MADRID.- La exdirectora general del CAM, María Dolores
Amorós, ha asegurado este viernes durante su declaración como imputada en
la Audiencia Nacional que durante su mandato, iniciado en el año 2010,
no tomó ninguna medida que afectase a la liquidez o solvencia del banco,
según ha confirmado su abogado Carlos Saiz tras el testimonio.
Amorós, que ha permanecido en el Juzgado Central de Instrucción
nº 3 durante casi de tres horas, ha respondido a las preguntas
formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el representante legal
del FROB y ha indicado que asumió el cargo únicamente durante ocho
meses. "Los cuatro primeros tuvo delegadas las funciones al Sistema
Institucional de Protección (SIP) y los cuatro últimos la entidad
permaneció bajo la intervención del Banco de España", ha precisado el
letrado.
La exdirectora general de la CAM, que fue adjunta al cargo entre
los años 2001 y 2010, se ha desligado también de responsabilidades en el
lanzamiento de participaciones preferentes, a pesar de que el
exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, apuntó el pasado martes que fue ella
la impulsora del sistema. En concreto, Amorós ha negado haber lanzado
ningún tipo de producto que supusiera un riesgo para la entidad.
Amorós, a la que el juez Javier Gómez Bermúdez, imputa junto a
otros cuatro directivos de la Caja, la comisión de delitos societarios,
apropiación indebida, estafa y alteración del precio de las cosas, ha
respondido también a varias preguntas sobre sus retribuciones anuales y
su plan de pensión.
La exdirectora general acordó en noviembre de 2010 una retribución
anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y
pactó su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros
al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora
general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros.
No obstante, la juez declaró procedente su despido.
Sobre estas cantidades Amorós ha asegurado que no fue ella quien
ordenó su subida de sueldo y ha agregado que la provisión de su pensión
estaba ya decidida antes de su nombramiento. También ha dicho que no
participó durante los ocho meses de su mandato en decisiones sobre
préstamos.
Con la declaración de la exdirectora de la CAM termina una intensa
semana de interrogatorios en la Audiencia Nacional, en la que han
desfilado otros tres directivos de la caja que han coincidido en negar
responsabilidades sobre las decisiones que desencadenaron, junto a otros
factores, la quiebra de la entidad.
Gómez Bermúdez tiene aún pendiente tomar declaración el próximo
lunes a los peritos de la auditora PWC que elaboraron los informes sobre
el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre
las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron
los antiguos gestores.
Además, interrogará el jueves por la tarde al exdirector general
Roberto López Abad, antecesor de Amorós, y cuya declaración, prevista en
principio para el jueves, fue aplazada.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de
2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección
de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes
donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los
antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al
sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la
cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente
propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras
unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las
cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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