miércoles, 4 de abril de 2012

El Gobierno presenta unos presupuestos para la situación "límite" del país

MADRID.- El Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que responden a la situación "límite del país" por el "gravísimo momento" que atraviesa la economía española. El pago por intereses del déficit aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, mientras que la deuda pública rozará el 80% del PIB en este ejercicio. Los ingresos no financieros, por su parte, ascenderán un 19,1%.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los PGE, los primeros que ha elaborado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien los ha definido como "duros" pero "imprescindibles" para recuperar la senda del crecimiento económico y del empleo.
   En esta ocasión, Montoro ha innovado este año con la entrega de las cuentas públicas en formato BIDI, es decir, con la presentación de un cartel con un código QR que, leído con una aplicación informática, permite acceder directamente a una gran cantidad de información.
   El presupuesto para 2012, marcado por el objetivo de reducción del déficit del 8,5 al 5,3%, incluye un nuevo ajuste de 27.300 millones de euros. Este ajuste, el mayor de la democracia, procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto-ley que acompaña a las cuentas.
   En dicho decreto, el Gobierno ha introducido cambios en el Impuestos de Sociedades y en el de Labores del Tabaco, así como ha dado vía libre a una 'amnistía fiscal' para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. Con esta medida, pretende recaudar 2.500 millones de euros, cantidad que, junto a todo lo recaudado a través de otras iniciativas puestas en marcha por Rajoy, sumaría unos 12.314 millones de euros.
   "Son unos Presupuestos que no dañan la esencia de la recuperación económica", ha dicho Montoro en la rueda de prensa en la Cámara Alta, añadiendo que las cuentas son "extraordinarias" en cuanto a la reducción del gasto y el aumento de ingresos que plantean. "Son unos Presupuestos a tenor de la situación extraordinaria de España", ha agregado.
   De este modo, el titular de Hacienda ha afirmado que los Presupuestos están "absolutamente comprometidos" con la corrección del déficit a la baja, por lo que permitirán al país cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea.
   "Hay que reducir la dependencia financiera. Cuando lo consigamos seguro que vendrá la recuperación de la economía. El mayor problema de España, y el que produce y agrava la recesión y nos lleva a pérdida de puestos de trabajo tan lamentables como se siguen produciendo, es la financiación de la economía, el alto endeudamiento", ha señalado.
   Por ello, Montoro ha subrayado que "la confianza hay que ganársela" y "trabajársela" porque "no vale esperar que la traiga nadie servida en una bandeja de plata". "Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit", ha apostillado, a la vez que ha insistido en que las cuentas públicas responden a la situación "límite del país".
   En cuanto a la consolidación fiscal, Montoro ha asegurado que no aceptará "excusas ni pretextos" de ninguna Comunidad Autónoma porque no caben las "posturas autóctonas" en la lucha contra el déficit.
   Al ser preguntado por la situación concreta de algunas regiones como Andalucía, Asturias o Cataluña, Montoro ha aseverado que los Presupuestos son "complicados" para todas las comunidades, por lo que ha resaltado que las negociaciones políticas solo deben referirse a la necesidad "objetiva" de cumplir con el déficit. "Todos vamos a seguir en el mismo barco", ha asegurado.
   Por otro lado, el pago por intereses de la deuda aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, el equivalente a un 2,7% del PIB, a pesar de que es una cantidad superior al recorte total de los PGE, según el Ejecutivo.
   La deuda pública crecerá en este año del 68,5% al 79,8% del PIB por las nuevas necesidades financieras y la refinanciación de vencimientos, así como por el impacto de instrumentos como el FROB o el fondo de pago a proveedores. En el caso de la Administración Central, este ratio pasará del 52,1% al 60% del PIB.
   El Gobierno ha calculado que los gastos por intereses de la deuda alcanzarán los 28.876,03 millones de euros en 2012, para lo cual ha tenido en cuenta que la prima de riesgo se mantendrá por encima de los 300 puntos básicos.
   En cuanto a los ingresos no financieros totales para este año, éstos ascenderán a 211.089 millones de euros, con un incremento del 19,1% respecto a 2011, equivalente a 33.903 millones de euros más, según el proyecto de Ley de PGE.
   Los ingresos impositivos aumentarán un 4,3%, mientras que en los ingresos no impositivos se espera un crecimiento de hasta el 165,7%, como consecuencia del efecto de liquidación del sistema de financiación autonómico de 2010.
   Respecto al presupuesto de gastos del Estado para 2012, éste asciende a 214.701,87 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,4% en comparación al presupuesto inicial de 2011. El mayor volumen de gasto corresponde a las transferencias, con una dotación conjunta de 85.519,56 millones de euros, representando aproximadamente el 40% del total.
   Asimismo, el proyecto de PGE también contempla una caída de la inversión estatal en la mayoría de las comunidades autónomas. El Estado distribuirá lo que queda de este año un total de 15.531,57 millones de euros entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, frente a los 20.684,06 millones que se aprobaron en los Presupuestos para 2011, lo que supone un descenso del 25%.
   Cataluña, Navarra, La Rioja, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más pierden, mientras que País Vasco y Galicia son las únicas que no van a sufrir un descenso en las inversiones estatales, sino que las verán incrementadas.
   Por otra parte, las cuentas públicas presentadas este lunes prevén que el número de parados aumente este año en 602.800 personas, un 12% más que en 2011, hasta superar los 5,6 millones de desempleados. Esto supone que en 2012 la tasa de desempleo subirá un 2,7 puntos, hasta el 24,3%.
   Sin embargo, el presupuesto para este año destinado a políticas activas de empleo será de 5.764,74 millones de euros, un 21,3% menos que en las cuentas públicas de 2011. Un descenso que el Ejecutivo justifica en los ajustes efectuados para la reducción del déficit público y el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.
   Además, el Gobierno también prevé que ingresará por cotizaciones sociales un total de 106.332,96 millones de euros en 2012, un 3,7% menos que en 2011. Esta recaudación permitirá a la Seguridad Social financiar el 88,1% de su presupuesto total.
   El 46,3% del presupuesto consolidado del Estado para este ejercicio se destinará al pago de pensiones (el 37,1% del total) y de prestaciones por desempleo (9,2%). Si bien, estas últimas se han reducido hasta los 28.503,12 millones de euros, un 5,4% menos que en 2011.
   El Ejecutivo explica que el "elevado" gasto en prestaciones por desempleo registrado en los últimos años ha provocado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) "requiera de importantes aportaciones del Estado para su financiación".
   Cabe destacar que los PGE de 2012 también contemplan que el presidente del Gobierno percibirá este año un total de 78.185,04 euros en concepto de retribución, lo que supone un sueldo bruto mensual de 6.515,42 euros, el mismo que estuvo percibiendo José Luis Rodríguez Zapatero desde 2010.

Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema muy grave o bastante grave

MADRID.- Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema grave o bastante grave según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica en el que se también se advierte que dos de cada tres españoles cree que somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general.

   Según el estudio, un 60,5% de los encuestados creen que la corrupción en España es un problema muy grave. Asimismo, un 28,9% consideran que este problema es "bastante grave", mientras que un 6,9 creen que es "algo grave".
   Por contra, únicamente un 2,4% de los cuestionados creen que la corrupción es un problema "poco grave" en nuestro país y un 0,5% de los encuestados dicen que este asunto es "nada grave".
   El porcentaje de quienes consideran bastante o muy grave el problema de la corrupción es superior entre los jóvenes de 16 a 24 años (93,2%), quienes tienen estudios secundarios (92,3%) y los de clase media-baja o baja (91,3%).
   En cambio, ese porcentaje es inferior entre los entrevistados de 25 a 34 años (86,7%), los que tienen estudios universitarios (87,1%) y los de clase alta y media-alta (91,3%).
   En esta cuestión, no se registran diferencias reseñables en las opiniones registradas entre los colectivos de votantes de los dos principales partidos políticos.
   También, son mayoría los ciudadanos que consideran que los españoles somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general y en el día a día. Un 65,5% de los encuestados creen que en nuestro país somos "muy o bastante tolerantes con la corrupción".
   Asimismo, un 16,2% aseguran que somos "algo tolerantes" con este asunto mientras que solo un 14,3% de los encuestados defienden que somos "poco o nada tolerantes" con la corrupción.
   La proporción de quienes señalan que los españoles son bastante o muy tolerantes con respecto a la corrupción es superior quienes tienen entre 45 a 64 años (73,8%), quienes tienen estudios secundarios (70,2%) y los de clase media-alta o alta (69%).
   Sin embargo, el porcentaje de quienes sostienen esa misma opinión es inferior entre los más jóvenes, quienes tienen de 16 a 24 años (54,9%), quienes tienen estudios primarios o inferiores (63,2%) y los informantes de clase media-baja o baja (63,7%).
   La encuesta realizada por el instituto Simple Lógica está realizada entre el 1 y el 12 de marzo mediante entrevistas telefónicas a 1.021 adultos con un margen de error del 3,13%.

El juez imputa al administrador del PP en las generales de 2008 por 'Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado al administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez, así como al presidente del grupo empresarial Cyes, Felipe Almenar, a la trabajadora de Orange Market Mercedes Orts y a Rocío Perea Fernández. 

   Según han informado fuentes del TSJCV, el juez ha citado a declarar a Páez, también exgerente del PP nacional, el 30 de mayo por la pieza segunda, que se ocupa del supuesto delito electoral, mientras que los otros tres nuevos imputados no tienen aún citación para declarar.
   Esa es una de las citaciones incluidas en el nuevo calendario de declaraciones de imputados dado a conocer por el TSJCV este miércoles, que recoge entre otras la del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, que deberá comparecer el 25 de mayo; la del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, que lo hará el día 29 del mismo mes; la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, citado el 22 de mayo; y la de los supuestos 'cabecillas' de la trama Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa, que acudirán entre el 14 y el 15 de mayo.

El plan de España para costear los rescates de entidades encalla en Bruselas

MADRID.- El plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron fuentes conocedoras del proceso. 

   La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.
   El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la negativa de las entidades de incrementar sus aportaciones al FGD.
   El Ministerio de Economía ha planteado a Bruselas diversas vías para que el organismo dependiente del Banco de España realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado.
   En este sentido, ha propuesto que el FGD realice una emisión de deuda que sea suscrita inmediatamente por el FROB a cambio de un cupón, pero la Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de Estado encubierta con efecto sobre las cuentas públicas.
   El departamento que lidera Luis de Guindos también ha propuesto la opción contraria: que el FROB, cuya capacidad de endeudamiento se eleva a 90.000 millones de euros, emita deuda para su suscripción por parte del fondo de garantía, opción que también ha encontrado el rechazo europeo.
   El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, lo que podría amenazar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal marcados por la UE. Las colocaciones de deuda del FROB engordan la deuda del Estado y no el déficit.
   En la actualidad, el FROB cuenta con fondos disponibles de 22.495 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una linea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que ha comprometido recursos por 20.000 millones.
   Las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja Duero España por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público y refuerza su rechazo a ampliar las aportaciones al FGD.
   El Gobierno había sugerido a las entidades financieras la necesidad de que afrontaran una derrama o el incremento de sus aportaciones efectivas al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que soliviantó a las entidades de mayor tamaño, especialmente a Santander y Caixabank.
   El FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, así como que se establezca un adelanto de las cuotas anuales al FGD.
   El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, reclamó recientemente al Gobierno que aclare de dónde saldrán los recursos para costear los rescates de entidades intervenidas, del FGD o del FROB, y recordó que éste último instrumento se creó con el objetivo de impulsar la reestructuración financiera.
   El objetivo fundacional del FGD es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Gobierno socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reestructuración financiera española en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.
   El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, y en el sector financiero da por descontado que se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia. También quedan pendientes los procesos de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada de fondos estatales en su accionariado.
   La subasta de la filial de Bancaja, intervenida el pasado mes de julio por sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arrancará mucho después de lo esperado por el sector financiero, que contaba con recibir el cuaderno de venta hace un mes.

Compromís insta al Banco de España a usar el Fondo de Garantía en favor de los impositores de la CAM

ALICANTE.- La diputada de Compromís Mireia Mollà ha reclamado este martes que el Banco de España utilice el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para "solucionar el drama de las miles de personas que invirtieron sus ahorros en las cuotas participativas" de Caja Mediterráneo (CAM), ha informado en un comunicado la formación política.

A juicio de Mollà, los impositores de la entidad alicantina fueron "engañados en buena parte de los casos, y ahora han perdido su dinero".
Mollà ha realizado estas declaraciones después de que CAM confirmara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que amortizará las cuotas participativas durante el primer semestre de 2012, por lo que desde Compromís han resaltado que "se prevé que los más de 54.000 inversores" de la caja "perderán su dinero antes de llegar al próximo mes de julio".
Así, la diputada autonómica ha manifestado que es "inadmisible que el Fondo de Garantía haya inyectado 5.249 millones de euros a la caja de ahorros alicantina para sanearla y, por otro lado, deje colgados a las miles de personas que tienen su dinero atrapado en estos productos tóxicos, y que ahora reciben la noticia de que perderán su inversión".
"Estos inversores no son clientes de segunda, y tienen todo el derecho a exigir que el Fondo de Garantía solucione este drama que están viviendo", ha apuntado Mollà, quien ha añadido que, "en la mayoría de los casos", se trata "de gente mayor que no fue informada de los productos que estaban comprando y, por lo tanto, desconocía los riesgos de la inversión, por lo que podemos concluir que han sido víctimas de una estafa".
La diputada de Compromís ha señalado que "la CAM jugó a ser un banco con la confianza de sus clientes, y cambió su objetivo social por el especulativo con el visto bueno de los órganos de control".

martes, 3 de abril de 2012

La Comunitat recibirá 1.008 millones de inversión real, un 34,4% menos que en 2011

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana recibirá en 2012 un total de 1.008,56 millones de euros correspondientes a la inversión real del Estado en las regiones, lo que supone un 34,4 por ciento menos que en 2011, en el que se percibieron 1.539 millones de euros, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.

   Así figura en el proyecto de ley, que ha sido presentado este martes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el que además se recoge que la dotación de la Comunitat Valenciana supone el 7,9 por ciento del total.
   Asimismo, de estos 1.008,56 millones, un total de 959,10 millones de euros corresponden a las inversiones en la región de los Ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que los 49,46 millones de euros restantes corresponden a la inversión real del resto de departamentos ministeriales.
   Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que las cuentas que ha llevado este martes al Congreso son "extraordinarias", responden al "gravísimo momento" que atraviesa la economía española" y son las que menos perjudican al crecimiento económico.
   Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado la importancia "capital" de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para cumplir con los objetivos de déficit generales "habida cuenta la enorme potencia que tiene su gasto sobre el conjunto del gasto público en España".
   De hecho, según ha subrayado el responsable gubernamental, mientras el presupuesto ministerial cae un 16,9 por ciento la financiación territorial "crece, poco, pero crece, un 1,35 por ciento". "El esfuerzo (de reducción de déficit) tiene que ser exigido en su plenitud y no cabe desviación ninguna", ha apostillado tajantemente.
   Además, Beteta ha indicado que la decisión del Gobierno de "aplicar en su integridad el modelo de financiación autonómica" responde a su "voluntad de sostener los pilares esenciales" del Estado de Bienestar --sanidad, educación y servicios sociales--, que prestan las comunidades y explica el 80 por ciento del gasto".
   Por otro lado, la Comunitat percibirá un total de 82,57 millones a través de los fondos de Compensación y Complementario, de forma que se sitúa como la segunda región que más dinero recibirá a través de esta vía, según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 publicados este martes.
   Por delante de la Comunitat se sitúa Andalucía, líder en captación de fondos por esta vía con un total de 236,86 millones de euros, y tras la Comunitat se han situado Canarias, con 78,6 millones de euros; Galicia (76,98 millones), Castilla-La Mancha (54,66), Extremadura (41,02), Murcia (33,13), Castilla y León (31,78), Asturias (20,29), Cantabria (5,25), y Ceuta y Melilla, con sendos 5,13 millones.
   El objetivo del Fondo de Compensación es corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, cuyos fondos van destinados a gastos de inversión.

En Alicante el paro se situó en 225.735 desempleados el mes de marzo, un + 0,63%

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar marzo en más de 572.706 personas en la Comunitat Valenciana, tras subir en el mes en 6.575 desempleados, lo que supone un 1,16 por ciento más, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En España, en paro alcanzó los 4,75 millones de personas, tras una subida el pasado mes de 38.769 desempleados, con un aumento porcentual del 0,82% respecto a febrero.
  En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.750.867 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. En términos interanuales, el paro aumentó en febrero en 417.198 personas, un 9,6% más.
   Por provincias, en Alicante el paro se situó en 225.735 desempleados tras una subida de 1.407 personas en marzo, un 0,63 por ciento más, mientras que en Castellón alcanzó los 65.329 desempleados  al contabilizarse 1.358 parados más, un 2,12 por ciento más.
   De los 572.706 parados de la Comunitat Valenciana 289.163 son hombres y 283.543 son mujeres y por edades 56.812 menores de 25 años, 31.221 de ellos chicos y 25.591 chicas.
  Por sectores económicos, 18.231 están en Agricultura, tras una subida de 992 desempleados más; 91.358 en Industria, con 1.408 nuevos parados; 91.325 en Construcción, en los 508 personas se apuntaron a las listas del paro; 334.089 en Servicios, con un incremento de 2.914 personas sin trabajo y 37.703 en el Colectivo de Sin Empleo Anterior.
   Los parados extranjeros en la Comunitat Valenciana ascienden a 89.684, de los que 6.598 están en Agricultura, 6.809 en Industria, 18.155 en Construcción, 48.659 en Servicios y 9.463 en el Colectivo de Sin Empleo Anterior.
   El pasado mes de marzo, en la Comunitat Valenciana se realizaron un total de 91.092 contratos, 7.042 más, lo que supone un 8,38 por ciento más. De las contrataciones, 9.112 fueron indefinidos y 1.980 temporales.

Los afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat descienden un 3,75% en marzo

MADRID.- La Seguridad Social ha registrado en el mes de marzo un total de 1.612.608 afiliados, lo que supone un descenso del 3,75 por ciento con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Asimismo, por Regímenes, el General ha vuelto ha ser el más numeroso, con 1.270.195 afiliados; el de autónomos 319.281 afiliados; el del mar 5.387; y el del Hogar (a extinguir) 17.746 afiliados.
   A nivel nacional, la Seguridad Social registró en marzo un incremento medio de 5.419 afiliados (0,03 por ciento), con lo que el total de ocupados, en términos promedios, se situó al finalizar el mes en 16.902.530.
   La ganancia de afiliados en marzo rompe con la racha negativa que el sistema había acumulado durante los siete meses anteriores. No obstante, el ascenso de marzo es inferior al logrado en 2010 y 2011, cuando la Seguridad Social elevó su cifra de cotizantes en 22.457 y 45.660 personas, respectivamente.
   En marzo se registró un aumento medio de afiliados de 28.473 para el Régimen General (+0,2%), hasta los 13.566.795 afiliados, y un repunte de 4.867 ocupados (+0,16%) en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), hasta los 3.050.798 cotizantes.
   El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha subrayado que los datos de marzo son un "latido positivo" en un contexto complicado, y ha calificado de "esperanzador" el ascenso en el número de autónomos.
   La caída de la afiliación en marzo se concentró en España en los varones. En concreto, en el tercer mes del año se perdieron 16.650 afiliados varones (-0,18 por ciento), frente a un incremento de la afiliación femenina de 22.068 mujeres (+0,3 por ciento).
   Así, al finalizar marzo, el número de cotizantes varones sumaba 9.133.491 ocupados y el de mujeres se situaba en 7.769.039 afiliadas. En tasas interanuales, la afiliación masculina acumula una caída del 4,07 por ciento, mientras que la femenina experimenta un descenso del 1,3 por ciento.
   Por su parte, el número de afiliados extranjeros aumentó en marzo en 9.158 trabajadores (+0,5%) tras ocho meses consecutivos de caídas. Con este incremento, el total de inmigrantes ocupados se situó en 1.690.706 personas, de los que 1.346.058 cotizaban al Régimen General; 209.304 al de Autónomos; 129.925 al del Hogar; 4.808 al del Mar, y 610 al del Carbón.

Puig y Alarte escenifican el traspaso de la secretaria general del PSPV en la puerta principal de la sede

VALENCIA.- El nuevo secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y su antecesor en el cargo, Jorge Alarte, han escenificado este martes el traspaso de poderes de la secretaria general de esta formación en la puerta principal de su sede, en el número 4 de la calle Blanquerías, de Valencia. 

   Puig ha acudido a las dependencias del partido tras haber sido elegido secretario general de los socialistas valencianos frente a Alarte, que aspiraba a repetir en el cargo, en el XII congreso del PSPV-PSOE celebrado el pasado fin de semana en Alicante.
   El también alcalde de Morella (Castellón) y diputado del PSOE en el Congreso ha llegado andando a la sede socialista y ha sido recibido por Jorge Alarte, que le esperaba en la puerta principal. Ambos se han saludado sonrientes y se han abrazado ante el objetivo de los fotógrafos y cámaras que aguardaban su encuentro.
   Tras ello, han posado unos instantes y han intercambiado algunas palabras antes de entrar juntos en las dependencias del PSPV, en las que desde esta jornada Ximo Puig ocupará su despacho como secretario general de la formación.

El aeropuerto de El Altet recibirá 49 millones más para obras y mejoras

ALICANTE.- Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 destinarán un total 49 millones de euros para diversas obras y mejoras en el aeropuerto alicantino de El Altet, tales como la ampliación del área terminal, con cerca de 30 millones de euros y la mejora del campo de vuelos, con 12,3 millones de euros, según recoge el proyecto presupuestario.

   El capítulo de inversiones reales previstas para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) además prevé llevar a cabo este año la mejora del sistema de navegación aérea, con 1,3 millones de euros, y dotar con casi 2,4 millones de euros para inversiones de apoyo y mantenimiento de estas instalaciones.
   Así mismo, los Presupuestos Generales contemplan destinar 1,5 millones de euros el sistema automatizado de tratamiento de equipajes (Sate) del aeropuerto, 771.000 euros para actuaciones medioambientales y el tratamiento de residuos, 350.000 euros para la expropiación de terrenos y 157.000 euros para el drenaje general del aeropuerto.
   Por otra parte, en lo que respecta a la ciudad de Alicante, el Gobierno prevé destinar 2,2 millones de euros a las obras de acceso norte a la Alicante por la avenida de Denia, y 136.000 euros para actuaciones en los muelles de Poniente del Puerto de Alicante, entre otras partidas menores.

Fabra reconoce estar "muy tranquilo" sobre la financiación del PPCV

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PPCV, Alberto Fabra, ha reconocido estar "muy tranquilo" sobre la financiación de los 'populares' valencianos en el 'caso Gürtel' que se investiga, y por el cual el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha imputado este lunes a la exconsejera de Turismo, Angélica Such. A su juicio, esta causa "va a quedar en nada".

   Fabra ha realizado estas manifestaciones tras reunirse este martes con el ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Palau de la Generalitat, en un encuentro en el que también han estado presentes el consejero de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, y la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson.
   El presidente de los 'populares' valencianos ha recordado que las cuentas del partido "fueron auditadas" en su momento. "Desde luego que vamos a seguir colaborando con la justicia, como siempre hemos hecho para que se esclarezca cualquier situación", ha afirmado.
   De todas formas, y a pesar de contar con una nueva imputada en el 'caso Gürtel', Fabra ha insistido en que el PPCV se está "muy tranquilos en cuanto a lo que pueda suponer la financiación del partido".
   Alberto Fabra, en una rueda de prensa posterior, se ha mostrado convencido de que la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', "va a quedar en nada".
   Asimismo, ha destacado la "predisposición" de los 'populares' a colaborar "para ayudar a la esclarecer" este asunto "cuanto antes", dado que "está en juego nuestra credibilidad hacia los ciudadanos". 
 "Vamos a colaborar de forma cierta en todo aquello que nos pida la Justicia", ha resaltado.
   El magistrado José Ceres, que instruye en el TSJCV la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsejera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts, Angélica Such, y le ha citado a prestar declaración el próximo 30 de mayo, según ha informado este lunes el tribunal valenciano en un comunicado.
   Such, quien también es diputada del PP, tendrá que acudir a declarar a las 10.30 horas, en una investigación en la que el magistrado pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.

lunes, 2 de abril de 2012

Compromís critica el gasto de hasta 4.000 euros mensuales en alimentación para el comedor del Palau de la Generalitat


VALENCIA.- La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà ha denunciado que el comedor del Palau de la Generalitat tiene un gasto de hasta 4.000 euros mensuales en alimentación. Dicho comedor se utiliza para atender actos protocolarios y otras reuniones. 

   Mollà se ha expresado de esta manera en un comunicado con motivo de una respuesta parlamentaria. En este sentido, la diputada ha explicado que formuló por escrito una cuestión el pasado mes de enero en la que pidió al Consell que explicara "cómo se justificaba la compra de alimentos por una cantidad tan exagerada durante el año 2011, según se registra en el programa presupuestario 221.07".
   Así, ha afirmado que los gastos mensuales en alimentación van "desde los 1.500 euros --en los meses de vacaciones-- hasta los 4.000 euros".
   A la pregunta de Compromís de cómo se justifica la compra de alimentos por una cantidad "tan desorbitada" y por el destino del dinero de la caja fija, el vicepresidente del Consell, José Císcar, recuerda que el Palau de la Generalitat dispone de un comedor para atender "actos protocolarios" así como para otras reuniones que, por sus características "se considera conveniente realizar" en estas dependencias.
   Asimismo, explica que cuando se llevan a cabo actos protocolarios, se trata, "en la medida de lo posible", de cubrir las necesidades con los servicios propios de personal y cocina de Presidencia, y con la compra de alimentos, "en gran parte perecederos".
    La diputada de Compromís ha lamentado que Císcar "no haya hecho ninguna referencia al gasto que se hace desde la caja fija, un dinero sobre el que el Consell no informa a las Corts y que podría suponer que la cifra de la alimentación para el comedor de Presidencia sobrepasara los 30.000 euros al año".
   "La justificación de este gasto desorbitado en comidas y la negativa a informar sobre a qué se destina el dinero de la caja fija evidencia que el Gobierno de Fabra sigue la misma estela que sus antecesores y que la austeridad y la transparencia a las que tanto apela no son más que mentiras a las que nos tiene acostumbrados el PP", ha agregado Mollà.

Castedo dice que la ubicación de Ikea en Rabasa "está cerrada" y abrirá sus puertas en 2014

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado que Ikea "no tiene ninguna duda" de que ubicará su centro en los terrenos de Rabasa, en el término municipal de Alicante, decisión que "ya está cerrada", con el propósito de empezar las obras de construcción en primavera de 2013 y abrir sus puertas en el año 2014.

   En una entrevista concedida este lunes a Onda Cero Alicante, Sonia Castedo ha explicado que la propia multinacional fue la que eligió los terrenos de Rabasa para su próximo centro, y ha subrayado que los dos informes desfavorables a esta actuación emitidos por el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "tienen solución".
   La primera edil ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante "trabaja mano a mano" con los directivos de la compañía sueca "dede hace bastante tiempo", y de hecho la última vez que estuvieron en Alicante para continuar con los trámites para su implantación en Rabasa fue el pasado jueves.
   Los planes de Ikea pasan por iniciar las obras en la primavera de 2013 y abrir las puertas de su nuevo centro en Alicante en 2014, si bien, Castedo ha mostrado su deseo de que "el desbloqueo de la zona donde se ubicará se pueda producir antes, porque de ser así, en principio sí se podrían empezar las obras antes", en el caso de que los trámites internos de la multinacional lo permitan.
   La alcaldesa además se ha mostrado convencida de que la implantación de Ikea "va a ser un revulsivo económico importantísimo para Alicante", y "no va a perjudicar" a los comerciantes, por lo que ha apostado por "sentarse a dialogar" con este colectivo, para intentar "llegar a una 'entente cordiale' de la que todos salgan beneficiados".
   Por otra parte, Sonia Castedo se ha referido a la reciente designación de Almudena Muñoz como nueva responsable de Casa Mediterráneo, cuya sede se encuentra en Alicante, para remarcar que es necesario que se realice "un estudio de viabilidad" de la institución y un replanteamiento de sus objetivos.
   Al respecto, ha defendido que "sin perder la esencia del nacimiento de Casa Mediterráneo como búsqueda de ese hermanamiento entre países mediterráneos" se debe buscar que sea un proyecto "viable y rentable".

El CVC pide que la Ley de RTVV garantice la credibilidad informativa

VALENCIA.- El Consell Valencià de Cultura (CVC) reclama que la futura Ley de Radio Televisión Valenciana garantice "la credibilidad, objetividad y pluralidad informativa" del ente autonómico, al tiempo que recomienda no tramitar la norma hasta que no se conozca el alcance del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está previsto aplicar.   

   El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunido el viernes pasado, en sesión extraordinaria, dio luz verde a este informe sobre el anteproyecto de Ley de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que aprobó la Generalitat en diciembre del año pasado.
    En el documento, elaborado a petición de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, la institución consultiva remarca la importancia de la ley para garantizar un servicio público que aúne credibilidad, objetividad y pluralidad informativa. "La calidad informativa --argumenta-- se basa en la radical separación de los hechos de las opiniones, y que solo los principios de veracidad, comprobación, testimonio, prueba y contraste de las fuentes, consiguen el equilibrio informativo en aras de la necesaria objetividad".
   Así, el CVC argumenta que el servicio público no ha de "luchar solo por la audiencia, sino que debería intentar ser ejemplar en la protección de la infancia, la programación infantil y educativa, además de fomentar la ciencia y el progreso cultural y de normalización lingüística".
   En esta línea, considera que "la neutralidad general que reclama muy específicamente un modelo de radio y televisión públicas se podría reforzar, introduciendo en el sistema controles de calidad exigentes y Consejos informativos al estilo de RTVE".
   Además, en su apartado preliminar, señala que, "ante la inminencia de un ERE sobre la actual plantilla, del que a día de hoy se desconocen todos los detalles, así como ante la modificación prevista de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, no parece conveniente tramitar el actual texto legislativo sin tener una información real sobre el alcance de estos nuevos parámetros", ya que "la falta de esa información puede conducir a errores que pondrían en riesgo la aplicación de esta norma en un futuro próximo".
   El órgano consultivo agrega, sobre la política de personal, que convendría que en el preámbulo de la ley se hiciese referencia a los derechos y obligaciones de todos los profesionales de las artes y las ciencias de la televisión, así como de los periodistas, dentro de un marco de pluralidad y libertad informativa.
   También recomienda que la ley defina las necesidades de personal que estructuralmente tendrá el Grupo para marcar el criterio que oriente a la hora de fijar el tamaño de su plantilla y que privilegie como objetivos de la empresa tanto la producción propia como la formación continua de los profesionales y adaptación a nuevos métodos y formatos de producción, con el fin de dar un servicio público cada vez mejor.
   Un aspecto que el CVC califica como "positivo" es la introducción del Contrato Programa, aunque insta a que los servicios previstos se orienten también a dar a conocer la riqueza y diversidad de todo el ámbito territorial y que se introduzcan en el articulado de la ley otras posibles vías de financiación y comercialización.
   Respecto a la producción propia, anima al Grupo RTVV SA a impulsarla, al tiempo que consideramos adecuado mantener la importancia de la publicidad para su financiación no pública, dado que su eliminación pondría en riesgo todo el proyecto, especialmente en unos momentos de crisis, aunque sugiere que ésta sea en valenciano. Precisamente, el CVC propone, para el fomento de la lengua propia,  que se amplíe la emisión en valenciano a toda la programación de los canales del grupo.
   En cuanto a la gestión, pide clarificar diversos artículos, como el  punto 1 del Artículo 7 en el que se expresan las distintas formas de gestión o el que se refiere a que la televisión autonómica podrá prestar servicios de telecomunicaciones a terceros. Igualmente, y tras leer el punto 4 del artículo 7, anima a su eliminación "por el riesgo económico que se pueda causar al erario público".
   También tilda de "inadecuada" la posibilidad de crear fundaciones, puesto que "la TV y la Radio son actividades muy claras y definidas, que a nuestro entender no necesitan de ninguna fundación para ejercer su labor".
   En la misma línea, no cree pertinente que se faculte a la Dirección General a contratar gastos o inversiones de hasta "5 millones de euros al año" sin el conocimiento y la aprobación del Consejo. "Es una cantidad muy elevada, que, si además se recurre al procedimiento de adjudicaciones parciales, puede dar lugar a sorpresas que echen por tierra todo el Contrato Programa", argumenta el CVC, que precisa que la cantidad debe ser "mucho más baja y razonable". Esta recomendación es, también, aplicable a los apartados o) y s) del artículo 22, donde se habla de las funciones del Director General.
   "Nos parece mucho más razonable que, respecto a este punto nos atengamos a lo acordado por el consejo de Administración de RTVE que ha revocado la autorización al Director General para poder contratar libremente hasta 7 millones de euros, reduciendo la cifra hasta los quinientos mil, siendo las cantidades superiores supeditadas al conocimiento y competencia del Consejo de Administración. Esta afirmación cabe reiterarla respecto a los contenidos de los apartados o) y s) del artículo 22", detalla.
   El CVC reclama asimismo una mayor información de la llamada 'Junta General', en la que ve una "laguna jurídica" que hay que eliminar especificando la composición de dicho organismo, "que debería conformarse con los Consejeros que nombra el Parlamento Valenciano y se constituyen como Consejo de Administración, que es el que toma todas las decisiones".    
   Finalmente, la institución solicita la protección y la promoción del archivo de RTVV, plantea a la Generalitat la necesidad de declararlo Bien de Interés Cultural, o una figura similar de la ley de patrimonio, para asegurar su permanencia y aboga por que la ley introduzca la obligación de compartir con el archivo de la Filmoteca Valenciana políticas de fomento de la cultura cinematográfica y acuerdos de cesión de materiales.

Alarte renuncia a la portavocía del PSPV en las Corts en una semana de "traspaso de poderes"

VALENCIA.- El exsecretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha renunciado a su cargo como portavoz parlamentario del grupo socialista en las Corts Valencianes, en una semana de "traspaso de poderes" en los diferentes estamentos de la formación socialista valenciana, también en el grupo parlamentario. 

   Según han confirmado fuentes del grupo socialista, Alarte ha presentado este lunes por escrito en las Corts la renuncia a su cargo en la portavocía del grupo. Alarte ha permanecido en el cargo alrededor de nueve meses.
   Aunque Alarte fue elegido secretario general en 2008, no pudo estrenarse en las Corts hasta 2011, tras conseguir el acta de diputado en las elecciones autonómicas. Su voz en el parlamento valenciano fue durante la legislatura anterior el vicepresidente segundo de la Mesa, Ángel Luna.
   Algo parecido le va a suceder al actual líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien no tiene acta de diputado en las Corts y deberá confiar este papel a uno de los parlamentarios de un grupo socialista que fue configurado principalmente por Jorge Alarte.  
   Por su parte, fuentes del entorno del nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, han explicado que tras la victoria del alcalde de Morella, es "tradición" que aquellas personas con un cargo dentro del partido, lo pongan a disposición de la nueva dirección. Así, esta será una semana de "traspaso de poderes" en la organización socialista.  
   En el caso de Alarte, éste ni siquiera se planteó la posibilidad de poner su cargo en la portavocía a disposición de la nueva dirección, sino que prometió renunciar al puesto --algo que ayer ya comunicó a Puig-- por considerar que se encuentra en una situación de "debilidad política" frente al PP, según han apuntado las citadas fuentes.
   La situación de Alarte como portavoz "no beneficia" al partido socialista. Por eso, y "cumpliendo su palabra", este lunes ha  presentado su renuncia.
   De esta manera, será la portavoz adjunta Cristina Moreno la que, por el momento, se encargue de las funciones de portavoz. Mientras, la estructura del grupo sigue "funcionando en funciones" y los cambios que se puedan dar los decidirá la nueva ejecutiva "con calma y tranquilidad", han señalado las mismas fuentes.

EUPV reclama la dimisión de todos los cargos públicos imputados en la trama Gürtel

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación política en las Corts Valencianes, Marga Sanz, ha reclamado la dimisión de todos los cargos públicos imputados en el 'caso Gürtel' "para no dañar más la imagen de las instituciones democráticas, y que en este caso afecta a la Mesa de las Corts Valencianes".

   Sanz se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer que el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts, Angélica Such.
   Para la dirigente de EUPV, "la imputación de Such confirma que la Conselleria de Turismo fue uno de los epicentros donde la supuesta trama corrupta captaba importantes fondos públicos".
   Marga Sanz considera que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que dejar de amparar las múltiples imputaciones por corrupción y no permitir que se repita con otros cargos públicos el nefasto espectáculo que dio el expresidente Francisco Camps sentándose en el banquillo de los acusados".
   Además, en su opinión, "la Conselleria de Turismo, y singularmente el contrato de Fitur, resultan paradigmáticos de cómo algunas instituciones valencianas fueron puestas a disposición de la trama Gürtel por el Partido Popular".

Los cuotapartícipes de la CAM perderán toda su inversión antes de julio

MADRID.- Los titulares de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) perderán toda su inversión antes del próximo mes de julio, ya que la entidad amortizará dichas cuotas en el primer semestre de 2012, según la información registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   La CAM está intervenida por el Banco de España y los  administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su organismo dependiente, tienen previsto ejecutar la amortización de las cuotas participativas dentro del plan de reestructuración de la entidad.
   La CAM ha admitido que los 50 millones de cuotas participativas que emitió en julio de 2008 por importe global de 292 millones de euros y cuyo valor contable quedó mermado hasta 966.000 euros a finales de 2010 por el deterioro del negocio carecen de valor contable a cierre de diciembre de 2011.
   "A la vista de los datos contables de CAM, las pérdidas imputables a las cuotas participativas de acuerdo con los criterios establecidos en el folleto de emisión han reducido el valor contable de las mismas a cero euros", informó la CAM al supervisor de los mercados.
   "Como consecuencia de la compensación de pérdidas, los cuotapartícipes pueden llegar a perder todos sus recursos", recalca. CAM registró una pérdida de 1.800 millones de euros en el ejercicio 2011 y un patrimonio negativo de 192.000 euros, frente al patrimonio positivo de 1.843 millones que lucía al término de 2010.
   Según la normativa vigente, los cuotapartícipes son considerados accionistas sin derechos políticos, por lo que asumen los mismos riesgos que éstos al realizar la inversión, entre los que figura la absorción de pérdidas de la entidad emisora.
   La polémica sobre las cuotas participativas de la CAM estalló tras la intevención de la entidad el pasado mes de julio al proliferar las reclamaciones de los inversores y surgir dudas sobre el procedimiento de comercialización de las mismas, al tiempo que se suspendió su cotización en Bolsa.
   La entidad alicantina colocó las cuotas participativas entre inversores no cualificados, principalmente clientes de su red bancaria, lo que arroja dudas sobre si el perfil inversor de estos inversores minoristas se ajustaba a la complejidad del producto financiero.
   Los cuotapartícipes han constituido la Plataforma de Afectados de la CAM para tratar de recuperar las cantidades invertidas, mientras que la Audiencia Nacional ha admitido la personación de unos 300 clientes de la CAM como acusación particular dentro de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la caja.
   Actualmente, la CAM está intervenida y carece de actividad financiera después de que se traspasara todo su negocio a Banco CAM, entidad que ha sido adjudicada al Sabadell por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de más de 5.200 millones de euros, además de los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
   No obstante, las cuotas participativas de la CAM no se traspasaron al Banco CAM, por lo que el Sabadell no ha de responder ante dichos inversores, si bien estudia ofrecer soluciones comerciales de manera individualizada y se declara sensible a determinadas situaciones de sus clientes provocadas por los gestores del pasado.
   Asimismo, la CAM revisó la pasada semana su cuenta de resultados del ejercicio 2010, con una reducción de la ganancia del 70%, hasta 75,5 millones de euros, tras registrar una corrección de errores por importe de 168 millones en 2011.

El número de empresas de transporte de carga creció un 2,3% en Europa 2011

BRUSELAS.- El número de empresas de transporte de carga europeas creció un 2,3% durante 2011, de forma que a cierre del ejercicio sumaban hasta 252.937 sociedades, tras la creación  de 11.893 compañías, según datos de Teleroute, líder paneuropeo de bolsas de cargas 'online'.

   Holanda, Alemania y Polonia presentaron crecimientos superiores a la media europea en cuanto a número de empresas de transporte de mercancías el pasado año.
   Pese a ello, Teleroute considera que el sector "se enfrenta a una desaparición del 5% de las empresas de transporte por liquidación en el último año", lo que, en opinión de la empresa, "hace necesario articular un mercado seguro, con socios solventes y fiables".
   Con este fin de aumentar la seguridad de mercado del transporte, Teleroute, en colaboración con Creditsafe, ha desarrollado un nuevo servicio, denominado 'Informes Financieros', que ofrece a los usuarios de la empresa "la información que les permite comprobar la solvencia de un posible cliente o colaborador en un solo 'click'".

La Generalitat Valenciana integrará sus 13 oficinas comerciales del exterior en la red del Estado

VALENCIA.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, firmarán la próxima semana un acuerdo para integrar las 13 oficinas comerciales de la Generalitat, dependientes del Instituto Valenciano de Exportación (IVEX), en la red del Estado. 

   En total, once de las oficinas valencianas en el exterior se integrarán en las oficinas económicas y comerciales del Estado, dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad, y dos más pasarán a formar parte de consulados dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, según ha informado Economía y Competitividad en un comunicado.
   Mediante este proceso de integración, que comenzará este mismo año, los delegados comerciales de esta comunidad autónoma prestarán los servicios de representación, promoción y asesoría comercial a las empresas valencianas desde la red de oficinas estatal, de una forma más coordinada y ahorrando costes de estructura.
   La Generalitat valenciana se convierte así en la primera comunidad autónoma en llevar a efecto la propuesta del Gobierno, que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, verbalizó en la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización, celebrado el pasado mes de febrero, y que se ha comunicado además por carta desde el Ministerio de Economía a todas las Comunidades Autónomas.
   "España no se puede permitir tener 120 oficinas comerciales en el exterior de comunidades autónomas, además de las 100 del Estado y que en una ciudad como Sao Paulo haya 11 oficinas comerciales de Comunidades Autónomas además de la del Estado", resaltó García-Legaz tras la reunión del Consejo Interterritorial.
   La iniciativa de integrar la red de oficinas comerciales de las comunidades autónomas en la del Estado está destinada a "ahorrar dinero al contribuyente y proyectar una imagen más seria de España en el extranjero" así como a "mejorar la marca España y evitar duplicidades y disfunciones", según García-Legaz.
   La integración de las oficinas comerciales autonómicas en la red del Estado forma parte de las medidas de impulso a la internacionalización en las que trabaja el Gobierno, entre las que figura la mejora de la coordinación para evitar duplicidades entre los distintos organismos de apoyo a la internacionalización, como son las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el Exterior y los centros u oficinas de representación y promoción comercial que las autonomías mantienen abiertas fuera de España.
   La medida permitirá a las comunidades autónomas reducir costes en sus tareas de apoyo a la internacionalización de sus empresas, conseguir la mejor coordinación en las actuaciones en el exterior del Estado y las comunidades autónomas, contribuir a reforzar la imagen exterior de la marca España y atender a una demanda cada vez más extendida entre el empresariado español de coordinación entre los agentes de apoyo a la internacionalización.

La exconsejera Angélica Such, imputada en la causa de financiación irregular

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsejera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts, la benidormí Angélica Such, y le ha citado a prestar declaración el próximo 30 de mayo, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

   Such, quien también es diputada del PP, tendrá que acudir a declarar a las 10.30 horas, en una investigación en la que el magistrado pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.
   Las primeras citaciones, después de varias modificaciones, serán el 26 de abril, día en que tendrán que acudir al TSJCV el exjefe de área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal (9.30 horas); el jefe del servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro (12.15 horas); y la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat valenciana, Dora Ibars (16.00 horas).
   Al día siguiente, el 27, están citados la exadministradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, Felisa Jordán; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret (11.30 horas). Asimismo, el 8 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá que prestar declaración, también en calidad de imputada, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez.
   En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el momento, a 26, ocho de los cuales son representantes legales de varias empresas. Entre los 26 imputados se encuentran cinco diputados de las Cortes Valencianas, algunos de ellos con cargos en el PPCV: Yolanda García --extesorera del PP--; David Serra --vicesecretario de Organización del partido--; Ricardo Costa --exsecretario general del PP--; Vicente Rambla, expresidente de la Generalitat valenciana y exconsejero de Industria, Comercio e Innovación.
   Junto a ellos, hay imputadas otras personas que han ocupado o desempeñan diferentes cargos en la Generalitat valenciana: Milagrosa Martínez; Rafael Betoret; Jorge Guarro; Dora Ibars; Angélica Such e Isaac Vidal.
   Asimismo, figura como imputada Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano; la empresaria Isabel Jordán; y el empresario Rafael Martínez --expresidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa)--.
   Además, en este procedimiento están imputados algunos de los presuntos cabecillas de la trama: el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', el exconsejero delegado de esta mercantil, Cándido Herrero; el expresidente de Special Events, Pablo Crespo; el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa; y el excontable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.
   Otros de los imputados, en concreto, ocho, son representantes legales de las mercantiles Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallada, Construcciones Hormigones Martínez, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Sedesa.
   La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat valenciana.
   En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

domingo, 1 de abril de 2012

Cerca de 50.000 personas participan en la procesión del Domingo de Ramos en Elche

ELCHE.- Cerca de 50.000 personas, según la Policía Local, han participado este domingo en la procesión del Domingo de Ramos de Elche acompañando al 'Pas de la Burreta', fiesta que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997. 

   Miles de palmas blancas se han fundido por las calles de la ciudad, con el palmeral histórico de Elche, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como telón de fondo. Junto al paso, las autoridades locales con la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, al frente, han exhibido las palmas ganadoras en el concurso. En esta edición, el primer premio de artesanía ha recaído en los Hermanos Jaén Diez y Serrano Valero.
   La alcaldesa de Elche ha destacado "la impresionante participación del pueblo ilicitano, y de un gran número de visitantes, en la procesión de Domingo de Ramos" y ha insistido en que se trata de "un día único para Elche, en el que se muestra la singularidad en el trenzado de la palma blanca", ha informado el consistorio en un comunicado.
   Elche produce más de 200.000 palmas blancas que se venden en toda España y se exportan al extranjero. Además, el organismo turístico de la ciudad, VisitElche, ha editado 50.000 certificaciones de origen de la palma blanca ilicitana, que han acompañado a los mejores ejemplares.
   El origen de la palma blanca se remonta a finales del siglo XIV y en ella participan cientos de personas que portan las palmas elaboradas artesanalmente en la ciudad por familias que mantienen viva la tradición generación tras generación. Se tiene conocimiento de esta fiesta desde el año 1371, cuando los ilicitanos ya salían a las calles a mostrar uno de los potenciales que han sabido explotar hasta la actualidad.
   Desde hace siglos, la localidad exporta palmas a otros países y entrega a las personalidades más ilustres una palma que destaca por su elaboración y por la simbología que alberga en su trabajo de trenzado.
   Este año, el ayuntamiento de Elche ha regalado palmas trenzadas a Su Majestad la Reina Doña Sofía, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y palmas lisas a Su Majestad el Rey de España, don Juan Carlos I, y al Obispo de Orihuela, Rafael Palmero Ramos.
   Para su producción se utilizan las ramas de las palmeras que, después de ser tratadas, se trenzan transformándolas en llamativas formas y figuras llenas de creatividad.

La nueva Ejecutiva del PSPV sale adelante con el 65,7% de los votos

ALICANTE.- El XII Congreso del PSPV ha aprobado con 303 votos, el 65,7 por ciento del total, la composición de la nueva Ejecutiva Nacional del partido liderada por Ximo Puig, que contará con Leire Pajín como su mano derecha y con Francesc Romeu en las labores de portavoz, además de otorgar las cinco vicesecretarías restantes a Alfred Boix, José Manuel Orengo, Miguel Soler, Ana Botella y Ana Barceló.

   La votación de la Ejecutiva Nacional, que se ha hecho pública a las 15.00 horas, ha arrojado un resultado de 303 votos a favor de la propuesta de Puig, del total de 469 votos emitidos, que supone el 65,7 por ciento, y 158 votos en blanco, un 34,2 por ciento, y ocho votos nulos.
   El nuevo secretario general del PSPV a su llegada este domingo a la Universidad de Alicante donde se celebra el congreso, ha explicado que la Ejecutiva que ha propuesto está integrada por "mucha gente nueva, dinámica, con muchas mujeres, las mismas que hombres", y se ha mostrado convencido de que este equipo "va a hacer un trabajo que va a ser muy beneficioso también seguro para lo que importa, que es la gente".
   De este modo, la nueva ejecutiva de los socialistas valencianos estará presidida por María Teresa Sempere, mientras que Pajín será la nueva vicesecretaria general. Romeu hará las veces de vicesecretario de Comunicación y portavoz.
   Por su parte, Boix ocupará la Vicesecretaría de Organización, Orengo la correspondiente a Relaciones Institucionales, Soler la de Política Económica, y Barceló y Botella se encargarán de Política Autonómica y Política Económica, respectivamente.
   Así, la nueva Ejecutiva Nacional del PSPV contará con 35 cargos: una Presidencia --Sempere--, una Secretaría General -Puig--, siete vicesecretarías y 26 secretarías. El responsable del área de Relaciones Políticas será Ciprià Ciscar y su homónima en Igualdad, Rosa Peris.
   El resto de secretarías son: Políticas Sociales, Anaïs Menguzatto; Movimientos Sociales, Ana Paula Cid; Integración, Wilson Ferrús; Turismo y Comercio, Antonio Bernabé; Industria, Jorge Rodríguez; Agricultura y Agua, Paco Rodríguez; Economía Pública, Julián López; Desarrollo Local, Verónica López; Formación, Fran Macià; Acción electoral, Victor Sahuquillo; Acción en la red, Juanjo Lozano; Coordinación de las Diputaciones, Concha Andrés; Grandes Ciudades, Joan Calabuig; Pequeños Municipios y Comarcas, Josep Gisbert.
   Además, la Secretaría de Asuntos Europeos ha recaído en Vicente Garcés; Infraestructuras y Sostenibilidad, en Paco Signes; Vivienda, María José Salvador; Alianza Intergeneracional, en Jesús Ros; Sanidad, Ignacio Subías; Universidades, Zulima Pérez; Cultura, Juan Soto; Política Lingüística, Carmelina Pla; Movilización y Dinamización, Federico Buyolo, y Programas e Ideas, Antonio Lorenzo. Igualmente, el Consejo Ejecutivo ha quedado compuesto por un total de 34 vocales.
   El resto de los órganos de gobierno del PSPV han conseguido igualmente el apoyo mayoritario de los delegados. Así, la propuesta para el Comité Nacional ha recibido 467 emitidos, de los cuales 327 han sido a favor -un 70,4 por ciento--, 137 votos en blanco -un 29,5 por ciento-- y tres han sido nulos.
   En cuanto al Comité Federal, se han emitido 467 votos, de los cuales 333 han sido positivos -el 71,9 por ciento--, 130 en blanco -el 28 por ciento- y cuatro nulos.
   La Comisión Revisora de Cuentas ha obtenido 327 votos favorables -el 70,6 por ciento--, 137 en blanco -un 29,3 por ciento-- y cinco nulos, de un total de 462 votos emitidos. La Comisión de Ética ha recibido un respaldo de 345 delegados -el 74,5 por ciento--, 118 en blanco -el 25,4 por ciento-- y cinco votos nulos.
   Puig ha destacado la composición de los órganos de gobierno del PSPV "integra a todo el mundo" y su disposición es "continuar integrándolo en el futuro, porque es evidente hay una vocación clarísima de integración en este proyecto y representa a todas las sensibilidades".
   "Todos los miembros que han ido en candidaturas están representados de una manera u otra en los distintos estamentos, el comité federal, el comité nacional o la propia Ejecutiva, y yo creo que aquí no acaba nada, sino que aquí se inicia un camino de integración que vamos a continuar en todos los ámbitos territoriales y sobre todo en los consells nacionales, que van a ser una especie de grandes espacios de debate sectoriales en los que también va a participar el conjunto de la organización", ha detallado.
   Por otra parte, Puig se ha referido a la alcaldía de Morella (Castellón), que con sus nuevas responsabilidades al frente del PSPV dejará, tal y como ya ha comunicado a sus compañeros de Consistorio, que conforman un "equipo magnífico" que se ha mostrado seguro que "continuará con su labor".

González Tovar y Ximo Puig de acuerdo en mantener una alianza política progresista entre Comunidad Valenciana y Murcia

ALICANTE.- El secretario general del PSRM-PSOE ha asistido este domingo a la clausura del 12º Congreso del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, en el que ha resultado elegido como nuevo secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. 

   Asimismo, este Congreso Regional ha sido clausurado por el Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   En el acto de clausura del Congreso, Pérez Rubalcaba ha aprovechado para felicitar públicamente a Rafael González Tovar por su reciente elección como nuevo secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, así como para mostrarle todo su apoyo al frente de su nueva responsabilidad.
   Igualmente, el nuevo Secretario General de los socialistas valencianos, Puig, ha resaltado en su intervención las acciones que conjuntamente llevarán a cabo con los socialistas de la Región de Murcia en las materias comunes a ambas Comunidades Autónomas, entre las que ha citado la apuesta irrenunciable por el Corredor ferroviario del Mediterráneo que está siendo puesto en cuestión por el actual Gobierno de España.
   Finalmente, ambos dirigentes se han comprometido a mantener una estrecha colaboración en todos los temas que afectan a ambas comunidades y a tener reuniones periódicas con sus equipos colaboradores.

El barco del desierto, un buque insignia para la causa saharaui


ALMERÍA.- Hay un barco varado en el desierto de la Hamada argelina, en los campos de refugiados de Rabouni y a cientos de kilómetros del puerto más cercano, en un lugar que, como ocurre con el pueblo saharaui, no le corresponde. Un sitio que no es su sitio, recuerda hoy 'El Mundo'.

Es el 'barco del desierto', según le ha bautizado un grupo de españoles que ha ideado un proyecto para convertirlo en un museo itinerante del arte de este pueblo y, a su vez, en el buque insignia de su causa humanitaria y política, con el que pretenden salir de los campamentos de refugiados para "repartir dignidad en cada uno de los puertos europeos en los que atraque".
Su objetivo también es reivindicar el cumplimiento de la legalidad internacional y "romper el muro de silencio del que es víctima al pueblo saharaui", expulsado de su propia tierra.
Para ello, ya se ha creado la Asociación de Amigos del Barco del Desierto, que preside el teniente coronel de aviación y abogado de Greenpeace José Ignacio Domínguez, y del que también forman parte un grupo de artistas saharauis encabezados por el pintor Moulud Yeslem, quienes llevarán su obra a los puertos europeos. Y es que el proyecto intenta también llamar la atención sobre el olvido del arte saharaui y de sus artistas, quienes no pueden dar a conocer su obra porque están atrapados y encerrados en un desierto, lejos de su patria. Pero la asociación está también abierta a otras colaboraciones.
El Gobierno saharaui ya ha donado el barco, de 12 metros de eslora y provisto de dos potentes motores que, paradójicamente, jamás ha navegado -está sin estrenar y sin matricular- desde que a finales de los años 70 fuera regalado al Frente Polisario por Muamar el Gadafi y trasladado desde Roma, donde fue construido, hasta el desierto africano.
La idea de la asociación es trasladar después del verano el 'barco del desierto' en barco desde el puerto de Orán hasta Alicante y, a continuación, hasta Garrucha o Carboneras, en Almería, donde será reparado y botado para, a continuación, recorrer distintos puertos españoles, como Cádiz, Valencia, Barcelona, Bilbao o La Coruña, antes de dirigirse hasta su objetivo fundamental, Estrasburgo, a través del Ródano, los canales que lo conectan con el Rin, hasta llegar a la sede del Parlamento Europeo.
En el barco del desierto viajará una familia saharaui, un matrimonio con uno o dos hijos. Una familia que nunca ha visto el mar, aunque sus antepasados faenaran sus aguas y vivieran de él, y que representará a su pueblo en los distintos puertos del recorrido. Además de pinturas, esculturas y otras muestras artísticas saharauis, en la embarcación viajarán cartas y dibujos de miles de niños de este pueblo, que serán entregados a los parlamentarios europeos.
El proyecto del barco del desierto pretende que para el pueblo saharaui, cada puerto será una etapa, donde se organicen actos por las asociaciones solidarias a lo largo de varios días para festejar su visita, como charlas en las escuelas o intercambio de dibujos solidarios. La intención es que cada recibimiento se convierta "en una exigencia de la ciudadanía hacia los gobernantes de todo el mundo, para que cumplan el Derecho Internacional respecto al Sáhara Occidental", explica José Ignacio Domínguez.
Toda la aventura del barco del desierto será grabada para realizar un documental que ayudará a sufragar la aventura y a hacerla llegar a todos los rincones del mundo. La asociación también pretende nombrar como madrina de la embarcación a una mujer de relevancia internacional, una cuestión que considera fundamental para el éxito y el eco mediático del proyecto.

La crisis retira 10.000 camiones y furgonetas al año de las carreteras valencianas

VALENCIA.- La caída del consumo y el hundimiento del sector del transporte, unido al aumento de gastos como el del gasóleo (que ha subido casi un 60 % en tres años), ha provocado una drástica reducción del número de camiones y furgonetas censados en la Comunitat Valenciana. Entre los años 2008 y finales de 2011, han pasado de 543.384 a 512.679. Es decir, la crisis se ha llevado por delante 30.705 camiones y furgonetas. La cifra equivale a 10.000 vehículos por cada año de crisis; 27 camiones y furgonetas menos por día; más de uno por hora, según publica el diario 'Levante'. 

Esta es la respuesta física a datos como el conocido la semana pasada: el tránsito de mercancías de las empresas valencianas se ha situado al nivel de los años noventa después de que la actividad del sector cayera otro 8,5 % en 2011.

¿Y adónde han ido a parar estos vehículos de transporte? «La mayoría se está vendiendo al extranjero, sobre todo a África y a Europa del Este, y muchas veces se venden casi a precio de chatarra. Porque los problemas económicos de muchos autónomos les obligan a vender su camión como sea y abandonar el sector», explica Juan José Ramírez, presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos (Asovaltra).

 Las estadísticas de la DGT ponen cifras a este fenómeno. Si de las bajas de camiones y furgonetas del año 2006 menos de un 6 % iban a la exportación o al tránsito comunitario —venta al extranjero o a la UE—, en 2011 hubo un 23 % de bajas derivadas de la venta al extranjero de esta clase de vehículo pesado. En total, el año pasado se vendieron 3.744 camiones y furgonetas de la Comunitat Valenciana a países del extranjero (en 2006 se vendieron fuera 1.006). Así pues, se ha cuadruplicado en cinco años el porcentaje de camiones y furgonetas que se dan de baja por venderse en el extranjero.

Juan José Ramírez explica que «hay muchos camiones rígidos, de 12 a 14 toneladas, que en su día costaron 40.000 euros y que se están vendiendo por 3.000 euros (carrocería incluida) a países como Marruecos o Mauritania». ¿Por qué? Porque la venta del camión es «una forma rápida de conseguir algo de dinero» en casos en los que el autónomo «se ha visto sin poder cobrar deudas que arrastraba con empresas en concursos de acreedores (especialmente en el sector de la construcción) y que no tienen un colchón económico ni posibilidad de acceder a crédito de los bancos», agrega Ramírez.

El presidente de Asovaltra añade que la venta del camión es inevitable cuando un transportista autónomo ve que los gastos que le supone el camión le están ahogando. Porque el vehículo no puede dejarlo parado. «Si un camión lo dejas parado, lo primero que pasa es que se devalúa. Después, si no puedes guardarlo en un parking y lo has de tener aparcado en un polígono industrial, te empiezan a robar piezas. Y como usar el camión te cuesta dinero, muchos optan por venderlo, al dinero que sea, y acabar así con los gastos», dice. Y cuando se habla de gastos, sólo los camioneros conocen la magnitud de la tragedia.

Gasóleo: alcanza 1,43 euros por litro y un camión consume entre los 24 y los 28 litros a los cien kilómetros.

Seguro: un camión lleva el seguro de la cabeza tractora, el del semirremolque, uno de responsabilidad civil por si la mercancía se cae, y otro por si le roban o se pierde la carga. En total, cuatro seguros mínimos que cuestan unos 2.000 euros al año. Mantenimiento: cada dos años hay que cambiar las ruedas, y a un precio medio de 300-350 euros por rueda, con 18 neumáticos que tiene un tráiler, cuesta unos 6.000 euros. Y el cambio periódico de aceite y filtros ronda los 350 euros.

Reparaciones: son tan caras que, cada vez más, hay transportistas autónomos que no pueden pagarlas (ni menos aún acceder a créditos bancarios) y tienen que deshacerse del camión por este motivo, porque cada dos años (cuando renuevan su Tarjeta de Transportista) han de pasar la ITV y deben tener el vehículo perfectamente en regla.

Con todo, un camionero autónomo (que además se paga la Seguridad Social) necesita, de media, «unos 1.700 euros al mes» como mínimo para funcionar. «Si no va a facturar ni eso, o no le van a pagar o le van a pagar muy tarde y no puede aguantar sin liquidez, compensa más quedarse en casa y vender el camión», explica el presidente de los camioneros autónomos. Y eso es lo que está pasando.

Pero también las empresas sufren: durante la crisis ha desaparecido el 15 % de las empresas de transporte por carretera (unas 19.000 en toda España). Los carriles derechos de las autovías están cada vez más vacíos. Suenan menos bocinazos de saludo entre camioneros y entre transportistas de furgonetas. Y sus vehículos están siendo víctimas de una emigración forzosa, un exilio de no retorno.

Alicante entre las provincias españolas a la cabeza en despidos durante 2011

MADRID.- En España, los Juzgados de lo Social registraron en 2011 un total de 117.613 demandas por despidos, lo que supone un aumento del 5,1% respecto a 2010 y una vuelta al crecimiento tras las disminuciones interanuales registradas desde el cuarto trimestre de 2009, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

   En el cuarto trimestre del pasado año se registraron 29.955 demandas por despido, lo que representa un aumento del 12,9% respecto del mismo trimestre del año anterior, el mayor crecimiento de todo 2011.
   Por otro lado, en la jurisdicción social se presentaron además 37.899 reclamaciones de cantidad por impagos derivados de extinciones de contratos e indemnizaciones en el cuarto trimestre de 2011, lo que supuso un descenso del 4,5 por ciento.
   Por provincias, los juzgados de Madrid fueron los que más demandas por despidos registraron en 2011, con un total de 18.968 procesos, un 5,51% más que en el año anterior. En segundo lugar se situó Barcelona con un total de 17.355 demandas, un 2,6% más que el año anterior.
   Por detrás y con cifras menores se situaron Valencia, con un total de 7.332 procesos judiciales por despido en todo el año pasado, un 2,1% más que en 2010, Alicante con 4.747 demandas, un 2,3% menos, y Sevilla con un total de 4.573, un 13,7% más.
    Por último, las reclamaciones de cantidad entre empresarios y trabajadores por despedidos disminuyeron en todos los trimestres de 2011, con una caída en el conjunta del año del 8,7%. Esta disminución se puede deber a que se están acumulando las reclamaciones de cantidad en las propias demandas por despido, según informa el CGPJ.