Banco CAM prometió ante notario asumir el pago de las cuotas participativas

ALICANTE.- Más de 300 inversores que compraron cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) se han personado ya como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer las posibles responsabilidades penales de la anterior cúpula directiva de la caja.

Tras adquirir el Banco CAM en subasta pública al precio simbólico de un euro, Banco de Sabadell notificó oficialmente el pasado 9 de diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el valor de las cuotas participativas de la caja había quedado reducido a cero. Esto supone que los alrededor de 54.000 compradores de las cuotas de CAM habrían perdido el dinero invertido en su adquisición.

En concreto, el Sabadell comunicó como hecho relevante que «las cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) no han sido traspasadas a Banco CAM en virtud de la escritura pública de segregación de la actividad financiera de CAM a Banco CAM de fecha 21 de junio de 2011. Tal y como está diseñado el proceso, es de prever que las cuotas paticipativas no tengan valor económico significativo».

La propia caja de ahorros ratificó esta explicación en un comunicado de prensa emitido pocos días después, el 15 de diciembre, en el que indicaba que, como consecuencia de la inyección económica de 2.800 millones de euros del FROB, «la participación accionarial de Caja Mediterráneo en Banco CAM ha quedado reducida a cero, con el consiguiente impacto negativo en su patrimonio y en el valor de las cuotas participativas en circulación». 

Pero los inversores, que han acudido a la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades penales por la pérdida de sus ahorros, pueden aferrarse a un documento, al que ha tenido acceso Abc, para hacer prevalecer sus derechos.

El secretario del consejo de administración de Caja Mediterráneo, José Forner, y el consejero del Banco CAM Ginés Pérez Ripoll, firmaron el pasado 21 de junio en el despacho del notario Ignacio Paz-Ares, de Madrid, la escritura pública por la que se hacía efectivo el traspaso de todo el negocio financiero de la caja de ahorros al banco, un requisito indispensable para recibir los fondos del FROB. Aunque ni la Obra Social ni las cuotas participativas formaron parte del traspaso, en el documento suscrito ante notario se indica que «Banco CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden derivarse de las cuotas participativas». Por tanto, el Banco de Sabadell ha asumido ahora ese compromiso, al convertirse en titular de Banco CAM.

De hecho, la entidad financiera catalana ha anunciado que estudiará la situación de los afectados, individualmente, para ofrecerles alguna solución. Como ha informado Abc, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, ha reclamado oficialmente que la caja asuma sus obligaciones con los cuotapartícipes. 

En un escrito que someterá al voto de los miembros de la comisión mañana miércoles, Avilés propone incluso que la caja presente concurso voluntario de acreedores, lo que permitiría liquidar su patrimonio —compuesto ya exclusivamente por la Obra Social— para pagar las cuotas.

El Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de Ley de Transparencia

CÁDIZ.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará entre sus siguientes leyes un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se traducirá en un "régimen sancionador administrativo y penal" que fijará los márgenes para los responsables públicos.

   Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Provincia en la Diputación Provincial de Cádiz, el día en el que se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que esta ley busca dar "un paso más" y "con mayor ambición" en la "cercanía" del Gobierno con los ciudadanos "y en la responsabilidad que su confianza nos impone, sometiéndonos al escrutinio público".

   Así, ha añadido que la intención es "reforzar el respeto a las normas". De ahí que la Ley de Transparencia traducirá "por primera vez" las recomendaciones éticas y los códigos morales "en obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y también penal, que fije los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se puede hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras", según ha recalcado Sáenz de Santamaría.

   La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de una reforma legal "imprescindible" que dota a nuestro ordenamiento jurídico "de una innovación que, en el fondo, es una consecuencia de nuestro pasado y es consecuente con nuestro presente".

El presidente de la Comisión de Control de CAM se querella contra dos jefes de Inspección del Banco de España

ALICANTE.- El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés, ha presentado una querella contra el jefe del Grupo I de Inspección del Banco de España, Ángel Rico, y contra el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González, como presuntos autores de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionarios en el ejercicio de su cargo, al incluir en el expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad".

   Juan Ramón Avilés ha presentado esta semana en Madrid una querella contra ambos responsables como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, entre los que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.

   En concreto, estas afirmaciones son relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

   Según la querella, "el informe-denuncia, entre otros asuntos, contiene una serie de afirmaciones y hechos relativos a Juan Ramón Avilés que son frontalmente contrarias a la verdad y que, incluidas en el informe de la Inspección del Banco de España, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, han sido la base para que se incoara expediente disciplinario contra él".

   En concreto, según añade, el informe señala que "utilizando las sociedades participadas de la Caja, se evitó que la asamblea general conociera y aprobara determinados cobros de los miembros de administración y control".

   Por el contrario, el querellante sostiene que las remuneraciones "están aprobadas por los órganos internos competentes" y que, además, por parte del que fuera presidente de la Comisión de Control "no se ha ocultado a la asamblea general ninguna retribución ni se ha evitado en ningún momento que la dicho órgano conociera tal circunstancia".

   A este respecto alega que en el Informe Anual del Gobierno Corporativo de la CAM de 2006, que es "público y se envía anualmente al Banco de España para su conocimiento y efectos, señala textualmente: Juan Ramón Avilés, miembro de la Comisión de Control, renunció de forma expresa y desde el principio, al cobro de dietas por su pertenencia a la Comisión de Seguimiento y Control de T.I. Participaciones".

  "La razón de esta renuncia radicaba en el entendimiento, por parte de Juan Ramón Avilés, de que, previamente al cobro de cualquier retribución en la sociedad participada y, a pesar de que ya estaban aprobados por los órganos internos competentes, debía darse cuenta a la Asamblea General", apunta la querella.

   En este sentido, asegura que cuando accedió a la presidencia de la comisión, a su propuesta, Avilés "hizo contar en el informe semestral de julio de 2007 para conocimiento de la Asamblea General, y además de todos los consejeros, que los miembros de la Comisión de Control componen a su vez la comisión de seguimiento y control de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL, mercantil 100% CAM, por cuya actividad perciben una dieta igual a la que reciben los miembros del Consejo de Administración en Gestión Financiera del Mediterráneo SA e Inversiones Cotizadas del Mediterráneo SL, también participadas en su totalidad por la Caja".

   Además, asegura que ese informe "se incluyó en los dossier enviados a todos los consejeros generales, junto con la convocatoria a la asamblea del 14 de diciembre de 2227, para su estudio conocimiento y efectos, al tiempo que se aseguró de que efectivamente así fuera, para lo que presenta pruebas documentales de correos con la Secretaría de Órganos de Gobierno".

   Según Avilés, "los querellados, en sus funciones de Inspección del Banco de España, tenían constancia de toda la documentación anteriormente aportada, pese a lo que no han tenido reparos en falsear el informe-denuncia con la finalidad de que la Comisión Ejecutiva incoara expediente sancionador".

   La querella atribuye a Ángel Rico y Pedro González "manifestaciones de absoluto descaro y desprecio a la verdad que se ocultaron remuneraciones a la asamblea general, lo que es evidentemente falso". Por ello, considera que ambos "han abusado de su posición privilegiada con la finalidad de que se incoe expediente disciplinario" contra él para "destruir su buen nombre, honor y dignidad, mediante la grosera consignación de falsedades e incluso sus familiares más directos".

   En este punto, en concreto, el informe acusa a Avilés de haber "presumiblemente realizado operaciones de ocultación de propiedad, utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".

  Sin embargo, Avilés ha incorporado a su querella un informe pericial que sostiene que la sociedad familiar a la que se hace referencia, 'La Vereda de Sucina', refinanció en abril de 2011 el crédito que había recibido de la CAM, pero endureciendo sus condiciones.

   Así, aunque se le concedieron dos años de carencia, el crédito tuvo "un mayor coste financiero para la empresa de Avilés por el aumento de los tipos de interés y una mayor aportación de garantías", en concreto de la "pignoración de 245,999 euros" en total y por la "renuncia a la disposición total del préstamos sin modificar la responsabilidad hipotecaria".

   Por todo ello, la querella considera que ambos han cometido un delito de falsificación de documento público, castigado con penas de prisión de tres a seis años, ya que argumenta que ambos tienen la consideración de funcionarios "cuando ejercen las funciones inspectoras reservadas al Banco de España pues están al servicio de este ente público".

   Igualmente, puesto que del informe se dio traslado al Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, considera que ambos han incurrido en un delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, que señala que será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores aquellos que "a sabiendas de su falsedad, presentaran en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso".

   Según la querella, "sólo la inveraz y falsaria narración de los hechos que contiene el informe- denuncia ha motivado que se acordara la incoación del expediente disciplinario".

   En esta línea, apunta la comisión de un dolo falsario por "la voluntad de cambiar la realidad", al elaborar un informe "faltando a la verdad en la narración de los hechos, conociendo y siendo conscientes de dicha falsedad, con la finalidad de que se incoara expediente disciplinario". 

En su opinión, "las motivaciones espurias de los querellados" se demuestran también en "la falta absoluta de comunicación de la citada inspección y que jamás se les solicitase información o documentación" a los miembros de la Comisión de Control.

Absuelto el exalcalde de La Vall de Laguart de delitos contra la ordenación del territorio

ALICANTE.- La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto al exalcalde de La Vall de Laguart, Juan José Puchol, de los delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y contra los derechos individuales de los que le acusaba el fiscal, que pedía ocho años de prisión y 20 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 

   Juan José Puchol era alcalde de la citada localidad en octubre de 1995, cuando remitió un escrito a la Conselleria de Territorio, en nombre de la corporación municipal, en el que solicitaba determinados cambios en el planeamiento urbanístico, que no habían sido acordados en el pleno.

   Estos cambios incluían la eliminación de un vial que discurría por una parcela propiedad del propio acusado, situada en la partida Peña Lisa, así como la creación de otro vial "por encima de la vivienda, garaje y naves propiedad del anterior alcalde", Puchol Vicens --padre del denunciante--.

   El tribunal destaca en su sentencia que el acusado, en su declaración durante el juicio, ya reconoció que había enviado este documento, en el que "en ningún momento se indicaba que dichas modificaciones hubieran sido aprobadas por el pleno municipal, sino que tan sólo se hablaba de modificaciones y propuestas nuevas que había considerado convenientes esta corporación".

   Por ello, la Sala estima que "se podrá alegar que la redacción es confusa o poco clara, pero no se puede apreciar la falsedad ideológica denunciada, puesto en ningún momento se indica que hayan sido aprobadas por el pleno", tal y como mantenían la Fiscalía y la acusación particular --ésta última en representación del anterior alcalde y perjudicado en la causa--.

   Así mismo, la sentencia considera que ha quedado acreditado que, tal y como declaró el acusado, aparte de las decisiones que se pudieran adoptar en el pleno relativas a las modificaciones de las normas subsidiarias, "se producían reuniones entre el alcalde, concejales y los técnicos del Ayuntamiento para tramitar este asunto".

   En cuanto a la creación de un vial que cruzaba sobre la vivienda familiar del anterior alcalde, el tribunal destaca que en los meses de abril y agosto de 1994, siendo alcalde éste último, el pleno en sendas sesiones acordó la aprobación inicial de modificaciones puntuales números 1, 2 y 3 de las normas subsidiarias --que regían el ordenamiento urbanístico del municipio--.

   En estos documentos, indica la sentencia, que "existen áreas del suelo urbano donde no están señaladas las alineaciones de la edificación y los viales (...)", así como "viales que no están suficientemente definidos y recogen el estado de edificaciones llamadas a desaparecer, definiendo callejones de ancho insuficiente".

   El tribunal reconoce así que se hacía "necesaria la remodelación de las manzanas afectadas y el señalamiento de nuevas alineaciones", y remarca que "existen, cuanto menos, dudas más que razonables para entender que efectivamente el vial ya estaba previsto desde la época del anterior alcalde, y las dudas han de ser resueltas a favor del reo".

   De igual modo, no aprecia "voluntad maliciosa" de perjudicar al anterior alcalde, debido que los propios actos llevados a cabo por el acusado que fueron realizados antes de la interposición de la denuncia.

   En cuanto al delito continuado contra la ordenación del territorio del artículo 320.1 y 2 del Código Penal --por la concesión de las licencia autorizadas a sabiendas de que no se ajustaban a la normativa vigente--, la sentencia entiende que no ha quedado acreditado que las licencias concedidas fuesen contrarias a las normas urbanísticas vigentes.

   "Fueron otorgadas por órgano competente, dado que las licencias de obras son competencia municipal y en concreto del alcalde o de persona delegada y que no siempre se llevan al pleno, tal y como explicó en la vista oral el propio arquitecto de la Corporación desde el año 1988 hasta 1993.

   Además, estima que tiene que ser igualmente tenido en cuenta a favor del reo que las presuntas irregularidades en el procedimiento de concesión de autorizaciones se realizaban también en la época anterior a su mandato en que el padre del denunciante era alcalde.

   En esta misma línea, en relación a la petición de información que realizaba el denunciante a título de particular, el tribunal considera "a favor del reo los escasos medios materiales y de personal con que contaba el Ayuntamiento".

   Por último, la Sala establece que "la antijuricidad de la actuación del alcalde denunciado no tiene entidad bastante para que la misma sea subsumida en el tipo penal previsto en el artículo 542 del Código Penal por lo que procede dictar sentencia absolutoria".

El Supremo desestima los recursos contra Shell por la cuota de mercado de un grupo de gasolineras de Alicante

ALICANTE.- El pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el grupo empresarial y familiar Sogestín, que explotaba diversas gasolineras en la provincia de Alicante, en el litigio abierto contra Shell España S.A. sobre la compatibilidad de unos contratos de estaciones de servicio con el Derecho de la Unión Europea (UE) de defensa de la competencia, según recoge la sentencia.

   El citado grupo empresarial y familiar es responsable de las estaciones de servicio de Los Eucaliptos S.L., Sogestín y El Moro --situadas en las localidades alicantinas de Elda y Petrer--, y de la ES Estagás S.L. de Alicante.

   En octubre de 2004, el Grupo Sogestín interpuso una demanda contra Shell España S.A. --actualmente Disa Península--, propietaria de las instalaciones y del terreno y suministradora de los productos, que fue desestimada en primera instancia, al considerar el juez que la cuota de mercado de la compañía demandada no afectaba a la competencia intracomunitaria, al ser de un 3,5 por ciento.

   Esta sentencia fue confirmada en 2008 por la Audiencia Provincial de Madrid y fue recurrida en casación y por infracción procesal por la demandante y por uno de los codemandados.

   La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Marín Castán, desestima ahora el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la parte demandante, en el que se ataca el no planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

   Al respecto, el Tribunal Supremo entiende que, en aplicación de la doctrina reiterada de la Sala en esta materia, su planteamiento es facultad del tribunal de apelación, que, además, no está obligado a suspender un litigio cuando existe una cuestión prejudicial planteada en un litigio diferente.

   En cuanto a los recursos de casación del demandante y de una de las codemandadas, la sentencia desestima los motivos destinados a atacar la imposición de precios por el proveedor, porque hacen supuesto de la cuestión al contradecir la base fáctica de la sentencia recurrida --que declara que las demandantes tenían libertad contractual y material para fijar el precio de venta al público de los carburantes--.

   Asimismo, analiza también la cuestión jurídica sobre si la regla 'de minimis' aplicada por la sentencia recurrida excluye por sí misma que los contratos de explotación y suministro de las estaciones de servicio sean nulos por causa de su duración, lo que, para el tribunal, haría innecesario el examen de la conformidad de estos contratos con la normativa comunitaria.

   Por ello, la sentencia recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica esta regla a los acuerdos de menor importancia "que no restringen la competencia de forma sensible" y que la Comisión Europea, vía comunicación, sitúa en una cuota de mercado del 5 por ciento en cualquier mercado de referencia en la Comunidad.

   En sus conclusiones, la Sala hace referencia a esta regla y a los datos sobre la cuota de mercado de los tres principales proveedores de carburantes en España --Repsol, Cepsa y BP--, para subrayar que los contratos litigiosos no están incursos en la prohibición de no competencia impuesta por las normas del Derecho europeo --actual artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-- porque "su contribución insignificante" al comercio entre los Estados miembros.

   Por último, la sentencia hace referencia al criterio de 'la doble barrera', según el cual la vulneración de la competencia por los acuerdos podría analizarse también según el Derecho español de defensa de la competencia.

   En este punto, señala que, como los motivos de casación se han fundado  exclusivamente en la infracción del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo, ello impide que puedan examinarse, además, con base en el Derecho español de defensa de la competencia, es decir, aplicando el citado criterio de 'la doble barrera'.

   No obstante, la sentencia aclara que tal criterio debe conjugarse con lo dispuesto en el art. 3.2 del Reglamento (CE) nº 1/2003, del Consejo, --relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado--.

   Este artículo impide que la aplicación del Derecho nacional de la competencia pueda dar lugar a "la prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero que no restrinjan la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado".

El Ayuntamiento de Alicante remite facturas por 55 millones al plan de pago a proveedores del Gobierno

ALICANTE.- La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha remitido esta semana al Ministerio de Hacienda una relación certificada de obligaciones pendientes de pago que asciende a unos 55 millones de euros, según ha informado en un comunicado el consistorio alicantino.

   Con el envío del listado de las facturas pendientes de pago, el Ayuntamiento de la capital concurre al plan de ayudas del Gobierno para el pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas impulsado por el Gobierno de España, en base al Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo.

   Por otra parte, la secretaría autonómica de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat Valenciana ha autorizado esta semana al Ayuntamiento de Alicante a concertar una operación de crédito a corto plazo por importe de 20 millones de euros.

   Al respecto, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se ha referido a esta operación de tesorería de 20 millones, para confirmar que está previsto devolver este importe "en julio, cuando se cobre ya el 100 por cien del IBI".

También Elche

El Ayuntamiento de Elche ha remitido también al Ministerio de Hacienda la relación de proveedores con facturas pendientes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2011, por un importe total de 15,6 millones, que cobrarán a través de un crédito ICO y que saldarán las deudas del consistorio con 193 proveedores, según ha anunciado en un comunicado el consistorio ilicitano.

   El concejal de Hacienda, Manuel Latour, ha destacado que el importe total de las facturas a proveedores es "de 15,6 millones de euros", correspondientes a "un total de 641 facturas, la más antigua desde 2007". En conjunto, 193 proveedores se verán afectados por la nueva medida.

   El Plan de pago, impulsado por el Gobierno de España, "va a suponer un importante balón de oxigeno para las empresas, casi todas Pymes, que proveen al Ayuntamiento de Elche, así como a los ilicitanos", ha señalado Latour.

   Así, ha explicado que desde el Gobierno central han sido establecidas "tres posibilidades de pago". La primera, que la deuda la pague directamente el Consistorio, una opción "inasumible para el Ayuntamiento de Elche", según ha reconocido Latour. La segunda posibilidad, también desechada, "que el Estado pagara directamente las facturas y descontara al Ayuntamiento el dinero de pagos futuro".

   Finalmente, "la medida de pago que va asumir el Ayuntamiento de Elche es la de solicitar un crédito ICO, a pagar en diez años, los dos primeros serían de carencia", ha indicado Latour.

   Manuel Latour ha recordado que "a estos 15 millones de euros" que piden ahora, "hay que sumarle otros 9,8 millones" solicitados en noviembre, también para pagar a proveedores, y ha destacado que prevén que "entre mayo y junio" se hayan satisfecho las deudas con los proveedores. Asimismo, Latour ha celebrado que para entonces podrán decir "que no debemos nada a los proveedores que no sea de este año".

Alarte dice que cada día ve "a más compañeros apoyando la idea fundamental de unidad, cambio y proyecto en el PSPV"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha manifestado que "cada día" ve "a más compañeros y compañeras apoyando la idea fundamental de unidad, cambio y proyecto" en este partido, según ha informado la formación en un comunicado.

   Alarte se ha pronunciado de este modo al referirse al 12º Congreso del PSPV-PSOE.

   "Las cosas van bien. Estamos todos explicando nuestras propuestas. Nosotros somos un partido abierto y plural donde es posible debatir, donde hay sensibilidades y opiniones, y en ese sentido estoy muy satisfecho", ha explicado el responsable socialista.

   Así, ha subrayado que "la atonía, la levedad y la intrascendencia no son buenas" y ha señalado que en el PSPV "se trabaja democráticamente en un proceso que es necesario".

 "Aquí las decisiones no se toman por fax desde la calle Génova como en el PP", ha dicho.

   Ha manifestado que "lo importante de un congreso es cómo se cierra" y ha adelantado que el 12º Congreso del PSPV "será un congreso de unidad y fortaleza con el objetivo claro de ganar las elecciones de 2015, que es lo que necesita esta tierra".

Pajín dice sentirse "muy cómoda" con la candidatura de Ximo Puig y aboga por "asumir los errores" del PSPV

ALICANTE.- La exministra y diputada del PSOE en el Congreso, Leire Pajín, ha asegurado sentirse "muy cómoda" con la candidatura del también diputado y alcalde de Morella, Ximo Puig, para liderar el PSPV. Asimismo, Pajín ha destacado la necesidad de "asumir los errores" de los socialistas valencianos y "pasar página".

   Puig y Pajín han estado ayer sábado en Benidorm para reunirse con empresarios del sector turístico y, más tarde, han mantenido un encuentro con militantes y simpatizantes en la sede de la agrupación socialista, según ha informado L'Alternativa Progressista en un comunicado.

   La exiministra, respecto al proceso congresual de los socialistas, ha señalado: "siempre hemos defendido algo muy importante, que es que el próximo Congreso del PSPV sea útil para la ciudadanía". En este sentido, ha abogado por "dar un paso hacia adelante", "asumir los errores que hemos cometido como PSPV" y "pasar página".

   En ese sentido, ha destacado la necesidad de construir "una alternativa sólida a una Generalitat que cada día que pasa se muestra más incapaz de dirigir el destino de los valencianos y las valencianas y que, además, está mermando los derechos de los valencianos y las valencianas".

   Pajín, quien ha reconocido sentirse "muy cómoda" con la alternativa que representa Ximo Puig, ha agradecido la elección de Benidorm "para hacer un acto tan importante como éste y que --Puig-- haya querido empezar por lo importante que es qué alternativa presenta a los ciudadanos de Benidorm, como secretario general del PSPV, si dirige la oposición los próximos años".

   La diputada socialista entiende que "es importante que el congreso del PSPV lo hagamos creíble y eso significa que debatamos un proyecto de futuro para liderar las aspiraciones de la Comunitat Valenciana".

   Por su parte, Ximo Puig se ha mostrado convencido de poder liderar el partido tras el próximo Congreso así como de "conseguir un cambio en el Gobierno de la Generalitat de cara a 2015". Puig y Pajín han estado acompañados por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, así como por otros miembros de L'Alternativa Progressista como Miquel Soler, Antoni Bernabé o José Manuel Orengo.

   Tras el encuentro con los principales representantes del sector turístico de Benidor, Puig ha señalado que son "muy sensibles a las políticas erróneas que está adoptando el gobierno de España y por supuesto el gobierno de la Generalitat Valenciana que hace muchos años que no tiene una política turística".

   En este sentido, ha destacado que "ahora las políticas económicas del Gobierno de España están dificultado que el sector turístico salga adelante". "Este mes que viene los ciudadanos de nuestro país van a tener mucha menos capacidad de gasto ya que si bajan los salarios el sector turístico, eso, lo sufrirá directamente", ha añadido.

   Ante esta situación, el candidato a liderar el PSPV ha reclamado "un giro a esta política económica y un ajuste en las cuentas públicas", pero al mismo tiempo "con aplicación de políticas activas que reactiven la economía", ya que ha advertido de que "si la economía no se reactiva, vamos a tener muchas dificultades".

   Asimismo, Leire Pajín ha reclamado una continuidad en las infraestructuras previstas y se ha referido al caso de Benidorm "donde llegan el 90 por ciento de los ciudadanos que visitan la provincia y, por tanto, tenemos que trabajar de la mano de los empresarios del sector para que las oportunidades sean reales y se contemple que esas infraestructuras lleguen hasta aquí".

   "Hay cosas --ha agregado-- que se pueden hacer ya".

 "No hace falta esperar a que la alta velocidad, que está punto de llegar, llegue; o las conexiones vía autobuses desde el tren o desde el aeropuerto. No es razonable que las autoridades provinciales y de la Comunitat Valenciana no tengan resuelto hoy un transporte público y con horarios adecuados para que Benidorm esté conectada con los principales distribuidores del transporte en esta Comunitat", ha resaltado la diputada.

La sentencia contra Amorós puede abrir las puertas de la cárcel a la anterior cúpula de la CAM

ALICANTE.- El Juzgado de lo social nº 4 de Alicante ha desestimado finalmente esta semana la demanda presentada por la ex directora general de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), Dolores Amorós, y ha declarado procedente su despido de la entidad, dado que considera que la presentación de las cuentas de los dos ejercicios, directamente imputables a ella, «impidió que la CAM pudiera conocer su verdadera situación financiera, suministrándo un conocimiento absolutamente falso de forma intencionadamente originada». 

La sentencia, que da por probadas buena parte de las irregularidades que el Banco de España atribuye al anterior equipo directivo de la caja de ahorros, abre así también posibles actuaciones de la jurisdicción penal ordinaria y, tal vez, las puertas de la cárcel a varios de los miembros de la anterior cúpula de la CAM. 

La abogada de la CAM,  Isabel Merenciano, ha dicho, que la resolución judicial, "muy bien fundamentada", entiende que han quedado "acreditados los cuatro hechos reflejados en la carta de despido". En este sentido, ha añadido que también indica que hay "responsabilidades que deben dilucidarse en otros ámbitos".

Además, ha llamado la atención sobre que se "desestima íntegramente" la alegación de Amorós de vulneración de derechos fundamentales, ya que la sentencia indica que "no se ha lesionado el derecho al honor" y que lo recogido en la carta son "expresiones absolutamente necesarias y vinculadas a los hechos".

También ha resaltado que la sentencia refleja que los "deberes de fidelidad y lealtad, si deben ser cumplidos por cualquier trabajador, lo deben ser con mayor escrupulosidad y rigor por quienes ejercen cargos de confianza, dada su categoría profesional en la empresa a la que pertenecen, que interviene decididamente en las operaciones".

En su opinión, como "punto y cierre" de la sentencia, es destacable cuando apunta que, dado el cargo que Amorós ocupaba, "esta irregular actuación supone una grave quiebra de la buena fe contractual.



 La juez considera que Amorós no es la única responsable, sino que los «trece miembros del comité de dirección de CAM no fueron ajenos a las decisiones adoptadas, sino que conocieron y consintieron las conductas contrarias a la normativa contable y a la disciplina laboral». Los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) argumentaron ante la jueza que la gestión de la entidad por Amorós es punible penalmente.

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la Asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Amorós pedía 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, y el doble de indemnización que le correspondería, una pensión vitalicia de 370.000 euros brutos anuales, que ella misma se asignó mediante un pacto con el expresidente Modesto Crespo, por el despido acordado por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a finales de septiembre. Sin embargo, la sentencia entiende que las conductas imputadas en la carta de despido han quedado acreditadas, por lo que declara procedente el despido de la denunciante sin ningún derecho a indemnización.

Bajo la gestión de Amorós, la CAM fue intervenida en junio de 2011, tres meses después de que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura expulsaran de su fusión a la entidad alicantina tras percatarse que habían sido engañados sobre su situación financiera. Esta manipulación fue la causa de su despido por el FROB y el Banco de España. La sentencia judicial acredita ahora que sí hubo engaño.

El fallo recoge textualmente que la conducta de la ex directora general es "muy reprochable" en términos jurídico laborales, "pues prevaliéndose de su condición y abusando de la confianza" depositada en ella por la entidad, se asignó" una jubilación cuya renta era de 369.000 euros. Una vez sea firme el fallo, se derivaría que la denunciante "perdería el derecho a percibir la prestación adicional asegurada -la pensión-", fijada en 369.497 euros anuales.

El ex director general de Recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol, había declarado en el juicio y ha reconocido que el anexo para la modificación de las pensiones de los directivos se firmó el 11 de marzo del año pasado en un restaurante de Alicante, aunque matizó que se produjo durante una reunión de directivos en una sala aparte, un encuentro en el que estaba presente Roberto López y en el que también se trataron otros temas.

Soriano es uno de los cuatro directivos jubilados de la anterior cúpula, compuesta por 12 miembros, y recibió una indemnización de 1,5 millones de euros.

Al respecto, la sentencia señala que el cobro de dicha pensión, que se asignó «prevaleciéndose de su condición de directora general y abusando de la confianza en ella depositada por la entidad», supondría para Amorós «un enriquecimiento injusto difícilmente justificable». Algo que en opinión de la juez adquiere una «extrema gravedad en el actual contexto de generalizada crisis económica que está padeciendo nuestro país».

La sentencia considera probado que, para garantizarse el cobro de unas pensiones por importe superior al que realmente les correspondía, tanto María Dolores Amorós como el resto de miembros del comité de dirección de la CAM modificaron en su beneficio el sistema de prestaciones sociales de la caja «de espaldas» a los órganos de gobierno de la entidad y sin la preceptiva fiscalización de la comisión de retribuciones.

Engañó a los socios del SIP

No solo esto, sino que además falsearon de forma «fraudulenta» la fecha del acuerdo firmado con el entonces presidente Modesto Crespo. Según la sentencia, el acuerdo para modificar las condiciones de su pensión se firmó a principios de marzo de 2011, pero el documento se fechó el 7 de diciembre de 2010. Por tanto, añade la resolución judicial, los miembros del comité de dirección actuaron «con ocultación que encubría su carácter fraudulento», probablemente para que no tuvieran conocimiento sus socios de la fallida fusión pactada con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, apunta la sentencia.

La resolución judicial considera probado que el equipo directivo de CAM engañó a sus socios del SIP en otros aspectos. En este sentido, alude a un correo electrónico en el que el jefe de control de riesgos, Gadea Pérez, reconocía que el Grupo CAM había tenido en 2011 unas pérdidas de 448 millones de euros, pese a haber comunicado al SIP que había registrado 245,8 millones en beneficios. La «fusión fría» se rompió definitivamente en marzo de 2011, cuando los responsables de Cajastur descubrieron que habían sido engañados sobre la cuenta de resultados de CAM.

La sentencia difundida esta semana da por hecho que María Dolores Amorós «maquilló» las cuentas de la caja de ahorros de 2010 y 2011, lo que «impidió que la entidad pudiera conocer su verdadera situación financiera y evitó que se adoptasen las decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía». 

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Entre los mecanismos utilizados para maquillar las pérdidas de la entidad, la juez cita la reclasificación de créditos fallidos y dudosos como activos sanos, así como la titulización de créditos hipotecarios «altamente deteriorados» con opción de recompra, por valor de 1.803 millones de euros que la CAM «no debió dar de baja en su balance» porque «el riesgo no se transmitió a terceros».

Del mismo modo, la juez se refiere al correo electrónico que el exdirector general Roberto López Abad dirigió a las sociedades participadas en diciembre de 2010 exigiéndoles que repartieran dividendos , «aún a costa de la propia solvencia y liquidez de las filiales». Los actuales abogados de la CAM expresaron su satisfacción por la sentencia, que María Dolores Amorós tiene intención de recurrir, según anunció su letrada.

El juicio por el despido de Amorós, quien fue relevada de su cargo en septiembre del pasado año, se celebró el pasado 24 de febrero. Y durante su vista, las exigencias de Amorós contrastaron con la opinión de José Antonio Iturriaga, uno de los tres administradores del FROB, quien afirmó que la gestión de CAM es propia de la "vía penal". Expuso que hay documentos, soportes informáticos y correos electrónicos que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

El testigo señaló que la situación patrimonial real de la Caja era "muy distinta" a la que dibujaba su dirección y que las pensiones asignadas a los ejecutivos que abandonaban la entidad "eran muy superiores" a la media de otras entidades.

Un informe del Banco de España desvela que seis directivos de CAM que se acogieron al ERE de junio de 2011 cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación.

Puertos de España muestran todo su potencial en la feria de cruceros de Miami

MIAMI.- Más de una veintena de puertos de España exhibieron hoy en Miami (Florida) la enorme riqueza cultural y de ocio que ofrecen al sector de viajes en crucero, una industria en continúa expansión en este país que "puede ayudar a la economía nacional a salir de la crisis".

El pabellón de Puertos de España es uno de los que ocupa mayor espacio en el recinto ferial del Centro de Convenciones de Miami Beach, donde se celebra hasta el próximo jueves la feria Cruise Shipping Miami, la mayor de su tipo en el mundo.

"El sector de cruceros sigue estando en crecimiento y con tendencia positiva", dijo hoy Amable Esparza, gerente de Suncruise Andalucía, una asociación que engloba a los siete puertos de interés de Andalucía: Málaga, Almería, Motril, Algeciras, Cádiz, Sevilla y Huelva.

En opinión de Esparza, se trata de una industria en permanente crecimiento que puede "empujar a la economía (española) a salir de la situación actual crisis".

Destacó que los puertos andaluces han experimentado en 2011 un "notable incremento en el tráfico de escalas de cruceros (en torno al 9 %) y en el volumen de pasajeros, pese a la crisis".

Por ejemplo, apuntó Esparza, el puerto de Málaga superó los 650.000 pasajeros anuales, lo que supone una "fuente de riqueza para la ciudad y la Costa del Sol".

Desde Puertos de Cataluña se ha enviado también una delegación para promocionar los puertos de Rosas, San Carlas de la Rápita y Palamós, donde el año pasado se registraron 38.770 pasajeros y unas 36 escalas de cruceros.

"Es un impulso económico para la Costa Brava y genera un impacto económico en la población del que estamos muy contentos", explicó María Cano Olmos, del Departamento de Comercio y Cruceros de Puertos de la Generalidad.

En un pabellón aparte, que engloba Canarias y Madeira, Pedro Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, confirmó el excelente estado de salud de los puertos españoles en términos de escalas de cruceros internacionales.

"En estos dos años hemos crecido el 30 %", dijo Rodríguez, quien concretó que para el próximo año se superarán las 552 escalas en sus costas.

"Este mundo de los cruceros va haciéndose cada vez más potente, sobre todo en las Islas Canarias y esperamos que continúe así pese al momento tan crítico que vivimos respecto a la economía", añadió.

Para Antonio Deudero Mayans, director general de Puertos y Aeropuertos del Gobierno Balear, resulta fundamental, desde la Consejería de Turismo, "fomentar este tipo de turistas".

Resaltó que en las últimas temporadas se ha registrado la llegada de más de un millón de visitantes al año a través de barcos cruceros.

"Nuestro deseo es impulsar la actividad de cruceros para los puertos de la red autonómica", por lo que resulta "imprescindible hacer acto de presencia en la feria de Miami".

"El puerto de La Coruña está en continua expansión. Todos los años estamos teniendo un crecimiento de más del 40 y 50 %", explicó Marta Rodríguez Pantín, gerente comercial de la Autoridad Portuaria de esa ciudad.

Detalló que para este año "las expectativas en el puerto de La Coruña están en torno a 90 escalas de cruceros y superando la cifra de 150.000 pasajeros. Esto significa un crecimiento respecto al año anterior del 40 %".

Según detalló, las previsiones para 2013 son parecidas: "Ya tenemos previsiones de un crecimiento del 40 % y se pretende superar la visita de 170.000 pasajeros, con la visita de las principales navieras internacionales".

Una nueva terminal portuaria, que "está a cinco minutos andando del centro de la ciudad", permitirá asumir ese crecimiento, lo que se sumará a "toda una serie de servicios que da la ciudad a los visitantes que vienen en cruceros, desde información hasta visitas guiadas y rutas de tapas".

La Torre de Hércules es el principal atractivo de la ciudad desde que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, detalló Rodríguez, que se mostró muy optimista respecto al potencial de crecimiento de España como destino para la industria de los cruceros.

"La calidad que ofrecemos es importante porque las compañías están repitiendo en La Coruña", explicó sobre un tipo de viajes en los que es habitual que los pasajeros repitan destino, por lo que, en su opinión, es importante que un mismo puerto de destino ofrezca distintas alternativas de ocio.

También estaba representado en el evento el Puerto de Alicante.

El Defensor del Pueblo investiga las cuotas participativas de la CAM

ALICANTE.- El Defensor del Pueblo ha decidido abrir un expediente de queja e investigación en torno a la contratación de cuotas participativas, deuda subordinada y acciones preferentes de la CAM, a instancias de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV-UCE), según ha informado en un comunicado este colectivo.

   Esta decisión se produce a petición de la Unión de Consumidores, que recientemente le remitió un escrito en el que solicitaba la investigación y estudio de las reclamaciones de los afectados por las contrataciones de cuotas participativas, deuda subordinada y acciones preferentes de la CAM.

   Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha contestado en esta línea a la Unión, a la que ha confirmado que "está revisando los hechos denunciados en el escrito y que tiene actualmente varios expedientes abiertos", según las mismas fuentes.  

   Este colectivo también denunció los hechos ante el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismos que aún no se han pronunciado, y ante las entidades bancarias Banco de Sabadell y la CAM.

   El Banco de Sabadell ha contestado que no puede abordar una solución hasta que no finalice el proceso de adjudicación de la CAM, pendiente aún de autorización, mientras que la CAM, a pesar de haber remitido varias reclamaciones con la relación de afectados, no se ha pronunciado.

   En este sentido, la UCCV-UCE ha recordado que en las reclamaciones recibidas, los clientes firmaron los contratos que les facilitaron en la entidad bancaria "convencidos de que se trataba de productos exentos de riesgo, por tanto, sin la información básica necesaria para consentir válidamente".

   Por ello, según han subrayado las mismas fuentes, "la contratación se basó en la confianza plena depositada en la caja de ahorros que ahora se desentiende totalmente de estos clientes-consumidores".

Fabra resalta que la Generalitat "ha cambiado las reglas del juego" y ahora "no hay subvenciones

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha resaltado que su gobierno "ha cambiado un poco las reglas del juego, aquí ya no ha subvenciones, hay incentivos que ayuden a generar empleo y prosperidad", al tiempo que ha subrayado la importancia que el Consell da al empleo juvenil porque, en su opinión, "la única alternativa no puede ser: 'búsquese la vida fuera de este país'", sino la generación de políticas de empleo para los jóvenes.

   Tras visitar la OAMI, Alberto Fabra ha respondido de este modo, preguntado por los medios de comunicación, por un lado por el empleo juvenil, y, por otro, por la petición del empresariado de que "sólo con ahorro y con recortes no se va a generar empleo y riqueza".

   Según Fabra, "lo primero que teníamos que hacer es ofrecer un plan y un calendario de pagos porque difícilmente podremos ofrecer a los empresarios nuevos proyectos si no hemos pagado los anteriores, con lo cual ahora que ya tenemos claro cuál va a ser el calendario de pagos", se pondrán en marcha proyectos.

   En este sentido, ha resaltado que el Consejo valenciano tiene "proyectos, como el plan de emprendedores, de más de 85 millones de euros que van a ir destinados a 15.000 empresas para que puedan realizar esos proyectos de mejora en cuanto a los procesos de gestión, a financiación, eficiencia energética e internacionalización", entre otros.

   Según ha resaltado, "la Generalitat lo que ha hecho es cambiar un poco las reglas del juego, aquí ya no ha subvenciones, hay incentivos que ayuden a generar empleo y prosperidad y eso lo vamos a llevar no sólo al tema de patronal y sindicatos, sino a todos aquellos que quieran contar con dinero público".

   A su juicio, "es muy sencillo, aquí el dinero público está o bien para mantener servicios, o bien para buscar escenarios productivos y no para mantener estructuras de toda la vida". Por ello, según ha añadido, "se ha trasladado a patronal y sindicatos que sólo a través de la productividad, es decir, de la rentabilidad y consecución de objetivos, van a poder seguir teniendo las ayudas por parte del Gobierno"

  "No sólo vale hacer cursos de formación, los cursos se hacen para incorporar  a la gente al mercado laboral, como ese es el objetivo los logros serán cómo irán recibiendo las ayudas, ha dicho Fabra, quien ha insistido en que las ayudas a empresas también tienen que ser "en base a proyectos reales y que sirvan para mejorar los procesos productivos, de los resultados, bien de internacionalización o de mejora de la eficiencia energética".

   Fabra ha opinado que la sociedad "tiene que ser consciente de que el dinero es escaso, de que la administración está haciendo un esfuerzo muy importante reduciendo gastos, pero a la vez garantizando el Estado del Bienestar que hemos construido entre todos".

   Por ello, según ha dicho, "el dinero que se tenga que dar para que otras entidades organismos o empresas ayuden a generar un marco de prosperidad tiene que ser bien utilizado y en el camino de tener Pymes productivas, no de estructuras de toda la vida".

   Por otro lado, Fabra ha subrayado que desde el Consejo valenciano van a "insistir y a hacer fórmulas novedosas que permitan la contratación e incorporación de los jóvenes al mercado laboral", ya que se ha invertido en educación para que los jóvenes "se formen, que puedan tener un futuro avalado por ese conocimiento que hayan podido adquirir, que desde luego lo que no podemos, después de esa inversión, generar una decepción, que vea que la sociedad no responde a la construcción de proyectos personales y profesionales".

  "La única alternativa no puede ser búsquese la vida fuera de este país,  que no estamos aquí para eso, aquí estamos para generar oportunidades, especialmente para aquellos que tienen que ser los protagonistas de la sociedad para los próximos años", ha dicho.

   A su modo de ver, "los jóvenes son más necesarios y más útiles que nunca dentro de este proceso de crecimiento que tiene que tener la sociedad y, por eso, tanto ese incremento que ha habido en la partida presupuestaria para favorecer la contratación de los jóvenes en empresas, además de la reforma fiscal y laboral que ha hecho el Gobierno que anima a la contratación de jóvenes de menos de 30 años y de los incentivos que por parte de la Generalitat para mejorar las empresas, es el camino que tenemos que hacer".

   Fabra ha resaltado que una de "las cosas que más preocupan como Gobierno es la generación de empleo, especialmente de los jóvenes", que necesitan "tener una respuesta de la sociedad y que son necesarios para el futuro de la Comunidad Valenciana".

   Por eso, según el presidente, desde la Generalitat "se ha incrementado la contratación de los jóvenes en empresas más de  un 30 por ciento, respecto al año pasado, lo cual, conjuntamente con las medidas del Gobierno, va a hacer que más jóvenes puedan incorporarse de forma más rápida al mercado laboral y que puedan integrarse en el sistema productivo".

   Además, Fabra se ha referido al "plan de empleo juvenil, con una inversión de más de 100 millones de euros en esta legislatura, para que puedan incorporarse y puedan ser más de 15.00 los jóvenes que puedan beneficiarse de estas ayudas".

  "Tenemos una lucha pendiente todos, que es acabar con el paro", ha dicho el presidente, quien ha afirmado que ésta es "una lucha sin cuartel, básica, fundamental".

  No obstante, desde su punto de vista, "hay datos que nos invitan a ser optimistas, con un incremento del número de autónomos en el mes de febrero, con 32 nuevos autónomos al día", lo cual hace que la Comunidad Valenciana "sea la segunda comunidad que más ha aumentado el número de altas de autónomos en este último mes". Además, Alicante ha sido la cuarta provincia de España en este apartado.

   Según ha concluido, "esto nos dice que son muchas las personas que confían en las posibilidades que tiene esta comunidad, que estamos ya al final de este proceso, que confían en las reformas del Gobierno central y de la Generalitat, y que confían en el carácter emprendedor y ambicioso de los empresarios de esta comunidad".

La Asociación Gran Vía-Sur denuncia ante el Seprona la carga y descarga de granel amarillo en el Puerto

ALICANTE.- La Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur de Alicante ha presentado ante el Seprona de la Guardia Civil una denuncia por la carga y descarga de granel amarillo en el muelle 17 del Puerto de Alicante, que viene produciéndose desde la segunda semana de marzo, según ha informado en un comunicado la asociación.

   En su denuncia informan de que en el Puerto de Alicante se están llevando a cabo "cargas y descargas de un nuevo producto de color amarillo del cual no hay ningún tipo de información y que podría tratarse de azufre".

  "Dudamos que exista licencia para tal actividad y pedimos al Seprona que lleve a cabo cuantas actuaciones considere oportunas para el esclarecimiento del hecho señalado", añade la asociación en su escrito.

   "Ya que desde la Autoridad Portuaria nadie sale al paso y son incapaces de aclarar qué clase de producto de color amarillo están manipulando las empresas, que a día de hoy siguen sin licencia ambiental con el consentimiento de Ayuntamiento y Conselleria de Infraestructuras, hemos decidido que sea la Guardia Civil quien exija que se cumpla la ley de información pública a la que tenemos derecho todos los ciudadanos", ha apuntado la asociación.

El Ayuntamiento de Alicante sigue trabajando para ir consiguiendo los informes favorables para la llegada de Ikea

ALICANTE.-   La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Roméu, ha asegurado que el consistorio "sigue trabajando para ir consiguiendo los informes favorables para la llegada de Ikea", al considerarlo "un proyecto fundamental, no sólo para la ciudad, sino para toda la provincia".

   Tras dar cuenta de los asuntos tratados en la junta local de Gobierno, García-Roméu se ha expresado en estos términos, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre los informes de las distintas administraciones para la implantación de Ikea en la zona conocida como Rabassa.

   Según la edil, el Ayuntamiento sigue "trabajando para ir consiguiendo todos los informes preceptivos para la llegada de Ikea a la ciudad". En este sentido, ha resaltado que existen "informes favorables, muchos, y existen informes desfavorables, que fundamentalmente son el de Fomento y el de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". Además, ha apuntado que este "último ni siquiera es vinculante".

   Así, según ha añadido, "en cualquiera de los dos casos se está trabajando en la subsanación de esos dos informes para poderlos presentar y obtener el informe favorable de aquellos dos que ahora mismo no lo son y por lo tanto continuar trabajando en un proyecto fundamental, no sólo para la ciudad de Alicante, sino para toda la provincia".

  También ha subrayado la edil que sigue siendo "voluntad de Ikea de que se haga en Alicante" y que el Ayuntamiento de Alicante "tiene todo el empeño de que sea en la ciudad, tal cual ellos quieren".

   Respecto a la posibilidad de que el propietario del suelo haya obtenido parte del dinero del proyecto, García-Roméu se ha reafirmado en sus argumentos y ha considerado que el "resto de comentarios no dejan de ser intereses políticos que tratan de minar una vez más a la ciudad de Alicante o intereses desconocidos y que desde luego no van a mermar ni un minuto el trabajo que desde este Ayuntamiento se va a hacer en pro de la ciudad y de la llegada próxima del establecimiento de Ikea a Alicante y a Rabassa".

   A este respecto, ha asegurado que el Ayuntamiento de Alicante "no ha introducido ningún tipo de cláusula".

 "Nosotros trabajamos directamente con la multinacional y los propietarios de la zona para poder llevar adelante de manera habitual y normal, como cualquier establecimiento que llega a nuestra ciudad y que tiene la posibilidad de asentarse en suelo municipal, para que pronto pueda ser una realidad", ha dicho la concejal, quien ha insistido que desconoce "lo que se haya hecho a nivel privado".

  Por otro lado, respecto al Puente Rojo se ha decidido que se desmantele tras la última reunión con la Plataforma Renfe, ha explicado que tienen "muy ultimado el planeamiento que se conoce como LOI-2, siempre buscando el consenso con los vecinos y se va a retirar el puente rojo para facilitar el acceso y la unión entre los barrios dentro del proyecto de acercamiento de las vías en la ciudad de Alicante".

   La edil ha apuntado que a lo largo de estos meses habrá más reuniones con Adif para "poder avanzar en la aprobación del planeamiento de una zona que ha sido complicada y que lleva muchos años de redacción". Según ha indicado, "faltan los informes técnicos que avalen la ordenación que ya se ha presentado y, a partir de ahí, se espera que a la mayor brevedad posible poder llevar a aprobación plenaria el planeamiento de esa zona".

   No obstante, ha señalado que antes "se va a abrir un periodo de consultas populares del proyecto a la ciudad y a la opinión pública y después ya se llevará a la aprobación final del pleno".

   García-Roméu también ha confirmado que a principios de 2013 se abrirá al tránsito rodado el paso de Ausó y Monzó, actualmente restringido a vehículos, aunque no al paso peatonal, por las obras. Según la edil, "una  vez finalicen las obras se abre totalmente ese punto que causaba preocupación a los vecinos".

La CAM no quebró, la vaciaron / Alberto Vegara

Nuestros corazones están con las víctimas de las cuotas participativas y su dinero en nuestro bolsillo. Este sería el alegato de los dirigentes que acabaron con la desaparecida Caja Mediterráneo. Estos supuestos estafadores, tan cínicos ellos como sinvergüenzas en su actuación al frente de una entidad única y que han convertido en la peor leyenda de la banca española en muy pocos años. Me decía, paseando por la glorieta, uno de los indigentes de los muchos que pululan por Orihuela, que «estaba pidiendo para poder comer, porque los sinvergüenzas de la caja más ladrona del mundo, la CAM, les negaba sus pequeños ahorros que en ella habían depositado». Textualmente me lo dijo. 

 

Sin alterarme, pues estoy tristemente acostumbrado, le aclaré que yo era jubilado de esa casa y no era como decía, que no nos metiera a todos en el mismo saco. La CAM siempre fue seria y solvente hasta que pasó lo que pasó. Cuando volví a mi casa decidí informarme mejor sobre el tema y descubrí artículos de prensa y declaraciones de personas que habían estado en la salsa y que no tienen ningún desperdicio. 

 

Parece ser que por el año 2000, el señor Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Generalitat Valenciana por si alguno no lo recuerda, fue eliminando todo vestigio de la cúpula directiva de entonces para nombrar a elementos afines a sus deseos, como el fiel y ciego por la gaviota Roberto López Abad. Este, a su vez, se acurrucó con garrulos administrativos como la Amorós (Mayra), Ximo Meseguer (un oriolano en los destinos de la caja alicantina), Vicente Soriano (un supuesto socialista, solo en apariencia), Daniel Gil (compañero del fallecido Vicente Sala y presidente entonces) y de Enrique Ortiz, el constructor y hombre de confianza respaldado por el Partido Popular en Alicante, con superpoderes para hacer y deshacer negocios con el respaldo económico y sin límites de la cúpula CAM, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Los miembros del Consejo de Administración, con una afinidad del 80% al Partido Popular, y que Francisco Camps desde su papel de máximo dirigente de la comunidad autónoma se encargó de convertir en un 100% afines al partido, fueron afines a los propósitos de la cúpula dirigente. Todo esto que escribo se puede leer en cualquier medio, incluida las declaraciones de Remedios Ramón (Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Alicante) y exconsejera de la CAM que quería olisquear más de la cuenta y que Camps se quitó de en medio. Con lo que este 'grupo' de individuos iba dando el visto bueno a los disparates financieros que para enumerarlos, necesitaría más páginas que El Quijote. Es evidente que, por lo visto, de tal manera obraron que nadie les pide responsabilidades. 

 

Mientras cobraban los 136 euros legales por asistir y consentir los desmanes, percibían regalos, viajes, falsas reuniones, etcétera. Así aprobaron que a la Diputación de Alicante, del señor José Joaquín Ripoll le dieran 130 millones de euros del 2004 al 2006; a Valencia, 72 millones de euros; al Ayuntamiento de Alicante 38 millones de euros; y, cómo no, al señor Soler, alcalde socialista del Ayuntamiento de Elche, otros 94 millones de euros. 

 

Pero ¡¡alucinen!! al señor Enrique Ortiz se le concedieron, presuntamente, créditos por valor de 500 millones de euros. ¡¡¡Sí, quinientos millones de euros!! No había problemas ni pegas con este Consejo de Administración, ya que a ellos mismos se concedieron 161 millones de euros en créditos blandos, baratos y de dudosa cobro. Así que estaban todos calladitos y contentos. 

 

Hasta el, hasta hace muy poco presidente, Modesto Crespo, que por algo ha tenido que dimitir de la Junta Rectora del Misteri se le concedió un préstamo de cinco millones de euros para aliviar su negocio de coches usados. También la misma cantidad para otro concesionario amigo de Benidorm. La dilapidación de la CAM ha sido bestial, descarada y obviada por el propio Banco de España, por el Instituto Valenciano de Finanzas y, por supuesto, por los dirigentes socialistas que miraron para otro lado mientras todo ocurría. Y porque lo de Polaris World, lo del proceso de Seseña, lo de México,&hellip ¡¡Otro montón de miles de millones de euros!! ¡¡Y no pasa nada!! ¡¡Y nadie es responsable!!! ¡¡Porque como todo es legal!! ¿Dónde está la rigurosidad, la responsabilidad y honestidad de nuestros políticos? ¡¡¡Cómo va a quedar dinero!!! ¡¡Ni un duro!! El banco de Sabadell compró la CAM por solo un euro, el Banco de España le dio kilos y kilos de millones y encima le eximió de la responsabilidad de tener que devolver las cuotas participativas ¡¡¡El negocio del siglo!!! ¡¡Ha habido para todos ellos, menos para los ancianos jubilados y sus ahorros!!! ¿Quién se hace ahora responsable de esta estafa legal? 

 

Víctimas propiciatorias, clientes confiados, ancianos que tienen pensiones justas y que pensaban vivir con dignidad se han quedado por el camino. ¡¡¡ Hay perras para todos los carotas y ninguna para los robados!!!. 

 

Me pregunto:¿Qué más da si el dispendio de todos estos individuos se ha podido tragar, por qué no se puede pagar 155 millones a sus verdaderos dueños que depositaron sus ahorros en las cuentas de la caja alicantina? Así que cuando oigo declaraciones de nuestros políticos, llámense Rita Barberá o Jorge Alarte, por ejemplo, se me revuelven las tripas. 

 

Que la señora alcaldesa de Valencia no vocifere tanta transparencia, que no la vemos por ningún lado. ¡¡Si sabemos los marujeos de Clinton, no vamos a saber los nuestros!! Así Dios ilumine al juez Grande-Marlasca para que no se deje convencer por cantos de sirena y ponga a cada uno en su sitio en este tema tan delicado. Como se dice ahora, todo es supuestamente. ¡¡¡Queremos justicia!!! ¡¡Vaya Banda!! ¡¡Curro Jiménez era un aprendiz a su lado, aparte de más guapos y simpáticos!! 

 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20120311/orihuela/quebro-vaciaron-20120311.html

Un fundamentalista del 'agua para todos', nuevo presidente de la CHS

MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, un fundamentalista del 'Agua para todos', considera que "en este momento con el alcance de la tecnología, es imprescindible, desde luego, trasvasar agua de otras cuencas a la cuenca del Segura". 

   El Ebro, apostilló a preguntas de los medios tras su presentación oficial en la Delegación del Gobierno, "es una opción que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001".

   "Es una opción para resolver de una forma muy económica, la más económica, el problema no solo de la cuenca del Segura, sino de todo el arco mediterráneo", añadió.

   Pero, puntualizó, hay que estudiar de nuevo todas las soluciones, pues "ya había un plan hidrológico nacional y se habían estudiado otras opciones, así como distintas combinaciones".

   Según Ródenas, "está en la sabiduría del Gobierno y la disposición de todos los españoles darle una solución definitiva" al problema del agua, y es que, matizó, "esto no puede faltar".

   Preguntado por sus antecesores, Ródenas ha expresado que "cada uno habrá hecho lo que ha podido y entendido que deben hacer", lo que está claro es que "el Programa AGUA ha sido un gran fracaso".

   "La desalación de agua de mar no es la solución para resolver el problema del déficit tan importante de la cuenca del Segura", incidió, al tiempo que criticó que se optara por ese sistema "sabiendo que no era la solución, que es un agua demasiado cara, consumidora de energía y que expulsa al agricultor del sistema productivo".

   Ese sistema, insistió, "no valía", se ha persistido en el error, lamentó, "y después de ocho años vemos que la desalación que se vendió políticamente como la gran solución, ahora es el gran problema", tras lo que se preguntó, "qué hacer con esas desaladoras paradas".

   Al tiempo ha declarado que sus desafíos pasarán por administrar y gestionar "bien con eficiencia y respeto a la naturaleza" la escasez de agua, mantener el pleno funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y resolver el déficit hídrico estructural de la cuenca.

   Y es que, destacó, "la cuenca del Segura es la única estructuralmente deficitaria en toda España, lo que estrangula su desarrollo por esa falta de agua".

   Su gran objetivo será así que no falte el agua para el sistema productivo y para las exportaciones de frutas y hortalizas porque "es un pilar básico de nuestra economía".

   "Entre todos tenemos que solucionar este problema, que no depende de la Confederación, de una Comunidad ni del Gobierno, depende de todos los españoles, que tengamos la voluntad de resolverlo", indicó.

   Esto pasa, a su juicio, por el principio de la solidaridad, que es un principio constitucional; una palabra, argumentó, "que viene de soldar, de hacer un todo, ese sólido es España y las partes son las comunidades. Uno de esos elementos de pegamento es el agua, que no puede faltar en ningún territorio, y tampoco en la cuenca del Segura", apuntó. "No hay metas imposibles", concluyó.

   Al acto en la Delegación del Gobierno el propio delegado, Joaquín Bascuñana, quien se ha mostrado convencido de la coordinación entre Administración regional y central, así como el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá o el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver.

Biografía

 

   El nuevo presidente de la Confederación nació en Murcia en 1951, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, en la especialidad de Hidráulica y Energética.

   Los primeros años de su trayectoria profesional fueron en la empresa privada y, después, fue jefe de servicio de Obras Hidráulicas de la Administración regional. Los últimos 16 años ha sido director general de Agua en la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

   Como director general participó intensamente en toda la planificación hidrológica nacional y fue miembro del Consejo Nacional del Agua, de la Junta Central de Explotación de la CHS.

   Ha sido impulsor del Plan General de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia 2001-2010.

El Colegio de Psicólogos detecta un aumento de los pacientes con ansiedad y depresión como consecuencia la crisis

VALENCIA.- El decano del Colegio de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, Francisco Santolaya, ha afirmado este viernes que los colegiados han detectado en los últimos tiempos un incremento de pacientes con reacciones de carácter adaptativo que incluyen síntomas de tipo depresivo y ansioso como consecuencia de los problemas económicos derivados de la crisis.

   Preguntado por la influencia de la crisis en las asistencias psicológicas, Santolaya ha resaltado que "el nivel de angustia que se genera muchas veces en la persona ante la imposibilidad de salir del atolladero es bastante importante".

   Es en este punto, ha resaltado, en el que la labor de los psicólogos es importante "no sólo para disminuir la angustia y para reducir los síntomas depresivos, sino para analizar y ver alternativas de solución" a los problemas, ya que "muchas veces la propia angustia y la propia tristeza que tiene el paciente le impiden buscar soluciones alternativas".

   Sobre el perfil de las personas que reclaman la ayuda de los psicólogos, ha señalado que, además de las patologías habituales, se ha detectado un aumento de las asistencias a personas "muy vinculadas al ámbito financiero e incluso al ámbito empresarial que empiezan realmente a tener síntomas de estrés". Este perfil de paciente, ha agregado Santolaya, acude al psicólogo para ser orientado y para buscar alternativas de solución.

   Asimismo, ha indicado que cuando una persona "ve que empieza a tener problemas económicos y no llega a final de mes, obviamente lo ve y muchas veces suele acudir buscando apoyo y ayuda porque cuando hay un problema de tipo económico que se va agravando" aparecen alrededor problemas en el entorno familiar que van asociados. 

"Al aumentar la angustia, las personas empiezan con mecanismos que no son muchas veces de mejora de la comunicación", ha advertido el decano, que ha subrayado que en ocasiones se producen reacciones agresivas y de huída de la realidad.

El Consell recopila las facturas que va a remitir al Gobierno central pero desconoce cuánto le corresponderá

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado que la Conselleria de Hacienda "está trabajando" para determinar qué facturas de proveedores cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno central para entrar en el plan de pagos. No obstante, ha señalado que desconocen la cuantía que le corresponde a la Generalitat --de los 17.500 millones dispuestos por el Ejecutivo-- para satisfacer esas deudas.

   Císcar se ha expresado de esta manera tras el pleno del Consell al ser preguntado por el volumen de impagos a proveedores y si se plantea incorporar a los presupuestos de 2012 las facturas en el cajón para contabilizarlas y poder abonar a través del plan de pagos que prevé establecer el Gobierno central con las comunidades autónomas.  

   Por lo que se refiere al volumen de deuda con proveedores que se va a satisfacer, Císcar ha señalado que se trata de una cifra "que no podemos tener clara"  porque con todas las facturas de las comunidades, el Gobierno establecerá la prioridad de pago de las mismas según criterios como el de la antigüedad, que "favorece" a la Comunitat.

   Pero, "no podemos saber una cifra concreta" que corresponde a la Comunitat como "tampoco el resto de CCAA" porque se va a "hacer un paquete con el conjunto de facturas de toda España", ha explicado.  

   "Otra cosa es que el Estado hubiera dicho" que pagaría "lo que le corresponde a cada CCAA" pero como eso "no lo va a hacer", sino que va a disponer de 17.500 millones para todas las regiones y a pedir que cada CCAA lleve las facturas certificadas para comprobar que cumplen los requisitos que van a establecer, ha explicado.

   La fecha límite para remitir las facturas certificadas al Gobierno es el 15 de abril. Será entonces cuando "tendremos al euro el importe de la relación certificada que pasaremos al Estado", ha afirmado.

   "El Estado puede decir que de los 17.500 millones, cuánto destina en cada una de las fases que establezca --hasta el 31 de diciembre-- y los criterios de prioridad en el pago, como es el de la antigüedad de las facturas", ha remarcado.

   Las facturas que se van a atender serán principalmente por contratos de obra y servicio; lo que son conciertos como el que tienen con las farmacias "podrían entrar". Pero, por ejemplo, una subvención o una deuda con un ayuntamiento "no entran en esa relación", ha apuntado. En este sentido, ha apuntado que  se incluyen las deudas a proveedores de las empresas públicas, fundaciones y entes de derecho público.

   En cuanto a la posibilidad de incluir en el plan de pagos las facturas en el cajón procedentes del área sanitaria, Císcar ha indicado que es una "duda que tenemos pendiente de que nos resuelva el Gobierno central. Es una de las cosas que todavía se tienen que determinar".

   Por otro lado, Císcar ha informado de la puesta en marcha de un servicio de asistencia y asesoramiento a ayuntamientos para resolver las dudas en relación al procedimiento para el pago a los proveedores de las corporaciones municipales.

   Císcar ha indicado que "a través de las páginas web de las Consellerias de Presidencia, Economía y Hacienda se ha habilitado un documento explicativo de todo el procedimiento de pago a proveedores. También se podrán resolver las cuestiones por vía telemática o telefónica".

   El vicepresidente ha adelantado que "próximamente se pondrá en funcionamiento un dispositivo de atención y asesoramiento para todos los proveedores de la Generalitat".