Fitch cree que comunidades y ayuntamientos suponen el "mayor riesgo" para la consolidación fiscal en España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas y los gobiernos locales son "el mayor riesgo" al que se enfrenta la economía española para cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal, y remarca que aportan "incertidumbre" al rendimiento final de las cuentas nacionales. 

  "Dada su significativa proporción en el presupuesto general y su relativa falta de transparencia y retraso a la hora de informar sobre su ejecución presupuestaria, este sector añade un grado de incertidumbre al rendimiento final del Gobierno general", incide Fitch en un informe sobre la deuda soberana en la eurozona.

   Pese a todo, reconoce el "compromiso político" que existe en España con la consolidación fiscal, como demuestra que el Gobierno central haya superado los objetivos fiscales marcados para 2010 y haya mostrado su voluntad de adoptar medidas fiscales adicionales para cumplir la reducción de déficit marcada para 2011 en caso de que sea necesario.

   En este sentido, la agencia de calificación crediticia señala que, aunque España entró en la crisis financiera con superávit público y un endeudamiento inferior al de otros países, su posición de fortaleza fiscal se ha deteriorado rápidamente.

   Así, cree que las reformas estructurales mejorarán las perspectivas de crecimiento a medio plazo y la flexibilidad, aunque reconoce que el proceso de "desapalancamiento" del sector privado y la austeridad fiscal implicarán que la recuperación económica será "relativamente débil y frágil".

   Respecto al sistema financiero, señala que, a pesar de que el núcleo del sector bancario, dominado por el Santander y el BBVA, es "relativamente fuerte", las preocupaciones por el coste potencial de recapitalizar y reestructurar las cajas de ahorros "pesa en el mercado" y en la evaluación del rating de España.

   Así, advierte de que un coste de reestructuración del sector superior a los 23.000 millones de euros estimados por Fitch en julio de 2010 o un aumento del coste fiscal derivado de la recapitalización de las cajas tendría "implicaciones negativas" para la calificación soberana de España.

Las Corts desestiman una moción del PSPV para evaluar el sistema sanitario de concesión administrativa

VALENCIA.- El pleno de las Corts ha desestimado este jueves, por los votos en contra de los diputados 'populares', una moción presentada por el grupo parlamentario socialista de evaluar la política de la Conselleria de Sanidad en materia de departamentos de salud gestionados mediante concesión administrativa. Los tres grupos de la oposición, por su parte, han votado a favor.

   El diputado parlamentario socialista Ignacio Subías ha señalado que el Consell dice que el modelo de gestión sanitaria mediante concesión administrativa es "más eficiente, más barato" y que los usuarios están "más contentos" y los profesionales sanitarios "más satisfechos". Por ello, ha preguntado: "¿es mejor el hospital de Manises que otros como el Clínico?".

   Subías, en su moción subsiguiente a la interpelación al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, pedía a la Generaliltat que evalúe lo que  está haciendo en materia sanitaria y planteaba una serie de medidas como potenciar la atención primaria, mejorar la coordinación entre primaria y epecializada, mejorar las condiciones labores de los trabajadores, profesionalizar la gestión, reducir el gasto farmacéutico, hacer una utilización "adecuada" de las nuevas tecnologías y coordinar el sistema sociosanitario, entre otras.

   El diputado del grupo parlamentario socialista ha criticado que el PP "ha decidido como modelo básico la privatización" y ha señalado de que, de esta forma, se está "poniendo en cuestión" el sistema público. En este sentido, ha advertido de que "el modelo que están implantado puede llevar a un sistema dual, donde aquellos que tienen menos recursos queden al margen".

   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario popular Alicia de Miguel ha asegurado que el analisis de la sanidad valenciana que realizan los socialistas es "absolutamente erróneo" y ha hecho hincapié en que el PP apuesta por "una sanidad pública, universal y gratuita", así como por integrar en este modelo "todos los recursos que existen en beneficio de los ciudadanos".

   No obstante, ha señalado que en el siglo XXI "el siglo de la modernidad y de la innovación" no se puede "pretender creer que el único proveedor de la gestión sanitaria sea el sistema público". De Miguel ha subrayado el "esfuerzo" llevado a cabo por la Conselleria de Sanidad y el PP y ha asegurado que, desde hace años, "estamos haciendo más con menos".  

   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Compromís Mònica Oltra ha expresado su apoyo a la moción de los socialista, aunque ha señalado que "hace tiempo" que se ha estudiado este modelo sanitario. Para Oltra, la sanidad "no está para hacer negocio".

   Así, la parlamentaria de Compromís ha destacado la apuesta de Compromís por la gestión pública, ya que entiende que es "la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas" para los trabajadores sanitarios y, además, "ahorra gastos a las arcas pública".

   Del mismo modo, la diputada de la Agrupación de No Adscritios y dirigente de EUPV Marina Albiol también ha valorado la propuesta del PSPV y ha hecho hincapié en que "es el momento de destinar todos los recursos posibles para mejorar la sanidad pública valenciana".

Luna acusa a Camps de "amedrentar" a la oposición y "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Ángel Luna, ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "amedrentar a los diputados de la oposición" y de querer "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa". Sin embargo, los socialistas "queremos ejemplarizar con el comportamiento" para que los ciudadanos sepan que a Camps "se le puede plantar cara y no pasa nada" y que "lo que hace mal hay que denunciarlo" para que esta sociedad "funcione bien".

   Luna se ha expresado de esta manera en la sesión de control a Camps en las Corts, a quien le ha preguntado si "considera compatible con la democracia amenazar, perseguir y castigar a la oposición por mantener actitudes críticas" con el Consell. En este sentido, se ha preguntado que si se "consigue amedrentar a los diputados de la oposición que gozamos de inmunidad parlamentaria, quién no se va amedrentar en la calle".

   Así, Luna ha insistido en que, "si los empresarios, que saben que se amañan concursos, ven que los diputados de la oposición no podemos denunciarles aquí, quién se va a atrever a llevarles a ustedes a los tribunales". Por ello, ha afirmado que "hay mucha gente pendiente de lo que aquí pasa".  

   El síndic socialista ha señalado que la situación judicial le ha provocado una "inseguridad" a Camps que "le lleva a tener modos de aprendiz de autócrata". Esto se refleja, ha dicho, en los aplausos que recibe al entrar en hemiciclo en la sesiones de control, pero "sólo en repúblicas bananeras y países del Este aplauden a los líderes nada más entrar" al Parlamento. "Ha buscado y conseguido la sumisión de su partido", ha agregado.  

   "No sé a qué caverna de la historia quiere retrotraernos pero, le aseguro que con nosotros no va a contar en ese viaje al pasado" porque "vamos a hacer todo lo posible para acabar con su autocracia", ha asegurado Luna.

   En esta línea, ha afirmado que Camps es un "candidato vergonzante" que no utilizará carteles para la promoción electoral porque "no se atreve a salir con la cara por delante" y que "lo único a lo que aspira es a ver si algún incauto vota al PP sin saber que es Camps el candidato". Así, ha retado a Camps a "poner su cara en la calle" para que "le vean" y "sepan que es el de los trajes, el de la corrupción, el que se va a presentar a las elecciones".

   Frente a esto, el presidente y candidato a la Generalitat, ha contestado que "en estos momentos, y así son de tozudas las encuestas, soy el presidente con una mayor aceptación de la historia ocho años después de ser presidente" y lo dicen los sondeos del PP y las del PSPV, ha afirmado.

   Así, ha señalado que el hecho de no utilizar cartelería en la campaña es una cuestión de "austeridad", frente a lo que hace el PSPV que es "sacar naranjas podridas -en referencia a una imagen de la campaña socialista--, que es la peor elección" porque supone "otro ataque a la agricultura valenciana".

   Camps también ha asegurado que "no ha dejado de estar en la calle y de ir por el mundo trayendo inversiones y proyectos a la Comunitat". Así, ha señalado que el presidente y consejero delegado de Ford Motor Company, Alan Mulally, en su primera visita a Europa "en lugar de ir a Madrid a visitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, primero quiso coger fuerzas" en Valencia.

   Frente a esto, ha asegurado que es el síndic socialista el que  "está todo el día en la caverna" y "lo sacan a pasear los jueves por la mañana". "Vive en esa oscuridad permanente", ha apuntado.

   Camps insistido también en conocer el origen de la filtración del informe del caso Gürtel que Luna exhibió en las Corts. "Si Luna creyese en la Justicia iría con el documento" al juzgado y "no escondiéndolo", ha dicho.

   Por otro lado, Luna ha comentado que uno de los "castigos previstos" por el PP para la oposición en la próxima legislatura es el recorte de las subvenciones públicas a los partidos. No obstante, se ha preguntado cómo se van a financiar los 'populares' si sus afiliados no pagan cuotas --no así los de los socialistas--. Por ello, se ha preguntado si es que en el PP "han encontrado a un sustituto de la trama Gürtel".

   En respuesta a esta cuestión, el presidente Camps ha apuntado que el portavoz socialista podría escribir la "'Tesis doctoral Luna: cómo aprovecharse de su paso por la Alcaldía, dejando un desastre de ciudad pero asegurando el futuro personal y familiar'".

   Por otro lado, Luna ha mencionado las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien considera que Camps pudo haber "pecado de ingenuidad" en el caso de los trajes. En opinión del síndic socialista, eso supone reconocer que "problemas hay" y que tal vez ésta forma de expresarse "sea la única manera que tiene de reconocer que --Camps-- es culpable".

El PSPV pide una solución urgente ante el posible cierre del vertedero de Crevillente

ALICANTE.- La portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, María Teresa Carbonell, ha advertido de que, en el plazo de tres meses, se producirá el cierre del vertedero de Crevillente en el que siete municipios de la Vega Baja depositan sus residuos, y ha reclamado la convocatoria urgente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja para buscar "una solución a este grave problema".

   En el transcurso del pleno ordinario celebrado este jueves por la Diputación de Alicante, Carbonell ha expuesto que la empresa privada propietaria de la planta de tratamiento de Crevillent, Abornasa, recientemente advirtió a los ayuntamientos afectados de que en el plazo de tres meses iba a cerrar sus puertas a la llegada de residuos sólidos urbanos de varios municipios de la Vega Baja, si las administraciones implicadas en el Consorcio del Plan Zonal XVII, --encabezadas por la Diputación--, no le ofrece garantías legales sobre su futuro.

   En el ruego elevado al pleno, la portavoz socialista además ha aludido a los "constantes retrasos" en la construcción de la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Zona XVII, cuyo futuro está condicionado a la decisión de los tribunales de justicia --en alusión al llamado caso 'Brugal' que investiga, entre otros aspectos, las presuntas irregularidades en la contrata de este plan--.

   Esta situación ha llevado a muchos municipios de la Vega Baja a tratar sus residuos en plantas de vertido que se encuentran "en una situación incierta y provisional, desde el punto de vista económico y técnico, además de encontrarse en una situación jurídica muy precaria".

   La portavoz socialista ha calculado que a medio plazo las instalaciones de tratamiento de residuos de la Zona XVII "a medio plazo no estarán en funcionamiento", por lo que ha remarcado la necesidad de que el Consorcio de Residuos de esta zona en el plazo de quince días se reúna y "adopte medidas alternativas de carácter transitorio que acaben con la provisionalidad e inseguridad que viven hoy día".

   El presidente de la Diputación y presidente del citado Consorcio, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su disposición de convocar este encuentro si lo piden alguno de los ayuntamientos afectados, si bien ha estimado que el ruego elevado este jueves por el Grupo Socialista responde a la demanda de la empresa privada, Abornasa.

Ripoll dice que "con cierta cintura", en el PP se evitarían casos como el de Morató

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha opinado que "no se está actuando de manera correcta" con el edil del PP y exalcalde calpino, Francisco Javier Morató, quien ha anunciado su intención de abandonar el PP y crear un nuevo partido, y ha considerado que "con cierta cintura" no se producirían este tipo de incidentes.

   Al término del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación provincial, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha instado al candidato del PP a la alcaldía de Calpe a que "piense que el futuro se decide el 22 de mayo y que el pueblo, sobre todo en los municipios de ese tamaño, siempre sigue muy de cerca todos los movimientos que se puedan producir en los distintos partidos".

   "No estamos haciendo las cosas bien y ahí, con cierta cintura, sería suficiente para que no se produjera este tipo de incidentes, y sobre todo de una persona que ha sido durante tantos años alcalde del PP como Javier Morató: creo que no se le ha tratado como corresponde".

   Ripoll ha explicado que Javier Morató escribió una carta al candidato local, de la que este miércoles le dio una copia, y cuyo contenido, a su parecer, "tiene razón en bastantes de los aspectos que recoge".

  Además, en la negociación abierta entre las partes para establecer una lista de consenso, ha opinado que "las peticiones no eran excesivamente elevadas como para atenderlas por parte del candidato, después del esfuerzo que ha hecho el propio Javier Morató como presidente del partido para proponer de una manera unánime a César Sánchez como candidato".

   Ripoll ha lamentado que en este conflicto "no se ha abierto el proceso de diálogo, porque Morató lo ha trasladado todo a través de una carta y ni siquiera se le ha contestado a esa carta". Javier Morató, ha insistido, "es un exalcalde del PP de muchos años y se merece por lo menos la consideración y la atención a lo que plantea, que es bastante razonable".

"SITUACIÓN COMPLICADÍSIMA"

  Por su parte, el diputado provincial y edil calpino, Juan Roselló, ha lamentado esta nueva escisión del PP en Calpe y ha comentado que la situación política en el municipio es "totalmente difícil" y "complicadísima", ya que en este momento hay nueve candidaturas a la alcaldía.

   Además, ha resaltado que, de éstas cuatro son de escisiones del PP o de voto que el PP habría podido recabar anteriormente, como  Alternativa Popular Calpina, como se llama el nuevo partido del exalcalde, Javier Morató; Gent de Calp, de otro edil del PP, Pedro Jaime Fernández; y CDS.

   En este sentido, ha apostado por el candidato del PP, César Sánchez, a quien ha definido como "joven, preparado" y, según ha dicho, "tiene una experiencia política como concejal y en las Corts Valencianes, es diputado y siempre ha estado ahí".

   En cuanto a Morató, ha explicado que le ha enviado una carta, en la que también le da las llaves de la agrupación del PP de Calpe, porque también dimite como presidente y afiliado del PP. Roselló ha dicho "comprender", aunque no "compartir" los motivos de Morató, ya que, según ha señalado, es partidario de "una renovación" en el PP, así como de que haya "unidad y una única lista".

   No obstante, se ha puesto a disposición de Sánchez para presidir "temporalmente" la agrupación local de Calpe, aunque consciente de que él ya ha "cumplido una etapa".

Castedo declara un patrimonio de 95.000 euros y un pasivo de 225.506 euros

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha declarado tener bienes por unos 95.000 euros, 66.438 de ellos en concepto de bienes inmuebles y el resto en otros bienes, y un pasivo de 225.506 euros, según figura en la declaración de actividades y bienes de los miembros de la corporación municipal, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) en cumplimiento de la Ley de Régimen Local. 

   El concejal de Cultura, Miguel Valor, es el edil que declara un mayor patrimonio, con bienes por un total de 829.299 euros --499.179 euros en inmuebles y los 330.320 euros restantes por otros bienes--, sin ninguna carga pendiente.

   La edil de Deportes, Isabel Fernández, es la segunda con mayor patrimonio de la corporación local, con un total de 536.940 euros de los cuales 160.468 euros proceden de bienes inmuebles, y el resto de otros bienes, mientras que su pasivo asciende a 23.269 euros.

   Tras Isabel Fernández, el edil y presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, declara un patrimonio total de 369.999 euros --321.582 euros en bienes inmuebles, y los restantes en otros bienes--, así como préstamos y deudas por valor de 312.594 euros.

   El concejal delegado de Modernización de Infraestructuras municipales, Francisco Sánchez Luna, dispone de bienes por 320.000 euros, todos ellos procedentes de bienes no inmuebles, y un pasivo de 95.000 euros.

   El sexto teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, de Tráfico, Seguridad, Transportes y Empleo y Fomento, Juan Seva, por su parte declara un activo de 302.372 euros --94.468 euros en bienes inmuebles y 207.684 euros en otros bienes--, y un pasivo de 935 euros.

   En este Ayuntamiento, también en el equipo de Gobierno, el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Patrimonio y Vía Pública, Juan Zaragoza, tiene un patrimonio que se eleva a 296.411 euros --202.500 euros de bienes no inmuebles--, y un pasivo de 200.254 euros.

   Los siguientes con mayor activo son: la portavoz socialista, María del Carmen Sánchez Brufal --con 222.778 euros sin cargas--; la edil socialista, María José Adsuar, --con un patrimonio de 186.900 euros y un pasivo de 157.353 euros--; el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza --con un patrimonio de 168.781 euros y un pasivo de 92.683 euros--.

   La concejal de Imagen Urbana, María Otilia García, declara bienes por valor de 162.067 euros --de ellos, 103.023 euros en bienes inmuebles, y un pasivo de 183.523 euros--; la edil de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román, dispone de 148.215 euros y un pasivo de 41.312 euros; la delegada del Presidencia y Coordinación de Áreas, Sonia Alegría, declara 144.375 euros y un pasivo de 140.239 euros.

   El socialista Ángel Pernías declara 141.350 euros de patrimonio y cargas por valor de 28.000 euros; su compañero de agrupación, Eduardo Díez, dispone de bienes por un total de 134.000 euros y préstamos y deudas por 38.500 euros; seguido de Laura Soler, con bienes por 128.873 y cargas por 57.521 euros; Manuel de Barros declara 117.727 euros en activo y 26.697 euros en pasivo, y José Luis Viñes, un activo de 114.637 euros y un pasivo de 19.546 euros.

   A continuación, las ediles también del PSPV María de las Nieves Olmos y María Dolores Fernández declaran bienes por valor de 105.843  y 103.832 euros, respectivamente, y un pasivo de 121.279 y 49.605 euros.

   La alcaldesa de Alicante, es la vigésima por orden de patrimonio de toda la corporación, con bienes por unos 95.000 euros, y un pasivo de 225.506 euros, seguida de su primer teniente de alcalde y concejal de Atención Urbana, Contratación y Plaza de Toros, Andrés Llorens, que dispone de un patrimonio de 87.756 euros y un pasivo de 50.055 euros.

   La concejala de Participación Ciudadana, María Ángeles Goitia, declara 85.813 euros sin cargas; la socialista María Aurora Gómez, 84.206 euros con un pasivo de 191.571 euros; la quinta teniente de alcalde y concejala de Fiestas y Turismo, así como portavoz del Grupo Popular, Marta García Romeu, declara un patrimonio valorado en 65.000 euros con un pasivo de 50.000 euros y su compañera de grupo, la edil Asunción Sánchez Zaplana, declara 64.960 euros y cargas por 90.723 euros.

  Los últimos de la lista, por volumen de patrimonio, son: el delegado de Vivienda, Miguel Cabeza --con bienes por 57.778 euros sin cargas--; el socialista Vicente Urios --con 49.488 euros sin cargas--; el concejal de Comercio, Estadística y Partidas Rurales, José Antonio Sobrino --con 40.790 euros en bienes y préstamos por 305.000 euros--; y los socialistas Jorge Espí --con 39.030 euros y cargas por 77.468 euros-- y Javier Macho -con bienes por 22.861 euros y 13.371 euros en pasivo--.

   Por su parte, la concejal socialista María Dolores Cardona es la que declara bienes por un valor más bajo, --con un patrimonio total de 15.000 euros procedentes íntegramente de bienes no inmuebles y un pasivo de 37.799 euros--, seguida de la edil de Juventud, Laura Chorro, que hace constar un patrimonio de 18.673 euros, también de bienes no inmuebles, y un pasivo de 7.138 euros.

La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB

MADRID.-   La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

   Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes).

   Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

   A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

   En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.

   Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.

   En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.

   Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Elena Martín: “La Ciudad de la Luz ha pasado a ser una vergonzosa realidad judicial”

ALICANTE.- La candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Elena Martín, muestra su apoyo a los vecinos de Aguamarga que han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que se haga justicia, al declarar nula la expropiación de los terrenos que sirvieron para construir la Ciudad de la Luz, alegando un interés social poco justificado. La sentencia del alto tribunal condena al Gobierno de la Generalitat a indemnizaciones millonarias “que nos toca pagar entre todos por su mala gestión”, ha dicho.

Para la candidata socialista, “esto no es nuevo sino que es un ejemplo más de la forma de gobernar del Partido Popular que antepone su prepotencia a las leyes, acarreando a las arcas públicas indemnizaciones millonarias por su ineptitud, incumplimiento de la legalidad y falta de respeto a los ciudadanos, a los que les quitaron sus viviendas y terrenos sin tener en cuenta las advertencias de los informes técnicos municipales que advirtieron de la posibilidad de litigios con resultados impredecibles. La Ciudad de la Luz ha pasado de ser un referente cinematográfico para el Partido Popular a una vergonzosa realidad judicial”.

“Ahora esos resultados impredecibles están sobre la mesa”, ha dicho Elena Martín, “y los tendremos que pagar entre todos, lo que supone destinar los fondos públicos a reparar daños causados con una política nefasta para el ciudadano”. La candidata socialista recuerda que “los técnicos del Ayuntamiento de Alicante expusieron hasta 23 razones en sus informes para alegar en contra de la expropiación, ahora invalidada por el alto Tribunal”, ha añadido.

Así, los técnicos del Ayuntamiento de Alicante alegaron en su día que el ámbito de expropiación invade el Plan Parcial de Aguamarga, en su extremo suroccidental; que hay múltiples errores en las descripciones físicas de las propiedades, falta de identificación registral de parcelas afectadas, falta de correspondencia entre las descripciones de algunas parcelas y el perímetro grafiado en el plano; o que la utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público, elegido como método para permitir la actuación directa de la Administración, daba unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración que podían alentar litigios con resultados impredecibles.

A esto hay que sumar que no se compartió, por parte de los técnicos municipales, la interpretación legal que la Generalitat siguió para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado, ni se compartieron los cuadros de valoración del precio del suelo, ni el valor de las construcciones existentes, entre otros.

“Pero el gobierno de la ciudad, comandado por Díaz Alperi, mentor de Castedo, aplaudió el macro-proyecto urbanístico a sabiendas de los informes, sin ni siquiera saber en qué consistía. El paso del tiempo lo ha situado como un pozo sin fondo de alcance desconocido”, ha asegurado Elena Martín.

Las 23 razones

Según los informes de los técnicos municipales, las 23 razones que alegaban en contra de la expropiación, que ahora ha invalidado el Tribunal Supremo son las siguientes:

1. El ámbito de la expropiación invade, en su extremo suroccidental, el Plan Parcial de Aguamarga (una superficie de 3.408 m2).

2. Las descripciones físicas de las propiedades resultan incompletas e insuficientes (puntos cardinales, nombre de los propietarios de los linderos, descripción individualizada de las parcelas independientes).

3. No aparece la identificación registral concreta de las parcelas afectadas.

4. Se incluyen datos registrales de fincas sin la certeza de estar comprendidas dentro del ámbito de la expropiación.

5. Falta de correspondencia entre las descripciones alguna parcela (la A 8) y el perímetro grafiado sobre el plano.

6. Falta de acuerdo sobre la titularidad de la parcela A 10.

7. Propiedad errónea de la parcela A 13.

8. No se ha incluido la Cañada Real del Portichol entre los bienes de dominio público del ámbito (con una anchura de 75’22 m. discurre por la zona Norte en dirección Oeste-Este.

9. La utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público (art. 99.1 de la LRAU), elegido como método para la actuación directa de la Administración en la zona otorga, según los técnicos municipales, da unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración "que pueden alentar alguna litigiosidad con resultados impredecibles".

10. Aunque la expropiación iniciada afecta tan sólo a la denominada "zona A", en la memoria del Proyecto de Expropiación se adelantan parámetros y determinaciones que afectarán a la "zona B".

11. En tal sentido, dentro de la "zona B" se ha incluido parte del Parque Litoral previsto por el PGOU que, en opinión de los técnicos municipales, "no deberá incluirse ni en el Proyecto de expropiación ni sufrir alteraciones en sus funciones".

12. No se comparte por los técnicos municipales la interpretación legal que la Generalitat ha seguido para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado. "En el caso presente, seguir dichos criterios resultaría todavía más violento que en otros supuestos".

13. No se comparten los cuadros de valoración obtenidos en el grupo de "monte" y, muy especialmente, en el subgrupo "monte bajo" (90 pts./ m2 ).

14. Para los técnicos municipales, no tiene sentido la horquilla de precios tan amplia establecida por la Generalitat (de 750 a 90 pts/m2) para el área expropiable.

15. Debería modularse el precio en función de la superficie expropiada.

16. El valor de las construcciones existentes dado por la Generalitat es considerado muy bajo por los técnicos municipales.

17. Tampoco se distinguen las variedades que pudieran darse en las construcciones.

18. No se adopta el valor unitario de parcela en los supuestos de suelos urbanos y urbanizables, no compartiendo los técnicos municipales los criterios esgrimidos para ello por la Generalitat.

19. No se introducen en la valoración las servidumbre presentes (gas, tendido eléctrico).

20. No se señalan las posibles servidumbres registrales en cada finca individualizada.

21. La justificación de la causa expropiatoria sigue pareciendo escasa a juicio de los técnicos
municipales.

22. No se incluye en el Proyecto de Expropiación la pobre justificación contenida en el Plan
Especial para habilitar la intervención de la Generalitat.

23. Se exige la inclusión en el citado Proyecto de Expropiación "alguna razón material que pudiera conceptuarse como "causa justificada de utilidad pública o interés social", que diese información a los afectados de la finalidad que motiva la privación coactiva de sus propiedades y que aportase una cobertura más sólida al Proyecto, que lo dejase razonablemente a salvo de los resultados de posibles impugnaciones jurisdiccionales".

CCOO teme que los ERE en los ayuntamientos se disparen tras las elecciones de mayo

MADRID.- CC.OO. ha advertido sobre la sucesión de ERE en las administraciones públicas durante 2010 tanto de extinciones de contratos como de suspensión o reducción de jornada, al tiempo que ha mostrado su preocupación por que esta tendencia se dispare tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. 

   "Puede tratarse sólo de un principio (...), tras las elecciones puede registrarse un aumento de ERE que dejen la puerta abierta al despido de trabajadores fijos en la Administración", subrayó el sindicato encabezado por Ignacio Fernández Toxo en un comunicado.

   Por ello, la central avisó de que empleará "todos los mecanismo sindicales y jurídicos" a su alcance, al considerar que ni el despido colectivo ni objetivo fundamentan su instrumentación en este ámbito. 

   "En la Administración Pública cabe hablar de eficacia y eficiencia, pero nunca de competitividad", lamentó, para después reiterar que continuará exigiendo un "verdadero control y valoración" por la causa invocada por las empresas o las administraciones públicas.

Los megafondos Cerberus y Paulson tantean a Mare Nostrum y Banco Base

MADRID.-  Los fondos de inversión Cerberus y Paulson Co ya han iniciado su primera aproximación al sector financiero español y sitúan en su punto de mira a dos nuevos bancos surgidos de la fusión de las cajas de ahorros: Mare Nostrum y Banco Base, según avanza hoy 'El Economista'.

Según informan en fuentes financieras consultadas por el citado periódico madrileño, el máximo responsable de Cerberus, John Snow, habría visitado recientemente Madrid para interesarse por una posible entrada en el capital de estas nuevas entidades.

¿La razón? Los informes que maneja el fondo de inversión apuntan a que España ya habría tocado suelo, con lo que sólo cabría esperar crecimiento a partir de ahora e identificaría como un nicho de inversión estas entidades. Sin embargo, cualquier decisión de inversión se aplazaría hasta el 10 de marzo, fecha en la que el Banco de España desnudará a las cajas para conocer su situación real.

Banco Mare Nostrum, en el que están integradas Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, podría dar entrada a uno de estos fondos para evitar una salida a bolsa y, al mismo tiempo, vender a un tercero de manera directa el 20% del capital para cubrir el mínimo de solvencia exigido con la nueva regulación, que es del 8 por ciento. La inversión, según fuentes financieras, se situaría en torno a los 400 millones de euros.

Con esta operación, el SIP que lidera Caja Murcia esquivaría el requerimiento máximo del 10% y tener que cotizar en el mercado a precios de saldo en un momento en que todavía los inversores desconfían del sector y en el que va a existir una oferta excesiva de acciones de los grupos de cajas en los próximos meses.

La intención de Mare Nostrum, según las mismas fuentes, es aplazar al máximo su cotización en el mercado, hasta en dos o tres años.

Además, la entrada de uno de estos fondos podría contribuir a apuntalar el core capital (solvencia) de la entidad que, actualmente, se sitúa en el 8,4%. No obstante, hay que recordar que el nuevo real decreto cambia esa ratio por la de capital principal con unos componentes cuyo peso aún estaría por determinar.

Mientras tanto, Banco Base, la entidad que lidera el Grupo Cajastur y en la que también están CAM, Extremadura y Cantabria estaría en el foco de otro de los fondos internacionales de inversión sin que que se hubiera definido aún ni las condiciones ni el importe total por el que contribuiría a recapitalizar.

La entidad, cuyo primer ejecutivo es Manuel Menéndez cuenta con un core capital del 8,1% que a través de la entrada de un inversor privado podría adecuarse a la nueva regulación.

El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, consideraba ayer "muy conveniente" que las cajas de ahorros capten inversión extranjera. Tras la firma de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, Botín ha destacó que "hay interés por invertir en España" y que las cajas de ahorros "son duros competidores".

Desde de las entidades ni confirmaron ni desmienten la eventual entrada de estos fondos internacionales en su capital.

El interés de Cerberus y Paulson refuerza los planes de salida a bolsa que tiene el SIP que capitanea Cajastur, ya que de materializarse una inversión de estos fondos facilitaría la colocación de títulos que pretende llevar a cabo a partir de mayo. El objetivo de este grupo de cajas es sacar a bolsa, al menos, un 25% del capital.

Los planes de Mare Nostrum podrían verse modificados si fructifican las negociaciones que mantiene en la actualidad con Caja Duero-España. Las entidades oficializaron ayer su noviazgo a través de sendos comunicados a la CNMV, confirmando que mantienen conversaciones para su "eventual integración", aunque hasta el momento las conversaciones no habían dado resultados.

La fusión entre las dos entidades se da por hecho en la entidad castellano y leonesa, aunque falta por determinar el peso que tendrá en Mare Nostrum. Lo que parece claro es que se convertiría en la primera caja, ya que aportaría 46.000 millones de euros en activos, frente a los 72.0000 que suman las otras cuatro entidades.

El desempleo en Alicante mantiene un incremento moderado durante febrero

ALICANTE.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) creció en la Comunitat Valenciana en 12.640 personas, un 2,46 por ciento más que el mes anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 526.440, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   A nivel nacional, el paro se situó cerca de 4,3 millones de personas, tras subir en 68.260 desempleados, con un aumento porcentual del 1,6 por ciento respecto al mes de enero. En concreto, el volumen total de parados alcanzó en febrero la cifra de 4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.

   Del total de parados valencianos, 268.257 fueron hombres y 258.183 mujeres. Además, 57.301 fueron menos de 25 años (32.186 hombres y 25.115 mujeres) y 469.139 pertenecían al colectivo de valencianos con otras edades.

   Durante el mes de febrero, el paro aumentó en todos los sectores en la Comunitat Valenciana, principalemente en Servicios, con un incremento de 7.986 personas; seguido de Agricultura, con 1.590; Industria, con 682; y Construcción, con 656. Por su parte, en el colectivo de Sin Empleo Anterior se incrmentó el número de parados en 1.726.

  Por provincias, el mayor incremento en términos absolutos se dio en Valenica con 7.240 parados, un 2,93 por ciento más; seguida de Alicante con 3.106 nuevos desempleados, 1,50 por ciento más; y mientras en Castellón el paro subió en 2.294 personas, 3,87 por ciento.

   En este periodo de tiempo, el número de contratos firmados en la Comunitat Valenciana cayó en 3.383 unidades, es decir, un 3,63 por ciento menos hasta alcanzar los 89.758. De ellos, 10.442 fueron indefinidos y 79.316 fueron temporales.

Luna pide al TSJCV que anule el auto del instructor en el que se le imputa encubrimiento

VALENCIA.- El síndic del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha pedido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anule el auto del instructor de la causa iniciada por una presunta revelación de secretos por exhibir en la Cámara un informe del 'caso Gürtel' en el que se considera que podría haber cometido un delito de encubrimiento y ha reiterado que en su caso concurre la inviolabilidad parlamentaria. 

   Así lo indica en dos recursos contra las decisiones del magistrado instructor de considerar que la inviolabilidad parlamentaria no ampara las opiniones de Luna y de seguir las diligencias en relación con un delito de encubrimiento del artículo 451.2 del Código Penal. En este último apartado, Luna también pide que se acuerde el sobreseimiento libre.

   En el primero de los recursos --contra el auto de 4 de febrero por el que el instructor rechaza el sobreseimiento libre pedido por Luna y uno posterior de fecha 23 de febrero que rechazaba complementar el anterior--, el síndic socialista mantiene que la utilización de documentos en las exposiciones de los parlamentarios "forman parte del núcleo duro de la libertad de expresión, que no puede ser inquietada de forma externa como condición de la libre formación de la voluntad del órgano legislativo".

   En esta línea, sostiene que las afirmaciones del auto suponen desconocer "la esencia de la naturaleza del privilegio conferido a los miembros parlamentario y aún más, desconoce la estructura básica del ordenamiento penal". Así cree que un "elemento decisivo" de esta exposición es que al haber estimado el instructor que la exhibición por parte de Luna del informe carece de tipicidad y no constituye delito, el síndic "podía y debía, al amparo de la libertad de expresión, y para la correcta formación de la voluntad de la Cámara, exhibirlo y leerlo parcialmente como así hizo".

   En relación con el segundo argumento, destaca que la causa se inició en el juzgado por una denuncia en la que los denunciantes --el PP-- alegaban delitos de revelación de secretos de los artículos 417.1 y 466 del Código Penal, que se redujeron a este último en la posterior querella y que se ha quedado en un encubrimiento del artículo 451.2. Al respecto, según la defensa de Luna, de acuerdo con la doctrina sobre competencias, "no cabe que el instructor varíe el título de imputación porque es la Sala quien tiene atribuida esa facultad, y cuando la ejerció limitó la investigación al artículo 466".

   Por ello, sostiene que la "elevación de una exposición razonada, la delimitación de hechos y calificación jurídica, como ha sido en el presente caso, impide que el instructor pueda variar el título de imputación". En este sentido, considera que el magistrado así lo ha hecho y ha variado también "implícitamente los hechos, puesto que no los enuncia de forma expresa sino solo valoraciones deducidas de las diligencias practicadas", lo que le lleva a concluir que esta decisión es "nula de pleno derecho" porque excede del marco competencial asignado por la sala.

   Sobre el segundo recurso, contra el auto de 23 de febrero donde no acuerda el sobreseimiento libre, la defensa de Luna sostiene que extraer de las manifestaciones del síndic --que dijo que no encontraba el documento y que se despreocupó de él cuando tuvo acceso a las actuaciones una vez personado-- que ocultó ese documento "de manera dolosa" y que, de esta misma forma, evitó el descubrimiento del delito, "no deja de ser una construcción artificiosa, alejada de toda razonabilidad, pues ni siquiera llega al grado de sospecha o conjetura, toda vez que carece de cualquier base que permita" atribuirle esas pretensiones.

   Para la defensa de Luna, el instructor, una vez comprobado que la conducta del síndic en las Corts no merecía reproche penal, modificó la imputación tras el requerimiento realizado para que presentara el informe, una petición que considera "ilegal". En todo caso, subraya que de su resultado "no puede extraerse consecuencia alguna y menos derivar en una imputación". Así, incide en que el imputado no tiene "ninguna obligación de colaborar con la acusación", que es quien debe demostrar los hechos, y resalta que el imputado puede permanecer mudo en todo el proceso, una pasividad que forma parte del derecho a que sea presumido inocente.

   El letrado insiste en que Luna no se mostró "reticente ni renuente" al requerimiento pese a que lo podría haber hecho, aunque el instructor "no le creyó, y de forma inadmisible dedujo consecuencias punitivas" para él, una situación "todavía más dolorosa desde un punto de vista jurídico penal porque desoye toda la teoría de los actos copenados o los denominados autoencubrimientos impunes".

   Al respecto, subraya que las consecuencias, a estas alturas del procedimiento, son "irreparables" porque Luna exhibió un documento en las Corts, amparado en la inviolabilidad parlamentaria, por unos hechos que carecen de relevancia penal "y que en el curso de la investigación, y pese a su colaboración, se han deducido consecuencias negativas de carácter punitivo, cual es una imputación irregular y un sometimiento a una pena de banquillo".

El TSJCV solicita al CGPJ un juez de apoyo para el instructor del caso sobre el PGOU de Alicante

ALICANTE.- La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aprobado este miércoles proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de un juez de apoyo para el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga la pieza del 'caso Brugal' relacionada con presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según ha informado en un comunicado la Audiencia Provincial alicantina.

   El titular del Juzgado, Manrique Tejada, había solicitado este refuerzo por la carga de trabajo que padece este órgano, que además de instruir la pieza relativa al PGOU, también investiga una presunta estafa cometida por la empresa Autisa, propiedad del empresario Rafael Gregori, también imputado en el 'caso Brugal'.

   Estas causas, junto con la habitual carga de trabajo, además de un problema de salud reciente que ha aquejado al magistrado titular, han llevado al TSJCV a proponer al CGPJ el nombramiento de un juez de apoyo.

Ripoll afirma que no hay que "fiarse de las encuestas"

ALICANTE.- El presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha considerado que no hay que "fiarse de las encuestas" porque sólo "denotan una tendencia" y ha apostado por "seguir trabajando como en los últimos cuatro años".

   Ripoll se ha referido de este modo, al acto delebrado este martes en el Palau de les Arts de Valencia.

   Según Ripoll, "a veces el optimismo se desborda", por lo que ha querido "dejar un mensaje claro que se manifestó en las intervenciones: no hay que fiarse de las encuestas, las encuestan denotan la tendencia, lo importante no son las encuestas sino el 22 de mayo, cuando los ciudadanos se manifiestan en las urnas".

   A su modo de ver, "las perspectivas del PP son muy buenas" pero, ha dicho, hay que "seguir trabajando".

"Si las perspectivas son buenas no es porque hayamos cambiado en los últimos meses, sino porque llevamos cuatro años trabajando en una misma dirección y los ciudadanos de esta provincia nos respaldan", ha dicho.

El Supremo anula las expropiaciones de los terrenos para la construcción de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- La sección sexta de la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) ha decretado la nulidad de las expropiaciones de los terrenos para la construcción de los estudios de cine Ciudad de la Luz, en Alicante, al considerar que el Plan Especial de Reserva de Suelo Público para realizar este complejo no cumple la exigencia de concretar la finalidad para la que se elabora el Plan.

   El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por una urbanizadora y dos particulares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que considera que el objeto del Plan Especial de Reserva de Suelo Público de delimitar un área de reserva con la finalidad de propiciar "la implantación de un complejo metropolitano para actividades lúdicas de carácter terciario recreativo de grandes dimensiones en la ciudad de Alicante" es un "motivo suficiente para la obtención, por las Administraciones competentes, de terrenos afectos a dicho objetivo".

   Así, las partes recurrentes habían denunciado que la sentencia del TSJCV "vulneraba normas del ordenamiento estatal" en relación con la expropiación forzosa de terrenos, al considerar que el Plan Especial carece de "concreción de la causa expropiandi", y el Supremo ha entendido que es así.

   El Plan Especial tuvo como objeto "delimitar un área de reserva para el patrimonio público de suelo de la Generalitat valenciana que abarca una superficie de 2.356.965 metros cuadrados, en la zona denominada 'Cerro Colmenares' de Alicante, con la finalidad de propiciar dentro de esta reserva de suelo la implantación de un complejo metropolitano para actividades lúdicas de carácter terciario recreativo de grandes dimensiones en la ciudad de Alicante", algo que el TSJCV entendió un "motivo suficiente para la obtención, por las Administraciones competentes, de terrenos afectos a dicho objetivo".

   Sin embargo, el TS ha mostrado su "discrepancia" con este criterio del TSJCV, al entender que la motivación del Plan Especial para la expropiación del suelo "no cumple con la exigencia de concretar la finalidad" a la que se destinará, puesto que entiende que es "un ejemplo paradigmático de indeterminación, de vaguedad extrema, en cuanto no permite conocer la concreta finalidad de usos que justifica la expropiación".

   "La referencia a un complejo con las características que se expresan en la memoria del Plan Especial impugnado adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión", continúa la sala, que toma como referencia una sentencia de 2003 del Supremo que entiende como necesaria "la especificación de la causa expropiandi como forma de garantizar a los propietarios que su suelo será expropiado para concretos fines".

   Así mismo, el Supremo señala que "la inexistencia de causa expropiandi" de este Plan Especial "acarrea la nulidad de las posteriores y sucesivos actos expropiatorios". Es jurisprudencia constante de esta sala "que la nulidad de la declaración de utilidad pública arrastra consigo todo lo actuado posteriormente en el procedimiento expropiatorio".

Compromís acusa al Consell de actuar con "irresponsabilidad" en las expropiaciones de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- La diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, ha acusado al Consell de actuar con "irresponsabilidad" a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyó la Ciudad de la Luz, tras conocer  el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a los propietarios del suelo, a los que ahora, tendrá que pagar "indemnizaciones millonarias que saldrán del bolsillo de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", según ha informado en un comunicado Compromís.

   Mollà se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que estima que la Generalitat "no concretó en su momento la finalidad de las expropiaciones de terreno en las que se acabó levantando este complejo audiovisual", situado en el cerro de Colmenares de Alicante.

   Para la diputada de Compromís, cabeza de lista de la coalición por la provincia de Alicante, "es inaceptable que la falta de previsión del Consell la tengan que pagar los ciudadanos, y más en un contexto de crisis como el actual en que el pago de estas indemnizaciones millonarias a los afectados supondrá un recorte en otras partidas".

   Mireia Mollà ha destacado que esta cantidad de dinero que, según ha dicho, "ahora debe pagar" la Generalitat Valenciana, "se suma al montante que ya se ha invertido en los estudios cinematográficos alicantinos, que, pese al discurso del PP, poco rentables han salido a los ciudadanos".

   Así mismo, la diputada en las Corts ha considerado ésta como "una muestra más del modelo insostenible del PP, que ahoga las arcas autonómicas con grandes obras, que para colmo son cuestionadas por la Ley, como ocurre en este caso".

La Comunidad Valenciana, segundo destino turístico para los españoles

MADRID.- Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña se posicionan como los destinos preferidos por los turistas españoles durante 2010, con un 17,5%; 11,5% y 8,5%, respectivamente, como los primeros lugares elegidos para viajar, según los datos de la última encuesta sobre calidad percibida que elabora anualmente el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en dos oleadas.

   El efecto del Xacobeo posiciona a Galicia en cuarto lugar, con un 7,65%, mientras que Madrid continúa creciendo hasta un 4,75% frente a un 3,65% y un 3% de años anteriores.

   Por su parte, Baleares, Canarias y Cantabria incrementan sus porcentajes hasta alcanzar cerca de un 4%, frente al 2,6% obtenido en 2008 y 2009.

   Así, las costas españolas siguen siendo el destino preferido por los españoles, pese a haber descendido tres puntos respecto al año anterior. En general aumentan todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Extremadura y Murcia.

   En lo referente a los viajes internacionales, la encuesta refleja que las visitas al extranjero han descendido nueve puntos y se han situado en el registro más bajo de los últimos tres años, con un 15,15%.

    Según el ICTE, aumentan los turistas que prefieren motivos culturales o ciudades, al igual que las opciones de descanso y salud, que crecen sensiblemente. Por el contrario, el turismo rural sigue disminuyendo.

   La forma preferida de viajar para los españoles es en pareja, aumentando esta opción cada año, mientras que viajar solo sigue decreciendo.

   Los viajes de familia se estabilizan, siendo el grupo de cuatro personas lo más habitual, con un 34,41%, seguido del de tres personas con un 29,17%, mientras que los grupos muy numerosos sufren un ligero aumento respecto a años anteriores.

   Por otro lado, la modalidad preferida para nuestro descanso son los viajes de ocho a 15 días, fines de semana y puentes, aunque continúan descendiendo. Por otro lado asciende a un 26,75% los viajes de una semana, aumentando dos puntos frente al año anterior.

   El gasto por persona y día en el destino turístico ha disminuído un 1,49% para los que gastan de entre cero a 100 euros, pasando de un 69,65% en 2009 a un 68,61% en 2010, continuando como la cifra más común en el gasto.

   Por el contrario el 26,13% gasta de 101 euros a 300 euros por persona y día, creciendo 1,13% respecto al año anterior.

   La relación calidad-precio del destino turístico continúa teniendo una buena valoración, puesto que cerca del 80% lo reconocen como excelente y notable, con cifras muy similares al año anterior.

   La encuesta sobre calidad percibida se realiza a 6.000 personas y da como resultado cerca de 50.000 gráficos diferentes, mostrando el comportamiento del viajero sobre los diferentes productos y servicios turísticos, así como sus costumbres de viaje, la forma en que han elegido su destino o como han contratado sus vacaciones, entre otros.

Industria y los municipios acuerdan reducir coches oficiales y cambiar la iluminación pública para ahorrar energía

MADRID.- El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, han acordado cambiar toda la iluminación en calles e instalaciones públicas y reducir el número de coches oficiales de las tres administraciones con el objetivo de ahorrar energía.

   Estas dos "medidas de impacto" se van a aplicar de forma "inmediata", anunció en una rueda de prensa el presidente de la FEMP, antes de explicar que los municipios se oponen a cualquier tasa a la entrada de vehículos en ciudades y que la propuesta de alternar matrículas pares e impares ha quedado sustituida por un compromiso de fomento del transporte público.

   Sobre el cambio de la iluminación, dijo que estará concluido "en un periodo corto de semanas o meses", y que la medida se aplicará "en carreteras, instalaciones públicas, polideportivos, calles de ciudades y demás". Con la medida, se ahorrará el 42% del gasto energético de los municipios, señaló.

   Castro aseguró que Industria asumirá el coste del cambio de luminarias, si bien fuentes del departamento dirigido por Sebastián precisaron que esta tarea será realizada por Empresas de Servicios Energéticos, cuyos ingresos dependen del ahorro obtenido, de modo que la medida no será costeada por el ciudadano.

   En cuanto a la reducción del parque móvil, Castro señaló que será acometida por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sin ofrecer cifras concretas. "La idea es que haya coches para su uso indiscriminado, esto es, que no se usen por secciones, sino en función de su necesidad", afirmó.

   Por otro lado, descartó la posibilidad de cobrar una tasa por la entrada de vehículos en ciudades. "Los municipios están radicalmente en contra de cualquier incremento económico y de gravarlo sobre el ciudadano", y apuestan por "más concienciación".

   Castro también ha anunciado que Industria y la FEMP han apostado por "la descentralización de administraciones en grandes ciudades". Como ejemplo, indicó que en Madrid "conviven" la Administración central, la autonómica y la municipal, y que "muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid tienen que venir a diario".

   "Una parte importante" del volumen de vehículos que representa esta movilidad "podría ir de las grandes ciudades al área metropolitana", lo que redundaría en una "utilización menos intensa del vehículo" y en "acercar la administración" a las localidades de la periferia.

Luna considera que decir que Camps pudo pecar de ingenuidad supone "reconocer que algo se ha hecho mal"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, considera que decir que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudo "pecar de ingenuidad" en el caso de los trajes, como ha asegurado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, significa "reconocer que algo se ha hecho mal". "Está reconociendo que algo se hizo mal", ha remarcado.

   Luna, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, cree que a Camps "se le puede llamar cualquier cosa menos ingenuo". "No sé si De Cospedal quiere decir con esto que le engañaron", pero "estaría bien que los ciudadanos de la Comunitat tomen nota de que la opinión de De Cospedal es que --a Camps-- le engañaron". Por lo tanto, "algo se hizo mal".

   El portavoz socialista ha opinado que De Cospedal "parte de una creencia de que algo se ha hecho mal en la Comunitat", por lo que, las opciones que deja son que Camps "es culpable" o "le han engañado". Pero, según ha dicho, como la secretaria general del PP "tiene que manifestar públicamente que no es culpable, no tiene más remedio que decir que le han engañado".

   Frente a esto, ha criticado que el presidente de la Generalitat "no reconoce nada, ni la ingenuidad más beatífica". Tampoco "reconoce que conoce al 'Bigotes'", ha apostillado.

   Luna considera "muy significativa" la declaración de De Cospedal y se ha preguntado cómo explicarán esto los que defienden que todo es un montaje de los aparatos del Estado".

   Sobre este asunto también se han expresado el portavoz del PP, Rafael Blasco, quien no ha querido valorar estas declaraciones. No obstante, ha resaltado la "plena sintonía" entre el PP y el PPCV. Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, ha señalado que un presidente de la Generalitat "no puede ser ingenuo" y menos con la situación de crisis que padece la Comunitat.

El PSPV exige al Consell que "adopte medidas ya" para ajustar las cuentas y contener el gasto

VALENCIA.- La secretaria de Economía y Empleo del PSPV y portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts, Cristina Moreno, ha exigido este martes al Gobierno de Francisco Camps que "adopte medidas ya", porque "es necesario que las cuentas públicas se ajusten y se contenga el gasto inmediatamente".

   Moreno se ha expresado en estos términos en un comunicado después de que se haya publicado este que el año pasado la Generalitat cerró con déficit. Un déficit que el Ministerio de Economía ha calificado de "desviación significativa". Así, ha subrayado que el Departamento que dirige Elena Salgado también ha exigido "medidas decididas para reconducir la situación".

   La responsable socialista ha destacado que, a pesar de que estos datos se han dado a conocer ahora, "la realidad es que el presupuesto del año 2010 está liquidado desde el 15 de febrero", por lo que, según la diputada socialista, "es evidente que el Consell y todo el PPCV han tenido y tienen la voluntad de ocultar a los valencianos y valencianas que ha incumplido sus compromisos de déficit público".

   En ese sentido, ha explicado que "el Consell ha hecho caso omiso del compromiso de austeridad, porque durante el año 2010, un año de crisis y que debería ser de ahorro, la Generalitat ha comprometido más gasto corriente que incluso el inicialmente presupuestado".

   Además, ha recalcado que "en un año de crisis, que tendría que haber sido de ahorro, la Generalitat se ha endeudado y no sabemos en qué, porque no ha sido en inversiones, sino en gasto corriente". "Y ha hecho mucho más gasto de lo presupuestado", ha remachado.

   La responsable socialista ha indicado que se ha dado "un nuevo tirón de orejas del Ministerio de Economía y es una evidencia más del afán de oscurantismo del PPCV", por lo que ha defendido que "es necesario aplicar medidas de ajuste ya".

   "No vale que la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, salga diciendo que si ganan las elecciones reducirán el Consell, porque no van a ganar", ha destacado, apuntando que "lo que tienen que hacer es reducir el Consell ya". 

"Sobran vicepresidentes, sobran consellers, sobran asesores y sobran enchufados", ha concluido.

La Audiencia archiva el caso Mercalicante para Galant y Zaragoza y los dos técnicos de Mercasa

ALICANTE.- La Audiencia Provincial de Alicante ha decidido archivar el caso Mercalicante en relación con el concejal del Ayuntamiento alicantino Juan Zaragoza, el exedil José María Rodríguez Galant y dos consejeros de la firma estatal Mercasa, con lo que únicamente se mantiene como imputado en la causa el exgerente de la empresa mixta, José Emilio Clavero.

   De esta forma, la sección primera de la Audiencia ha dictado un total de 12 autos en los que ha desestimado otros tantos recursos presentados contra la decisión adoptada el 19 de mayo de 2010 por el juzgado número 1 de Alicante, que instruye la causa, de archivarla en relación con los cuatro imputados señalados.

   Así, la Audiencia ha entendido que no se debe seguir con la instrucción de la causa para las personas que pertenecían a la comisión ejecutiva de Mercalicante, sobre quienes el juzgado instructor decidió archivarla al considerar que sus circunstancias "no deben ser sustancialmente distintas" de las del exalcalde y presidente de la comisión, Luis Díaz Alperi, para quien, en su momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó el sobreseimiento del caso.

   En este caso, el juzgado investiga el agujero financiero de unos seis millones de euros que se produjo en la empresa mixta Mercalicante entre 2000 y 2002 como consecuencia de las irregularidades presuntamente cometidas por el entonces gerente de mercantil, José Emilio Clavero, que, además, actualmente es el único imputado en la causa.

   "Es de una claridad meridiana  que la resolución que dicta el TSJ tiene que tener una conexión inmediata con la que dicta el instructor y es ahora objeto de recurso", ha apuntado la sala, que ha considerado que "a estas alturas de la investigación, el material analizado debe conllevar a aplicar al resto de miembros del consejo de administración la misma tesis aplicada por el TSJ de Valencia a su presidente".

   El Ministerio Fiscal solicitaba en su recurso que se siguiera la causa para los miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante al entender que existe "un vínculo de responsabilidad" entre su actuación y la del gerente de la sociedad. Así, la Fiscalía considera que "una falta de vigilancia en la actuación de terceros" conlleva "responsabilidad penal".

   Sin embargo, la Audiencia ha considerado que no se pueden aplicar "hechos de cargos directivos de una mercantil al consejo de administración" de esta, en el orden penal, puesto que "la mera pertenencia al consejo de administración no genera, por sí mismo, responsabilidades penales por presuntos hecho cometidos por otros que actúen por delegación del consejo de administración".

   Además, señala la Audiencia que "no es posible olvidar que en este, y en cualquier otro caso, las personas sobre las que se verifica una investigación penal no pueden tener o asumir la figura del imputado permanente", sino que hay que prestar "especial atención" a que los procesos de investigación "se sujeten a unos plazos justos y precisos sin dilaciones indebidas".

   En este sentido, la sala indica que "la excesiva tardanza en delimitar si una persona es, o debe ser, objeto de una investigación, vulnera los más elementales principios del proceso penal" y sugiere que se deberían de establecer "unos plazos estrictos de tramitación procesal sobre los que deben girar unas diligencias de investigación bajo las a que se someta al carácter de imputado a una persona, evitando, en la medida de lo posible, que se eternice la situación de un imputado de forma permanente".

   La Audiencia propone que al término de este plazo fijo "razonable" se adopten medidas que girarían sobre la decisión de archivo, si las diligencias de investigación no llevan a una suerte de claridad en la imputación, y a su transformación en procedimiento abreviado", con la intención de evitar una "imputación sin límites en el tiempo" y que aquellos sobre los que se pruebe que han cometido un delito puedan ampararse en el retraso en la tramitación procesal para solicitar rebajas de pena por dilaciones indebidas.

Ripoll acusa a Alarte de tener "pequeños tics centralistas" por pedir recortes de las diputaciones

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha acusado al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, de tener "pequeños tics centralistas que no van a ningún sitio", por su propuesta de recortar las competencias de las diputaciones.

    José Joaquín Ripoll, preguntado por los medios de comunicación, se ha referido a esta propuesta y ha lamentado que a veces "Valencia no mira más allá de lo que se ve encima del Miguelete" y eso "traducido al ámbito de las diputaciones", se ve en propuestas como ésta que, en su opinión, son "tics centralistas".

   A su juicio, la importancia de ambas provincias en la misma comunidad "ocasiona ciertas tensiones" y ha encuadrado las declaraciones de Alarte en actitudes como las del ex presidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma, quien decía que la comunidad "acababa en Guardamar del Segura".

En su opinión, lo que hace el líder del PSPV ahora es "volver" a estas posiciones "centralistas", que son fruto de "no conocer, de no pisar" toda la provincia.

   Esta postura, según Ripoll, es "un error" porque las diputaciones "tienen su vigencia y su importancia" y les "avalan muchos años de gestión", aunque ha reconocido que hay que "modernizar las diputaciones, pero también otro tipo de gobiernos no sólo las diputaciones provinciales".

   "Lo que pasa es que cada vez que a uno se le ocurre decir algo, pues le pega una patada a las diputaciones, es habitual, antes era el Senado el que sobraba", ha apostillado.