Los socialistas siguen apretando en el Ayuntamiento de Alicante contra el 'padrino' Ortíz

ALICANTE.- La última adjudicación de la contrata del cementerio de Alicante, igualmente al empresario Enrique Ortiz, ahora en los juzgados, fue recurrida en reposición por el Grupo Municipal Socialista (GMS), por haberse empleado los mismos criterios de valoración por los que el juez anuló la adjudicación anterior, al considerarlos arbitrarios y subjetivos, reza un comunicado del PSPV.

Según Gabriel Moreno, portavoz adjunto y responsable del Área correspondiente en el GMS, la actuación de los responsables de Atención Urbana, en particular del Sr. Llorens, con la contrata del cementerio “es un caso claro de empecinamiento en la irregularidad” porque, a pesar de la sentencia judicial que declaró nula la primera adjudicación en 2005 y de que este fallo fuera ratificado por el TSJ en 2008, imponiéndose al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 70.000 euros al demandante, “el Ayuntamiento y el Sr. Llorens, han ido prorrogando sistemáticamente el contrato, e incluso se ha prestado el servicio sin contrato alguno, hasta el año 2010, en que se le volvió a adjudicar, como no, a Ortiz, el “empresario de cabecera” del Gobierno Municipal”, afirma Moreno.

El concejal socialista recuerda que el GMS, una vez ratificada la sentencia de anulación, presentó una moción para que se modificaran los baremos aplicables en la misma, incluyendo otros más imparciales y basados en criterios objetivos, precísamente, para eliminar la arbitrariedad que había dado lugar a la anulación judicial de la anterior adjudicación. El Sr. Llorens, ahoravicealcalde, y su grupo, rechazó modificar los criterios y, finalmente, la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Cementerio, recayó nuevamente en Ortiz.

 “Llorens se desentiende de las sentencias, las investigaciones judiciales y las imputaciones que inundan su área. Ahora tenemos otra demanda en marcha en los tribunales por esta última adjudicación. Parece que al Sr. Llorens le gusta jugar al filo de la ilegalidad, aunque las indemnizaciones las terminemos pagando todos ” señala Moreno,

Cabe señalar que el Sr. Llorens ya está imputado por el caso de la Plaza Magallanes. En su Área, hay varios técnicos que están siendo investigados judicialmente por diversos asuntos, como el aparcamiento verde de la albufereta. En el caso de la contrata del cementerio, el GMS en el mandato anterior, presentó un recurso de reposición solicitando la anulación de la adjudicación y una nueva valoración por un técnico independiente, ambas iniciativas fueron rechazadas.

Finalmente serán, de nuevo, los tribunales quienes diriman si la adjudicación se ajustó o no a la ley. “Llorens no puede escudarse siempre en sus técnicos. Su Área está plagada de irregularidades y, además de la responsabilidad política que le corresponde como Concejal y vicealcalde, es él quien tiene la última palabra en todo lo que sucede en Átención Urbana. Si esta demanda vuelve a resolverse con la anulación y el pago de una indemnización al denunciante, debería dimitir al minuto siguiente” concluye Moreno.

Intervención / Manuel Castells *

Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

 Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

(*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120714/54325100171/intervencion-manuel-castells.html

El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.

La nueva Ley de Costas excluye los edificios Rocafel, Helios y Alacant del dominio público

MADRID.- El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga. 

Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.

También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva, en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.

En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.

La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.

Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.

Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.

Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.

Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.

La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.

Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.

La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.

En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.

En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Un millar de militantes elegirán al nuevo secretario general de la agrupación del PSPV de Alicante

ALICANTE.- Alrededor de un millar de militantes del PSPV en la ciudad de Alicante están llamados a elegir este sábado por la tarde al nuevo secretario general de la agrupación local Alicante entre los tres aspirantes, el diputado nacional Gabriel Echávarri, el edil Gabriel Moreno y el militante Mario Lorente.

   La asamblea local que se celebrará a partir de las 17.30 horas de este sábado en el Aulario 2 de la Universidad de Alicante, arrancará con la constitución de la mesa, y la intervención del presidente de la Gestora, Ángel Luna, que dará paso a los discursos de los tres candidatos.

   A continuación, cada uno de ellos expondrá su propuesta para los comités comarcal y provincial, y se procederá a la votación tanto de la secretaría general como de la ejecutiva local y las listas a los citados comités comarcal y provincial.

Puig propone bajar a seis los consellers y eliminar otros 143 cargos de la Generalitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado este viernes un plan extraordinario de reducción de altos cargos de la Generalitat, que propone reducir de diez a seis los consellers, suprimir los secretarios autonómicos y los delegados provinciales del Consell y bajar entre un 40 y un 70 por ciento otros altos cargos y asesores del Gobierno valenciano. 

   En concreto, la propuesta del PSPV plantea eliminar 147 cargos del Ejecutivo de Alberto Fabra lo que, según Ximo Puig, permitiría ahorrar 8.983.486 euros. El dirigente socialista ha destacado que se trata de un plan "de fácil aplicación", que solo precisa "voluntad política y coraje".

   Preguntado por el anuncio lanzado el jueves por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre una posible reducción de diputados en las Corts, Puig ha señalado que "de todo se puede hablar", pero ha indicado que esto no sería posible hasta dentro de tres años y "los ciudadanos necesitan respuestas hoy, no en 2015".

   Además, ha asegurado que el plan de los socialistas valencianos permitiría "cuatro veces más ahorro" que suprimir 20 escaños en las Corts. "No hace falta esperar a 2015, ahora es el momento de hacer las reformas necesarias", ha subrayado.

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

A partir de septiembre

Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):

- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.

- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.

- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.

- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.

- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA

- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.

- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.

- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.

- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.

- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.

- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.

-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.

- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO

- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.

- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.

- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.

- Se facilitará su movilidad.

- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.

- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.

- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.

- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.

- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.

- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.

- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.

- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.

- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.

- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.

- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS

- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.

- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES

- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA

- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.

- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.

- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La nueva Ley de Costas ampliará a 75 años la concesión a viviendas

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.

El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.

La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.

"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.

La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.

"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.

Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.

   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

El Gobierno eleva del 15% al 21% la retención en el IRPF por actividades profesionales

MADRID.- El Gobierno aumentará de forma temporal del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

   Esta medida fiscal, que aparece en las referencias del Consejo de Ministros, no figuraba entre las anunciadas el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco ha sido comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del Gobierno, en la que junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han comparecido los titulares de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente.

   Otra medida no anunciada y que figura también en las referencias es un aumento de la base máxima de cotización al Sistema de Seguridad Social de cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014.

   Como compensación, el Ejecutivo también elevará la cuantía de la pensión máxima en esos años un punto adicional a la variación del IPC. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los autónomos.

   Por otro lado, se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.

   De la misma forma, se homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social en el 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.

   Además, el Gobierno ha acordado proponer medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y abordar iniciativas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.

   En este mismo sentido, se presentará una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones.

   Otras medidas fiscales que se suman a la subida de IVA son la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.

   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

   De la misma forma, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

El IVA subirá el 1 de septiembre para no perjudicar al turismo

MADRID.-   La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.

   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.

   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    

   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.

   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.

   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.

  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.

   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.

   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.

  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.

   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.

   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.

  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.

   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.

   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles

   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.

   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.

   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.

   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.

   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".

   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.

   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.

   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.

   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.

   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".

   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".

   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.

   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.

   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".

   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".

   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.

   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.

   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.

   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.

   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.

   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.

   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.

   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.

   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.

   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.

   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.

   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.

   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 

Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.

   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Amorós dice que no tomó medidas que afectaran a la solvencia de la CAM

MADRID.- La exdirectora general del CAM, María Dolores Amorós, ha asegurado este viernes durante su declaración como imputada en la Audiencia Nacional que durante su mandato, iniciado en el año 2010, no tomó ninguna medida que afectase a la liquidez o solvencia del banco, según ha confirmado su abogado Carlos Saiz tras el testimonio. 

   Amorós, que ha permanecido en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 durante casi de tres horas, ha respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el representante legal del FROB y ha indicado que asumió el cargo únicamente durante ocho meses. "Los cuatro primeros tuvo delegadas las funciones al Sistema Institucional de Protección (SIP) y los cuatro últimos la entidad permaneció bajo la intervención del Banco de España", ha precisado el letrado.

   La exdirectora general de la CAM, que fue adjunta al cargo entre los años 2001 y 2010, se ha desligado también de responsabilidades en el lanzamiento de participaciones preferentes, a pesar de que el exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, apuntó el pasado martes que fue ella la impulsora del sistema. En concreto, Amorós ha negado haber lanzado ningún tipo de producto que supusiera un riesgo para la entidad.

   Amorós, a la que el juez Javier Gómez Bermúdez, imputa junto a otros cuatro directivos de la Caja, la comisión de delitos societarios, apropiación indebida, estafa y alteración del precio de las cosas, ha respondido también a varias preguntas sobre sus retribuciones anuales y su plan de pensión.

   La exdirectora general acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

    Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros. No obstante, la juez declaró procedente su despido.

   Sobre estas cantidades Amorós ha asegurado que no fue ella quien ordenó su subida de sueldo y ha agregado que la provisión de su pensión estaba ya decidida antes de su nombramiento. También ha dicho que no participó durante los ocho meses de su mandato en decisiones sobre préstamos.

   Con la declaración de la exdirectora de la CAM termina una intensa semana de interrogatorios en la Audiencia Nacional, en la que han desfilado otros tres directivos de la caja que han coincidido en negar responsabilidades sobre las decisiones que desencadenaron, junto a otros factores, la quiebra de la entidad.

   Gómez Bermúdez tiene aún pendiente tomar declaración el próximo lunes a los peritos de la auditora PWC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.

   Además, interrogará el jueves por la tarde al exdirector general Roberto López Abad, antecesor de Amorós, y cuya declaración, prevista en principio para el jueves, fue aplazada.

   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.