La tasa de paro en el sector turístico español alcanza el 13,3%

MADRID.- El número de parados en el sector turístico alcanzó las 336.262 personas en el tercer trimestre del año y una tasa de paro del 13,3%, 6,5 puntos porcentuales menos que el promedio nacional (19,8%) y casi cuatro por encima de la tasa de paro del sector servicios (9,3%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET).

   Los ocupados en turismo disminuyeron un 2,6% respecto al mismo trimestre de 2009, situándose casi en 2,2 millones, el 11,8% de los ocupados en España. Este descenso se debe tanto a los asalariados que descendieron un 2,9%, hasta 1,7 millones, como a los autónomos, que se redujeron en un 1,5%.

   Por comunidades autónomas, el empleo vinculado al turismo refleja descensos en todas las regiones excepto en Baleares, que creció, y Cataluña, que se mantuvo.

   No obstante, las tasas de variación intertrimestral reflejan un incremento del 2,3% en ocupados y del 3,9% en el número de parados, debido a la estacionalidad del turismo.

   En los meses de julio, agosto y septiembre, las actividades relacionadas con el turismo registraron 2,5 millones de activos, con un descenso del 2,2%.

   Las actividades turísticas mayoritarias, por número de ocupados son los servicios de comidas y bebidas --el 48,2% del total de ocupados en el sector-- frente al conjunto de otras actividades turísticas con el 22,4%, los servicios de alojamiento (17%) y el transporte de viajeros (12,4%).

   Por contra, el IET destaca que el descenso de los ocupados en este trimestre se debe a las disminuciones en todas las ramas turísticas, excepto en las catalogadas como otras actividades (agencias de viajes, alquiler de vehículos, actividades recreativas, espectáculos culturales y deportivos), que crecen un 3,4%.

   La tasa de temporalidad del empleo en el sector turístico --proporción de asalariados con contratos temporales-- se situó en el 32,6% en el tercer trimestre del año, frente al 34,1% del mismo periodo del año pasado.

   En el total del sector, los asalariados con contrato indefinido descendieron un 0,8%, mientras que los temporales disminuyeron un 7,1%, en todas las ramas turísticas excepto en servicios de alojamiento (+9,8%) y en el conjunto de otras actividades turísticas (+5,8%). Los contratados temporales descendieron en todas las ramas excepto en las agencias de viajes.

EU pide al Ayuntamiento que otorgue el nombre de Marcelino Camacho a una calle de Alicante

ALICANTE.- El candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha pedido a la alcaldesa, Sonia Castedo, que el Ayuntamiento otorgue a una calle o plaza de la ciudad el nombre del histórico sindicalista Marcelino Camacho, fallecido el pasado 29 de octubre.

   En un comunicado Miguel Ángel Pavón ha destacado "la incansable lucha de Marcelino Camacho en defensa de los trabajadores y de la libertad". Así, ha instado al Ayuntamiento de Alicante a que apruebe en Pleno una moción para que una calle o plaza de la ciudad reciba su nombre en homenaje "a la memoria del líder sindical más importante del siglo XX en España y de una de las personas que más lucharon para recuperar las libertades".

   Pavón ha pedido a Castedo que la moción reconozca la figura de Marcelino Camacho "como referente de la lucha política y social en defensa de los trabajadores" y que, en caso de aprobarse, se traslade el acuerdo a Comisiones Obreras para que el sindicato lo comunique a la familia del sindicalista.

El exalcalde de Calpe pone sus competencias como concejal a disposición del primer edil y su acta a la del PP

CALPE.- El exalcalde de Calpe y actual concejal del PP en esta localidad, Javier Morato, ha puesto sus competencias como edil a disposición del alcalde, Ximo Tur, y su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque ha considerado que es víctima de "un linchamiento mediático" y ha defendido su "honorabilidad".

   Javier Morato ha hecho público, a través de un comunicado, su "postura y decisión" y ha lamentado el "linchamiento mediático" al que considera que ha sido sometido, a pesar de "no estar imputado y ni tan siquiera ser citado a ninguna declaración previa" en el marco del 'caso Brugal'.

   El exalcalde ha reconocido que le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su presunta participación en supuestas irregularidades en la concesión de una planta en Calpe y en una presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha planta, todo ello en connivencia con uno de los principales investigados en la operación. Tras estos hechos, Ximo Tur les pidió que dejaran sus competencias o que él mismo los cesaría.

   A este respecto, Morato ha pedido al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias para que Tur "disponga de ellas como desee". Del mismo modo, ha anunciado su intención de comunicar al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, que disponga de su acta de concejal "si así lo considera".

   Morato dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades, injurias y mentiras". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor, con una persona que solo le has visto tres veces en tu vida: cuando se presentó la planta de trasferencias, cuando se inauguró y en un partido de fútbol en Calpe, cuando patrocinaba al Calpe C.F.".

   Igualmente, ha insistido en que está sufriendo "un linchamiento mediático, con un único fin político", en el que "podría estar el PSOE detrás de todo".

   "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor --en referencia a Ángel Fenoll--, ni de él ni de nadie, me he dedicado a trabajar por mi pueblo, con aciertos y desaciertos, pero siempre con la cara muy alta, mi patrimonio personal está a disposición de todos", ha recalcado.

La crisis devuelve a Elche a la falsificación de marcas de calzado

ELCHE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 22 personas acusadas de un delito contra la propiedad industrial, durante una operación desarrollada este lunes en el polígono industrial de Carrús, en Elche, donde la Policía ha registrado tres naves y ha incautado cerca de 150.000 pares de zapatos supuestamente falsificados, según han informado fuentes cercanas al caso y de la empresa perjudicada.


   La operación policial, que continúa abierta --por lo que la Policía no descarta más detenciones--, se ha desarrollado en las naves de 'Calzados Paloma'; 'Lunedi Shoes'; y 'La La Calzado y Bolsos', a lo largo de este lunes, tras presentar una denuncia la firma de calzado perjudicada por la presunta falsificación.
   La empresa perjudicada por las falsificaciones ha valorado los pares incautados en 4.000.000 de euros aproximadamente, y ha destacado que han sido necesarios tres camiones trailer y 15 operarios para cargar el calzado decomisado a los supuestos falsificadores.
   Las copias corresponden a aproximadamente 40 modelos de la temporada otoño-invierno 2010-11 de la firma Xti.

La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

MADRID.- El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE, revela hoy 'Público'. 

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.

No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.

Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).

Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.

Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.

La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.

Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.

Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores. 

La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.

La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).

Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

El PP pagó 70.000 euros a Trillo por asesorar en la sombra a imputados del 'Yak-42' y 'Gürtel'

MADRID.- El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, revela hoy 'El País'.

Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.

Un portavoz del PP ha reconocido a El País la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.

¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.

En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.

Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de las autopistas Alicante-Cartagena-Vera

MADRID.- Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico, según 'El País'. 

Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.

El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.

Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).

La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.

El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.

Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.

Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.

El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.

El Supremo reabre la causa contra el alcalde de Elche por supuesta prevaricación y malversación

ALICANTE.- El Tribunal Supremo ha reabierto la causa contra el alcalde de Elche, Alejandro Soler, por el supuesto pago de facturas del PSPV con fondos municipales. El alto tribunal admite el recurso de casación del PP contra el sobreseimiento definitivo del caso por parte de la Audiencia Provincial de Alicante, que el 19 de Junio de 2009 decidió cerrar la causa seguida contra el alcalde socialista por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El Supremo anula ese auto y ordena que las actuaciones se retrotraigan al momento en el que se pidieron pruebas desechadas que ahora deberán practicarse.

El PP de Elche se querelló contra Soler por el pago con fondos municipales de varias facturas emitidas por un medio de comunicación local gratuito por publicitar unos actos electorales del partido. El alcalde alegó que el pago se había producido por "un error administrativo", y aseguró en marzo del año pasado: "Podemos haber metido la pata, pero no la mano". El dinero, unos 20.000 euros, fue reingresado en las arcas municipales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afirma en su sentencia que no se discute la facultad de la Audiencia de Alicante de dictar el sobreseimiento del caso, sino "si era o no procedente, antes de acordar dicha resolución haber practicado las pruebas solicitadas por el ministerio fiscal y la acusación particular". Para el tribunal era lo pertinente. El fallo indica, además, que la propia defensa de Soler admitió "la insuficiencia de la instrucción" en relación con sus pruebas de descargo.

Por todo ello, "y sin entrar en el fondo de la cuestión, se estima que es necesario practicar las pruebas solicitadas, en aras de la tutela judicial efectiva". Por ello, se estima el recurso del PP y se declara nulo el auto de la Audiencia de Alicante para retrotraer "el procedimiento al momento procesal en que se deniegan las pruebas y, una vez practicadas, se pueda acordar lo procedente, sin que ello suponga prejuzgar en absoluto el fallo definitivo y sin que sea necesario dictar segunda sentencia".

El PSPV pregunta a González Pons dónde estaba el 9 d'octubre cuando "no quiso venir a hacer una foto con Camps"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts, Carmen Ninet, ha aseverado este domingo que el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, "prefirió merodear y husmear por restaurantes y mesas de la Comunitat Valenciana el último 9 d'octubre", en vez de "apoyar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fotografiarse con el resto de imputados del PPCV y aparecer en la misma fotografía con Camps".

"Si González Pons quiere hablar de algo, que explique dónde estaba el 9 d'octubre y con quien compartió restaurante", ha subrayado.

    La dirigente socialista se ha expresado en estos términos en un comunicado tras las declaraciones realizadas por González Pons, quien ha señalado que el PSPV ha pasado de "mandar orgánicamente" en el PSOE nacional a ser "los mandados" del partido con la salida de Leire Pajín de la Secretaría de Organización del PSOE.

   Al respecto, Ninet ha recomendado al dirigente 'popular' que "antes de hacer el ridículo y de hablar del peso socialista en Madrid, debería recordarse a si mismo que él es el único portavoz autorizado del PPCV y que ni siquiera quiso venir a hacerse la foto con Camps en la pasada celebración del día de la Comunitat". "Si es valiente, que explique dónde estaba el pasado 9 d'octubre, y si no acierta a decirlo, nosotros mismos se lo diremos", le ha retado.

   En este sentido, ha afirmado que "el experto en fiestas y horarios de clausura, el mismo que hace dos años se atrevió a decir a qué hora se acababa la fiesta, debería estar preocupado por el peso de la ley que recaerá sobre su partido, más que por el peso de los socialistas valencianos en Madrid".

   Para Ninet, González Pons, "el gran experto en urbanismo y chalets en La Nucía, suena como un chiste malo cuando habla de estabilidad de los partidos políticos, teniendo en cuenta que el suyo es un partido descompuesto y desestructurado".

   Según la portavoz socialista, el vicesecretario general de Comunicación del PP es "el conseller sandía, un rey de la zancadilla que ha intentado sin éxito hacer caer a Camps", un "eterno aspirante que ridículamente no cesa en su empeño por sustituir al presidente de la Generalitat sin conseguirlo" y que, a su juicio, "ya tiene suficientes problemas internos en su partido como para estar preocupado por otros".

El autor alicantino Ricardo Llorca estrenará en el Lincoln Center de Nueva York la ópera 'Las horas vacías'

ALICANTE.- El autor alicantino Ricardo Llorca estrenará el próximo 19 de noviembre la versión escenificada de su ópera 'Las horas vacías' en el prestigioso Lincoln Center, de Nueva York. Se trata de un paso crucial en la trayectoria de este compositor, ya que ésta será "la primera vez" que se represente una ópera española en el centro estadounidense. 

   Así lo ha destacado el propio artista benidormí, que es además miembro del cuerpo de profesores de The Juilliard School of Music y Guggenheim Fellowship 2001.  

   El espectáculo se pondrá en escena en el Alice Tully Hall con la intervención de la soprano española Laura Alonso, y la actriz y cantante brasileña Angélica de la Riva. También participarán la New York Opera Society Orchestra, dirigida por Emmanuel Plasson, The Manhattan Choral Ensemble, bajo la dirección por Thomas Cunningham, y el director de escena alemán Joachim Schamberger.

   'Las Horas Vacías' --ópera para soprano, actriz, coro, piano y orquesta de cámara-- es un ensayo sobre una mujer solitaria, adicta a internet, que vive en su propio mundo de fantasía.

   La obra inició su proyección internacional en 2007 durante la XII Setmana de Música Sacra de Benidorm, donde se presentó la versión en concierto. 

 Posteriormente, ha sido representada en la Catedral de Berlín (el 7 de septiembre de 2007), y en el Auditorio General de las Naciones Unidas el 17 de Noviembre de 2008. Igualmente, fue seleccionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar las celebraciones de 2008 como Año Internacional de las Lenguas.

   En la actualidad, existen contactos para que el montaje se represente el año que viene en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, aunque todavia no está confirmado, ha avanzado Llorca, que ha apuntado que también ha habido intentos de llevar la pieza a la intendente del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Helga Schmidt, aunque todavia "no hay respuesta".

   Asimismo, Llorca ha mantenido recientemente un encuentro en Nueva York con el director de orquesta valenciano Joan Cerveró con el habló sobre esta ópera. "Espero que salga algo positivo de esas conversaciones y que se represente muy pronto en Valencia, cosa que, como buen valenciano, me llenaria de orgullo", subraya el creador.

   Ricardo Llorca (1962) es uno de los valores mas prometedores dentro de la nueva generacion de compositores españoles contemporaneos. Alicantino de nacimiento, se trasladó a Madrid para estudiar en el Conservatorio y tuvo como principales maestros a Roman Alis y Anton Garcia Abril.

   En 1988 y al terminar su carrera, Llorca viajo a Nueva York para perfeccionar sus estudios en The Juilliard School, donde ha trabajado con los compositores David Diamond y John Corigliano. Una vez finalizada su formación, Llorca ha ejercido como profesor en dicha escuela, cargo que ejerce actualmente.

   Llorca alterna el trabajo docente en Juilliard con su labor compositiva, cuya relevancia le ha merecido el ser galardonado con la beca Richard Rogers Scholarship (1992), el Premio Virgen de la Almudena 1999, y el Premio John Simon Guggenheim 2001, uno de los mas prestigiosos de la vida intelectual norteamericana.

   Ricardo Llorca es compositor en residencia de la New York Opera Society para las temporadas 2008-09 y 2009/10, compositor en residencia para la compañia de danza contemporánea Sensedance, y compositor-becario de The Argosy Foundation y Met-Life/Meet the Composer Series 2009.

EUPV presenta mociones en los ayuntamientos para que una calle lleve el nombre de Marcelino Camacho

VALENCIA.- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha pedido a los ayuntamientos que reconozcan la figura del "histórico" líder de CCOO-PV, Marcelino Camacho, como "referente de la lucha política y social en defensa de la clase trabajadora". Asimismo, la formación ha solicitado que los consistorios aprueben la designación de una calle o plaza "en homenaje a su memoria". 

   La propuesta de EUPV recuerda que el pasado 29 de octubre falleció Marcelino Camacho, "dirigente obrero y comunista, defensor de la libertad y de los derechos de los trabajadores, quien dedicó toda su vida a la conquista de una sociedad más justa y solidaria".

   En un comunicado, la secretaria de Política Municipal de EUPV, Estefania Candel, ha argumentado que la vida de Camacho estuvo dedicada "a la lucha por sus ideales, por las libertades del país y por la defensa de los trabajadores". Por ello, considera "necesario" que las ciudades y los pueblos de la Comunitat lo recuerden y le dediquen un "merecido" homenaje poniendo su nombre a una calle o plaza de sus municipios.

   Por último, la formación de izquierdas ha subrayado que Camacho es el líder sindical "más importante del siglo XX en España", así como un referente "fundamental" en el movimiento obrero.

Una investigación cifra en 285 millones anuales el negocio de la pesca ilegal de atún rojo en el Mediterráneo hasta 2008

CARTAGENA.- En 1996, un barco de la firma Tuna graso -una empresa conjunta de la japonesa Mitsui y la española Fuentes e hijos- subió a bordo un atún rojo de más de 300 kilos de una de sus granjas. Valía 12.000 euros, más aún en Tokio. Los días de llevar atún fresco a Japón solo unos meses al año eran historia. Las granjas de engorde implicaban que los japoneses podrían tener atún rojo de alta calidad para el sashimi todo el año. Ese día, el atún resbaló por cubierta, hirió a varios miembros de la tripulación y cayó al mar. Fue un revés menor. El engorde se convirtió en un negocio millonario. Lo publica hoy, entre otros medios europeos, 'El País'.

En el cerrado mundo de la pesca del atún rojo, autoridades, pescadores y granjeros forman parte de un sistema viciado en el que todos han colaborado en un amplio fraude, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Entre 1998 y 2007, más de uno de cada tres atunes pescados acabaron en el mercado negro, que supuso 285 millones de euros anuales, según la estimación de ICIJ.

El destino del atún descansa en la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que incluye a 47 países y la UE. ICCAT ha fijado la cuota de capturas en 13.500 toneladas este año, frente a las 22.000 en 2009. Sin embargo, la capacidad de las granjas es cinco veces superior a la cuota y muchas de ellas están en países con regulaciones laxas, como Turquía y Túnez.

Las granjas son tan controvertidas que Japón, que compra el 80% del atún del mundo, empieza a poner coto a los excesos. El año pasado, Tokio bloqueó la importación de más de 3.500 toneladas de atunes de granjas del Mediterráneo. Según sus inspectores, algunas granjas alegaban ritmos de engorde biológicamente imposibles y otras exportaban más de lo que oficialmente habían adquirido. "Si no se controlan legalmente las granjas, deberían suspenderse", declaró Masanori Miyahara, delegado de Japón en ICCAT.Espoleados por la demanda japonesa, la industria evolucionó a gran velocidad en los 90. Los cerqueros -cuyas redes rodean los cardúmenes cuando desovan- permiten capturar hasta 3.000 ejemplares de una vez. De los cerqueros, son trasvasados a jaulas y transportados lentamente hasta la granja, cerca de la costa. Allí son engordados con sardina y caballa hasta que alcanzan el punto justo de grasa y color.

Las empresas españolas saltaron a Croacia, Malta, Turquía, Italia, Túnez, Chipre y Libia. La mayoría de los atunes llegaban de cerqueros italianos, franceses y españoles. El líder del mecardo es la española Ricardo Fuentes e hijos. Francisco Fuentes, director general de la compañía los últimos 20 años, convirtió un negocio familiar en una multinacional. En los 60 su padre vendía pescado puerta a puerta y ahora Fuentes viaja por el Mediterráneo en un jet privado. Conocido como Paco-san en Japón, este sagaz empresario muestra poca simpatía por quienes sostienen que el atún rojo está en peligro: "Hay una gran cantidad de atunes pequeños en el Golfo de León".

La industria -con ayuda de la UE- modernizó la flota. La inversión creó un círculo vicioso: una vez que habían comprado un cerquero de varios millones, los pescadores se veían obligados a superar las cuotas para amortizar la inversión. Al ir agotando caladeros, la flota fue al sur. El rico banco de Baleares estuvo a punto de "colapsar por la sobrepesca", recuerda Manel Balfegó, pescador y dueño de una granja en Tarragona. El stock cayó un 75%, aunque hay científicos que ven ahora los primeros signos de recuperación. Parte de la caída se debió a las generosas cuotas de ICCAT, cuyos científicos consideraron demasiado altas. Pero mucho vino de pesca ilegal y no declarada.

Un ex responsable de una gran empresa defiende que a veces hay exceso de atunes por errores de cálculo: "Para los peces que tienes por encima de la cuota hay que encontrar una solución: o los comercias ilegalmente o los guardas para la siguiente temporada". Liberarlos no es una opción.

Para combatir el fraude, ICCAT estableció en 2008 un sistema de control. Los barcos dan un número a cada captura, que debe registrarse en cada eslabón de la cadena. Los documentos son escritos a mano, validados por los países y en ICCAT son introducidos en una base de datos. El sistema acaba con información contradictoria e incompleta. Al 44% de las 4.102 entradas de 2009 les faltaba información relevante. Al menos 96 cargamentos hacia Japón (5.000 toneladas) no podían ser trazados hasta la granja de origen. Jean-Marc Fromentin, del comité científico de ICCAT, define el sistema como "un enredo".

Los datos de granjas son especialmente problemáticos. Al menos un 20% de los atunes sacrificados en ellas carecen de información, son atunes fantasma. Algunas incluso parecen capaces de manufacturar atunes. Más de una docena de instalaciones mataron más ejemplares de los que compraron. "Es incomprensible lo mires como lo mires", comentó Miyahara, el delegado japonés en ICCAT. Entre las granjas que han llamado la atención de las autoridades está la croata Drvenik Tuna, copropiedad de Fuentes. En 2008, esta firma fue obligada a liberar 712 atunes, según ICCAT. La empresa declaró que fue un error de los cerqueros franceses a los que compró el atún. Un año después, Japón rechazó la entrada de 560 toneladas de atunes de una granja de Fuentes en Tunez porque los ejemplares, pescados por una flota argelina, no tenían documentos en regla, según el Gobierno tunecino. Los responsables de Fuentes en Cartagena admiten que hubo problemas con Drvenik en el pasado, pero remitieron a su socio croata, Mladen Milakovic, que no quiso hacer comentarios. Hay casos de otras firmas en Malta, Túnez o Turquía.

Aunque criticada por excesiva por algunos científicos, la reducción de la cuota para 2010 ha hecho caer los ingresos caigan desde los 350 millones de euros en 2008 a los 220 millones, según fuentes del sector. La Comisión Europea amenaza con cerrar la pesquería si no hay control y Japón se muestra dispuesto a apoyar un cierre temporal de las granjas. A final de mes, ICCAT se reúne a fijar las cuotas y decidir si acaba con la carrera del oro del atún rojo.

Este es un extracto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y que hoy publican The Sunday Times, BBC y Le Soir, entre otros.

Los diputados del PSPV afilan cuchillos para enfrentarse a Alarte / David Lozano

Pocos de los diputados socialistas actuales repetirán porque, entre otras cuestiones, ni la mitad de éstos respaldaron a Jorge Alarte en el congreso socialista en el que se nombraba secretario general del PSPV. Alarte no quiere un grupo de diputados hostiles y por ello ni se plantea su continuidad en las listas.

La comunicación es nula entre el líder del PSPV y parte del grupo parlamentario y ese "silencio" ya se ha interpretado por los diputados "rebeldes" como una salida por la puerta de atrás y su depuración de las listas. Su "error", haber respaldado en aquel congreso a Ximo Puig, algo que ahora definitivamente les pasa factura. El ambiente se asimila hoy en día al de los peores momentos en la convulsa historia del PSOE de la Comunidad Valenciana.

Así es, todo esto ha provocado una altísima tensión en el socialismo valenciano que tiene una dirección nacional a punto del infarto por las presiones que recibe desde muchos sectores y agrupaciones locales del PSPV con la petición expresa de que se evite la escabechina que prepara Jorge Alarte. Una tarea harto complicada para los que piden árnica porque en esta ocasión, esta vez sí, el secretario general del PSPV cuenta con el apoyo decidido del barón de los barones, Joan Lerma, que habría pactado con el secretario general esa renovación a cambio de colocar a determinadas personas de su confianza en esas listas a confeccionar a gusto de un Alarte que se ve poderoso pero que no por ello lo va a tener fácil porque los excluidos quieren plantar batalla.

El sí de Lerma a esa renovación no implica ni mucho menos que Leire Pajín no caiga en la tentación de "revisar" la lista autonómica del PSPV, aunque ahora con menos legitimidad, una vez ha cedido su sillón de "tres" a Marcelino Iglesias. A la espera de lo que pueda opinar la de Benidorm, el entorno de Lerma no ve con malos ojos que Jorge Alarte elija a gran parte de los diputados que le van a acompañar en Les Corts porque, con cierta maldad, piensan que necesitará mucho apoyo y confianza porque "los cuatro próximos años en la oposición van a ser muy duros".

http://www.elsemanaldigital.com/blog.asp?idarticulo=110513&mes=&ano=

Las víctimas del montaje / J.J. Pérez Benlloch

Entre las gentes afines al PP valenciano cunde la idea de que se habla demasiado de corrupción en perjuicio de otros asuntos de mayor relevancia, como pueden ser el desempleo, la sanidad o la enseñanza entre otros cuyo deterioro es evidente en el marco de decadencia generalizada que nos aflige. Cuando nos hayamos cansado de hablar de la corrupción, ¿qué beneficio habrán sacado los parados?, dicen. Ninguno, en efecto, pero su intención no apunta a los problemas que se postergan, sino a la neutralización del debate sobre los escándalos que pudren a su partido. Banalizarlos o negarlos parece ser la consigna impartida a la feligresía popular.

Pero lo tienen crudo porque no pasa prácticamente día sin que alguna fechoría con la firma directa o indirecta de ese partido merezca los máximos honores mediáticos, ya sea por la catadura de los personajes, los cargos implicados o el monto del botín. Ahí están, por ejemplo, las andanzas y supuestos lucros del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, víctima de la voraz codicia que ha infestado a lo que ya se asemeja más a un clan que a un partido político. Se nos reputará de cándidos, pero lo cierto es que hubiéramos apostado por la integridad de quien fue vicepresidente de la Generalitat. ¿Quién demonios queda a salvo de esta metástasis que devora al PP?

Que no se hable de ello es la consigna de la casa y, en todo caso, echarle el muerto al Gobierno central y sus poderes, urdidores de una maniobra en colaboración con jueces -no demasiado diligentes, todo hay que decirlo- policías y algunos medios de comunicación. Estos son los malos de la película a quienes sin duda alude la adusta portavoz del PP valenciano, Paula Sánchez de León, cuando se refiere reiteradamente al montaje que persigue a las víctimas, sus píos y sufridos cofrades empapelados o con un pie en el trullo a poco que comparezcan ante un tribunal. O eso cabe esperar si la justicia no es tan ciega como se pretende. Los vergonzantes culebrones divulgados, relatando con pelos y señales picardías, sobornos y otras malicias deben por lo visto reputarse meras invenciones.

Aunque víctimas las hay, y tanto que las hay, empezando por la misma idea de la política, reducida por estos pagos a simple cobertura de rapacerías varias a cargo de los dineros públicos. Ya ni arte de lo posible, ni arte del mal menor, según las restrictivas descripciones clásicas. Aquí y a manos del PP la política ha perdido hasta sus más elementales visos de nobleza, imprescindibles para suscitar confianza, movilizar ilusiones y legitimar la gobernanza. Víctimas asimismo hemos sido y somos todos los valencianos, incluidos los hinchas del PP, convertidos colectivamente en piedra de escándalo en el concierto de las autonomías, por no hablar de las pérdidas del erario que conllevan las sisas y fraudes de las tramas corruptas, con el consiguiente deterioro de la moral social e incluso de la seguridad jurídica.

En el entorno del presidente Francisco Camps se tiene hoy por hoy la seguridad de que, a pesar de los pesares, no hay alternativa electoral al PP. Tienen su fundamento en los muestreos de opinión publicados y en las mayorías absolutas logradas desde 1995. No obstante, también empieza a cuajar el parecer de que es ya inevitable proceder a un relevo general de la elite dirigente del partido y la gobernante de la Generalitat. También ellos son víctimas de la corrupción que han amparado por activa o por pasiva.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/victimas/montaje/elpepuespval/20101107elpval_13/Tes

Los británicos y los rumanos son los extranjeros que más recurren a la sanidad valenciana

VALENCIA.- Los ciudadanos procedente del Reino Unido son los extranjeros que más recurren a la sanidad valenciana, con un total de 100.509 pacientes --la mayoría de ellos jubilados--, seguidos de los de Rumanía (98.606), ambos por encima de los usuarios extranjeros nacidos en España (77.985). 

   En cuarto lugar se sitúan los usuarios procedentes de Marruecos (68.453), y tras ellos, en este orden, los que provienen de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Alemania, Bulgaria, Argelia, Francia, Ucrania, China, Bélgica y los Países Bajos, según datos de la Generalitat.

   La Comunitat Valenciana ha pasado de atender 571.953 inmigrantes residentes en 2005 a 868.206 personas extranjeras en 2008, lo que supone un incremento de población inmigrante del 52 por ciento en esos tres últimos años.

   El Anual sobre Migraciones e Integración, elaborado por la Fundación CeiMigra, que está participada por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y la Compañía de Jesús, destaca que los europeos son los extranjeros que más recurren a la sanidad valenciana.

   El conseller de Solidaridad y Ciudadanía ha explicado en un comunicado que en 2006 la Generalitat propuso el Decreto de Aseguramiento, por el que además de solicitar el empadronamiento y la tarjeta sanitaria como requisitos para ser atendidos, el sometimiento a determinado tratamientos e intervenciones se facturaría a cargo del correspondiente país de procedencia para todos los ciudadanos comunitarios.

   La Generalitat dispone de un sistema sanitario "capaz de dar respuesta a las necesidades de la población extranjera y, sobre todo, para garantizar su integración en la sociedad valenciana", según ha manifestado esta mañana el titular de Solidaridad y Ciudadanía,

   Blasco ha manifestado que el Consell dispone de programas sanitarios "adaptados a las necesidades de la población inmigrante, un sector poblacional que se ha integrado plenamente en nuestra administración sanitaria como una vía también para lograr su integración en la sociedad valenciana".

   El conseller de Solidaridad y Ciudadanía ha resaltado que el Gobierno valenciano basa su política de integración en "la igualdad de derechos y deberes de la población extranjera con relación a la población autóctona".

   "La Generalitat ha establecido estrategias estructurales que sistematizan tanto la concepción de salud integral como la sensibilidad intercultural a través de la formación de profesionales en competencia intercultural; a través de la integración de profesionales de la mediación intercultural y la interpretación lingüística", ha declarado Rafael Blasco.

   La Comunitat dispone de programas sanitarios específicos en áreas de "gran impacto" entre la población inmigrante como son la salud materno-infantil y la salud sexual y reproductiva, que, según el conseller, "han demostrado su efectividad a la hora de atender correctamente las necesidades de la población inmigrante y regular su impacto en el sistema sanitario".

   La Comunitat Valenciana ha experimentado un "notable aumento" de la natalidad en los últimos años, que ha pasado de 40.775 nacimientos en el año 2000 a 107.475 en 2008.

   Consciente de este hecho, la Generalitat ha editado y está distribuyendo entre los padres de los recién nacidos en los hospitales información en inglés, árabe y rumano sobre los primeros cuidados del recién nacido, lactancia materna, consejos e información para los momentos posteriores al parto y una cartilla de salud infantil.

De 'Don Pin Pon' al 'sherif', la 'peluquera' y los 'monicacos'

ALICANTE.- 'Don Pin Pon', el 'sherif', la 'peluquera', los 'monicacos' y 'dios' son algunos de los apelativos que los investigados en la operación Brugal utilizan en sus conversaciones para referirse, bien a otros presuntos implicados o a personas conocidas por su actividad en el ámbito político, según consta en el sumario.

   En las conversaciones del llamado caso Brugal, en todas sus ramificaciones, los supuestos implicados se aluden entre ellos o a terceros con motes o apelativos curiosos. En algunos casos utilizan estos nombres ante sospechas de que pudieran estar siendo escuchados, pero también se refieren de este modo a algunas personas mediante motes por rasgos de carácter o simplemente por preferencias personales.

   Además, según las conversaciones y los interlocutores, e incluso las ocasiones, los motes de los supuestos implicados o de las personas a las que aluden va cambiando. Es el caso del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, al que se refieren como 'el jefe o el tío de Barcelona' o 'nuestro amigo'.

   Así, en conversaciones de uno de los investigados en el caso Brugal, Ángel Fenoll, se refieren al ex concejal y ex alcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, como 'El Loco' y a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, como 'la jefa' de 'los monicacos', sus partidarios en el Ayuntamiento cuando estaban enfrentados con el ex primer edil, José Manuel Medina.

   A otros ex alcaldes de Orihuela, los llaman 'el primo' o 'el del piano', Luis Fernando Cartagena; y 'señoría', 'el del bigote' o 'el que se fue a Sevilla', a José Manuel Medina.

   En otra conversación entre otro de los principales implicados, Rafael Gregory, y otro investigado, José Candel, el primero dice que va a ver "al Obispo de la Iglesia de Orihuela --Ángel Fenoll--", con "el sacristán --Antonio Ángel Fenoll--" y que cuando acabe con ellos irá a ver "al párroco de Alicante --Enrique Ortiz--".

   Como 'dios', 'nano', 'el del fútbol', 'el del asfalto' o 'el sheriff' se conoce en otras conversaciones al constructor alicantino, Enrique Ortiz, quien comparte mote con Ripoll, al que en algunas ocasiones también se refieren como el 'sheriff'.

   Al ex presidente de la Diputación y de las Corts, Julio de España, lo llaman 'Don Pin Pon' en una conversación sobre la política alicantina, sin ninguna relación con el caso.

   Mientras, una edil oriolana, Maite Valero, es conocida como 'la peluquera' y su compañero de corporación, Antonio Rodríguez Murcia, es designado como 'El Chanos'. A la portavoz socialista sólo le añade

   En la adjudicación del Plan Zonal, el gerente de las empresa San Antonio, José Antonio Rodríguez, es 'El Papeles' y el gerente de la UTE de las basuras, Miguel San Andrés, es 'el Secretario', 'la Leona', 'Chiquilla', 'Chuquilla'.

   'El Pollo', el 'Espía Doble', el 'Culebra' y el 'Kennedy' son algunos de los motes que también surgen en las conversaciones y que se refieren a personas cuya identidad no se conoce.

Los hermanos Gregory quedan en libertad provisional, con la obligación de comparecer

ALICANTE.- Los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, detenidos el pasado jueves por un presunto delito de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales, han quedado en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer dos veces al mes. 

   Asimismo, el juez de Instrucción nº 5 de Alicante, en funciones de guardia, ante el que han comparecido, ha decidido retirarles el pasaporte, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   En la operación desarrollada el pasado jueves, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a un total de 15 personas, así como el empresario oriolano Ángel Fenoll --también supuestamente implicado junto a Rafael Gregory en el caso 'Brugal'-- que ha sido imputado tras ser requerido para declarar en la Comisaría.

   Entre los detenidos, además del empresario y su hermano, responsables del Grupo Autisa S.L., se encuentran dos abogados arrestados en Madrid, que declararon y han sido puestos en libertad.

   La investigación que ha llevado a estas últimas detenciones se inició en 2009 por una querella derivada de un proceso concursal y está relacionada con una detención, realizada este mismo año, por presunta falsedad documental y estafa. A estos delitos se le unen ahora los de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales.

   De esta forma, el empresario Rafael Gregory ha sido detenido en tres ocasiones, dos de ellas relacionadas con esta causa, y una tercera con el caso Brugal.

El BOE publica el nombramiento de las magistradas suplentes para el TSJCV del año judicial 2010-2011

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran magistradas suplentes para el año judicial 2010/2011, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   En concreto, el BOE publica que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado nombrar para el año judicial 2010/2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a las magistradas suplentes, en el ámbito del TSJCV.

   Así, doña María Carmen Agut García y doña Inmaculada Ballester Pastor, han sido nombradas magistradas suplentes del TSJCV, teniendo en cuenta que contra el acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

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Los hermanos Gregory pasarán a disposición judicial este sábado por alzamiento de bienes y blanqueo

ALICANTE.- Los hermanos Rafael y José Vicente Gregory detenidos este jueves por un presunto delito de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales, han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, desde donde serán puestos a disposición judicial este sábado, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   En la operación desarrollada este jueves, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a un total de 15 personas, así como el empresario oriolano Ángel Fenoll --también supuestamente implicado junto a Rafael Gregory en el caso 'Brugal'-- que ha sido imputado tras ser requerido para declarar en la Comisaría.

   Entre los detenidos, además del empresario y su hermano, responsables del Grupo Autisa S.L., se encuentran dos abogados arrestados en Madrid, que declararon y han sido puestos en libertad.

   La investigación que ha llevado a estas últimas detenciones se inició en 2009 por una querella derivada de un proceso concursal y está relacionada con una detención, realizada este mismo año, por presunta falsedad documental y estafa. A estos delitos se le unen ahora los de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales.

   De esta forma, el empresario Rafael Gregory ha sido detenido en tres ocasiones, dos de ellas relacionadas con esta causa, y una tercera con el caso Brugal.