jueves, 26 de abril de 2012

El sector de la alimentación es el que más ofertas de empleo concentró en la Comunitat en 2011

MADRID.-   En la Comunitat Valenciana, el sector de la alimentación se mantiene como el que más empleo ha concentrado en la Comunitat Valenciana en 2011, con el 5,92 por ciento de la oferta. 

   Así lo desvela el Informe Infoempleo.com 2011, realizado con la colaboración de Adecco, que además indica que tras la alimentación se encuentra el sector servicios, con el 4,88 por ciento.
   Por áreas funcionales, la comercial se confirma como la mayor generadora de empleo de la región, aglutinando el 54,21 por ciento del total de ofertas, pero lejos del 62 por ciento conseguido en 2010.
   A gran distancia le siguen producción, con un 12,60 por ciento, y servicios generales, con un 5,99 por ciento.
   Asimismo, los datos señalan que la provincia de Valencia sigue liderando claramente la oferta de empleo generada en su comunidad, pero pasa de suponer un 76,64 por ciento al 72,82 por ciento en 2011.
   Alicante, con un 17,05 por ciento, aumenta su aportación con respecto al año anterior en seis puntos porcentuales y le arrebata la segunda posición a Castellón, que cae al tercer lugar con el 10,13 por ciento del total de la oferta regional.

El remanente de tesorería de las entidades locales de la Comunitat cae un 1.758% y no pueden hacer frente a los gastos

VALENCIA.- El remanente de tesorería de las entidades locales de la Comunitat Valenciana en 2010 ha empeorado en un 1.758 por ciento por lo que "los ayuntamientos valencianos carecen de recursos para afrontar sus gastos generales", según ha reflejado el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2010 que la Sindicatura de Comptes ha entregado a las Corts Valencianes, según ha indicado la institución en un comunicado.

   La situación económica se ha reflejado en que el remanente de tesorería para gastos generales de los ayuntamientos ha pasado a ser negativo en 120,25 millones de euros, lo que supone un empeoramiento del 1.758% respecto a 2009, cuando se situaba en 7,25 millones de euros.
   De hecho, un total de 171 municipios presenta un remanente de tesorería para gastos generales negativo. El resultado presupuestario ajustado ha descendido un 56 por ciento hasta situarse en 109,18 millones de euros.
   El informe presentado por la Sindicatura de Comptes recoge y analiza la información económico-financiera de las 576 entidades locales (el 87 por ciento del total) que han remitido sus cuentas a la Sindicatura en el plazo establecido, que en esta ocasión se ha adelantado al 31 de diciembre de 2011, lo que ha permitido culminar el informe con una antelación de cinco meses respecto a la práctica habitual.
   Del total de entidades, 496 son municipios, lo que supone el 92 por ciento del total y el 91 por ciento de la población. Este porcentaje es "sensiblemente inferior" al del año anterior, que se situó en el 97 por ciento de la población, debido a que grandes municipios como Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca no han presentado sus cuentas a la fecha de emisión de este informe, y Crevillent y Torrent lo han hecho con posterioridad.
   El informe señala que es relevante por su reincidencia el caso del Ayuntamiento de Sueca que no ha presentado las cuentas de los ejercicios 2006 a 2010, "a pesar de los múltiples requerimientos efectuados", se ha apuntado en el comunicado.
   En conjunto, los municipios han visto recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 10 por ciento. Todos los impuestos han descendido excepto el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), que ha aumentado un 6 por ciento tras crecer un 10 por ciento el ejercicio anterior,  y el IIVTNU (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), que se ha visto incrementado en un 13 por ciento.
   El análisis financiero y patrimonial refleja que los municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en 749 millones de euros, lo que supone un 14 por ciento respecto al año anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6 por ciento (284 millones).

El Consejo de Administración de la SGR presentará su dimisión en la junta general del próximo lunes

VALENCIA.- Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR), incluido su presidente y director general, presentarán el lunes su dimisión en la junta general que celebrará la entidad, en la que se aprobará la ampliación de capital que supondrá la entrada de hasta 60 millones por parte de la Generalitat para cumplir con los requisitos de solvencia marcados por Bruselas.

   Así lo han anunciado el presidente de la SGR, José Roca, y su director general, Juan Manuel García Puchol, en un encuentro con los medios en el que han expuesto el plan de capitalización desarrollado durante los últimos meses para adaptarse a la normativa europea, en la que han precisado que esta decisión no se debe a presiones externas, sino a que ha llegado "el fin de una etapa" y es tiempo ahora de "dejar las puertas abiertas" para la entrada de un nuevo equipo directivo.
   El director general ha destacado que "ni el Banco de España ni la Generalitat valenciana han pedido a la sociedad ni al Consejo de Administración ninguna dimisión", sino que han sido los miembros de este órgano quienes "han decidido que se ha finalizado una etapa", que ha calificado de "importantísima" para adaptar la SGR al nuevo escenario económico y financiero y conseguir que "pueda seguir funcionando".
   "Todas las veces he sido reelegido por unanimidad y siempre antes he puesto mi cargo a disposición si era oportuno. Hasta hoy, nunca jamás ningún consejero ha pedido mi dimisión", ha indicado el presidente de la SGR, quien ha detallado que durante su dilatada trayectoria en la entidad ha hecho "el máximo esfuerzo posible por defender a la economía y a las empresas valencianas".
   Una vez se formule esta dimisión, será competencia de los miembros de la junta general elegir a los nuevos consejeros, que reunidos en Consejo de Administración deberán nombrar nuevo presidente.
   Además, se prevé reducir a un máximo de 17 el número de consejeros, que en la actualidad asciende a 37, para aumentar la operatividad del órgano. García ha explicado que este número de consejeros se debía, históricamente, a la necesidad de dar cabida a las diferentes entidades presentes en la SGR, aunque en la práctica la mayor parte de sus funciones se delegaron en una comisión ejecutiva compuesta por 15 o 16 miembros.
   Ahora, la reducción del número de consejeros permitirá unificar estos dos órganos y "optimizar" los recursos, ha apuntado el director general, quien ha insistido en que esta decisión no se ha tomado por "imposición" del Banco de España.
   Del mismo modo, ha negado que el regulador impusiera el cambio de la auditora de la SGR, Moore Stephens Ibérica, y ha señalado que ésta fue elegida en su día por su relación calidad-precio, sin tener nada que ver el hecho de que trabajara en ella el hermano de un trabajador de la SGR, que ejerce como letrado asesor y que "no tiene ninguna responsabilidad en la firma".
   El punto principal del orden del día de la junta será la aprobación de la ampliación de capital de la SGR, a la que la Generalitat, como primer socio protector de la entidad, acudirá con una aportación de hasta 60 millones de euros, de los que 14 millones irán destinados al Fondo de Provisiones Técnicas y los 46 restantes, a capital protector.
   La SGR necesitaba para adaptarse a la nueva normativa bancaria europea provisionar unos recursos propios 36 millones de euros, aunque desarrolló un plan de capitalización para incrementar en 60 millones sus recursos y generar un excedente de solvencia que permitiera "caminar durante los próximos años y tener margen de maniobra", ha explicado García.
   Así, la primera fase consistía en aumentar del 4 al 8 por ciento de media la aportación de las empresas partícipes a la hora de pedir un aval, la segunda en conseguir 30 millones de euros de la Generalitat --15 de ellos aprobados en 2011 y pendientes de desembolso, y otros 15 presupuestados en 2012-- y la tercera, recaudar 30 millones de las entidades de crédito colaboradoras, principalmente Bancaja, CAM y cajas rurales.
   Ante los "retrasos" en las aportaciones por parte de la Generalitat y las entidades colaboradoras y la necesidad de cumplir con los plazos legales en cuanto a recursos propios, la SGR convocó de forma "preventiva" una junta general para el 30 de abril en la que se contemplaba la posibilidad de reducir capital para cumplir con las exigencias si antes no se había conseguido la ampliación.
   Aunque en la convocatoria se especificaba que si no se daban ninguna de estas dos operaciones se procedería a su disolución, el director general ha precisado que se trata de una cuestión legal, pero que "la sociedad en ningún momento se planteaba la disolución".
   Finalmente, la Generalitat acordó el pasado 29 de marzo inyectar hasta 60 millones en la SGR, con lo que pasará a controlar el 40 por ciento de la SGR, frente al 11 por ciento actual. En total, los socios protectores --entre ellos el Consell-- tendrán el 45 por ciento y los partícipes, las empresas que acuden a la sociedad, el 55 por ciento.
   García ha señalado que con esta ampliación, el coeficiente de solvencia resultante será del 10,1 por ciento, por encima del 9 por ciento exigido, lo que permite contar con "un margen de seguridad" para los próximos años, ya que prevén aún "3 o 4 años con escenarios de incertidumbre".
   "Seremos, incluso, la entidad financiera autóctona de la Comunitat Valenciana, ya que todo su capital y sus socios son de la propia comunidad", ha apuntado el director general.
   Preguntados por el desarrollo de la tercera fase del plan, que contemplaba la captación de recursos entre entidades de crédito, los dos directivos han explicado que se mantuvieron contactos con Bankia, aunque no se realizó ninguna propuesta formal, al satisfacerse las necesidades con la aportación de la Generalitat, que según Roca, "disipa todos los problemas sobre la continuidad de la sociedad".
   García ha explicado, no obstante, que Caja Madrid tiene una aportación de 16 millones en AvalMadrid, por lo que hay "argumentos suficientes" para que Bancaja realice esa misma aportación a la SGR tras la fusión de ambas en Bankia. No obstante, no se ha querido "forzar la situación" al haber superado el objetivo de la mano de la Generalitat, aunque esta fase podría desarrollarse en un futuro si así lo acuerda el consejo resultante de la próxima junta general.
   En cuanto a los resultados de la SGR del pasado ejercicio, su director general ha señalado que se han registrado unas pérdidas contables de 55 millones, una cifra que se ha visto afectada por la necesidad de realizar dotaciones por importe de 67 millones, de los que 36 se han realizado para adaptarse a la normativa europea y los 31 restantes han sido dotaciones normales, la mayor parte de las cuales derivadas de causas subjetivas, como el deterioro de la empresa o pérdidas continuadas.
   Asimismo, el margen de explotación ha sido de 10,9 millones de euros, se han formalizado avales por importe de 263 millones y la tasa de morosidad es del 9,8 por ciento, en torno a 1,5 puntos por encima de la de cajas y bancos, un diferencial "excelente" debido al mayor riesgo de las operaciones de la SGR. Por su parte, la cobertura de la morosidad es del 98 por ciento.
   En términos sociales, un total de 510 empresas se han beneficiado de los avales concedidos por la SGR, se ha inducido una inversión de 260 millones y se ha permitido la creación de 1.737 nuevos empleos.

Greenpeace denuncia al director de Impacto y Riesgo Ambiental de México por autorizar el complejo turístico 'Cabo Cortés'

MÉXICO.- La organización ecologista Greenpeace ha presentado una denuncia contra el director general de Impacto y Riesgo Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente mexicano (SEMARNAT), Alfonso Flores Ramírez, y exige que se dé a conocer la auditoría de los permisos del megaproyecto turístico Cabo Cortés, en Baja California Sur, que, según la ONG, "incumple claramente la normativa medioambiental mexicana a internacional", y estaba promovido por empresas filiales de la española Caja Mediterráneo. 

Para presentar la denuncia, activistas de Greenpeace México han llevado a la sede de SEMARNAT más de dos toneladas y media de estiércol, para recordar al Gobierno mexicando que "algo huele mal" en la administración y para cuestionar la falta de transparencia y legalidad en su actuación en el caso Cabo Cortés.
El Ministerio de Medio Ambiente de México se ha declarado incompetente para cancelar el proyecto, ante las solicitudes realizadas en el sentido de que se cancele su autorización de impacto ambiental. Pese a que el proyecto no cumple con los condicionantes establecidos en esa autorización, el organismo gubernamental decidió ampliar los plazos para que pudieran intentar solventar esas irregularidades.
La portavoz de Greenpeace España Mabel González ha señalado que "el mega proyecto turístico Cabo Cortés es una amenaza muy grave para la reserva marina de Cabo Pulmo, uno de los espacios protegidos más destacados y con mejor recuperación del mundo". Por ello, ha insistido en que "las autoridades mexicanas deberían preocuparse más del bienestar de su medio ambiente y de su población, y menos por intereses particulares".
Greenpeace ha puesto en marcha una campaña de votaciones en la que pide a la opinión pública mexicana e internacional apoyo para salvar Cabo Pulmo de los intereses de empresas privadas españolas. 
La web www.salvemoscabopulmo.org ha sobrepasado ya los 146.000 votos demandando al gobierno mexicano la cancelación del proyecto.

La CEOE llama a los españoles a pasar sus vacaciones en el país

MADRID.- El presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart realizado un llamamiento a todos los españoles que "puedan y deseen" disfrutar de sus vacaciones este verano instándoles a que las disfruten este año en el país, para que, de este modo, el sector turístico, que genera el 11% del PIB (20% de manera indirecto) reciba el apoyo del todo el país.

   Durante la III Cumbre del Turismo celebrada este jueves en Madrid, Gaspart reconoció que la economía nacional "no está atravesando su mejor momento", pero remarcó que "no se puede estar todo el día lamentando", sino que se debe ofrecer un mensaje de optimismo a la ciudadanía de que la situación puede cambiar a mejor "con el esfuerzo y trabajo de todos los españoles".
   En su opinión, el turismo "no es sólo negocio para los del mundo del turismo", sino que toda la economía que mueve a su alrededor puede convertirlo en la locomotora del crecimiento económico de país, teniendo en cuenta el factor de arrastre que supone en otros subsectores económicos, como puede ser la alimentación o el comercio.
   En este contexto Gaspart realizó un llamamiento al Estado, a Turespaña y a todas las administraciones públicas para que este año "especialmente" se promueva el turismo nacional y que los españoles que puedan disfrutar este año de vacaciones, las disfruten dentro del territorio español bajo la premisa de "ahora toca España".
  "España necesita que nos quedemos en aquí, que hagamos turismo en España. España es un país maravilloso que cubre cualquier necesidad de alguien que quiera pasar unos días de descanso, de ocio, o de trabajo y por tanto "ahora toca España", reiteró Gaspart.
   Para finalizar, el presidente del Consejo mostró su satisfacción porque la Cumbre de Turismo de la CEOE haya logrado reunir "por primera vez en la historia" a las principales organizaciones empresariales e instituciones relacionadas con el sector para impulsar su ámbito de actuación durante los próximos años.
   Así confía en que las conclusiones del Congreso que se han presentado al ministro José Manuel Soria en un documento logren identificar los principales problemas con los que cuenta el sector, y que se tenga un mayor conocimiento de ellos para intentar buscar las soluciones más adecuadas.
   Entre los temas a tratar en el documento se encuentran, entre otros, temas fiscales (reducción del IVA), el del incremento de tasa aeroportuarias, o el de la reforma de la Ley de Costas.
   "Somos conscientes de la delicada situación económica que atraviesa España y entendemos las políticas del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, pero también sabemos que la inversión y las ayudas a la actividad turística permitirán mejorar la delicada situación de la economía general", explicó Gaspart.
   En su opinión las propuestas presentadas tienen como principal objetivo que el sector no pierda competitividad. "El potencial que tenemos en nuestro país es inmenso y aunque somos conscientes de las limitaciones y la difícil situación de nuestro país, con políticas de contención de gasto en marcha, solicitamos acometer las necesarias reformas y poner en marcha cuanto antes medidas de apoyo que sin duda redundarán en el beneficio económico general", sostuvo Gaspart.
   En declaraciones a los medios, Gaspart ha querido mandar el mensaje a Bruselas de que "España no está tan mal" y que "es todo el país el que está convencido de que va a salir adelante y que tiene capacidad para hacerlo".
   Para Gaspart, este país tiene muchas posibilidades de salir adelante sin necesidad de ayudas excepcionales confía en que esa credibilidad que pide el gobierno este respaldada por todos y cada uno de los españoles, por los empresarios y por los trabajadores.

Funcas empeora la previsión del PIB español para 2012 y 2013, con caídas del 1,7 y 0,2%

MADRID.- El panel de expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado a la baja las previsiones sobre la evolución del PIB tanto para este año como para el próximo, y ha elevado las correspondientes al comportamiento del desempleo.

   En concreto, el consenso de analistas consultados por Funcas augura una contracción del PIB del 1,7% para este año, frente a la caída del 1,3% prevista en el panel anterior.
   Las estimaciones más favorables para este año son las de Ceprede y 'La Caixa', que prevén un retroceso del PIB del 1%, mientras que las más desfavorables son la de Analistas Financieros Internacionales (Afi), que vaticina un descenso del 2,3%, Cemex (-2,1%) e Intermoney (-2,1%).
   CatalunyaCaixa (-1,9%), el Centro de Estudios Economía de Madrid (-1,9%), el IEE (-1,8%), Repsol (-1,8%) y Sochaga Recio & Asociados (-1,8%), pronostican caídas mayores que el Gobierno, mientras que Funcas y Flores de Lemus dibujan la misma caída de PIB que el Ejecutivo (-1,7%).
   Por debajo se quedan Bankia (-1,6%), CEOE (-1,6%), el Instituto Complutense de Análisis Económico (-1,6%), el Banco Santander (-1,6%), Esade (-1,5%) y el BBVA (-1,3%).
   Para 2013, la previsión de consenso de este panel de expertos empeora también cuatro décimas y pasa desde el crecimiento del 0,2% estimado anteriormente a un descenso del 0,2%. En este caso, la previsión más desfavorable es la de Funcas (-1,5%) y la más positiva la de la CEOE, que pronostica un crecimiento de la economía del 0,7%.
   AFI (-1,2%), CatalunyaCaixa (-0,6%), Ceprede (-0,4%), Instituto Complutense de Análisis Económico (-0,4%), Repsol (-0,4%), Flores de Lemus (-0,3%) y Banco Santander (-0,2%) también plantean caídas de PIB para 2013, mientras que BBVA (+0,6%), el Centro de Estudios de Economía de Madrid (+0,6%) y 'La Caixa' (+0,6%) plantean incrementos del PIB y Bankia, Cemex y Solchaga Recio & Asociados apuntan al estancamiento.
   En cuanto al perfil trimestral del PIB, el panel espera tasas negativas durante todo el 2012, que irán moderándose hasta pasar a positivas a partir del segundo trimestre de 2013.
   La explicación para este empeoramiento de las previsiones de estos expertos se encuentra en las dudas que sigue despertando España en torno a su capacidad para corregir el déficit público, la salud de su sistema financiero y la "debilidad" de sus fundamentos económicos, según ha señalado el panel de Funcas.
   Al "continuo empeoramiento" del clima económico por la crisis de la deuda, se añade, según estos expertos, el "fuerte impacto restrictivo de las severas medidas de recorte del déficit" que está adoptando el Gobierno español y que seguirán adoptándose.
   En cuanto al mercado laboral, el panel de expertos de Funcas ha recortado en seis décimas la previsión de crecimiento del empleo para 2012, hasta el -3,3%, mientras que para 2013 prevé un retroceso de la ocupación del 1,4%. Las tasas de paro han sido revisadas al alza para ambos ejercicios, hasta el 24% y el 24,6%, respectivamente.
   En este sentido, AFI vuelve a ser la institución más pesimista, al plantear tasas de paro del 25% este año y del 26,4% el año que viene, mientras que Ceprede es la más optimista para el 2012 (22,8%) y el Instituto Complutense de Análisis Económico para 2013 (22,6%).
   Respecto al déficit público, el consenso vaticina que el saldo negativo de las cuentas publicas cerrará el 2012 en el 5,8%, cinco décimas por encima de lo pactado con Bruselas, y se relajará al 3,4% en 2013, por encima de lo exige la Comisión Europea.
   En este contexto, solo BBVA, el Centro de Estudios de Economía de Madrid y el Instituto Complutense de Análisis Económico creen que España cumplirá con el 5,3% en 2012 y Cemex, Ceprede y Funcas se suman a esta tesis de cara al año 2013 y creen que el Gobierno logrará reducir el déficit al 3%.
   En cuanto a la inflación, los expertos creen que la tasa media se situará en el 1,8% en 2012 frente al 1,6% estimado anteriormente por el mantenimiento del precio del petróleo en niveles elevados. En 2013, se moderará al 1,6% frente al 1,5% estimado en febrero.
   En el ámbito internacional, el panel de Funcas cree que la situación es desfavorable en la UE y que se mantendrá así en los próximos seis meses. Fuera de la UE, ve la situación "neutra" y cree que se mantendrá así en los próximos meses.
   En este contexto, la mayoría de los panelistas creen que los tipos de interés se van a mantener estables tras los últimos descensos y sostienen que su nivel es el adecuado para las actuales condiciones de la economía española.
   Sin embargo, consideran que los tipos de la deuda pública española a diez años son demasiado elevados, aunque la gran mayoría de los expertos no espera nuevos aumentos de la rentabilidad en los próximos meses.
   Con todo, la política fiscal se sigue valorando como "restrictiva", aunque se cree que es la orientación "adecuada". Asimismo, la mayoría ve "expansiva" la política monetaria y cree que debe seguir siendo así en el futuro.

El Banco de España traslada a uno de los administradores en la CAM a Banco de Valencia

MADRID.- El Banco de España ha trasladado a uno de los administradores provisionales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que auditaba a la CAM para que pase a supervisar la actuación de Banco de Valencia, cuyo proceso de subasta se inicia este viernes. 

   Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), José Antonio Iturriaga Miñón dejará de controlar la actividad de Banco CAM, que contará a partir de ahora con dos administradores, tras su adjudicación a Banco Sabadell.
   Por su parte, Banco de Valencia, cuyas ofertas no vinculantes se deberán remitir al organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez antes del sábado, reforzará su representación del FROB con un total de cuatro administradores provisionales.

Desde Murcia y Alicante piden a Bruselas la subida de aranceles para el limón argentino

MURCIA.- El secretario general de la Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Adea-Asaja), Alfonso Gálvez, ha apuntado que la delegación de la Región y la de Alicante trabajan en una iniciativa conjunta "para intentar que el Gobierno Español y en este caso el ministro de agricultura, traslade a la Unión Europea (UE) que haya una revisión de aranceles". 

   Piden que haya "un incremento, puesto que en estos momentos Argentina estaba beneficiándose de un trato privilegiado como país en vías de desarrollo". Ahora "debemos volver a una situación de normalidad con un nivel de aranceles que está recogido en la Organización Mundial de Comercio (OMC)".
   No obstante Asaja quiere "ir más allá" y "estamos exigiendo que se conozca la realidad del mercado comunitario de cítricos, sobre todo el limón en la campaña de verano que es donde tenemos esa competencia tan fuerte y tan desleal por parte de Argentina, para que le demos prioridad a nuestra producción y exportación de limón Berna".
   La organización de agricultores y ganaderos reclama "que se establezcan unos cupos para el limón argentino para no provocar una situación de hundimiento de precios en el mercado de la UE".
   Alfonso Gálvez señala que no es sólo que coincidan en verano los limones murcianos y alicantinos con los argentinos "sino que Argentina prolonga en exceso su campaña de exportación a la UE y al final tenemos todavía presencia de limón argentino en septiembre y octubre, cuando se inicia la campaña del limón Fino español y por lo tanto perjudica el nivel de precios", ha concluido el secretario general de Asaja.

El Banco de España reconoce la corrupción en la CAM

ALICANTE.- El servicio de Inspección del Banco de España ha propuesto imponer sanciones económicas de hasta 800.000 euros para la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, y para la práctica totalidad de los miembros del consejo de administración cesados el pasado mes de julio, cuando la caja tuvo que ser intervenida por el regulador debido a su elevado nivel de insolvencia.

En cuanto a la propia caja de ahorros, la sanción propuesta asciende a 1,6 millones de euros, o bien el 1% de sus recursos propios, según el pliego de cargos que el Banco de España ha comenzado a remitir esta misma semana a los 49 ex altos cargos de la entidad expedientados.
El pliego de cargos firmado el pasado día 20 por los instructores del expediente disciplinario imputa a buena parte de los miembros del consejo de administración de CAM tres infracciones muy graves tipificadas en los artículos 4.n, 4.f y 4.p de Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC).
El documento, al que ha tenido acceso el periódico 'Abc', acusa a los ex consejeros expedientados de haber incurrido en graves deficiencias en el control interno de la entidad —una infracción sancionada con multa de hasta 150.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad financiera por un periodo de hasta diez años—, haber llevado a cabo prácticas contables ilegales que maquillaron la realidad de sus cuentas —con idéntica sanción que en el caso anterior— y no haber sido capaces de presentar un plan de actuación viable para evitar la quiebra de la caja.
Este último supuesto daría lugar a una sanción de hasta 500.000 euros, así como inhabilitación por un periodo de hasta diez años. Como consecuencia de estas tres infracciones, el servicio de Inspección del Banco de España propone imponer sanciones que suman 800.000 euros para los principales responsables de la caja. Entre ellos, el expresidente Modesto Crespo, la exdirectora María Dolores Amorós, los exvicepresidentes Ángel Martínez, Antonio Gil-Terrón, Benito Nemesio, y buena parte de los miembros del consejo de administración.
En cuanto al exdirector general Roberto López Abad, sólo se le imputan las dos primeras infracciones, pero no la referida a la aprobación del plan de actuación para salvar la caja, puesto que abandonó el cargo el 10 de diciembre de 2010 para tomar las riendas del fallido SIP que la caja alicantina iba a liderar junto a Cajastur. por tanto, las sanciones propuestas para López Abad suman tan sólo 300.000 euros.
En la misma situación se encuentran el exvicepresidente tercero Antonio Gil-Terón y otros ocho ex consejeros que cesaron en sus cargos en febrero de 2010. El informe elaborado por el servicio de inspección acusa también a los exconsejeros de lucrarse con el cobro de dietas de forma injustificada por asistencia a los consejos de administración de sociedades participadas. Por este concepto, Modesto Crespo percibió más de 650.000 euros entre 2009 y 2010.
Por último, el Banco de España propone sanciones de 6.010 euros e inhabilitación por un periodo de diez años para cada uno de los miembros de la comisión de control, presidida por Juan Ramón Avilés Olmos, a los que el órgano regulador acusa de negligencia en las labores de vigilancia de las cuentas de la entidad.
El Banco de España ha empezado a remitir los primeros pliegos de cargos a la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM). Tras concluir el primer periodo de alegaciones después de comunicar el supervisor a 48 exdirectivos de la caja la apertura de un expediente disciplinario, los afectados por el proceso administrativo empiezan a recibir el pliego de cargos. Hay, pues, preocupación entre los antiguos vocales de los órganos de gobierno de la CAM. Esta comunicación ya ha llegado a algunos miembros de la antigua comisión de control y del consejo de administración, según 'El País'.
El pliego de cargos recoge nuevamente los 48 nombres de exdirectivos de la CAM, cifra que recoge tanto al presidente de la caja, Modesto Crespo, como a los dos exdirectores generales, Roberto López Abad y Maria Dolores Amorós, pero también a exvocales del consejo de administración y de la comisión de control de varias etapas. El documento recuerda que los cargos que se les atribuyen son susceptibles de sanciones que oscilan entre 150.000 euros y 500.000 euros, según fuentes de los antiguos órganos de gobierno de la entidad. El Banco de España da 30 días para alegar.
En su primer informe, el Banco de España realizó cinco acusaciones, tipificadas la mayoría de ellas como muy graves: deficiencia en el control del riesgo, prácticas contables para alterar la realidad patrimonial, incumplimiento sobre las autorizaciones administrativas en relación con las retribuciones, encubrimiento de la morosidad e incumplimiento de los requerimientos del supervisor sobre el coeficiente de solvencia exigible a la caja.

miércoles, 25 de abril de 2012

Los helados mejoran la calidad de vida de enfermos de cáncer

BARCELONA.- La ingesta de helados artesanales mejora la calidad de vida de los enfermos oncológicos con trastornos nutricionales, según un estudio presentado este miércoles e impulsado por los hospitales de Sabadell y Terrassa, en colaboración con la Fundación Alicia y el heladero Angelo Corvitto.

   Se trata del primer estudio de estas características que demuestra que los helados no sólo aportan el valor nutricional a enfermos con cáncer avanzado, sino que éstos mejoran de manera significativa su calidad de vida, la conducta y el estado general y disminuyen la angustia, la depresión y el cansancio.
   En concreto, el estudio, que ha sido publicado en una revista científica, se ha realizado en 31 pacientes a los que se les ha administrado suplementos nutricionales y en otros 39 a quienes se les ha incluido helados artesanales adaptados en su dieta.
   A pesar de ser una muestra pequeña piloto desarrollada por un período corto, éstos últimos, presentan además de una tendencia a la mejora, una disminución de la estancia hospitalaria.
   "La experiencia es extrapolable a otros pacientes", ha asegurado la jefa del Servicio de Oncología del Consorcio Sanitario de Terrassa y subdirectora del Instituto Oncológico del Vallès, Àngels Arcusa, quien ha destacado que los enfermos frágiles suponen el 70% de los pacientes que atienden.
   Por ello, ambos hospitales han incluido, tras ver los resultados del estudio, los helados en la dieta de los enfermos frágiles y estudian poder comercializar un producto adaptado para este colectivo que pueda distribuirse en los centros sanitarios.
   Una opción sería la comercialización del helado desarrollado por el maestro heladero Angelo Corvitto para este estudio, que incluye una receta con un alto valor nutricional, sin tropezones ni acidez y con sabores conocidos por los pacientes.
   "El helado se asocia a momentos de felicidad", ha afirmado Corvitto, quien ha defendido el helado como alimento y su capacidad para ayudar a muchos enfermos.

El PP rechaza una proposición de ley de Compromís para regular los regalos a altos cargos de la Generalitat

VALENCIA.- El PP en las Corts ha rechazado la proposición de ley de Compromís para regular el régimen de los obsequios y de los registros de obsequios y atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de las administraciones públicas valencianas. El Consell ya mostró su criterio contrario a esta medida por considerar que ya está "exhaustivamente regulado", así como porque los usos sociales y de cortesía "son conceptos jurídicos indeterminados".

   La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido esta propuesta y, según ha dicho, los países del entorno de España han regulado estas situaciones y han limitado la recepción de regalos a un valor de 40 libras en el caso de los ministros británicos o de 300 euros en Italia.
   Oltra ha recordado que el exvicepresidente del Consell Víctor Campos ha sido condenado por "recibir regalos" y el expresidente Francisco Camps fue juzgado por el mismo motivo, aunque fue absuelto --por el caso de los trajes derivado del 'caso Gürtel'--. En esta línea, ha advertido de que "todos los casos de corrupción en la Comunitat tienen en sus sumarios casos de regalos a autoridades".
   Por otro lado, ante el criterio contrario del Consell a esta ley argumentado que no conlleva memoria económica y que puede comportar un incremento de gasto en el ejercicio, Oltra ha apuntado que el control "puede ser caro, pero más cara es la corrupción".
   Por su parte, el diputado del PP José Marí ha defendido que en la lucha por la transparencia "estamos todos". Asimismo, ha argumentado que la proposición "excede a lo que tiene que regular la ley" porque "no puede descender al detalle" del uso social de la recepción de regalos.
   Marí también ha apuntado que el Gobierno central prepara una Ley de Transparencia que regulará estas cuestiones y que la actual normativa contempla el uso social que supone la recepción de regalos, ha dicho. Ante esto, Oltra le ha recriminado que el término de uso social es "muy amplio", tanto como el del decoro, ha dicho en relación a la próxima regulación del uso de las camisetas en las Corts.
   El diputado del PSPV Rafa Rubio ha hecho hincapié en que en el programa electoral del PP en las elecciones de 2011 contemplaba una medida para que la Generalitat creara un registro digital para publicarlo en la web institucional de los regalos de los altos cargos de la administración pública. Sin embargo, dicha publicación, "¿dónde está?", se ha preguntado.
   Rubio ha considerado que los argumentos del PP para votar en contra de esta iniciativa son "excusas" porque "no quieren que los ciudadanos sepan qué se recibe y a cambio de qué". De la misma manera, la diputada de EUPV Esther López ha advertido de que, al no aprobarse esta iniciativa, quiere decir que aquellos que la han rechazado --en alusión a los 'populares'--, "todavía tienen cosas que esconder".
   La diputada de Compromís y los diputados de la oposición que han intervenido, han recordado el caso del bolso de Louis Vuitton a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el sumario del 'caso Gürtel', o el coche a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el marco del 'caso Brugal'. Con este registro, "podrán seguir recibiendo regalos" pero los ciudadanos conocerán su origen, ha apuntado Oltra.

El Corredor Mediterráneo multiplicará por diez el transporte de mercancías en una década

VALENCIA.- El director general de Transporte y Logística de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Carlos Eleno, ha indicado que la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo, primero con el tercer hilo y posteriormente con la implantación total del ancho internacional, "permitirá multiplicar por diez el transporte de mercancías en una década" hasta Alicante.

   Eleno ha explicado en rueda de prensa el estudio del tercer carril de ancho europeo del Corredor Mediterráneo que ha elaborado la Generalitat y que ha presentado al Ministerio de Fomento. "En diez años se pasará de mover dos millones de toneladas a 20 millones de toneladas" con la nueva infraestructura en la Comunitat, ha puntualizado.
   El director general de Transporte ha explicado que para conseguir esto, además de construir la nueva infraestructura para adpatarla al ancho internacional, habrá que "trabajar dos aspectos, por un lado el desarrollo de las plataformas logísticas para juntar carga, y por otro intentar simplificar la gestión para que funcione mejor el transporte de mercancías".
   En este sentido, Eleno ha hecho hincapié en la "fiabilidad y regularidad" del transporte. "Las empresas quieren que la mercancía sea transportada de forma regular, no que un día tarde 10 horas en llegar al destino y otro día 17 horas", ha señalado.
   El director general de Transporte ha destacado también la importancia de que "los trenes de mercancías suban llenos hacía Europa y bajen también llenos, porque eso es lo que le da rentabilidad al transporte ferroviario" para las empresas que lo utilicen.
   Eleno ha puesto el ejemplo del puerto de Valencia o la empresa Ford. El estudio contempla que el tercer carril llegue "hasta puerta de las empresas privadas que utilizan el tren como trasporte". De puertas para adentro será la empresa la que  sufrague el adaptar sus vías al ancho internacional.
   El director general ha destacado que en el estudio que ha presentado la Generalitat al Ministerio de Fomento "no se contempla ninguna obra nueva, todo se ha proyectado sobre las líneas existentes porque esto permite tener una fecha de finalización". Eleno ha destacado que el estudio está hecho "para que se pueda llevar a cabo".
   El tercer carril es "la forma más rápida para llevar el ancho internacional --a la Comunitat-- utilizando la infraestructura existente que tiene ADIF". El estudio contempla 557 kilómetros y el cálculo que se ha hecho desde la conselleria es de 2,2 millones de euros por kilómetro, "mientras que si hubiera que hacer obra nueva sería diez veces más".
   El tercer carril y los nuevos apartaderos --zonas de descanso en las que se queda el tren para que pase otro-- harán posible que se puedan utilizar trenes de 750 metros de largo "cuando en la actualidad no pueden pasar de los 400 metros", ha indicado.
   En 2013 está previsto que se liciten y adjudiquen las obras, en 2014-2105 se hará la ejecución "que es muy rápida" para que llegue el tercer carril a Valencia, mientras que a Alicante llegará un año después.

Fernández Ordóñez podría ser sancionado por no ir a la comisión de la CAM en las Corts

VALENCIA.- Los servicios jurídicos de las Corts Valencianes han determinado, en relación a la negativa del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como de otros cargos de la entidad y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a comparecer en la comisión de investigación sobre la intervención de la CAM en el Parlamento valenciano, que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de desobediencia. 

   Ordóñez, el exsubgobernador del Banco de España José Viñals, el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez, y los responsables del departamento de Inspección Pedro González y Ángel Rico Cantos, así como el director general del FROB, Mariano Herrera y el exdirector de este organismo, Julián Atienza, estaban citados a comparecer a partir del próximo 2 de mayo en la comisión de investigación de la CAM en las Corts.
   Sin embargo, remitieron una carta a la Presidencia de las Corts advirtiendo de que no iban a comparecer ni a facilitar los datos, documentación e información sobre la intervención de la entidad de crédito. Entre sus argumentos señalaron que el Banco de España es una entidad estatal y que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales y que la información que tienen que ver con la supervisión de este banco es de carácter reservado. Por ello, la comisión solicitó dicho informe a los servicios jurídicos de la Cámara.
   En las conclusiones de este informe, que tiene su origen en el escrito del gobernador del Banco de España, se indica que el ejercicio de control de las Corts puede hacer necesario recabar documentación y personal de administraciones distintas a la valenciana. Así, señala que el ordenamiento jurídico español establece que "quienes no atiendan los requerimientos  de las comisiones de investigación" pueden ser objeto, tras el pertinente proceso, de la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal, que prevé sanciones por delitos de desobediencia.
   De hecho, el informe insiste en que en el Código Penal "no existe delimitación de personas que por su condición de cargo público no queden al margen de su aplicación, siempre que ese llamamiento se realice en forma legal y bajo apercibimiento".
   Asimismo, asegura el texto que las comisiones de investigación "pueden requerir documentación de las administraciones del Estado o Local" y que la colaboración entre los diferentes componentes del Estado son "principios esenciales" establecidos por la Constitución.
   En cuanto al requerimiento de personal que no pertenece a la Generalitat, el informe indica también que las comisiones de investigación pueden estimar necesaria la información de cargos públicos o funcionarios ajenos a la Generalitat, "cuyo requerimiento se enmarca dentro de la necesaria cooperación en un estado compuesto".
   Previamente a la reunión de la comisión el próximo 2 de mayo, la Mesa de dicha comisión acordará volver a solicitar la comparecencia de Ordóñez y los otros cargos de la entidad y del FROB; incluso se les remitirá el informe de las Corts para evitar que se encuentren en una situación de "indefensión", según han informado fuentes parlamentarias.
   Dichas fuentes han explicado que en caso de persistir la negativa a comparecer por parte de estas personas, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal esta situación para que actúe como estime oportuno.

Inician una campaña en redes sociales contra el "apartheid sanitario" de los inmigrantes 'sin papeles'

MADRID.- La plataforma Actuable ha publicado una petición de acción ciudadana para enviar cartas a Mariano Rajoy a fin de que "rectifique" y derogue la modificación de la Ley de Extranjería que dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular, medida que la promotora de la iniciativa, que se identifica como miembro de las Carmelitas, tilda de "apartheid sanitario". 

   La actuación, que va acompañada de la promoción de la etiqueta #apartheidsanitarioNO para su difusión en redes sociales, cuenta de momento con la adhesión de más de 150 personas que, con su firma, han enviado una carta al presidente del Gobierno en la que se dice que "no puede alegar motivos de ahorro" para recortar en Sanidad "cuando los clubes de fútbol españoles adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros, o cuando se han gastado más de 1.000 millones en el desierto aeropuerto de Ciudad Real".
   "La mayor parte de las personas inmigrantes irregulares en nuestro país llegan con la única voluntad de darle una vida mejor a sus familias. Me duele y me cuesta creer que una sociedad como la española, que se ha gloriado de ser solidaria y hospitalaria, les niegue un derecho tan fundamental y básico como es el ir a un médico y a proteger su salud", explica la misiva.
   La carta vaticina además que dejar a "cientos de miles de personas" sin poder ir al médico tendrá consecuencias en la salud "de todos" porque provocará "un colapso todavía mayor de las urgencias, y el agravamiento de problemas de salud pública, como el contagio de enfermedades como la tuberculosis".
 "No permita que esto ocurra. Le pido que recapacite y derogue esta injusta medida, que no hace bien a nadie", concluye el texto.
   La petición ha sido impulsada por una usuaria de Actuable que se identifica como Brígida Moreta, "Carmelita Misionera y además enfermera y comadrona", que tras prestar servicio en África, trabaja en España con personas inmigrantes. "Conozco lo que les ha obligado a dejar su tierras y sus hogares: no lo hacen por turismo, si no con la voluntad de darle una vida mejor a sus familias", explica.
   La activista dice que cree en una sociedad "que ayuda y protege a las personas más débiles" y por eso se dirige a los internautas para instarles a firmar la petición al Gobierno para que "derogue esta injusta medida y garantice la sanidad para todos, y sobre todo para las personas más necesitadas".

El Gobierno aprobará una reforma para simplificar la Administración

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobará a primeros de mayo una reforma para simplificar la Administración Pública, reordenar las competencias de las distintas administraciones y evitar duplicidades, según han informado fuentes gubernamentales.

   Por lo pronto, este mismo viernes el Gobierno ya adelantará algunas líneas generales sobre esa simplificación de la administración porque es una de las reformas incluidas en el Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo enviará a Bruselas antes de que acabe el mes.
   El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja para "eliminar la superposición de competencias y reducir el gasto superfluo que de ella se deriva".
   El objetivo de esta reforma, que está todavía en fase de elaboración, es desarrollar el principio que enunció el propio Mariano Rajoy en el debate de investidura: "una competencia, una administración", recuerdan fuentes gubernamentales.
   El pasado 14 de mayo, Rajoy llevó este tema a la reunión que mantuvo en la sede del PP con los presidentes autonómicos y regionales del partido, que se comprometieron a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible".
   De hecho, suscribieron un documento en el que figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añadía el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".
   En cuanto a las competencias -el documento no hablaba en ningún momento de devolverlas como planteó recientemente Esperanza Aguirre--, se comprometieron a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración".
   El ordenamiento de las competencias debe llevar a "la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales". Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", decía el citado manifiesto.

martes, 24 de abril de 2012

Barceló tilda de "contradictorio" que Fomento no "ponga fechas" al AVE hasta Alicante

ALICANTE.- La secretaria general del PSPV de la provincia de Alicante, Ana Barceló, ha calificado de "contradictorio" que la ministra de Fomento, Ana Pastor, "ponga fechas" de ejecución del tercer carril del Corredor Mediterráneo "y no sea capaz de ponerlas para la llegada del AVE" a la capital alicantina, según ha informado en un comunicado el partido.

   Barceló ha resaltado que es "inexplicable" que Pastor "sí ponga fechas para una infraestructura que ahora es un mero proyecto", en referencia al tercer carril, previsto para 2015 en Valencia y Castellón, y para 2016 en Alicante, y que "no sea capaz de ponerlas para la llegada del AVE" a la provincia alicantina, una actuación que, a juicio de la socialista, "se encuentra en fase de finalización".  
   Igualmente, la dirigente del PSPV alicantino ha incidido en la falta de voluntad política que, en su opinión, demuestra el gobierno de Mariano Rajoy con la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante, y ha resaltado que el Partido Popular (PP) nacional "intenta disimular con buenas palabras para ocultar una mínima inversión".
   Para Barceló, en las declaraciones de Pastor sobre las fechas relativas al tercer carril "hay gato encerrado", y ha opinado que las palabras de la ministra "carecen de credibilidad", ya que "demuestran la incapacidad" de la titular de Fomento "para planificar y presupuestar de manera responsable el final del proyecto de AVE a Alicante".
   Del mismo modo, la socialista ha manifestado que la ministra "tira balones fuera al querer culpar al gobierno socialista" de José Luis Rodríguez Zapatero "de esta situación, que se crea", según Barceló, "por la falta de compromiso del actual gobierno del PP con Alicante y por la sumisión" del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra.
   La secretaria general del PSPV alicantino ha afirmado que "el anterior gobierno --el Ejecutivo de Zapatero-- es culpable de llevar a cabo la mayor inversión de la historia en infraestructuras de la provincia, y de dejar el AVE justo a las puertas de su inauguración, mientras que Rajoy es culpable del retraso en su puesta en marcha. Esa es la verdadera comparación", ha apuntado.
   Según su criterio, el "tercer carril" es "un parche, después de décadas en las que toda la sociedad valenciana ha estado trabajando por el Corredor Mediterráneo".

La eurodiputada Eva Ortiz pregunta a la Comisión Europea sobre la situación de la CAM

ALICANTE.- La eurodiputada alicantina Eva Ortiz ha instado a la Comisión de la Competencia de la Unión Europea (UE) a pronunciarse sobre la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell, una operación que fue cerrada el siete de diciembre de 2011 por el Banco de España y que requiere el visto bueno comunitario, según ha informado en un comunicado el Grupo Popular.

   La eurodiputada quiere de este modo que Europa informe sobre el sentido de su decisión en relación con la absorción de la CAM por parte del Banco Sabadell, y pide también información sobre la situación actual del proceso y el calendario previsto por la alta institución.
   Eva Ortiz ha manifestado su interés por "salvaguardar los ahorros de los ciudadanos que han confiado sus imposiciones a la CAM", y ha recordado que esta operación es "fundamental para mantener una parte de la obra social, las 900 sucursales y los 6.500 empleados" de la CAM, una entidad "fundamental para el desarrollo económico de Alicante".
   La Asociació d'Impositors Valencians de la CAM había solicitado recientemente la intervención de la eurodiputada ante las instancias de la Unión Europea para conocer la situación actual de este proceso, según han recordado fuentes de este colectivo.
   La suma de los activos de la CAM y Banco Sabadell es de 167.000 millones de euros, y con la operación, el Banco Sabadell se equipara al tamaño del Banco Popular.
   El contrato firmado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco Sabadell comporta la promesa de compraventa de acciones en virtud del cual Banco Sabadell adquirirá el cien por cien de las acciones de la CAM.
   Si la operación obtiene el visto bueno de Bruselas, la CAM recibirá una ayuda inicial de 5.249 millones de euros por parte del FDG, que se hará con el total del capital de la caja alicantina, según las mismas fuentes.

Puig afirma que los recortes de empleados en las empresas públicas "certifican la explosión de la burbuja de enchufados"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado este martes que los recortes de empleados en las empresas públicas en el proyecto de reestructuración del sector público que prepara la Generalitat "certifican la explosión de la burbuja de enchufados".

   Puig ha dicho en un comunicado que el momento que vive el sector público empresarial valenciano "ha sido única y exclusivamente responsabilidad del PP y del Gobierno de Alberto Fabra", puesto que "no ha adoptado ninguna medida para cambiar las nefastas políticas que ha llevado el PP a cabo durante los 17 años que ha estado al frente de la Generalitat y que han provocado la situación de quiebra que atraviesa la Comunitat Valenciana".
   El dirigente socialista se ha pronunciado de este modo tras conocer la decisión del presidente del Consell de reducir a entre el 40 y el 50 por ciento de los empleados del sector público empresarial valenciano. Así, ha apuntado que, "la última ocurrencia de Fabra, los recortes de empleados en las empresas públicas, certifican la explosión de la burbuja de enchufados y favores del PP".
   En ese sentido, ha incidido en que el PP "ha montado todo un sistema de chiringuitos que, en realidad ascienden a más de 130, en los que, en muchos casos, se contrataba a dedo a sus trabajadores", quienes "debían cumplir un único requisito: ser afín, militante o simpatizante del PP".
   El líder socialista ha llamado la atención sobre la "gravedad" de este modo de operar de los 'populares' valencianos, puesto que "vulneraron reiteradamente la Ley de Contratos en las adjudicaciones y crearon una Administración paralela, como tantas veces hemos denunciado los socialistas valencianos".
   De este modo, ha incidido en que esa situación del sector público "ha sido consecuencia de los 17 años de gobiernos del PP que nos han llevado a la peor crisis económica, ética e institucional que recordamos los valencianos". Por ello, ha considerado que el Gobierno de Fabra "se ha quitado la careta con este recorte en las fundaciones y empresas, que se han utilizado sistemáticamente para la propaganda y el autobombo del PP valenciano".
   El secretario general del PSPV ha criticado que el "enchufismo" del PPCV "ha lastrado la función pública" y ha asegurado que "se hace necesario, efectivamente, quitar todo aquello que es improductivo, pero esta actuación no debe ni puede afectar a aquello que sí es útil para la sociedad valenciana".
   A ese respecto, ha recordado que "3.000 profesores interinos valencianos que sí hacen falta van a ir a la calle, mientras durante años se han mantenido miles de cargos para los amigos del PP valenciano". Asimismo, ha subrayado que este año, el presupuesto que la Generalitat ha destinado a los grandes eventos y sus fundaciones (CACSA, Circuito del Motor, Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana) un 23 por ciento más, "lo que demuestra cuáles son los intereses del PP".
   Por ello, ha indicado que "todo ello es una muestra más de que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat necesitamos una alternativa a un gobierno, el de Fabra, que está agotado desde todos los puntos de vista". Puig ha destacado la necesidad de "plantear una alternativa con un plan valenciano de reformas serio y riguroso, que elimine el montaje improductivo de fundaciones y sociedades prescindible, pero que garantice aquello fundamental para salir de la crisis", y que ha apuntado que es "la formación, la educación y los servicios públicos esenciales como la sanidad".

También Compromís

El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha señalado este martes en un comunicado que "los que sobran del sector público valenciano son los enchufados del PP".
   Al respecto, ha indicado que el despido de hasta un 50 por ciento de los trabajadores del sector público valenciano dependiente de la Generalitat que ha anunciado el vicepresidente del Consell, José Císcar, "corrobora que la contratación de personas que con una simple entrevista han pasado a formar parte del sector público valenciano ha sido desmesurada".
   Morera ha destacado que Compromís ha denunciado en reiteradas ocasiones que el PP "había creado una red clientelar de enchufados en la administración valenciana que tenía un coste altísimo para las cuentas públicas". Por eso, ahora, "el PP no tiene más remedio, cuando hemos tocado fondo y la Generalitat está a punto de ser intervenida, que realizar un drástico recorte del sector público valenciano".
   "No vamos a tolerar --ha añadido el portavoz de Compromís-- que paguen justos por pecadores, que aquellos que han entrado en el sector público enchufados por ser amigos o familiares del PP son los que se tienen que ir fuera y aquellos profesionales que han entrado de manera correcta mediante oposiciones se tienen que quedar".
   Según Morera, "los 5.000 enchufados del PP que sobran han creado un agujero muy grande en las arcas públicas, pero ahora lo que no se puede permitir es que la nefasta gestión de los gobiernos del PP dañe los servicios públicos". Que se vayan fuera los enchufados y que no se sacrifique la educación, la sanidad o la aplicación de la ley de dependencia", ha manifestado.

Bonig se reúne con empresarios sobre el anteproyecto de la reforma urbanística

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, se ha reunido este martes con un grupo de asociaciones de empresarios para explicarles las líneas maestras del anteproyecto de reforma de la legislación urbanística y de territorio, con el fin de que "se haga con el máximo consenso posible".

   Bonig ha destacado la importancia de que este colectivo "haga las indicaciones convenientes y posteriormente se elevará a proyecto de ley para su tramitación parlamentaria". La consellera ha iniciado una ronda de consultas con los colectivos implicados antes de que se inicie el trámite parlamentario.
   La titular de Infraestructuras considera que la reforma será "una ley fundamental". "Se pretende una simplificación de la normativa urbanística porque se refunden cinco leyes y dos reglamentos en una sola ley", ha destacado. "Se pasa de más de 1.200 artículos a 250 artículos en la nueva ley", ha matizado.
   En la planificación urbanística están las principales novedades con la diferenciación entre la planificación estructural que "seguirá siendo competencia de la Generalitat" y la pormenorizada que "será de los ayuntamientos". El espíritu de la reforma es "agilizar los trámites".
   Bonig ha puesto como ejemplo que tras la reforma "los criterios medioambientales se incluyen desde el principio en los proyectos urbanísticos y no como antes que cada uno iba por su lado que dificultaba mucho la aprobación de planes".

La CAM solicita personarse en la causa de la Audiencia Nacional que investiga a la anterior cúpula directiva

ALICANTE.- Los actuales administradores de Caja Mediterráneo (CAM) han solicitado al juzgado de la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera, según han confirmado hoy fuentes cercanas al caso.

   El juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societario y falsedad documental, y contra el resto de la anterior cúpula directiva.
   En noviembre de 2011, el juzgado admitió a trámite la querella presentada por el abogado y representantes de la Plataforma CAM, Diego de Ramón y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.
   En marzo de este año el juzgado también admitió a trámite la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la CAM, que perdieron sus ahorros invertidos en cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la caja alicantina y pidió al ministerio fiscal que emitiera un informe sobre esta decisión.
   En la querella se acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa".
   Ahora, los actuales administradores de CAM han solicitado tomar parte también en el proceso en calidad de acusación particular, si bien el juzgado aún no se ha pronunciado sobre si acepta la petición. En este sentido, fuentes cercanas al caso han confirmado que el juez que lleva ahora el caso ha solicitado un informe al fiscal antes de tomar una decisión al respecto.
   Por otra parte, De Ramón ha solicitado por escrito al presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, que declare personas 'non gratas' a los cargos convocados por la comisión de investigación de la CAM que se niegan a comparecer.
   Entre las personas citadas por este órgano, De Ramón ha recordado que se encuentra el propio Gobernador del Banco de España, políticos en activo y retirados tanto de Murcia como de la Comunitat Valenciana, así como inspectores y ex consejeros de la CAM.
   En su opinión, la negativa a comparecer ante la comisión de investigación supone "un desprecio absoluto" y por ello deberían ser declaradas personas 'non gratas' en toda la Comunitat Valenciana. Además, ha considerado que la cámara autonómica debería vigilar el cumplimiento de esta sanción de no estar en tierras valencianas.

Notificaciones

El servicio de Inspección del Banco de España ha comenzado a notificar a los 40 ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo (CAM) expedientados el pliego de cargos en el que precisa, con mayor detalle, las irregularidades que ha detectado en la gestión de la antigua caja de ahorros alicantina.
El documento que han recibido esta semana algunos ex miembros del consejo de administración no incluye todavía ninguna propuesta de sanción, que deberán dictarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC).
El pliego de cargos notificado abunda en las irregularidades recogidas en el informe firmado por el Banco de España el pasado 25 de enero: incluye un relato genérico sobre los problemas que condujeron a la intervención de la caja, el pasado mes de julio, pero no especifica la infracción que habría cometido cada uno de los expedientados, ni comunica las correspondientes sanciones.

Pastor defiende una solución "entre todos" para la escasez de agua en la provincia

ALICANTE.-   La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha reclamado este martes una solución al problema del agua en la provincia "en la que participen todas las partes implicadas", y que cuente con el "consenso necesario", según ha informado en un comunicado la institución provincial.

   En su intervención durante la inauguración del Congreso de Tecnología de la Intrusión de los Acuíferos Costeros (TIAC) 2012, que ha contado con la participación de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mari Ángeles Ureña, Pastor ha exigido una salida a la carencia de recursos hídricos en la provincia.
   Al acto también ha asistido la directora del Instituto Geológico y Minero de España, Rosa de Vidania y la diputada del Ciclo Hídrico Mónica Lorente, entre otros cargos.
   El congreso TIAC 2012 reúne en Alicante a un centenar de expertos en acuíferos costeros y aprovechamiento del agua para debatir proyectos para combatir la escasez de agua y la salinización de los acuíferos. En las jornadas participa el Ciclo Hídrico de la Diputación, la Generalitat Valenciana, la Confederación del Júcar y el Instituto Geológico Minero de España, entre otras entidades.
   Luisa Pastor ha recordado que tanto el Congreso como el Simposio asociado resulta del "mayor interés para esta provincia y para la institución que la representa", dado que la intrusión marina es un fenómeno que afecta a los acuíferos de la provincia".
   Además, se ha referido a la desalación como "una tecnología cuya aplicación indiscriminada es polémica", y cuya "controversia afecta a la provincia muy significativamente". Pastor ha resaltado que lo importante de este congreso son las conclusiones, porque "no hay una solución al problema del agua, existen muchas".
   La presidenta también ha resaltado que la provincia de Alicante "es un buen ejemplo de la buena gestión en materia de agua", pese a que la escasez de agua "es una característica del sureste peninsular", y sus consecuencias "se reflejan especialmente en las áreas costeras", donde se concentran las demandas de agua.
    Así, ha recordado que el déficit hídrico provincial se concentra en la Vega Baja, en el Bajo Vinalopó y en L'Alacantí, donde se sitúan los acuíferos con menores recursos y aguas salinizadas por la intrusión marina y por las prácticas agrícolas intensivas y las mayores demandas de agua. Este déficit, ha explicado la presidenta, se contagia al Medio y Alto Vinalopó por la aportación de agua de sus acuíferos a la zona costera.
   El área provincial de Ciclo Hídrico ha organizado además, como actividades complementarias al Congreso, dos cursos, en colaboración con la Universidad de Alicante, para formar a los estudiantes y profesionales en las técnicas de caracterización, evaluación y gestión de acuíferos costeros.
   Además, la institución provincial es anfitriona de la reunión de los miembros del Proyecto Unesco 'Med Partner sip', donde se presentarán los resultados de proyectos de la intrusión marina desarrollados en cinco países mediterráneos. La Diputación de Alicante presentará en este foro el manual 'Simulación de la intrusión marina en acuíferos'.
Por su parte, la presidenta de la CHJ ha alabado "la magnífica gestión que se hace del agua en la provincia de Alicante", y se ha mostrado convencida de que éste es "un territorio que sabe ahorrar", según las mismas fuentes.
   Ureña ha explicado que tiene el mandato del ministro de Agricultura y Agua "de planificar el futuro de la Confederación con el objetivo de poner en marchas las infraestructuras necesarias para que se envíe agua allá donde resulte necesaria".
   Ureña ha dicho también que uno de sus objetivos inmediatos es la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó y "ver qué solución se le puede dar a una infraestructura que está construida y entre todos tenemos que hacer es que sirva para algo".
   "Hay que estudiar el precio del agua y la calidad de la misma. Son asuntos que debemos abordar porque tenemos que llegar a una solución conjunta. Es una situación complicada pero se ha hecho un esfuerzo inversor importante y hay que ver cómo se utiliza", ha indicado la responsable de la CHJ.
    Así mismo, la directora del Instituto Geológico y Minero de España, Rosa de Vidania, ha explicado que "la mitad de la población mundial vive en poblaciones costeras y es urgente buscar soluciones para el abastecimiento hídrico a los residentes en estas zonas".

Compromís denuncia en Fiscalía "desajustes" de 50 millones de euros en las cuentas de RTVV

VALENCIA.- Compromís ha denunciado en Fiscalía de Valencia "desajustes" de hasta 50 millones de euros en las cuentas de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el representante de la coalición en el Consejo de Administración de RTVV, Rafael Xambó, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia acompañado por el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera.

   Xambó ha explicado que la coalición ha decidido a presentar la denuncia en Fiscalía tras revisar las cuentas de 2010 de RTVV y detectar "graves diferencias" entre el informe presentado en el Registro Mercantil, el informe de cumplimiento de la auditoría, y la memoria presentada en el Consejo de Administración del ente.
   Al respecto, ha puntualizado que existen entre estos informes "diferencias notables" que globalmente "significan diferencias de más de 50 millones de euros", ha puntualizado.
   Xambó ha lamentado que desde la coalición no puedan analizar el detalle de estas cuentas, puesto que no les facilitan más información. Por este motivo, han decidido poner estos hechos en conocimiento del ministerio público, al que junto a la denuncia han entregado varios anexos correspondientes con los informes económicos.
   Ante esta situación, fuentes del ente han indicado que Compromís ha hecho una lectura "errónea e incomprensible" del informe de 2010, y ha recordado que la memoria de la televisión "viene siendo exactamente igual desde 1986, y no tiene carácter jurídico".
   Además, han criticado que Compromís se haya fijado "solo" en una parte de los datos de la televisión valenciana "y no en el total". Así, entiende que han realizado una lectura "incompleta" del texto, sobre el que --ha apostillado-- "ni PSPV ni EUPV han dicho nada".
   Asimismo, han recordado que son las auditorías y la Sindicatura los que tienen que aprobar los datos económicos del ente público: "el Consejo de Administración no aprueba las cuentas del ente, sino la Sindicatura", han insistido.

Rosado afirma que en Sanidad se pueden ahorrar otros 500 millones

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha apuntado que a los 400 millones de euros de ahorro en Sanidad se pueden sumar otros 500 millones, aunque ha apuntado que en cualquier caso las medidas que se van a aplicar para ello tienen "carácter excepcional, son coyunturales, temporales y pueden revertirse cuando cambie la situación económica".

   Rosado, en una comparecencia ante las Corts para responder a una pregunta de EU sobre ayudas a drogodependencia, ha asegurado que a las medidas puestas en marcha por el Consell para ahorrar 400 millones se pueden sumar otros 500 millones con las nuevas propuestas del Gobierno central. No obstante, ha recalcado que no se tratan de recortes ya que se mantienen las mismas prestaciones para los ciudadanos.
   Así, ha recalcado que este ahorro se conseguirá "sin recortes de prestaciones ni servicios" sino a través de "la mejora de la eficiencia" del sistema porque está en juego "la sostenibilidad del sistema". Rosado ha incidido al respecto en que la "obligación" del Gobierno es "garantizar la sostenibilidad futura del sistema" y que la Sanidad "continúe siendo pública y con la misma calidad".
   En cualquier caso, ha garantizado que no renunciarán a la protección de los desfavorecidos y prueba de ello, ha dicho, es que  el dinero que se dedica se a la concertación con unidades externas ha crecido un 313 por ciento desde 2003.
  Por el contrario, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol ha apuntado que "la situación es dramática" y que se ha cometido "mayor atentado contra la sanidad pública" de la historia con estos ajustes. Además, ha advertido al Gobierno valenciano que "la ciudadanía no es tonta" y que se va a dar cuenta de los efectos de "estos recorets" en "la prestación de servicios".
   Por otro lado, respecto  al brote de legionela de Calpe, Rosado ha destacado que la Conselleria ha aplicado todas "las medidas de control" con "especial celo" por la "especial virulencia" que tuvo ya que afectó a 20 personas de las que  fallecieron cinco. En ese sentido, ha destacado que se actuó de una "forma impecable y exquisita" que "ya quisieran otros países europeos tener" ya que "la administración valenciana sabemos muchísimos de legionela y actuamos sin levantar la alarma social que perjudica al tejido productivo", ha recalcado.
  Rosado ha explicado todas las medidas que se adoptaron desde que se conoció el primer caso el 14 de diciembre de 2011 y que llevaron al cierre temporal del hotel origen del brote y su apertura tras más de 20 viistas de inspección. Además, ha justificado que el tercer caso se conoció mediante la red europea de alerta porque se trataba de un ciudadano británico que enfermó cuando volvió a su país.

Asaja de Murcia y Alicante exigen la prohibición de la entrada de limón argentino

ALICANTE.-   La organización agraria Asaja en Murcia y Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores han exigido al Gobierno de la nación que "amplíe las medidas aprobadas por la expropiación de YPF con la prohibición de la entrada de limón argentino".

   Estas medidas son consideradas por las organizaciones como "absolutamente imprescindibles por la alarmante crisis que atraviesa el sector", según un comunicado.
   En concreto, alerta que los precios que han entregado a los productores durante la campaña de la variedad limón fino han sido "ruinosos" y sólo han alcanzado los 0,12 euros/kg en el primer corte, mientras que el resto se ha ofrecido "regalado".
   Además, indica que el limón argentino cuando penetra en la UE "alarga la campaña todo lo que puede y esta situación hace que el inicio de nuestra campaña de limón fino comience con precios muy bajos".
   Esta situación "ha provocado una disminución de la superficie cultivada, que supone un problema por el aumento del desempleo y también para el medio ambiente, ya que el limón se posiciona como uno de los árboles más importantes en la fijación del CO2 de la atmósfera".
   Tanto Asaja-Murcia como Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores han advertido que la cifra de campos abandonados "seguirá en aumento si no se adoptan medidas urgentes, entre las que deben contemplar un endurecimiento de la presión arancelaria hacia Argentina y que se den por finiquitadas las negociaciones del acuerdo con Mercosur".
   Las organizaciones también piden a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que "atienda la petición del Parlamento Europeo de suspender el sistema generalizado de preferencias (SGP), que supondría una subida arancelaria del 12,5 al 16 por ciento en el caso de las clementinas".
   Asimismo, consideran "imprescindible" que se proteja la producción en el territorio "impidiendo importaciones de países terceros en los que no se producen con las mismas garantías alimenticias e, incluso, utilizan productos fitosanitarios prohibidos en nuestras fronteras desde hace una década".
   Asaja entiende que "no son fundados los temores de un posible desabastecimiento de soja para la alimentación animal, pues pueden buscarse otros países como alternativa en los productos que no seamos autosuficientes".
   Igualmente, indica que "el sistema proteccionista de Argentina, que actualmente les está llevando a graves fricciones con sus propios socios de Mercosur, también debería ser tomado en consideración en la Unión Europea".