MADRID.- Las prejubilaciones cobradas por los exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) fueron infladas de forma fraudulenta
debido a que su cálculo se basaba en los resultados de las cuentas de la
entidad que, según apunta la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, presentaron irregularidades contables
durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
El Ministerio Público refleja en su escrito las conclusiones
aportadas por la auditora PriceWaterhouseCoopers y el Banco de España
respecto a la gestión de la caja y asegura que "la falsedad se habría
producido al presentar las cuentas anuales de la CAM correspondientes al
año 2010" y en los estados financieros cerrados a 31 de marzo de este
mismo año y ampliados en una posterior propuesta cerrada hace solo unos
días, a 30 de junio, presentada por el director de Planificación y
Control.
La Fiscalía agrega que el pliego de cargos del expediente
sancionador del Banco de España refiere, además, "otras prácticas
contables irregulares desarrolladas por la CAM que han tenido como
efecto alterar su realidad financiera y patrimonial durante los
ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
El escrito señala como principales prácticas ilícitas para el
falseamiento de estos balances "el indebido pase a fallidos de
determinados activos o la incorrecta rehabilitación de activos fallidos y
dudosos".
En este sentido la Fiscalía destaca que las irregularidades
contables están estrechamente relacionadas con el cobro por parte de
algunos empleados y directivos de determinadas cantidades en concepto de
prejubilación que "en la medida en que su cálculo se basaba en los
resultados reflejados en las cuentas de la entidad, no deberían haberse
pagado".
Anticorrupción también asegura que los altos cargos de la
entidad cobraron, además una denominada "Prestación Adicional Asegurada"
que infló más aún las cantidades percibidas por la directiva de la
caja.
Cinco altos ejecutivos de la CAM se repartieron 15,5 millones
de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera
intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora
general de la entidad, María Dolores Amorós. Entre ellos se encuentran
el exdirector general entre los años 2001 y 2010, Roberto López Abad y
el exdirector general de Recursos, ambos imputados en la causa que
investiga el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia
Nacional.
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