ALICANTE.- Cerca de un centenar de personas convocadas
por los colectivos Stop Desahucios, Toma la Plaza y Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda, se han concentrado este viernes frente al
Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los desahucios y para
expresar su "rechazo" a los recortes en servicios sociales.
En la movilización, que ha reunido a unas 100 personas, según
estimaciones de los convocantes, también han estado presentes varios
concejales del grupo municipal socialista en el consistorio alicantino,
así como de Esquerra Unida (EU), además de representantes de la
coalición política Compromís.
Durante la concentración, en la que se ha mostrado una pancarta
con el lema 'Por la auditoría ciudadana de la deuda', varios asistentes
han intervenido a través de un micrófono abierto y han resaltado que el
Ayuntamiento "no es un cortijo, es la casa del pueblo", al tiempo que
han criticado la realización "de obras grandiosas que no sirven,
mientras tienen viviendas sociales y no las arreglan".
"Estamos hartos de tanto despilfarro, atracos y asesinatos, porque
no son suicidios, son asesinatos", han manifestado, de la misma manera
que han considerado que la clase política "está a las órdenes de las
entidades financieras".
En declaraciones a los periodistas, el portavoz de Stop
Desahucios, José María Copete, ha explicado que los motivos para llevar a
cabo esta protesta "son muchos", y ha agregado que "la situación en
Alicante es extrema", con "uno de los paros más altos de España", y con
una "realidad" en cuanto a los lanzamientos "muy desesperada".
Copete ha expuesto que el colectivo trabaja actualmente en 150
casos de desalojo en la capital alicantina, si bien ha apuntado que
tienen la "sospecha" de que "la estadística es inmensamente mayor" y de
que "el número de afectados es muy grande".
Igualmente, ha indicado que las personas que acuden a Stop
Desahucios "llegan en estado de politraumatismo generalizado, con una
desesperación y un desamparo mucho más preocupante" que hace unos meses.
"Tenemos evidencia de que en la ciudad hay hambre y malnutrición, tanto
infantil como en todas las edades", ha expuesto, y ha relatado el
ejemplo de personas mayores que únicamente hacen una comida al día para
que sus nietos "puedan desayunar y cenar".
"La situación de las familias ha cambiado, hay ejemplos en que los
hijos y nietos se han reunificado en casa de los abuelos. La estructura
social está cambiando, hay nuevas formas de pobreza, masivas, muy
extendidas, y las instituciones no están haciendo absolutamente nada,
estarán preocupados de no ir a la cárcel por escándalos de corrupción",
ha enfatizado.
El portavoz del colectivo también ha señalado que previamente a la
concentración ante el consistorio alicantino, han entregado 1.000
firmas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, solicitando
que Ayuntamiento y Generalitat valenciana "hagan transparente su
política social de vivienda".
Así, en el texto de la queja entregada al defensor del pueblo se
pide su mediación para "exigir a las instituciones con competencia en
servicios sociales que informen del parque" inmobiliario "de su
titularidad, del fin al que está destinado, y de los requisitos que las
familias, y con especial atención las familias con hijos menores de 18
años, deben reunir para que se les conceda una vivienda social, así como
del trámite establecido para poder acceder a las mismas".
Por otra parte, y preguntado sobre la puesta en marcha este pasado
lunes de la oficina municipal de atención y asesoramiento a personas
afectadas por desahucios, Copete ha criticado la "demora" en su
activación. "¿Esa es la celeridad con la que actúan y la rapidez con la
que se adaptan a las nuevas situaciones? ¿Esta es la capacidad de
respuesta a un tipo de sociedad nueva con un empobrecimiento masivo?",
se ha preguntado.
No obstante, ha subrayado que el colectivo, "después de todo, da
la bienvenida" a la medida, aunque ha matizado que según su experiencia,
"con asesoramiento no se para" un lanzamiento. "No podemos parar un
desalojo asesorando al afectado, tenemos que actuar poniéndonos delante
de la casa del afectado, de la Policía, ir al juzgado. Si ellos --el
Gobierno de la ciudad-- son capaces de conseguir algo, sospechamos que
será a remolque de todo lo que nosotros hemos hecho", ha considerado.
Por su parte, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del
País Valencià ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Alicante en
la que exige "una moratoria inmediata en el pago de las deudas
financieras de las administraciones públicas estatal y autonómica".
También reclama la "realización de una auditoría bajo control
ciudadano de la deuda financiera de las administraciones públicas, que
permita depurar aquella que sea reconocida como ilegítima, para su quita
o condonación sin condiciones, y la consecuente exigencia de
responsabilidades civiles o penales a las partes que contrajeron el
endeudamiento".
En su escrito, además, el colectivo pide "el reconocimiento, de
forma explícita, de la primacía del gasto social sobre el pago de la
deuda y de sus intereses", así como que, "una vez garantizada la
cobertura de los servicios públicos y las prestaciones sociales de
salud, educación, alimento, vivienda, seguridad económica y ecológica,
se establezca con los acreedores la reestructuración de la deuda
legítima".
