ALICANTE.- La última adjudicación de la contrata del cementerio de Alicante, igualmente al empresario Enrique Ortiz, ahora en los juzgados, fue recurrida en reposición por el Grupo Municipal Socialista (GMS), por haberse empleado los mismos criterios de valoración por los que el juez anuló la adjudicación anterior, al considerarlos arbitrarios y subjetivos, reza un comunicado del PSPV.
Según Gabriel Moreno, portavoz adjunto y responsable del Área correspondiente en el GMS, la actuación de los responsables de Atención Urbana, en particular del Sr. Llorens, con la contrata del cementerio “es un caso claro de empecinamiento en la irregularidad” porque, a pesar de la sentencia judicial que declaró nula la primera adjudicación en 2005 y de que este fallo fuera ratificado por el TSJ en 2008, imponiéndose al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 70.000 euros al demandante, “el Ayuntamiento y el Sr. Llorens, han ido prorrogando sistemáticamente el contrato, e incluso se ha prestado el servicio sin contrato alguno, hasta el año 2010, en que se le volvió a adjudicar, como no, a Ortiz, el “empresario de cabecera” del Gobierno Municipal”, afirma Moreno.
El concejal socialista recuerda que el GMS, una vez ratificada la sentencia de anulación, presentó una moción para que se modificaran los baremos aplicables en la misma, incluyendo otros más imparciales y basados en criterios objetivos, precísamente, para eliminar la arbitrariedad que había dado lugar a la anulación judicial de la anterior adjudicación. El Sr. Llorens, ahoravicealcalde, y su grupo, rechazó modificar los criterios y, finalmente, la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Cementerio, recayó nuevamente en Ortiz.
Según Gabriel Moreno, portavoz adjunto y responsable del Área correspondiente en el GMS, la actuación de los responsables de Atención Urbana, en particular del Sr. Llorens, con la contrata del cementerio “es un caso claro de empecinamiento en la irregularidad” porque, a pesar de la sentencia judicial que declaró nula la primera adjudicación en 2005 y de que este fallo fuera ratificado por el TSJ en 2008, imponiéndose al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 70.000 euros al demandante, “el Ayuntamiento y el Sr. Llorens, han ido prorrogando sistemáticamente el contrato, e incluso se ha prestado el servicio sin contrato alguno, hasta el año 2010, en que se le volvió a adjudicar, como no, a Ortiz, el “empresario de cabecera” del Gobierno Municipal”, afirma Moreno.
El concejal socialista recuerda que el GMS, una vez ratificada la sentencia de anulación, presentó una moción para que se modificaran los baremos aplicables en la misma, incluyendo otros más imparciales y basados en criterios objetivos, precísamente, para eliminar la arbitrariedad que había dado lugar a la anulación judicial de la anterior adjudicación. El Sr. Llorens, ahoravicealcalde, y su grupo, rechazó modificar los criterios y, finalmente, la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Cementerio, recayó nuevamente en Ortiz.
“Llorens se desentiende de las sentencias, las investigaciones judiciales y las imputaciones que inundan su área. Ahora tenemos otra demanda en marcha en los tribunales por esta última adjudicación. Parece que al Sr. Llorens le gusta jugar al filo de la ilegalidad, aunque las indemnizaciones las terminemos pagando todos ” señala Moreno,
Cabe señalar que el Sr. Llorens ya está imputado por el caso de la Plaza Magallanes. En su Área, hay varios técnicos que están siendo investigados judicialmente por diversos asuntos, como el aparcamiento verde de la albufereta. En el caso de la contrata del cementerio, el GMS en el mandato anterior, presentó un recurso de reposición solicitando la anulación de la adjudicación y una nueva valoración por un técnico independiente, ambas iniciativas fueron rechazadas.
Cabe señalar que el Sr. Llorens ya está imputado por el caso de la Plaza Magallanes. En su Área, hay varios técnicos que están siendo investigados judicialmente por diversos asuntos, como el aparcamiento verde de la albufereta. En el caso de la contrata del cementerio, el GMS en el mandato anterior, presentó un recurso de reposición solicitando la anulación de la adjudicación y una nueva valoración por un técnico independiente, ambas iniciativas fueron rechazadas.
Finalmente serán, de nuevo, los tribunales quienes diriman si la adjudicación se ajustó o no a la ley. “Llorens no puede escudarse siempre en sus técnicos. Su Área está plagada de irregularidades y, además de la responsabilidad política que le corresponde como Concejal y vicealcalde, es él quien tiene la última palabra en todo lo que sucede en Átención Urbana. Si esta demanda vuelve a resolverse con la anulación y el pago de una indemnización al denunciante, debería dimitir al minuto siguiente” concluye Moreno.
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