miércoles, 24 de octubre de 2012

Los empleados públicos ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.
   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.
   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.
   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".
   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.
   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.
   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.
   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.
   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).
   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.
   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

La Generalitat pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat Valenciana pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas, en el marco del Programa Alquila Plus, un plan de vivienda en materia de alquiler, dirigido específicamente a las familias que han perdido su vivienda. 

   Bonig ha respondido este miércoles a la diputada socialista María José Salvador, en la sesión de control al Consell en el pleno de las Corts, que ha retomado su actividad a las 16.30 horas. En concreto, la parlamentaria socialista le ha preguntado por las medidas que va a tomar su Conselleria para hacer frente a los desahucios.
   La titular de Infraestructuras ha indicado que el Gobierno valenciano cuenta con 1.200 viviendas, de las que 605 se encuentran vacías y algo más de 600 están pendientes de que el Consell recobre su titularidad "bien por impagos o porque están en litigios".
   Además, ha señalado que la Generalitat ha recuperado 26 viviendas en Paterna y cinco en Castellón, que "junto a las del parque público de la Generalitat" se pondrá a disposición de las personas afectadas por los desahucios.  
   Isabel Bonig ha señalado que la Generalitat ya ha tomado medidas contra los desahucios, como la puesta en marcha del programa de alquiler de interés social. Para el impulso de este plan, el Consell ha mantenido reuniones con ayuntamientos "para aunar esfuerzos" y, además, ha elaborado un modelo de convenio de colaboración, que ya ha enviado a más de 20 ayuntamientos y remitirá a otros diez consistorios para su aprobación.
   La consellera ha comentado que ya se ha dictado una resolución que recoge los requisitos para acceder al Programa Alquila Plus y ha subrayado que los interesados ya pueden solicitar su inscripción.
   María José Salvador, por su parte, ha denunciado que la Comunitat Valenciana es la que más desahucios registra y ha puntualizado que en lo que va de año se han realizado 8.600. Asimismo, ha criticado que el Consell ha anunciado dos veces el mismo plan, en noviembre de 2011 y en junio de 2012.
   Bonig le ha respondido que la autonomía con más desahucios no es la Comunitat Valenciana, sino Andalucía y ha destacado que la competencia en esta materia es estatal "y es un ámbito que entra exclusivamente en el derecho privado".
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que viste una camiseta en la que podía leerse 'No al ERE en FGV', también ha preguntado a Bonig por las medidas para frenar los desahucios.
   Bonig ha señalado que el desahucio de una familia "es un hecho lamentable que a todos nos gustaría poder evitar", pero ha señalado que "se produce en el ámbito privado y la competencia corresponde al Estado, como dice la Constitución".
   Oltra, que viste una camiseta en la que puede leerse 'No al ERE en FGV', ha criticado que "aquí el dinero público se va a rescatar la banca" por lo que considera que "tendremos que pedirle algo a cambio".  Además, ha resaltado que "lo que dice la Constitución es que la gente tiene derecho a una vivienda digna".

Una decena de centros de la Comunitat han solicitado ya el uso del 'tupper' en el comedor escolar

VALENCIA.-   Un total de 10 centros escolares de la Comunitat Valenciana --siete de ellos de la provincia de Valencia y tres de Castellón-- han solicitado hasta el momento permitir el uso de la fiambrera en su comedor, han informado hoy fuentes de la Conselleria de Educación. 

   Desde el departamento de Campanar han explicado que no existe un plazo para que los centros puedan solicitar el uso de los 'tuppers' en el comedor escolar, sino que se trata de un proceso abierto, lo que significa que en cualquier momento, si así lo solicitan los padres y lo acuerda el consejo escolar por mayoría de dos tercios.
   Así, insisten, "en cualquier momento a lo largo del curso los consejos escolares podrán decidir, con plena autonomía, si los alumnos pueden hacer uso de la fiambrera, siempre en función de las plazas vacantes y del alumnado y del centro".
   La administración autonómica recuerda que la propuesta debe partir de los representantes de los padres y madres de alumnos en el consejo escolar y la decisión de implantar este servicio debe ser aprobada al menos por dos tercios de los representantes del mismo. Así mismo, el acuerdo tendrá validez solo para el curso 2012-13.
   Educación destina este curso 1,45 euros por alumno y día para costear el servicio de comedor y los monitores que se ocupan de todos los escolares que se quedan a comer en el centro, tanto de los que optan por la comida suministrada en el comedor como por los que decidan llevar la comida de casa.
   Esta medida "ha permitido que las familias que deciden hacer uso de la fiambrera no tengan que hacer ningún tipo de desembolso económico para cubrir el servicio y puedan ahorrar", recalcan.
   De este modo, la Conselleria destinará a los centros un total de 232 euros anuales por cada uno de los alumnos que hagan uso de las instalaciones del comedor escolar y decidan llevar la comida de su casa, han concluido.

Cruz Roja distribuirá en las próximas semanas 603.000 kilos de alimentos a 39.000 personas

ALICANTE.- Cruz Roja Alicante ha anunciado que en las próximas semanas repartirá más de 600.000 kilos de alimentos entre los sectores de la población "más desfavorecidos" de la provincia, en lo que será la segunda fase del Plan de Ayuda Alimentaria 2012 de la que se beneficiarán cerca de 39.000 personas, 800 más que en la primera etapa del reparto, según ha informado en un comunicado la organización humanitaria.

   Esta distribución solidaria tendrá lugar a través de 27 Asambleas Locales de la institución humanitaria en la provincia, así como mediante otras asociaciones y entidades adscritas al Plan de Alimentos --un total de 79 a nivel provincial--.
   La campaña de Ayuda Alimentaria 2012 depende del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y está encuadrado en las medidas de regulación del mercado de productos agroalimentarios de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE).
   Cruz Roja ha explicado que el objetivo de este plan es, por un lado, poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad y, por otro, distribuir los excedentes de ciertos productos agrarios en poder de los organismos públicos de intervención de la UE.
   Este programa incluye productos que responden a una dieta "variada y de calidad", y que tratan de paliar algunas de las carencias detectadas por el Informe de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja Española, como el 26,3 por ciento de las personas atendidas por la organización que "no puede comer alimentos con proteínas al menos tres veces a la semana".
   En la presente edición de la campaña, como novedad, se incluye el reparto de aceite de oliva, legumbres fruta envasada y productos con proteínas. Además, las más de seiscientos toneladas de alimentos incluyen arroz, pasta, tomate frito, galletas, conservas de atún, leche entera UHT y zumos, entre otros productos.
   Asimismo, para la población infantil la organización ha indicado que contempla repartir cereales, leche de continuación y, por primera vez en este reparto, botes de papilla.
   La ayuda de alimentos que se distribuirá en las próximas semanas se dirige a individuos o grupos familiares "especialmente vulnerables", como familias con menores o con personas mayores a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otros.
   También podrán beneficiarse las personas incapacitadas para el trabajo o afectadas por toxicomanías o Sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, exreclusos, transeúntes y personas mayores perceptoras de las pensiones "más bajas".

martes, 23 de octubre de 2012

PSPV, EU y Compromís muestran su sorpresa por la decisión de Castedo de pedir la nulidad del interrogatorio

ALICANTE.- Los portavoces de los grupos municipales del PSPV y EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull y Miguel Ángel Pavón, así como la diputada autonómica por Compromís Mireia Mollà, han mostrado su sorpresa ante la decisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de pedir la nulidad del interrogatorio que le estaba realizando el fiscal en el caso 'Brugal', solicitud que le ha sido denegada.

   Tras la última jornada en la que Castedo ha prestado declaración ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Miguel Ull se ha preguntado en un comunicado si la alcaldesa ha pedido la nulidad "porque no le ha gustado como le han ido las cosas estos días".
   "¿Se ve ya culpable y tiene miedo de perder el cargo?", ha indicado el portavoz socialista, quien ha recordado que Castedo decía que "lo tenía clarito y que se iba a explicar en 10 minutos".
   Por su parte, el portavoz de EU ha calificado la estrategia judicial de Castedo de "bandazo" y ha considerado que sus declaraciones "carecen ya de toda credibilidad".
   "No se puede estar dos años vendiendo la idea de la indefensión que le causaba no poder declarar ante un tribunal para defenderse de las acusaciones del Fiscal Anticorrupción y tras tres días de declaración ante el TSJCV pedir de repente la nulidad del interrogatorio", ha señalado Pavón.
   La diputada de Compromís ha asegurado que "ahora que las cosas no pintan demasiado bien para la alcaldesa de Alicante, parece que ya no está tan contenta como decía de estar imputada y que se le han acabado las ganas de explicarse ante la Justicia por los delitos que se le atribuyen".
   Mollà ha destacado que las horas de interrogatorio de Castedo la han convertido "en el cargo público que lleva más tiempo declarando, una buena muestra de que por mucho que quiera burlarse de la justicia y de la inteligencia de los ciudadanos, no puede eludir su imputación".
   La diputada también ha recordado las "justificaciones increíbles" que, según ha dicho, se desprenden de su testimonio ante el juez. La petición de nulidad del interrogatorio, a su parecer, "demuestra cómo de desesperada se encuentra y que echa por tierra la actitud desafiante que había demostrado desde que se conoció que estaba siendo investigada por este caso".
   Las tres formaciones políticas además han considerado "insostenible" que Castedo lleve "casi dos semanas ausentes" del día a día municipal, a causa de su imputación en el caso 'Brugal' y han insistido en pedir que dimita "cuanto antes para dejar de perjudicar a la ciudad".

La Comunitat Valenciana es la autonomía donde es más caro pasar la ITV

MADRID.- El coste de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) varía hasta en un 146 por ciento en función de en la comunidad autónoma en la que se realice para los turismos de motor diésel y hasta un 247 por ciento en el caso de motocicletas y ciclomotores. Del total de autonomías, la Comunitat se sitúa como la región con los costes más elevados.

   En concreto, según ha advertido Facua-Consumidores en Acción a raíz de un estudio en el que ha comparado las distintas tarifas de la ITV, los precios de la Comunitat son los más altos, al registrar un coste de 63,23 euros que cuesta pasar la revisión a un vehículo con motor diesel (48,54 euros para los de gasolina con catalizador y 41,56 euros para turismos de gasolina sin catalizador).
   Detrás de la Comunitat se sitúa Castilla y León (55,72 euros para motores diésel, 46,47 euros para gasolina con catalizador y 37,04 euros sin catalizador). Mientras, las tarifas más económicas de las diecisiete comunidades autónomas son las de Extremadura y Asturias (25,67 euros y 27,10 euros, respectivamente, en todos los turismos).
   La subida media que se ha producido con respecto a 2011 es del 3,89 por ciento, incluyendo el incremento del IVA, del 18 por ciento al 21 por ciento, a partir del 1 de septiembre, en aquellas comunidades que lo aplican a la tarifa de la ITV.
   Esto ha motivado "un ligero encarecimiento" de las tarifas, ya que, si bien Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Melilla y Navarra habían mantenido el importe de otros años, éste se ha visto incrementado por la subida del IVA.
   Teniendo en cuenta esta subida, la tarifa media de la ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas se sitúa en 37,91 euros, un 3,9 por ciento por encima de los 36,49 euros de 2011.
   Las mayores subidas de precio de la ITV para turismos de hasta ocho plazas se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, con una subida media del 9 por ciento, pues al incremento de las tarifas se une la subida del IPSI de seis puntos. A esta ciudad autónoma le sigue la isla de Menorca, de las Islas Baleares, y País Vasco con un incremento del 5,7 por ciento.
   En las ITV de motocicletas, Aragón ha aplicado subidas del 26,9 por ciento, que justifican por la necesidad de adquirir nuevos equipamientos específicos para adaptarse a la nueva normativa y que en su momento no se actualizaron las tarifas y la ciudad autónoma de Ceuta del 9 por ciento.
   A estas tarifas, que establecen las propias comunidades autónomas, hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros, que se mantiene igual que en 2011. Comparado con 2004, esta tasa ha subido un 63,6 por ciento, mientras que el IPC de enero de 2004 a enero de 2012 es de un 23 por ciento, advierte Facua.
   Las diferencias tarifarias en los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores llegan a alcanzar el 247,5 por ciento. La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20,93 euros, con un incremento este año del 4,7 por ciento con respecto a los 19,99 euros que se cobraban en 2010.
   Castilla y León se sitúa nuevamente como la comunidad más cara, donde la inspección tiene un coste de 37,04 euros (en este caso para las motocicletas, pues los ciclomotores en esta comunidad tienen un coste de 14,93 euros) con un incremento de 2,6 por ciento con respecto a 2011 por el aumento del IVA.
   A esta comunidad le siguen Madrid, 31,93 euros, y Galicia, 30,20 euros (para los ciclomotores, esta comunidad establece una tarifa de 19,69 euros). Y ello frente a los 11,78 euros de Murcia (10,66 euros o 12,907 euros, según se trate de estaciones de la Administración o de empresas privadas, respectivamente).
   Facua ha pedido que antes de aprobar las nuevas tarifas a aplicar por las estaciones de ITV, éstas realicen estudios para conocer las necesidades en los próximos años e incrementar las tarifas de manera "progresiva y razonable". Asimismo, la asociación ha criticado que ninguna de las empresas de ITV de Madrid les haya facilitado los precios que están aplicando en la actualidad.

Císcar insiste en que no habrá imputados en las próximas listas electorales del PP

ALICANTE.- El presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, ha reiterado que en las próximas listas electorales del PP en la Comunitat Valenciana "no va a haber imputados" y ha mostrado su confianza en que, en los dos años y medio que faltan para los próximos comicios, "estarán resueltos la mayoría de los procesos judiciales que están en marcha" y en los que hay diputados 'populares' implicados.

 Císcar se ha mostrado convencido de que la carga de trabajo que soporta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) permitirá a los magistrados que instruyen causas en las que están imputados diputados como Rafael Blasco, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, o su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, resolver los casos antes de las elecciones de 2015.
   Tras realizar un análisis sobre los congresos locales del PP que se celebrarán del 10 al 13 de diciembre en la práctica totalidad de los municipios de la provincia de Alicante, José Císcar ha explicado que "ser presidente local del PP no concederá beneficios para ser luego candidato en las próximas elecciones".
   No obstante, ha puntualizado que "ser alcalde sí concederá esas ventajas, salvo en el caso en que pudiera llegar imputado al proceso de elección de candidatos o a las elecciones municipales y autonómicas".
   En ese supuesto, ha recordado que el presidente regional del PP Alberto Fabra "ya lo ha dejado claro, y ha dicho que en las próximas elecciones no va a haber imputados en las listas que dependan de la dirección regional o provincial de Alicante".
   En el caso de las listas autonómicas, los presidentes de las diputaciones y las alcaldías de las capitales provinciales, --como es el caso de la ciudad de Alicante--, la decisión se elevará al comité electoral nacional del PP, aunque dado que la propuesta debe partir de los órganos provinciales, esta elección también debería cumplir esta máxima, según ha reconocido.
   Preguntado sobre la posibilidad de que el TSJCV abra juicio oral contra Sonia Castedo y Díaz Alperi por el llamado caso 'Brugal', en el que se encuentran imputados por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, Císcar ha señalado que el partido "no tiene sobre la mesa ese escenario", y ha mostrado su disposición a "esperar" la evolución de este proceso.
   En este punto, ha confirmado que llamó por teléfono a la alcaldesa de Alicante para "desearle suerte" y "darle ánimo" en su cita para declarar ante el TSJCV el pasado viernes, situación que ha reconocido que personalmente para cualquier persona es "un momento duro".
   En cuanto al exalcalde de Alicante, también citado a declarar en breve por la misma causa, ha aclarado que no le llamó porque lo vio en las Corts unos días antes y allí le deseó en persona "mucho ánimo y suerte".
   Por otra parte, el presidente provincial del PP ha detallado que la nueva estructura --por juntas de distrito-- aprobada la semana pasada por el Comité Ejecutivo para la ciudad de Alicante, pretende que el partido "sea más operativo en el día a día" en una organización local con 14.000 afiliados.
   "En el último congreso provincial del PP este Reglamento de organización fue aprobado por unanimidad, y nadie cuestionó esta figura", ha apuntado, en alusión a "quienes ahora (dentro del PP alicantino) dicen que quieren impugnar" este modelo.
   "Nosotros tenemos el camino de Alicante muy claro, y aunque estudiaremos esas posibles impugnaciones, consideramos que el proceso es inmaculado y que funciona bien en otros sitios", ha subrayado al respecto.
   En esta línea, ha explicado que la comisión constitutiva creada para llevar a cabo esta reorganización local, primero dividirá el territorio de Alicante en distritos, determinará a cuál de estos distritos corresponde cada afiliado, y elaborará un borrador de reglamento de funcionamiento de las citadas juntas de distrito.
   Así mismo, se ha referido al proceso de asambleas locales que se celebrarán del 10 al 13 de diciembre, en el que, ha avanzado que la dirección provincial del PP será "neutral" y "sólo intervendrá" si alguien se lo pide para "mediar por una solución de consenso".
   En este proceso asambleario no participarán las localidades alicantinas de Calpe y Jávea, donde recientemente el PP ha constituido gestoras para depurar irregularidades en el censo, --en el caso de Calpe-- y para aunar sensibilidades, --en el caso de Jávea--.
   En las agrupaciones en las que los candidatos no lleguen a un acuerdo, las asambleas realizarán las votaciones pertinentes como un proceso "normal y necesario", y el Partido Popular apoyará al ganador, al que se le pedirá que "intente la integración de quien no ha ganado".

Castedo se muestra segura de haber convencido al juez tras su declaración de 16 horas en el TSJCV

VALENCIA.-   La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, ha concluido, después de tres días, su declaración ante el magistrado Juan Climent, instructor de una de las piezas del conocido como 'caso Brugal'. En sus cerca de 16 horas de interrogatorio, la primera edil ha defendido que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie, que actuó bajo la legalidad --amparada en el consistorio--, y que no entregó al empresario Enrique Ortiz ningún plano del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que éste se hiciera público.

   El magistrado citó a Castedo el pasado jueves, día 18, y preveía que el interrogatorio no se extendiera más de dos horas, puesto que a las 12.00 horas estaba prevista la declaración del antecesor en el cargo de la imputada y actual diputado, Luis Díaz Alperi.
   Sin embargo, el juez tuvo que aplazar la citación de Alperi --quien tendrá que acudir al tribunal valenciano el día 5 de noviembre-- y prolongar la citación de la alcaldesa. Así, Castedo ha estado declarando durante tres días --viernes, lunes y martes--, unas 16 horas.
   Hoy, el último día de interrogatorio, ha vuelto a desgranar sus principales líneas de defensa: que jamás entregó ningún plano del PGOU a Ortiz; que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie; y que actuó bajo la legalidad que el ayuntamiento le permitía. Así, ha indicado que no hizo nada "irregular", según han informado fuentes conocedoras del proceso.
   Esta última sesión --en la que la alcaldesa ha contestado a las preguntas del fiscal, de su abogado, y de los letrados de Ortiz y del arquitecto Jesús Quesada, pero no al resto de acusaciones (EU y PSPV)-- se ha visto interrumpida cuando el abogado de Castedo ha solicitado la nulidad de la declaración hasta ese momento realizada, al estimar que se habían incluido grabaciones que consideraba nulas, y por dilaciones indebidas, por poner conversaciones en las que Castedo ni aparecía.
   Tras esta petición, el magistrado ha pedido su opinión a las partes del procedimiento, y ha decidido inadmitir la solicitud porque no se realizaba de acuerdo con las exigencias del artículo 240 de LOPJ. En el interrogatorio no se ha solicitado ninguna medida cautelar.
   Sobre este asunto, Castedo ha apuntado a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta del tribunal valenciano que ella había venido a responder por unos hechos, "y no a dar opiniones sobre conversaciones que tengan terceras personas, en las que yo en ocasiones ni tan siquiera aparezco ni se me nombra. No me parece lógico ni justo", ha dicho.
   Con todo, la primera edil ha asegurado se marchaba "satisfecha" de "haber pasado el trago de tener que estar aquí", y ha lamentado que su interrogatorio ha sido "excesivamente lento". Pese a todo, ha insistido en que estaba "satisfecha".
   Al concluir el interrogatorio, Castedo también ha querido matizar unas declaraciones que había hecho hoy a la entrada, cuando a preguntas de un periodista sobre si preveía acabar hoy con el fiscal, ha contestado, entre risas: "preveo acabar con el fiscal antes de que el fiscal acabe conmigo".
   Según ha comentado la primera edil al respecto, esta frase "parece ser que se ha entendido como una amenaza mía", por lo que ha solicitado la grabación a los periodistas porque, según le han dicho, "es posible que la lleven al ministerio fiscal". Esto es un ejemplo, tal y como ha comentado, de "cómo se pueden tergiversar las cosas".
   Por otro lado, preguntada por las declaraciones efectuadas por el presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, quien ha indicado que en las próximas listas electorales del PP en la Comunitat "no va a haber imputados", ha dicho: "pues mire". Seguidamente, ha intentado aclarar que ella no tiene ninguna imputación por parte de la sala, si no que había venido a declarar al tribunal con un abogado "en una condición". Frente a ello, tanto en el auto del magistrado instructor inicial, como en el dictado por Juan Climent, se le atribuyen unos presuntos delitos en calidad de imputada.

El interventor revela que "casi" ha habido un 'default' en la Generalitat por coincidir pago de deuda y nóminas

VALENCIA.- El interventor de la Generalitat, Salvador Hernándiz, ha reconocido que a lo largo de este ejercicio "casi" se ha producido una situación de 'default' en la Generalitat, en la que el Consell casi ha tenido que dejar de pagar nóminas de los trabajadores públicos para atender primero los vencimientos de deuda. Concretamente, ha indicado que fueron los meses de mayo, junio y septiembre, debido a los "problemas de liquidez".

   En este sentido, ha señalado que la posición del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, "ha sido muy delicada e intensa" por estos motivos, aunque ha dicho que no sabe si el responsable autonómico "firmaría con solvencia no pagar la nómina a los funcionarios por tener que pagar un vencimiento de una deuda que tiene prelación para su pago".
   Hernándiz se ha expresado de esta manera en las Corts donde ha intervenido en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, en la que ha reconocido que "ha habido momentos en estos últimos tiempos que casi se ha producido" una situación de 'default' en la administración valenciana "por no poder pagar la nómina de los funcionarios por tener que atender un vencimiento de deuda".
   El interventor general de la administración valenciana ha indicado que la insuficiencia de liquidez del Tesoro "es algo que ha tenido una trascendencia muy importante por la necesidad de dar la garantía a los mercados de que podían seguir financiándonos porque siempre se atendería con carácter previo el vencimiento de la deuda y los intereses frente a cualquier otro pago".
   Así, ha remarcado que "era una forma de trasladarles tranquilidad para que siguieran suscribiendo nuestra deuda y de que íbamos a pagar", ha apostillado.
   "Evidentemente, las situaciones de tensión las ha habido y es muy difícil ver que tienes que atender un vencimiento y no vas a poder pagar una nómina. Afortunadamente no se llegó a hacer el 'default' por la insuficiente liquidez para atender los vencimientos, pero fueron momentos muy complicados, también para todas la comunidades", ha dicho Hernándiz.
   De esta manera, ha apuntado que la falta de normalización de los mercados financieros "es lo que ha hecho que el Gobierno tuviera que poner medidas excepcionales para poder ayudar a las comunidades autónomas".
   Durante su comparecencia, Hernándiz ha explicado que la ley marca la prelación de pago de las deudas de la Generalitat, de manera que primero hay que atender pagos de interés y deuda "por encima de cualquier otro", luego tienen preferencia las retribuciones a trabajadores, pagos a proveedores y por último subvenciones y transferencias a otras administraciones.
   En este punto, ha reconocido a los Ayuntamientos "es lo último que se paga" y reconoce que están sufriendo un "problema de estrangulamiento". A preguntas de la oposición, Hernándiz ha negado que haya recibido presiones del Gobierno valenciano para saltarse esa prelación de pagos.
   "El Consell ha sido respetuoso en este tema", ha remarcado, ante los comentarios del diputado de EUPV Ignacio Blanco, que ha asegurado que el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestonne, "estará en la categoría de proveedores y ha cobrado puntualmente", criticando la "diferencia de trato".
   Con motivo del plan de pago a proveedores, el socialista Julián López ha recordado que han aflorado un total de 1.800 millones de euros de facturas en el cajón. Hernándiz ha respondido que con este plan se hizo un "esfuerzo adicional" para recoger el gasto que suponen las facturas en el cajón y que estaban fuera del presupuesto.
   En total, ha destacado que 20 equipos de la intervención general auditaron las facturas no reconocidas de Sanidad antes de imputarlo al plan de pago a proveedores. "Otra cosa será verificar el gasto realizado" cuando se disponga de los expedientes de reconocimiento de obligación --en manos de la Agencia Estatal Tributaria-- para poder imputar a presupuesto, ha indicado.
   Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha preguntado al interventor por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que atribuyó a la Intervención General de la Generalitat "dar el visto bueno al pago de facturas a Nóos por un trabajo no realizado". También le ha preguntado por si "ha habido interventores que se han negado a firmar pagos y los ha tenido que hacer él".
   Sobre este punto, el interventor general ha asegurado no ha "firmado nunca un documento de pago ni ha sustituido nunca a un interventor" por ello. Por su parte, el 'popular' Ricardo Costa ha reclamado a Mollà que retirara sus declaraciones por considerar que iban contra el decoro de la Cámara y del interviniente.

Farmacéuticos se manifiestan en Valencia como "testimonio de su desesperación" por los impagos del Consell

VALENCIA.- Farmacéuticos de toda la Comunitat, más de 2.000 según la organización, se han manifestado este martes por el centro de Valencia enfundados en sus batas blancas para dar "testimonio de su desesperación" ante los impagos del Consell, que les adeuda más de 600 millones de euros, correspondientes a los últimos seis meses.

   La marcha, que ha arrancado en la sede del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), ha reunido a profesionales del sector de las tres provincias, algunos de los cuales han tenido que cerrar sus establecimientos para acudir a la protesta. El recorrido ha finalizado en frente al Palau de la Generalitat, donde han registrado una carta con sus reivindicaciones dirigida al jefe del Consell, Alberto Fabra.
   Tras una pancarta que advertía que 'La farmacia no resiste más' los boticarios han levantado carteles como 'Estáis robando al pueblo, la salud es lo primero', 'La Generalitat no paga. Ajuda'ns a defensar el teu medicament', 'No conozco ningún político que esté seis meses sin cobrar', 'Fabra, Vela y Rosado sí que han cobrado', 'El dinero para medicamentos que no se gaste en eventos', 'Nuestros pacientes son lo primero, Generalitat o ¿donde está el dinero'.
   Silbatos y bubucelas han sonado todo el trayecto entre consignas que clamaban: 'Queremos cobrar', 'Páganos, páganos, páganos', 'Nos manifestamos en defensa del paciente', 'Queremos cobrar para suministrar' y advertían 'Vela paga, el tiempo se te acaba'. Ya una vez frente al Palau de la Generalitat, han coreado 'Fabra paga' u 'Da la cara al paciente'.
   Según la presidenta del MICOF, Mª Teresa Guardiola, éste es el testimonio de una desesperación", ha sentenciado. "Nos deben seis meses de facturación, no nos queda un euro, hemos agotado los préstamos, hemos hipotecado nuestras viviendas y nuestras farmacias, y hemos asumido la responsabilidad del medicamento para el paciente".
   "Es hora de que la Administración pague lo que nos debe y asuma lo que (el medicamento) es un derecho constitucional de todos los ciudadanos". Así ha señalado que los valencianos no quieren cobrar igual que el resto CCAA. "Que se muevan los políticos de nuestra Comunitat y exijan a quien tengan que exigir" el dinero, ya sea al Gobierno central o a Europa, pues la deuda se incrementa en 3 millones de euros cada día que pasa.
   Guardiola ha pedido que se "agilicen los trámites" porque ellos están ya "desesperados" con más de 2.000 empleos perdidos, 200 farmacias en situación de quiebra y varias cerradas, de las 2.200 que se extienden por toda la región. "Necesitamos cobrar para seguir atendiendo al paciente", ha remarcado.
   En la misma línea, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, ha reclamado al Gobierno valenciano que incluya la deuda de las farmacias en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a las cuales debe una media de 250.000 euros por botica. Según Carbonell ya no pueden más, ni distribuidores ni bancos les fían ya.
   En este punto, el presidente del colegio de farmacéuticos castellonense, Jesús Bellver, ha sugerido a los políticos que se pongan en su lugar: "no estaría de más que si este mes no llega el dinero, aplacen un mes el cobro de su sueldo y paguen ellos aunque sea un mes el medicamento de los valencianos".
   "Los farmacéuticos llevamos seis meses pagando los medicamentos de nuestro bolsillo y los que recaudan los impuestos y tienen la obligación de pagar los medicamentos son ellos. Están descargando sobre nuestra espaldas una responsabilidad que no tenemos", ha lamentado.
   Así, preguntado por el anuncio del Consell de abonarles un anticipo a finales de octubre con la llegada del FLA, Bellver ha considerado que esto "es una auténtica burla", ya que se les pagaría un mes de los seis que les deben, y "como el día 30 vence otro, la situación sigue siendo la misma".

lunes, 22 de octubre de 2012

Castedo niega que Ortiz u otro contratista tuviera planos del PGOU antes de que fuera público

VALENCIA.- La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en el conocido como 'caso Brugal', ha negado que el empresario Enrique Ortiz u otro contratista tuviera documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que éste fuera público.

   Castedo se ha pronunciado así en su segunda declaración, en calidad de imputada, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde desde el pasado viernes está teniendo que responder a las preguntas del ministerio fiscal. Ante el extenso interrogatorio, la declaración se ha suspendido hasta mañana, a las 10.00 horas.
   La primera edil ha llegado al tribunal valenciano minutos antes de las 10.00 horas, con un vestido rojo y cargada con documentación. A su llegada ha indicado a los periodistas que estaba "animada" y con ganas de seguir hablando. También ha asegurado que iba a contestar "a todo".
   Y así ha sido, según ha dicho a su salida, cerca de las 14.30 horas --después de más de cuatro horas declarando--. Tras concluir por hoy el interrogatorio, Castedo ha señalado a los periodistas que estaba contestando "absolutamente a todas aquellas preguntas" para "intentar aclarar todo sobre lo que pueda existir la más mínima duda", ha dicho.
   Sobre este aspecto, al ser interpelada por si pensaba contestar también al resto de acusaciones, ha respondido que es algo que está decidiendo con su letrado. "Ya decidiremos si contestamos o no a todas las partes. Lo que está claro es que al ministerio fiscal estamos respondiendo a todo y al juez también", ha subrayado.
   Castedo, quien está teniendo que escuchar numerosas conversaciones protagonizadas por ella misma o en las que se le nombra de alguna manera, ha negado durante su declaración --dedicada en exclusiva al PGOU-- que Ortiz tuvo acceso a los planos del Plan antes de su exposición pública. Al igual que tampoco lo consiguieron otros empresarios, ha comentado.
   De hecho, a su salida, la imputada ha asegurado que "nadie" ha podido demostrar que Ortiz estuviera barajando planos del PGOU antes de que éste se hiciera público. Frente a su versión, el sumario recoge varios informes policiales que así lo confirman.
 Asimismo, en esta línea, el promotor Ramón Salvador Águeda, también imputado en el procedimiento, admitió ante el juez --en su interrogatorio de noviembre de 2011-- que mantuvo una conversación telefónica con Ortiz, en agosto de 2008, en la que éste reconocía tener los documentos del nuevo PGOU antes de que fueran públicos.
   Castedo ha aportado este lunes al magistrado diversos documentos, algunos de ellos relacionados con el Rico Pérez. Asimismo, ha afirmado que hoy también contaba con otro tipo de documentación que no era para aportar, si no para no "perderse" en la declaración, "porque hablamos de temas muy técnicos y necesito apoyarme en documentación oficial", ha dicho.
   El pasado viernes, la declaración de Castedo se centró en presuntos regalos y viajes efectuados por la alcaldesa con Enrique Ortiz. Al respecto, la primera edil negó que el promotor --a quien aseguró que le une una amistad de muchos años-- le hiciera ningún tipo de regalo como contraprestación.
   Asimismo, en el interrogatorio, Castedo negó que se amañara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al promotor Enrique Ortiz, y mantuvo que los viajes realizados a Andorra en 2008 y 2009, y el efectuado a Ibiza en el yate del empresario, se los pagó ella misma con su dinero.
   En cuanto al viaje que hizo a Ibiza en el yate de Ortiz, defendió que los gastos se pagaron "a escote", y al respecto presentó al procedimiento algunas facturas para justificarse.
   Preguntada por el supuesto Mini Cooper que Ortiz regaló a la asistente de Castedo, Julia Castelló, la primera edil afirmó que ella no intervino en esta operación, por lo que se desvinculó completamente del asunto.

Comunidad Valenciana, la autonomía peor valorada por Moody's

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado entre uno y dos escalones el 'rating' de cinco Comunidades Autónomas y ha añadido a Andalucía y Extremadura dentro de la categoría de grado de especulación, denominada coloquialmente 'bono basura' y en la que se hunden más todavía Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

La agencia reduce la nota de Andalucía de 'Baa3' a 'Ba2', dos escalones, mientras que la de Extremadura pasa de 'Baa3' a Ba1', lo que supone reducir su calificación un nivel, justo el que separa el grado de inversión del de especulación.
Por su parte, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, que ya se encontraban dentro de lo que se considera 'bono basura', han visto caer sus notas. Las tres comunidades coinciden ahora en una nota de 'Ba3', aunque el caso de Cataluña y Murcia la bajada es más significativa porque supone una reducción de dos escalones, desde 'Ba1'.
Moody's ha mantenido invariables la nota del País Vasco en 'Baa2', dos niveles por encima de la categoría de grado de especulación, así como las de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia, en los tres casos con un 'rating' de 'Baa3'.
La Comunidad Valenciana aparece también en esta lista con la misma nota que hasta ahora, aunque su 'B1' la sitúa como la autonomía peor valorada.
La firma, que inició el pasado 15 de junio una revisión sobre las comunidades españolas, ha examinado las reservas de capital de las diversas regiones y su capacidad de acceso al capital, aspectos ambos que ve limitados en los casos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

Ex responsable de 'banco malo' de CAM afirma que el sector inmobiliario era "el oro de las Américas"

VALENCIA.- El exresponsable del 'banco malo' de la CAM, Francisco Martínez, ha asegurado, respecto al volumen de operaciones inmobiliarias que desarrolló la entidad, que la construcción ha sido en España "el oro de las Américas", ya que "durante 15 años se ha vivido de ella". En este sentido, ha lamentado la incapacidad de haber sabido cambiar la estructura productiva tras la crisis inmobiliaria.

   Martínez --que se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas--, ha subrayado, ante las críticas de la oposición por la cantidad de inversiones en el sector inmobiliario, que "un banco tiene una estructura de activo absolutamente correlacionada con el tejido productivo en el que desenvuelve su actividad".
   Ha agregado que en la Comunidad Valenciana, "por desgracia, hay un monocultivo en dos sectores, residencial y turístico", lo que provoca que la financiación para esos sectores "sea el quid de la cuestión".
   Durante su intervención, Martínez también ha manifestado que las operaciones de titulización eran responsabilidad de la dirección de la entidad, pero ha comentado que "todas las cuestiones que tenían cierta relevancia se consultaban con los auditores", por lo que considera que "eran los que marcaban la política contable en este caso".
   De este modo, ha destacado que las titulizaciones  "son un instrumento para obtener liquidez de mercados mayorista". En el caso de la CAM, ha puntualizado que este proceso generó 67 millones en 2010 y 628 en 2011.  
   "El proceso de titulizaciones fue permanentemente supervisado por el auditor, por KPMG", ha subrayado el exdirector general de Riesgos e Inversiones de la CAM. Además, ha comentado que los auditores, que tienen "una factura de más de un millón de euros durante el año  2010", cuentan con distintas misiones, entre las que destaca "dar tranquilidad a la alta dirección de que las cosas funcionan como debe ser".  
   Martínez ha explicado que entró en la CAM en 1985, a través de un proceso de oposición y ha ocupado distintos puestos en diez oficinas y en los servicios centrales de la entidad alicantina. Respecto a sus últimos cargos en la caja, ha explicado que en el segundo semestre de 2010 el SIP que negociaban la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria le designó director financiero y, tras la ruptura, fue nombrado director financiero y de participaciones. Tras la intervención de la CAM por parte del FROB ocupó el cargo de director de gestión de activos, es decir, responsable del 'banco malo'.
   El diputado socialista Ángel Luna le ha acusado de haber participado en el "maquillaje" de las cuentas de 2010 y ha denunciado que en marzo de 2011 cerraron un acuerdo, "cuya fecha alteraron a noviembre de 2010", estableciendo una retribución que para Martínez era de 296.000 euros anuales y una renta vitalicia de 13.714 euros al mes.
   El exdirector de gestión de activos ha respondido que en 2010 se estableció una modificación de retribuciones, pero que en su caso concreto tenía "un efecto negativo", ya que le "reducía la prestación".
   Preguntado por las cuotas participativivas, ha comentado que "un país necesita a nivel financiero unos 100.000 millones de euros al año para hacer frente a sus vencimientos, unos 5.000 o 6.000 millones".
 "Las cuotas participativas eran tan solo una gota en este proceso", ha añadido.
   Martínez, que cuenta con "un importante numero" de cuotas participativas, ha señalado que no logra entender "qué pasó en una semana para pasar de la 'a' a la 'b'", ya que ha indicado que la CAM superó las prueba de estrés y unos días más tarde fue intervenida por el Banco de España.

domingo, 21 de octubre de 2012

Desde el Grupo Municipal se denuncia incontrolados vertidos de azufre al mar desde el Puerto de Alicante


ALICANTE.- Las recientes lluvias han producido escorrentías hacia el mar de agua contaminada con azufre de los graneles almacenados en el puerto de Alicante, según denuncia del concejal socialista de la capital, Gabriel Moreno.

“Desde el GMS ya hemos denunciado repetidas veces la ausencia de medidas para evitar la contaminación en las actividades portuarias. Las imágenes de vertidos de azufre al mar son una demostración palpable de que no se han adoptado medidas preventivas”

Las lluvias continuadas de estos últimos días en la ciudad de Alicante han empapado los montones de azufre del muelle de carga del puerto "hasta producir regueros de agua contaminada que se están vertiendo al mar". El concejal socialista acusa a la Autoridad Portuaria de "no adoptar medidas ni prever sistemas de contención adecuados, a pesar de haberse producido vertidos similares en anteriores ocasiones, permitiendo el vertido de esas sustancias al mar y contaminando las aguas de nuestra bahía".

Según Moreno, no son solo los vecinos de los barrios circundantes los que están soportando, estos y otros problemas debidos a la descarga de graneles en el puerto, a la contaminación y olores que generan los vertidos de aguas residuales de la depuradora del Rincón de León en el Barranco de las Ovejas o los del emisario de la Playa de San Gabriel, o los vertidos de salmuera de la desaladora de Aguamarga, “es la propia bahía de Alicante la que está expuesta a la contaminación y la degradación, por la irresponsabilidad de las autoridades municipales y portuarias.

"Exigimos que se adopten las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los vecinos y la de nuestra bahía”
, concluye el comunicado del GMS.

El PSOE de Alicante propone buscar "nuevos liderazgos" y recuperar la "esencia obrera y socialista" del partido

ALICANTE.- El secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, David Cerdán, ha considerado que la formación política precisa "abrir un proceso de búsqueda abierta de nuevos liderazgos y recuperar la esencia obrera y socialista del partido" tras los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones gallegas y vascas de este domingo.

   Cerdán, a través de un comunicado, ha señalado que el balance socialista tras los comicios de Galicia y el País Vasco, con siete y nueve escaños menos, respectivamente, "no deja lugar a la duda".
 "Evidencian que necesitamos abrir un proceso de búsqueda abierta de nuevos liderazgos y recuperar la esencia obrera y socialista del partido", ha apuntado.
   En este sentido, ha indicado que "ahora es el momento de pasar a la acción", ya que, tal y como ha agregado, "muchos ciudadanos necesitan respuestas ante el negro futuro propio y el de sus hijos, y a día de hoy no encuentran respuestas convincentes en nosotros".
   "No podemos seguir reflexionando sobre qué está pasando, hay que poner sobre la mesa qué vamos a hacer para que nos escuchen, nos crean y ser útiles, sobre todo en una comunidad como la nuestra --la Comunitat Valenciana-- donde la derecha ha dejado a tanta gente tirada", ha subrayado.
   Por otra parte, Cerdán ha convocado para la tarde de mañana lunes la comisión permanente de la dirección provincial del partido, con el objetivo, entre otros, de "perfilar diferentes acciones de trabajo para las próximas semanas y meses, encaminadas tanto a profundizar en la relación de las estructuras socialistas en la vida social de cada uno de los pueblos y ciudades de Alicante, como en el trabajo que en las diferentes instituciones, especialmente ayuntamientos, deben realizar los cargos públicos del partido de cara a la elaboración de los presupuestos municipales", según ha explicado.
   Durante la reunión, la dirección alicantina socialista tiene intención de diseñar "un plan de acción" para que las agrupaciones de la formación política, y sus sedes, se conviertan en "espacios de referencia" en cada uno de los municipios.
   "Queremos que las sedes del PSOE sean las casas del pueblo, no porque ese sea su nombre, sino porque es realmente la auténtica razón de que existan, que sean de los vecinos y vecinas de cada población" ha manifestado el secretario general provincial.
   Al respecto, ha señalado que "los ciudadanos deben entender" los centros del partido "como espacios donde ser atendidos, donde los niños con menos recursos puedan recibir clases de apoyo, o los parados cursos de formación, o los inmigrantes asesoramiento sobre su situación, y no simplemente como un local de reuniones de los militantes del PSOE".
   Así, ha planteado un "reenfoque" de la labor de las agrupaciones locales, las cuales, en su opinión, "deben saber qué ocurre en cada barrio, en cada calle, qué vecinos necesitan trabajo, o una vivienda o material escolar para sus hijos". "Necesitamos conocer qué ocurre para saber qué hemos de hacer, desde nuestra posición socialista y obrera" ha insistido.
   Por otra parte, los socialistas también tratarán en la citada comisión permanente la elaboración de los presupuestos municipales --que deben presentar los consistorios a final de año--, un aspecto en relación al cual Cerdán ha remarcado que deben contar "con un fuerte componente social".
   Igualmente, las cuentas de los ayuntamientos han de ser "capaces" también, a su juicio, de "explorar todas las posibilidades para generar empleo o aumentar las posibilidades de las personas en paro de encontrarlo", ha puntualizado.
   Así, la dirección provincial perfilará un encuentro de municipios a nivel provincial para "concretar acciones conjuntas" y en el que se "prioricen la ayuda a quienes menos tienen y necesitan más apoyo de las instituciones", así como permita potenciar "la dinamización económica" de las poblaciones "apoyando a emprendedores, a la formación de los trabajadores y parados, y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo".

El 19% de los valencianos, por debajo del umbral de pobreza y casi la mitad de los hogares no puede afrontar imprevistos

MADRID.- El 19 por ciento de los valencianos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, según los datos provisionales para 2012 de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que colocan a la mitad de los hogares en situación de no poder afrontar imprevistos.

   Asimismo, el 13,8 por ciento de los hogares valencianos manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. Además, en el 50,5 por ciento de los hogares de la región no pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
   Según los datos, el 43,6 por ciento no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Además, en el 9,1 por ciento de los hogares se cometen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal como hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad o comunidad, entre otros.

sábado, 20 de octubre de 2012

La causa contra la cúpula de CAM vuelve a manos de Grande-Marlaska

ALICANTE.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, deberá resolver los recursos de apelación que los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados han interpuesto contra la fianza conjunta y solidaria de 25, 8 millones de euros que les impuso el juez instructor Javier Gómez Bermúdez.

Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska fue precisamente el magistrado que el pasado mes de diciembre, cuando dirigía el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, abrió la causa contra la antigua cúpula de CAM a raíz de las denuncias iniciales interpuestas por el FROB y por el abogado Diego de Ramón.
Dos meses después, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a Grande-Marlaska presidente de la Sala de lo Penal, por lo que su puesto al frente del Juzgado de Instrucción nº 3 fue asumido por Gómez Bermúdez, quien desde entonces se ha encargado de instruir la causa judicial sobre la CAM.
A petición del FROB, Gómez Bermúdez dictó el pasado mes de julio un auto en el que impone una fianza conjunta de 25,8 millones de euros a los cuatro imputados: el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb.
Como ha informado Abc, Crespo es el único que ha dirigido al juez un listado de todos sus bienes -que incluye las acciones de su empresa, así como varias viviendas y plazas de garaje- para que pueda ejecutar su parte proporcional de la fianza.
Los cinco imputados interpusieron recursos de reposición contra las medidas cautelares que, al ser rechazados por el instructor, han transformado en recursos de apelación. En este caso, es la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Grande-Marlaska, la que deberá resolver sus alegaciones y decidir, por tanto, si se ajusta a derecho la fianza de 25,8 millones de euros impuesta.
Esta cifra se corresponde con las pérdidas que habría sufrido la CAM a causa de las pensiones vitalicias, indemnizaciones por prejubilación y primas de beneficios cobradas indebidamente por exdirectivos de la antigua caja de ahorros, según la tesis del FROB.
En caso de que la Sala de lo Penal confirme la fianza establecida, el juez Gómez Bermúdez podría ordenar el embargo de los bienes de los cinco imputados, hasta alcanzar la cifra fijada como medida cautelar para cubrir su responsabilidad civil subsidiaria.
El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en representación de más de medio millar de cuotapartícipes de la CAM, ya ha anunciado que si los imputados se declaran insolventes, interpondrá una querella contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que han podido ocultar una parte de su patrimonio fuera de España. 
Diego de Ramón ya ha dirigido un escrito al juez Gómez Bermúdez, en el que pide que embargue los bienes de la Obra Social para indemnizar con 17,5 millones a los compradores de cuotas participativas.

Castedo dice que mantiene "por ahora" su decisión de dimitir como diputada autonómica

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha subrayado este sábado que "por ahora" mantiene su decisión de dimitir como diputada autonómica del PP en las Corts Valencianes, si bien ha apuntado que para comunicar cuándo lo hará va a esperar a que "acabe" el proceso de su imputación en la pieza del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas después de que este viernes compareciera en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar en calidad de imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   Así, al ser preguntada sobre cuándo va a presentar su dimisión en la cámara valenciana ha señalado que no lo sabe, y que va a esperar a que "esto acabe", al tiempo que ha manifestado que "por ahora" mantiene su determinación de abandonar el cargo. "Vamos a esperar a que esto acabe para que os diga --dirigiéndose a los medios de comunicación-- todas las decisiones que definitivamente voy a tomar y todas las opiniones que me merecen todas las personas por las que me queráis preguntar", ha manifestado.
   Además, en relación a si ha recibido apoyo suficiente por parte del PP, ha reiterado que "de los apoyos, y de todas las cuestiones" hablará "cuando esto acabe"
 "No voy a hacer ningún análisis preliminar, sino que cuando esto acabe sí que voy a decir lo que pienso y vais a saber lo que realmente tenéis más interés en saber, pero antes no lo voy a hacer".
   "Me siento arropada por quien me siento arropada, y quien me arropa sabe que me arropa, y quien no me arropa ni me ha arropado sabe que ni me arropa ni me ha arropado, ni espero ya que me arrope nunca", ha enfatizado, de igual manera que ha afirmado no haber "perdido ningún" respaldo durante el proceso judicial. "Los apoyos que no tengo ahora es porque realmente jamás los tuve".
   No obstante, la alcaldesa ha resaltado que durante la jornada de este viernes recibió "llamadas especiales" de "apoyo" del presidente de las Corts, Juan Cotino, del vicepresidente del Consell y dirigente del PP alicantino, José Císcar, o del diputado 'popular' David Serra, al tiempo que ha subrayado que "prohibió terminantemente" a los ediles de su equipo de Gobierno que fueran a Valencia durante su presencia en el TSJCV, si bien algunos de ellos se desplazaron hasta la capital de la Comunitat.
   "No tiene que ir nadie, es un problema mío y punto, y se acabó. Pero algunos me desobedecieron. Es una muestra de cariño, pero exactamente igual de los que van como de los que no fueron, porque les pedí expresamente que no fueran", ha añadido al respecto.
   En cuanto a su declaración de este viernes, ha explicado que su desarrollo se ha prolongado hasta el lunes, por lo que ha incidido en que allí estará "para continuar contestando absolutamente a todo", ya que, tal y como ha considerado, es su "obligación" y porque es de la creencia de que, "desgraciadamente, también es necesario".
 "Y si el martes hay que continuar, continuaré, y si el miércoles quieren seguir, seguiré", ha destacado.
   "Lo que quiero es que las cosas queden muy claras y que no quede el más mínimo género de duda, porque no me lo puedo permitir y no puedo permitirlo tampoco para esta ciudad", ha aseverado, tras lo que ha subrayado que mantiene su inocencia y la "demuestra".
   En relación al tiempo durante el que compareció en el tribunal autonómico --desde la mañana hasta primera hora de la noche--, ha explicado que "fue muy lento" porque "cada vez que había que escuchar una conversación, había que buscar el CD, el minutaje, meterlo en el ordenador y escucharla".
 "Aproximadamente, cada conversación puede tardar 15 minutos, y como se quieren poner, que se vayan poniendo y por eso se va a alargando y se está haciendo excesivamente lento", ha añadido.
   Por otra parte, Castedo ha hecho hincapié en que mantendrá su cargo de alcaldesa de Alicante, y ha indicado que "ahora mismo" está "en un proceso" en el que le han dado "derecho" a defenderse.
   Sobre la posibilidad de que su permanencia en la Alcaldía pueda generar mala imagen, ha lanzado varias preguntas: ¿Y si mañana todo esto se archiva? ¿Qué? ¿Qué más da, no? Qué más le da a los medios de comunicación, qué más le da a los demás. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Es decir, hemos entrado en un juego, y yo he entrado, entonces a mi me están marcando las pautas del juego, pero yo también voy a marcar las mías", ha asegurado.
   Por último, se ha referido a las crítica de los grupos municipales de la oposición en las que han acusado a la primera edil de estar más centrada en su "defensa" que en sus prioridades como alcaldesa, a lo que ha respondido que este sábado ella ha asistido a un acto "en el que apenas hay representación" del resto de formaciones del Ayuntamiento.
   "Solamente ha venido uno de los partidos, el PSOE, lo que no sé es qué estarán haciendo el resto --Esquerra Unida (EU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD)-- en lugar de estar rindiendo homenaje a Protección Civil. Yo estoy, soy la alcaldesa de esta ciudad, y evidentemente, a mí no me quita ni un sólo minuto de trabajo la declaración que tenga que hacer, ni uno solo", ha enfatizado.
   Igualmente, ha señalado que "es la primera vez" que ve en un acto del Ayuntamiento al portavoz socialista en el consistorio, Miguel Ull, "desde hace mucho tiempo".
 "Y no porque yo no vaya, sino porque los que no van son ellos. Es muy fácil, coged mis dos últimos meses y su último año, solamente en fotografías de actos y haced la comparativa", ha sentenciado.

El PSPV pide al Gobierno que se pronuncie sobre la fecha para la llegada del AVE a Alicante

ALICANTE.- El secretario del PSPV de Alicante y diputado en el Congreso, Gabriel Echávarri, ha remitido una pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que se pronuncie de forma clara y sin lugar a dudas sobre la fecha de la llegada del AVE a Alicante y certifique cuáles son los planes reales para esta infraestructura esencial para el despegue económico de la ciudad y la provincia de Alicante.

Declara, además, que mientras la alcaldesa, Sonia Castedo, se dedica a arreglar sus problemas particulares con la Justicia por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana a cambio de regalos del empresario Enrique Ortiz, nosotros nos preocupamos de los problemas reales de los alicantinos: el paro y la falta de iniciativas del Ayuntamiento y el Gobierno para sacarnos de esta situación.

 "El AVE es una infraestructura básica para reimpulsar el tejido económico y empresarial".

Piden trasladar la oficina TAM de Alicante a la antigua estación de autobuses

ALICANTE.- Esquerra Unida (EU) planteará al gobierno popular del ayuntamiento de Alicante que promueva con la concesionaria del servicio público de transporte metropolitano (TAM) el traslado de su oficina de información al ciudadano a la antigua estación de autobuses, "hoy abandonada y sin ninguna función".

El concejal de EU Rogelio González ha considerado hoy en un comunicado que el traslado de esa oficina desde su actual ubicación, en la confluencia de la Rambla Méndez Nuñez y la avenida Jaime II, al emplazamiento propuesto "ofrece múltiples ventajas".
"La reapertura evitaría colas de ciudadanos a la intemperie como sucede ahora y, al mismo tiempo, permitirá volver a ver un edificio histórico de estilo racionalista magnífico, que alberga dos importantes murales de Gastón Catellón", ha indicado González.
Además, según el edil, favorecería el acceso a las personas con movilidad reducida.
En su opinión, la actuación no sería "costosa y sí muy beneficiosa para la ciudad, pues el edificio aún se conserva en buen estado" y se garantizaría su "conservación para el futuro" con "la llegada de la oficina del TAM".
La formación de izquierdas también ha señalado que ese traslado generaría mayor actividad al pequeño comercio de los alrededores de la antigua estación, un sector que, según González, "lo está pasando mal" tras la apertura de la nueva terminal de autobuses "al final de Óscar Esplá".
EU ha reiterado la "necesidad" de multiplicar el número de oficinas de información de transporte público (una por distrito) y ha criticado que el consistorio "desatienda", a su juicio, "los servicios que ofrecen concesionarias que se llevan muchísimo dinero de la hacienda pública".

Mas y mejor control en la actuación irregular y competencia desleal / Ángel Tomás Martín *

El comercio y tráfico internacional por vía marítima ha sufrido una importante caída a partir del año 2008 ocasionada por la crisis global y nacional, provocando un descenso en los tonelajes de mercancías transportadas y la supresión, por las compañías navieras, de algunas líneas por falta de rentabilidad. Los efectos del vertiginoso descenso se han manifestado en el transporte de petróleo y en el de materias primas, pero en mayor magnitud en el sector manufacturero mundial. En España, con un creciente descenso del consumo, el sector industrial está pasando su peor coyuntura, solo superable con esfuerzo, tesorería y tiempo.

Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.

¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.

Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.

Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.

Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.

Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.

Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.

Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.

(*) Economista y empresario