Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia sobre la CAM a la Audiencia Nacional

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia a la Audiencia Nacional sobre la gestión en la CAM, ya que advirtió que no se iba a quedar ahí y que, por lo que a él respecta, iba a centrar sus esfuerzos en determinar cuál ha sido la actuación de las instituciones públicas en este asunto y en establecer si también han podido incurrir en alguna responsabilidad, bien por acción o por omisión.  La entidad, que hasta el mes de marzo aseguraba estar en beneficios, está en una situación límite, con un agujero estimado de 5.000 millones de euros, que podrían aumentar hasta 16.000 por su elevada exposición al ladrillo.

«Ahora voy a volcarme en depurar las responsabilidades de los políticos», alerta.

Diego de Ramón presentó semanas atrás una denuncia contra la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y contra el resto de la cúpula directiva de la citada caja de ahorros. 

En el escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón denunció, entre otros aspectos, que la dirección de la caja había producido «un quebranto económico de pérdidas ocultas de 4.587 millones de euros» y que había «atentado contra la seguridad nacional en época de crisis en España». 

En la denuncia, que ha dado origen a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, el letrado Diego de Ramón relata una serie de supuestas irregularidades en las que habría incurrido la anterior cúpula directiva de la CAM, entre las que destaca el presunto reparto de 71 millones de euros en créditos entre siete consejeros de la caja, y de otros 18 millones de euros, en los últimos cuatro años, en concepto de retribuciones. 

En el escrito del abogado murciano se denuncia, igualmente, el presunto disfrute de «créditos blandos» por parte de un grupo de varios de esos exdirectivos. Asuntos, todos ellos, que ya están siendo investigados.

Todas las denuncias sobre la mala gestión de la CAM terminarán en la Audiencia Nacional

MADRID.- Todas las diligencias abiertas sobre la mala gestión en la CAM se acumularán a la causa que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional, al igual que las demás denuncias relacionadas con la CAM presentadas ante distintas fiscalías y juzgados de Valencia, Madrid, Alicante o Murcia. Al tratarse de los mismos hechos, lo lógico es que todas se lleven en un único procedimiento para evitar resoluciones dispares, avanza hoy el diario 'Público'. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga ya la "contabilidad creativa" puesta en marcha por la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós.

Aunque aún no se ha concretado a qué personas se imputará, María Dolores Amorós, la última directora general, tiene todas las papeletas. Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que, una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores, se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Además, pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros, pago que fue eliminado por los actuales administradores.

Pero, cuando avance la investigación, probablemente no figurará ella sola en el listado de imputados. La denuncia del letrado murciano Diego de Ramón, admitida a trámite por el juez Fernando Grande-Marlaska esta misma semana, también atribuye responsabilidad al ex director general Roberto López Abad, el secretario general José Pina, Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos), Teófilo Sogorb (Planificación y Control) y Daniel Gil. 

Según el denunciante, formaban el equipo que dirigía la entidad a espaldas del consejo de administración. También cita a los directores territoriales de la entidad en Murcia y Valencia.

El letrado De Ramón califica los hechos como delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y abuso de poder. Y dirige su denuncia contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a la que los interventores despidieron en septiembre por unas causas, que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado para determinar si superan el ámbito de la infracción disciplinaria y llegar a constituir delito. Aparentemente, son fácilmente transformables, puesto que los motivos alegados para despedirla consistieron en "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente".

Con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado la primera diligencia: solicitar al Banco de España un avance del informe que preparan los interventores que designó al frente de la entidad para analizar la gestión desarrollada en los últimos años.

De las conclusiones de este avance de informe dependerá el futuro de la causa, porque a partir de él se perfilarán las imputaciones que se realizarán contra los exresponsables de la CAM. La admisión a trámite se ha producido por estafa y delitos societarios, entre los que se incluyen administración desleal y apropiación indebida en el seno de una empresa. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 no llamará a declarar a ninguno de los antiguos gestores de la entidad bancaria hasta conocer los resultados del Banco de España.

Aparte de afirmaciones escandalosas, pocas pruebas aporta el escrito de denuncia, por lo que es imprescindible iniciar la investigación prácticamente desde cero con las conclusiones del órgano auditor.

La denuncia, según recuerda 'El País', recogía las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida". 

También recuerda que la CAM presentó en marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós como el resto de directivos trataron de esconder "la debilidad financiera" de la entidad y las retribuciones de Amorós, que, además de una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de otros 593.040. 

El carrito de la compra, más caro / Javier Gil Sanz

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.

enrique ortega

Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.

Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos(+4,8%), mientras subían poco la leche(+0,3%) y el aceite(+1,8%),dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.

La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles( subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.

Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…

Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…

El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).

La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.

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Anulan las cuentas de Coepa de 2006, presidida por Modesto Crespo, porque "no reflejan su situación financiera"

ALICANTE.- El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Alicante ha declarado "nulas" las cuentas de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) correspondientes al ejercicio 2006, periodo en el que la patronal estaba presidida por Modesto Crespo, por considerar que las cuentas presentadas "no reflejan ni permiten obtener la imagen fiel de su patrimonio, ni de su resultados ni de su situación financiera".

   La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) presentó en marzo de 2010 una demanda tras detectar la presunta comisión de "irregularidades e incumplimientos" en las cuentas de Coepa.

    Así, según denunciaba la demandante, las cuentas de 2003, "en lugar de arrojar el resultado aprobado en asamblea, pérdidas de 30.000 euros, constaba en realidad pérdidas de 372.348 euros, debido a que Coepa contabilizaba la subvención de capital concedida por la Generalitat valenciana por importe de 258.434 euros como ingreso corriente del ejercicio, cuando debería incorporarlo al balance".

   Por ello, en su demanda, FEMPA solicitaba al juez que declarase, tal y como ha hecho, que "las cuentas anuales de Coepa de 2006 no reflejan, ni por ende permiten obtener, la imagen fiel del patrimonio, ni del resultado ni de la situación financiera de COEPA".

   El titular del juzgado además ha declarado nulo el acuerdo de la Asamblea General de Coepa con fecha de 25 de julio de 2007, de aprobación de las cuentas del ejercicio de 2006, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

   Así mismo condena a la patronal alicantina a regularizar la contabilidad de los ejercicios afectados, para que sus cuentas se ajusten a la legalidad y reflejen "la imagen fiel y los resutlados de la confederación". Además, le impone el pago de las costas procesales.

   Las cuentas anuladas corresponden al periodo en el que Coepa estaba presidida por Modesto Crespo, que ejerció este cargo entre 2006 y 2009, año en el que pasó a presidir Caja Mediterráneo (CAM) hasta la intervención de la entidad por el Banco de España este verano pasado.

   Ante esa sentencia, cabe resultado de apelación, medida que la propia patronal ya ha confirmado que presentará en los próximos días.

La CNC multa a Balearia, Trasmediterránea y Förde por participar en un cártel

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto imponer multas de hasta 16,3 millones de euros a las navieras Balearia, Trasmediterránea y Europa Ferrys y a Förde Reederei Seetouristik Iberia por su participación acreditada en una cártel de precios y de reparto de mercado en la línea de transporte marítimo de pasajeros que une Algeciras y Ceuta.

   Concretamente, ha sancionado con 2,35 millones de euros a Balearia Eurolíneas Marítimas y a sus filiales Buquebus España y Euromaroc 2000; con más 12 millones de euros a la compañía Trasmediterránea y Europa Ferrys y con 1,88 millones a Förde Reederei Seetouristik Iberia, informó Competencia en un comunicado.

   Balearia y sus filiales y Euromaroc 2000 se han beneficiado de una reducción del 50% sobre la sanción que les correspondería, en ausencia de aplicación del Programa de Clemencia regulado en la Ley 15/2007, por su colaboración en la investigación.

   Según la CNC, la dirección de Investigación del organismo tuvo acceso, en el marco del expediente relativo al intercambio de billetes en la Operación Paso del Estrecho, a información de la que se podía deducir un acuerdo de fijación de precios en el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la línea Algeciras-Ceuta-Algeciras, procediendo a acordar la apertura de un expediente sancionador con fecha del 24 de marzo de 2010.

   Por ello se realizaron distintas inspecciones en las sedes de Balearia Eurolíneas Marítimas, Trasmediterránea y Trasmediterránea Cargo, con el objeto de verificar la existencia de prácticas anticompetitivas, consistentes en la adopción de acuerdos cuyo objeto sería el reparto de mercado y la fijación de precios y/o de condiciones comerciales así como en la imposición de precios y/o condiciones comerciales no equitativos en el sector de transporte marítimo regular de pasaje, vehículos en régimen de pasaje y carga.

   Tras el desarrollo de las inspecciones, Euromaroc 2000, y con posterioridad su matriz Balearia Eurolíneas Marítimas y sus filiales, acogiéndose al Programa de Clemencia de la CNC, aportaron documentación e información sobre las conductas investigadas, que complementaron con declaraciones verbales de sus directivos.

   La CNC considera que a través de reuniones, llamadas telefónicas o correos electrónicos entre representantes de FRS y de las navieras de los grupos Acciona y Balearia, adoptaron acuerdos para repartir el mercado, fijar los precios y las cuotas de mercado.

   Además de coordinar los horarios, fijar las condiciones comerciales para las agencias, eliminar y coordinar las ofertas y los mecanismos de compensación en caso de desviación de cuotas, así como establecer mecanismos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de estos acuerdos en el transporte marítimo de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en la línea que une Algeciras y Ceuta.

   En consecuencia, el consejo de la CNC considera acreditada la participación de las empresas imputadas: Balearia Eurolíneas Marítimas, Buquebus España, Euromaroc 2000 --todas ellas, del grupo Balearia--, Europa Ferrys y Trasmediterránea --ambas del grupo Acciona-- y Förde Reederei Seetouristik Iberia, en un cártel al menos desde febrero de 2008 hasta abril de 2010 (FRS solo habría participado a partir de octubre de 2008).

La moratoria a los rumanos obliga a 200.000 a trabajar en la economía sumergida

MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión. 

  Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.

   "Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.

   Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".

"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.

   Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social". 

"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.

   Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.

   El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".

   Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.

   En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".

   "Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.

   Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.

   Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.

Caja Mediterráneo comenzará a anticipar la mitad de la factura de farmacia de agosto

ALICANTE.- El Colegio de Farmacéuticos de Alicante (COFA) ha asegurado que Caja Mediterráneo va a proceder a anticipar “en este momento” la mitad de la factura del mes de agosto que les adeudaba la Consejería de Sanidad, según ha informado en un comunicado la entidad colegial.

En la nota, la entidad explica que Banco CAM, tras recibir la mitad de la facturación del mes de julio por parte de la Consejería de Sanidad, ha registrado un “retraso debido a que la amortización era la mitad de la póliza, lo que conlleva procesos financieros más complejos para volverla a activar”.

La Generalitat valenciana ordenó el pasado 8 de noviembre el primer abono pendiente de la factura de farmacia, tras el acuerdo alcanzado para establecer un plan de pagos, que ha sido ingresado en una cuenta del COFA en Caja Mediterráneo (CAM).

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra / Javier Gil Sanz

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

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Cascos avisa de que Rajoy no sabe lo que va a hacer con el "futuro de España"

MADRID.- El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró anoche que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiere explicar sus propuestas porque sencillamente "no sabe lo que va a hacer a partir del 21 de noviembre con el futuro de España".

Durante un acto electoral en Madrid, el líder de Foro Ciudadanos ha criticado la actitud de Rajoy y también la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que no tiene "ninguna credibilidad" y que aunque en su programa llevara "milagros" no le votarán los ciudadanos porque ya no le creen al haber situado el PSOE a España en este "punto dramático".

Álvarez-Cascos ha lamentado la actitud de los candidatos de los partido mayoritarios en el debate de pasado lunes y ha defendido que su fuerza concurre a estos comicios como el "único contrapeso" para que se apoye el Gobierno ante las "tensiones nacionalistas".

"No somos antinacionalistas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que su formación lo que quiere es "más España, mejor España" frente al discurso de los nacionalistas de "pedir menos España".

Para Álvarez-Cascos, Foro es el "tensor" que puede neutralizar "los vientos dominantes" de los nacionalistas para que el Gobierno no tenga que ceder y sea fuerte en la defensa de los intereses del Estado.

Por ello, ha incidido en la necesidad de que su partido consiga grupo parlamentario propio en las Cortes Generales para que su programa no se quede en un ejercicio "teórico", pueda estar donde se toman las grande decisiones y contribuya a una España "mejor en los próximos cuatro años".

En este sentido, ha resaltado que su formación es la alternativa al bipartidismo y que surge para "romper la falta de credibilidad de unos y la falta de programa de otros".

Tras denunciar la situación económica de España, el presidente asturiano ha insistido en que lo más "urgente" es un política de recortes del gasto público, un asunto sobre el que hay "muchas diferencias" según los partidos.

En su comunidad no van a hacer ajustes en "servicios esenciales" como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha añadido Álvarez-Cascos, que prefiere "recortar" en las televisiones autonómicas y no cerrar ambulatorios como Cataluña o dejar de pagar medicamentos como ocurre en otras autonomías.

"Estamos recortando sin tocar las prestaciones esenciales que los ciudadanos consideran prioritarias en el Estado del Bienestar", ha agregado.

Ha detallado una serie de propuestas de su formación, como la de contribuir a que las empresas españolas ganen "competencia", una nueva reforma laboral, reordenar el sistema fiscal y que los empresarios no tengan que pagar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas.

También ha abogado por reducir burocracia, bajar el impuesto de Sociedades y que las empresas que se creen estén exentas de tributos durante el primer año y del cincuenta por ciento en el segundo.

"Hay que hacer muchas reformas estructurales", ha continuado Álvarez-Cascos, que además ha apostado por reducir el coste energético y ayudar al sector de la gran industria, que tiene un "gravísimo problema de competitividad".

Además, dedicó parte de su mitin a la política internacional e instado a hacer una diplomacia "comercial" para ayudar a abrir mercados a las empresas en vez de una política exterior que haga "amistades ideológicas en función de intereses políticos".

Álvarez-Cascos ha subrayado que es necesario un Gobierno "serio" que no tenga que "estar de rodillas ante la UE escribiendo al dictado".

Cientos de personas se concentran en la Comunitat en protesta por la cesión de suelo público para construir CIS

VALENCIA.- Cientos de personas se han concentrado este jueves en las tres capitales de provincia valencianas para protestar por la cesión de suelo público destinada a construir Centros de Iniciativa Social (CIS). Las pancartas de la protesta reivindicaban una 'Educación pública digna' y expresaban un 'No a la privatización' y un 'No a los recortes'. 

   La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, integrada por sindicatos y asociaciones, ha convocado concentraciones en Valencia, Alicante y Castellón bajo el lema Con el lema 'No a los recortes, No a la privatización de la educación, No a la cesión de suelo público para centros privados-CIS'.

   En la Plaza de Manises de Valencia, frente al Palau de la Generalitat, se han congregado más de 500 personas, según la organización. En la Delegación del Consell en Castelló (Casa dels Caragols) se han concentrado unas 200 personas y en Alicante (Casa de les Bruixes), sobre 400 personas. Todas las concentraciones están programadas para las 19.00 horas.

    La Plataforma sale a la calle de nuevo porque considera que la habilitación de los CIS supone "un freno en la construcción de centros públicos, que sufrirán una reducción de unidades y de profesorado por culpa del trasvase de alumnado de la escuela pública hacia estos nuevos centros".

   Además, creen que "esta propuesta significa un paso más en la privatización de la enseñanza y una clara priorización de la enseñanza privada ante del público por parte del Gobierno valenciano".

   En Valencia, la protesta ha comenzado puntual y se podían leer pancartas como 'No más excusas. Ampliación del Colegio Público de Náquera ya', 'La libertad de enseñanza no se garantiza cediendo suelo público a la empresa privada concertada. Basta de falacias' y 'Nuestro suelo para nuestra escuela. Por la dignidad y el futuro'.

   Sobre las 19.30 horas, la portavoz Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, María José Navarro, ha leído un manifiesto en el que ha reclamado "una escuela pública plural, democrática y participativa", que sea "de calidad para evitar desigualdades sociales y en la que todos tengan las mismas oportunidades".

   "Queremos una educación pública donde el valenciano tenga un papel fundamental como una manera de integrar a todas las personas sin distinción de territorio, condición o lugar de origen y como garantía de igualdad de oportunidades", ha reclamado.

   La plataforma "tampoco aceptará que nuestra escuela se pueda convertir en el negocio de algunos. No queremos que se privaticen nuestra educación. No queremos que se apliquen recortes", ha finalizado Navarro.

   A continuación, se ha guardado un minuto de silencio por "la defunción de la educación" en la Comunitat Valenciana y después los manifestantes han pitado con silbatos al unísono antes de disgregarse poco a poco.  

    La Plataforma per l'Ensenyament Públic está integrada por FAPA-Valencia, CCOO, UGT, STEPV, CGT, Cavecova, Escola Valenciana, Faavem, SEPC, BEA, Asociación de Directores de Primaria, Asociación de Directores de Secundaria, Movimientos de Renovación Pedagógica y Adide.

Botella insta a quienes quieran promover manifestaciones que las comuniquen debidamente

VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, ha solicitado a las entidades y personas que quieran promover algún tipo de manifestación o concentración en el periodo electoral que las comuniquen debidamente y se sometan a las normas legales.

   Botella se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido sobre la campaña de tráfico, al ser preguntada por el intento de acampada de este miércoles por parte de un grupo de 'indignados' en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

   A este respecto, la delegada ha aclarado que el tema de las acampadas "es competencia de la Policía Local y del ámbito municipal", por lo que "el Gobierno no tiene nada que decir", ha apostillado.

   No obstante, y en relación a este tema, ha explicado que las manifestaciones y concentraciones deben estar comunicadas a Delegación de Gobierno a través de las diferentes Subdelegaciones, con el objetivo de ir dándoles trámite conforme se vayan solicitando.

   Así, Botella ha aprovechado para instar "en este periodo electoral" a todas las entidades o personas que quieran promover algún tipo de manifestación o concentración a que "lo comuniquen debidamente y se sometan a las normas legales", ha dicho.

   La concentración celebrada este miércoles en la plaza --que no se convirtió en acampada ante la presión policial--, a iniciativa de la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa, fue apoyada por el 15-M L'Horta-Albufera y 18 organizaciones más. El objetivo era protestar por la situación del proyecto comunitario 'Nosotros Mismos', "tras el retraso en los pagos de Generalitat y Ayuntamiento a las organizaciones sociales", según informó la organización en un comunicado.  

   La intención de este grupo de personas es quedarse en la Plaza del  Ayuntamiento de Valencia indefinidamente. Asimismo, llaman a participar en las asambleas que se celebrarán a diario a partir de las 20 horas.

Los proveedores sanitarios advierten a Rosado que su paciencia "se está acabando"

VALENCIA.- La Plataforma de Proveedores Sanitarios enviará esta semana una carta al conseller de Sanitat, Luis Rosado, para exigirle que aclare "si va a seguir negociando" y si se va a establecer un plan de pagos como en otros sectores. Así, le darán un periodo "de cortesía" de una semana para que conteste y, de no hacerlo, entenderán que "no va a hacer nada" y tomarán "todas las medidas" que les permite la ley. "La paciencia se está agotando", ha asegurado.

   Así se ha pronunciado hoy el portavoz de la plataforma, Vicente Peiró, después de la reunión de la junta directiva de la misma celebrada en la tarde de este miércoles, en la que los proveedores plantearon la necesidad de que se establezca con el sector un plan de pagos, como ha ocurrido con el farmacéutico.

   "Sé que no pueden pagar de golpe, pero queremos que al menos me digan cuándo cobraré. Más o menos todo el mundo va avanzando, como las farmacéuticas o el turno de oficio. Queremos una solución similar", ha insistido Peiró.

   Por ello, la plataforma enviará este jueves o viernes una misiva al titular de Sanitat, después de "un mes esperando la solución sin saber nada", en la que le pedirán "por favor que diga si va a seguir negociando o si eso se ha acabado". Peiró ha recalcado que se trata de "el último escrito" que le dirigirán y que, a partir de ahí, le darán "un tiempo de cortesía para que responda", de entre una semana y 9 días.

   "Si no lo ha hecho, es que no tiene ninguna intención y nos plantearemos todas las acciones que nos permite la ley. Y cuando digo todas son todas", ha aseverado el portavoz de la plataforma, que ha subrayado que la paciencia de las empresas del sector "ya se está acabando". 

"Llevamos desde marzo, ya está bien", ha agregado.

   En cualquier caso, los proveedores han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos que permitan establecer un plan de pagos: "queremos ir a negociar, no a que nos cuenten películas", ha finalizado Peiró.

Acusan a Fabra de que "está muy lejos" de la provincia de Alicante al invertir sólo el 29% de los Presupuestos

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE y síndic socialista en las Corts, Jorge Alarte, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está muy lejos de Alicante y no gobierna para los alicantinos", hasta el punto de que "está peor que con Camps", y ha considerado que la Comunitat Valenciana "tiene que mirar" a esta provincia.

   Durante una rueda de prensa en Alicante, junto a la portavoz municipal del PSOE, Elena Martín, Jorge Alarte ha considerado que Alberto Fabra, "está muy lejos de Alicante y no gobierna para los alicantinos", hasta el punto de que ha conseguido "lo imposible, que es que Alicante esté peor que con Camps".

   Según el líder socialista, la Comunitat Valenciana "tiene que mirar a Alicante", algo que, en su opinión, ahora no sucede. "Si territorializan los 540 millones del capítulo 6 de inversiones, Alicante, que representa  el 36 por ciento de la población de la Comunitat Valenciana, sólo recibe un 29 por ciento".

   Por el contrario, según ha dicho, "en inversión territorializada, Castellón, que representa el 10 por ciento de la población, tiene el 20 por ciento".

"No nos parece mal si es necesario y si es justo, desde la solidaridad interterritorial; lo que nos parece mal es que Alicante no tenga por lo menos el 36 por ciento de la inversión territoralizada, de eso no hay ninguna duda", ha resaltado.

   Así, ha avanzado que los socialistas presentarán una serie de enmiendas para intentar solucionar "las carencias" que los socialistas alicantinos han detectado en los presupuestos. Alarte ha pedido a los diputados Ángel Luna, Javier Macho y Julián López Villa que se traslade en enmiendas a los presupuestos el "detallado informe" realizado por el grupo municipal socialista sobre la disminución de inversiones o la ausencia de ellas.

  "Vamos a defender cada uno de los centros de salud de Alicante, la inmediata construcción del Manjón Cervantes, que se acaben los barracones, que se amplíen los colegios, que sea prioritario el Centro de Congresos de Alicante", ha asegurado.

   Estas iniciativas, según ha añadido, "van a llegar al pleno de las Corts Valencianes y ahí se va a ver el voto de la señora Castedo y del señor Díaz Alperi". Alarte ha sostenido "la tesis de que los van a aforarse y a ver si se esconden de los casos de corrupción, y por supuesto a cobrar, que es lo único que saben hacer".

"Vamos a ver en el pleno qué hacen cuando el grupo socialista presente y someta a votación estas enmiendas", ha insistido.

  Elena Martín ha presentado un informe sobre los presupuestos de la Generalitat para 2012, que ha calificado como "poco creíbles", y ha asegurado que a Alicante "le va peor con Fabra que con Camps, que ya es decir".

   En su opinión, Alicante "vuelve a ser marginada" con la ausencia de partida para el Centro de Congresos, que, según ha asegurado, "vuelve a tener consignados 0 euros un año más", mientras que otros proyectos como el Centro del Circuito y del Motor de la ciudad de Valencia tiene consignados casi 21,5 millones de euros; para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias casi 270 millones de euros; y para el aeropuerto de Castellón, sin aviones y sin pasajeros, 35 millones de euros".

   Además, ha rechazado las explicaciones del Ayuntamiento, en las que aseguraba que sí había partida presupuestaria, que hablen con la consellera Lola Johnson, quien en una respuesta escrita al grupo socialista en las Corts ha contestado que cuando "se resuelvan los trámites se realizarán las anotaciones presupuestarias para el inicio de las obras y la Generalitat podrá ofrecer las cifras de inversión correspondientes y mientras tanto en los presupuestos no figura ninguna cantidad".

   Además de este proyecto, Elena Martín también se ha referido a carencias educativas en la ciudad de Alicante, donde "no hay ni un colegio público colegio ni un IES público presupuestado", como tampoco "hay ni un euro" para el Conservatorio Superior de Música y Danza, ni para la ampliación de otros colegios, como el caso del Colegio Público La Florida.

   Respecto a Sanidad, ha asegurado que de los cinco centros de salud que tenían pendiente construir en Alicante, en los presupuestos "desaparecen cuatro de ellos y el de Benalúa está presupuestado con la cantidad irrisoria de 500.000 euros".

"Del tercer hospital, ya ni hablamos", ha dicho.

   En asuntos sociales, ha destacado la reducción de presupuestos para el Centro Benacantil, de atención a mujeres maltratadas y a sus hijos, ve su consignación reducida en un 37 por ciento; mientras que otros centros sociales "desaparecen de los presupuestos y no tienen ninguna partida".

Alarte acusa a Fabra y Bonig de ser "cómplices políticos" "si no suspenden en PGOU" de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV y portavoz socialista en las Corts, Jorge Alarte, ha acusado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, de "cómplices políticos" en la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "si no suspenden el plan".

   Durante un encuentro con los medios de comunicación en Alicante, Jorge Alarte ha instado a Fabra y Bonig a suspenderlo porque, en su opinión, "o suspenden el PGOU, que está en tramitación, o se convierten en cómplices políticos de todos cuantos asuntos de corrupción se diluciden de la tramitación y aprobación del plan".

  "Acuso de complicidad política al señor Fabra y a la señora Bonig si no suspenden el PGOU", ha dicho Alarte, quien ha resaltado que si bien las responsabilidades penales "las decidirán los jueces", las políticas "son evidentes: son del señor Fabra y de la señora Bonig".

Bonig dice que la tramitación del PGOU de Alicante seguirá "todo el procedimiento normal"

ALICANTE.- La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha asegurado que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante "seguirá todo el procedimiento absolutamente normal", dado que la Conselleria, "como administración, tiene la obligación de resolver todos los expedientes" que recibe.

   Tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, preguntada sobre si la Generalitat se ha planteado la paralización de la tramitación del PGOU, Isabel Bonig ha remarcado que la Conselleria "no puede paralizarlo".

   La oposición ha solicitado en reiteradas ocasiones la paralización de este plan, por las presuntas irregularidades en su tramitación que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en una de las ramificaciones del caso 'Brugal'.

   "Nosotros como administración tenemos la obligación de resolver todos los expedientes y el plan general entró en el servicio territorial, y además hace poco, y seguirá el trámite normal que siguen todos los planes generales de solicitud de informes a las administraciones, todos los informes sectoriales, los estudios de impacto, todo el procedimiento absolutamente normal", ha apuntado la conselleria.

   En este sentido, la titular de Infraestructuras ha subrayado que no tiene un "plazo para aprobarlo", sino que los plazos serán "los que vayan marcando". "Estamos en el inicio, ha entrado en el servicio territorial y ahora lo que hay que solicitar es todos los informes sectoriales, unos serán favorables, otros no, y seguir el paso normal", ha dicho.

   Así mismo, ha explicado que en las Corts Valencianes recuerda haber escuchado a algún diputado que aventuró que este PGOU podría estar "aprobado seis o siete meses". 

"Ojalá los planes generales pudiesen aprobarse en seis o siete meses, hay algunos que llevan hasta ocho y nueve años, pero seguirá su tramitación absolutamente normal, como cualquier expediente", ha indicado al respecto.

La patronal juguetera celebra el reconocimiento oficial juguete como industria de interés cultural

ALICANTE.- El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, ha destacado la importancia del reconocimiento del sector del juguete como industria de interés cultural y ha subrayado que la relevancia de esta distinción es "todavía mayor para que la sociedad sea consciente del papel fundamental que tiene el juguete en el desarrollo de los niños y su contribución en la cultura", según ha informado en un comunicado AEFJ.

   Con la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden CUL/3009/2011, el reconocimiento es oficial desde este jueves.

   El Ministerio de Cultura considera que esta medida es "un paso irreversible hacia el justo reconocimiento del mismo como elemento esencial del patrimonio cultural por su potencial pedagógico así como por su enorme valor como producto cultural y, por lo tanto, como una actividad digna del fomento y la protección de la cultura".

   El Ministerio también estima que el juguete es "un sector de indudable proyección de futuro", y destaca la "tradicional calidad" del sector, la "amplia implantación de la industria en un tejido de pequeñas y medianas empresas" y su "progresivo reconocimiento internacional como obra artística".

   Para José Antonio Pastor, presidente de AEFJ, "este reconocimiento contribuirá a aumentar la competitividad de nuestros diseños y es un primer paso para la consideración del juguete como Bien de Interés Cultural en el cual seguiremos insistiendo como sector".

   La orden publicada en el BOE supone el apoyo de la Administración Pública al sector con la creación del Premio Nacional de Fomento de la Creatividad del Juguete, por medio del cual, se reconocerán con periodicidad anual los méritos extraordinarios de un profesional de dicha industria, o de una empresa o institución que haya destacado por su labor a favor de la difusión de los valores culturales del juguete".

Bruselas alerta de "riesgos" en la banca española por la exposición a la vivienda

MADRID.- La Comisión Europea ha alertado de "riesgos" en el sector bancario español por la fuerte exposición al sector de la construcción, que se está traduciendo en una reducción de los beneficios y una contracción del crédito.

   La rebaja del pronóstico de crecimiento para España en 2011 y 2012 -que Bruselas ha situado en el 0,7% del PIB cada año- "tiene consecuencias negativas para el sector bancario español", según alerta el Ejecutivo comunitario en sus previsiones económicas de otoño.

   "Pese a unas minusvalías ya significativas (que representan el 10% del PIB desde 2008), los bancos todavía tienen una exposición importante al sector de la construcción. Debido a las difíciles condiciones de financiación el proceso de desapalancamiento se ha acelerado, reduciendo más el crédito al sector privado, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión y el consumo de bienes duraderos", insiste el informe.

   "La rentabilidad de los bancos está reduciéndose y el riesgo de crédito sigue siendo una preocupación, ya que los préstamos morosos están aumentando y el ajuste del sector de la vivienda prosigue", resalta la Comisión.

   El Ejecutivo comunitario avisa en este sentido de que el ajuste tras la burbuja inmobiliaria, que en principio debería haberse completado en 2013, "está siendo retrasado por una restricción más aguda del crédito en este sector".

   En todo caso, la Comisión recuerda que para aumentar la resistencia del sector bancario español, el Banco de España ha aumentado los requisitos mínimos de capital, que "ya han sido cumplidos por una gran mayoría de los bancos".

Estiman que el 90% de las participaciones de CAM fueron colocadas con engaños

ALICANTE.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) calcula que el 90% de las participaciones preferentes "colocadas" por Caja Mediterráneo (CAM) a sus clientes fueron comercializadas mediante "engaños".

 

Así lo ha defendido hoy en Alicante el presidente nacional de ADICAE, Manuel Pardos, en varias asambleas para informar a los consumidores de los productos tóxicos emitidos tanto por CAM y como por otros bancos y cajas.

Pardos ha afirmado que las participaciones preferentes de CAM fueron comercializadas bajo "la apariencia de una renta fija" ya que la mayoría de los clientes las compraron pensando que se trataban de un producto de plazo fijo y en el que la entidad adquiría un compromiso para su venta casi inmediato.

Todo esto cuando, en realidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las considera un "producto de riesgo" porque supone un tipo de deuda de la entidad de carácter perpetuo que únicamente es reconvertible en los mercados secundarios.

Ha añadido que con la crisis financiera el movimiento de estos mercados "ha caído muchísimo" hasta el punto de que se puede considerar que está "cerradísimo".

Además, ha recordado que las citadas participaciones preferentes carecen de un fondo de garantía que las respalde en caso de insolvencia de la entidad financiera y, además, en caso de quiebra los titulares estarían por detrás de los acreedores para los pagos y sólo por delante de los accionistas.

Por todo ello, el presidente de ADICAE cree que los clientes podrían en un futuro reclamar y obtener por la vía extrajudicial o judicial el capital aportado, siempre que se demuestre que las participaciones les fueron colocadas de forma engañosa.

Ha agregado que esto ha ocurrido en 9 de cada 10 casos porque es difícil que un porcentaje mayor sea conocedor por sí mismo de un producto financiero tan complejo.

Pese a la "incertidumbre e inquietud" suscitada por la situación de CAM, Pardos ha recordado que la caja alicantina cuenta con el respaldo del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y que, previsiblemente, éste sólo procederá a la venta de la entidad a otra que sea "solvente y que debería cumplir sus obligaciones".

Sobre la situación de Banco de Valencia, el presidente de ADICAE ha comparado la gestión de la entidad con la de CAM por compartir una "situación contable ruinosa", y ha opinado que deberá ser su matriz, Bankia, la que deba asumir cualquiera de los compromisos del banco.

El juez Grande-Marlaska asume la instrucción de la causa tras la denuncia contra la dirección general de la CAM

MADRID.- El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, titular del juzgado central nº 3 de la Audiencia Nacional ha aceptado instruir la causa contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y una vez admitida a trámite la denuncia por varios presuntos delitos efectuada en su día por el letrado murciano Diego de Ramón Hernández. Y así lo ha hecho saber hoy a las partes mediante una providencia fechada el pasado día 8 de noviembre.

La decisión judicial es consecuencia, además, del oficio remitido a Grande-Marlaska por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiendo las competencias con el conocimiento de las citadas diligencias por parte de los fiscales Luis Pastor Mota y Luis Rodríguez Sol.

Grande-Marlaska justifica, por su parte, la asunción de competencias en la denuncia de Diego de Ramón y otros por los presuntos delitos de estafa, societario y falsedad documental, por el informe fiscal favorable del pasado 7 de noviembre por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos comprendidos en el artículo 65.1c de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que, del exámen de las actuaciones y basándose en lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la citada ley orgánica, procede, de conformidad con el dictámen del ministerio fiscal, aceptar la competencia para el conocimiento de la presente causa por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contemplados en los artículos 248, 290 y 390 y siguientes del vigente Código Penal.


En su Providencia, Grande-Marlaska ordena finalmente se libre oficio al Banco de España para que los administradores provisionales de la CAM y Banco CAM den cuenta de su situación y, principalmente, de cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil se pudieran haber cometido por los anteriores responsables, debiendo presentar un primer informe de avance a la mayor brevedad posible.

Las universidades UMH, UCH-CEU y UNED y el Ayuntamiento de Elche crearán el Observatorio de la Inmigración

ELCHE.- La Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU) y el centro asociado de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED) de Elche crearán, junto con el Ayuntamiento de la localidad, un Observatorio de la Inmigración para realizar estudios sobre la población extranjera residente en la ciudad, según ha informado el rector de la UMH, Jesús Tadeo Pastor.

   El Observatorio de la Inmigración de Elche será un instrumento dirigido tanto para profesionales de ámbitos como el universitario, la abogacía o los graduados sociales, como para las entidades y ONG relacionadas con la acogida de personas de nacionalidad extranjera  cuando llegan a Elche.  

   Los estudios a la población extranjera serán la base sobre la que girará la política de inmigración que impulsará el ayuntamiento desde todos los departamentos municipales.

   Así, el primero de los trabajos que va a elaborar el nuevo Observatorio es un Plan de Inmigración de la ciudad que determinará "qué ha de hacer el Ayuntamiento para afrontar la integración de los inmigrantes".

   El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, Antonio Luis Martínez Pujalte, ha adelantado que crearán una comisión mixta que, entre otras cometidos, nombrará un director de ese observatorio.  Según el edil, "esa persona será necesariamente un profesor de universidad, con experiencia en la realización de estudios relacionados con la población inmigrante".

   Además, cada una de las instituciones que forman parte del organismo ha aportado 5.000 euros para su creación, por lo que el próximo año, el Observatorio de la Inmigración "tendrá un presupuesto que rondará esa cantidad".

   El rector de la UMH ha destacado que el objetivo principal con el que nace este organismo es "contribuir a mejorar la integración de la población inmigrante en el municipio ilicitano".

   En la actualidad, en Elche residen más de 29.000 personas de nacionalidad extranjera, de hasta cien nacionalidades distintas, lo que representa más de 12 por ciento de la población de la ciudad.

   El vicerrector de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche, César Casimiro, ha subrayado que en esta ocasión "el interés académico de investigación se ha unido a la iniciativa política" para crear un organismo que, según ha señalado, "es ideal para comprobar que el bien común está por encima del particular".

   Por su parte, el director del centro asociado de la UNED en Elche, José Ruiz, ha asegurado que "Elche es uno de los principales referentes en materia de inmigración del país", ya que "la población inmigrante está por encima de la media nacional y eso constata que el esfuerzo realizado para la integración de las personas inmigrantes se ha realizado de una manera correcta".