD que el instructor del sumario general, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, entregó el viernes a las partes. Ayer, San Martín dictó una providencia exigiendo la devolución del DVD y la destrucción de las copias.

La lista de acusados en esta causa está encabezada por Ortiz, seguido de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y Luis Díaz Alperi, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. También están implicados el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el director de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil y, junto a ellos, Juan Zurita y José Cortina, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro están acusados de aprovechamiento de información privilegiada. La implicación de estos altos ejecutivos de la CAM y Bancaja estaría relacionada con la compra de suelo rústico en zonas protegidas para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

Entre el resto de los 21 imputados, sobresale María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, en este caso por cohecho, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, estos por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

El resto dádivas que supuestamente recibió Luis Díaz Alperi del promotor Ortiz son éstas: gestión y posible pago de un viaje a la isla de Creta en jet privado, posible abono de determinadas viviendas a los tres hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta, finalización de una promoción de viviendas promovidas por Otto Alperi, pago de un palco para seis personas en el estadio Rico Pérez y posible entrega de una "cantidad grande" de dinero por parte de la esposa del contratista.

Zaplana dice sentir "gran tristeza" por la situación en la Comunidad Valenciana

MADRID.- Eduardo Zaplana ha vuelto por un rato a la arena pública. Y lo ha hecho para criticar con dureza la situación que se vive en la Comunidad Valenciana, que él gobernó desde 1995 hasta 2002. Cuando se fue, le sucedió el que entonces era su fiel seguidor y después su principal rival político, Francisco Camps. Zaplana ha señalado, preguntado por la riada de escándalos de corrupción que estallan en su comunidad, que siente "una gran tristeza por la situación que están recogiendo los medios de comunicación y que todos conocemos", recoge 'El País'.

Nadie en el PP, mucho menos ningún miembro de la dirección de Mariano Rajoy, ha hablado tan claro sobre la situación en esa comunidad. Rajoy sigue, pese a todo, y a las nuevas conversaciones que evidencian los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz con hermanos de varios consejeros de Camps para obtener adjudicaciones, apoyando a Camps como candidato. "La Comunidad Valenciana es puntera, y en los últimos años ha sabido estar en el liderazgo del crecimiento, siempre ha estado en la vanguardia en épocas de crecimiento, y la verdad es que en un momento de crisis como este, las imágenes que nos acompañan cada día desearía que no fueran las que son. Con la crisis, es el momento de la política con mayúsculas, de los políticos, del liderazgo. Y me quedo en la superficie, no identifico responsables, causas ni razones, pero no me gusta la situación", ha sentenciado Zaplana durante un almuerzo organizado por Nexos, en el que se le entregaba un premio al mejor ministro de Trabajo de la democracia.

Zaplana, ya liberado de la responsabilidad política como ex miembro de la cúpula del PP, no ocultó su enemistad con Camps. Se le preguntó qué haría si él fuera en este momento presidente de la Generalitat. "No estoy en las mejores condiciones para dar ningún consejo [a Camps], para qué vamos a ser hipócritas".

Zaplana evitó criticar a Rajoy y su nueva línea política, pero sí reivindicó el tipo de oposición que se hizo cuando él era portavoz parlamentario, de la que ahora el propio líder del PP, que entonces también era el máximo responsable, quiere alejarse. "Fue una época muy difícil. Habíamos perdido las elecciones. Pero no debíamos estar tan desacertados cuando en 2008 sacamos el mejor resultado en votos de la historia del PP, y eso que habíamos perdido cuatro años antes. Hoy les toca a otros tomar las decisiones, y les deseo la mejor de las suertes".

Utilizando en todo momento un tono suave, Zaplana, que hablaba en una sala con dos docenas de diputados, entre los que estaban los más cercanos al ex portavoz como Carlos Aragonés, Miguel Ángel Cortés y Vicente Martínez Pujalte y otros muchos, evitó criticar al Gobierno y mantuvo una línea muy distinta a la oficial. Incluso admitió que la congelación de las pensiones era casi inevitable porque el Gobierno necesitaba "tomar decisiones duras para que se le tome en serio" y los mercados internacionales crean que está dispuesto a hacer recortes, aunque señaló que se podría haber evitado este recorte, y otros, si se hubieran tomado antes las decisiones.

Ortiz buscó la intermediación del padre de Pajín para la aprobación de un plan urbanístico en Alicante

ALICANTE.- El empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el marco de la operación 'Brugal', buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, necesaria para la aprobación final del Plan Rabassa de Alicante.

   En una conversación entre Ortiz y el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, recogida en un informe policial en el sumario del caso Brugal al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, preguntado por cómo van los trámites para la aprobación final de este plan urbanístico, señala que ha quedado con "Chema Pajín" para que le haga "una gestión" respecto a la firma del director general de un informe "hecho desde Alicante".

   Asimismo, el alcalde de Alicante, quien, según indica el informe policial, "parece conocer" al político, dice a Ortiz: "pues que Leire coja y habla con el director general y ya está", a lo que el empresario responde: "estoy en ello, eso estoy ahí a ver si me lo hacen ya".

   El informe policial recoge que en la conversación Díaz Alperi muestra su "inquietud" y su "intención" de que se arreglen todos los asuntos pendientes acerca del plan parcial. "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", dice el ex alcalde alicantino.

   En ese momento, el único documento que faltaba para la aprobación del plan era el informe del Ministerio de Fomento, firmado por el director general de Carreteras, según recoge el informe incluido en el sumario del caso 'Brugal'.

   Asimismo, las conversaciones telefónicas recogidas en el informe policial del caso 'Brugal' en torno al empresario Enrique Ortiz revelan sus contactos con Alberto De Rosa, hermano del entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial.

   Así, en una conversación mantenida en junio de 2008, Alberto De Rosa advierte al constructor que no se ha presentado al concurso para el proyecto de estructura, instalaciones, obras y equipamientos de la sede judicial de Paterna (Valencia), que salió a licitación por 10,7 millones de euros, rubricado por el propio Fernando De Rosa.

   A continuación, Alberto De Rosa le explica: "me ha llamado mi hermano y me dice que no se ha presentado Enrique en Paterna". Ortiz no recuerda de qué concurso se trata y se pregunta si no era éste el concurso que el propio Alberto le dijo que Lubasa "estaba muy bien", a lo que su interlocutor le aclara que ése otro era el "de Villareal".

   Ortiz muestra su intención de presentarse "a todo lo que salga", y habla de quedar a "comer los tres". Instantes después de concluir esta conversación, el constructor alicantino habla por teléfono con el director de su empresa para informarle de que no han concurrido al concurso de Paterna.

   "Yo le llamo a Alberto De Rosa, que vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones (...) Le voy pidiendo y no me presento", comenta Ortiz, Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos, de las Consellerias, a todas la Comunidad, las Diputaciones igual ¿No ves que tenemos reparto?. Y aquí nos toca".

José María Pajín dice que no ha mediado entre Ortiz y Fomento en el Plan Rabasa

ALICANTE.- El político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado que no ha mediado en el Plan Parcial Rabasa entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento.

   En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Ser, José María Pajín ha indicado que Ortiz le pidió "por medio de otra persona" que tomara "un café" con él, a lo que accedió sin "muchas ganas".

   "Todavía estando yo jubilado, por medio de otra persona me pidió tomar un café y aunque no tenia muchas ganas accedí a escucharlo", ha señalado José María Pajín.

   Además, Pajín ha indicado que en su encuentro, Ortiz le planteó que "tenía un problema de carreteras" y que "le maltrataban mucho los ministerios" y que "se sentía dolido" por esto, puesto que "le trataban mal".

   "Yo le dije que no me lo creía y que estaba jubilado" ha destacado Pajín, quien ha señalado que en la fecha de esa reunión "supone" que el Plan Rabasa "estaba aprobado".

   "Estoy acostumbrado a recibir personas y a escuchar que si la Administración no agilizaba proyectos de carreteras, se iban paralizando otros proyectos de muchas ciudades", ha afirmado Pajín.

Un informe policial revela conversaciones entre Vicente Cotino y Ortiz sobre la adjudicación del Plan Eólico

ALICANTE.- Un informe policial integrado en el caso 'Brugal' recoge una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino,  hermano del conseller de Bienestar Social Juan Cotino, en la que el segundo explica que en este concurso "el pescado está vendido ya" porque "el presidente se ha comprometido con Iberdrola Renovables".

   Entre los miles de folios que recogen la investigación policial del caso incluyen las conversaciones mantenidas por Enrique Ortiz, imputado en la causa, con varios interlocutores para interesarse por la adjudicación del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana en 2008.

   Ortiz es socio de 'Diversia Concesiones y Servicios SL', presidida por el hijo de Vicente Cotino, el empresario alicantino le propone concurrir al concurso con su compañía. No obstante, su interlocutor le pide que "se olvide del asunto. ¿Por que?, es por, ¿Eso no se puede amañar o qué", le replica Ortiz.

   Vicente Cotino insiste en que se "olvide", porque "está el pescado vendido ya", pero ante la insistencia del empresario por conocer "quién está metido ahí", Cotino le explica que "se lo adjudicarán a Iberdrola", porque "van a traer aquí Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente".

   Al respecto, le detalla además que "irán Endesa y Acciona, irán los que tiene que ir, pero de acompañamiento", y poco después añade que "irá Bancaja con Iberdrola pero porque es otro acuerdo global".

   Ante esta situación, Ortiz le pregunta si quiere que él mismo "le diga algo a Mario" --en referencia al conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores--, y su interlocutor le aclara que "Mario no pinta nada ahí" y le pide que no le diga nada a Mario porque lo mete "en un aprieto".

Castedo pide al juez que levante el secreto de sumario y que le permita aportar documentación

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante --que lleva la parte del 'caso Brugal' relativa al PGOU de la ciudad-- que "levante cuanto antes el secreto de las actuaciones" y que le permita aportar "toda la documentación" que acredita "la legalidad" del planeamiento urbanístico, con la finalidad de poderse "defender" del "linchamiento mediático" que se está produciendo.

   Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones este miércoles en Alicante, a la salida de los juzgados a los que ha acudido para presentar un escrito con la intención de poder defenderse "ante las acusaciones y las interpretaciones que provocan que mediáticamente se pueda juzgar a una persona".

   En el escrito presentado, Castedo ha indicado que "a la vista de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación", solicita al Juzgado "que se proceda a levantar cuanto antes el secreto de las actuaciones", con el fin de "preservar los legítimos derechos constitucionales de todo ciudadano que depara el artículo 24 de la Constitución Española --derecho a la tutela judicial efectiva sin que se pueda producir indefensión--, para evitar un "linchamiento mediático, así como acusaciones mediáticas, sin ser formalmente y al día de hoy, parte en las actuaciones judiciales".

   Asimismo, Castedo solicita al titular del juzgado que "de ser ciertas las sospechas y acusaciones que aparecen en los medios de comunicación contra mi persona y referentes a unos informes policiales que la Fiscalía contra la corrupción de Alicante hace suyos", le permita "aportar toda la documentación que acredita, sin ningún género de dudas, las erróneas interpretaciones de los informes citados, así como de las conversaciones telefónicas, ya que todos los documentos referentes al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante son y han sido siempre públicos".

   Del mimo modo, la alcaldesa pide adjuntar "toda la restante documentación" para "acreditar debidamente la legalidad de todas y cada una" de sus actuaciones.

   Una vez presentado el documento en el juzgado, la alcaldesa ha asegurado que "solamente es la justicia la que puede juzgar a las personas" a lo que ha añadido que "ante los intentos mediáticos de determinadas personas de intentar hacer daño, la justicia debe estar también para proteger".

   "Solo quiero que me dejen defenderme y es lo que he venido a pedir aquí", ha indicado Castedo, quien ha señalado que se está pretendiendo un "linchamiento mediático", puesto que se han publicado "interpretaciones sobre determinadas conversaciones", mediante las que "los medios intentan dar a entender que se benefició a Enrique Ortiz".

Lorente dice que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios del sumario

ALICANTE.- La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha asegurado que está "tranquila" ante el levantamiento del secreto de 20.000 folios que forman parte del 'caso Brugal', y ha señalado que la aparición de su nombre en estos informes "políticamente no favorece, e igual se ha hecho por eso". 

   Mónica Lorente ha realizado estas declaraciones durante la visita a las obras del nuevo retén de la Policía Local oriolana en la pedanía de San Bartolomé.

   "Políticamente no favorece, igual, se ha hecho por eso", ha dicho la alcaldesa sobre la aparición de su nombre en los informes de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Además, ha indicado que el caso "será un proceso largo" en el que se irá comprobando "quién escribe los guiones de estas historias".

   La alcaldesa ha manifestado que "confía plenamente en la Justicia" y ha señalado que se niega a creer que "en pleno siglo XXI ocurran esta cosas".

   "Quiero que alguien profundice en estos escritos, porque cuando se dice indicios es que pueden ser o no ser", ha indicado Lorente, quien ha señalado que "en otro escrito, la Fiscalía se cura en salud" y ha avanzado que irá informando "de todos los pasos que se den".

Ripoll considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el caso Brugal

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, considera "evidente" la existencia de connotaciones políticas en el 'caso Brugal', puesto que, a su juicio, los informes policiales son "malintencionados, sesgados y falsos".

   José Joaquín Ripoll ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en Alicante, donde ha presentado sobre las iniciativas de pago que ofrece 'Suma' a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

   El presidente de la institución provincial, imputado en el marco de la 'operación Brugal', ha declinado hacer declaraciones sobre las nuevas informaciones publicadas, porque, según ha indicado, "no ha variado nada" desde el levantamiento parcial del sumario.

   "No se ha producido ningún movimiento nuevo desde el levantamiento del sumario", ha señalado Ripoll, quien se ha negado a "hacer juicios de valor sobre valoraciones interpretaciones", en su opinión, "subjetivas, que en algunos casos son malintencionadas, en otros casos sesgadas, en otros casos son falsas y se contienen en los informes policiales" y en "los informes y las peticiones del fiscal en algunos casos".

   Asimismo, el presidente de la Diputación ha indicado que todavía no tienen la competencia de que juzgado va a juzgar las diferentes tramas surgidas de la 'operación Brugal'. "Si en algún momento el juez considera que debo aclarar algo, seré el primero en facilitarle toda la información que el juez quiera", ha apuntado.

   Preguntado por la rueda de prensa este lunes de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, sobre las presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, Ripoll ha opinado que fue una decisión "correcta", que sólo "le compete a ella".

   "Yo soy partidario de dar explicaciones", pero no "todos los días", ha asegurado el también concejal del Ayuntamiento de Alicante, quien ha señalado que el plan urbanístico "estuvo elaborándose mucho tiempo".

El alicantino Sánchez Dragó reconoce en su último libro haberse acostado con dos niñas de 13 años

MADRID.- En su último libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...(Planeta), el escritor alicantino Fernando Sánchez Dragó asegura haber mantenido relaciones sexuales con dos "lolitas" de 13 años en Tokio. En la página 164 de la obra, que recoge sus conversaciones con el dramaturgo Albert Boadella, Sánchez Dragó narra lo ocurrido, que sitúa en la capital japonesa en 1967, según cuenta 'El País' de este autor medio afincado en la playa de Muchavista, en Campello. 

Cuenta que salió del metro y se topó de frente "con unas lolitas de esas -ahora hay muchas- que visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rimel, tacones, minifalda...". El escritor, que dirige y presenta en la cadena pública Telemadrid el programa de literatura Las noches blancas, da más detalles. "Las muy putas se pusieron a turnarse". Y afirma: "Las delincuentes eran ellas y no yo".

Tras trascender estos detalles, Sánchez Dragó, que se jacta en la obra de que el delito ya ha prescrito, ha querido rectificar y señala que lo que relata en el libro es "una anécdota trivial y sin mucha chicha convertida en literatura". "No hubo delito suponiendo que lo fuese, por la sencilla razón de que no pasó nada de particular", ha dicho a 'El País'.

"Era un grupo de chicas y chicos. Nos fuimos a tomar un café al lado de la estación de Ikebukuro. Hubo risas, chanzas y coqueteos. Luego cada mochuelo y cada mochuela se fue a su olivo. No creo, además, que tuvieran 13 años, sino algunos más. Era una forma de hablar. Los jóvenes japoneses tienen un aspecto muy aniñado", asevera.

El escritor ha asegurado que ha contado esa anécdota -"anécdota, insisto", dice- en "infinidad de entrevistas y algún libro". "¿Por qué se llama ahora al escándalo? ¿Habrá alguna razón oculta?", se pregunta.

Sin embargo, a pesar de sus últimas declaraciones tratando de salir del paso, en su libro no deja de dar detalles sexuales de las que llama "lolitas". "No hay nada como la piel tersa, los pechitos como capullos, el chochito rosáceo", dice. En la página 159, antes de contar el encuentro en Tokio, el dramaturgo Albert Boadella le cuenta que a él le gustan las mujeres cincuentonas. "Las mujeres, a partir de los 50, empiezan a tener un atractivo irresistible, adquieren una solidez erótica pausada pero intensa", apunta Boadella. Pero Dragó le contesta: "Ese es un punto de disidencia entre nosotros. A mí me gustan las de 15". Y más adelante sigue: "Llámame viejo, llámame como quieras pero es así. Y conste que, por desgracia, no hago nada. Pura boquilla. No están los tiempos como para meterse en ese tipo de fregados".

El comité de empresa de Telemadrid y CC OO, UGT y CGT han pedido a la dirección de la cadena pública madrileña la destitución inmediata del presentador de Las noches blancas. "Es absolutamente inadmisible que un tipo que presume de haber mantenido relaciones sexuales con niñas de 13 años aparezca en una empresa pública de comunicación", señalan en un comunicado.

"No es la primera vez que la verborragia desenfrenada de este individuo desprestigia al Ente Público Radio Televisión Madrid. Baste recordar su afición a hacer propaganda gratuita de bebidas alcohólicas y de medicamentos no autorizados por las autoridades sanitarias cuando presentaba el informativo de la noche en Telemadrid. Pero este último caso, en el que se jacta de haber cometido un delito tan repugnante como la pederastia, supera ya todos los límites", añaden.

La cadena pública Telemadrid, que emite el programa del que Sánchez Dragó es director y presentador, ha declinado hacer declaraciones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuya televisión pública trabaja Sánchez Dragó, tampoco ha querido valorar las afirmaciones del escritor: "Tendrá que contestar Telemadrid, puesto que está contratado allí. Y él tendrá que responder de sus declaraciones. En cualquier caso, no lo ha dicho en el ámbito de la cadena", ha asegurado una portavoz.

Dragó insiste en que lo que cuenta en el libro es una anécdota. Pero ¿es el título una novela o un ensayo? ¿Realidad o ficción? La editorial Planeta califica la obra de conversación entre Dragó y Boadella y la promociona con un texto de contraportada que anuncia "ideas rompedoras, iconoclastas, lo más políticamente incorrectas que imaginar se pueda". "Ideas y vivencias en las que se habla de sexo -nada arredra al locuaz Dragó cuando se suelta-, de drogas...". La editorial no ha querido salir al paso de la polémica suscitada por el libro. Una portavoz remitió para cualquier cuestión al propio escritor.

El papa Benedicto XVI afirma que toda persona tiene derecho a emigrar

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha afirmado que toda persona tiene derecho a emigrar a la búsqueda de un futuro mejor y ha denunciado que muchos emigrantes sufren acciones "dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas". 

El Pontífice ha hecho estas manifestaciones en su mensaje con motivo de la 97 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebrará el 16 de enero de 2011, que presentó hoy en el Vaticano el arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes.

El lema de esta jornada es "Una sola familia humana" y en su mensaje, el Papa exhortó a los fieles a abrir sus corazones a los emigrantes, para que en el mundo se imponga la justicia y la caridad, "columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera".

Tras referirse a las diferentes situaciones que obliga a las personas a emigrar, el Obispo de Roma precisó que los movimientos migratorios hay que verlos también dentro del fenómeno de la globalización, de la que dice que "no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también a una humanidad cada vez más interrelacionada", que supera fronteras geográficas y culturales".

"La Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este proceso histórico (la globalización) y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien. Por ello, todos, tanto emigrantes como las poblaciones que los acogen, forman parte de una sola familia y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo destino es universal", afirmó.

Benedicto XVI agregó en su mensaje que el bien común universal abarca toda la familia de los pueblos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista.

"En ese contexto se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida", subrayó.

Al mismo tiempo, precisó el Papa, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de todo ser humano.

Los inmigrantes, prosiguió en su texto, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional.

Se trata -subrayó- de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes originarios como para los nuevos llegado.

Benedicto XVI también se refirió en su mensaje a los refugiados y demás emigrantes forzados, para los que exigió el respeto de sus derechos, así como su seguridad y cohesión social.

"El mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas", denunció el Papa.

Señaló que para la Iglesia, esta realidad evidencia aún más la vocación de la humanidad a formar una sola familia.

El Pontífice también se refirió a los estudiantes extranjeros e internacionales, de los que dijo que son parte de los futuros dirigentes de sus países y que constituyen puentes culturales y económicos entre estos países y los de acogida.

Gabriele Ferdinando Bentoglio, subsecretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes, que participó en la presentación se refirió al asunto de los refugiados de los que dijo que hay 15 millones, de ellos 10,4 millones están bajo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).

Bentoglio dijo también que el número de personas evacuadas en sus propios países es de 27 millones.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto

MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.

El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

El TC admite el recurso de amparo contra la sentencia de las cesiones de crédito

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso de amparo presentado por la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la sentencia del Tribunal Supremo que archivó el 'caso de las cesiones de crédito' estableciendo la denominada 'doctrina Botín', que impide abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular, según el auto de admisión notificado a las partes.

   En el auto, el Constitucional abre una pieza de suspensión de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2007 por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

   Además, el Alto Tribunal da un plazo de tres días (a contar desde hoy martes) al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los directivos del Santander, entidad que comercializó estos productos en los años 80, para la presentación de sus respectivas alegaciones al recurso presentado por el abogado de la asociación, Iván Hernández, vinculado al fallecido Rafael Pérez Escolar.

   El recurso de amparo se fundamenta en que la sentencia del Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo y cuyos fundamentos fueron matizados en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 'caso Atutxa'.

   El Tribunal Constitucional da un plazo de 10 días a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para que remitan todas las actuaciones llevadas a cabo sobre el caso.

   Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989 a sus clientes. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal.

   Los 15 magistrados del Pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaron, con cinco votos particulares emitidos en contra, el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los directivos del Santander estaban acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.

   De los 138 clientes de la entidad que fueron acusados de defraudar a Hacienda a través de estos productos, un centenar de las causas fueron enviadas a los Juzgados de Instrucción de sus respectivas provincias y 38 están dentro del proceso de la Audiencia Nacional.

   Durante el proceso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, representada por el fiscal Vicente González Mota, pidió en 14 ocasiones el archivo de las actuaciones contra los responsables de la entidad, mientras que la Abogacía del Estado se pronunció en los mismos términos en siete ocasiones.

   El auto del Tribunal Constitucional está firmado por la presidenta, María Emilia Casas y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

Las hijuelas del 'caso Brugal' llevan hasta el juzgado a once presuntas tramas delictivas

ORIHUELA.- La sombra de las grabaciones del empresario oriolano Ángel Fenoll es alargada. A partir de los datos que él mismo facilitó y que le llevaron a la cárcel junto a su hijo se puso en marcha una operación que ha salpicado a cargos de gran parte de la provincia, incluida la alcaldesa de Alicante. Las grabaciones telefónicas a los protagonistas han destapado otras presuntas irregularidades que ya están en los juzgados, se escribe en 'Información'. 

En el diario 'Información' se detallan once posibles tramas de esta "resaca de Brugal", que forman parte del sumario.

Trama Calp
Las grabaciones de Fenoll apuntan a irregularidades en la adjudicación y construcción de una planta de transferencia de residuos en Calp. En ellas aparecen entregas de dinero en "grandes cantidades" desde 1998 y se sospecha que las irregularidades continúan con la manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a esta planta y que determinarían la facturación al Ayuntamiento. El fiscal mantiene que Francisco Artacho, ex cuñado del diputado provincial y concejal calpino Juan Roselló, intervino entre Fenoll y cargos municipales para que se autorizara la construcción de la citada planta. Tanto él como Roselló y otros dos ediles populares, entre ellos el ex alcalde Francisco Javier Morató, habrían recibido dinero del empresario oriolano, al igual que el concejal de IU Manuel Roura.

Recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela costa
Las empresas de Ángel Fenoll Proambiente y Colsur prestaban el servicio desde 1990 de Orihuela Costa y, según las grabaciones del propio empresario, se habrían producido irregularidades en el pesaje de los residuos. Esto propició que se investigara a Miguel Pedro Mazón, teniente de alcalde en Orihuela con el PP y que, al parecer, pdo recibir dinero de Fenoll en relación a la recogida de algas.

Caminos a la planta de Proambiente
El fiscal ve presuntas irregularidades en los permisos que otorgó el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción de la planta de gestión de residuos de Proambiente, propiedad de Fenoll, a principios de los años 90. A raíz de las grabaciones se investiga a Joaquín Daniel Cuenca, presidente de la Asociación de Regantes Murada Norte y que presentó una carta en favor de Fenoll en el Ayuntamiento de Orihuela a cambio supuestamente de dinero.

Financiación del PSOE de Abanilla (Murcia)
Los investigadores tienen constancia de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Abanilla, en Murcia, a cambio de evitar que sean cuestionadas públicamente la figura y los negocios de Fenoll, al estar ubicada en esta población la planta de Proambiente. El secretario general local del PSOE y concejal José Antonio González, y los ediles socialistas José Antonio Cutillas, Manuel José Martínez, Dolores Mateo y María Dolores Saurín podrían haber recibido contraprestaciones económicas.

Recogida de residuos en Callosa de Segura
Existen indicios de presuntas irregularidades en el servicio de recogida de residuos con posibles pagos al alcalde, el popular Francisco Javier Pérez Trigueros.

Delito medioambiental
Según las escuchas telefónicas también podría haberse cometido un delito medioambiental por el vertido irregular de residuos en unas fincas propiedad de Francisco Poveda al tener el empresario oriolano clausuradas parte de su planta de gestión de residuos.

Descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda
Las investigaciones a Fenoll y sus empresas destaparon que su entorno más cercano utilizaba información privilegiada proveniente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) para minimizar los efectos de las inspecciones al parecer con la colaboración de funcionarios de Hacienda. En este apartado también se investiga a un guardia civil.

Financiación del Hércules
La investigación señala al empresario Rafael Gregory, amigo del presidente de la Diputación y miembro de la Fundación Hércules, y le atribuye el uso de sus influencias para conseguir presuntamente financiación para la fundación por parte de la Diputación a cambio de que ésta adjudicara obras de menor cuantía a dos empresas, Arosa y Tizor. Además de a Gregory, el fiscal pide investigar al vicepresidente cuarto de la Diputación, Carlos Mazón, al ex presidente de la Fundación Hércules Ignacio Mangada, al gerente de esta entidad, Nicolás López, y al administrador de Asfaltos Reunidos, Obras Arosa y Bonete Producción, Antonio Bonete.

Alzamiento de bienes de Autisa. La madeja de la que salen los hilos
También las escuchas pusieron sobre la pista a las autoridades de un presunto alzamiento de bienes en el grupo Autisa, de la familia Gregory. La importancia de esta investigación es que dentro de este presunto delito Rafael Gregory pide ayuda a Ángel Fenoll para traspasar propiedades al entramado empresarial del oriolano y así eludir el embargo. Y en el transcurso de esa investigación aparece Enrique Ortiz por una de las adjudicaciones a las que ambos empresarios optaban. De esta forma salen a la luz todas las presuntas actividades irregulares del máximo accionista del Hércules con diversos cargos de la provincia.

Plan General de Ordenación Urbana de Alicante
El fiscal sostiene que altos cargos del Ayuntamiento de Alicante le facilitaron a Ortiz información privilegiada del contenido del PGOU y ve viable que incluso se produjeran cambios de planeamiento favorables al empresario al tiempo que se le permitía adquirir zonas cuyo cambio de calificación le supondrían "ingentes beneficios". Las presuntas irregularidades tienen que ver con las principales actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo en Alicante -la mayoría incluidas en el Plan General- que son: Saladares de Aguamarga, Aguamarga-Ciudad de la Economía, estadio Rico Pérez, Torres de la Huerta-Condomina y Fontcalent. 

Según las primeras investigaciones el máximo beneficio se obtendría con el cambio a urbanizables de zonas protegidas de la ciudad. El fiscal mantiene que, a través de la mercantil Deproinmed, que estuvo mucho tiempo sin actividad, Ortiz fue comprando las zonas que mayor valor adquirirían una vez que se aprobara el Plan. El escrito alude a las "estrechas relaciones" que el empresario mantiene con la alcaldesa y a la participación de José Cortina, subdirector de Bancaja y "máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

Sociedad de Proyectos Temáticos. Futuro Palacio de Congresos
La investigación también detectó presuntas irregularidades en la adjudicación del nuevo Palacio de Congresos y del Parque Cultural de San Vicente del Raspeig; en la adjudicación para el mantenimiento y la gestión de servicios de Ciudad de la Luz y en la concesión de un aval de 16 millones al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.

En todas las actuaciones Ortiz aparece como solicitante, el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, como representante administrativo y el piloto de rallyes y amigo de éste último Miguel Ángel Fuster como intermediario y receptor de contraprestaciones.

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. 

Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos, según recoge 'El País'.

El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución.

En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

Por su parte, el diario 'Levante' informa hoy que el alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante.

El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.

­Informe de la Unidad de Blanqueo

La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo.

La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.

Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.

Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.

Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica.

Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD.

Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.

La Mesa de las Corts tramita una petición de Compromís para la creación de una Comisión de Investigación sobre 'Gürtel'

VALENCIA.- La Mesa de las Corts Valencianes ha tramitado este martes una petición de Compromís para que se debata en el pleno la creación de una comisión no permanente de investigación para clarificar la relación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los consellers y altos cargos de las entidades públicas valencianas con las empresas relacionadas con el caso 'Gürtel', según ha informado fuentes parlamentarias.    

Se trata de una iniciativa que la coalición presentó el pasado 13 de abril al considerarlo "oportuno", una vez se levantó el secreto de sumario.

No obstante, la propuesta fue rechazada y Compromís presentó en septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por considerar que el PP, con mayoría en la Mesa había vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas al no tramitar esta y otra iniciativa.

Alarte dice que Castedo debe explicar de dónde saca documentación y pide que los jueces lo investiguen todo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha considerado que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe explicar "de dónde sacó el papel" en referencia a la documentación mostrada este martes por la primera edil para demostrar que no dio trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', ni recibió  dádivas de este constructor. 

"Pero sobre todo --ha puntualizado Alarte-- el PP debe explicarlo todo" porque "ya superan el centenar los dirigentes 'populares' que estan siendo investigados o imputados por diversas causas de corrupción". 

   El líder de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones preguntado por los medios por su valoración de que Castedo haya mostrado documentación "bajo secreto de sumario" referida al 'caso Brugal', lo que "recuerda" al informe policial sobre la trama Gürtel que exhibió el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y por lo que el PPCV ha presentado una querella.

   Al respecto, Alarte ha comentado que la alcaldesa de Alicante "lo tendrá que explicar" aunque ha insistido en que lo más importante es que "los jueces, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la democracia lo investiguen absolutamente todo porque está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas".  

   El secretario general del PSPV ha expuesto la sensación de que es difícil de creer que "Francisco Camps y el PPCV habían extendido de esta manera la corrupción, el abuso del poder y la confusión de lo público y lo privado" y ha manifestado que el presidente de la Generalitat "representa el epicentro de este tsunami de corrupción, que ha extendido una manera de entender la política inaceptable desde el punto de vista democrático".  

   Por ello, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "necesita pasar página, un cambio de gobierno y de tiempo, aunque sólo sea para que nada se quede escondido en el cajón".

COMFIA-CCOO pide mayor transparencia en torno a los reajustes en las cajas integradas en el SIP con CAM

ALICANTE.- El secretario general de COMFIA CCOO, José María Martínez, ha reclamado una "mayor transparencia" en torno al proceso de reestructuración previsto en la entidades integradas en SIP de Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, y que los reajustes sean voluntarios para los 2.000 trabajadores que tendrán que salir de la plantilla.

   En un encuentro informativo ofrecido este martes en Alicante, coincidiendo con la reunión que mantiene en Madrid la mesa única laboral con la dirección del grupo, José María Martínez ha hecho hincapié en que "lo fundamental" es que "el ajuste de plantilla sea un proceso negociado y no traumático".

   "Lo básico para CCOO es que las personas tengan las mejores condiciones y que sea voluntario", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por que las "restricciones se produzcan mediante un acuerdo intergeneracional, con una salida digna para los trabajadores de mayor edad".

   Así mismo, ha reclamado que la dirección sea "absolutamente transparente" y determine la dimensión de la reestructuración que pretende abordar, y que afectará a 2.000 de los 14.000 trabajadores que conforman la plantilla de las cajas integradas en el SIP --sin contar a las empresas de los grupos--.

   Por otra parte, interrogado sobre la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional por CGT-CAM contra la mesa única, por la que este miércoles se celebrará el juicio, José María Martínez ha considerado que con esta medida "las secciones sindicales que rechazan la mesa no quieren atender la propia realidad".

   En su opinión, este miércoles cabe esperar que la Audiencia Nacional les comunique que "su demanda no tiene posibilidades de prosperar e intente obligarles a una conciliación, o entrar a juzgarlo, y que la sentencia salga en uno o dos meses".

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades estanca la corrupción urbanística

MADRID.- La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. 

Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". 

Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. 

"Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. 

"Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". 

A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". 

El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. 

"Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.

Alarte cree que PPCV está en "situación insostenible" y que los valencianos lo limpiarán antes que la Justicia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este lunes que el Consell y el PPCV está "desde hace meses en una situación insostenible" y considera que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha equivocado con los cálculos de que sea la Justicia la que "limpie" el partido porque lo harán los valencianos en las elecciones. 

   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que considera que existen indicios de que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pudo facilitar información privilegiada al constructor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, sobre la tramitación del nuevo PGOU.

   Al respecto, ha apuntado que será la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, la que haga las valoraciones sobre esta cuestión, "en cuanto conozcan las acusaciones formales que hace la Fiscalía, "que desconocemos", ha apuntado.

   Por otro lado, opina que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "está equivocándose con un cálculo que ha hecho", que es que los "tribunales, fiscal y Policía, hagan su trabajo de limpieza del PPCV. A cambio, los valencianos sufrimos una situación terrible".

   "Se ha equivocado en el cálculo porque es muy probable que los valencianos le acaben haciendo el trabajo y de paso, que él tampoco gane las elecciones", ha apostillado.

Los empresarios piden que los nuevos funcionarios tengan "remuneraciones variables"

SANTANDER.- El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan remuneraciones variables y una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada. 

   Andic ha apostado por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró anoche en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

   El presidente de Mango, que sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.

   Andic ha adelantado algunos de los objetivos de su programa al frente del IEF y ha solicitado una mayor flexibilidad laboral, la reducción de las cotizaciones sociales, mejorar el marco fiscal para facilitar la exportaciones de las empresas españolas al extranjero y ayudas fiscales a la contratación de los jóvenes para que estén dos años exentos de cotizar a la seguridad social.

   Además, el presidente de IEF ha pedido al Gobierno que aumente el gasto destinado a educación y formación profesional para preparar a los jóvenes y luchar para que el abandono escolar baje del actual 30%. Andic también ha destacado la importancia de fomentar el inglés entre los jóvenes como sucede en países como Francia y Alemania.

   Por último, Andic ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".

   En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".

Aristóbulo de Juan aboga por iniciar otra oleada de fusiones e intervenir cajas infracapitalizadas

VALENCIA.- El primer secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y ex director general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, ha abogado por acometer una "segunda oleada de fusiones" entre cajas de ahorro, que sea "muy diferente" a la realizada en los últimos meses e incluya intervenciones del Banco de España en entidades "infracapitalizadas" o "en situaciones de insolvencia no detectadas".

   Así lo ha señalado en la conferencia 'Enseñanzas (vigentes) de la patología bancaria y su aplicación en España' que ha pronunciado este lunes en Valencia y en la que ha planteado, a modo de hipótesis, la "estrategia alternativa" que se debería seguir "si el diagnóstico oficial, basado en que el sector de cajas tiene problemas de dimensión y de eficiencia, pero no de solvencia, no es el acertado". "Aunque ojalá lo sea", ha recalcado.

   En su opinión, "debería diseñarse ya un nuevo paquete de medidas con una alternativa diferente" que pase de "basarse en mecanismos de liquidez" a centrarse en "mecanismos de capitalización y cambios en el sistema de gestión de las entidades", para lo que considera "requisito indispensable" que exista "voluntad política".

   Ha remarcado que deberían producirse "nuevas intervenciones en entidades infracapitalizadas, con cambios inmediatos de consejeros y directivos y una investigación profunda de la situación real" de la entidad, para después inyectar capital, "comprar los activos malos" según el valor que poseen "en los libros" y estudiar "un préstamo o aval, pero siempre como complemento".

   De Juan considera que, para lograrlo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no es la solución" dado que obliga a las cajas a devolver las ayudas en cinco años a un precio "caro", en vez de obtener "inyecciones de capital fijo, que es lo que necesitan".

   Por este motivo, ha instado a recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos "porque así quienes lo sufragarían serían las entidades privadas" y ha defendido que éstas podrían aumentar su aportación al FGD --1 por mil de la base de cálculo para las cajas y 0,6 para los bancos-- mientras que el propio fondo también puede recibir préstamos del FROB a través de emisiones de crédito.

   De Juan, que desde 1978 trabaja en crisis bancarias, ha destacado que la causa de la crisis de las cajas es la "mala gestión", por haber registrado "un crecimiento demasiado rápido y una asunción de riesgos desmedidos" concentrados en el sector inmobiliario.

   Así, ha hecho hincapié en que "el supervisor debe intervenir en cuanto detecta un nivel suficiente ende insolvencia en que apoyarse jurídicamente" para "investigar dentro de la entidad" porque "cuanto más tarde se aborda a fondo la insolvencia, más costoso resulta".

   "Una supervisión eficaz debe conllevar la comprobación directa e in-situ de la salud de las entidades", ha recalcado el ex director general del Banco de España, quien ha subrayado que las pruebas de esfuerzo "pueden ser instrumentos útiles, pero no siempre son inteligibles y realistas", por lo que "pueden equivocar al supervisor y hacerle bajar la guardia a la hora de valorar los activos e identificar la necesidad de provisiones específicas".

   En este punto, ha resaltado que "cuando las entidades tienen problemas serios, sus gestores suelen ocultar los problemas mediante el maquillaje de sus cuentas" --con instrumentos como "refinanciaciones de operaciones inviables" o la "sobrevaloración de los bienes recibidos en pago de deuda y de las acciones canjeadas por créditos--, de modo que "los peores créditos, aquellos que pueden cargarse a una entidad, nunca están contabilizados como morosos".

   Así, ha denunciado que ese "infraprovisionamiento" debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la solvencia de esas entidades porque debería estar contemplada en el cálculo de los recursos propios --capital más reservas menos insuficiencia de provisiones-- y, de no ser así, "el capital regulatorio y el capital contable pueden servir para poco como indicadores de solvencia" e "incluso ocultar contablemente situaciones de descapitalización real".

   "Las situaciones de insolvencia nunca son declaradas por el banquero, o casi nunca", ha recalcado De Juan, quien ha agregado que "con frecuencia, tampoco son identificadas por los auditores ni por el supervisor hasta que la entidad se queda ilíquida", con lo que si esa insolvencia es "profunda", las "escasas pérdidas" que declara el banquero se doblan cuando son detectadas por el auditor externo, vuelven a duplicarse con la llegada de los inspectores y se multiplican nuevamente por dos con la intervención del regulador.

   "Y al final, se pone la entidad en venta y las pérdidas fruto de una 'due-diligence' --radiografía completa de la sociedad-- multiplicarán por dos las identificadas por los interventores".

   De Juan ha apuntado que, "en los procesos de saneamiento, resulta inevitable la adopción de medidas de repugnan" y ha precisado que "suele corresponder al Gobierno la asunción de pérdidas", que "constituye un pecado fiscal" pero "debe aceptarse con realismo" por tratarse de "un mal menor".

   Es más, ha defendido que "cualquier pérdida en que se incurra es buena, si resulta ser la última", y ha indicado que la "prueba de fuego" de una operación de saneamiento requiere "la pronta regeneración de la función del crédito y la capacidad de atraer inversiones fuertes que aseguren un futuro sostenible".

González Pons insta a Wikileaks a investigar a Rubalcaba para revelar "secretos oficiales" y "verdades"

SANTIAGO.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha invitado este lunes al portal de información Wikileaks a descubrir al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque "tendrá oportunidad de sacar no sólo secretos oficiales, sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas".

   "Rubalcaba es candidato a la siguiente investigación de Wikileaks si es que apostamos por la libertad de información y el esclarecimiento de todas las verdades donde haya una democracia", ha advertido el dirigente popular, en declaraciones a los medios, antes de pronunciar la conferencia 'Nuevas tecnologías, nuevos derechos y nuevos ciudadanos'.

   Tras señalar que el Gobierno debería "replantearse" la acumulación de poder que queda en manos del vicepresidente Rubalcaba, González Pons ha señalado que la web que reveló información secreta en Estados Unidos (EE.UU.) sobre las guerras de Afganistán e Irak y Pérez Rubalcaba "son el uno para el otro".

"Son como el sheriff de Nottingham y Robin Hood", ha ironizado.

   "El día que Wikileaks descubra a Rubalcaba, sus años en la época de los GAL y en el actual Ministerio del Interior y su paso a la portavocía del Gobierno tendrá oportunidad no sólo de sacar secretos oficiales sino verdades que llevan mucho tiempo pidiendo ser desveladas", ha ratificado.

   Al tiempo, ha incidido en que el vicepresidente maneja "todas las fuentes de información confidencial del Gobierno", mientras que gestiona también "intereses de los medios públicos y privados", y se ha mostrado convencido de que, con esta acumulación de cargos, la libertad de expresión "sufre".

   "Que ningún español espere que Rubalcaba genere ningún puesto de trabajo porque no va a garantizar nada más que el suyo y el de Zapatero --el presidente José Luis Rodríguez Zapatero--", ha advertido, para concluir que, cuándo éste "llega", la verdad "siempre es la primera víctima".

El Ayuntamiento de Alicante regula las condiciones de implantación de Ikea

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, Miguel Carratalá, de la urbanizadora Viviendas Sociales del Mediterráneo, y representantes de Ikea han suscrito este lunes un convenio por el que se regulan las condiciones de implantación del centro comercial de la multinacional sueca en la ciudad.

   El convenio, suscrito en el Ayuntamiento alicantino, da paso al inicio del plazo de un mes que tiene el agente urbanizador para presentar una modificación puntual del Plan Parcial Rabasa.

   Según el delegado de Urbanismo en el Consistorio de Alicante, Alfonso Mendoza, la ratificación que se ha producido este lunes "permite que el urbanizador presente una modificación del Plan Parcial, que admitirá así la inclusión del centro comercial dentro del sector".

   Según Mendoza, este acuerdo es "muy beneficioso" puesto que permitirá la creación "de un gran número de puestos de trabajo" y "agiliza" la llegada de Ikea a la ciudad.