viernes, 20 de abril de 2012

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".
   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".
   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".
   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.
   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".
  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".
   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

Hacienda dice que cualquier CCAA puede ser intervenida de forma "inmediata"

MADRID.- La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad presupuestaria organizada por la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano, donde no ha querido precisar si el Gobierno tiene ya en mente a algún territorio concreto.
   La secretaria de Estado ha explicado que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.
   En este sentido, ha confiado en que la Ley ya esté plenamente en vigor en ese momento, tras su paso por el Senado la semana que viene, de forma que se puedan aplicar "todos y cada uno" de los mecanismos para proceder "contundentemente" en esta materia.
   Currás ha admitido que el Gobierno puede haber rechazado ya algunos de los planes de reequilibrio presentados por las comunidades, aunque no ha querido especificar cuáles y se ha limitado a explicar que no se trata de un rechazo en sí, sino que forma parte del procedimiento para consensuar dichos planes.
   En cualquier caso, ha afirmado que todas las comunidades autónomas están recibiendo sugerencias y recomendaciones, que además suelen ser bien recibidas por los diferentes territorios. "Cualquier recomendación de la Secretaría de Estado de Hacienda es bien aceptada por las comunidades", ha dicho.
   Durante su participación en las jornadas, Currás ha repasado las líneas principales de la Ley de Estabilidad, que no puede ser otra cosa que "la hoja de ruta" que debe guiar a todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.
   A su parecer, la norma permitirá a las administraciones cumplir "sin fisuras y devaneos", y ayudará así a superar la crisis que atraviesa la economía española y a recuperar la confianza, algo necesario, aunque suponga asumir algunos "sacrificios" a corto plazo. "Vale la pena", ha dicho.
   Según Currás, el Gobierno aspira a que la Ley de Estabilidad imponga "comportamiento constante" en todas las administraciones, ya que se basa en la estabilidad, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación de recursos, la responsabilidad y la corresponsabilidad. "El Gobierno tiene el firme compromiso de cumplir (la ley)", ha aseverado.

jueves, 19 de abril de 2012

La valenciana será de las CCAA más beneficiadas por compensar el gasto sanitario a desplazados

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana será una de las comunidades autónomas que obtendrá mayores beneficios por la compensación del gasto que realiza en atender a los desplazados, tanto nacionales como extranjeros, según ha asegurado en un comunicado la Generalitat, quien ha explicado que la Comunitat Valenciana recibió el pasado año 21.7 millones de turistas, tras Andalucía y Cataluña. 

   El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió el miércoles crear el Fondo de Garantía Asistencial, con el que se reembolsará a las autonomías parte del gasto generado por la asistencia de personas sin cobertura en su sistema sanitario.
   Este fondo tiene un doble objetivo, por un lado, garantizar la atención a los pacientes de zonas limítrofes o desplazados temporales y, por otro, compensar a las comunidades autónomas que prestan este servicio y responder a sus necesidades financieras tras prestar asistencia.
   Este fondo permitirá a la Comunitat recuperar en torno a 100 millones del gasto de la asistencia a desplazados, lo que supone que la Comunitat podrá recuperar el 48 por ciento del total del gasto. El conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha calificado de "relevante" para la Comunitat la creación de este fondo, que "responde a una reclamación de casi todas las autonomías en las que hay una presión asistencial importante por la llegada de habitantes de otras comunidades".
   Rosado ha indicado que "desde hace tiempo el Consell reclamaba la formación de un fondo específico para que los sistemas sanitarios regionales sean compensados por todas las asistencias que prestan a los desplazados y que dicha compensación alcance la totalidad de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, tanto en el caso de asistencia programada como urgente y por todo tipo de proceso".
   La Comunitat es una autonomía eminentemente receptora de turismo, lo que supone una gran fuente de ingresos, pero supone que en ocasiones se requiera una asistencia sanitaria y farmacéutica con carácter de urgencia que puede conllevar o no un ingreso hospitalario.
   Desde el Consell han señalado que la asistencia a desplazados genera un gasto en la sanidad valenciana que hasta ahora, en su mayoría, no era compensada por el Gobierno central dada la legislación actual. También es frecuente prestar asistencia programada a pacientes de otras Comunidades Autónomas que, no estando empadronados en la Comunitat Valenciana, pasan largas temporadas en ésta.
   La normativa estatal vigente hasta ahora establece que el Fondo de Cohesión Sanitaria será la herramienta cuyo objeto es garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, así como la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países terceros.
   El problema de este fondo es que sólo reconoce una pequeña parte de la totalidad de las asistencias, ya que establece que sólo son objeto de compensación económica determinados tipos de asistencias que hayan sido derivadas previamente entre comunidades autónomas con carácter programado. Aún en el caso de que reúna las indicaciones anteriores, el Fondo sólo compensa el 80 por ciento del coste de las asistencias prestadas.
   Durante el año 2011 la asistencia a desplazados generó un gasto de 210 millones de euros, de los cuales 165 correspondían a nacionales y 45 a extranjeros. La atención especializada supuso 101,5 millones de euros, la atención primaria 57,5 y la farmacia 51 millones.

Cerca de 260.000 personas participan en la romería al monasterio de la Santa Faz


ALICANTE.- Cerca de 260.000 personas han participado este jueves en la tradicional romería al monasterio de la Santa Faz, en Alicante, una jornada que se ha desarrollado sin incidentes, y en la que los peregrinos han recorrido los ocho kilómetros que separan la concatedral de San Nicolás, en el centro de la capital, del templo en el que se guarda una de las tres réplicas que existen en el mundo del manto en el que quedó grabado el rostro de Jesús cuando iba a ser crucificado.

   La jornada ha comenzado sobre las 8.10 horas, cuando la comitiva oficial, encabezada por el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, en su primera asistencia como jefe del Consell, y por la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, ha emprendido la marcha hacia el monasterio, en una jornada marcada por las fuertes rachas de viento. 

Fabra ha asistido a esta tradicional jornada alicantina por primera vez en calidad de presidente autonómico, y junto a parte de su equipo de gobierno en las Cortes Valencianas, han acompañado a un nutrido grupo de representantes políticos de la provincia de Alicante, liderados por la primera edil de la capital, así como a decenas de miles de alicantinos.
  
   Hacia las 9.45, los representantes políticos y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, han llegado al destino, donde han procedido a abrir --sin ningún tipo de percance-- el camarín para extraer la reliquia a la plaza situada frente al templo, y se ha oficiado una misa.
   La cifra de asistentes y el parte de incidencias los ha dado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva, quien ha destacado que la jornada ha discurrido con total normalidad y en ausencia de incidentes graves.
   Así, hasta primera hora de la tarde, los servicios de asistencia dispuestos por el consistorio han registrado un total de 68 intervenciones, todas de carácter leve, principalmente por caídas, torceduras, rozaduras, lipotimias o intoxicaciones etílicas.
   De todas ellas, seis personas han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios, dos por convulsiones, un menor que había ingerido pastillas y alcohol, otras dos intoxicaciones etílicas, y un agente de la Policía Nacional que se ha fracturado una pierna tras un accidente con la motocicleta que conducía.
   Igualmente, durante la celebración de la misa en la plaza del monasterio, los servicios sanitarios han atendido a otras dos personas, una joven con una crisis de ansiedad, y un menor al que le ha dado una lipotimia.
   Por su parte, los bomberos de la ciudad han realizado pequeñas intervenciones relacionadas con el viento, como la reparación de los toldos de dos viviendas de la ciudad, una en la calle Médico Vicente Reyes, y otra en la avenida Costa Blanca; o la retirada de un árbol que había sido tumbado en la calle Tomás Aznar Doménech.
   Por otra parte, Seva también ha explicado que el exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi ha sufrido una caída tras tropezar en la calle Villavieja, al inicio de la romería, a consecuencia de la cual ha tenido que regresar a su domicilio, si bien no ha precisado de asistencia, ya que únicamente se ha hecho una pequeña herida en uno de sus codos.
 
Declaraciones en el monasterio
 
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha destacado este jueves la "muestra de fe, devoción y compromiso" que, en su opinión, representa la peregrinación de miles de alicantinos al monasterio de la Santa Faz, y en la que el jefe del Consell ha participado por primera vez en calidad de máximo representante del Gobierno valenciano.    Fabra ha realizado estas declaraciones a los periodistas a su llegada al monasterio de la Santa Faz, hasta el que cada año peregrinan miles de personas, en un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros, distancia desde la concatedral de San Nicolás, en el centro de Alicante y que se recorre a pié en dos horas.
   Así, el jefe del Consell ha resaltado que es su primera participación en la 'peregrina' --nombre que recibe la romería-- como presidente de la Generalitat, y ha valorado la "muestra de fe, devoción y de compromiso" que representa esta tradición para el pueblo alicantino.
   "De compromiso con las creencias de cada uno, pero sobre todo con un territorio y con una sociedad. He podido comprobar cómo la fuerza de un pueblo se ha dirigido hacia el monasterio de la Santa Faz a pedirle y a rogarle que, sobre todo, nos proteja y que nos ayude, como pueblo, a salir adelante, con nuestro compromiso y con nuestra fuerza", ha subrayado.
   Igualmente, ha incidido en que ha podido "comprobar cómo miles y miles de ciudadanos han querido estar presentes" en el monasterio, "hacer esa demostración de pueblo, de fuerza y manteniendo la cultura, las tradiciones y la historia de un pueblo tan importante y fundamental para la Comunitat Valenciana como el alicantino".
   Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha manifestado a los periodistas que no le ha pedido nada a la reliquia con el rostro de la Santa Faz --según dicta la tradición--, ya que, a su juicio, "llega un momento en el que, evidentemente, uno se conforma con lo que tiene".
"Madrecita, madrecita, que me quede como estoy", ha añadido, haciendo uso del dicho popular.
   La primera edil alicantina también ha hecho referencia a la rapidez con la que ha realizado el recorrido la comitiva oficial, compuesta por los representantes políticos, y que ha llegado a la plaza del monasterio sobre las 9.45 horas, tras partir de la concatedral de San Nicolás sobre las 8.10 de la mañana.
   Además, ha confesado que la jornada "ha sido muy agradable, ya que el tiempo ha acompañado", a pesar de las ráfagas de viento, y ha apuntado que "lo que cabe esperar es que finalice el día sin ningún tipo de incidentes y que todos los alicantinos y los no alicantinos que han venido de fuera a disfrutar de este día puedan hacerlo con mucha tranquilidad".

Parte de incidentes

La Agrupación de Protección Civil de Alicante y los servicios médicos han atendido a un total de 98 personas en el Centro de Coordinación de Emergencias y en los diferentes puntos de asistencia del recorrido de la Romería de la Santa Faz y, además, han tenido que trasladar a siete de esas personas al Hospital de San Juan y a otra más, un policía nacional que ha sufrido una fractura en una pierna tras un accidente en moto, a la Clínica Vistahermosa.    Según ha informado la Concejalía de Seguridad, la mayoría de las atenciones sanitarias son leves y corresponden a caídas en la calzada, golpes, cortes y torceduras.
   Además, se han registrado 15 lipotimias y también rozaduras, contusiones, ataques de ansiedad, intoxicaciones etílicas, así como cortes y llagas en los pies por realizar la peregrinación descalzos o con calzado no adecuado.
   Según fuentes de Protección Civil, las intervenciones más importantes han sido por un accidente en moto que ha tenido lugar en la avenida de Denia, en el que un policía nacional ha tenido que ser trasladado a la Clínica Vistahermosa con una fractura en una pierna.
   Además, a primera hora han atendido a una embarazada de cuatro meses por lipotimia y a dos personas que han sufrido convulsiones y un amago de infarto que han sido trasladadas al hospital de San Juan, así como a un menor que también requirió ser trasladado porque presentaba intoxicación por consumo de barbitúricos y alcohol.
   El resto de heridos trasladados al Hospital de San Juan son dos personas por esguinces, dos comas etílicos, y dos ataques de ansiedad con bajadas de tensión. Además, en la Carpa Hospital se han atendido un total de quince intoxicaciones etílicas.
   El edil de Seguridad, Juan Seva, ha agradecido la labor y el excelente trabajo que han realizado hoy los cuerpos de seguridad, y los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil logrando que la romería transcurra con total normalidad y sin grandes incidencias.
   Según fuentes de la Policía Local, sólo han actuado para disolver algunos altercados o peleas sin heridos y han tenido que trasladar parte de los efectivos policiales a la playa de San Juan, debido a la gran concentración de jóvenes que se han desplazado hasta allí, donde el CICU ha atendido varias intoxicaciones etílicas.
 

Puig dice que el Consell está "intervenido por el PP de Génova" y tilda los recortes de inaceptables

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha considerado este jueves que el Consell "está intervenido por el PP de Génova" --sede nacional de los 'populares'--, lo que a su juicio, ha ocasionado que el Ejecutivo autonómico haya "asumido recortes imposibles de aceptar para la Comunitat Valenciana", como el copago farmacéutico o los ajustes en Educación.

   Puig ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la tradicional romería a la Santa Faz, en Alicante, al ser requerido para que hiciera una valoración de la actualidad regional y de su participación en la jornada festiva alicantina.
   Así, el secretario general de los socialistas valencianos ha afirmado que la Comunitat "vive una grave crisis económica, social y moral", de la que ha responsabilizado al actual equipo de gobierno autonómico, del PP, al que ha calificado de "muy negativo" para la región.
   Igualmente, ha mostrado su esperanza para poder, "entre todos, salir de la crisis con cohesión social", y evitar "que las personas con más dificultades tengan que pagar" por la actual coyuntura económica. "Hay que buscar espacios de acuerdo, y los socialistas vamos a estar ahí", ha añadido.
   Además, ha subrayado que, a su juicio, el Gobierno de la Generalitat valenciana "está desnortado, no tiene opinión propia", y ha apuntado que está "intervenido por el PP de Génova". "Eso tiene un coste para la Comunitat, y es asumir recortes imposibles de aceptar. Forma parte de esa falta de dirección", ha enfatizado al respecto.
   Puig también ha resaltado la necesidad de "buscar más lo que une que lo que separa", y ha destacado que la Comunitat Valenciana, "durante muchas décadas, ha sido solidaria con España, y ahora España tiene que ser solidaria con la Comunitat".
   El líder del PSPV ha afirmado que desde el ejecutivo valenciano "no puede haber sumisión a Madrid", y ha apostillado que "ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ni el PP autonómico, ni el Consell tienen capacidad de reacción".

El PSPV seguirá personado en la causa de presunta financiación ilegal del PPCV

VALENCIA.- La nueva dirección nacional del PSPV ha decidido mantenerse en la causa por presunta financiación ilegal del PPCV derivada del 'caso Gürtel' que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según han informado hoy fuentes socialistas. 

   Así, la formación socialista permanecerá como acusación en esta causa, aunque se apuntó la posibilidad de que podría retirarse del procedimiento ya que el nuevo secretario general, Ximo Puig, es más partidario de denunciar la corrupción desde el ámbito político que desde el judicial.
   El PSPV irá viendo "caso a caso" para elegir la vía más adecuada en cada momento, pero en la causa por presunta financiación irregular del PPCV "se mantiene toda la acción jurídica y el partido no da un paso atrás", según han indicado las mismas fuentes.
   El vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts y diputado socialista, Ángel Luna, --uno de los firmantes de la querella-- ha valorado que el partido siga adelante en esta causa, ya que "ahora viene lo importante", ha señalado.
   "Éste el grueso del caso Gürtel", ha destacado Luna, para quien la conocida como 'causa de los trajes' "nunca se debía haber separado del resto, porque todo forma parte de una trama corrupta y de las relaciones que ha tenido con la Generalitat y con la cúpula del PPCV".

Jet2.com alcanzará los 47 vuelos semanales del Reino Unido hacia Alicante y la Costa Blanca este verano

ALICANTE.- Jet2.com alcanzará este verano los 47 vuelos semanales desde el Reino Unido hacia Alicante y la Costa Blanca, según ha avanzado este jueves el director general de la compañía, Steve Heapy, quien junto con el director de la agencia NT Incoming, Joan Pascual, ha presentado en Benidorm los planes del turoperador y la compañía aérea para 2012 en esta zona. 

   Jet2.com impulsará un incremento interanual de plazas disponibles hacia Alicante en esta temporada que se cifra en un 18 por ciento en comparación con el año pasado, a través del nuevo enlace con Edimburgo (que empezó a operar a finales de marzo) y con la prolongación del periodo de operaciones de los enlaces estivales.
   La compañía tiene en Alicante uno de sus "puntos estratégicos más importantes", ya que, de los once aeropuertos españoles en los que opera, El Altet es el único, junto con Palma de Mallorca, que tiene conexión con todas las ocho bases de la aerolínea en el Reino Unido. Además de a Edimburgo, Jet2.com tienes vuelos directos a Leeds, Manchester, Belfast, Glasgow, Blackpool, Newcastle y East Midlands.
   El turoperador Jet2holidays, que se apoya en los vuelos realizados por la aerolínea Jet2.com, ofrece paquetes vacacionales completos a aquellos turistas británicos que deseen transcurrir unos días o unas semanas en la Costa Blanca. En España, el turoperador opera con NT incoming como agencia receptiva exclusiva que dispone de una red de oficinas en los principales destinos turísticos que le convierte en un agente con "fuerte implantación" en el territorio.
   Según la aerolínea, este 2012 los vuelos estacionales se alargarán hasta el 18 de noviembre, para que los viajeros británicos puedan disfrutar de las populares Fiestas Patronales de Benidorm. Además, la ruta con Manchester se mantendrá activa también entre el 20 de diciembre y el 6 de enero de 2013, para facilitar los desplazamientos entre las dos ciudades en Navidades y Fin de Año. La compañía prevé un crecimiento en verano de 2012 del 20 por ciento comparado con el periodo anterior, mientras que para invierno se registrará un aumento del seis por ciento.
   El director general de Jet2holidays, Steve Heapy, ha comentado  que Alicante "sigue creciendo entre los destinos más apreciados por nuestros clientes". "Sus playas, sus múltiples y diferentes atractivos, la modernidad de sus estructuras hoteleras y sus opciones para todos los bolsillos hacen que la Costa Blanca esté entre los destinos favoritos de nuestros clientes británicos. Nosotros respondemos a esta demanda ampliando nuestra oferta de paquetes vacacionales cada vez más completos y de calidad", ha explicado.
   Jet2holidays transportó la temporada 2010/2011 a 98.000 pasajeros, un 52 por ciento más en relación con el periodo anterior. Para este año, esta cifra ha subido a más de 200.000, un 105 por ciento más. Desde diciembre de 2009, la compañía empezó la contratación directa de hoteles y tiene ahora relación directa con más de 1000 establecimientos.

Rajoy dice que "no hay dinero en España para los servicios públicos"

BOGOTÁ.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el jueves un esfuerzo a los españoles ante los recortes de Sanidad y Educación anunciados en los últimos días, en un contexto de fuerte crisis económica que ha dejado a casi cinco millones de españoles en el paro.

"Se trata de pedir un esfuerzo (...) es necesario, es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos", dijo a la prensa en Colombia, donde se encuentra en visita oficial.
"Vamos a seguir haciendo reformas en el futuro, no queda más remedio, son el pasaporte para superar esta difícil situación", añadió.
España se encuentra bajo presión de la Unión Europea y los mercados financieros para reducir el gasto público con la intención de alcanzar en 2013 el compromiso pactado con Bruselas de un déficit del 3 por ciento.
El Gobierno ha anunciado en los últimos días reformas en los sensibles departamentos de Educación y Sanidad, añadiendo un ahorro de 10.000 millones a los sobrios presupuestos generales del Estado presentados este mes.
Esas reformas elevan el precio que los españoles tendrán que pagar por los medicamentos con receta o por la universidad, además de aumentar las horas lectivas de los profesores o reforzar la coordinación en la gestión sanitaria en las diferentes comunidades autónomas.

Felipe González no lo ve así

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho hoy que "hay una salida a la crisis pero no por la senda que vamos", en un acto de homenaje organizado por Radio Sevilla con motivo del 20 aniversario de la Expo 92, que se cumple mañana.
La salida de la crisis no pasa "por la destrucción de una sociedad cohesionada, ni por el liberalismo que nos llevó a esta crisis", según González, quien ha añadido que "hay que ayudar a este gobierno aunque no se deje ayudar, porque lo importante es salir de la crisis".
"Hay que cambiar la política europea", ha insistido González, que ha acusado a la canciller alemana, Angela Merkel, de que "no comprende que una Europa alemana siempre fue un desastre para Europa y para Alemania, y que Alemania funciona con perspectiva de futuro cuando es una Alemania europea".
González ha calificado de "caótica" la actual situación europea en la que "los que se sienten coyunturalmente más perjudicados critican a los más próximos", y ha insistido en que "el problema es Merkel" y en que por sus políticas se prolongará la crisis, porque "la austeridad es necesaria, pero no para que baje la economía de dos puntos en dos puntos".
González ha confesado que está "irritado con el uso electoral que Sarkozy hace de España, cuando lo que hace falta es un presidente que le diga a Merkel que no lleva razón", a la vez que ha advertido de que "los mercados serios no van a invertir hasta que no vean posibilidad de crecimiento".
El expresidente ha recordado que la deuda del Reino Unido es superior a la de España y paga intereses del 1 % en vez del 6 %, porque tanto el banco central británico como la reserva federal estadounidense propician la liquidez e impiden que los especuladores les marquen el ritmo.
Al mismo tiempo ha lamentado que Merkel se acompañe de "talibanes que no permiten que el Banco Central Europeo cumpla su función" y ha calificado de "dogma estúpido" el déficit cero.
González ha pedido "acompasar la deuda para reducir el déficit con tiempo" y se ha preguntado "¿el imperativo categórico del déficit en el 3 % a costa de qué?, para responderse: "Mientras más caiga la economía menos valen los activos, más capital se necesita y menos liquidez y más paro" y volver a preguntarse: "¿A cambio de qué se están produciendo los sacrificios?"
En el plano nacional, González ha señalado que España "necesita una política de austeridad, pero que impuesta será un error dramático porque acabará con la economía", por lo que ha señalado que al acometer las reformas estructurales precisas "es mejor que haya consenso y diálogo, sin destruir lo que ya se ha hecho".
"Si acertamos el 20 % para salir de la crisis -ha dicho- el 80 % restante dependerá de que seamos capaces de encontrar el camino como europeos".

Cayo Lara insta al Gobierno a hacer campaña contra el fraude

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al Gobierno a hacer campaña contra el fraude, que ha cifrado en 90.000 millones de euros anuales entre los 60.000 millones por empresas que eluden el pago de impuestos y los 30.000 millones a los que se eleva la economía sumergida, señalando que, según un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011, España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.

   En rueda de prensa en el Congreso y en la semana en que han comenzado los debates parlamentarios sobre los presupuestos de 2012, Lara ha insistido en que "hay alternativas a los recortes", que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE.
   Así, ha recordado que el Gobierno podría "hacer campañas publicitarias" y "una reforma fiscal progresiva" para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer "amnistías fiscales" y "rebajar impuestos".
   "Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional, sino que tiene que ser una obligación. Es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública", ha zanjado.
   En este punto, Lara ha hecho referencia al informe 'El coste del abuso fiscal' de la organización Tax Justice Network sobre el nivel de fraude fiscal de 145 países, basado en datos oficiales sobre PIB de cada gobierno así como las estimaciones del Banco Mundial sobre economía sumergida.
   Este documento sitúa a España, con un 22,5% de economía sumergida, como el décimo país donde más fraude se registra, con 107.350 millones de dólares menos de recaudación. El ranking lo encabeza Estados Unidos que, con una tasa de economía sumergida del 8,6%, deja de recaudar 337.349 millones de dólares.
   Ocupan los siguientes puestos Brasil (280.111 millones), Italia (238.723 millones), Rusia (221.023 millones), Alemania (214.996 millones), Francia (171.264 millones), Japón (171.147 millones), China (134.385 millones) y Reino Unido (109.216 millones); si bien el porcentaje de economía sumergida con respecto al PIB nacional sólo Rusia (43,8%) y Brasil (39%) tienen porcentajes superiores al de España.
   Así, la evasión fiscal en el total de los países analizados (que suman el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta) se estima en 3,1 trillones de dólares, equivalente al 5,1% del PIB global. Una cifra equivalente al 54,9% de lo que los estados analizados invierten anualmente en sus departamentos de Sanidad pública, cifrado en 5,7 trillones de dólares.
   Por continentes, la economía sumergida registra sus cotas más altas en África (34,8% del PIB) y Sudamérica (36,8%), mientras que Europa (20,5%) supera las cifras tanto de Asia (17,7%) como de Oceanía (14,1%) y Norte América (10,8%). Sin embargo, las mayores consecuencias económicas recaen en el Viejo Continente, que deja de recaudar 1,5 billones de dólares al año, más del doble de lo defraudado en Asia (665.000 millones) y muy por encima de los 452.000 millones de Norte América.
   Esto supone, concluye el informe, que uno de cada seis dólares que circulan en el mundo no paga impuestos, una ratio que baja a uno de cada cinco dólares en Europa, con picos en países como Italia o Grecia.

Investigan sueldos, indemnizaciones y prejubilaciones en las cajas de CyL

VALLADOLID.- Las fiscalías provinciales de León, Soria y Segovia mantienen abiertas distintas investigaciones con el fin de depurar posibles responsabilidades penales respecto de los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y personal directivo de las entidades de ahorro de Castilla y León, en concreto de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.

   Las tres vías investigadoras son consecuencia de la denuncia interpuesta en noviembre de 2011 ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por el coordinador regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, José María González Suárez, después, además, de que el Fiscal Superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo, elevara consulta a la Fiscalía General del Estado sobre si las pesquisas eran competencia de Fiscalía Anticorrupción y la respuesta de Eduardo Torres Dulce fuera que las mismas competían a cada una de las fiscalías provinciales.
   Y es que Torres Dulce, según una información del diario El Mundo, entendía que "no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta" y que "no hay razones fundadas" para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.
   El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que a finales del pasado mes de enero, tras recibir la consulta evacuada a la Fiscalía General del Estado, dio órdenes para que se iniciaran las investigaciones en la Comunidad, que, según ha precisado, llevan a cabo las fiscalías de León, Segovia y Soria, "que desde entonces estarán haciendo lo que tengan que hacer".
   Martín Granizo, quien ha indicado que entre las supuestas conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios y contra el patrimonio, ha apuntado además que "en León ya tenían alguna otra denuncia, al igual que en Segovia por los mismos hechos, que se han remitido al juzgado".
   La denuncia de IU que ha dado origen al proceso investigador incluía una serie de supuestas irregularidades desde 2008 y entre las que destacan una serie de "créditos de escasa solvencia" o en condiciones "ventajosas" para algunos consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.
   Dentro de esos préstamos personales sobresalían una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se incluía un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de 13.000.000 de euros.
   De igual modo, se refería una serie de préstamos "irregulares" en el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009 cuando se concedieron a uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a su propiedad por valor de 17.600.000 euros y un préstamo hipotecario, al mismo beneficiario, por importe de 15.200.000 euros.
   La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en "condiciones mucho más favorables" que la del resto de trabajadores y entre las que sobresalían los cerca de 6 millones de euros de Caja Segovia a su exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.

Casi 100.000 inmigrantes abandonaron España en 2011

MADRID.- Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la población extranjera se redujo un 0,7 por ciento pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. 

   En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el 12,1% del total de inscritos.
   Durante el año 2011, el número de españoles empadronados aumentó en 62.944 personas (un 0,2%), mientras que el de extranjeros descendió en 40.447 (un 0,7% menos). De ellos, los oriundos de países de la Unión Europea se incrementaron en 45.494 (hasta 2,4 millones de personas), mientras que los nacidos fuera de la UE se redujeron en 85.941 personas, hasta los 3,2 millones.
   Según la estadística del INE, las bajas más numerosas se produjeron entre los ciudadanos de Ecuador, que perdieron 54.330 habitantes, los de Colombia, con 28.506; los bolivianos, de los que figuran 14.374 menos; los de Argentina, que se han reducido en 12.348; los peruanos, que restan 10.701 y los brasileños, que en enero de este año eran 8.553 menos.
   En términos relativos, las comunidades que experimentaron una mayor reducción poblacional fueron la de Ecuador (-15,1%), la de Colombia (-10,4%) y la Argentina (-10,2%), conforme el avance del Padrón Municipal.
   En cuanto al aumento del número de residentes procedentes de la UE se debió al impulso de los ciudadanos rumanos, la comunidad que más creció el año pasado, con 30.263 nuevas personas empadronadas pese a que desde el mes de julio y por Real Decreto, estos ciudadanos ya no tienen derecho a trabajar libremente en España, sino que necesitan un permiso laboral como el resto de inmigrantes de fuera del continente europeo.
   Entre enero de 2011 y enero de 2012 también creció la comunidad pakistaní en 9.461 personas, los marroquíes sumaron 9.142 nuevos ciudadanos y los chinos vieron crecer su comunidad en 8.681 personas.
   Por lugar de residencia, los mayores descensos de población extranjera se produjeron en la Comunidad de Madrid, que perdió 57.656 extranjeros; la Región de Murcia, con un descenso de 3.796; la Comunidad Foral de Navarra, donde la reducción fue de 2.452 habitantes foráneos; Cataluña, con 1.945 menos y la Comunidad Valenciana, donde fueron 1.616 bajas. En términos relativos, las mayores pérdidas fueron las de Madrid (5,5%) y Navarra (3,4%).
   Con todo, también se produjeron incrementos de población extranjera en algunas zonas de España. En términos absolutos, Andalucía (13.465), País Vasco (5.906), Canarias (2.665) y Melilla (1.228) son las que vivieron el año pasado un mayor aumento de habitantes foráneos.
   En total, la población extranjera supone el 12,1 por ciento de los residentes en España, pero sigue teniendo mayores porcentajes de presencia en en Baleares (21,6%), la Comunidad Valenciana, (17,2%) y Región de Murcia (16,1%). Mientras, en Extremadura (3,8%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,7%) es donde menos peso tienen los inmigrantes respecto del conjunto de habitantes.
   El 49,3% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,9%). Además, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 41,1% tiene entre 16 y 44 años y el 43,1% tiene 45 o más años, conforme los datos del INE.
   La estadística destaca que mientras los empadronados españoles de entre 16 y 44 años son el 38,4% del total, entre los extranjeros la población de esta edad supone el 59,9 por ciento.

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.
   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.
   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.
   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.
   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".
 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.
   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.
   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.
   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.
   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.
   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.
   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.
   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.
   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.
   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.
   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.
   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.
   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.
   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.
   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.
   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.

miércoles, 18 de abril de 2012

Miles de peregrinos participarán este jueves en la tradicional romería al monasterio de la Santa Faz

 
ALICANTE.- Miles de alicantinos participarán mañana jueves en la tradicional romería a la Santa Faz, un recorrido de unos ocho kilómetros que une la concatedral de San Nicolás, en el centro de Alicante, con el monasterio de la Santa Faz, donde reside una de las tres réplicas que existen en el mundo del manto en el que quedó estampado el rostro de Jesús cuando iba a ser crucificado.

   La marcha, conocida popularmente como la 'peregrina', partirá sobre las 8.00 horas desde la concatedral de San Nicolás, presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, junto al grueso de las autoridades asistentes, y sobre las 11.00 horas, poco después de la hora a la que está previsto que la comitiva oficial llegue a la plaza del monasterio, se oficiará una misa.
   El recorrido de los peregrinos partirá de la céntrica concatedral alicantina, y en las cercanas plazas del Abad Penalva y del Ayuntamiento, se podrán recoger una de las más de 15.000 cañas que este año ha previsto poner a disposición de los participantes el consistorio de la ciudad. Posteriormente, y a través de la carretera de Valencia, las decenas de miles de personas que cada año toman parte en esta tradición alcanzarán el monasterio.
   A lo largo del trayecto, frente a la zona residencial conocida como el 'Complejo Vistahermosa', se instalará la 'paraeta', un puesto municipal en el que se repartirán rollitos de anís y vasos de 'mistela' --bebida típica alicantina--, y que este año contará con un mostrador de 30 metros cuadrados.
   Igualmente, en las proximidades del monasterio que supone el final del camino, como en cada edición de la romería, se podrán visitar una serie de puestos de venta ambulante y una feria con atracciones, que estarán instalados hasta el próximo domingo, puesto que muchas personas aprovechan los días del fin de semana para realizar su visita a la Santa Faz.
   Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha preparado un dispositivo de seguridad compuesto por 160 agentes de la Policía Local, 90 voluntarios de Protección Civil y diez bomberos, que velarán por la seguridad de las miles de personas que participarán en la tradicional romería.
   Además, el consistorio ha previsto la ubicación de un Centro de Coordinación de Emergencias en las inmediaciones del caserío de la Santa Faz, de una carpa-hospital, así como la movilización de varios equipos médicos y personal sanitario.
   También se ha previsto movilizar a un amplio operativo de control de tráfico en el que participarán más de 68 agentes, que controlarán 36 puntos de regulación de los vehículos. Igualmente, dada la previsión de afluencia de romeros procedentes de la zona de la Playa de San Juan y Campo de Golf, la seguridad se reforzará a través de la avenida Pintor Pérez Gil, que comunica las áreas citadas con los alrededores del monasterio de la Santa Faz.
   Del mismo modo, el consistorio y la adjudicataria del servicio de limpieza de la ciudad de Alicante, Inusa, pondrán en marcha un dispositivo especial de limpieza que contará con más de 150 profesionales, 45 equipos mecánicos y la instalación de 160 contenedores a lo largo del recorrido.

Fabra avanza un plan de pagos a ayuntamientos y colectivos con subvenciones de la Generalitat

VALENCIA.-   La Generalitat está trabajando en un plan de pagos   a entidades locales y colectivos que se benefician de alguna subvención del Consell para que el Gobierno valenciano atienda sus "obligaciones" y se pueda hacer un "planteamiento justo de gastos e ingresos".

   Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Alberto Fabra, tras presidir la inauguración del Foro de Empleo 2012 de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) al ser preguntado por la reclamación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para que el Gobierno valenciano pague sus deudas a ayuntamientos.
   Al respecto, Fabra ha asegurado ser "consciente" de la situación y ha avanzado que la Generalitat "trabaja en un posible plan de pagos que podrá ser efectivo el 50 por ciento a final de este año y el otro 50 por ciento el año que viene para no generar ningún problema a los ayuntamientos".
   El 'president' ha recalcado que "claro" que le preocupa este retraso en los pagos y ha agregado que también le preocupa "el hecho de que la Comunitat Valenciana ha tenido menos recursos, menos ingresos y una mala financiación, lo que ha hecho que no pudiera atender las obligaciones que tenía con ayuntamientos, colectivos a través de subvenciones y proveedores".
   En este sentido, ha hecho notar que "el tema de los proveedores se va a solucionar con la propuesta que ha hecho el Gobierno (central)". 
 "Y ahora --ha proseguido-- tenemos que buscar una solución para que las entidades locales y colectivos también puedan ver cubiertas esas necesidades".
   Fabra ha apuntado que, por medio del Ejecutivo estatal, los ayuntamientos también han podido pagar a proveedores pero ha reconocido que eso "no quita la responsabilidad" a la Generalitat de "tener que afrontar sus obligaciones".
   "En estos momentos se está haciendo un esfuerzo muy importante para crear una nueva administración, para no gastar más de lo que ingresamos y administraciones como la nuestra tienen que cumplir con las locales para que podamos hacer un planteamiento justo de gastos e ingresos", ha aseverado.

Fabra cree que no se rescatará a la Comunitat

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que no cree que el Gobierno central lleve a cabo una posible intervención o rescate a la Comunitat y ha recalcado que lo que ha hecho esta autonomía es un ejercicio de "transparencia" informando de todas los pagos que adeuda. 

   "No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes, me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho", ha señalado el 'president', que se ha mostrado "convencido" de que "otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen, pero allá ellos".  
   Fabra, que no ha querido especificar a qué autonomías se refiere, ha señalado, preguntado por los medios por una supuesta intervención a la Comunitat Valenciana, que lo que han hecho las comunidades es "comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea".
   "Y nosotros lo vamos a hacer; nos va a costar más quizás que a otras comunidades autónomas pero, al final, el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado".
   Fabra ha abogado por, en esta situación, "hablar con claridad y decir las cosas como son". "Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit", ha argumentado.
   En este sentido, ha subrayado: "desde que yo soy presidente puedo asegurar que lo que se ha hecho es ir con la verdad por delante, decir cómo están las cosas e intentar buscar soluciones".
   Asimismo, y preguntado por el hecho de que la Comunitat es una de las regiones con mayor nivel de deuda, el jefe del Consell ha resaltado que la Valenciana "también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peores financiadas por el Gobierno", lo que ha provocado el endeudamiento, especialmente en capítulos como el de sanidad.
   "Nosotros nos marcamos un estándar que tienen que alcanzar todos los ciudadanos en cuanto a derechos y prestación de servicios y lo hemos hecho a pesar de no tener financiación", ha agregado Fabra, que ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València.
   Ahora, ha apuntado, gracias a las medidas del actual Ejecutivo central para el pago a proveedores, "las empresas podrán ver cobradas sus cantidades".

Directivos del Banco de España y del FROB rechazan comparecer en la comisión de investigación de la CAM

VALENCIA.- Un total de siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han negado a comparecer en la comisión de investigación de la CAM que se va a desarrollar en las Corts Valencianes.

   Se trata del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exsubgobernador de la entidad, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
   En los escritos remitidos a la Presidencia de las Corts en los que ruegan que excusen sus comparecencias, alegan que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no "al ámbito de actuación de aquellas comisiones de investigación que pudieran crearse en el seno de parlamentos autonómicos".
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del parlamento valenciano para conocer cómo actuar. De este modo, podrían incluso llegar a la Fiscalía.
   Los grupos parlamentarios acordaron el pasado 15 de marzo que en la comisión de investigación de la CAM comparecerían 79 personas, entre ellas dirigentes de la cúpula de la entidad, como el expresidente Modesto Crespo; los que fueran directores generales Roberto López y María Dolores Amorós; el vicepresidente, Armando Sala; el miembro de la comisión de control Arcadio Gómez, así como numerosos vocales.
   El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui, y el equipo de inspectores del Banco de España que realizaron la última inspección de la CAM también fueron llamados por las Corts Valencianes para dar explicaciones de la CAM.
   Además, acordaron que tendrían que hablar en la tribuna del parlamento valenciano el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada; representantes de la plataforma de Afectados CAM, el abogado Diego Ramón; un miembro de Adicae; el representante de Impositores de la CAM, Victor Baeta; y una persona perteneciente a Ausbanc, entre otros.
   El grupo parlamentario popular rechazo peticiones de los grupos de la oposición de que comparecieran miembros del Gobierno valenciano --entre ellos los últimos presidentes de la Generalitat, José Luis Olivas, Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra--, de representantes sindicales y de empresarios como Enrique Ortiz, Rafael Galea y Enrique Ballester.

Rosado dice que las medidas de Sanidad supondrán un ahorro de 700 millones para la Comunitat

MADRID.- El conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Luis Rosado, ha destacado este miércoles que las medidas de ajuste presentadas por el Ministerio de Sanidad supondrá un ahorro adicional de 700 millones de euros a la Comunitat.

   Así se ha manifestado el conseller, tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que ha reunido a los consejeros del ramo y que preside la ministra, Ana Mato, en la que se han abordado las medidas de ajuste en ámbito de sanidad.
   Según ha destacado, por medio de estas medidas y del trabajo de la región, la Comunitat se podría congratular de "conseguir el déficit cero", que es lo que se pretende. En su opinión, la reunión, que ha tenido una duración de unas cinco horas, ha sido "extremadamente productiva", ya que supone un "paso más" en la consecución de la sostenibilidad del sistema.

Puig, más partidario de denunciar la corrupción en el ámbito político que en el judicial

VALENCIA.- El nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, es más partidario de denunciar la corrupción desde el ámbito político que desde el judicial, por lo que el partido podría retirarse de la causa de presunta financiación ilegal del PPCV derivada del 'caso Gürtel'. 

   Así lo han explicado hoy fuentes socialistas, quienes han señalado que Puig no está en contra de las denuncias contra la corrupción que se han presentado desde el partido, pero cree que en el momento actual es más apropiado que estas denuncias se limiten al ámbito político, ya que en el judicial existen otras personas e instituciones para hacerlo.
   En cualquier caso, la posibilidad de retirarse de la causa de financiación irregular del PPCV derivada del 'caso Gürtel' que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la decidirá el PSPV de forma consensuada con la Ejecutiva Federal del partido.
   En este sentido, las mismas fuentes han recordado que la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto-ley 1/2012, de 5 de enero del Consell de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat se acordó de forma conjunta entre el PSPV y el PSOE.
   Por su parte, el vicesecretario de Educación, Formación, Empleo e Integración Social del PSPV, Miquel Soler, al ser preguntado en rueda de prensa por si el partido retirará la querella en la causa de financiación irregular, ha señalado que "más allá de las decisiones concretas que se puedan tomar en un caso puntual", seguirán denunciando, "por la vía que se considere en cada caso más adecuada, cualquier proceso de corrupción menor o mayor que se produzca por un puro sentido de ética ciudadana y de compromiso con la honradez".
   Así, Soler ha insistido en que "lo que habrá que analizar en cada caso es, ante situaciones concretas, cuál es la vía que se considera más adecuada para llevarlo adelante". Por tanto, a su juicio, "la noticia no tiene que ser si el recurso se va a hacer así o asá, sino la manera de denunciar una situación determinada y cómo seguir adelante los procesos para que los tribunales tomen las decisiones que consideren adecuadas".
   Inquirido por si en estas decisiones pesará la deuda que el PSPV tiene con los abogados, el dirigente socialista ha señalado: "en las decisiones se valoran todas las posibilidades".
 "No es un tema de deuda o no deuda, sino de cuál es la opción que se considera más razonable en cualquier proceso jurídico", ha apostillado.

Hacienda asegura el pago a proveedores de ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha garantizado el pago a los proveedores de las facturas pendientes de cobro que tienen los ayuntamientos, hasta el punto de que descontará a los municipios con deudas su financiación proveniente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de ser necesario.

   Así lo ha asegurado el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha insistido en que "los proveedores cobrarán" y que "no se van a enterar" si el dinero que se les debe procede de los créditos que pidan los municipios para pagar las facturas pendientes o de la retención de la PIE.
   Osorio ha indicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene hasta el próximo 30 de abril para comunicar a las corporaciones locales si los planes de ajuste que debían presentar para acogerse al mecanismo de pago a proveedores han sido aprobados.
   En caso de que un municipio haya solicitado adherirse al mecanismo, pero no haya remitido su plan de ajuste o éste no sea aprobado por Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro procederá a retener sus ingresos procedentes de la PIE para poder pagar a los proveedores.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya adelantó esta idea la semana pasada, cuando dijo que de los más de 4.000 ayuntamientos que se habían sumado al plan de pago a proveedores, unos 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exige, lo cual calificó de "intolerable" y anunció la retención de sus participaciones en los ingresos del Estado.
   El secretario general de Coordinación Autonómica y Local también ha augurado en el Congreso que los proveedores, principalmente pymes y autónomos, comenzarán a cobrar hacia mediados o finales de mayo, un poco más tarde de lo anunciado en un principio, ya que cuando se aprobó el plan de pago se hablaba de principios de ese mes.
   Al igual que el propio secretario de Estado en la misma Comisión de Presupuestos, Osorio ha defendido las condiciones establecidas para que los municipios puedan pedir los préstamos ante las críticas de la diputada socialista Meritxell Batet.
   La parlamentaria ha censurado sobre todo el tipo de interés del 5 por ciento que tendrán los créditos, una cifra que considera muy alta para las corporaciones locales. Además, ha advertido de que el tipo real podría subir hasta el 7,45 por ciento por las condiciones del mercado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) presta al 1 por ciento a las entidades financieras.
   Según Osorio, las condiciones que se les da a los municipios no son las mismas, ya que, a diferencia de los bancos, que han de devolver los préstamos en tres años, los ayuntamientos lo podrán hacer en diez años con dos de carencia. Por tanto, a su juicio, "se ha conseguido un tipo muy bueno".

Sanidad y CCAA acuerdan el copago farmacéutico de 8 a 18 euros al mes para jubilados

MADRID.- No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

   Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
   A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
   En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
   Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
   Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
   Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
   Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
   Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
   Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
   "Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
   De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
   Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
   Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
   Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
   Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
   Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
   Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
   Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
   También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
   En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
   Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
   Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.  
   La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
   Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
   Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".