lunes, 15 de noviembre de 2010

¿En qué situación estamos en la crisis económica? / Carlos Berzosa *

La crisis económica tiene ya una duración de tres años, pues sus inicios se pueden situar en el verano de 2007, cuando estalla la burbuja especulativa inmobiliaria en Estados Unidos y se desencadena el cataclismo provocado por las hipotecas basura. Se agravó en septiembre de 2008 cuando afectó con fuerza a los bancos y el sistema financiero está a punto de derrumbarse, que no cae por la intervención de los gobiernos. La crisis inmobiliaria se transformó en una crisis financiera de una extrema gravedad, a la que ha seguido una gran recesión.

Desde hace un tiempo en las economías desarrolladas ha habido leves recuperaciones, con ritmos diferentes según los países. La recuperación, allí donde se ha producido, es lenta y leve, lo que mantiene la incertidumbre al tiempo que unos niveles de desempleo elevados. A la crisis de la economía real le ha seguido la crisis de la deuda pública y privada, y con posterioridad ha tenido lugar la guerra de divisas.

Ante la cumbre del G-20 en Seúl no se vislumbran señales de acuerdos internacionales capaces de evitar males mayores, y lo que se anuncia es el malestar de determinados países ante la política de Estados Unidos y la consiguiente debilidad del dólar. La devaluación del dólar hace más intensa la guerra de divisas, en la que hay unos perdedores: los países europeos de la zona euro que se encuentran con una moneda fuerte que debilita las exportaciones y favorece las importaciones. La economía española, muy debilitada desde que se desencadenó la crisis, se ve muy perjudicada por esta fortaleza del euro, lo que sin duda debilitará todavía más una posible recuperación.


La situación no es nada fácil y economistas como Roubini, en una entrevista en El País, en el suplemento Negocios del pasado 31 de octubre, anuncia otra posible crisis, e insiste en que al paso que vamos la próxima crisis financiera va a ser aún peor. Nos esperan años dolorosos, dice, por el alto endeudamiento público y privado. Critica con mucha razón al Banco Central Europeo, que con su política demasiado obsesionada por la inflación conduce a un verdadero desastre. Por lo que concierne a la guerra de divisas, advierte de que si el euro llega a 1.60 por dólar no habrá posibilidad de recuperación.

No se puede olvidar que Roubini fue uno de los pocos economistas capaces de predecir la crisis actual, como tuve ocasión de señalar en el artículo anterior, y aunque no se pueda tener la certeza, en el mundo inestable en el que estamos, acerca de que sus predicciones bastantes pesimistas se cumplan, no estaría de más tenerlo en cuenta. 


La lectura de su libro escrito conjuntamente con Stephen Mihm “Cómo salimos de ésta” (Destino, 2010) resulta sugerente y acertado en gran parte de sus análisis. La enseñanza que se puede extraer de su lectura es que o cambiamos ya el rumbo de la economía mundial, o si no seguiremos en una etapa de incertidumbre y riesgos permanentes.

Pero Roubini no es el único en plantearnos un panorama un tanto desalentador, sino que en el mismo suplemento, en otra entrevista que se realiza a Carmen Reinhart, de origen cubano, pero que vive desde los 10 años en Estados Unidos, critica la actuación de Alemania porque considera que condena a la Unión Europea a graves problemas. 


Esta economista es coautora con Kenneth Rogoff de “This time is different” (Princeton University Press, 2009), una historia de las crisis de los últimos ochocientos años en la que demuestra que esta vez tiene muy poco de diferente. Estima que España al ser un país muy endeudado lo va a tener muy difícil en los próximos dos años. Advierte del peligro en que se sigue encontrando la economía griega, a la que augura una más que probable suspensión de pagos, y ve posible que se produzca también la de algún país del este de Europa, al tiempo que anuncia posibles problemas en Portugal e Irlanda.

Sus pronósticos no se encuentran muy descaminados, pues han vuelto a aparecer ataques especulativos a la economía española, y se ha creado una gran desconfianza hacia la economía de Irlanda. Existe un gran temor a lo que pueda suponer la caída de esta economía y lo que pueda arrastrar tras de sí, entre otras a la economía española. La situación resulta muy delicada y pone de manifiesto la fragilidad del sistema financiero y la vulnerabilidad de determinadas economías. Grandes tormentas se avecinan y todavía no se ha despejado el ambiente de la crisis en la que estamos sumidos.

Ante esta situación se pone de manifiesto la inoperancia de la gobernabilidad internacional y de la Unión Europea (UE). La reunión del G-20 puede significar otra decepción más, y se observa con preocupación que, ante la gravedad de los problemas existentes, sigue habiendo una falta de coordinación internacional, y no digamos dentro de la UE. Cada país trata de salvarse a sí mismo, sin contemplar que esa actitud puede ser perjudicial para el conjunto y para ellos mismos.

En el mismo suplemento del diario El País encontramos un artículo de la que ha sido hasta septiembre presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, la profesora de la Universidad de California Christina D. Romer, en el que plantea con claridad meridiana que este no es el momento de reducir el déficit. Así, considera que países como Grecia y otros de la periferia euro ya no pueden adquirir préstamos a unos tipos asequibles. 


Los países que disfrutan de la confianza de los mercados -Estados Unidos, Francia y Alemania- tienen razones para esperar y deben desempeñar una función esencial como fuentes de crecimiento y demanda para la economía mundial. El reforzamiento de estas economías contribuirá a evitar que el mundo se precipite hacia otra recesión y permitirá una curación continuada de los mercados financieros vulnerables en los Estados Unidos y en el extranjero.

En suma, seguimos metidos en grandes turbulencias económicas, y la crisis está lejos de resolverse. Aunque no existen remedios milagrosos para arreglar los enormes desaguisados creados por el modelo de crecimiento y por gran parte del sistema financiero, sí se deben tomar medidas que atenúen los efectos perversos. Conviene leer y hacer caso a economistas de prestigio, que sin ser heterodoxos, sí hacen propuestas que se salen de la ortodoxia en la que hemos vivido en los últimos años, y a la que se quiere volver. Los cambios son cada vez más urgentes si no queremos meternos en una espiral de riesgos y sobresaltos continuos.

(*) Carlos Berzosa es catedrático de Economía y rector de la Universidad Complutense

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada', nuestro blog con las noticias más relevantes y trascendentes para todos de cara a afrontar, adaptarnos y superar la actual crisis, ante el riesgo de perecer en ella por falta de la adecuada y puntual información. Estas son las últimas seleccionadas por resultarnos las más interesantes:

Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

MADRID.- Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso. Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita, según publica 'El País'.

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a El País que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros". Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa.

La Fiscalía de Nueva York tiene en su poder una comisión rogatoria del juez Pedreira pidiéndole que interrogue a Caruso por delitos fiscales y de evasión de capitales, entre otros. Al ser consciente de que era investigado en España, el abogado de Caruso se entrevistó el pasado 14 de junio en Nueva York con funcionarios policiales comisionados por la justicia norteamericana a instancias de Pedreira. Fue el propio abogado de Caruso el que pidió a los agentes entrevistarse con ellos. El letrado quería información sobre la situación judicial de Caruso, ya que su cliente, comentó, le había expresado "su miedo" a salir del país ante la eventualidad de que fuese detenido.

El abogado habló con los agentes tras recibir de la fiscalía de Nueva York (EE UU) un requerimiento para que compareciese en sus dependencias y prestara declaración en relación con la petición de ayuda cursada por el juez español. Los agentes informaron al abogado de los delitos de los que estaba "imputado" su cliente y del carácter secreto de las diligencias, y le conminaron a que declarase al día siguiente, 15 de junio, ante la fiscalía neoyorquina. Incluso le sugirieron la posibilidad de que prestase declaración, a través de videoconferencia, simultáneamente con Madrid.

El abogado no se comprometió a nada en ese momento, aunque horas después comunicó a los policías que ni él ni su cliente Caruso acudirían a la citación. En ese instante, Caruso trabajaba para la sociedad Merrill Lynch, pero el 16 de septiembre, al ver que sus pasos eran seguidos por la justicia, informó a Wall Street de que cambiaba su firma de operaciones a favor de la citada Morgan Stanley, a la que trasladó su bolsa de clientes, se supone que entre ellos a Correa. Morgan Stanley ha pagado una fuerte suma a Caruso por sus servicios antes de conocer sus problemas con la justicia.

La policía sostiene en un informe al que ha tenido acceso El País que Correa y Crespo crearon "una estructura societaria en los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho Juris Magister, dirigido por Vicente Luis Agramunt Siurana y dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune".

Según el citado informe, que está en poder de la justicia estadounidense, "los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami" de Bancaja, "dirigida por Guillermo Martínez Lluch". La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida (EE UU).

Siempre según el citado informe, el dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias "era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por Caruso y residenciada en las Islas Caimán, tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la república de Singapur". Los investigadores de Gürtel están convencidos de que Caruso es el "asesor financiero y persona de confianza de Francisco Correa y [su lugarteniente en la trama] Pablo Crespo", y que se trata de la persona que "creó, gestionó y administró la estructura societaria en las Islas Caimán y los fondos de las sociedades a través de las posiciones que dichas compañías tienen en la entidad financiera Merrill Lynch", donde Caruso desarrolló su actividad hasta hace unos meses, cuando fue fichado por Morgan Stanley.

En el citado informe, los investigadores de Gürtel "consideran crucial" interrogar a Caruso "para determinar el destino de parte de los fondos de la organización [de Correa] generados por operaciones delictivas en España, así como el dinero ya blanqueado en operaciones inmobiliarias de carácter especulativo desarrolladas en los Estados Unidos de América". 

En Morgan Stanley, ignorantes de los supuestos chanchullos de Correa y Caruso, existe preocupación por las consecuencias de la investigación a la que está sometido Caruso y la posible ilicitud de los fondos de Correa. Merrill Lynch fue adquirida el año pasado por el Bank of America a un precio de 44.000 millones de dólares. No obstante, Caruso ha recalado finalmente, con su cartera de clientes, en Morgan Stanley. 

En concreto, ahora trabaja para la división internacional de banca privada de esta firma, denominada Wealth Management, ubicada en la calle 399 de Park Avenue. Fuentes cercanas a Morgan Stanley señalan que la preocupación viene dada porque esta entidad tiene como principio básico "no gestionar u ocultar dinero de procedencia ilícita y menos aun de un país democrático como España".

El nombre de Randall Caruso aparece mencionado en las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la Gürtel tras ser encarcelados por el juez Garzón en febrero de 2009. En esas grabaciones, que fueron anuladas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de Correa, da instrucciones a abogados desde la prisión de Soto del Real para recuperar y esconder fondos que la organización tiene en el extranjero.

Esas conversaciones revelan que la esposa de Crespo actuó de "intermediaria" con personas de la organización "para recibir o transmitir mensajes de su marido". Y que, entre otras personas, se puso en contacto con Caruso. En una de las llamadas interceptadas, señala que ha utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Caruso.

El juez Pedreira tiene imputadas en Estados Unidos a otras cuatro personas aparte de Caruso: entre ellas, Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos de lujo frente al mar. Otro de los investigados es el español Guillermo Martínez, director en Miami de Bancaja.

Hacienda calcula que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, amasó dinero y bienes tasados en 85 millones de euros. En Miami (EE UU) y España tiene numerosos inmuebles a nombre de terceros que son suyos.

A los 30 millones que la investigación de Gürtel le busca en Estados Unidos y las Islas Caimán, se unen los 21 millones que ya le han sido localizados, y bloqueados, en Suiza. Todo este dinero procede del dinero que logró la red gracias a negocios basados en intermediación y sobornos a políticos del PP de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y cuatro grandes municipios madrileños a cuyos ya ex alcaldes dio comisiones.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero ilícito. Aparte de en Estados Unidos, se le busca dinero en Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido.

Ángel Luna, 'imputado' por la reforma de su casa que supuestamente le pagó Ortiz

VALENCIA.- El magistrado Juan Climent, que investiga investiga los hechos que se denuncian en la querella interpuesta por el PP contra el síndico del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, por un presunto delito de cohecho ha notificado en una providencia al dirigente socialista que "como persona imputada" tiene derecho a designar procurador y letrado de oficio. De lo contrario, según se apunta en el texto, le será designado uno de oficio.

Desde el PSPV se asegura, sin embargo, que Luna no ha recibido por el momento ninguna notificación de imputación, a pesar de que esta misma mañana se ha personado ante el TSJ valenciano para nombrar a un representante legal por si fuera llamado a declarar.
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha pedido este lunes explicaciones de su homólogo socialista porque "está imputado y no puede seguir huyendo".
Sobre el uso del término "persona imputada", fuentes del TSJCV han explicado que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación.
Las mismas fuentes han aclarado que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado en el caso en que fuera llamado a declarar, pero por ahora esta situación no se ha producido.
El pasado 27 de ocubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declaró competente para investigar dos querellas contra Luna, por revelación de secretos (al mostrar en la Cámara autonómica un informe judicial bajo secreto de sumario) y cohecho.
Al parecer, y según fuentes populares, la providencia del juez Climent haría referencia a la denuncia interpuesta por la reforma de las obras de una vivienda, cuyo coste (698.600 pesetas) corrió supuestamente a cargo del empresario alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gürtel.
Las obras, en cualquier caso, se ejecutaron más de dos años después de que el actual portavoz socialista dejara la alcaldía de Alicante, y cuando no ocupaba ningún cargo institucional ni orgánico en el PSOE.
Sobre esta asunto, Luna ha reiterado en las últimas semanas que pagó "directa o indirectamente" la actuación en esta vivienda, heredada por su cónyuge.

Alarte dice que el PSPV no tiene "ningún imputado" en "condición parecida" al PP

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado este lunes que, "desde el punto de vista procesal", su formación no tiene "ningún imputado en ninguna condición parecida a ningún militante del Partido Popular". "A nosotros nos acusa el PP, que quiere ocultar sus delitos y responsabilidades. A ellos les acusa el Estado", ha puntualizado. 

   Alarte ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras ser preguntado por la decisión del magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Climent, de dar traslado al portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, del contenido de la querella interpuesta por el PP contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de una reforma en su casa.
   El líder socialista ha aclarado al respecto que el tribunal le ha comunicado la querella a Luna, pero ha considerado que "una querella presentada por unos presuntos delincuentes no es razón para asumir ninguna responsabilidad política", porque, en su opinión, este asunto "no es más que un montaje".
   "El PP acabará querellándose contra todos nosotros" porque "es su sistema de amedrentarnos, de intentar protegerse y garantizar la impunidad  por lo que han hecho y por lo que posiblemente hayan hecho y todavía no conocemos", ha declarado.
   Además, ha insistido en la diferencia entre la acusación al PP, ejercida por "los poderes del Estado, los policías de la democracia, los fiscales y los jueces" y, por otro lado, al PSPV, que "sufrimos la persecución de un partido que ha perdido garantías democráticas  en su funcionamiento".
"No nos van a callar a nosotros y a ninguno", ha apostillado.
   Preguntado sobre si existe una "doble vara de medir" a la hora de considerar la imputación de Luna y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Jorge Alarte, ha aseverado que "no hay ninguna doble vara de medir en ningún caso", y ha añadido que "una pandilla de presuntos criminales que lo único que buscan es la impunidad no nos van a doblegar. La querella ésa sólo tiene una intención: que no preguntemos, que no exijamos responsabilidades", ha destacado al respecto.
   Tras ser inquirido sobre si "ir a declarar como imputado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sería la vara" para diferenciar la imputación de Luna y la de Camps, el secretario general del PSPV ha ha diferenciado el hecho de "ir a declarar al TSJ acusado por la pandilla de presuntos criminales que dirigen el Gobierno valenciano y el PP" e "ir a declarar como imputado" acusado por los poderes públicos.
   "Si nosotros tuviéramos delante un partido democrático, unas instituciones normalizadas y un Gobierno de la Generalitat homologable a cualquier otro gobierno democrático de España sería importante saber qué hacen y qué denuncian, pero si lo que tenemos ante nosotros es una pandilla de imputados que lo único que buscan es defenderse, no les vamos a dejar que lo hagan", ha insistido Alarte.
   Alarte ha acusado a los 'populares de presentar la denuncia contra Luna "de manera torticera y malintencionada". Pero, los jueces, que "están cumpliendo con su deber", "tienen que comprobar si es cierta o no" esta denuncia.
   Preguntado sobre si está de acuerdo, al igual que afirmó Ángel Luna en su día, que habría que "inhabilitar" a Camps, Alarte ha manifestado que Camps "está inhabilitado desde que el día en que fue declarar al TSJCV en calidad de imputado en la trama 'Gurtel'".
"Desde el punto de vista político ya está inhabilitado hace mucho tiempo", ha recalcado.
   Por último, el líder de los socialistas valencianos ha comentado que si el precio que tienen que pagar los miembros de su formación "por defender la honradez, la ética y la democracia es que nos denuncien a todos pues no hay ningún problema". No obstante, ha recalcado que no les van a "amedrentar". 
"Si se piensan que a base de denuncias y querellas nos van a parar, la respuesta va a ser más fortaleza y más coherencia", ha subrayado.

Alarte se pregunta "qué parte de los 30 millones" que se buscan en EEUU corresponden a "dinero valenciano"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, se ha preguntado este lunes "qué parte de los 30 millones" que se buscan en Estados Unidos vinculados a la trama de corrupción Gürtel corresponden a "dinero valenciano". 

   Alarte se ha pronunciado así al ser preguntado en rueda de prensa por la información publicada este lunes en el diario El País, en la que asegura que "los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama corrupta que encabeza Francisco Correa dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso".
   El líder socialista ha reclamado que se explique "cuántos de esos 30 millones son de las facturas de la visita del Papa a Valencia, cuántos de las contrataciones de los departamentos de la Generalitat en Orange Market, y cuántos del dinero del Gobierno valenciano puesto en manos de la trama".

Blasco no tiene "ninguna duda" de que Luna está imputado y asegura que "no puede seguir huyendo"

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado este lunes que "no hay ningún tipo de duda" de que el síndic socialista, Ángel Luna, está imputado en las actuaciones que se siguen en el TSJCV por la reforma de su casa y ha considerado que "no puede seguir huyendo".

   El TSJCV ha dictado una providencia en la que se ordena que se ponga en conocimiento de la "persona imputada" --en referencia a Luna-- la incoación de diligencias por la querella presentada por el PP en este caso aunque, el tribunal ha explicado, sobre el uso del término "persona imputada", que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación.
   A juicio de Blasco, la providencia "se detalla expresamente" que Luna "tendrá derecho a designar un procurador y letrado para ejercitar la representación y defensa en esta sede", según ha señalado en un comunicado el PP.
   Para Blasco, "no hay pues ningún tipo de duda, Luna está imputado y debe responder a los múltiples interrogantes que planean sobre este caso desde hace tiempo y sobre los que no ha dicho nada", ha señalado Blasco, quien se ha mostrado interesado en que el dirigente socialista "muestre más respeto a la justicia que al Parlamento en el que trabaja y dé las explicaciones oportunas".
   El portavoz 'popular' ha aprovechado para recordar que este caso es "único en España" y ha declarado que es "cuanto menos llamativo que en la ejecución de unas obras de las que no tiene facturas mediara un empresario al que tiempo atrás había adjudicado contratos por valor de 1.200 millones de pesetas cuando era alcalde de Alicante, el mismo empresario para el que trabajó una vez que dejó la alcaldía".

La Comunitat Valenciana es la región con la menor transparencia en urbanismo y obras públicas

MADRID.- La Comunitat Valenciana es la región española con el menor nivel de transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, con un porcentaje del 38,5 por ciento, según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), sistema de evaluación que desde hace tres años realiza la ONG Transparencia Internacional, para evaluar el nivel de transparencia de los 110 ayuntamientos más grandes de España.

   En concreto, el ITA evalúa cinco ámbitos de la actuación municipal mediante 80 indicadores. Los ámbitos analizados para determinar el nivel de transparencia son la información sobre la corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos y con la sociedad, la transparencia económica y financiera, la transparencia en la contratación de servicios y en urbanismo y obras públicas.
   Así, en atención a la valoración global de transparencia en la región, la Comunitat obtiene la penúltima posición, con un 56,3 por ciento, solamente por delante por Cantabria, que obtienen un 53,8 por ciento.
   En el apartado de la transparencia respecto a la información sobre la comunidad autónoma, la región obtiene un 69,6 por ciento, lo que la sitúa en novena posición junto a Canarias y Castilla y León.
   En el ámbito de la transparencia en las relaciones con los ciudadanos y sociedad, la región se sitúa en la undécima posición, al alcanzar un 84,2 por ciento, un buen dato ya que obtiene casi un punto por encima de la media nacional.
   Con respecto a la información económico-financiera, la región ocupa la posición número catorce, junto con Canarias, al obtener un 29,4 por ciento de transparencia, mientras que la media nacional está casi veinte puntos por encima, en un 48,8 por ciento.
   Por último, en el ámbito de la transparencia en las contrataciones de servicios y suministros, la región ocupa la posición catorce, junto a Baleares y País Vasco, con el 37,5 por ciento; casi la mitad que a nivel nacional --65,4 por ciento--.
   El presidente de Transparency en España, Jesús Lizcano, preguntado por una presunta relación entre los malos datos de Baleares y la Comunitat Valenciana con los casos de corrupción de los últimos meses, ha recordado que el estudio es un "índice de transparencia y no de corrupción".
"Medimos sólo el nivel de información y los resultados son según los indicadores que hemos utilizado", ha añadido para explicar que los datos podían haber sido diferentes.
   En este sentido, los demás ponentes presentes en el acto han coincido que el índice de transparencia, si bien no combate directamente la corrupción, pone un "foco" sobre la administración pública, "haciendo más difícil la corrupción", según ha indicado el abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues.
Por su parte, Jesús Sánchez Lambás,  miembro del Consejo de Dirección de la ONG, ha apuntado que el estudio crea "sistemas de vigilancia" y pone una "lupa" sobre la administración para contribuir a su mejora.
   En el caso de la Comunitat Valenciana, los datos indican además que en 2010 han sido 21 las corporaciones locales que han alcanzado dicha calificación de Sobresaliente en transparencia, entre los que destaca la presencia del ayuntamiento de Elche.
   Por su parte, el ayuntamiento de Valencia ha registrado una baja calificación de transparencia, en total, un 38,8 por ciento en transparencia global, siendo la referida al urbanismo su puntuación más baja, con un 35,4 por ciento.
   El ayuntamiento de Alicante, aprueba con el 57,5 por ciento, aunque su transparencia en relación a la información económica-financiera adquiere una baja puntuación, del 21,1 por ciento.
   Por último, el ayuntamiento de Castellón, es el que obtiene una mejor puntuación, con un nivel de transparencia global del 80 por ciento, siendo la relacionada con la información económica financiera la que adquiere un sobresaliente, un 94,7 por ciento.

El TSJCV traslada a Luna el contenido de la querella del PP por la reforma de su casa y la incoación de diligencias

VALENCIA.- El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Climent, ha dado traslado al portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, del contenido de la querella interpuesta por el PP contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de una reforma en su casa. Asimismo, le informa de la incoación de diligencias previas.

   Según han confirmado fuentes del TSJCV, el juez ha dictado una providencia en la que se ordena que se ponga en conocimiento de la "persona imputada" --en referencia a Luna-- la incoación de diligencias y que se le dé traslado de la copia de la querella.
   Sobre el uso del término "persona imputada", fuentes del TSJCV han explicado que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación. 
Las mismas fuentes han aclarado que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado en el caso en que fuera llamado a declarar, pero por ahora esta situación no se ha producido.
   De hecho, en la providencia, el juez le recuerda a Luna su derecho a designar un procurador y letrado para ejercitar la representación legal y defensa en esta sede "si las actuaciones llegan a un estado en el que fuera necesario".
   En el mismo texto, el juez ordena que se notifique esta resolución a las partes y al ministerio fiscal con la advertencia de que contra la misma se puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días "sin necesidad de consignación de depósito".
   La Sala del TSJCV abrió diligencias contra Luna por un presunto delito de cohecho tras denunciar el PP que éste podría haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal --al que pudo haber favorecido contrataciones mientras fue alcalde de Alicante-- se hicieran cargo de una reforma en su casa.

El 11,56% de los hogares de la Comunitat Valenciana tiene a todos sus miembros en paro

VALENCIA.- El 11,56 por ciento de los 1.924.425 hogares de la Comunitat Valenciana tiene a todos sus miembros en paro, de modo que aglutina el 12,7 por ciento del total de hogares españoles con todos sus integrantes desempleados y se sitúa como la cuarta región con un mayor porcentaje de los hogares con todos sus activos en paro.

   Así lo recoge el 'Avance del Mercado Laboral' que elaboran conjuntamente Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett), que indica que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado un 260,1 por ciento desde 2007, al pasar de 45.475 en el tercer trimestre de ese año a 163.761 en el mismo periodo de 2010.
   Ese informe señala que la Comunitat Valenciana muestra una "sobrerrepresentación de hogares con todos sus miembros en paro", ya que concentra el 12,7 por ciento del total nacional, frente al 11,2 por ciento que le correspondería según la distribución territorial del total de hogares.
   Por comunidades autónomas, el índice más alto en volumen de hogares en paro sobre el total del territorio corresponde a Canarias(15,98 por ciento), seguido de Andalucía (15,78 por ciento), Murcia (12,21 por ciento) y la Comunitat, con ese 11,56 por ciento, mientras que la media nacional se sitúa en un 10 por ciento.
   Según las mismas fuentes, la economía española no empezará a crear empleo hasta la segunda mitad de 2011, aunque los puestos de trabajo generados no podrán reducir el elevado número de parados registrados durante la crisis.
   Los cálculos de Afi-Agett apuntan a una caída interanual del empleo del 0,9% en enero, lo que situaría el total de ocupados en 18,25 millones de personas. A la espera de lo que ocurra en noviembre y diciembre, Afi-Agett prevé que los mínimos de ocupación de 2010 se registren en el cuarto trimestre.
   El informe de estas entidades advierte de que el descenso de la afiliación a la Seguridad Social experimentado en septiembre supone "el comienzo de una senda de destrucción de empleo que podría continuar hasta el inicio de 2011 y neutralizaría la mejora en la ocupación mostrada desde el segundo trimestre de 2010".
   El 'Avance del Mercado Laboral' de noviembre de 2010 también constata que las probabilidades de transitar del desempleo al empleo se redujeron en el tercer trimestre de 2010 frente a las existentes en igual trimestre de 2009 y 2008.
   Así, sólo una de cada cinco personas (20%) que estaban en el paro en el segundo trimestre del año encontraron empleo en el tercer trimestre, cifra "muy inferior" a la alcanzada en 2008 (30%) y en el cuarto trimestre de 2007 (32,5%).
   En el tercer trimestre de 2010 casi dos tercios de los desempleados españoles también estaban pasados en el trimestre anterior (63,4%), porcentaje más elevado del existente en el tercer trimestre de 2009, cuando el 61,1% de los parados estaba en esta situación, y cifra "notablemente peor" a la del tercer trimestre de 2008, donde casi la mitad de los parados también lo estaba en el trimestre anterior.
   Para el presidente de Agett, Francisco Aranda, ahora más que nunca resulta "urgente" una "verdadera y eficiente" remodelación de las políticas activas de empleo, que acerquen a los desempleados nuevas fórmulas para elevar sus posibilidades de encontrar un trabajo.
   "El reto que se nos plantea ahora es conseguir que nuestros desempleados consigan un trabajo lo antes posible, para lo que se necesita una suma de recursos públicos y privados", ha señalado Aranda.
   El informe de Afi-Agett también revela que el 'efecto desánimo' se ha reducido entre quienes han trabajado anteriormente y se ha acentuado entre los que no tienen experiencia laboral.
   De acuerdo con sus datos, el aumento de la inactividad en el tercer trimestre de este año en 17.700 personas se debe íntegramente a las personas sin experiencia laboral, frente al abandono de la inactividad de 17.500 efectivos que han trabajado anteriormente.
   Especialmente, se trata de antiguos trabajadores del sector servicios que abandonan la inactividad para buscar un empleo.
En concreto, 26.300 personas con experiencia en las actividades de comercio y reparación de vehículos abandonaron la inactividad, seguidas de las actividades artísticas y de entretenimiento (14.500), las actividades profesionales (13.900) y aquellos que dejaron su último empleo hace más de un año (8.900).
   En el lado contrario, los que abandonaron la inactividad en menor número son aquellos que se dedicaban anteriormente al suministro de energía (600), actividades sanitarias (1.700) y hostelería (2.300).

La venta de coches cae un 40% en la Comunitat Valenciana en la primera quincena de noviembre

VALENCIA.- La venta de coches cayó un 39,6 por ciento en la Comunitat Valenciana en las dos primeras semanas de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.904 matriculaciones, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

   En España, se matricularon 21.146 vehículos en la primera quincena de noviembre, lo que supone un retroceso del 30,8 por ciento en comparación con el mismo período de 2009. La patronal de los concesionarios sostiene que estos datos confirman la debilidad del mercado automovilístico, que encadena cinco meses consecutivos de caídas, tras el final de las ayudas oficiales a la compra de coches.
   Faconauto expresa su especial preocupación por la evolución de las ventas a particulares, que se hunden un 44,5 por ciento en las dos primeras semanas de noviembre y se sitúan en 12.559 unidades, lo que supone 10.000 coches menos que en el mismo período de 2009.
   Por su parte, las ventas a empresas y 'rent a car' crecen un 8,2 por ciento entre el 1 y el 14 de noviembre, con 8.587 unidades, aunque Faconauto precisa que son ventas "forzadas", que no responden a la realidad del mercado y que se producen principalmente en Madrid y Cataluña, que aglutinan el 50 por ciento de las operaciones.
   Por comunidades autónomas, la caída más fuerte corresponde a Asturias (-47,9%), seguida de Cantabria (-46,8%), Galicia (-45,2%), País Vasco (-44%), Extremadura (-43%), Navarra (-42,6%), Castilla-La Mancha (-41,2%) y Comunitat Valenciana (-40%).
   Igualmente, se ven caídas por encima del 30 por ciento en La Rioja (-39,6%), Castilla y León (-39,4%), Baleares (-35,6%), Región de Murcia (-34,2%), Andalucía (-32,4%) y Cataluña (-30,8%).
   Por su parte, las comunidades autónomas que registran las menores caídas son Aragón (-28,7%) y la Comunidad de Madrid (-14,1%), mientras que Canarias sube un 13,5 por ciento por el fuerte tirón de los canales de alquiladores y empresas, que sube un 102,7 por ciento.
   Los concesionarios analizarán esta fuerte caída del mercado el próximo miércoles, en el marco de su XIX Congreso Nacional, que contará con la presencia de expertos en el sector del automóvil, representantes de los partidos políticos y directivos de empresas automovilísticas.

El BOE publica la admisión del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de Función Pública valenciana

VALENCIA.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra un artículo de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública de la Generalitat valenciana.

   El tribunal ha acordado además la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados para las partes desde la fecha de interposición del recurso --el 15 de octubre--, y para los terceros desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.
   Este recurso fue presentado al considerar que los preceptos impugnados resultaban contrarios al orden constitucional de la distribución de competencias, pues no se encontraban previstos en la legislación estatal.
   En concreto, el Gobierno entendía que esta normativa vulneraba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, contravenía la competencia estatal en materia de Seguridad Social, y suponía una ruptura de la regulación jurídica y del régimen económico del sistema de Seguridad Social.
   La Ley del Estatuto Básico recoge el derecho a la excedencia para la atención del hijo o familiar consanguíneo o afín hasta el segundo grado inclusive, mientras que la disposición valenciana incorpora también al cónyuge, pareja de hecho o persona que se encuentre legalmente bajo la guardia o custodia del trabajador, atribuyendo a la ampliación efectos económicos en materia de Seguridad Social, pues asimila el periodo de disfrute de dicha excedencia a la situación de alta en Seguridad Social, cuando es el Estado el "único" que puede hacerlo, según dijo el Gobierno.
   Ahora, el TC, tras estudiar el recurso, ha decidido admitirlo y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso y al Senado, al Gobierno valenciano y a las Corts, para que puedan personarse en el proceso y formular sus alegaciones en el plazo de 15 días.
   Por su parte, la Generalitat valenciana acusó, tras conocer esta resolución, al Ejecutivo estatal de querer "recortar los derechos sociales de los empleados públicos de la Comunitat" y confirmó que presentará las correspondientes alegaciones.

Observatorio CAM dice que la propuesta de prejubilaciones del SIP "no resiste la comparación" con el modelo de la caja

ALICANTE.- El Observatorio CAM de Prejubilaciones, colectivo de empleados de Caja Mediterráneo que agrupa a 515 trabajadores mayores de 55 años, considera que la propuesta de prejubilaciones del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "no resiste la comparación con el modelo CAM", ya que el porcentaje ofertado "cae claramente siete puntos porcentuales sobre lo que perciben o han percibido" los anteriores prejubilados.

   Así lo ha señalado en un comunicado este colectivo, que agrupa al 65 por ciento de los trabajadores afectados, y que considera como "sistema de prejubilaciones aceptable, aquél que no resultara inferior, en términos económicos de comparación, al aplicado en CAM en tres ocasiones distintas entre 1994 y 2005".
   En este sentido, las mismas fuentes han indicado que "la primera propuesta, considerada seria, de la patronal" supone un descenso de siete puntos porcentuales y representará para CAM "un ahorro del 20 por ciento" en relación con la oferta realizada entre 1994 y 2005.
   Por este motivo, desde el Observatorio han remarcado que la propuesta de prejubilaciones del SIP "no resiste la comparación con el modelo CAM de prejubilaciones" y han instado a los responsables de la caja a "exponer ante el resto de cajas y su representante en la mesa de negociación, el gabinete Sagardoy, el modelo CAM de prejubilaciones" para "no trabajar en propuestas inferiores".
   Han indicado que la propuesta plantea un "modelo de desvinculación --ERE--, indemnización calculada sobre el 80 por ciento del salario bruto, período de cálculo hasta la edad de 64 años, sin mantenimiento de beneficios sociales, y con aportaciones a plan de pensiones idénticas a las aplicadas en anteriores procesos de prejubilación".
   Según han explicado, esa oferta incluye "informaciones sesgadas que sitúan el porcentaje neto resultante para el prejubilable en ilusionantes niveles próximos o por encima del 90 por ciento del salario neto previo a la prejubilación, merced, principalmente, al efecto de los beneficios fiscales que el modelo ERE posibilita".
   Han remarcado, no obstante, que tras realizar el análisis económico de la propuesta y cuantificar los conceptos de los beneficios sociales de los que disfrutan casi todos los prejubilables, el porcentaje ofertado "cae claramente siete puntos porcentuales sobre lo que perciben o han percibido quienes los precedieron en la prejubilación".
   Por ello, desde el Observatorio CAM han denunciado que el planteamiento de la patronal "condena a empleados con hijos estudiando o con hijos con discapacidades a no poder acceder a la prejubilación y, consecuentemente, a la salida forzada y traumática de otros trabajadores para cubrir el cupo".
   Así, han incidido en que "la consideración de la propuesta puede resultar impensable por suicida" en el caso de "prejubilables que cursan estudios universitarios, o con hijos en edad escolar o en situación de discapacidad, o con una planificación de retribución flexible orientada a la optimización tributaria".
   Es más, han señalado que si se incorpora a los cálculos "el efecto que produciría el riesgo cierto, y más que probable, del retraso de la edad de jubilación", los porcentajes netos sobre el previo a la prejubilación "caen a niveles del 70 por ciento para los escalones salariales más bajos", algo que, en su opinión, "sólo cabe calificar de indecente".
   Por todo lo anterior, desde el Observatorio han urgido a la CAM a "exponer ante el resto de cajas y su representante en la mesa de negociación, el gabinete Sagardoy, el modelo CAM de prejubilaciones" para "no trabajar en propuestas inferiores al mismo que, en última instancia, no serían aceptadas por los prejubilables CAM".
   También han pedido a los representantes legales de los trabajadores que "hagan suya la Plataforma Básica del Observatorio de Prejubilaciones SIP", en la mesa de negociación y fuera de ella.
   Esa propuesta "está basada en voluntariedad, condiciones económicas no inferiores a anteriores procesos de prejubilación en CAM y cobertura garantizada hasta el momento de acceso a la jubilación, con la prestación máxima de acuerdo a bases de cotización".

domingo, 14 de noviembre de 2010

Los mejores artículos de opinión en nuestro digital de pensamiento y cambio

e-Línea  es nuestro digital continuo de pensamiento y cambio, con selección de Francisco Poveda y otros profesores/periodistas universitarios/españoles asociados para suscitar debate

Compromís exige al Consell información detallada sobre su "deuda" con Correos

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Corts Mireia Mollà ha registrado una batería de preguntas en la cámara valenciana para que el Consell dé información "detallada" de "la deuda que arrastran distintos departamentos de Presidencia, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación y de la Conselleria de Bienestar Social con Correos".

   La diputada autonómica ha explicado en un comunicado que "los impagos han llevado a Correos a suspender los servicios postales y telegráficos de varios facturables de la Generalitat Valenciana". De esta manera, estos departamentos públicos "solo pueden disponer de servicios postales si pagan al contado", ha asegurado.
   Para Mollà, se trata de un hecho "muy grave" puesto que "existen numerosas notificaciones de la administración sobre asuntos tributarios o de dependencia, vitales para muchos ciudadanos, que no llegan a sus destinatarios por la deuda del Consell con Correos".
   "Desde el Gobierno del PP no han parado de mentir desde que hace más de dos semanas el grupo parlamentario Compromís denunció esta situación", ha manifestado Mireia Mollà, quien ha añadido que el Consell "trató de minimizar la gravedad del problema afirmando que había sido un contratiempo que estaba a punto de solucionar".
   Sin embargo, la diputada de Compromís ha hecho hincapié en que "la realidad es que, a día de hoy, la deuda con Correos persiste y, con ella, la imposibilidad de utilizar servicios postales por parte de numerosos departamentos de la Generalitat".
   Por este motivo, el grupo parlamentario Compromís exige conocer el montante, departamento por departamento, de esta "deuda" de la administración pública valenciana que desde el Consell "no son capaces de satisfacer", ha manifestado Mollà.
   Finalmente, ha criticado que "la nefasta gestión del PP al frente de la Generalitat está suponiendo la parálisis de la administración pública valenciana". 
Al respecto, ha asegurado que "son constantes las noticias de impagos del Consell y las denuncias desde distintos sectores de nuestra sociedad que ven como estos impagos del ejecutivo de Francisco Camps están agravando la difícil situación económica que atraviesan".

El PSPV pregunta mucho en las Cortes sobre los procesos judiciales a miembros del Consell y del PP

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha hecho balance este domingo de las sesiones de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en lo que va de legislatura y ha destacado que los 'populares' han preguntado en siete de cada diez ocasiones por cuestiones relacionadas con la economía. Por su parte, el 60% de las preguntadas formuladas por el PSPV se refieren a investigaciones judiciales.

   El síndic, en un comunicado, ha señalado que este balance "espectacular" demuestra que "el trabajo de los 'populares' para salir de la crisis económica es firme y continuo desde que se detectaron los primeros síntomas que de que la situación iba a peor". 

   Así, ha indicado que "incluso" cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "mintió a todos los españoles y se presentó a las elecciones generales desmintiendo la gravedad de la economía española, el Gobierno valenciano ya trabajaba en soluciones y planteaba nuevos modelos, siempre con el apoyo del Grupo Popular".

   Blasco ha destacado que ha sido en los años de "mayor repunte de la crisis" --desde 2008 hasta la actualidad-- cuando los 'populares' han puesto "mayor empeño en preguntar por cuestiones económicas". Así, ha puntualizado que de un total de 34 sesiones de control de este periodo, el grupo popular ha preguntado hasta en 24 ocasiones por planteamientos económicos. 

   Estas cuestiones han abarcado desde el modelo de financiación, hasta la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat, pasando por planes económicos para afrontar la crisis o los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según el portavoz parlamentario.

   Por detrás de la economía, que ha sido "el caballo de batalla" de los 'populares', las preguntas sobre Infraestructuras, agua y educación son las que más veces han estado presentes, por parte del grupo popular, en las sesiones de control a Camps.

   Blasco ha indicado que frente "al trabajo serio de este grupo y al interés por buscar fórmulas que permitan que los valencianos sufran la crisis con el menor impacto posible, encontramos un balance por parte de los socialistas no sólo triste, sino obsesivo". 

   Así, según el dirigente del PP, el grupo socialista ha preguntado en seis de cada diez ocasiones por cuestiones relacionadas con investigaciones judiciales, "olvidándose de que lo que los valencianos quieren es tener un trabajo, llegar a fin de mes sin la soga al cuello, ver cómo los impuestos no suben o comprobar que sus mayores, que viven de una pensión, no son maltratados por el Gobierno de España".

   En concreto, los socialistas, según Rafael Blasco, "han empleado hasta el 24 de 25 ocasiones posibles de 2009 y 2010 a preguntar por lo mismo, en una clara obsesión enfermiza por judicializar el debate política y manchar el nombre de las instituciones valencianas". Por contra, "desde el comienzo de la legislatura sólo han preguntado en cinco ocasiones por cuestiones económicas", ha manifestado.

   Para Blasco, los socialistas "acabarán la legislatura igual que la comenzaron, sin tener un proyecto, con líos internos, con fugas de votos y familias enrocadas". El síndic 'popular' ha señalado que "incluso Compromis se ha desligado de la tónica socialista, ya que aunque hasta el 12 ocasiones ha preguntado por la trama, ha destinado el mismo número de cuestiones durante la legislatura a preguntas económicas".

sábado, 13 de noviembre de 2010

The Manchurian Candidate / Santiago Niño Becerra *

Me estoy refiendo a la buena: John Frankenheimer (1962). Continuamos con Herr Wolfgang Schäubel y sus planteamientos. Pienso que lo que quiere decir que los PIIGS tengan que pagar cada vez más para que les compren su deuda (eso, y no otra cosa significa ‘el incremento de la prima de riesgo’, aunque se sepa no debe olvidarse) es que los posibles compradores de más deuda de los PIIGS / aquellos que ya tienen deuda de los PIIGS, no están convencidos de que puedan pagar lo que deben. 

‘Lo que deben’, ¿qué significa?, porque, claro, ‘lo que se debe’ no es sólo lo que debe el Estado, o los entes regionales, o los ayuntamientos, es decir, lo que puede denominarse deuda pública, ‘lo que se debe’ es la deuda total: España: cuatro billones. De hecho, cavilo: si la deuda pública española no es elevada: menos del 70% del PIB y España tiene los problemas de credibilidad que tiene, ¿no será que esos mercados y esos inversores se están fijando en otras cosas además de en la deuda pública?, ¿no será que el temor reside en las dudas de que España pueda atender su deuda total?; el Estado, sí, las regiones y ayuntamientos, claro, pero, y sobre todo, las empresas no financieras y las financieras, y, más lejos, las familias. 

En mi opinión, subrayo: en mi opinión, lo que sucede con Irlanda (relean lo que sobre Irlanda escribí el 28.09.2004) es que, pura y simplemente, a quienes Irlanda les debe dudan muchísimo que Irlanda les pueda pagar, ¿por qué lo dudan?, pues porque esas/os quienes ven lo que detrás de Irlanda hay, es decir, ven la capacidad que Irlanda tiene para generar pasta con la que pagar, y lo que ven no les gusta nada de nada. 

Con Grecia pasó algo parecido, pero Grecia fue rescatada. Lo que ven en Portugal tampoco les gusta, pero Portugal es candidato a ser rescatado como todo apunta a que será Irlanda (ya, la pregunta entonces es: ¿pagarán los rescatadores?. Y en España, se estarán preguntando, ¿les gusta lo que ven?; pienso que no, que no les gusta nada, el problema estriba en que España, por su tamaño, es irrescatable. 

En este contexto alcanzan todo su significado las palabras del Ministro de Finanzas de la RFA. Suponiendo que algún país de la UE no va a poder pagar lo que debe, ese país será monitorizado, su deuda estudiada, y su política económica ‘readaptada’ a fin de acoplarla a las posibilidades de pago del país; y, ¿qué deuda será contemplada?, pienso que toda la deuda, lo que significa entrar en toda la deuda pública y en la no-pública, y continúo pensando que deuda no-pública será estatalizada. 

Luego vendrán las quitas: lo que ese país es imposible que pague aunque su población se muera de hambre. ‘Eso recuerda al Consenso de Washington’, dice el del fondo, pienso que no, al Consenso le importaba un rábano lo que sucediese en un país endeudado, ahora sí importa: no deben haber disturbios, ni altercados. 

En esta línea de la credibilidad van las medidas del Gobierno de The UK, la última: que pueda perder el subsidio de desempleo quien rechace una oferta de empleo realizada por los servicios públicos de ocupación, lo que tiene dos efectos: 1) la población ocupada aguantará más lo que le echen a fin de no ser despedida y tener que aceptar el empleo que le ofrezcan, y 2) tareas que hoy no son hechas debido a que el Sector Público no tiene fondos serán realizadas, tareas que precisen poquísimos medios materiales y mucho factor trabajo, claro; se harán porque saldrán ‘gratis’: su coste será el del subsidio de paro. 

De rebote se conseguirá otra cosa: adelgazar las estadísticas de desempleo: alguien que esté recogiendo hojas en Hyde Park, por ejemplo, puede tener un doctorado en matemática transfinita, por lo que estará supersubempleado, pero como no estará parado … Y el Gobierno sigue firme en su postura: http://www.bloomberg.com/news/2010-11-10/osborne-rejects-imf-call-to-revise-spending-cuts-if-u-k-growth-falters.html. Y habrá más paro, y más pobreza, ya. 

La situación hacia la que, cada vez más, estamos evolucionando -todos- es hacia la del saneamiento. ‘Reducción del déficit’, dice el del fondo, no, sa-ne-a-mien-to: eliminación de lo no necesario y (esta vez sin ‘o’) reaprovechamiento de lo que se pueda. Es lo de The UK, si, pero también es lo propuesto por Frau Merkel: que quienes son acreedores deberán apechugar con parte del coste del saneamiento. ‘¿Y quiénes no puedan soportar esa quita?’, vuelve a intervenir el del fondo, pues eso significará que esos quienes no se hallan saneados, significará que sus planes de negocio se basaban en futuribles inconsistentes, querrá decir que son palos que no pueden aguantar la vela de que les toca aguantar. 

Ya, lo que dijo en 1937 Ms. Robinson: “Si no existiese ningún sistema regular de subsidios de paro -o de ayuda a los pobres que sea preferible al suicidio-, un hombre que se quede sin trabajo debe ganarse la vida como sea. (...) Por lo tanto, salvo en condiciones peculiares, una caída de la demanda efectiva que reduce, a su vez, la oferta de empleo en las industrias establecidas, no conducirá al desempleo en el sentido de la inactividad total, sino que obligará a los desempleados a llevar a cabo diversas actividades: vender cerillas en el Strand, cortar leña en el bosque, cultivar patatas en sus huertos particulares (...), es natural calificar estos empleos inferiores como el desempleo encubierto”. Pero aquello era otra crisis sistémica, muy semejante a esta, pero con un muy distinto final. 

Y el crash: la admisión de que es imposible salir de donde se está utilizando las herramientas que se han estado utilizando, el fracaso de los planes de estímulo, de rescate, de ayuda, la imposibilidad de sanear un sistema financiero ya que ello comportaría el derrumbe que se quiere evitar, la expulsión de ciudadanas/os de Rumanía decretada en Francia por innecesarios, la guerra de divisas que está larvando la siguiente oleada proteccionista, el escenario que ha dado lugar al presupuesto británico del 2011, lo que lentamente se ha ido, se va adelantando: “‘La OCDE no sitúa la recuperación en 2011, sino que prevé “hasta 2015 o 2017, un futuro mediocre de bajo crecimiento, alto desempleo y alto déficit”’ (http://www.elpais.com/articulo/economia/OCDE/descarta/cualquier/probabilidad/Espana/pague/deudas/elpepueco/20101004elpepueco_9/Tes, 04/10/2010). Eso ha sido el crash, un crash con sordina, amortiguado por el 30% del PIB que, de una u otra forma se ha estado inyectando en las economías desarrolladas. Y del crash, a la caída. 

Y ya empieza a oírse la palabra pánico. Si, se oye, pero pienso que el hecho de que se tenga que intervenir a Irlanda no genera pánico, pienso que el pánico se desataría al ver tumultos ante las oficinas de un bando irlandés, por seguir con Irlanda, y eso, sigo pensando, va a ser evitado a toda costa. 

(*) Santiago Niño-Becerra es catedrático de Estructura Económica. Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

Deuda europea y dudas chinas / Jesús María Alonso

Las tribulaciones de los países periféricos de Europa con su deuda, en especial Irlanda, y la incertidumbre sobre China han cerrado una semana económica en la que la Cumbre del G-20 ha endurecido la vigilancia sobre los bancos, pero no ha resuelto la tensión de las divisas ni los desequilibrios globales.

Tal y como ocurrió hace meses antes del rescate europeo de Grecia, las bolsas fueron escenario de ataques contra los títulos de Irlanda, Portugal, Grecia, España e Italia, aunque esta vez también acusaron las tensiones derivadas de que China tenga que subir el precio del dinero por su alta inflación (4,4% en octubre).

A pesar de que Irlanda niega haber pedido ayuda a la Unión Europea (UE), los principales países europeos en la Cumbre del G-20 en Seúl (Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España) tuvieron que apagar el fuego en los mercados al asegurar que un eventual rescate financiero no afectaría a los inversores privados.

Esto significa que los actuales inversores en deuda pública europea no tengan que asumir pérdidas por sus inversiones con el mecanismo de rescate aprobado la pasada primavera por la UE y vigente hasta 2013.

Pero en ese año la fórmula alemana que sucedería a la actual se aplicaría a deuda nueva y supondría que los inversores privados asumieran parte de las pérdidas en caso de un rescate, con lo que no recuperarían el 100% de su inversión.

La Cumbre de Seúl no resolvió las cuestiones pendientes de la economía mundial (guerra de divisas, desequilibrios globales) y se limitó a aplazar hasta 2011 el debate, a pesar de que sus líderes identificaron y reconocieron los problemas más acuciantes.

Sin embargo, si endureció los requisitos de supervisión y capital del sector financiero, y vigilará especialmente a los grandes bancos, que tendrán que someterse a un mayor control para evitar nuevas crisis como la desatada en 2007.

El G-20 reconoce que el principal problema es el desequilibrio en la balanza por cuenta corriente, con países como China, que gracias a su moneda devaluada produce y exporta mucho mas de lo que consume e invierte, frente a otros como EEUU, que consume mucho y exporta poco.

En cuanto a la llamada "guerra de divisas", el grupo de industrializados y emergentes hace un llamamiento para que los países "se abstengan" de devaluar sus monedas para ganar competitividad, pero sin citar a los que frenan la revalorización de su divisa (China).

En Europa se conoció el PIB del tercer trimestre, que registró un crecimiento del 0,4% (se esperaba un 0,5%) en la zona euro y en el conjunto de los 27. El dato es muy inferior al 1% del segundo trimestre y confirma una ralentización de la recuperación tras la crisis.

La Comisión Europea presentó su estrategia en materia de energía de cara a 2020, que contempla invertir un billón de euros en infraestructuras energéticas en los próximos diez años.

En cuanto a Latinoamérica, el Banco Mundial aseguró que el flujo de remesas se mantendría estable este año pese a la crisis global en unos 58.000 millones de dólares, de los cuales 22.600 irían a parar a México.

Wall Street bajó un 2,2% en la peor semana de los últimos tres meses. Los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos mantuvieron vivieron de la incertidumbre y acabaron con pérdidas, en especial el parqué chino de Shanghái (-5,16% el viernes).

El precio de la onza de oro rompió una vez más récords en Londres y Nueva York, al cotizar en 1.421 y 1.410 dólares, respectivamente, afianzándose como valor refugio.

El euro mantuvo su línea ascendente frente al dólar, coqueteando con el nivel 1,40, pero cayó el viernes notablemente en Fráncfort, donde cerró a 1,3712, por las sombras que le dejó la cumbre del G-20.

El crudo fue sensible a la posibilidad de que China eleve los tipos de interés y moderó su tendencia alcista a finales de semana, dejando el Texas a 84,88 dólares/barril y el Brent a 86,34.

El PSPV constituye su Comité Electoral con 48 personas cuya tarea es "acabar con Camps, que es deuda y corrupción"

VALENCIA.- El PSPV ha constituido este sábado su Comité Electoral, formado por 48 personas que tienen "una tarea colectiva importante" y la "responsabilidad" de "acabar" con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que, para los socialistas, supone "deuda, pobreza y corrupción para la Comunitat".

   Así lo ha explicado el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, y la portavoz adjunta, Clara Tirado.
   Alarte ha destacado que este sábado constituyen su Comité Electoral, integrado por 48 militantes del PSPV, ninguno de los cuales "está siendo investigado por ningún juez, ningún fiscal y, por supuesto, no constan en ningún informe policial sobre ninguna trama de corrupción".
   Asimismo, ha incidido en que se trata de 48 personas "dispuestas a trabajar por la democracia" ya que, en opinión del dirigente socialista, las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo "no son sólo para decidir entre una opción política y otra, son mucho más".
   Del mismo modo ha resaltado que "desde ya", los socialistas valencianos "vamos a empezar a ganar las elecciones del 22 de mayo" y, en esta línea, ha señalado que "en el ejercicio de esta lucha por la democracia estamos ganando ya las elecciones".
   El líder del PSPV se ha mostrado convencido de que "cuando acabe esta campaña electoral nos habrán presentado querellas a casi todos nosotros". Sin embargo, ha hecho hincapié en que la diferencia es que a los dirigente del PP "quienes les investiga y les persigue son los poderes del Estado, los policías, los fiscales, los jueces de la democracia", mientras que a los socialistas "quienes nos presentan querellas son una pandilla de presuntos criminales".
   "No nos van a amedrentar", ha destacado Alarte, quien ha instado al PPCV a que "no busquen un PSPV que no sea otro que el de la democracia, el de la decencia y el de la libertad".
   Jorge Alarte ha subrayado que quiere ser "el presidente de la Generalitat" y los socialistas valencianos "queremos volver a gobernar esta tierra para que los valencianos vuelvan a ser ciudadanos libres, solidarios, responsables y orgullosos de ser valencianos" porque, según ha dicho, con el PSPV "nadie volverá a sentir vergüenza de quien les gobierna y quien les representa".
   El secretario general del PSPV ha indicado que el PP "nombró en una especie de mitin-acto a Paula Sánchez de León coordinadora de campaña, pero todavía no ha sido capaz de hacer la foto".
Además, ha señalado que los socialistas "somos capaces de reunirnos con ciudadanos libres y honrados", mientras que, por contra, los 'populares' "tienen dificultades de juntar a más de cinco sin que algunos de ellos esté en algún proceso de corrupción que investigan los poderes del Estado".