martes, 18 de octubre de 2011

El PP da vía libre a la creación de una comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas

VALENCIA.- El PP votó este miércoles en las Cortes valencianas a favor de crear una comisión de investigación sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y la situación en la que se encuentra la entidad, "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España".

   Así lo ha explicado este martes el portavoz del PP, Rafael Blasco, tras mantener una reunión con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, para abordar la reforma de la Ley Electoral, al ser preguntado por si el grupo popular apoyará la creación de esta comisión de investigación, propuesta por EUPV.  
   Blasco ha hecho hincapié en que la situación en la CAM "es alarmante". Por ello, ha anunciado que el PP respalda la creación de una comisión de investigación "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España de por qué, siendo el organismo que tiene la titularidad de fiscalizar y de intervenir esta caja, ha llegado a la situación a la que ha llegado".
   Según el diputado autonómico, el PP es "partidario de la máxima transparencia y de exigir la máxima responsabilidad a aquellos que hayan actuado incorrectamente".  
   Asimismo, ha subrayado que tanto la Generalitat como el Grupo Popular son "los primeros interesados en que se depure cualquier tipo de responsabilidad y, al mismo tiempo, que se sepa exactamente cuál es la situación y el futuro de esta entidad financiera".
   "Especialmente estamos interesados en reivindicar que el Banco de España dé las explicaciones necesarias para poder generar una actitud constructiva respecto de esta entidad financiera, que tiene tanta importancia para la Comunitat Valenciana, y para evitar cualquier atisbo de alarma social que se haya podido generar", ha resaltado Rafael Blasco.

La exdirectora general de la CAM se apunta al paro

ALICANTE.- La ex directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, se ha inscrito como demandante de empleo en las oficinas del Servef, según han confirmado hoy fuentes conocedoras de la decisión de Amorós.

   María Dolores Amorós acudió este viernes a una de las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) de Alicante para inscribirse como demandante de empleo, aunque por el momento no ha iniciado los trámites para cobrar la prestación de desempleo.
   Amorós fue destituida como directora general por los administradores del FROB el 10 de agosto, aunque continuaba cobrando su salario, y el 28 de septiembre decidieron despedirla al considerar que "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia" --por importe de 369.497 euros anuales--, así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

Moody ´s hunde al Banco CAM al bajar su calificación

MADRID.- La agencia Moody's ha hundido en el "bono basura" al Banco CAM, al que ha rebajado su calificación individual en dos escalones por su debilidad financiera, al tiempo que ha mantenido invariable la escasa calidad de la deuda a largo plazo.

En un comunicado, Moody's explica que rebaja de "D" a "E+" la fortaleza financiera de la entidad, lo que en la escala a largo plazo de la agencia equivale a la sexta peor nota dentro de las consideradas especulativas o "bono basura". En esta categoría, aunque unos peldaños por encima, se encuentra también la deuda sénior, que tiene como garantía a la propia entidad, intervenida a finales de julio. En cualquier caso, Moody's explica que todas estas calificaciones se encuentran en revisión con una dirección incierta, es decir, no sabe si las empeorará aún más o las mejorará.
La rebaja de varios escalones de la calificación de fortaleza financiera del Banco CAM se explica por el deterioro del perfil crediticio de la entidad y su frágil posición de liquidez. Moody's explica que el Banco CAM consigue su liquidez principalmente gracias a la financiación del Banco Central Europeo (BCE) o a través de la línea de créditos de 3.000 millones proporcionada por el fondo público de rescate (FROB). Además, hace hincapié en las pérdidas superiores a 1.100 millones de euros a cierre de junio y el deterioro de la calidad de activos del banco, con una morosidad del 19 % y una cobertura del 39,4 %.
En cuanto a la inyección de capital de 2.800 millones hecha por el FROB, Moody's cree que sin ella el Banco CAM no sería capaz de hacer frente a sus importantes necesidades de refinanciación en los próximos doce meses, debido al debilitamiento de su base de depósitos y a la falta de acceso a la financiación del mercado mayorista. 
Además, la agencia se muestra preocupada por el futuro de la entidad, por su débil solvencia y el rápido deterioro de su cartera. Sin embargo, recuerda que el FROB y el Banco de España han iniciado conjuntamente el proceso de subasta de Banco CAM, que se espera que concluya en las próximas semanas. Si como resultado de esa subasta el Banco CAM es adquirido por otra entidad más fuerte, Moody's admite que mejoraría la fortaleza financiera de la entidad.
Las nuevas exigencias de capital a los bancos por parte de la Unión Europea y las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, complican aún más la subasta de la CAM inicialmente prevista para finales de este mes. La intención del Banco de España era que la entidad se vendiera antes de noviembre, pero ninguna de las cuatro entidades que han presentado ofertas y que el FROB ha escogido como las mejores (Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell) ha accedido a la auditoría exhaustiva que les permitirá conocer hasta el último detalle de la CAM y que seña el paso previo para presentar una oferta en firme.
Esta demora hace imposible que la subasta de la CAM se realice a finales de este mes y provoca serias dudas de que pueda realizarse antes de las elecciones generales. La cita electoral no impide que se pueda realizar la subasta competitiva, pero sí plantea más incertidumbres en un momento de preocupación en la banca europea por las nuevas exigencias de capital.

Los interesados en CAM prefieren "hacer el favor" al nuevo Gobierno después del 20-N

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero no podrá cumplir su sueño de cerrar la reestructuración del sistema financiero durante su Gobierno. Al menos, la resolución de la crisis de la CAM se quedará pendiente, según fuentes de toda solvencia, porque los bancos finalistas en la puja por la caja alicantina -que hoy comenzarán a hacer la due diligence- no quieren hacer este favor a un Gobierno del que no podrán cobrárselo. A eso se añade la recapitalización de la banca europea, que ahora es la prioridad del Banco de España, y la complejidad técnica de la revisión de las cuentas de la CAM, que será el argumento oficial para justificar el retraso.

Las condiciones de la subasta de la caja intervenida en julio establecen un plazo de cuatro semanas desde el inicio de la due diligence para presentar las ofertas vinculantes. Este proceso no ha comenzado aún para Santander, BBVA, Caixa y Sabadell -los miembros de la short list de cantidatos, como adelantó El Confidencial- y se espera que lo haga hoy o mañana. En todo caso, la fecha tope se alargará hasta el 14 de noviembre, el lunes de la semana electoral, y ya en esas fechas "no tiene sentido finalizar la puja hasta después de las elecciones y que sea el nuevo Gobierno el que dirija el proceso", según una de las fuentes consultadas, según 'El Confidencial'.
Este retraso obedece a varios factores. El primero es la enorme tranquilidad con que se lo tomó el Banco de España desde la intervención del 22 de julio hasta que empezó en serio su venta a mediados de septiembre (sin contar además que podía haberla intervenido mucho antes porque era perfectamente conocedor de su situación tras la ruptura de Banco Base). Después llegaron las dificultades para encontrar compradores y el temor a que la subasta quedara desierta, que obligó al supervisor a mejorar enormemente las condiciones para la puja.
Pero entonces llegaron las urgencias de los líderes europeos por la recapitalización del sector, que van a llevar a unos nuevos test de estrés cuyos detalles aún no están claro pero en todo caso serán mucho más duros que los de junio. Algo que ahora mismo tiene totalmente absorbido al Banco de España, según las fuentes. Y por si fuera poco, se cruzó por el camino la venta del Pastor, que finalmente se llevó el Popular, aparte, por supuesto, del escándalo de las indemnizaciones millonarias de los directivos que llevaron a la CAM a ser "lo peor de lo peor", según las palabras del gobernador Fernández Ordóñez.
Pero este retraso no es el único ni el principal problema en este proceso. Es cierto que la due diligence es un proceso muy complejo, algo que resulta sorprendente a primera vista, puesto que la CAM es la entidad más analizada de la Historia de la banca española: fue analizada por numerosas entidades en la subasta organizada por Nomura que finalmente quedó desierta, Ernst&Young la estudió para valorarla para la inyección de 2.800 millones del FROB (valoración que finalmente fue cero) y ahora volverá a ser examinada por los cuatro finalistas en el actual proceso de venta que dirige Merrill Lynch.
Ahora bien, las fuentes consultadas aseguran que "la situación de la CAM se mueve a diario y para peor", lo que requiere una nueva revisión con la información actualizada; casi todos los participantes en la puja actual ya miraron la caja en la subasta de Nomura.
Pero eso también podría soslayarse antes de las elecciones. El verdadero obstáculo es la reticencia de las entidades a adjudicársela antes de que haya un nuevo Gobierno. "Todos los finalistas entienden que comprar la CAM es un marrón que deben comerse para ayudar al Gobierno y al Banco de España a solucionar este problema sin llevar la entidad a la quiebra; de ahí que hayan pedido tantas prebendas para quedarse con ella", explica otra fuente conocedora del proceso. "Pero si ese favor se lo van a hacer a alguien que una semana después ya no va a estar ahí, no tiene ningún sentido", añade.
Por eso, "la adjudicación no se va a realizar hasta después de las elecciones, cuando ya haya un nuevo Ejecutivo al que puedan cobrarle el favor en el futuro", concluye.

lunes, 17 de octubre de 2011

Los socialistas ven ahora a la alcaldesa Sonia Castedo acorralada por la Justicia

ALICANTE.- El presunto tráfico de influencia de la señora Castedo queda más que patente en las escuchas, que ahora son consideradas por el juez como "medio idóneo", "necesarias" y que "proporcionaban más beneficios", dice en una nota la oposición socialista municipal a propósito del auto del juez Tejada.
El citado juez reconoce que "los hechos en el día de hoy no han sido siquiera provisionalmente calificados, pero revisten indicios de ser delictivos", por lo que para la portavoz socialista, “la responsabilidad, cuanto menos política, de la alcaldesa debería obligarla a dimitir.”

Para el juez se ha cumplido el principio de homogeneidad en las distintas prórrogas de las autorizaciones de las escuchas y la proporcionalidad de las mismas, por lo que “cabe preguntarse por qué se quieren invalidar las escuchas por parte de los abogados de Salvetti, de Ortiz y Quesada,” opina la portavoz socialista.

Según Elena Martín, “Ya no les queda más salida que explicarse y confesar lo que pudieron hacer. Esto es, una presunta trama de técnicos, políticos y empresarios para el beneficio particular, con cuantías muy considerables, de la mayoría de ellos, como lo demuestran las millonarias compraventas que el Sr. Ortiz consumó en distintas notarias.”

“Si como pretende decir la alcaldesa, no tienen nada que ocultar y todo fue legal y transparente, ¿cuál es la razón para que intenten, por todos los medios, invalidar las escuchas? No lo han conseguido y ahora tendrán todos, la alcaldesa incluida, que explicar a los ciudadanos y jueces muchas cosas.”

Su presidente pide a exdirectivos de NCG que renuncien a sus indemnizaciones

SANTIAGO.- El presidente de Novacaixagalicia Banco (NCG), José María Castellano, ha trasladado al consejo de administración que espera, "por el bien del proyecto, de sus empleados y clientes" que "cunda el ejemplo" dado por Javier García de Paredes, quien renunció a "la mayor parte" de su indemnización, y los demás exdirectivos "también renuncien a una gran parte de su finiquito. 

   "Nuestra intención es la de resolver este asunto lo antes posible", ha agregado. Las negociaciones con los exdirectivos de la caja que recibieron indemnizaciones millonarias se mantienen "abiertas", según informó la entidad.
   Por su parte, el exdirector de Caixa Galicia y presidente de la Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín, José Luis Méndez, ha puesto sus cargos en sociedades participadas a disposición de Castellano.
   En la reunión, el que fue director general de Caixa Galicia durante 29 años ha comunicado que su jubilación "se ajustó a la normativa legal correspondiente" y que renunció a las indemnizaciones de su contrato de alta dirección.

La banca española podría tardar 45 años en deshacerse de su 'stock' de suelo

MADRID.- Las entidades financieras españolas podrían tardar hasta 45 años en deshacerse de su cartera de suelo, cuyo valor asciende a unos 49.000 millones de euros, si se mantiene el actual ritmo de transacciones, y hasta cinco años en drenar su 'stock' de pisos, que supone otros 21.000 millones, según el consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Berges.

El suelo copa el 70% de los activos inmobiliarios que actualmente acumulan bancos y cajas en sus balances, mientras que las viviendas representan el 30% restante.

Según AFI, el valor total de los activos 'atascados' en los balances del sistema financiero español ascienden así a unos 70.000 millones de euros, con datos al cierre del mes de junio.

Durante su intervención en el XXX Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Berges afirmó que, a la vista de estas cifras, "el sector de la construcción y el financiero se han convertido en hermanos de sangre", puesto que su destino a día de hoy va aparejado. En su opinión, el gran reto al que se enfrentan es a la "movilización" de estos 'stocks'.

Asimismo, señaló que existe una "absoluta necesidad de plantear la creación de vehículos", en forma de "aparcamientos" o "bancos malos", para atajar el problema.
 
Según dijo, en España se ha producido una "sistemática oposición" a este tipo de soluciones, 
 si bien aseguró que "hay que volver a plantearlas con cierta urgencia" e incluso que, tras los "enormes problemas" en los que se ha visto envuelta la banca francesa, esta posibilidad "está más cerca que en junio".

La patronal de cajas plantea congelar sueldos salvo a directivos, según UGT

MADRID.- La patronal de cajas de ahorros (Acarl) ha planteado la congelación salarial durante un plazo de dos años para los trabajadores del sector a excepción de los grandes directivos, según informa UGT.

   "Nos plantean un convenio a dos años con congelación salarial absoluta que no se aplicarán los grandes directivos, que mantendrán sus retribuciones millonarias", denuncia el sindicato en una circular.
   UGT denuncia que con esta propuesta, presentada en la última reunión de la mesa del convenio colectivo de cajas de ahorros, la patronal se desdice de los planteamientos del pasado mes de julio, que apuntaban a la posibilidad de un acuerdo.
   Las empresas alegan incertidumbres económicas y "apuestan por generar más incertidumbre", dice el sindicato, que ha rechazado de plano la propuesta y califica de "irresponsable" la actitud de la patronal de cajas de ahorros.
   Por otro lado, denuncia incumplimientos de acuerdos laborales en los procesos de reestructuración en marcha, "con amenazas de nuevas vueltas de tuerca", así como "prejubilaciones obscenas de gestores a los que sí se les remunera el haber gestionado las cajas hasta su desaparición, ya sea por intervención o nacionalización".
   UGT afirma que se registran incrementos retributivos de cúpulas directivas, así como multiplicación de cargos como copresidentes, vicepresidentes ejecutivos, consejeros delegados y adjuntos ejecutivos a presidencia.
   El sindicato informa además de la existencia de sobrecostes de órganos de gobierno que mantienen sus reuniones, y de que algunos mantienen su sobredimensionamiento tras los procesos de fusión, "a pesar de haber sido vaciados de contenido".
   Asimismo, denuncia la existencia de estructuras directivas que mantienen duplicidades y que aumentan ineficiencias e ineficacias. "Los trabajadores no van a consentir cargar con todas las consecuencias de los excesos y la mala gestión de una buena parte de los directivos, y el conjunto de la sociedad mira con lupa", sostiene UGT.

Rubalcaba quiere que grandes empresas que hagan EREs paguen sus planes contra el paro

MADRID.- El PSOE se ha propuesto garantizar los recursos y mecanismos de actuación disponibles en materia de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que permitirá sostener las "medidas extraordinarias" que se proponen abordar si ganan las elecciones generales.

   Dicho instrumento contará con los "ingresos de naturaleza tributaria y presupuestaria que específicamente se determinen", pero también tendrá como fuente de financiación las aportaciones de aquellas grandes empresas con beneficios que impulsen expedientes de regulación de empleo para despedir a trabajadores mayores de 50 años.
   Así consta en el programa electoral con el que Alfredo Pérez Rubalcaba concurrirá a los comicios del próximo 20 de noviembre, que explica que la nueva herramienta tendrá "naturaleza suplementaria y no sustitutiva" respecto a los actuales fondos ordinarios que se destinan en los Presupuestos Generales del Estado a las políticas de empleo.
   El objetivo de los socialistas en "aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo" y mejorar su eficacia, así como adoptar "nuevos instrumentos que hoy no existen", impulsando también la colaboración público-privada en la intermediación en el mercado laboral.
   La obligación para que las grandes empresas con beneficios que prejubilen compensen al Estado fue introducida en la reforma de las pensiones y entró en vigor con efectos del 27 de abril, después de que Telefónica anunciara un ERE para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013.
   La compañía que preside César Alierta se comprometió a abonar en su totalidad el coste por desempleo del proceso, cifrado en 350 millones de euros. El Ministerio de Trabajo autorizó el proceso el pasado mes de julio.
   La norma plantea que las empresas que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen un ERE que afecte a trabajadores mayores de 50 años deberán efectuar una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo, si bien nunca se concretó de qué manera se aplciarían estos recursos.
   Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
   Por otro lado, los socialistas se comprometen a reordenar las ayudas a la contratación para primar los contratos que supongan incremento del empleo en la empresa, crear bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social que se proyecten en el tiempo a cambio de asegurar el mantenimiento por varios años de los contratos y posibilitar e incrementar la formación.
   El programa electoral de Rubalcaba contempla además atajar la temporalidad del mercado laboral, para la que introducirá un nuevo modelo de cotización por desempleo, denominado 'bonus-malus', con el fin de desincentivar la "temporalidad excesiva".
   Esta medida incrementaría la cotización a la Seguridad Social que los empresarios deben abonar para los contratos temporales, en tanto que llevaría aparejada una reducción de los cuotas sociales para aquellos indefinidos.
   Para fomentar la contratación a tiempo parcial, muy poco recurrida por el empresario español pese a las bonificaciones, el PSOE cambiará la regulación para que los parados puedan suplir los trabajadores en activo durante los períodos en los que éstos reciban formación continua.

Standard & Poor's rebaja de A a A- el rating del Instituto Valenciano de Finanzas

VALENCIA.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar el rating del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), desde A a A-, con perspectiva de calificación negativa. Asimismo, el corto plazo pasa de A-1 a A-2, según ha informado en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).    

Ambas rebajas vienen motivadas por las bajadas en la calificación crediticia de la Comunitat Valenciana, desde A a A- para el largo plazo y desde A-1 a A-2, para el corto plazo, debido a la garantía explícita que por parte de la Comunidad tiene reconocida en su Ley de creación, el Instituto Valenciano de Finanzas.

El juzgado desestima los recursos de los principales investigados y avala las escuchas en 'Brugal'

ALICANTE.- El titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que investiga la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha desestimado en su totalidad los recursos de reforma presentados por los principales investigados y resalta que las intervenciones telefónicas eran "el medio idóneo" para la investigación y "necesarias" para llevarla a cabo.

   El juez desestima en su totalidad, de esta manera, los recursos interpuestos por el empresario Enrique Ortiz y su mujer, María Manuela Carratalá, y por los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.
   En el auto, el juez también rechaza las pretensiones de las representación de PSPV y de EU y "se tiene por no interpuesto el incidente de nulidad de de actuaciones" instado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
Por otra parte, el subdirector general de Bancaja, José Cortina, ha reconocido este lunes ante el juez que se reunió con los abogados del despacho de Salvetti, así como con el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su sucesora en el cargo Sonia Castedo, en relación con los intereses inmobiliarios de la entidad, todo ello, según ha asegurado, en el marco de "actividades lícitas", según ha explicado el abogado de EU, José Luis Romero.
   El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga las presuntas irregularidades en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una pieza separada del sumario del caso Brugal, ha tomado declaración a José Cortina por su supuesta implicación en la compra de suelo en zonas protegidas y su posterior traslado de los aprovechamientos a otras áreas urbanizables.
   José Cortina ha respondido a las preguntas del juez y de su propio abogado durante alrededor de una hora, y ha declinado atender a las de los letrados del PSPV y EU, personados como acusación, según ha detallado Romero.
   El directivo de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat SL, ha reconocido que una de las empresas del grupo Bancaja tuvo un contrato con el despacho Salvetti, y ha confirmado que en febrero de 2009 mantuvo una reunión en Valencia con los socios de este despacho, el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, José Luis Castedo, y Javier Gutiérrez, en relación con este contrato.
   Además, también ha admitido que se reunió en el Ayuntamiento de Alicante con Luis Díaz Alperi y con Sonia Castedo, y ha aclarado que estos contactos forman parte de las "gestiones normales de las empresas de Bancaja que tienen intereses inmobiliarios", todo ello "en relación con actividades suyas lícitas", ha explicado el letrado.
   En un momento determinado de la toma de declaraciones, Cortina ha hecho unas manifestaciones relacionadas con las conversaciones que había mantenido en sus gestiones inmobiliarias, y que, en opinión de Romero, han sido "un poco crípticas", ya que le ha dicho al magistrado: "no sabe usted lo que cambia de opinión la gente".
   José Luis Romero ha explicado que Cortina "ha echado balones fuera en lo demás", y ha recordado que el directivo de Bancaja el viernes presentó un escrito al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en el que "viene a decir que no puede hablar de delito de información privilegiada cuando las supuestas informaciones privilegiadas no llevan a resultado".
   El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante continuará la toma de declaraciones el próximo miércoles, 26 de octubre, día en el que están citados a declarar en calidad de imputados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

La memoria del poeta Miguel Hernández deja de ser un negocio para la familia a costa de los ilicitanos, vista la reacción de la nuera

ELCHE.- Los herederos de Miguel Hernández han comenzado este lunes a revisar, caja por caja, los 250 paquetes en los que ha sido archivado el legado del poeta que desde hace 26 años custodia la ciudad de Elche, en un día que la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, ha calificado de "muy triste".

   Lucía Izquierdo, acompañada por su hija, María José Hernández, y por el abogado que representa a la familia, Carlos Candela, se encuentra desde primera hora de este lunes en el Archivo Municipal de Elche, cotejando el contenido de las 250 cajas con el inventario del legado que se realizó en su día. En total, son más de 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales del poeta de Orihuela.
   Ante los medios de comunicación, la familia ha asegurado que el convenio suscrito a finales del pasado año no contempla que los herederos percibirían en los próximos 20 años tres millones de euros, como asegura el actual equipo de Gobierno, sino 1,6 millones de euros, a razón de unos 80.000 euros brutos anuales en concepto de derechos de imagen y autor por el uso del material que compone el legado.
   Los herederos reclamarán esa cantidad judicialmente, a través de un litigio contencioso- administrativo, al tiempo que se querellarán contra el Ayuntamiento de Elche por daños a su imagen. "Vamos a pedir lo que nos deben, como punto de partida", ha dicho el abogado de la familia, quien, no obstante, ha anunciado la intención de reclamar también "daños morales".
  "Vamos a incluir una reclamación de daños morales porque la familia ha sufrido un cierto acoso, no por parte de las autoridades, pero sí un cierto acoso social por las cosas que se han dicho", ha avanzado.
   Según Candela, "es un asunto, más que complejo, muy extenso" porque, según ha explicado, hay que ver "los incumplimientos del Ayuntamiento, los retrasos económicos" de la cantidad de 84.000 euros al año que la familia tenía que percibir.
  "Lo de los tres millones no sale por ninguna parte", ha dicho Candela, quien ha insistido en que la cantidad que había que pagar era algo más de la mitad, en concreto "1,6 millones de euros en 20 años". Candela ha precisado que esta cantidad venía en dos conceptos, los derechos de imagen y una cantidad de mil euros al mes en concepto de la asistencia de los familiares a los actos que se celebren en torno al poeta.
   Por su parte, Lucía Izquierdo ha indicado que en el convenio se recogía que pagaba a la familia "en concepto de los derechos de imagen y si el ayuntamiento compra la marca de Miguel Hernández para su explotación y se iba a hacer un museo y se iba a poner una tienda de souvenir, ahí se iba a pagar a la familia con los ingresos que se obtuvieran".
   "De ahí era de donde se nos iba a pagar a la familia, nunca fueron tres millones de euros, ni que los hayamos pedido adelantadamente, 60.000 euros brutos al año, durante 20 años, se pueden hacer una idea", ha recalcado.
   Además, ha añadido que también se preveía que la familia fuera a "hacer donaciones a la fundación en concepto de derechos de autor para que pudiera asumir todos los proyectos culturales y que no desembolsara el ayuntamiento más que lo necesario. Con los números que hicimos era que no se iba a desembolsar absolutamente nada".
   Para Lucía Izquierdo, "hoy es un día muy triste".
"Me viene a la cabeza el día en que Josefina Manresa vino personalmente a depositar aquí en Elche todo lo que aquí nos obligan a llevarnos", ha dicho.
   Así mismo, ha explicado que el "legado va enlatado" con el resto de actividades, por lo que en "estos momentos se paralizan todas las actividades culturales para Miguel Hernández no sólo aquí, sino en el extranjero".
"Va todo a una caja y a esperar, por lo tanto eso son daños a la imagen del poeta y de su obra, son daños irreparables en estos momentos", ha dicho Izquierdo, quien ha apostillado que con su decisión el Ayuntamiento va a "enlatar al poeta y esperar a ver lo que sucede".

Antes hay que ayudar a Cáritas

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz (PP) ha remarcado hoy que "el mejor emplazamiento" para el legado de Miguel Hernández es el Ayuntamiento de Elche, tal y como lo ha sido desde hace más de 27 años, si bien ha apostado por albergar estos bienes "sin pagar ningún alquiler".
    Pablo Ruz ha justificado la decisión de rescindir el contrato con los herederos de Miguel Hernández por la "situación de ruina" en la que se encuentran las cuentas municipales.
   La crisis económica hace inviable que "se puedan pagar los tres millones de euros que contempla el convenio por el alquiler del legado durante 20 años", ha asegurado el edil. El legado depositado en Elche se compone de unas 250 cajas con alrededor de 5.000 documentos, efectos personales y correspondencia.
   Pablo Ruz ha recordado que en estos momentos hay personas que diariamente tienen que asistir a Cáritas para comer, por lo que cabe preguntarse "qué Administración Pública puede pagar tres millones de euros por el alquiler de la obra de un poeta, aunque sea el más universal como Miguel Hernández".
   "No es una decisión unilateral, ni política, ni ideológica ni nada de eso, el ayuntamiento no puede asumir el coste del mantenimiento de ese legado porque no obtiene dinero para ello", ha asegurado.
  "Desde el principio hemos tenido claro que el Ayuntamiento de Elche no puede asumir una cifra de tres millones de euros por alquilar un legado durante 20 años porque es una cifra inviable", ha insistido.
   Por ello, según ha dicho, han apelado a la sensibilidad de la familia para que el legado permanezca en la ciudad", pero ésta "unilateralmente, ha decidido retirar el legado".
   Respecto a las copias digitalizadas del legado de Miguel Hernández depositado en Elche, el portavoz municipal ha recordado que el 80 por ciento de los documentos que conforman el legado ha sido completamente digitalizado, y ha remarcado que "esas copias son del Ayuntamiento de Elche porque lo dice la Ley".

El 25% de niños españoles sufre malnutrición agudizada por la crisis

MADRID.- El 25 por ciento de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición, según han explicado a hoy diversas entidades del tercer sector social, que atribuyen este dato a la crisis económica, que hace que muchas familias no puedan comprar carne, pescado y fruta para alimentar a los más pequeños. 

   Según ha destacado la vicepresidenta de Fedaia, Conxi Martínez, esta malnutrición infantil se da en familias castigadas por el paro y con graves problemas económicos que les impiden ofrecer una dieta equilibrada a los más pequeños.
   Entidades como Fedaia, que aglutina 78 entidades que atienden a más de 35.000 niños y jóvenes, han visto incrementada su demanda en los últimos meses y, según ha avanzado Martínez, estas cifras de malnutrición y pobreza infantil "aumentarán considerablemente cuando se actualicen los datos".
   Por ello, entidades del tercer sector como la citada federación, Cáritas y la Cruz Roja han pedido al Govern que refuerce las becas comedor puesto que seguir la dieta diaria en la escuela es "la única garantía para muchas familias para alimentar de forma equilibrada a sus hijos", según destaca un informe de Cáritas Diocesana de Barcelona.
   De hecho, el 17% de los niños que vive bajo el umbral de la pobreza sufre obesidad infantil, el doble que los menores sin dificultades económicas, enfermedad que se deriva de una alimentación que carece de frutas y verduras, según ha destacado Martínez.
   El representante de ECAS en el grupo 'Pobreza y exclusión social de la infancia y la adolescencia' de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, Jordi Collado, ha explicado que las familias españolas acechadas por la crisis se ven obligadas a privarse de lo más básico, como la alimentación y la higiene.
   También ha remarcado que los que más sufren en este proceso son los niños, que "no son responsables de su sufrimiento y no disponen de suficientes mecanismos para defender sus intereses y necesidades".
   El perfil de la pobreza infantil en España corresponde a niños que no disponen de ropa adecuada, no comen correctamente, no gozan de espacio para hacer los deberes ni jugar en sus casas, ya que sus padres se ven obligados a compartir piso, y no acuden a actividades extra escolares ni de ocio por la falta de recursos de sus padres, según ha avanzado Martínez.
   "Esta situación desencadena problemas psicológicos, que a su vez repercuten en el fracaso escolar y, por lo tanto, genera una espiral de exclusión social que se debe parar", ha asegurado Martínez.
    El 30 por ciento de los hijos de familias que subsisten con menos de 640 euros al mes no consigue el graduado escolar, según destaca el informe de UNICEF y la Fundación Pere Tarrés.
    Las entidades del tercer sector han reclamado al Govern que los recortes no afecten a las ONG y que elabore "un proyecto claro y conciso entre todas las partes", según ha asegurado Collado, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este lunes.  
    En este sentido, Fedaia inició una campaña el pasado mes de junio para concienciar a todos los agentes políticos, económicos y sociales, de que la crisis agudiza la pobreza más extrema en aquellos colectivos más frágiles y vulnerables, especialmente los niños, y para potenciar la apertura de centros abiertos, dónde las familias puedan llevar a sus hijos en caso que no los puedan atender.

Los ayuntamientos resucitan el 'catastrazo'

MADRID.- Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han caído hasta más de un 50% los ingentes ingresos que cosechaban los ayuntamientos españoles con los impuestos que provenían del ladrillo, como el de obras o el de la plusvalía. Muchos municipios rozan la quiebra técnica y han decidido que la única vía para superar el bache es cargárselo a los ciudadanos. Van a empezar a recaudar más en 2012 con otro tributo ligado a la vivienda: el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. ¿Cómo? Recuperando el catastrazo, revela hoy 'Público'.

Lo están haciendo muchos consistorios para poder arañar más ingresos y la tendencia será creciente en años venideros, apuntan fuentes solventes, que conocen las peticiones de centenares de gobiernos locales.
Si sube el valor catastral de un piso, que es la base que se tiene en cuenta para calcular el IBI, automáticamente aumenta también este impuesto en la misma proporción. Salvo que el alcalde de turno decida bajar el tipo aplicado en el tributo y, aun así, es difícil amortiguar mucho la subida. Al basarse el alza del IBI en un aumento del valor catastral, los ayuntamientos suelen echar la culpa política al Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende la Dirección General del Catastro, porque, en general, no están subiendo el tipo de gravamen. Pero lo que los consistorios no cuentan es que son ellos los que solicitan que se actualice el valor y provocan el aumento.
El Catastro revisa el valor catastral según lo que ha crecido el valor de mercado, muy en síntesis. Y el saldo de los últimos diez años da una espectacular subida, porque, aunque durante el boom inmobiliario (de 1999 a 2007) más que se duplicó el valor de los pisos, las caídas registradas desde 2008 (del 24%, sin contar la inflación) sólo han servido para amortiguarlo relativamente.
Cuando pasan diez años desde la última revisión del valor catastral de los pisos, la ley dice que se puede actualizar siempre que lo pidan los alcaldes. Ahora, la necesidad obliga y este año ya son 210 municipios los que han pedido y estrenarán en 2012 una revisión del valor catastral de todas sus viviendas.
Entre ellos, sólo hay siete de gran tamaño, todos del Partido Popular, entre los que figura la capital, Madrid. Le siguen el también madrileño Móstoles, los turísticos Castellón de la Plana, Marbella e Ibiza, además de Ciudad Real. Como resultado de estas revisiones, el valor catastral medio sube entre el 57 y el 162%.
Esto se traduce en que el IBI aumentará en esos municipios en los próximos diez años en una proporción prácticamente igual, que va del 55 al 162%, tras considerar que Ibiza y Ciudad Real han introducido una ligera rebaja en el tipo que aplican al impuesto sólo para 2012.
Mención aparte merece Leganés, donde hay familias que llevan desde 2007 soportando subidas del IBI por la revisión del valor catastral. Tanto es así que el Ayuntamiento acaba de rebajar el tipo del gravamen un 20% para evitar que en 2014 el alza del IBI llegue al 125% con otra revisión catastral.
En el primer año de aplicación para el resto de ayuntamientos, que será 2012, se pondrá en marcha una reducción para que los contribuyentes no tengan que pagar de golpe hasta más del doble de IBI de un año para otro. Pero esto no impide que haya subidas desde el primer año. Además, las reducciones van menguando ejercicio tras ejercicio, lo que supone que este impuesto aumentará a buen ritmo hasta que en 2021 llegue a su aplicación plena.
Los marbellíes serán los más afectados por la subida del IBI provocada por el catastrazo. Como este valor no se revisa en Marbella desde 1987, aumenta para 2012 nada menos que un 162%. Esto paliará los excesos del pasado.
Mientras, en Ibiza, la subida del IBI será de más del doble, pese a que el Ayuntamiento ha bajado un 5% el tipo de gravamen. Y en Ciudad Real, que también ha reducido el tipo un 2%, el aumento será de entorno al 55%.
Pero los madrileños son, sin duda, los más afectados en número. Dos millones de hogares de la capital pasarán a pagar una media de un 74% más en diez años, porque es lo que sube el valor catastral, según admite el propio equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Aunque el dato del valor catastral medio deja el alza en el 70%.
Gallardón abandonará previsiblemente el Ayuntamiento de Madrid para ir al Gobierno, si el PP gana las elecciones, pero deja de regalo a sus contribuyentes una subida media del IBI que en 2012 se limitará al 5,7%, asegura el consistorio. Aunque esto es sólo un promedio y, en la práctica, a muchos hogares les sube la cuota hasta un 20%, como están comprobando en las notificaciones que reciben. Además, la subida irá in crescendo, muy por encima del coste de la vida, a partir de 2013 y tendrán que ir pagando más y más.
En concepto de IBI, el consistorio madrileño había calculado que en 2011 ingresará 1.020 millones, según el presupuesto para este año. Con la subida del 5,7% del próximo año, la recaudación aumentará al menos en 50 millones. (tributarán nuevas viviendas que no están contabilizadas en este ejercicio). El IBI supone casi la mitad de lo que el Ayuntamiento percibe por impuestos y en torno a una cuarta parte de los ingresos totales.
Hay que matizar que si la subida es tan alta en Madrid es porque no se actualizaba el valor catastral desde 2002 y tampoco se ha revisado año a año, como manda la Ley de Presupuestos para el resto de municipios, por una exención legal que se decidió en 2002.
Pero, en todo caso, penaliza a los madrileños. "Además, la subida del valor catastral incide también en la tasa de basuras que ha creado el Ayuntamiento. Al final, un pensionista o un mileurista puede pagar de IBI y de tasa de basuras casi 300 euros", señala Noelia Martínez, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Hay casos en que más.
En Móstoles, un gran municipio del extrarradio de Madrid, el catastrazo hará que 119.000 familias tengan que pagar más del doble de IBI en diez años, en concreto, un 124% más. Aunque, tras las elecciones de mayo, el Ayuntamiento, del PP, decidió rebajar el impuesto.
Resulta curioso el ejemplo del municipio madrileño de Tres Cantos, cuyo alcalde, José Folgado, fue secretario de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar. El PP nacional clama contra la idea de subir impuestos. Sin embargo, cuando gobierna, no siempre hace lo que predica. Y el ejemplo es que Folgado avala esta subida del IBI tras solicitar la revisión del valor catastral, que eleva la cuota que tienen que pagar las familias entre un 150 y un 160%, como denuncia IU. Esta formación pide a Folgado que modifique el tipo impositivo para que las familias "puedan hacer frente al impuesto sin dificultades", señaló su portavoz, Federico Mas, en un comunicado. Si no se hace, "el IBI subirá de nuevo en 2012 entre un 10 y 15%".

La CAM no auditó las cuentas que cuestiona el Banco de España

ALICANTE.- Cuando comenzaba a arreciar la tormenta sobre Caja Mediterráneo (CAM), tras la ruptura de la «fusión fría» que había pactado con Cajastur, la entidad financiera con sede en Alicante declaró, en el primer trimestre de 2011, unos beneficios de 39,8 millones de euros.

Un balance que no hacía presagiar que, apenas tres meses después, el Banco de España intervendría la caja y destituiría a los miembros de su consejo de administración, para sanear sus cuentas y evitar su quiebra.Una vez los nuevos administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tomaron las riendas de la entidad, desvelaron que durante el primer semestre del año CAM había perdido 1.136 millones de euros.
¿Cómo pudo pasar Caja Mediterráneo de ganar 39,8 millones a perder más de 1.100 en apenas tres meses? La respuesta puede estar en la decisión del FROB de despedir a la hasta ahora directora general de la caja, María Dolores Amorós, bajo la acusación de falsear las cuentas y actuar en beneficio propio
Una acusación que la propia Amorós ha negado categóricamente.
Lo cierto es que, según han confirmado a 'Abc' fuentes de la entidad, las cuentas del primer trimestre cuya validez pone en duda ahora el Banco de España no habían sido avaladas por la empresa auditora que habitualmente fiscaliza el balance de la entidad. Dicha firma se encarga de auditar las cuentas anuales de la CAM, pero no los resultados que da a conocer trimestralmente a la CNMV.
Los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo y los altos directivos de la entidad se repartieron en 2010 más de 4,5 millones de euros en sueldos y dietas. Del total, el grueso de las remuneraciones se refiere al sueldo del personal de dirección y los consejeros en su calidad de directivos: casi 2,87 millones de euros.
Mientras, las nuevas exigencias de capital a los bancos por parte de la Unión Europea y las elecciones generales del 20-N complican aún más la subasta de la entidad, inicialmente prevista para final de octubre. Las ofertas de Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell han sido escogidas como las mejores por el FROB. Sin embargo, ninguna ha accedido a la auditoria de la caja para conocer el estado de sus cuentas y poder presentar oferta en firme.

Insultos tras el pelotazo

Los responsables de Caja Mediterráneo (CAM) antes de la intervención, el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo, y el exdirector general, Roberto López Abad, afrontan de manera diferente su vida tras desvincularse de la entidad. Pero en su actual rutina hay una constante que les mantiene en alerta: el creciente cabreo de sus convecinos, que los consideran responsables directos del saqueo de la caja, recuerda hoy 'El País'.
Crespo reparte su tiempo entre su negocio de automoción en Elche y la presidencia del Patronato del Misteri d'Elx. Este emblemático cargo es el único que conserva, después de una década en la que escaló hasta la cúspide empresarial y financiera de la provincia de la mano del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. 
El tiempo libre lo ocupa en las partidas de dominó en un club social de Santa Pola. Tanto en la presidencia del Misteri como en ese club social ya lo miran de reojo.
López Abad, tras embolsarse los 5,8 millones de indemnización, se dedica exclusivamente a su familia. Los hábitos laborales han dado paso a la rutina doméstica. Es habitual verlo a primeras horas de la mañana, vestido con ropa deportiva, comprando el pan y el periódico. 
Pero la vuelta al anonimato de López Abad no es un remanso de paz. Ya ha experimentado en carne propia el calado social del lamentable estado al que abocó la CAM: un grupo de extrabajadores de la CAM insultó al exdirectivo en un club de tenis.

domingo, 16 de octubre de 2011

El número dos de NCG renuncia a "la mayor parte" de su indemnización en Novacaixagalicia

SANTIAGO.- El equipo de NCG que negocia con exdirectivos de la caja para intentar solucionar la polémica desatada por las cantidades con las que se fueron antiguos directivos ha llegado a un acuerdo con el exdirector general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, para que renuncie "a la mayor parte" de su indemnización, pero las negociaciones están rotas con el que fue director general, José Luis Pego.

Según informaron hoy fuentes cercanas a García de Paredes, éste ya había renunciado a una parte de su indemnización el pasado mes de agosto y ahora ha comunicado al nuevo equipo del banco su disposición a acortar aún más su liquidación, con lo que "sólo se llevará una pequeña parte de lo que le correspondería por contrato". El dinero al cual renuncia "pasa directamente a las cuentas del banco", han asegurado fuentes financieras.
Por contra, las negociaciones para llevar una solución ya al consejo de administración que celebra este lunes NCG Banco han quedado rotas con José Luis Pego desde este sábado por la noche. No obstante, las fuentes consultadas insistieron en que confían en no tener que dar por absolutamente descartado que se pueda articular un acuerdo en próximos días y apostaron por que se intente resolver esta cuestión "por las buenas".

Alarte exigirá a Fabra que aclare si no va presentar los presupuestos de la Generalitat para 2012

VALENCIA.- La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, Cristina Moreno, ha anunciado que el portavoz del PSPV, Jorge Alarte, preguntará este jueves durante el Pleno de la Cámara autonómica al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, si se plantea renunciar a presentar los presupuestos para 2012 y si el objetivo de esta decisión es "ocultar a la ciudadanía" las medidas que pretende adoptar el Consell.

   En un comunicado, la socialista ha justificado la necesidad de la pregunta por que, a su juicio, la Comunitat se encuentra en una situación "que no se puede prolongar por más tiempo" y el presidente "debe pronunciarse ya sobre este tema y adoptar las decisiones adecuadas, que pasan por presentar en la fecha legalmente establecida los presupuestos del año que viene".
   Ha apuntado, asimismo, que "resulta cada vez más difícil de entender que haya miembros del Consell de Fabra que avisen de que habrá más recortes y que afirmen que será necesario implantar el copago si las políticas de ajuste fracasan" mientras el Plan de Ajuste y Reequilibrio "no se está cumpliendo".
   En ese sentido, ha avanzado que Alarte recriminará a Fabra que "tras 16 años de gobierno, los populares se muestran incapaces de contener el derroche generado durante estos años".
   Los socialistas también reprocharán al jefe del Consell que "miles de empresarios no entienden que la Generalitat tarde cada vez más en pagar; miles de padres y madres no entienden que sus hijos sigan estudiando en barracones y que las ayudas que reciben se estén recortando; miles de dependientes no entienden que no se les otorguen las ayudas a las que tienen derecho, y miles de pacientes no entienden que el Consell anuncie el cierre de camas hospitalarias".
   Por todo ello, Moreno ha insistido en que "nada puede justificar que el presidente de la Generalitat continúe sin pronunciarse sobre los presupuestos de 2012".

La cúpula de CAM usó el ERE para lograr indemnizaciones millonarias

ALICANTE.- Las millonarias indemnizaciones por prejubilación de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) -12,8 millones sólo para cinco excargos- tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de bajas incentivadas impulsado por la entidad, intervenida tras el fracaso de la fusión fría. La CAM siguió adelante con su parte proporcional del ERE del Banco Base, 973 trabajadores, recuerda hoy 'El País'.

El ERE fue autorizado por el Ministerio de Trabajo el 2 de junio. El monto global del coste de los despidos para la Caja, según fuentes sindicales, ronda los 320 millones. La entidad consignó para este programa 147 millones en su presupuesto de 2010 y otros 57,9 en el primer semestre de este año. Hasta el 30 de junio, la caja había extinguido 266 contratos.
Entre los trabajadores que ya se han desvinculado de la CAM a través del ERE están el ex director general de la caja, Roberto López Abad (5,8 millones de indemnización); Agustín Llorca, ex director general adjunto (dos millones); Joaquín Meseguer, director general de participaciones empresariales (dos millones); Vicente Soriano, ex director de recursos (1,5 millones), y Gabriel Sagristá, ex director territorial de la zona norte (1,5 millones).
¿Por qué pudieron entrar estos exaltos cargos de la CAM al ERE? A este plan de bajas incentivadas podían acogerse los empleados con más de 55 años y una antigüedad mínima de 10 años. Los cinco exdirectivos cumplían esos requisitos mínimos, dado que todos habían accedido al cargo mediante la fórmula de la promoción interna. Y sus suculentas indemnizaciones son fruto de aplicar los parámetros recogidos en el ERE a su salario.
Otra exdirectiva que aspiraba a esas jugosas indemnizaciones era María Dolores Amorós, sucesora de López en la dirección general. Esta, por edad, no pudo acogerse al ERE, pero se subió el sueldo hasta los 600.000 euros y se asignó una pensión vitalicia de 370.000 euros, todo ello de espaldas a los órganos de control de la caja. El Banco de España frustró esos planes con su despido sin indemnización el pasado 26 de septiembre.
Está por ver el papel que jugaron el supervisor nacional y el autonómico en este proceso. Tras conocer estas millonarias indemnizaciones, el Gobierno y Generalitat Valenciana se han cruzado reproches mutuos. El Banco de España ha anunciado que estudia si puede exigir la devolución de las indemnizaciones. El Ejecutivo valenciano se ha desmarcado del desastre de la CAM, al menos hasta ahora. La Ley de Cajas valencianas le atribuye competencias de control a través del supervisor autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este órgano tiene un representante con voz pero sin voto en la comisión de control de la CAM. Fuentes oficiales aseguran que el miembro del IVF solo va a las reuniones en vísperas electorales.

Los sindicatos temen un 'excedente' de 20.000 empleados por la oleada de fusiones financieras

MADRID.- La segunda oleada de fusiones e integraciones iniciada con la adquisición de Banco Pastor por parte del Banco Popular podría derivar en un 'excedente' laboral de hasta 20.000 trabajadores empleados en el sector financiero, según indicaron hoy fuentes sindicales.

   Ahora bien, las fuentes vinculan esta pérdida de empleo, que se acometerá fundamentalmente a través de prejubilaciones y bajas voluntarias, a la magnitud de las integraciones que se materialicen. Así, temen que si se produce a "gran escala", la incidencia sobre el empleo "será importante", pues entrarían en juego los "bancos tradicionales".
   Este 'excedente' de personal, que se enmarcaría en una nueva vuelta de tuerca para reducir la capacidad del sector, se llevaría a cabo para dibujar el nuevo mapa del sector financiero una vez destapada su exposición a la deuda pública periférica y las dudas reavivadas por los problemas de Dexia.
   Los sindicatos temen que la segunda reestructuración culmine con el cierre de más de 7.000 oficinas, lo que podría afectar a más de 20.000 empleados de banca.
   Desde el inicio de la reestructuración financiera, el número de empleados se ha recortado en más de 14.500, desde la cifra récord de 278.301 trabajadores alcanzada en 2008 a los 263.715 empleados de banca que había a cierre de 2010, según datos del Banco de España.
   Los sindicatos estiman que la primera fase de rediseño del sector financiero español se ha cobrado entre 15.000 y 20.000 empleos, tras el cierre de 3.600 oficinas, y apuntan a un problema inicial: "El Gobierno no reconoció el problema a tiempo y el Banco de España le hizo la cobertura", denuncian las fuentes, que lamentan que se ha perdido "un tiempo precioso".
   El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, siempre se ha decantado por animar la reestructuración, al admitir que la crisis ha puesto sobre la mesa que el sector financiero español está sobredimensionado.
   Con las integraciones acometidas en la primera fase de la reestructuración financiera, que se ha centrado en las cajas de ahorros con elevada vinculación al ladrillo, el mapa de cajas ha pasado de estar formado por 45 entidades a un total de 15, con un ajuste medio de las plantillas del 17% desde la caída de Lehman Brothers.
   El coste para el Estado, a través de la inyección de capital por parte del Frob, de la última fase de la reestructuración financiera que ha culminado con la nacionalización de NCG, CatalunyaCaixa y Unnim, ha ascendido a 7.551 millones de euros públicos, si bien fuentes financieras lamentan que este proceso no se ha acometido "con la necesaria contundencia".
   A esta ayuda pública habría que sumar además 5.838 millones de euros captados en capital privado, lo que arroja un total de 13.389 millones de euros destinados al sector, una cifra inferior a los 15.152 millones de euros calculados inicialmente, ya que la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica ha permitido reducir las necesidades de capital.
   Desde el Gobierno se insiste en que no son ayudas a fondo perdido, sino que se trata de préstamos que las entidades deben devolver a un tipo de interés del 12,5%.

Un 'crack' del manejo jurídico-urbanístico llamado Juan Enrique Serrano


MADRID.- Si alguien conoce como la palma de su mano el suelo, el terreno, los solares de las provincias de Alicante y Murcia, ese hombre es Juan Enrique Serrano, abogado urbanista. De los mejores. De éxito. Por sus manos han pasado los planos de miles de millones de metros cuadrados del sureste español que han sido sometidos a algún tipo de actuación urbanística. Y también algunas otras superficies bastante alejadas del Mediterráneo, pero no por ello menos polémicas, opina hoy 'El Confidencial'.

Muchísima gente lo conoce, pero es difícil cazarlo en un acto público. Tiene muchos detractores, algo que él achaca al provincianismo. Y su afabilidad no se altera cuando asegura que desconocía su apodo, Mister Samsonite, que le impusieron durante su etapa de mayor actividad en la Vega Baja del Segura.
Tiene abierto doble despacho urbanista en Alicante y Murcia desde poco después de abandonar su primer puesto de verdadera relevancia en 1987. Hasta ese día había ejercido durante cuatro años como concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde del ayuntamiento, entonces socialista, de la capital murciana. Escrupuloso, él mismo cuenta que mantuvo durante dos años un alejamiento profesional absoluto de ese municipio, en estricta aplicación de la ley de incompatibilidades.
Trasladó su actividad privada a Alicante, de cuya provincia es originario: nació en Novelda en 1957 pero se licenció en Derecho en Murcia, donde sigue viviendo. Cerca de su tierra, en la Vega Baja del Segura más concretamente, su nombre y su actividad profesional empezaron a dar que hablar. Aunque sólo fuera porque comenzó a hacer trabajos profesionales como urbanista en asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Orihuela que, tras una moción de censura que derrotó al PSOE, quedó en 1987 en manos del Partido Popular, con el controvertido y procesadísimo alcalde Luis Fernando Cartagena a la cabeza.

La conquista de Alicante
Su actuación profesional primigenia en Orihuela ha marcado su trayectoria. Para bien y para mal. No en vano, los tribunales han mirado con lupa la gestión de Luis Fernando Cartagena de 1987 a 1997, como alcalde, y de 1995 a 1999 como consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana, presidida por Eduardo Zaplana. Lo cierto es que en aquella época se urbanizó gran parte de la costa sur de Alicante, desde Pilar de la Horadada hasta más al norte de Torrevieja. En esta ciudad, que pasa de 20.000 habitantes en invierno a 300.000 en verano, la actuación profesional del despacho urbanístico Serrano y Asociados fue determinante para su expansión. La última actuación urbanística para que la costa sur de Alicante quede totalmente colmatada por construcciones, en la Playa de la Mosca, también ha sido asesorada por Serrano y Asociados para la inmobiliaria madrileña Gomendio.
Serrano no oculta su orgullo profesional por su actividad: “Fuimos los que más programas [urbanísticos] hicimos en la Comunidad Valenciana del 94 en adelante”, asegura. Niega, por otro lado, que se haya hecho de oro: “Mis números son los de un abogado, no los de un empresario”.
El éxito en Alicante le colocó en el ojo del huracán, aunque no era ni es un personaje público, de los que tan frecuentemente salen en las fotos de los diarios locales. No se sabe tampoco que jugara al fútbol, ni que tenga afición, desmedida o no, al llamado “deporte rey”, aunque sí se conoce que cultiva los safaris africanos de caza mayor. No obstante, en los últimos lustros su despacho ha trabajado mucho -y se supone que bien, pues repite encargos- para constructores dueños de equipos notables de sus dos provincias de principal actividad: Hércules de Alicante, Real Murcia y Cartagena Club de Fútbol.

Samper y el polémico plan de Murcia
Tras su asentamiento en Alicante, Serrano volvió a Murcia. Lo hizo por la puerta grande, asesorando el plan urbanístico al norte de la ciudad, controvertido y polémico, con nuevo estadio de fútbol incluido, que llevó a cabo el empresario Jesús Samper, quien compró el Real Murcia en 1994, y desde entonces se ha convertido en una especie de piedra clave del urbanismo murciano.
Sigue con Samper, cuya empresa Santa Mónica Sports posee los derechos de marketing de la Selección Española. Serrano y Asociados trabaja actualmente en el planeamiento urbanístico que debe alumbrar el parque temático de la Paramount Pictures, cuyo parto ha sido “encomendado” por la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada por el PP, a Samper, como captador tentativo de los 1.000 millones de inversión necesarios.
Serrano ha hecho probablemente muchas cosas bien, incluyendo dos libros para especialistas en los que analiza la legislación urbanística valenciana y murciana, y la primera crítica profesional que se hizo a los Programas de Actuaciones Integradas (PAI) valencianos, en 1999, publicada en la Revista española de Derecho Administrativo. Pero también -¿cosas del destino?- ha participado como asesor urbanístico en asuntos tremendamente controvertidos y que han acabado o siguen en los tribunales. 

Ladrillos y fútbol
El que más repercusión nacional tuvo fue la fallida urbanización en Las Navas del Marqués (Ávila), en la que el promotor era otro hombre de la construcción metido al fútbol, Francisco Gómez, dueño del club cartagenero. Aquello terminó en los tribunales  y paralizado, aunque Serrano asegura, entre otras cosas, que “la masa forestal que se iba a talar era menor que la saca de madera anual” para la conservación del pinar. Su debilidad por el fútbol le llevó a trabajar también con Valentín Botella, constructor de Orihuela que devino presidente del Hércules y lo subió a Liga BBVA en la temporada 2009-2010, aunque esta temporada juega de nuevo en la Liga Adelante.
Como todo profesional liberal al uso en la abogacía, Serrano no atranca. Así, no tuvo inconveniente para acudir, en la primera década de este siglo, al llamado del que era alcalde socialista de Jumilla, Francisco Abellán, para trazar más de veinte planes urbanísticos y construir unas 25.000 nuevas viviendasen un municipio de 20.000 habitantes.
Aquello quedó en agua de borrajas, con solo cuatro planes aprobados, en parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria, en parte porque un pastor no tragó con que le reclasificaran su tierra (ver el libro Los señores del ladrillo, de N. Cardero) y quizá también porque, como Serrano asegura satisfecho, “el documento de transformación del suelo que se hizo es el más duro de toda la Región de Murcia”. Aunque en esto último las interpretaciones no concuerdan.

sábado, 15 de octubre de 2011

Más de 15.000 personas se manifiestan en Alicante y Elche contra los excesos del sistema

ALICANTE.- Miles de "indignados" han recorrido hoy las principales calles de Alicante y Elche para pedir "más Democracia", en un ambiente festivo y sin incidentes significativos.

En Alicante, 10.000 "indignados", según la Policía Nacional, y 20.000, para los organizadores, han recorrido unos dos kilómetros entre la plaza de la Estrella y la Puerta del Mar, en el primer día del otoño con ligera lluvia.

  Se ha tenido que variar el recorrido inicialmente previsto por el centro de la ciudad, para evitar coincidir con una procesión religiosa. De esta manera, han desviado la marcha por la fachada litoral de la ciudad.

Tras la pancarta "Unidos por el cambio global. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Democracia Real Ya", los "indignados" han hecho numerosas paradas para expresar su descontento con la actual situación y también para expresar que son una acción pacífica de protesta y reivindicación internacional, sin intenciones partidistas.

En Elche, la Policía local ha estimado que han sido unos 2.000 los "indignados" que se han manifestado entre las plazas de l'Algeps y la basílica de Santa María. 

Se va de la lengua un ex consejero de la CAM

MADRID.- Un antiguo consejero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha denunciado públicamente que las cuentas de la entidad pasaban por un maquillaje previo. "Indudablemente, las cuentas estaban maquilladas", señaló el exconsejero en una entrevista exclusiva con La Sexta.

Y abunda un poco más en la operativa del Consejo de Administración en lo tocante a la cuenta de pérdidas y ganancias.

"Nosotros siempre salíamos contentos. Igual del consejo territorial de Valencia como del de Alicante. Y únicamente se nos pedía discreción total", afirma este exvocal, que no quiere ser identificado.

De acuerdo con las declaraciones que ha recogido La Sexta, se aprobaron jubilaciones millonarias justo antes de que la caja fuera intervenida por el Banco de España, cuando ya estaba en quiebra técnica. Sobre los exdirectivos dice que "es un abandono del barco en el momento oportuno. Han abandonado el barco cuando el barco más les necesitaba. Pero han abandonado el barco con los bolsillos llenos".

Y pone el ejemplo de la directora general de la CAM, María Dolores Amorós: "El último día del Consejo, el presidente [Modesto Crespo] pidió la aprobación del Consejo de que María Dolores [Amorós] pasase a contrato laboral normal procedente de contrato de alta dirección". 

Y explica que "el contrato de alta dirección solamente tiene siete días de indemnización por año en caso de despido no conforme. Y sin embargo, el contrato laboral tiene 45 días". Hasta ahora, lo que ha trascendido es que la ex directora general tenía un sueldo de 600.000 euros al año y antes de su salida fue aprobada una pensión vitalicia de unos 370.000 euros, que luego se le retiró.

El PSPV reclama en Corts que se paralice el PGOU de Alicante porque el urbanismo de la ciudad "está bajo sospecha"

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que pide instar al Consell a que se acuerde la paralización de la tramitación del PGOU de Alicante porque el urbanismo en la ciudad "está bajo sospecha".

   En la iniciativa se recuerda que el PGOU está en trámite en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y se reclama "la devolución de todo el expediente a dicho ayuntamiento, retrotrayendo todas las actuaciones a la fase anterior a su exposición pública, al efecto de la coordinación de ambas instituciones en el procedimiento dirigido a la aprobación definitiva de dicho plan".
   Los socialistas argumentan que "el urbanismo en Alicante está bajo sospecha al haberse acumulado informaciones que ponen al descubierto que este ámbito de funciones públicas ha podido estar, desde hace años, en poder de una densa trama de relaciones al servicio de intereses privados".
   Asimismo, añaden que "el principal instrumento de planificación  urbanística del municipio que se ha tramitado es el proyecto de nuevo PGOU, cuyo expediente está, en estos momentos, en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente".
   El futuro plan general, indican, "será, una vez aprobado y  durante muchos años, la base de la gestión municipal en urbanismo y  condicionará de forma determinante las inversiones y actuaciones privadas en materia de construcción, industria, comercio, etc.".
   También recuerdan que "los principios básicos de toda actuación de la administración pública deben ser el servicio al interés general, la imparcialidad y objetividad" y que la "inobservancia de estos principios y anteponer el interés particular al público supone la ruptura del funcionamiento democrático de cualquier institución  pública y deriva en actuaciones y comportamientos corruptos, como presuntamente parece haber ocurrido en la tramitación del PGOU de Alicante".
   Los socialistas opinan que "la importancia de un documento como éste obliga a que no se retrase indefinidamente la aprobación o que ésta se retrase tanto que paralice el normal desarrollo de la ciudad".
   Por ello, agregan, "se ha de tomar una decisión intermedia  entre la aprobación sin más y la paralización cautelar hasta que haya una resolución judicial sobre posibles responsabilidades públicas".
   El PSPV ha presentado esta iniciativa "ante esta situación y la necesidad de revisar el proyecto del nuevo PGOU por parte del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de analizar el contenido para comprobar la plena adaptación a la legislación urbanística y a la garantía de los intereses generales a los que afecta".

Los farmacéuticos a punto de plantarse ante lo que les adeuda la Generalitat

VALENCIA.- El Consejo de Colegios y las Asociaciones Empresariales Farmacéuticas de la Comunitat Valenciana consideran "inasumible que no haya dinero para medicamentos" y han denunciado que la "falta de expectativa de cobro" pone a las oficinas de farmacia "en una situación insostenible", hasta el punto de que algunas han pedido concurso de acreedores.

   Estas entidades han denunciado que todavía se adeudan a las oficinas de farmacia las recetas dispensadas desde el 1 de julio por lo que estos establecimientos, que dan empleo directo a más de 12.000 personas e indirecto a otras 48.000, "se encontraban ya muy debilitadas por la reducción de sus ingresos, como consecuencia de las sucesivas rebajas en el precio de los medicamentos, la reducción del margen real y los descuentos aplicados por la administración".
   Sin embargo, han criticado que los "reiterados y prolongados retrasos" en el pago de las facturas de los medicamentos, que ya han dispensado a los pacientes pero que se adeudan a los distribuidores o laboratorios, "sumados a la falta de expectativa de cobro hasta final de año", deja al colectivo en una situación "crítica e insostenible".
   En esta línea, han denunciado que las oficinas de farmacia "han agotado ya su límite de endeudamiento en las entidades bancarias y en sus proveedores" y algunas han solicitado ya el concurso de acreedores, un recurso al que, según han vaticinado, "previsiblemente van a acudir de forma masiva en los próximos días, teniendo en cuenta que las recientes declaraciones de responsables de la administración sobre nuevos retrasos en el cobro hasta el año próximo, no auguran una rápida solución al problema".
   Los colegios de farmacéuticos han convocado asambleas de colegiados extraordinarias y urgentes para el próximo día 20 de octubre, con el objeto de informarles sobre la "gravísima situación" y debatir las posibles acciones y alternativas a emprender para hacer frente al "previsible colapso" de la prestación farmacéutica.