El Gobierno afianza el plan de una banca pública

MADRID.- El Gobierno avanza progresivamente en la idea de conformar una banca pública liderada por José Ignacio Goirigolzarri ante el tibio interés que el sector financiero ha mostrado por las subastas de entidades nacionalizadas y la falta de recursos del fondo de garantía de depósitos, informaron hoy fuentes financieras.

 

   Los bancos no han mostrado excesivo entusiasmo por los procesos de adjudicación pendientes, los de Banco de Valencia y Catalunya Caixa, a los que se añadirá, con toda probabilidad, el de Novacaixagalicia, ya que exijen un elevado respaldo público para quedárselas.

   La idea inicial del Gobierno de Mariano Rajoy era concluir las adjudicaciones de las nacionalizadas durante el primer semestre del ejercicio y que el coste de la reestructuración del sistema financiero recayese exclusivamente sobre la banca y no sobre el contribuyente.

   No obstante, los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno obligan a la banca a acometer un esfuerzo en provisiones para cubrir eventuales pérdidas por el ladrillo de 84.000 millones de euros, lo que ha congelado su interés comprador.

   Asimismo, tanto las entidades como el Ministerio de Economía ven lógico aplazar las subastas hasta conocer las valoraciones que hagan sobre la banca española Oliver Wyman y Roland Berger de acuerdo al encargo del Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre la valoración de los activos.

   Además, la última adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell ha dejado esquilmado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades y con el que se están sufragando las subastas.

   El rescate de Bankia, que acarrea respaldo público por importe global de 23.465 millones de euros, ha terminado de desbaratar el escenario del sector financiero, que ahora cuenta con la presencia del Estado en la quinta parte de su accionariado.

   Con este telón de fondo, el departamento que dirige Luis de Guindos es consciente de las dificultades de devolver las entidades nacionalizadas al sector privado, por lo que ha puesto sus ojos en Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia, para liderar un banco público que aglutine a las entidades nacionalizadas.

   Las tres entidades nacionalizadas por el Estado suman un volumen de activos de 466.000 millones de euros en activos consolidaddos y contarían con una cartera conjunta de más de 17 millones de clientes y una red comercial compuesta por 5.475 oficinas.

El relevo en el Banco de España puede abrir otro conflicto jurídico

MADRID.- El anunciado relevo en el Banco de España, habida cuenta de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, abandona el cargo el día 10 de junio, puede abrir un nuevo conflicto jurídico entre dos leyes sobre si el candidato debe o no comparecer previamente ante el Congreso para ser examinado.

 

   Esta situación deriva de la Ley de 2006 de Conflicto de Intereses de los Altos Cargos, que dejó establecido que los candidatos a los órganos constitucionales y reguladores debe ser sometidos a un examen en el Congreso "con carácter previo al nombramiento" para certificar su idoneidad para el puesto y la ausencia de incompatibilidades.

   El conflicto jurídico ya se produjo con el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que no se sometió a examen previo porque el Gobierno, cuando le nombró, optó por seguir la ley específica de la institución, más antigua que la de 2006 pero de mayor rango por su carácter orgánico.

   Ante las protestas del PSOE, al final el Gobierno congeló el nombramiento hasta que Romay Beccaría compareció en el Congreso, donde pasó el examen sin problemas, y fue después cuando ya tomó posesión.

   Con el Banco de España puede suceder ahora lo mismo, según aseguran fuentes parlamentarias. La ley del organismo regulador, de 1994, establece que el gobernador será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y que, "con carácter previo", el ministro de Economía y Hacienda habrá de informar al Congreso sobre el candidato.

   En cambio la citada ley de 2006 da a entender que quien debe ser examinado con carácter previo es el propio candidato a gobernador, pues habla de que el examen de idoneidad es exigible al "presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de supervisión".

   La cuestión es que no hay mucho tiempo para decidir el procedimiento, habida cuenta de que Fernández Ordóñez ha anunciado su marcha para el día 10 y se espera que su sustituto esté ya en su despacho al día siguiente, lunes 11 de junio, cuando recibirá los resultados de las auditorías independientes sobre el sector financiero encargadas a dos empresas extranjeras.

   Los ajustados plazos harían por tanto necesario que socialistas y 'populares' negociaran esta decisión a lo largo de esta próxima semana, especialmente si es necesario que el candidato comparezca en la Cámara baja, si bien la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, ha confirmado que este órgano no tiene prevista ninguna sesión hasta la semana siguiente.

   En todo caso, se espera que esta vez el relevo en la cúpula del Banco de España se haga con consenso entre los dos grandes partidos, con opción a que el PSOE pueda aportar nombres para el puesto de subgobernador.

   Hasta ahora despuntan tres nombres para suceder a Fernández Ordóñez: Luis María Linde, que acaba de ser nombrado consejero y cuya edad no le permitiría completar su mandato (todo gobernador debe dejar el cargo al cumplir 70 años); Fernando Bécquer, consejero autonómico y alto cargo del PP en los noventa y actualmente directivo de Iberdrola pero también de la nacionalizada Bankia; y José Luis González Páramo, que acaba ahora mandato en el Banco Central Europeo (BCE).

   Como subgobernador y a sugerencia del PSOE se ha mencionado a Vicente Salas, el consejero del Banco de España que ha sido relevado hace sólo una semana.

   Los socialistas se fían de la palabra del ministro Luis De Guindos de que elegirán a alguien con un "perfil profesional y adecuado" y esperan que no haya motivo para que tener que protestar. Por el mismo motivo, también confían en que el PP no les ponga trabas al nombre que propongan como subgobernador.

   Lo que sí han acordado los dos grandes partidos es negociar los nombramientos lo más cerca posible a la sucesión para evitar filtraciones y situaciones de interinidad. Ahí se decidirá quién presenta la propuesta al Parlamento, si es el ministro Luis De Guindos, como parece más probable, o se habilita una comparecencia del candidato a gobernador.

Abrir la «Europa fortaleza» a los inmigrantes

BRUSELAS.- Europa se debate entre dos ideas opuestas: el rechazo a los inmigrantes que ocupan deseados puestos de trabajo y no se integran en nuestras sociedades y la necesidad de recibir extranjeros por cuestiones económicas, demográficas y sociales. Bruselas apremia a los Estados miembros a articular una política migratoria común que ofrezca seguridad a los europeos y abra canales a la migración legal y la movilidad. Hay más de 20 millones de inmigrantes regulares en la UE.

 

Son exactamente 20,2 millones los nacionales de terceros países presentes en la UE con papeles, lo que representa el 4% de la población total, según el informe sobre las migraciones en 2011 presentado por la Comisión Europea. No hay datos fiables sobre la inmigración ilegal. Según Bruselas, el año pasado se denegó la entrada en la UE a alrededor de 343.000 personas, un13 % menos que en 2010. También en 2011, bajó ligeramente el número de detenidos, ue fueron 468.500 y los Estados miembros expulsaron en torno a 190.000 nacionales de terceros países (un 15 % menos que en 2010). Aumentó, sin embargo, el número de solicitudes de asilo, que llegó a 302.000, un 16% en comparación con el año anterior, pero muy por debajo de las solicitudes recibidas hace una década.

Más datos, aunque referidos a 2010 cuando la crisis económica ya afectaba al mundo laboral. Entonces la tasa media de empleo de los nacionales de terceros países entre 20 y 64 años fue del 58,5%. Los visados Schengen que se expidieron en 2011 fueron 12,7 millones, la gran mayoría en Rusia, seguida de Ucrania, China y Turquía.

De esta lluvia de cifras, la Comisión Europea saca unas conclusiones que resumió la comisaria de Interior, Cecilia Malmström: «La Unión Europea necesita una política de migración sólida y coherente, que responda tanto a corto como a largo plazo a las necesidades. Precisamos una gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores, con el fin de garantizar la libre circulación dentro de la UE, de aportar una auténtica protección a quienes la necesiten y, al mismo tiempo, de brindar canales para la migración legal y la movilidad». 

¿Y qué piensan los ciudadanos europeos de todo esto?

Pues, según una encuesta de Eurobarómetro, hay división de opiniones. Mientras un 42% de los encuestados cree que la UE debería promover la inmigración laboral desde países no pertenecientes a la UE para ayudar a abordar los retos demográficos y la escasez de mano de obra, un 46 % discrepa.

El 68 % de los encuestados considera que los inmigrantes legales deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales. Sin embargo, son mayoría los que piensan que los inmigrantes pueden tener dificultades de integración, a causa de la inmigración, y la mitad de los europeos cree que la inmigración enriquece a los países de la UE económica y culturalmente.

El informe sobre inmigración y asilo de 2011 recomienda superar la retórica anti-inmigración, que amplifica las desventajas y olvida la contribución positiva de la migración a Europa para crecer y prosperar. Propone actuaciones en un doble sentido de concienciar a la población europea sobre esa idea y, a la vez, a los inmigrantes de la necesidad de adaptarse a las sociedades en las que viven.

Infundir confianza es esencial, dicen los expertos de la Comisión Europea. Por tanto, hay que evitar que se implante el concepto de «Europa fortaleza», sin renunciar a tener unas fronteras seguras con vías legales de entrada de extranjeros. La UE no puede vivir aislada. Por eso, se necesita una mayor implicación de asociaciones de migrantes, empresarios y sindicatos para establecer una política que responda a las necesidades europeas y también ofrezca seguridad a quienes necesitan protección.

En consecuencia, Bruselas plantea a los Estados actuar en diferentes frentes: garantizar que las oportunidades de migración legal y movilidad respondan a las necesidades de la UE, trabajar en la integración efectiva, responder a las presiones migratorias aplicando las medidas existentes para reducir la migración irregular mediante la cooperación con países terceros y lograr un sistema europeo común de asilo en 2012.

Para conseguirlo, la UE es consciente de los problemas de financiación de los Estados y afirma, un tanto abstracta, que «el apoyo de la UE a través de la ayuda financiera en materia de migración y movilidad sigue siendo un aspecto importante de solidaridad en el interior de la UE y de la cooperación con los países no pertenecientes a la Unión».

Las colas de la pobreza se alargan en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Una jubilada cuenta entre sollozos que come todos los días gracias a la caridad. No se lo ha dicho a sus tres hijos parados, porque reparte su pensión de 540 euros entre ellos. Un matrimonio tenía una empresa de alquiler de maquinaria para obra pública. Con ella se hizo un tramo del AVE. Ahora guardan cola para recibir arroz, aceite y leche. Él, autónomo, no cobra nada. Ella, 426 euros de la renta activa de inserción. Tienen cinco hijos, relata 'El País'.

Ellos pertenecen a los 200.000 hogares de la Comunidad Valenciana en que todos sus miembros están en paro. Los indicadores asustan. Una de cada cuatro familias valencianas está bajo el umbral de la pobreza (renta mensual inferior a 627 euros). Uno de cada tres ancianos vive en la miseria. La gente forma colas, que crecen y se multiplican, para recibir alimentos de primera necesidad. Ya no tienen por qué ser mayoritariamente inmigrantes, como antes de la crisis. El 23% de las personas que en 2007 atendió Cáritas en Valencia era española; el pasado año esa cifra se elevó al 40%. Y la escalada continúa. La pobreza se ha extendido y acosa a los que antes pertenecían a la clase media, a mayores que no tenían cargas, a parejas con niños que trabajaban, a los jóvenes preparados. Como la enfermera veterinaria que vivía sola con sus tres gatos. Se quedó sin trabajo y ha vuelto a la casa de sus padres pensionistas. También ella hace cola para llevar algo al hogar.

Junto a los ancianos y los inmigrantes, los jóvenes valencianos son los más castigados por la crisis. Uno de cada tres (258.000) está en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la recesión ha duplicado las penurias de un colectivo que sobrevive, en buena parte, gracias al colchón familiar.

Hace tiempo que las organizaciones asistenciales e instituciones benéficas levantan la voz de alarma. Pero el problema se ha recrudecido en los últimos meses. La constante destrucción de trabajo y el fin de las prestaciones por desempleo han provocado un notable aumento de personas que han de echar mano de la ayuda social.

La Casa de la Caridad de Valencia ha repartido en el primer trimestre de este año un 9,5% más de raciones que en el mismo periodo de 2011, alcanzando su récord. En ese mismo periodo, la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de marzo refleja un incremento del 5,2% de los hogares valencianos con todos sus miembros en paro. El paro creció dos puntos hasta llegar al 27,3% en ese intervalo. La espiral de datos, a veces tan fríos, encuentra su correlato inmediato en el drama que se vive en las calles.

Para Cruz Roja, la situación es de “emergencia”. Ha lanzado una campaña para paliar la “extrema vulnerabilidad” con entrega de comida básica, paquetes de higiene e incluso ayudas para pagar el recibo de la luz, el material escolar o los medicamentos.

Los rostros actuales de la pobreza / Joaquín García Roca

La crisis financiera y económica, que golpea a amplias capas de la población, junto a una gestión política que secuestra los derechos sociales, y al cambio cultural que debilita las estructuras colectivas ha transformado las formas de la pobreza como resultado de las profundas desigualdades sociales, del ocaso de los servicios públicos y la ruptura de los vínculos sociales.

Si antes los pobres confiaban en superar a futuro las privaciones, ahora se sienten sometidos al azar o al destino, y sus decisiones quedan fuera de su dominio. Las pobrezas actuales se han aliado con la impotencia colectiva como marionetas en manos de grandes poderes anónimos.

La precariedad económica ha desbordado los lugares y grupos sociales tradicionales para extenderse por toda la sociedad como una vulnerabilidad que empuja hacia abajo y expulsa de los dinamismos y relaciones sociales. Personas de clase media, jóvenes expulsados de los estudios, profesionales con éxito académico se sienten sobrantes, postergadas e instaladas en la inseguridad económica, en el desánimo personal y en la desconfianza política. Esta situación ha generalizado la pérdida y cuando todos son perdedores, el desinterés es mutuo. Lo cual justifica que cada grupo se ocupe únicamente de sus propios intereses sin lugar para cooperar con aquellos que intentan sobrevivir cada día.

En la medida que la precariedad económica golpea a personas acomodadas y solventes, se asiste al camuflaje de la pobreza. Se oculta ser cliente del Banco de Alimentos, se invisibiliza acudir a los comedores benéficos, se disimula vivir de la pensión del anciano. Para el pobre tradicional mostrarse era una estrategia de supervivencia, los nuevos pobres se hacen invisibles y por lo mismo poco fiables; de ahí la sospecha sistemática sobre los mayores que usan mal los fármacos; sobre los discapacitados que abusan de la ley de dependencia; sobre los mendigos que ocultan sus intenciones; sobre los inmigrantes indocumentados que no podrán acceder al sistema sanitario; sobre los desempleados que deberán presentarse periódicamente en las oficinas del INEM; sobre los destinatarios de la renta mínima que se convierten en parásitos sociales.

El mito del mercado penaliza a los pobres ya que si no acceden a las oportunidades es culpa propia; en lugar de reconocer que el mercado es despiadado, caprichoso e injusto se cree que cada uno está allí donde se merece. Se afirma, con especial descaro, que toda intervención pública, que intente cambiar los resultados del mercado, se convierte en el enemigo de los pobres, ya que alienta la pereza. De este modo, se ha producido una alarmante criminalización de los fenómenos derivados de la pobreza: la mendicidad, el trapicheo de drogas, un cierto tipo de prostitución, pequeños robos y manteros de CD’s. Mientras los sistemas de control amplían sus competencias, se reducen los sistemas de protección. Muchos beneficiarios de los servicios asistenciales, sanitarios y educativos se convierten en un problema de seguridad ciudadana. Nace de este modo los guetos donde se concentran familias pobres, poblaciones consideradas marginales, zonas deprimidas, minorías étnicas, desempleo estructural y desafiliación cultural.

Frente a las pobrezas actuales, se necesita la vía política que garantice los bienes de justicia por debajo de los cuales no hay vida humana, la vía social que facilite el acceso a esos bienes mediante la colaboración ciudadana y movilización social y la vía cultural que desarrolle capacidades para elegir la vida que se considere deseable.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/02/valencia/1338667731_886697.html 

Alberto Fabra intenta reconstruir las estructuras provinciales del partido

VALENCIA.- El corto periodo de tiempo entre el congreso regional y el provincial ha propiciado que Rus sea, finalmente, candidato único a la reelección. Pese a aparecer en el 12º congreso regional del PP como traidor —sus seguidores castigaron la inclusión de Castellano en la candidatura de Fabra con un 19% de votos en blanco—, Rus ha intentado en la última semana recomponer puentes con Alberto Fabra, a quien ha solicitado disculpas, según 'El País'.

La opción de presentar un candidato alternativo —se tanteó incluso con la posibilidad de que pudiese ser el concejal de Valencia, Jorge Bellver— fue descartada por Fabra esta misma semana. Fuentes del PP arguyen dos razones. Por un lado, una confrontación abierta en el seno del PP hubiese provocado una crisis institucional en la Diputación de Valencia. Por otro, Rus ya había recogido la gran mayoría de los 2.500 avales que ha presentado como candidato.

Este congreso, sin embargo, no está cerrado, porque la dirección regional intentará en las semanas que restan para el congreso provincial que la votación sobre Rus evidencie su declive. Y el castigo tendrá forma de votos en blanco, como los que recibió Fabra

El PP valenciano está a punto de completar su tercera reinvención desde que se alzara con la presidencia de la Generalitat en 1995. En poco más de dos meses y medio, los populares habrán renovado la dirección regional, que entronizó a Fabra el pasado 19 de mayo, y las tres direcciones provinciales —los cónclaves están previstos para el 13 y el 14 de julio—.

En ese corto espacio de tiempo, Fabra habrá ahormado el partido a su figura, aunque no sin problemas, como lo demostró el 19% de voto en blanco que obtuvo su candidatura en el congreso regional. Pese a ello, apenas unas semanas le han bastado para dejar claro que su liderazgo se va a consolidar en el seno del PP valenciano en un tiempo récord.

Alberto Fabra ya ha dejado claro a cargos y militantes que el partido ahora tiene la misión de arropar al Consell y al Gobierno y explicar en las calles las decisiones adoptadas. Un escenario en el cual Fabra ha decidido que no tienen cabida las luchas internas. Estas dos ideas y el posibilismo del que ha hecho gala se ha traducido finalmente en una candidatura única en cada uno de los tres cónclaves que tendrán lugar el mes que viene.

En Castellón, la transición entre el presidente saliente del PP provincial, Carlos Fabra, y el entrante, Javier Moliner, estaba ya encarrilada desde que Alberto Fabra sustituyó a Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. En esta provincia, todos son conscientes de que el auténtico poder territorial de la provincia lo ostenta ahora el jefe del Consell, que ha promocionado en la Administración valenciana a un buen número de castellonenses.

El poder territorial del PP en la provincia de Alicante ya está, aunque de manera oficiosa hasta la celebración del congreso, en manos del vicepresidente del Consell, José Ciscar.

Las distintas tribus populares que pueblan la provincia, tras años de enfrentamiento entre zaplanistas y campistas han sido agrupados bajo la égida de Ciscar, mano derecha de Fabra en Presidencia de la Generalitat.

Ciscar tuvo luz verde en el congreso regional celebrado en Alicante para allanar su camino. En ese cónclave situó de número tres de la dirección regional a un hombre de su confianza —César Sánchez, alcalde de Calp— y dio entrada en puestos de relevancia a un buen número de alicantinos, como Miguel Ortiz o Macarena Montesinos. El debilitamiento de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de la portavoz de Orihuela, Mónica Lorente, tocadas por los escándalos del caso Brugal; así como el poco músculo del partido en Benidorm y Alcoi —ahora en la oposición— han facilitado la toma de control por parte de Ciscar, que solo ha tenido que reprimir las pretensiones de la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. La alcaldesa ilicitana, con fama de impulsiva, no dudó en postularse ante Alberto Fabra como presidenta provincial del PP en Alicante. La negativa, lejos de achantarla, la llevó a exigir el puesto de secretaria provincial. Una pretensión que, esta vez, rechazó el propio Ciscar, que consideró la idea poco menos que descabellada.

Ante el desplante, Mercedes Alonso anunció su intención de presentarse como candidata contra Ciscar. El farol, sin embargo, apenas ha durado unos pocos días. La ausencia de apoyos en una provincia donde todos han identificado ya al caballo ganador y, sobre todo, la advertencia de que la elección de los compromisarios de Elche al congreso provincial podía convertirse en su tumba llevaron a Alonso a retirarse con la única promesa de que los ilicitanos estarán bien representados en la nueva dirección.

En la provincia de Valencia, el resultado no ha sido tan satisfactorio como deseaba Alberto Fabra.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, apoyado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha aguantado el envite del nuevo secretario regional, Serafín Castellano, para intentar desalojarlo de la presidencia provincial del PP.

El corto periodo de tiempo entre el congreso regional y el provincial ha propiciado que Rus sea, finalmente, candidato único a la reelección. Pese a aparecer en el 12º congreso regional del PP como traidor —sus seguidores castigaron la inclusión de Castellano en la candidatura de Fabra con un 19% de votos en blanco—, Rus ha intentado en la última semana recomponer puentes con Alberto Fabra, a quien ha solicitado disculpas.

La opción de presentar un candidato alternativo —se tanteó incluso con la posibilidad de que pudiese ser el concejal de Valencia, Jorge Bellver— fue descartada por Fabra esta misma semana. Fuentes del PP arguyen dos razones. Por un lado, una confrontación abierta en el seno del PP hubiese provocado una crisis institucional en la Diputación de Valencia. Por otro, Rus ya había recogido la gran mayoría de los 2.500 avales que ha presentado como candidato.

Este congreso, sin embargo, no está cerrado, porque la dirección regional intentará en las semanas que restan para el congreso provincial que la votación sobre Rus evidencie su declive. Y el castigo tendrá forma de votos en blanco, como los que recibió Fabra.

La transición más cuidada / Joaquín Ferrandis

El presidente de los populares valencianos, Alberto Fabra, ha puesto especial interés en que haya una transición cuidada al frente de la dirección provincial del partido en Castellón. Conocedor del carácter extrovertido y lenguaraz del presidente provincial saliente, Carlos Fabra, que se resiste a desaparecer definitivamente de la escena política, Alberto Fabra le ha dado toda clase de garantías de que no se derribará la herencia recibida a golpe de piqueta.

El pasado jueves, el presidente de la Generalitat escenificó su apoyo a la candidatura de Javier Moliner a la presidencia provincial del PP en presencia de Carlos Fabra y de la secretaria provincial, Marisol Linares.

“Recibo un legado muy importante, tanto por la espectacular estructura que tiene el partido en esta provincia, como por la responsabilidad de los magníficos resultados electorales que ha logrado el PP bajo la presidencia de Carlos Fabra estas dos últimas décadas”, se apresuró a declarar el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner.

Carlos Fabra, imputado por varios delitos fiscales y contra las Administraciones públicas, ya cedió el relevo a Javier Moliner al frente de la Diputación el pasado mes de junio. Y ahora hará lo propio con la presidencia del PP provincial el próximo 14 de julio.

Así, Carlos Fabra se retirará de la primera línea política con la satisfacción de haber promocionado a Alberto Fabra, a Javier Moliner y a Marisol Llinares y haber logrado que el PP de Castellón acumule un poder institucional como nunca antes había logrado. Y por si ello no fuera suficiente, Carlos Fabra, seguirá como presidente de Aerocas para vigilar la puesta en marcha del “aeropuerto del abuelito”.

Defensa suspende las convocatorias de soldados y marineros por la crisis

MADRID.- El Ministerio de Defensa mantiene suspendidas las convocatorias para incorporar nuevos soldados y marineros a las Fuerzas Armadas y no prevé ofertar nuevas plazas por el momento, una situación inédita desde que acabó el servicio militar obligatorio en 2001, han informado hoy fuentes del Departamento que dirige Pedro Morenés.

   Según han indicado las citadas fuentes, actualmente no hay previsión de ofertar ninguna plaza para tropa y marinería, en espera también de que se concrete la "reducción coyuntural" anunciada por el ministro de Defensa para afrontar la crisis económica. El año 2011 se hicieron cuatro convocatorias para reclutar unos 4.300 soldados y marineros.

   De este modo, una vez pasado ya el primer semestre del año, resultará imposible que en 2012 se incorporen a los Ejércitos y la Armada soldados reclutados este año, ya que, aunque se abrieran en los próximos meses convocatorias, no se incorporarían a las unidades hasta 2013.

   El ministro de Defensa ya ha anunciado que pretende poner en marcha una "reducción coyuntural" de las Fuerzas Armadas, aunque no ha fijado techos y ha insistido en que cualquier redimensionamiento en el terreno militar necesita de un escenario de al menos cinco años. Se espera que Morenés fije el nuevo horizonte una vez que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, le presente su informe 'Visión 2025' sobre el futuro de las Fuerzas Armadas.

   Hasta entonces, la única cifra recortada que se conoce es la del nuevo máximo de tropa y marinería, que la ley de presupuestos ha bajado desde los 83.000 a los 81.000 soldados y marineros como límite máximo.

   La Ley de la Carrera Militar establece que las Fuerzas Armadas deben situarse entre los 130.000 y los 140.000 militares, una horquilla en la que no se encuentran en la actualidad. Según datos aportados en el Congreso por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, en la actualidad hay 126.541 militares.

   De ellos, algo más de 81.000 son soldados y marineros y se espera que esta cifra baje de los 80.000 este año, según fuentes de Defensa. En ello puede influir, además del reclutamiento, que algunos contratos de tropa y marinería no sean renovados.

   Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas y hasta 2009 todos los años abrían alrededor de 11 convocatorias para tropa y marinería, con alrededor de un millar de plazas cada una. El reclutamiento se paralizó en 2010, cuando sólo hubo una oferta de 325 plazas, y en 2011 volvió a aumentar a las 4.300 plazas.

   A día de hoy, la previsión de Defensa es no ofertar ninguna plaza, aunque otras fuentes apuntan a que en septiembre podría abrirse una única convocatoria de alrededor de un millar de plazas, en función de cómo evolucione la situación.

   De ser así, estos militares de nuevo ingreso no se incorporarían a las unidades hasta 2013, ya que antes de hacerlo deberían pasar por los Centros de Formación de Tropa (CEFOT), donde los soldados reciben cuatro meses de instrucción.    

   El pasado viernes, el Ministerio de Defensa confirmó que los dos centros de formación de tropa de Cádiz y Cáceres continuarán activos, recibiendo tropa "en función de la evolución de la oferta de empleo público".

   Fuentes militares han asegurado que esta situación no variará si este año no se convocan nuevas plazas, aunque los centros pasarían a dedicarse a otro tipo de tareas y se proyectarán otras actividades para mantener su actividad.

   Hasta el momento, las únicas plazas de ingreso directo ofrecidas por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas son para oficiales y suboficiales. En concreto, se han establecido 248 para los centros docentes militares de oficiales y 30 para las academias de suboficiales.

   Asimismo, hay 25 plazas para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Medicina, de las que 10 son por ingreso directo, siete para militares de carrera y ocho para tropa y marinería.

La Comunitat ahorrará 18,3 millones al año controlando el absentismo de funcionarios

VALENCIA.- El pleno del Consell valenciano ha aprobado este viernes un plan de control del absentismo del personal dependiente de la administración para reducir en medio punto anual el índice de ausencias por incapacidad temporal durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro de 18,3 millones al año en cada uno de estos ejercicios. Las acciones de este plan comenzarán a aplicarse a partir del próximo lunes con su aplicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y prevé sanciones por ausencias injustificadas.

   Así lo ha indicado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, en la que ha explicado que el objetivo es "igualar de manera progresiva" la tasa de absentismo laboral en la administración pública al sector privado y conseguir que esta sea "más eficaz, eficiente y productiva".

   La Generalitat ha definido, "por ser muy amplio", el concepto de absentismo laboral: "Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada real de trabajo".

  Así, el plan de absentismo se dirigirá a una media de 126.386 trabajadores por año, distribuido entre personal funcionario laboral, personal sanitario, docente y de justicia al servicio de la Generalitat.

   Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran la homologación de los permisos y licencias de incapacidad temporal en todos los departamentos de la administración o el descuento "automático" en la nómina del trabajador público de aquellas ausencias que no estén debidamente justificadas desde el primer día, y cuya reiteración podría desembocar en la apertura de un expediente disciplinario en caso de reincidencia por parte de un funcionario. Si es personal laboral, la medida puede llegar al despido. 

   En este sentido, ha apuntado que las ausencias temporales "injustificadas y excesivas --unas horas al día-- puede dar pie a la apertura de un expediente disciplinario". El portavoz del Consell ha apuntado que "habrá que analizar caso por caso".

   Císcar ha apuntado que se intensificarán los controles de acceso, mediante la instalación de tornos o el uso de la 'huella digital' en los edificios, de tal modo que queden registradas las entradas y salidas de los trabajadores, aunque ha reiterado que el plan "no está hecho para sancionar porque sí", sino para conseguir una mayor productividad, y que se analizarán las distintas situaciones "caso por caso".

   En este sentido, ha indicado que el índice de absentismo temporal en 2010 fue del 5,03 por ciento, frente al 3,36 por ciento del ámbito privado. En 2011 fue del 4,65 por ciento frente al 3,05 por ciento, en los mismos ámbitos. El coste anual de las "jornadas perdidas" lo ha cifrado la administración en 179 millones de euros.

   Para la aplicación del plan, se hará un seguimiento y control mensual y anual del absentismo en las consellerias, por parte de sus responsables de personal. Asimismo, se implantarán protocolos médicos para reducir el impacto del absentismo, y se transferirá a las mutuas la gestión y cobertura de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

   Así, un trabajador que sufra un accidente laboral "ya no acudirá a su médico de cabecera, sino que será atendido en la mutua correspondiente". Para ello, la Generalitat adjudicará a una empresa concreta esta tarea de control, que antes realizaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

   Císcar ha asegurado que esto no supondrá un coste adicional para la Generalitat porque el dinero que se aportaba a la Seguridad Social, se destinarán a la mutua adjudicataria. El Consell prevé que este modelo esté en funcionamiento entre enero y febrero del año que viene.

   El plan prevé la creación de un Comité Director para elaborar un informe anual de evaluación, informar periódicamente de la evolución del absentismo y aprobar, en su caso, las medidas correctoras y que estará integrado por seis representantes de las consellerias de Hacienda, Economía, Sanidad, Justicia y Empleo. Asimismo, dará cuenta del ahorro generado por esta iniciativa.

   A preguntas de los medios de si se ha consultado a los sindicatos este plan, ha explicado que los representantes de los trabajadores pueden aportar sugerencias a esta iniciativa, aunque "no hay obligación legal" de consultarles porque "no afecta a derechos laborales". Más bien, "se refuerza una obligación que ya tienen, que es no tener ausencias injustificadas de su puesto de trabajo".

El Gobierno asegura que controla a las flotas en zonas de pesca de atún rojo, incluidas a las chinas

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha garantizado este viernes que mantiene un "seguimiento constante" de todas las flotas, incluidos los buques de pabellón chino, que operan en las zonas de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, informó en un comunicado.

   El departamento que dirige Miguel Arias Cañete respondió de este modo a una denuncia de la organización ecologista WWF España, que advirtió de pesca ilegal de atún rojo en aguas españolas por parte de dos grandes flotas no mediterráneas.

   "En aquellas ocasiones en que se detectan infracciones relativas a pesca ilegal, se procede al apresamiento del buque infractor y su desvío a puerto", detalló el Ministerio, antes de apuntar que la labor de control e inspección se realiza "con independencia de las denuncias realizadas por la asociación ecologista WWF".

   En todo caso, agradeció "la información suministrada" y animó a las ONG a que "presenten información veraz sobre posibles incumplimientos".

   España mantiene desde 1997 el control e inspección de la Zona de Protección Pesquera en el Mar Mediterráneo al objeto de verificar e impedir la pesca ilegal o no autorizada en estas aguas.

   "Estas actuaciones habituales se refuerzan durante los meses de primavera y verano, cuando se establece una especial vigilancia coincidiendo con la pesquería de atún rojo", aseguró el Ministerio, que detalló que el control de esta pesquería se lleva a cabo en el marco de un plan de recuperación de esta especie.

   En este sentido, subrayó que el control y vigilancia de la pesquería se extiende a las actividades de los buques pesqueros "en general, con independencia de su pabellón", para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

   Para llevar a cabo estas actuaciones, existe un acuerdo conjunto de los ministerios de Defensa y de Agricultura sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, firmado en 1988. Mediante este acuerdo, la Armada opera con los patrulleros de altura Alborán, Arnomendi y Tarifa, con base en Cartagena, que controlan "de manera habitual" las aguas marítimas españolas del Mediterráneo.

   Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior suscribieron en 1997 un acuerdo marco para el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, por el que patrulleros ligeros de la Guardia Civil llevan a cabo misiones de control, inspección y vigilancia pesquera en el Mediterráneo.

   El Ministerio explicó que para la vigilancia de la zona de protección pesquera también se dispone del avión Roche, que opera con regularidad desde los aeropuertos del litoral peninsular de Levante y Baleares, así como los helicópteros Alcotán, que realizan su vigilancia tomando como base principal los aeropuertos de Alicante, Valencia, Reus, Palma de Mallorca e Ibiza.

Greenpeace celebra el interés del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha valorado positivamente que varios europarlamentarios hayan mostrado interés en los planes del Gobierno de España de modificar la Ley de Costas de 1988 y han mostrado su interés de hacer un seguimiento de la reforma, para intentar establecer canales de interlocución acerca de esta cuestión.

   Así, la ONG afirma que tras la comparecencia del director general de Costas y de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terreste el pasado 25 de abril en el Parlamento Europeo, los europarlamentarios estimaron que quedaban "numerosas incógnitas" sin despejar sobre la reforma.

   Por ello, varios eurodiputados han elaborado un documento que han remitido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Ahora se espera que en unas semanas España responda con la "máxima transparencia a dicha comisión de trabajo".

   Además, añade que en el marco de la comisión de trabajo creada sobre la Ley de Costas de España, creada en el seno de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los europarlamentarios han formulado varias preguntas al Ministerio acerca de sus planes de modificar la norma.

   Concretamente, la eurodiputada danesa del grupo Verdes/Ale, Margrete Auken, ha remitido una batería de preguntas a Arias Cañete que recogen algunas de las cuestiones que se plantean desde la plataforma 'No a nuestra costa' que forman más de 160 organizaciones.

   Auken ya elaboró en 2009 un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo donde denunciaba la urbanización excesiva en España y, particularmente, en las zonas del litoral, con el consiguiente destrucción de ecosistemas marinos.

   El informe es relevante porque en contados casos la Eurocámara se pronuncia sobre prácticas concretas en determinados estados miembros, y ello solo sucede cuando se trata de situaciones flagrantes hacia las disposiciones comunitarias.

   "Los europarlamentarios del grupo Verdes/ALE han planteado cuestiones al Ministerio tales como, cómo se va a incluir en la reforma los protocolos europeos de gestión integrada de zonas costeras, las medidas de adaptación al cambio climático o el impacto económico sobre una posible prolongación de las concesiones", ha explicado la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

Las Cáritas del Mediterráneo denuncian que la UE "fomenta" la inmigración irregular

MADRID.-   Las Cáritas del Sur y del Norte del Mediterráneo, reunidas en la Conferencia anual MigraMed, consideran que las políticas "restrictivas" de la Unión Europea "fuerzan a las personas a realizar viajes peligrosos en el que arriesgan sus vidas, generan y potencian la migración irregular y fracasan a la hora de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas".

   Según ha informado Cáritas Española, presente en la conferencia celebrada en la ciudad italiana de Cagliari, todas las Cáritas del Mediterráneo expresaron su "preocupación" por estas políticas, "puesto que se centran principalmente en la devolución, externalización, control de fronteras y la criminalización de las personas migrantes, y no en el cumplimiento de los derechos humanos y en el bienestar de los necesitados".

   La organización señala que "las enormes operaciones de control fronterizo de la UE fuerzan a las personas a encontrar rutas alternativas a través de la actividad de contrabandistas y traficantes" mientras que sus políticas de externalización del control de fronteras "colocan en una situación de especial responsabilidad" a países que tradicionalmente han sido territorios de tránsito, convirtiéndolos así en lugares de destino donde los derechos de los migrantes son vulnerados.

   "Resulta inadmisible que en nuestro mundo de abundancia aún hoy seamos testigos de personas que arriesgan y pierden sus vidas al cruzar el Estrecho para llegar a Europa. Durante el viaje, las personas migrantes se enfrentan a diversos tipos de abuso, explotación y tráfico de personas", denuncia Cáritas.

   Por ello, pide a la UE que se "abstenga de potenciar" la migración irregular, vele por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y posibilite medios legales en relación a la movilidad humana con políticas migratorias "realistas", y que se abstenga de detener a migrantes y solicitantes de asilo, ya que, según afirman, "la detención debe ser empleada exclusivamente como última ratio en casos excepcionales.

   Cáritas recuerda que la Doctrina Social de la Iglesia ampara el derecho a buscar una vida mejor y en paz en un lugar diferente al de origen, así como el derecho a gozar de condiciones de vida decentes en el mismo, y señala que tanto el Derecho Internacional como el Derecho de la Unión Europea reconocen el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y volver al mismo; así como el derecho a solicitar asilo, el derecho al asilo y el principio de no devolución.

El Ayuntamiento de Alicante ha abonado el importe de 3.388 facturas pendientes a 474 proveedores

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante ha abonado 3.388 facturas pendientes a un total de 474 proveedores, mediante el crédito de 47,8 millones obtenidos dentro del plan de pago a proveedores promovido por el Ministerio de Hacienda, según ha informado a través de un comunicado el concejal de Hacienda de la ciudad, Juan Seva.

   El edil ha señalado que el abono de estas facturas se ha realizado entre este jueves y viernes, a través de las operaciones de préstamo a largo plazo suscritas con el Banco Popular, Santander, Caja Mediterráneo (CAM), Bankinter, La Caixa y Sabadell, BBVA, Banesto, Bankia y Caja Murcia. "El Ayuntamiento se pone al día de la deuda con las empresas que cumplían los requisitos del plan establecido por el Gobierno central", ha resaltado.

   Tal y como ha explicado Seva, el Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), validó esta semana la operación de préstamo y autorizó el pago a proveedores, por lo que a principios de junio se ha pagado toda la relación de facturas, que se corresponden con las operaciones de crédito concertadas.

   Igualmente, ha mostrado su satisfacción por la cancelación y pago a las empresas alicantinas de las facturas, lo que, según ha manifestado, "aporta liquidez en un momento crucial para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que necesitan todo el apoyo". Además, ha resaltado que el consistorio alicantino "trabaja día a día para poner a cero sus deudas, y va a controlar escrupulosamente el gasto" municipal.

La Comunitat Valenciana es la tercera con más déficit con un -0,70% del PIB

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera con más déficit con un  -0,70% del PIB. En total, las comunidades autónomas registraron equilibrio presupuestario en el primer trimestre del año en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), registraron un déficit de 4.787 millones de euros, el 0,45% del PIB.

   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que es la primera vez que se dan los datos en términos de Contabilidad Nacional.

   En términos homogéneos, todas las comunidades han registrado déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25%). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44%), Murcia (-0,85%) y Comunidad Valenciana (-0,70%).

Destituido un cargo de Educación por llamar "talibanes" a los profesores durante un acto institucional

VALENCIA.- El vicepresidente primero del Consell, José Císcar, ha anunciado este viernes el cese del director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos, por llamar "talibanes" a los docentes en uno de los actos organizados por el Gobierno valenciano para explicar los recortes que está llevando a cabo.

   Císcar, que ha dado a conocer esta destitución tras el pleno del Consell en el que se ha acordado esta medida, ha explicado que desde la Generalitat se considera que "algunas expresiones vertidas" por Vivancos en un acto celebrado en Ontinyent el pasado martes por la noche y "que era institucional", ha remarcado, fueron "totalmente desafortunadas".

   En este sentido, ha considerado que las palabras de Vivancos, --en las que defendía los planes educativos del Gobierno valenciano frente a la ideología de "tanto talibán" que "hace política en las aulas"--, "en primer lugar, no se ajustan a la realidad y en segundo lugar, son totalmente desafortunadas en un momento y en un contexto donde también a los profesores, a nuestros docentes les estamos exigiendo sacrificios" para superar la situación económica.

   Así, ha señalado que "a los profesores al igual que al resto de los ciudadanos" se les está pidiendo que hagan "esfuerzos" ante la crisis  y "lo que no se quiere desde el Gobierno valenciano es que se produzcan este tipo de expresiones", ha sentenciado.

   Por su parte, Mariano Vicancos ha asegurado que sus palabras han sido "malinterpretadas y sacadas de contexto" aunque reconoce que quizás puede haber utilizado algún término "desafortunado".

   También ha señalado que su destitución le fue comunicada por la consellera de Educación, Formación y Empleo, Maria José Català, y que al igual que no pidió ninguna explicación cuando le nombraron tampoco lo ha hecho ahora con su destitución.

   En todo caso, ha agradecido a todos los gobiernos del PP con los que ha tenido oportunidad de trabajar que le hayan permitido entregar sus "mejores años profesionales para mejorar el desarrollo de la Comunitat Valenciana".

El Ayuntamiento de Alicante aprueba el anteproyecto de urbanización del 'plan Rabassa' que incluye la posible llegada de Ikea

ALICANTE.- El pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los votos a favor del PP y de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), y la oposición del PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU), el anteproyecto de urbanización del conocido como 'plan Rabassa', que contempla la posible construcción de un centro comercial de la multinacional sueca Ikea a las afueras de la capital alicantina.

   Este punto, incluido en el orden del día del pleno ordinario de mayo en el capítulo de propuestas de expediente de Urbanismo, como "programa de actuación integrada del sector 'las lagunas de Rabassa': aprobación del texto refundido", ha contado con los votos mayoritarios de los concejales 'populares' del equipo de gobierno y del edil de UPyD, Fernando Llopis, mientras que han mostrado su rechazo los grupos municipales socialista y de EU, quienes han subrayado que la actuación planteada en este plan responde a los intereses del empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado por el 'caso Brugal'.

   De este modo, y durante el debate del punto previo a la votación, el edil del PSOE Pablo Rosser ha manifestado la posición "genéricamente contraria" al plan tanto de su grupo como de todas las ejecutivas socialistas, y ha utilizado el símil del juego de los 'trileros' para indicar que "la piedra no está ni en el cubilete del informe de la jefa de servicio de urbanismo, ni en el del ingeniero agrónomo ni en el de edificación, sino en Ortiz", el urbanizador, y ha apuntado que sobre el plan existen dos procesos judiciales y 11 informes desfavorables de otras tantas administraciones competentes.

   "Ningún proyecto de los presentados por el urbanizador tiene el informe de idoneidad de los órganos competentes", ha apuntado, y ha acusado al equipo de gobierno de tramitar este anteproyecto con "prisas" y con "urgencias".

 "Es un macropoyecto urbanístico de la ciudad tramitado fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), decir que es por la llegada de Ikea, es chantaje. Ustedes --el PP-- corren para que la multinacional no se vaya de Rabassa. La prisa es de Ortiz, esto es un paripé", ha subrayado el concejal socialista.

   En la misma línea se ha expresado el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, quien ha calificado este plan como un "despropósito urbanístico y territorial, insostenible, especulativo y perjudicial para la ciudad", en el cual, a su juicio, el "beneficiario" es el citado empresario alicantino. Igualmente, ha resaltado que la futura actuación supondría "agredir de una forma gravísima un espacio natural como el de la zona de Rabassa", y ha criticado la "opacidad y la falta de transparencia" con la que, en su opinión, se ha tramitado la inclusión de este punto en el pleno así como la elaboración del propio plan.

   Por su parte, y en respuesta a todos ellos, la portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu, ha reprochado a los grupos de la oposición que recurran a la "táctica del miente que algo queda", y ha defendido que el plan no ha sido incluido de urgencia en el pleno, sino que se ha abordado en una sesión ordinaria.

   Además, ha incidido en que el anteproyecto aprobado este jueves está basado en "informes técnicos favorables, rigurosos e impecables", y ha enfatizado que dichos documentos "no pasan la mano por la espalda de nadie". "No son malos informes, son informes normales que resaltan aspectos positivos y negativos, unos condicionantes que el agente urbanizador debe corregir en su proyecto", ha explicado.

   Del mismo modo, García Romeu ha manifestado que las prisas del equipo de gobierno se deben a las consecuencias del plan. "Vendrá Ikea y eso es un lujo para la ciudad y una necesidad para más de 2.000 personas que podrán encontrar empleo", ha añadido al respecto. En cuanto a la ubicación del centro comercial, también ha indicado que desde el Ayuntamiento no se le ha dicho a la multinacional donde establecerse, sino que ha sido la propia empresa quien solicitó el emplazamiento.

   En el turno de réplicas, Llopis ha mostrado su apoyo al anteproyecto por la llegada de Ikea, si bien ha apuntado que si la multinacional finalmente no llega a Alicante será "culpa" del grupo 'popular'. Mientras, Pavón ha recalcado que faltan informes favorables, entre otros, de los ministerios de Fomento y de Defensa, ha acusado al equipo de gobierno de "pactar" con el urbanizador la aprobación del plan "a toda costa", y ha anunciado que EU interpondrá un recurso de apelación.

   Rosser, por su parte, ha enfatizado que los informes de los técnicos municipales "son muy buenos", pero que los "malos" son los ediles del PP, a quienes ha responsabilizado de sufrir el "síndrome del Centro de Congresos", un aspecto que ha puntualizado al exponer que el equipo de gobierno se "empecinó" en aprobar dicha actuación y finalmente no se ha desarrollado. "A ver si dentro de unos años todavía no tenemos a Ikea en Alicante", ha añadido.

   Por último, García Romeu ha calificado los argumentos de la oposición como una "sarta de mentiras" y de "película sensacionalista".

 "No me importan sus teorías de conspiración, no nos va a temblar el pulso y la determinación de hacer posible este proyecto por los ciudadanos. Los intereses partidistas deberían dejarse a un lado. Si les gusta o no el urbanizador es su problema, vamos a continuar adelante porque es una oportunidad para tener 2.000 puestos de trabajo", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de hacer la tramitación "con toda la transparencia necesaria".

El Puerto de Alicante rebajará entre un 30 y un 40% las tasas a los cruceros

ALICANTE.- El puerto de Alicante aplicará descuentos en las tasas de los cruceros de entre un 30 y un 40 por ciento con el objetivo de incentivar la llegada de nuevos cruceros y alcanzar la cifra de 200.000 cruceristas al año, según ha informado en un comunicado la Autoridad Portuaria de Alicante (APA). 

   Estas rebajas se aplicarán cuando entren en vigor los nuevos Presupuestos Generales del Estado, según ha acordado el Observatorio Comercial de Cruceros que se ha reunido este jueves en las instalaciones de la APA.

   En la reunión se ha informado de que el Puerto de Alicante y el Ayuntamiento de Elche firmarán un convenio de colaboración para la realización de acciones de promoción conjunta que propicien la llegada de un mayor número de cruceros.

   En el encuentro también han participado la asociación de comerciantes 'Corazón de Alicante' y 'Visit Elche', con el objetivo de coordinar acciones que mejoren la oferta turística de la provincia ante la llegada de nuevos buques de pasajeros.

   Así mismo, la Autoridad Portuaria ha informado sobre la participación de la institución en la feria de cruceros 'Miami Seatrade 2012', según han  informado las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Aspe aprueba que la Iglesia pague el IBI de los edificios no dedicados al culto

ASPE.- El Ayuntamiento de Aspe ha aprobado que la Iglesia Católica no quede exenta de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) relativo a los edificios que no utilice para el culto, como los dedicados a fines sociales y culturales, según ha explicado el edil de Seguridad, Tráfico y Comunicación, David Cerdán.

   Este acuerdo se alcanzó en el pleno gracias a los votos a favor del equipo de gobierno, compuesto por los ediles del PSOE y de Esquerra Unida, y con la oposición de los concejales del PP.

   Cerdán ha explicado que, a través de esta medida, el consistorio calcula que puede recaudar unos 7.000 euros anuales, derivados de los tributos que la Iglesia debería abonar por dos viviendas de párrocos y otros inmuebles no destinados a actividades religiosas.

   La medida se incluyó en el pleno mediante una moción presentada por Cerdán y otro edil del grupo de Esquerra Unida, quienes consideran "de sentido común" que la Iglesia no esté totalmente exenta del pago del IBI "dada la situación actual de crisis económica en la que muchos ciudadanos incluso están repagando por servicios básicos".

   El edil socialista ha reconocido que la moción tiene "carácter ideológico" dado que el PSOE "quiere dar pasos hacia un Estado un laico", aunque ha resaltado que ésta "no es una moción anticlerical, ya que en las filas socialistas hay gente creyente, pero una cosa no está reñida con la otra".

   Por su parte, el grupo municipal 'popular' mostró su oposición a la referida moción durante el pleno e instó al equipo de gobierno de la localidad a reclamar también el pago del IBI al cuartel de la Guardia Civil o a los colegios, entre otras instituciones.

Una juguetera alicantina y el colectivo naturalista WWF lanzan una línea de juguetes de concienciación medioambiental

DENIA.-   La empresa juguetera Cayro, de Denia, y la organización mundial de conservación de la naturaleza WWF han colaborado en la creación de una línea de juegos que tiene como objetivo la educación medioambiental de los más pequeños y fomentar el respeto por los animales en peligro de extinción, según ha informado en un comunicado la mercantil alicantina.

   Bajo el sello de la organización naturalista, que opera en más de 100 países y cuenta con el apoyo de 5 millones de personas en todo el mundo, el Oso Panda, WWF y Cayro han desarrollado varios juegos tradicionales dentro de esta campaña de concienciación, entre los que se encuentran puzzles con formas, el juego del panda --similar al juego de la oca--, el juego de pares iguales, un dominó, el 'animal hábitat' o 'animal comida'.  

   "Todos ellos tratan de informar y concienciar a los niños sobre los animales que se encuentran en peligro de extinción, y concienciarles sobre la importancia del cuidado de las especies, así como de la protección y conservación de los recursos naturales existentes", ha manifestado la empresa afincada en Denia.

   Además, los juguetes creados para esta línea han sido fabricados con papel reciclado, para una mayor preservación del medioambiente. Desde la mercantil alicantina han explicado que con la venta de cada juego, 50 céntimos irán destinados para el trabajo de WWF España en la conservación de la naturaleza.

   Por su parte, esta serie de juguetes estarán disponibles a partir del mes de junio en tiendas multimarca y en grandes superficies jugueteras, y su lanzamiento coincidirá con la celebración del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el próximo día 5.

Mollà pide al Banco Sabadell soluciones a los afectados por productos tóxicos de la CAM

ALICANTE.- La diputada de Compromís, Mireia Mollà, ha considerado que el Banco Sabadell se tendría que "comprometer" con la Comunitat Valenciana, donde según ha defendido, debería "favorecer los créditos a las pymes, a los emprendedores, a las cooperativas, a las familias y, por supuesto, dar una solución de manera urgente a todas las personas que tienen su dinero atrapado en los productos tóxicos de la CAM", según ha informado en un comunicado esta formación.

   Mollà ha hecho estas afirmaciones tras conocer la decisión de la Comisión Europea de autorizar este miércoles que el Banco Sabadell se haga con el control de CAM y aprobar el plan de restructuración presentado por la entidad catalana.

   "Desde ahora es oficial que los alicantinos y el resto de ciudadanos del País Valencià hemos perdido una de nuestras principales cajas de ahorro", ha indicado.

   Por ello, ha pedido al Banco Sabadell "un compromiso firme con el desarrollo sostenible de este territorio ante la gravísima situación económica por la que atraviesa", ha añadido la diputada, que es a la vez miembro de la comisión de investigación sobre la CAM a Las Cortes.

   Mireia Mollà ha explicado que "este compromiso pasa también por dar una respuesta urgente a todas las personas afectadas por los productos tóxicos que les colocó la CAM de manera engañosa, un hecho que se ha convertido en un drama para miles de personas que se juegan incluso la totalidad de sus ahorros".

   "Al mismo tiempo, no podemos consentir que la nueva fase que ahora inicia la CAM nos haga olvidar todos los abusos que se cometieron en la caja de ahorros", ha señalado.

   Por el contrario, ha apostado por "seguir exigiendo que aquellos que se llenaron los bolsillos con el dinero de los clientes lo devuelvan, que los responsables de los organismos de control expliquen por qué fallaron y que los dirigentes políticos que abonaron la deriva especulativa de la caja cuenten por qué lo hicieron", ha resaltado la diputada de Compromís.

   Además, Mireia Mollà ha recordado que "PP y PSOE se negaron a aprobar una propuesta de Compromís para que la Generalitat asumiera la titularidad de los centros de la Obra Social" y, en este sentido, ha solicitado que "Banco Sabadell continúe la tarea que ha ido desarrollando la Obra Social a lo largo de los años y que tantos beneficios ha reportado a este territorio".

   Por otro lado, la diputada de Compromís ha subrayado que es necesario "que se minimicen los despidos de trabajadores, puesto que no puede cargarse sólo sobre ellos la mala gestión de los responsables de la caja".

Petición de la Plataforma CAM

 El portavoz de la Plataforma CAM, Carlos Pena, ha considerado hoy que el Banco Sabadell debe "hacerse cargo" de los "afectados" por las cuotas participativas y las participaciones preferentes que emitió en su día la entidad financiera alicantina.
Pena se ha expresado en estos términos después de que la Comisión Europea (CE) diera ayer luz verde al Banco Sabadell para hacerse con el control de Caja Mediterráneo (CAM) y al plan de reestructuración para la entidad, al entender que se ajusta a las normas comunitarias.
El portavoz de la Plataforma CAM -agrupa principalmente a clientes de Caja Mediterráneo con cuotas participativas y participaciones preferentes- ha opinado que el Banco Sabadell es ahora "responsable de todo" lo que la entidad alicantina "tenía".
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, prometió ayer dar "una solución inmediata" a los clientes de CAM con participaciones preferentes, a quienes se ofrecerá un canje por acciones de Banco Sabadell.
Sobre los clientes poseedores de cuotas participativas, Oliu insistió en que estas acciones "no valen nada", aunque aún así se intentará buscar una solución comercial a los afectados, "mirando hacia el futuro".
En relación con esas declaraciones, el portavoz de la Plataforma CAM ha explicado que los propietarios de las participaciones preferentes demandan que se "les de todo el dinero; no quieren ni acciones, ni nada", ha remarcado.
La Plataforma CAM pide también que se anule la segregación de Caja Mediterráneo en Banco CAM, para que así las cuotas participativas, que, según Pena, alcanzan "los 200 millones en pérdidas", queden incluidas en "el paquete que ha comprado el Banco Sabadell".
"Esperemos que el Banco Sabadell reaccione, ya que, cuanto más tarden en devolvernos en dinero, más gente se agrupará en nuestra plataforma y más caro le va a salir", ha apuntado.
Por su parte, la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollá ha solicitado hoy en un comunicado al Banco Sabadell que dé "una solución de manera urgente" a todas las personas que tienen su dinero "atrapado en los productos tóxicos de CAM".
"No podemos consentir que la nueva fase que ahora inicia CAM nos haga olvidar todos los abusos que se cometieron en la caja de ahorros" alicantina, según Mollà.
Igualmente, ha exigido que "aquellos que se llenaron los bolsillos con el dinero de los clientes lo devuelvan", que "los responsables de los organismos de control expliquen por qué fallaron" y que "los dirigentes políticos que abonaron la deriva especulativa de la caja cuenten por qué lo hicieron".

Enterrados en el ladrillo

La antigua caja de ahorros alicantina tiene «enterrados» más de 5.000 millones de euros en el «ladrillo»: posee pisos y solares embargados por importe de 2.924 millones de euros —cuyo valor se puede devaluar hasta en un 50% debido a la saturación del mercado inmobiliario— y ha repartido otros 2.165 millones de euros, tan sólo en créditos a seis grandes grupos promotores.

Estas cifras son significativas si se tiene en cuenta que, tras la ruptura de la fusión con Cajastur, la CAM tuvo que pedir al FROB una inyección económica de 2.800 millones de euros para cumplir los requisitos de capital establecidos por el Banco de España. Pues bien, esta cantidad todavía es algo inferior al valor de todos los inmuebles que la caja se ha adjudicado en procesos de embargo por créditos de sus clientes impagados.

Y es que, pese a que los síntomas de la crisis ya eran evidentes, desde 2008 Caja Mediterráneo continuó embarcada en una política agresiva de financiación al sector inmobiliario, que en buena medida precipitaría su quiebra el pasado mes de julio, debido a la dificultad para recuperar buena parte de estos préstamos. Tan solo seis grandes grupos promotores se reparten créditos de la CAM por importes que suman otros 2.165 millones de euros, según un informe elaborado el año pasado por los inspectores del FROB.

El caso más problemático es probablemente el del grupo Polaris World, en el que la caja alicantina tiene asumidos riesgos por un volumen total de 420 millones. Ya en 2009, la CAM tuvo que aceptar un acuerdo para condonar parte de la deuda de Polaris a cambio de 315 viviendas, pese a lo cual no se han resuelto las dificultades financieras de la corporación dirigida por Pedro García Meroño.

El segundo grupo de la construcción y la promoción más endeudado de la CAM, según las cifras del informe elaborado el año pasado, es Sacyr Vallehermoso, con una deuda que suma 382 millones de euros, y el tercero el grupo Hansa —que cuenta con sociedades participadas por la caja— por un importe de 361 millones de euros. Le siguen en importancia Promotora Cataluña Mediterránea, con créditos que suman 355,4 millones, e Inmobiliaria Espacio, con una cifra total de 327 millones de euros. El sexto lugar corresponde, con una deuda global de 321 millones de euros, al Grupo Ortiz, dirigido por el accionista mayoritario del Hércules, Enrique Ortiz. De esta cifra, 160,8 millones corresponden a Enrique Ortiz e Hijos Contratista, 44,2 millones a su filial Vistahermosa Ciudad, 29,5 a Viviendas del Mediterráneo y 5 millones al crédito concedido a Dreamview para comprar terrenos no edificables en Aguamarga.

La elevada exposición al «ladrillo» se ha convertido en un pesado lastre para Caja Mediterráneo, que ahora sume el Banco de Sabadell. Hace ahora un año, el pasado mes de julio, la CAM acumulaba un stock de 23.000 bienes inmuebles procedentes de embargos, por un valor total de 2.924 millones de euros. De esta cifra, 263 millones corresponde al valor de solares y fincas tomadas como garantías que préstamos que han resultado impagados.

Según el plan de capitalización elaborado por la CAM, que el Banco de España rechazó por inviable en julio, la caja poseía en aquel momento inmuebles embargados por valor de 1.193 millones en la Comunidad Valenciana, así como otros tasados en 260 millones en Murcia, 343 millones en Andalucía, 339 millones en Cataluña, 238 en Castilla-La Mancha y 139 en Madrid. Tan sólo en el primer semestre de 2011, la CAM perdió 22 millones por la pérdida de valor de los bienes inmuebles embargados.