domingo, 15 de julio de 2012

Císcar apuesta por un nuevo PP basado en "la regeneración democrática, la participación y la transparencia"

ALICANTE.- El candidato a la presidencia del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, ha defendido que el "nuevo PP, el partido de Alberto Fabra, es un partido con vocación de servicio público, un servicio que ha de ser eficaz y eficiente, austero, comprometido, responsable y honrado" y que "se sustenta en los ejes de la regeneración democrática, la participación, la transparencia y la ejemplaridad".

   Durante su intervención como único candidato al cargo ofrecida este domingo en el XIII Congreso Provincial en Alicante, Císcar ha asegurado que el "nuevo PP es un partido que escucha y se adapta, que se renueva con la sociedad". 
"Ésa es la apuesta de Fabra y será la nuestra, ese es el camino que vamos a seguir", ha remarcado.
   Para ello, ha explicado que los órganos de la nueva dirección del partido a nivel provincial "tendrán la obligación de controlar que esa premisa se cumpla, vigilarán que el partido esté en la calle, que no se distraiga ni en un momento de su principal cometido, que no es otro que ser un partido al servicio de los ciudadanos, y de la provincia de Alicante".
   En su discurso, Císcar también ha realizado un "ejercicio de autocrítica", y ha reconocido que "en los últimos años ha habido discrepancias y división" en las filas 'populares'. "Es bueno que lo reconozcamos porque nos ayuda a mejorar: aprender de los errores nos hace más fuertes", ha apuntado.
   No obstante, ha destacado que en los últimos meses el PP en la provincia de Alicante "ha mejorado mucho", gracias entre otros aspectos, al "buen hacer" de su presidente provincial en la última etapa, Miguel Ortiz, quien "desde el minuto uno sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho".
   En este punto, Císcar ha recordado a los presentes que "es mucho más" lo que les une que lo que les separa, y por ello les ha pedido "mucha generosidad", porque, según ha precisado, "con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos", comentario que ha sido recibido con una ovación por parte de la audiencia. Al respecto, también ha adelantado que "quien no lo entienda, no tiene cabida en este proyecto".
   Por otra parte, en su discurso Císcar ha adelantado su disposición de reclamar, "desde la lealtad a España y la responsabilidad con la situación actual", que los recursos "disponibles se repartan de manera más justa".
   "Pediremos todo aquello que legítimamente nos corresponde y, anteponiendo el interés general a las siglas, demandaremos desde la solidaridad, el gran pacto nacional sobre el agua que nos garantice los recursos hídricos que necesitamos, sin renunciar a ningún trasvase ni toma", ha anunciado.
   Además, trabajarán para conseguir "la agilización" de la llegada del AVE a la provincia de Alicante, del Corredor Mediterráneo y la implantación del tercer carril de ancho europeo al Puerto de Alicante, así como una "financiación suficiente que permita a la Comunitat Valenciana garantizar la prestación deunos servicios públicos de calidad a los ciudadanos".
   La propuesta presentada por José Císcar para los órganos de dirección del PP en la provincia de Alicante pasa por la elección del edil de San Vicente del Raspeig, José Juan Zaplana, como nuevo secretario general, y de la eurodiputada Eva Ortiz como vicesecretaria provincial, así como por la creación "novedosa" de un comité de ética que estará presidido por el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, y de una comisión jurídica a cargo de Luis Barcala.
   La vicesecretaría de Organización recaerá en el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza; la Vicesecretaría de Política Territorial, sobre el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano; mientras que el ilicitano José Salas asumirá la Vicesecretaría de Comunicación y Participación Ciudadana. El edil de Alicante, Carlos Castillo, asumirá la Vicesecretaría de Economía y Empleo, y la edil de Catral, María Manuela Sánchez, la de Políticas Sociales.

Ortiz destaca que el Congreso supone "un nuevo comienzo" marcado por "el consenso, la unidad y la integración

ALICANTE.- El presidente provincial saliente del PP en Alicante, Miguel Ortiz, ha asegurado que el XIII Congreso supone "un nuevo comienzo" marcado por "el consenso, la unidad y la integración", al frente del cual estará el vicepresidente del Consell, José Císcar, al que ha definido como "el mejor" de las filas del PP, una persona que "representa a los hombres y mujeres que aceptan el reto de alcanzar un futuro de progreso y bienestar".

   En su intervención durante el cónclave provincial, que Ortiz ha definido como "el más importante desde la refundación del partido", según ha dicho, los 'populares' han venido a "fortalecer su capacidad de respuesta y a formar parte de la solución a los problemas de los ciudadanos".
   Para ello, ha elogiado la figura del presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, que "ha marcado la hoja de ruta de consenso, unidad e integración" por la que el PP de la provincia de Alicante se mueve en este cónclave, así como el "esfuerzo, trabajo y autoridad moral" del propio Císcar y de la diputada nacional Macarena Montesinos.
   "Tenemos un gran partido, y este congreso significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer las cosas, con una sola voz, la de José Císcar, una persona que representa los valores del PP y los va a convertir en la piedra angular de su gestión, para que el PP vuelva a ser el partido que tantos añoramos", ha señalado.
   Ortiz además ha recordado que los actuales son "momentos muy difíciles" en los que "los políticos no se pueden esconder".
 "Nos llevará mucho tiempo, pero estamos en la buena senda", ha defendido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que con las medidas adoptadas por Mariano Rajoy y Alberto Fabra el país "va a salir" de la crisis. "Tenemos que llevar la cabeza bien alta, porque sabemos que estas medidas son el camino para la recuperación económica", ha añadido.
   La secretaria general saliente, Mónica Lorente, por su parte, ha defendido la gestión llevada a cabo por el PP en los últimos cuatro años, en los que el partido ha registrado "los mejores datos de la historia del PP en la provincia de Alicante". El informe expuesto por Lorente ha sido aprobado de forma unánime por los presentes en el XIII Congreso.

Luisa Pastor insta al PP a "no dejar margen" a quienes incumplen la ética del partido

ALICANTE.-   La presidenta de la mesa del XIII Congreso Provincial del PP, Luisa Pastor, ha destacado este domingo que la "ética personal y la de los propios partidos cobra ahora mayor importancia", por lo que no se debe "dejar margen" a quienes la incumplen, si bien ha considerado que "no hay que dejarse llevar" porque "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia".

   En su intervención en el cónclave que este domingo elegirá en la Universidad de Alicante a José Císcar como nuevo presidente provincial del PP, Luisa Pastor además se ha referido a los recortes anunciados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados para animar a los presentes a "arrimar el hombro".
   "Rajoy ha dicho que es 'esto o nos convertimos en una metrópoli griega", ha apuntado Pastor, al tiempo que ha asegurado que "nadie quiere subir los impuestos, pero donde antes había ingresos ahora no los hay". 
"Debemos sacar fuerzas de debajo de las piedras, y no debemos escondernos ante las medidas impopulares", ha añadido.
   Así, ha instado a los presentes a trabajar para que el partido y las instituciones formen "parte de una misma locomotora", y les ha recordado que, como dirigentes al frente del Gobierno son "responsables de ese tranvía".
   Por ello, ha mostrado su confianza en que de este congreso provincial "salga un equipo dispuesto a asumir ese reto aportando sus iniciativas" para afrontar el "drama del paro, que es descorazonador".
   En esta línea, Pastor ha hecho hincapié en la importancia de defender las grandes infraestructuras en la provincia de Alicante tales como el AVE, el Corredor Mediterráneo y la necesidad de agua. "Tenemos mucha faena por hacer, pero cuenta con nosotros", ha indicado dirigiéndose a José Ciscar.
   Al presidente de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, --cuya presencia está prevista al final del congreso--, le ha asegurado que "el PP es un partido unido y fuerte" por lo que puede contar con su "gente trabajadora".
 "Verás cómo los esfuerzos merecen la pena", ha concluido.

Educación amplía en un 20% la oferta de plazas en ciclos formativos de FP para el próximo curso

VALENCIA.-   La Conselleria de Educación, Formación y Empleo ampliará en un 20 por ciento la oferta de plazas en ciclos formativos de Formación Profesional (FP), tanto de Grado Medio como de Grado Superior, para el curso 2012-2013 con el objetivo de "mejorar el acceso a la cualificación profesional", ha informado la Generalitat en un comunicado.

   De esta manera, se pondrán a disposición de los alumnos un total de 2.409 grupos de FP, lo que supone 86.250 plazas, de las que 14.415 son de nueva creación. Este impulso de la FP pretende "mejorar la capacidad de integración de los alumnos en el ámbito laboral, especialmente de los jóvenes, dado que la Formación Profesional es la rama de toda la educación con mayor índice de empleabilidad".
   "La FP es de vital importancia en la situación actual, dado que representa una posibilidad evidente de que muchas personas accedan de una manera directa al mercado de trabajo", han insistido desde la Generalitat.
   La distribución de la oferta por provincias será de 1.236 grupos en Valencia, con 44.277 plazas (un 20,8% más que el curso pasado); 312 grupos en Castellón con 11.228 plazas (un 15,3% más), y 861 grupos en Alicante, con 30.745 plazas (un 21% más).
   El incremento de la oferta se producirá en las tres modalidades presenciales --diurna, vespertina y nocturna--, y en los ciclos semipresenciales o a distancia. En concreto, en horario de matutino y vespertino se ofrecerán 74.658 plazas, un 17% más que el año pasado, de las que 38.865 pertenecen a la provincia de Valencia, 9.464 a la de Castellón y 26.329 a la de Alicante.
   En la modalidad de nocturno, habrá 580 plazas más que el año pasado, con una oferta total de 3.600, de las que 1.200 estarán en Valencia, 1.608 en Alicante y 792 en Castellón. Además, en cuanto a la modalidad de semipresencial o a distancia, la Conselleria ofrecerá 7.992 plazas, un 57,1% más que el curso 2011-12, de ellas 4.212 en Valencia, 2.808 en Alicante y 972 en Castellón.
   Además, a solicitud de los centros docentes, se han activado ciclos formativos teniendo en cuenta la demanda existente y las características socio-económicas de la localidad o de la zona, han precisado las mismas fuentes.
   La Conselleria prevé también ampliar la oferta formativa nuevamente en septiembre para atender la demanda de los alumnos que acceden a los ciclos formativos en ese mes, de acuerdo con los institutos y centros integrados de FP.

El triunfo de los mediocres / David Jiménez *

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente
basura.

- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

- Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.

- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
(*) Periodista

El timo verde de Mariano Rajoy / J.L. Vidal Coy *

Si estuviéramos en la época de la peseta, el timo de la estampita verde sería la analogía perfecta para enjuiciar las referencias ambientales del discurso del presidente del Gobierno del pasado miércoles. Pero como los billetes de 500 euros tienen otro color, y mucho más valor, parece necesario buscar otras similitudes mucho más contundentes.

En un solo párrafo perdido en el discurso, Mariano Rajoy se dijo favorable a uno de los axiomas de toda acción gubernamental que se quiera verde. A saber: “Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio ‘quien contamina paga’ ya arraigado en países de nuestro entorno”.

Justo dos días después del discurso, es decir el viernes 13, el Consejo de Ministros presidido por él, previa bendición Su Majestad, se aprestó a dar luz verde a la mayos amnistía ambiental de todos los tiempos, como es la reforma de la Ley de Costas. Gracias a esa relectura quedarán impunes miles de desmanes urbanísticos realizados en el litoral español desde hace década con la permisividad de administraciones locales, regionales y la estatal.

Rajoy no se desdecía, porque no se le recuerda tamaña profesión de fe ecologista, sino que, una vez más, mintió. Porque con la reforma que se aprobará gracias al empeño del equipo del ministro Arias Cañete, sustentado en el apoyo no solo de su partido sino también en el de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, los que han contaminado y destruido en la costa española ni pagarán ni habrán de enmendar sus expolios.

Es decir, que por mucho que presidente del Gobierno diga que aplicará ese “principio”, en la práctica los propietarios de todo tipo de construcciones invasoras del Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre van a ver prolongada sus ocupaciones mucho más allá de 2018, los sesenta años que estableció la ley de 1988, y no se volverá a hablar del tema hasta 2063. Para entonces, todos calvos, dirá con razón más de uno.

Cuentan los cronistas, además, que en esa nueva perspectiva arbitraria que se le va a dar a la ley ––poniendo el interés privado por encima del público y perdonando graciosamente transgresiones de la norma– ha influido la presión de algunos de los “países de nuestro entorno”, que ven como algunos de sus desavisados ciudadanos se han visto inmersos en una pesadilla tras comprar propiedades ilegales o alegales en la costa española, inducidos al error por promotores, vendedores, notarios y registradores, gremio este último, por cierto, al que pertenece el actual ocupante de La Moncloa, que debe conocer muy bien el asunto pues su plaza está en la costera Santa Pola (Alicante).

En ese contexto debe ser visto el “quien contamina paga” en boca de Rajoy, y también la promesa de introducir el impuesto ambiental tantas veces denostado por el Partido Popular cuando el PSOE pretendió ponerlo en práctica, como pasó en Baleares.

Como dejó claro el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, en la presentación del informe Destrucción a Toda Costa (DTC) 2012, no es de recibo cobrar un céntimo verde o un euro ambiental en combustibles u hoteles para destinar esa recaudación forzosa seguir las mismas políticas destructivas del entorno que imponen, por ejemplo, un gasto de 160 millones de euros solamente para restauración de playas entre 2004 y 2007. Y ya sabemos que los gobiernos locales y regionales pretenden seguir por ese camino, como enseñan los casos de las pretendidas urbanizaciones junto a las playas de Valdevaqueros (Cádiz) o Es Trenc (Mallorca).

La filosofía ambiental del conglomerado turístico-inmobiliario del que el Gobierno de Rajoy se convierte en su mejor valedor gracias a la reforma que se hará de la Ley de Costas es falaz: que quien contamine pague, supuestamente, para seguir adecentando la costa destruida por la presión humana. Y si alguna noma se interpone en el camino de ese “desarrollo”, se cambia y punto.

No es, ni más ni menos, que lo que se ha hecho con la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, recién oficializada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de julio, para que funcione hasta 2019 con todas las bendiciones, y dejando sin efecto, entre otras cosas, la obligación que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear de presentar un plan de desmantelamiento antes de ese mismo día del año que viene.

(*) Periodista

sábado, 14 de julio de 2012

Gabriel Echávarri, nuevo secretario general del PSPV en la capital

ALICANTE.- El diputado socialista Gabriel Echávarri se ha convertido hoy en el nuevo secretario general del PSPV-PSOE en el municipio de Alicante, al recibir el 69,23% de los apoyos en la asamblea local, procedentes de todas las históricas familias de la agrupación y movidos por su 'núcleo duro'.

Fuentes socialistas han indicado que Echávarri ha conseguido 315 sufragios por 140 el concejal Gabriel Moreno (30,7 por ciento) y 9 el tercer aspirante, el militante Mario Lorente.
Asimismo, se han registrado 10 votos en blanco y 4 nulos, según las mismas fuentes, de un total de 508 afiliados que han ejercido su derecho al voto dentro de un censo que rondaba el millar.
De esta manera, la lista encabezada por Echávarri pasa a liderar a los socialistas del municipio de Alicante y releva a la gestora presidida por el exalcalde y diputado autonómico Ángel Luna, desde junio de 2011.
En la victoria de Echávarri tuvo especial peso el apoyo del grupo del incombustible exsenador socialista Ángel Franco, alineado tradicionalmente con los lermistas, que a la postre ha decantado en última instancia todos los cónclaves socialistas de los últimos años.
La candidatura del nuevo secretario también contó con el respaldo de Juventudes Socialistas, del grupo de afines al expresidente de la Diputación, Antonio Fernández Valenzuela, y del sector de exediles críticos del anterior Grupo Municipal, según 'El País'.
El actual portavoz del Grupo Municipal, el concejal Gabriel Moreno, sólo pudo contar a su favor los votos del colectivo agrupado en torno a la portavoz municipal y exsecretaria de Organización de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Elena Martín. 


Biografía

Nació en Alicante el 29 de diciembre de 1970, soltero y con un hijo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Abogado especialista en derecho civil, es también profesor asociado del Departamente de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante.
Diputado socialista por Alicante en la X Legislatura, adscrito a las comisiones de

  •  Asuntos Exteriores
  • Vocal de la Comisión de Justicia
  • Adscrito de la Comisión de Interior
  • Secretario Segundo de la Comisión de Defensa
  • Adscrito de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
  • Vocal de la Comisión de Igualdad
  • Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

  • Ponente de la Ponencia Proy.L. contratos aprovechamiento turno uso turístico (121/6) desde el 21/05/2012 al 29/05/2012


  • Carlos Fabra insta a los afiliados del PP a no dar "ni un motivo" para que se pueda criticar su comportamiento

    VALENCIA.- El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha instado este sábado a los afiliados del PP a "no dar ni un solo motivo" que haga que se pueda criticar su "honestidad" o comportamiento. 

       Fabra ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del XIV Congreso del PP de Valencia, después de las criticas a la diputada del PP Andrea Fabra, que gritó supuestamente '¡Que se jodan!' cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado miércoles en el Congreso un recorte en las prestaciones por desempleo.
       "No caigamos en contestar", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha acusado a los dirigentes de la oposición de ser "los reyes de la manipulación". Así, ha subrayado: "no tenemos que dar ni un solo motivo para que puedan criticar ha honestidad o el comportamiento de ni uno solo de los afiliados del PP". "No caigamos en esta provocación", ha apostillado.
       Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha criticado que, ante la "durísima" situación que vive el país, la izquierda "despliega su oportunismo, miente, manipula y no respeta nada". A su juicio, el PSOE "ha perdido su misión de Estado y se desentiende de su responsabilidad con los ciudadanos y de su nefasta gestión, que es la responsable de la crisis".
       Asimismo, ha condenado la agresión sufrida por la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante las protestas ciudadanas de este viernes, quien fue zarandeada y "fue escupida" por los manifestantes.
       Por ello, Barberá ha pedido a los ediles, alcaldes y militantes del PP que se dediquen "en cuerpo y alma a explicar, explicar y explicar las durísimas medidas que está teniendo que tomar el Gobierno de Mariano Rajoy incluso en contra de sus propios criterios y su propio programa".
     "Hay que arreglar el enjambre que nos dejó el PSOE", ha insistido.

    Se acabó cobrar el paro y trabajar 'en negro'

    MADRID.- El servicio público de empleo podrá suspender el abono de la prestación por desempleo a un parado "cuando se aprecien indicios suficientes de fraude" en el curso de investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

       Así lo establece el Gobierno en el Real-Decreto ley de medidas antidéficit aprobado ayer y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añadiendo así un nuevo párrafo al artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social referido al control de prestaciones.
       El Ejecutivo también precisa en la norma que, entre las obligaciones de los perceptores de prestaciones por desempleo, estará la de acreditar ante los servicios públicos de empleo aquellas actuaciones que han emprendido dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o la mejora de su ocupabilidad.
       En este sentido, se advierte de que "la no acreditación" implicará que el desempleado ha incumplido el compromiso de actividad que firmó con la oficina pública de empleo.
       En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), el Gobierno señala que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, "sin haber rechazo oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión" dirigidas a incrementar la ocupabilidad.
       Asimismo, la salida al extranjero, "por cualquier motivo o duración" interrumpirá la inscripción como demandante de empleo. En aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses "ininterrumpido" desde la nueva inscripción.

    Los socialistas siguen apretando en el Ayuntamiento de Alicante contra el 'padrino' Ortíz

    ALICANTE.- La última adjudicación de la contrata del cementerio de Alicante, igualmente al empresario Enrique Ortiz, ahora en los juzgados, fue recurrida en reposición por el Grupo Municipal Socialista (GMS), por haberse empleado los mismos criterios de valoración por los que el juez anuló la adjudicación anterior, al considerarlos arbitrarios y subjetivos, reza un comunicado del PSPV.

    Según Gabriel Moreno, portavoz adjunto y responsable del Área correspondiente en el GMS, la actuación de los responsables de Atención Urbana, en particular del Sr. Llorens, con la contrata del cementerio “es un caso claro de empecinamiento en la irregularidad” porque, a pesar de la sentencia judicial que declaró nula la primera adjudicación en 2005 y de que este fallo fuera ratificado por el TSJ en 2008, imponiéndose al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 70.000 euros al demandante, “el Ayuntamiento y el Sr. Llorens, han ido prorrogando sistemáticamente el contrato, e incluso se ha prestado el servicio sin contrato alguno, hasta el año 2010, en que se le volvió a adjudicar, como no, a Ortiz, el “empresario de cabecera” del Gobierno Municipal”, afirma Moreno.

    El concejal socialista recuerda que el GMS, una vez ratificada la sentencia de anulación, presentó una moción para que se modificaran los baremos aplicables en la misma, incluyendo otros más imparciales y basados en criterios objetivos, precísamente, para eliminar la arbitrariedad que había dado lugar a la anulación judicial de la anterior adjudicación. El Sr. Llorens, ahoravicealcalde, y su grupo, rechazó modificar los criterios y, finalmente, la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Cementerio, recayó nuevamente en Ortiz.

     “Llorens se desentiende de las sentencias, las investigaciones judiciales y las imputaciones que inundan su área. Ahora tenemos otra demanda en marcha en los tribunales por esta última adjudicación. Parece que al Sr. Llorens le gusta jugar al filo de la ilegalidad, aunque las indemnizaciones las terminemos pagando todos ” señala Moreno,

    Cabe señalar que el Sr. Llorens ya está imputado por el caso de la Plaza Magallanes. En su Área, hay varios técnicos que están siendo investigados judicialmente por diversos asuntos, como el aparcamiento verde de la albufereta. En el caso de la contrata del cementerio, el GMS en el mandato anterior, presentó un recurso de reposición solicitando la anulación de la adjudicación y una nueva valoración por un técnico independiente, ambas iniciativas fueron rechazadas.

    Finalmente serán, de nuevo, los tribunales quienes diriman si la adjudicación se ajustó o no a la ley. “Llorens no puede escudarse siempre en sus técnicos. Su Área está plagada de irregularidades y, además de la responsabilidad política que le corresponde como Concejal y vicealcalde, es él quien tiene la última palabra en todo lo que sucede en Átención Urbana. Si esta demanda vuelve a resolverse con la anulación y el pago de una indemnización al denunciante, debería dimitir al minuto siguiente” concluye Moreno.

    Intervención / Manuel Castells *

    Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

    Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

    Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

    Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

    ¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

    Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

    El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

    ¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

    La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

    Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

     Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

    (*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos

    El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

    MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

    “Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

    Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

    La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

    En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

    El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

    Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

    Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.

    viernes, 13 de julio de 2012

    La nueva Ley de Costas excluye los edificios Rocafel, Helios y Alacant del dominio público


    MADRID.- El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga. 

    Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
    También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva, en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
    En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
    La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

    Lo prohibido sigue prohibido

    La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
    Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
    Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
    Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
    Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
    La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
    Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
    La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
    En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
    En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

    Un millar de militantes elegirán al nuevo secretario general de la agrupación del PSPV de Alicante

    ALICANTE.- Alrededor de un millar de militantes del PSPV en la ciudad de Alicante están llamados a elegir este sábado por la tarde al nuevo secretario general de la agrupación local Alicante entre los tres aspirantes, el diputado nacional Gabriel Echávarri, el edil Gabriel Moreno y el militante Mario Lorente.

       La asamblea local que se celebrará a partir de las 17.30 horas de este sábado en el Aulario 2 de la Universidad de Alicante, arrancará con la constitución de la mesa, y la intervención del presidente de la Gestora, Ángel Luna, que dará paso a los discursos de los tres candidatos.
       A continuación, cada uno de ellos expondrá su propuesta para los comités comarcal y provincial, y se procederá a la votación tanto de la secretaría general como de la ejecutiva local y las listas a los citados comités comarcal y provincial.

    Puig propone bajar a seis los consellers y eliminar otros 143 cargos de la Generalitat

    VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado este viernes un plan extraordinario de reducción de altos cargos de la Generalitat, que propone reducir de diez a seis los consellers, suprimir los secretarios autonómicos y los delegados provinciales del Consell y bajar entre un 40 y un 70 por ciento otros altos cargos y asesores del Gobierno valenciano. 

       En concreto, la propuesta del PSPV plantea eliminar 147 cargos del Ejecutivo de Alberto Fabra lo que, según Ximo Puig, permitiría ahorrar 8.983.486 euros. El dirigente socialista ha destacado que se trata de un plan "de fácil aplicación", que solo precisa "voluntad política y coraje".
       Preguntado por el anuncio lanzado el jueves por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre una posible reducción de diputados en las Corts, Puig ha señalado que "de todo se puede hablar", pero ha indicado que esto no sería posible hasta dentro de tres años y "los ciudadanos necesitan respuestas hoy, no en 2015".
       Además, ha asegurado que el plan de los socialistas valencianos permitiría "cuatro veces más ahorro" que suprimir 20 escaños en las Corts. "No hace falta esperar a 2015, ahora es el momento de hacer las reformas necesarias", ha subrayado.

    Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

    MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

    Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
    La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

    A continuación, las medidas anunciadas:

    SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
    A partir de septiembre
    Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
    - Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
    - Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
    - Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
    - Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
    - Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

    VIVIENDA
    - Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
    - Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
    - Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
    - Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
    - Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
    - Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

    IMPUESTO DE SOCIEDADES
    -Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
    -Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
    -Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
    - Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

    EMPLEO PÚBLICO
    - Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
    - Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
    - Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
    - Se facilitará su movilidad.
    - Se ajustará el número de liberados sindicales.

    EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
    - Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
    - Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
    - Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
    - Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
    - Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
    - Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

    EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
    - El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
    - Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
    - Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
    - Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
    - El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
    - Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

    OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
    - Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
    - En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
    - Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

    LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
    - Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

    REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
    - Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
    - La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
    - Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

    La nueva Ley de Costas ampliará a 75 años la concesión a viviendas

    MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

    La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
    El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
    Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
    La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
    "Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
    La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
    "El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
    Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

    Lo prohibido sigue prohibido

    La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
    Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
    Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
    Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
    Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
    La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
    Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
    La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
    En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
    En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

    Excluye diez núcleos del dominio público

    El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
    Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
    También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
    En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
    La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.