VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, ha manifestado este viernes que si él "estuviese en una situación de cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión personal" seria dejar todos sus cargos, pero ha recalcado que "es una decisión personal" dado que la ley marca que las actas son personales.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del
Consejo, a preguntas acerca de si las conversaciones entre la primera
edil y el constructor Enrique Ortiz que se reprodujeron durante su
declaración como imputada en el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV), en el conocido como caso Brugal, modifican
la postura del Consejo en este tema y, en concreto, sobre qué haría él
si se viera en esa situación.
Císcar ha insistido en que "con la actual legislación electoral
española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no
son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las
personas" y, por tanto, "son las personas quienes toman las decisiones,
evidentemente dentro de la legalidad porque la ley electoral así les
faculta, y son decisiones enteramente personales".
En cuanto a si, de estar en sus manos, el partido o el Consejo
obligarían a los imputados a dejar sus cargos, ha señalado que "la legislación es la que es" y que ellos, "como no puede ser de otra manera", se atienen "a la legislación actual, vigente".
Respecto a la decisión que adoptaría él si fuera Castedo, ha comentado que ya ha manifestado "muchas veces" que, en caso de estar imputado, dejaría sus cargos, aunque ha subrayado que "es una decisión personal" y que "nunca" hay que "perder de vista la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional".
Císcar ha agregado que, "además, es una situación totalmente legal" mantenerse en sus cargos, ya que "la ley ampara que las actas sean personales y que cada persona haga lo que considere más oportuno, y esto ha ocurrido siempre", ha apostillado.
Así, ha relatado que "hay cargos públicos que cuando han tenido
noticia o constancia de una imputación, han dejado el cargo, han
dimitido, y hay otros muchos que han continuado" y después, "muchos" de
ellos "han sido absueltos".
"También es cierto que si hubiesen
dimitido, ya no hubiesen vuelto a ese cargo seguramente, porque es un
cargo de elección directa por los ciudadanos", ha agregado.
Císcar ha reiterado que se debe "respetar siempre lo que la persona afectada decida"
y, de hecho, ha rehusado pronunciarse acerca de si Alberto Fabra o el
Consejo preferirían que los imputados dejasen sus cargos: "Este tema hoy no se ha tratado en el pleno del Consell, pero además, el Consejo no entra en estas valoraciones".
En este punto, ha incidido nuevamente en que "hay una ley que dice que estas decisiones son personales"
y ha subrayado que "el presidente Fabra, ahí donde él sí tiene
capacidad de decisión y lo ha demostrado, que es en su gobierno y en su
partido, ha tomado las medidas que tendría tomar".
"Y a partir de ahí, ya no hacemos más especulaciones ni dibujamos
otros escenarios en algo que no depende ni del presidente de la
Generalitat ni del Consell", ha sentenciado Císcar, quien ha recalcado
que "depende de la persona, que está legitimada por ley para hacer lo que quiera, dejarlo o continuar", y que ambas decisiones "son igual de respetables porque son igual de legales".
