sábado, 28 de abril de 2012

El sindicato médico valenciano estudia una posible huelga en la sanidad

VALENCIA.- El sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) se plantea una huelga en la sanidad publica "en defensa de los derechos de tanto de los médicos, trabajadores y ciudadanos a una sanidad general para todos". Asimismo, pedirá a los demás sindicatos de la sanidad una medida parecida.

   CESM-CV, según ha indicado en un comunicado, espera un "desmentido" de la Conselleria de Sanidad sobre las acciones del Consell y de su vicepresidente, José Císcar para tomar "otras decisiones distintas".
   El sindicato médico se ha sumado a las manifestaciones en defensa del estado del bienestar y de los servicios públicos que se celebrará este domingo y ha hecho un llamamiento a todos los médicos para que también se sumen.
   "Tras las últimas agresiones al Sistema Nacional de Salud (SNS), los derechos de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios", CESM-CV considera "imprescindible que todos los sindicatos sanitarios estemos unidos para evitar el desmantelamiento de la sanidad publica".
 "El decreto nacional y las decisiones del Consell en el día de ayer hacen imprescindible una respuesta drástica, ha subrayado.
   Asimismo, como integrante de Cemsatse, se ha sumado a la manifestación convocada para el 10 de mayo en todos los centros sanitarios en contra de las medidas de recorte.
   Como miembro de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), CESM-CV ha denunciado "el regreso a situaciones hace ya décadas, superadas en cuanto a la garantía de los derechos básicos de los ciudadanos". Asimismo, ha criticado "el desprecio más absoluto que se está mostrando desde los poderes públicos con los derechos laborales de los médicos y los empleados públicos en general".
   "Se modifican sistemas retributivos y horarios, se suprimen categorías profesionales de un día para otro, todo ello sin negociación colectiva ni diálogo alguno con los agentes sociales", ha censurado.
   En esta línea, el sindicado entiende que "no resulta permisible que nuestro país vuelva al modelo social vigente en el primer tercio del pasado siglo por la incapacidad o la mala fe de nuestros gobernantes".
   Para esta entidad, "destruyendo nuestro Sistema Nacional de Salud no van a solucionarse los problemas de su financiación". Además, ha añadido: "no es imponiendo a los médicos una conducta impropia tanto en la prescripción de medicamentos como en el rechazo a la atención sanitaria de determinados colectivos como va a conseguirse su implicación con ningún tipo de reforma".
   "No es responsabilidad de los profesionales sanitarios definir la política de inmigración ni, mucho menos, incurrir en omisión de socorro ante una persona que requiera de asistencia. No podemos ser los rehenes ni los cómplices de las erráticas políticas seguidas en este terreno", ha subrayado.
   CESM-CV ha expresado su defensa al "derecho de todos los españoles, por el mero hecho de serlo, a recibir una atención sanitaria de calidad financiada mediante los presupuestos generales del Estado y sin copagos discriminatorios".
   En este sentido, considera que contribuir a la prestación farmacéutica en función de la renta "genera un deterioro de la sanidad como derecho de ciudadanía, dado que el sistema se financia mediante impuestos progresivos en los que los que ya aportan más los que más tienen".
   Así, entiende que en el momento de la asistencia, "debe primar la igualdad económica en el acceso a los servicios porque ello es una garantía de cohesión social: no hay ricos ni pobres en el acceso a la sanidad sino ciudadanos libres e iguales".  
   CESM-CV ha insistido en que el Consell "está cometiendo un grave e irreversible error al negarse a negociar una solución al decreto de recortes que ha impuesto a todos los empleados públicos y, ahora, además --ha añadido-- privatiza la Sanidad sin contar con la mesa sectorial e ignorando a los trabajadores".

viernes, 27 de abril de 2012

El Ayuntamiento de Alicante precinta hasta finales de junio los aparatos de aire acondicionado

ALICANTE.- El portavoz del Grupo de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha rechazado la decisión del equipo de Gobierno municipal de precintar los aparatos de aire acondicionado como una medida de ahorro, y ha considerado que el "despilfarro" de las cuentas públicas "a lo mejor se produce en otros aspectos, como el alumbrado público o la contrata de basuras".

   Miguel Ángel Pavón ha recordado que este jueves, los grupos políticos con representación en el consistorio recibieron una carta del área de Atención Urbana, en la que se les comunicaba que hasta finales de junio se van a precintar los aparatos de aire acondicionado.
   "De finales de junio a finales de septiembre los podremos utilizar, y a partir de finales de septiembre se volverán a precintar, como una medida de ahorro energético y económico", ha detallado Pavón, quien se ha mostrado "estupefacto" ante esta iniciativa que ha calificado como "desproporcionada".
    En su opinión, con el precinto de los equipos, "Ayuntamiento está diciendo a los trabajadores municipales que no se fía" de ellos.
   Por ello, antes de recurrir a este tipo de medidas "un tanto pintorescas y drásticas", ha opinado que el equipo de Gobierno del PP debería "mandar una circular instando a los empleados municipales a realizar un consumo responsable".
   "Nosotros creemos que hay otras medidas, como reducir un poco la iluminación, y en nuestro caso particular, utilizamos aparatos que son de aire acondicionado y calefacción", por lo que, finalizado el verano, tendrán que permanecer con el abrigo para trabajar en sus oficinas en invierno.
   Pavón se ha mostrado convencido de que "todo esto tiene mucho que ver con el descontrol que hay respecto a la contrata de suministro de energía eléctrica", tal y como reveló el interventor municipal, según ha dicho, en la última comisión de Hacienda.
  En esta sesión, según ha recordado, el funcionario reconoció que "en servicios esenciales, como el del suministro eléctrico, hay otras desviaciones respecto a lo inicialmente consignado, y en gran parte se debe a esa contrata de basuras en manos de Inusa".
   Por ello, ha reclamado que se "revisen otras cuestiones respecto al suministro eléctrico, no sólo el consumo en las dependencias municipales, porque el despilfarro a lo mejor está vinculado a otro tipo de cuestiones, como el alumbrado público".
 "A veces ves farolas encendidas en pleno día, y esas cosas se deben controlar adecuadamente", ha añadido.

La Comunitat se coloca en desempleo a la cabeza en España

VALENCIA.- El paro subió en 40.100 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,25% más, situándose el número total de desempleados en 681.400 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   De este modo, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que más personas se ha quedado sin trabajo en este trimestre tras  Andalucía (81.100 parados más) y  Cataluña (61.500). Por su parte, en España, se registraron 365.900 parados más en el primer trimestre , un 6,9% más, con lo que el número total de desempleados es de 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   No obstante, en la Comunitat Valenciana si se comparan estos datos con los del mismo trimestre del año 2011, se ha registrado 81.600 parados más, lo que significa en términos porcentuales un 13.60 por ciento más.
   Del mismo modo, el mercado laboral valenciano cuenta con cuenta con 26.500 activos menos, lo que significa un 1,05 por ciento menos que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 2.493.800 activos. Además, supone 6.600 activos más que el mismo trimestre del año pasado, un 0,26 por ciento más.
   De este modo, la Comunitat Valenciana donde el número de activos más ha descendido seguida de País Vasco 24.500, mientras que por el contrario Madrid es la que más activos ha incorporado seguida de Canarias, con 17.200 activos más y Andalucía, con 10.300.
   Asimismo, la Comunitat Valenciana registra un descenso de la ocupación de 66.600 personas el primer trimestre de 2012, un 3,54 por ciento menos que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 1.812.400 ocupados. En términos interanuales, tiene 75.000 ocupados menos que el mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un 3,97 por ciento menos.

El Consell introduce el impuesto de Patrimonio e incrementa el de Transmisiones

VALENCIA.- La Generalitat valenciana introducirá el impuesto de Patrimonio, incrementará del 7 al 8 por ciento el tributo de Transmisiones Patrimoniales y aplicará tasas judiciales --en actos administrativos como los recursos--, además de otras medidas ya anunciadas como el 'céntimo sanitario', la venta de inmuebles o las tasas medioambientales.

   Así lo han explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el vicepresidente y portavoz valenciano, José Císcar, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que han presentado el programa 'Planifica GVA 2012-2014', el plan económico financiero de reequilibrio de la Generalitat.
   Con las medidas incluidas en este programa, la Generalitat prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los que 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 por las iniciativas de incremento de los ingresos.
   El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. Se trata de uno de los requisitos necesarios para que la Comunitat pueda beneficiarse del plan de pago a proveedores.
   Vela ha señalado que "si todo sale como está previsto", este plan a tres años se llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 8 o 9 de mayo y que será el encargado de pronunciarse sobre los planes de reequilibrio de las comunidades.
   El titular de Hacienda ha subrayado que las medidas aprobadas este viernes en el pleno del Consell permitirán "tener nuestra emisiones de deuda actualizadas" y, además, fijan "la hoja de ruta en la senda de estabilidad presupuestaria, que es el paradigma de las fianzas publicas en toda Europa".
   Por su parte, José Císcar ha hecho hincapié en que 'Planifica GVA 2012-2014' "además de cumplir el objetivo de déficit", supone también "una oportunidad para la creación de una nueva administración".
   Entre otras medidas, en 2013 se volverá a instaurar el impuesto de Patrimonio, cuya recaudación se destinará a "dinamizar la economía", es decir, ha señalado Vela, a financiar iniciativas "comprometidas con la generación de empleo". Asimismo, se incrementará del 7 al 8 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que en 2013 se pretende conseguir 44,5 millones adicionales.
   Además, se pondrán en marcha tasas judiciales para recaudar cuatro millones en lo que queda de año y 12 millones más en el ejercicio 2013. El conseller de Hacienda ha aclarado que estas tasas tendrán un carácter "finalista", dado que se destinarán a la modernización de las estructuras judiciales.
   Asimismo, el pleno del Consell ha aprobado el acuerdo de no disponibilidad de créditos y limitación de las obligaciones sobre el presupuesto de ejercicio 2012, con un importe de 332, millones de euros.
   El plan de reequilibro de la Generalitat también incluye otras medidas ya anunciadas, como el céntimo sanitario, que ya está en vigor; o los 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Consell prevé que entre en las Corts Valencianes en el mes de mayo.
   Otras medidas son la venta de inmuebles; la puesta en marcha de una central de compras, "que estará plenamente operativa este mes de septiembre"; y otras que afectan al personal, cuyo ahorro previsto para este ejercicio e de 285,9 millones de euros.
   Sobre este último aspecto, se contempla la reducción de la jornada de trabajo del personal interino y laboral temporal de sociedades mercantiles y fundaciones; no completar al 100 por cien las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal; la suspensión del plan de pensiones a los empleados públicos; la paralización de los sexenios y de la carrera profesional; y la eliminación de ayudas sociales.
   El titular de Hacienda ha especificado las ganancias previstas por ejercicios en algunos tributos. Así, con el céntimo sanitario se estima recaudar 76 millones en 2012; 77 en 2013 y 78 en 2014. Con los actos jurídicos documentados, la previsión es de 44,5 millones en 2012; 45 en 2013 y 46 en 2014. Por el impuesto de patrimonio, 70,7 millones en 2013. De las tasas judiciales, se espera obtener 4 millones en 2012; 12 en 2013 y 12 en 2014.
   Por lo que se refiere a las tasas medioambientales, se espera recaudar 8 millones en el actual ejercicio y 32 millones en los dos próximos año. En transmisiones patrimoniales, son 10 millones en 2012 y 44,5 en 2013 y 2014.
   En al apartado de ingresos, Vela también ha destacado los 81,9 millones procedentes del plan de reintegro de subvenciones de la administración no ejecutadas; un incremento de 285,4 millones adicionales procedente del modelo de financiación.
   Vela también se ha referido a la inclusión en este plan de reequilibrio las ganancias previstas por la venta de inmuebles, que en los presupuestos de la Generalitat para 2012 está cifrado en 400 millones. Sin embargo, y por ser "muy, muy prudentes", en el texto que remitirán al Gobierno central, apuntan unos beneficios de 141 millones.
   El vicepresidente, por su parte, se ha referido al plan de racionalización del sector público empresarial que contempla pasar de 46 empresas y entidades de derecho publico a seis agrupaciones sectoriales. Aunque con ello se prevé ahorrar 120 millones, el programa de reequilibrio solo contempla 60, ya que la Generalitat destinará el resto a pagar el coste del redimensionamiento.
   Císcar, preguntado por los detalles de esta reestructuración, ha señalado que a finales del mes de mayo el plan estratégico estará "completamente cerrado" y ya se conocerá cómo queda el mapa del sector público empresarial. Además, prevé durante el segundo semestre.
   Tras presentar las medidas, José Manuel Vela ha asegurado que lograr un déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional "no es fácil", dado "el entorno de incertidumbre y de crisis", pero ha expresado el "compromiso" del Gobierno valenciano de alcanzarlo.
   Asimismo, ha destacado que estas medidas, "adecuadas", "no ponen en peligro la prestación de servicios públicos", y ha destacado que el Gobierno valenciano está "obligado" a adoptarlas "para que la estabilidad presupuestaria sea muy pronto una realidad".

El pleno de Benidorm bajará los sueldos a concejales y cargos eventuales para ahorrar

BENIDORM.- El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes, a propuesta del grupo municipal del PP y con el voto afirmativo de PSOE y Liberales de Benidorm, bajar un 15 por ciento los sueldos de los 25 concejales que componen la corporación, así como una reducción proporcional de los salarios de los cargos de confianza o eventuales para conseguir una ahorro de 200.000 euros anuales, según ha informado en un comunicado el consistorio de la localidad.

   De este modo, el descenso en la nómina de los cargos de confianza o eventuales oscilará entre el cero por ciento para las retribuciones inferiores a 1.800 euros brutos al mes, hasta el 4,5 por ciento para las más altas. Esta medida, que será efectiva desde el próximo 1 de mayo, en cuantías brutas, tal y como han añadido fuentes del ayuntamiento, "permitirá un ahorro de hasta 200.000 euros anuales a las arcas municipales".
   Igualmente, el pleno ha dado luz verde por mayoría, y con la abstención del PP, a la propuesta defendida por la concejala de Bienestar Social, Cristina Escoda, relativa al Reglamento Regulador del Programa de Ayudas para la Asistencia Domiciliaria.
   Además, por unanimidad, se han aprobado dos propuestas de la Concejalía de Playas relativas a una encomienda de gestión de la Agencia Valenciana de Turismo y el Ayuntamiento para la gestión y mantenimiento  de infraestructura higiénica y lúdica instalada en las playas de Benidorm; así como la solicitud a la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de concesión administrativa para un periodo de diez años de los puestos de socorro y casetas de playas accesibles.
   Por otra parte, y entre otros asuntos, a propuesta del edil de Urbanismo se ha aprobado con los votos favorables de PSOE y PP y el voto en contra de Liberales de Benidorm, la propuesta inicial de la Ordenanza Municipal reguladora del acceso y consulta de expedientes de la Concejalía de Urbanismo.

El PSPV estudia la "constitucionalidad" de las medidas del Consell y pide la comparecencia "urgente" de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha convocado este viernes una reunión de urgencia de diputados y miembros de la ejecutiva socialista valenciana para abordar los anuncios de "privatización" realizados por el portavoz del Consell, José Císcar. 

   Los socialistas valencianos están estudiando la "constitucionalidad" de las actuaciones avanzadas por la Generalitat. Asimismo, solicitarán la comparecencia "urgente" del presidente de la Geenerealitat, Alberto Fabra, para que explique las medidas, según ha informado el PSPV en un comunicado.
   Para Ximo Puig, "las medidas planteadas van a ahondar en la desigualdad de las personas ante la enfermedad". 
"Los valencianos somos las cobayas de Rajoy en la destrucción dels sistema de salud", ha destacado.
   El dirigente del PSPV ha remarcado que los socialistas están estudiando la constitucionalidad de las actuaciones avanzadas por el PP valenciano al tiempo que ha calificado de "gravísimos" los anuncios realizados que, "a buen seguro, van a provocar el rechazo y la movilización de una sociedad valenciana que cada día ve con más claridad que estamos ante un gobierno agotado".
   El secretario general de los socialistas valencianos entiende que "estamos asistiendo a la voladura controlada del sistema de salud", y ha anunciado que van a solicitar la comparecencia urgente del presidente Fabra en las Corts para que explique estas medidas. "Tras 17 años de malgastar el dinero de los valencianos ahora no tienen más remedio que jugar con los derechos de los ciudadanos en materia de salud", ha remarcado.
   El líder socialista ha manifestado: "nunca un gobierno ha hecho tanto daño a los derechos de los ciudadanos en tan poco tiempo" siendo especialmente preocupante "la venta del sistema sanitario de los valenciano que ahora se plantea".
   Puig ha destacado que los valencianos tienen una sanidad que "es de las que menor gasto sustenta en el conjunto del Estado" y ésta "sí que es sostenible", ha dicho en contestación a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, José Císcar. En su opinión, "lo que si es ya insostenible es este Gobierno", en referencia al Ejecutivo de Fabra.

La ex directora general del Tesoro comunica a las Corts que no tiene deber legal de comparecer en la Comisión de la CAM

VALENCIA.- La ex directora general del Tesoro y Política Financiera del anterior Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez Ramos, ha comunicado a las Corts Valencianes que en su caso no existe deber legal de comparecer ante la cámara autonómica en la Comisión no permanente especial de investigación sobre el proceso que ha llevado a cabo la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) por parte del Banco de España.

   Núñez explica en el escrito, con registro de entrada en las Corts de ayer jueves, que en su caso ha desempeñado el puesto de directora general del Tesoro y Política Financiera del extinto Ministerio de Economía y Hacienda y ejercía igualmente como miembro nato del Consejo de Gobierno del Banco de España, una posición que se encuadra "en el ámbito de la Administración General del Estado y, por ello, sujeto al control de las Cortes Generales" y "fuera del ámbito de control político de las Cortes Valencianas".
   La ex director general señala que su comparecencia en la Comisión de investigación de la CAM se ha acordado en virtud de lo establecido en el artículo 22.e del Estatuto de Autonomía y de la resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas 4/IV de 1996.
   Sin embargo, cita al dictamen de Consejo de Estado 34/2003 de 2003 relativo a la Comisión de Investigación del Parlamento de Galicia sobre el caso del 'Prestige', que estableció que las funciones de control político de las asambleas autonómicas han de ser entendidas referidas a su propio ámbito territorial y competencial, y que no pueden ser sometidas a fiscalización instituciones distintas de los propios órganos de gobierno y administración creados para el ejercicio de la autonomía constitucional y estatutariamente asumida. En el caso del Estado, la fiscalización y control político de su actuación aparece reservado a las Cortes Generales.
   Ante esta resolución, Núñez señala que el Estatuto de Autonomía liga expresamente la facultad de las Cortes Valencianes de crear comisiones de investigación a su función de control sobre la acción de la administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, por lo que en su caso, su actuación está sujeta al control de las Cortes Generales.
   Con esta renuncia, Núñez se suma a los otros siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se han negado a comparecer en la Comisión de la CAM en las Corts. Se trata del Gobernador del Banco de España, Migue Ángel Fernández Ordóñez; elexsubgobernador, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
   Ante estas negativas, los servicios jurídicos de las Corts Valencianes emitieron un informe en el que consideraban que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de desobediencia.

Adif licita la construcción de la nueva estación del AVE de Villena por 15,5 millones

MADRID.- El Consejo de Administración de Adif ha aprobado en su reunión de este viernes la licitación de las obras de construcción de la nueva estación de alta velocidad de Villena (Alicante), por importe de 15,5 millones de euros --con IVA incluido--, según ha informado en un comunicado el ente público de infraestructuras ferroviarias.

   La estación, que podrá acoger tanto posibles circulaciones con inicio y final en Villena como trenes de paso hacia otros destinos, se ubicará entre los puntos kilométricos 103/400 y 105/000 del tramo Villena-Sax de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
    Esta actuación, que ocupará terrenos situados a seis kilómetros al sur de Villena y a 2,5 kilómetros al oeste de la autovía A-31, contempla asimismo la urbanización del entorno y la conexión con la red viaria existente y futura.
   El edificio se desarrollará sobre una superficie de 4.526 m2 distribuidos en una planta baja en la que se situarán las áreas de uso público, mientras que en la planta superior se reservará a dependencias de uso interno.
   La estación contará con las siguientes dependencias de uso público: un vestíbulo con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados y zona acotada de embarque; un centro de viajes de 200 metros cuadrados  con capacidad para seis puntos de venta y un puesto de información, despacho de atención al cliente y máquinas autoventa de billetes; locales comerciales destinados a cafetería, venta de prensa, y aseos con una superficie de 70 metros cuadrados, accesibles a personas con discapacidad.
   Así mismo, como dependencias internas, dispondrá de un centro de control y vigilancia de instalaciones de seguridad y prevención de incendios; una sala de control de la circulación ferroviaria; y un punto limpio para el tratamiento de residuos reutilizables producidos en la propia estación.
   La estación también contará con dos andenes de 400 metros de longitud y ocho metros de anchura, dotados de marquesinas de 200 metros y pavimento antideslizante. Entre ambos andenes se construirá un paso inferior que posibilite la comunicación entre ellos y el edificio de viajeros, según han detallado las mismas fuentes.
    El proyecto contempla también la urbanización exterior, la ejecución de enlaces con el entorno y la creación de zonas ajardinadas. Asimismo, se construirá un cerramiento para controlar el acceso a las instalaciones ferroviarias, y un aparcamiento con 296 plazas y espacios reservados para personas con discapacidad.
   Además, la estación tendrá un estacionamiento de taxis, parada de autobús urbano, aparcamiento de autocares y zona de parada momentánea para subida y bajada rápida de clientes.
   El diseño del edificio se ajustará a criterios de sostenibilidad, de acuerdo con el compromiso de Adif con la sociedad y el medio ambiente expresado en el Plan Empresa Ciudadana. Por ello, será una de las primeras edificaciones basadas en el manual Estación Sostenible 360º para el diseño, construcción y gestión de estaciones de ferrocarril con criterios de sostenibilidad integral.
   El uso racional de los recursos, el ahorro de energía, el aislamiento térmico, la completa accesibilidad y el respeto al medio ambiente constituyen los conceptos básicos de este modelo, según han explicado las mismas fuentes.
   De este modo, Adif suma a los parámetros funcionales, estéticos y de costes "la sostenibilidad entendida de la manera más amplia posible, teniendo en cuenta no sólo aspectos medioambientales y económicos, sino también sociales".
   Así, junto a objetivos como un uso más eficiente de la energía, la racionalización del consumo de recursos y la reducción del consumo de materias tóxicas, también se pretende potenciar las estaciones como espacios que contribuyan a incrementar la calidad de vida de los usuarios, integrándolas en las ciudades como espacios para el desarrollo de actividades lúdicas o culturales.

La Generalitat presenta su plan de reequilibrio para ahorrar 2.260 millones en 2012, que deberá aprobar el CPFF

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha presentado este viernes su plan económico financiero de reequilibrio, 'Planifica GVA 2012-2014', que deberá aprobar el Gobierno en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 8 o 9 de mayo.

   Con las medidas incluidas en este programa, la Generalitat prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los que 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 por las iniciativas de incremento de los ingresos.
   El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. Se trata de uno de los requisitos necesarios para que la Comunitat pueda beneficiarse del plan de pago a proveedores.
   El Gobierno central ha asegurado en varias ocasiones que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que podría intervenir a las comunidades que no puedan cumplir con los objetivos fijados de déficit público. No obstante, el vicepresidente valenciano José Císcar, este jueves se mostró convencido de que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat" por parte del Ejecutivo central.
   El plan de reequilibrio de la Comunitat, que han presentado el vicepresidente y portavoz, Jose Císcar, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, contempla, entre otras cuestiones, un cambio en el modelo sanitario.
   La Conselleria de Sanidad está trabajando en un nuevo modelo para extender la iniciativa privada en los hospitales de la Comunitat Valenciana, con el que se espera obtener un ahorro de alrededor de 443 millones de euros al año.
   En concreto, se agruparán los servicios externalizados, los de la cartera suplementaria y la gestión de la farmacia de receta y el transporte sanitario "entre otros", de cada área de salud --de las 18 que controla directamente-- en una sola licitación y bajo una sola gerencia.  
   El personal estatutario de Sanidad --funcionario de carrera e interinos--, continuará dependiendo "orgánica y funcionalmente" de la Agencia Valenciana de Salud "en coordinación con el gerente" de cada departamento. Por lo que se refiere al personal laboral, quedará bajo el gestor privado.
   En materia sanitaria también se aplicarán otras medidas --derivadas de la aplicación de la normativa básica--, como la adecuación de la normativa española a la comunitaria en cuanto a la regulación de lo que se conoce como 'turismo sanitario' o la creación de una central de compras.
   Respecto a educación, se aumentarán hasta un 20 por ciento las ratios de alumnos por aula, aunque el vicepresidente ha matizado que "el incremento en cada centro se hará en función de la petición de las familias, y siempre respetando el número máximo establecido".
   También se contempla incrementar en dos horas a la semana el horario lectivo de los profesores de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y enseñanza de idiomas, pasando de 18 a 20 horas, pero manteniendo las 37,5 horas laborales de la actualidad.
   Otra de las medidas que aplicará el Consell, con la que prevé un ahorro de alrededor de 40 millones, es el incremento de tasas universitarias, que será de un 20 por ciento en primera matrícula. Los alumnos que se matriculen por segunda vez tendrán que asumir un aumento del 35 por ciento del precio; en la tercera matrícula, el incremento será del 75 por ciento; y en la cuarta, del 100 por cien.
   Por otro lado, la Generalitat recuperará en 2013 el impuesto de Patrimonio cuya recaudación se destinará, según ha asegurado Vela, "a dinamizar la economía". Además, se incrementará del 7 al 8 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y se pondrán en marcha tasas judiciales.
   El plan de reequilibro de la Generalitat también incluye otras medidas, como el céntimo sanitario, que ya está en vigor; o un ahorro de 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Consell prevé que entre en las Corts Valencianes en el mes de mayo.
   Otras medidas son la venta de inmuebles, cambios en la jornada del personal y la reestructuración del sector público empresarial. Aunque con esta última propuesta se prevé ahorrar 120 millones, el programa de reequilibrio solo contempla 60, ya que la Generalitat destinará el resto a pagar el coste del redimensionamiento.
   Tras presentar las medidas, José Manuel Vela ha asegurado que lograr un déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional "no es fácil", dado "el entorno de incertidumbre y de crisis", pero ha expresado el "compromiso" del Gobierno valenciano de alcanzarlo.
   Asimismo, ha destacado que estas medidas, "adecuadas", "no ponen en peligro la prestación de servicios públicos", y ha destacado que el Gobierno valenciano está "obligado" a adoptarlas "para que la estabilidad presupuestaria sea muy pronto una realidad".
   Por su parte, José Císcar, preguntado por si más adelante se aplicarán nuevas medidas de ajuste, ha destacado que por parte del Consell "no hay voluntad ni intención" de hacerlo, "excepto si el Estado materializa reformas que tienen que aplicar las comunidades".
   En cualquier caso, el vicepresidente ha subrayado que por parte de la Generalitat consideran que "con todo este paquete de medidas, en un proceso que esta vivo, estamos en un punto para empezar a hablar de la sostenibilidad de la administración valenciana".

Compromís se opone "frontalmente" a la privatización de la sanidad valenciana

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís en las Corts ha mostrado su "oposición absoluta" a la privatización de la gestión de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana que ha anunciado este viernes el gobierno del PP. Así mismo la coalición ha manifestado en un comunicado que van a emprender "todas las acciones necesarias para que esta privatización no se lleve a cabo".

   Para la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, la decisión del Consell de privatizar la gestión de la sanidad pública "obedece a los indicios de intervención inminente por parte del Gobierno sobre una economía valenciana que el PP ha dejado para el arrastre".
   Oltra ha señalado que las justificaciones para adoptar esta medida que ha dado el vicepresidente José Ciscar "suponen tomar a los ciudadanos como imbéciles". "Cuando dice que harían falta 500 euros anuales más por ciudadano para sostener nuestro sistema público de salud nos preguntamos si la sanidad es algo tan ruinoso cómo va a haber empresas que estén dispuestas a gestionarla", se ha cuestionado.
   Según Oltra para que el sistema de salud sea rentable para las empresas privadas "lo que va a pasar es que se va a recortar y devaluar la sanidad de una manera drástica".
   "Esto va a impactar directamente en la salud de las personas y además alguien va a sacar beneficio con esto", ha continuado. "Como ya no pueden saquear de otros sitios porque ya han dejado las arcas públicas vacías, ahora quieren hacer de nuestra salud un negocio, algo a lo que rechazamos frontalmente", ha destacado. "Nuestra salud no puede ser un negocio para los amigos del PP", ha concluido Oltra.
Por su parte, la coordinadora de EUPV y síndica en las Corts, Marga Sanz, ha calificado de "barbarie" el anuncio del Consell de que "entregará a manos privadas la gestión de todos los hospitales públicos y de los departamentos sanitarios", y ha indicado que el PP "ha asesinado a la sanidad pública valenciana".
   Sanz ha indicado en un comunicado que el PP "ha puesto a la venta la Sanidad pública, va a dársela a las empresas privadas que ya están frotándose las manos". La síndica de EUPV considera que las consecuencias serán "terribles por mucho que Císcar de manera cínica, vergonzosa e insultando la inteligencia de los ciudadanos, nos lo disfrace".
 "Por esta camino, la sanidad valenciana ya ha acabado de ser gratuita, universal y pública", ha apostillado.
   Para Sanz este cambio de modelo que ha anunciado el vicepresidente del Consell este viernes "es la importación del modelo Alcira a todos los rincones del País Valenciano, con las consecuencias que esto supone".
   La portavoz de izquierdas cree que el PP ha decidido "continuar favoreciendo a determinadas empresas para que puedan ganar dinero, haciendo de la sanidad un negocio". Las empresas privadas tienen como principal objetivo obtener beneficios económicos, y "recortan en personal, en formación del mismo, y esto empeora la calidad de la sanidad", ha advertido.
   La dirigente de izquierdas ha reclamado a Fabra que "retire de inmediato" esta actuación incluida en el nuevo Plan de Reequilibrio de la Generalitat. "Es el golpe definitivo al Estado del Bienestar. Estamos asistiendo a la muerte angustiosa de la Sanidad y de la Educación Pública", ha afirmado.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

Absueltos los cinco ex ediles del PSOE de Abanilla imputados en el 'caso Brugal'

MURCIA.- Los cinco exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Abanilla que se vieron imputados en la trama Brugal, que investiga el asunto de las basuras, han sido absueltos al reconocer el Juzgado que las grabaciones que los inculpaban "habían sido manipuladas, que no recibieron dinero del empresario de las basuras y que su actitud fue siempre beligerante contra el vertedero".

Así se expone en el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza, donde se decreta el sobreseimiento de la causa y se ordena que se proceda al archivo de las actuaciones por no "aparecer justificada la perpetración de ningún tipo de delito", según un comunicado del PSOE.
La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Abanilla se muestra satisfecha con el archivo de la causa, "lo que demuestra la inocencia de los exconcejales socialistas".
Los responsables socialistas de Abanilla se reafirman en la postura adoptada en el verano de 2010, en la que afirmaban que "todos los concejales que han representado al PSOE en el Ayuntamiento de la localidad han venido poniendo de manifiesto su oposición a determinadas actuaciones relacionadas con el vertedero y su dueño".
Los antecedentes sitúan a Manuel M.C, José Antonio G.R, José A.C, Dolores M. y Dolores S. "en unas grabaciones que guardaba en su vivienda el industrial Ángel Fenoll, dueño de la empresa Proambiente y del vertedero de Abanilla, que la policía requisó con motivo de un registro en dicho domicilio".
La Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), según fuentes socialistas, "envió la grabación y su transcripción en papel al Fiscal Anticorrupción de Alicante, sin haber comprobado previamente la originalidad de lo grabado porque según la policía los ediles podrían haber recibido contraprestaciones de diversa índole a cambio de no cuestionar públicamente la figura y empresas de Ángel Fenoll".
Desde el juzgado de Cieza se instruyó el procedimiento por cohecho contra los ediles socialistas y se imputó a los citados en una causa declarada secreta por "admitir presuntamente dinero para financiar al PSOE de la localidad, nunca para ellos, lo que dio lugar a la toma de declaraciones y aportaciones documentales en gran cantidad, además de la propia investigación realizada por la fiscalía, llegando a la conclusión de que no existen indicios de ilicitud alguna".
Señala el informe del fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su petición de archivo que, además de no apreciarse delito alguno, "las meras conversaciones existentes obtenidas y realizadas de modo subrepticio por el propio Fenoll no constan realizadas con las debidas garantías", enumerando una serie de cuestiones necesarias para tipificar la ilicitud.
Entre ellas, "la inexistencia de los soportes originales de las grabaciones, pues la policía encontró una copia, se desconoce si son conversaciones íntegras o están cortadas, aunque parece que son editadas, es decir manipuladas".
El informe del Ministerio Público continúa recogiendo que "es el propio Fenoll quien acude a las reuniones insinuando el sentido de las conversaciones, buscando que el interlocutor se pronuncie con la intencionalidad que el industrial persigue, que se trata de conversaciones ambiguas y que se deduce que podrían estar manipuladas eliminando los fragmentos comprometedores para Fenoll".
Para el Fiscal Anticorrupción, "no existen documentos de ingresos bancarios, facturas que pudiera haber pagado Fenoll, testigos que acrediten pagos a los concejales, signos externos de enriquecimiento en los imputados, ni se han encontrado sociedades interpuestas, ni otra serie de elementos que en su conjunto sirvan para dar credibilidad al cohecho imputado".
Acaba el informe del fiscal, que ha sido aceptado en su integridad por la juez, que "los imputados no se han limitado a negar los hechos, sino que han aportado, clarificado y justificado determinados hechos controvertidos, despejando las posibles dudas que pudieran derivarse de las irregulares grabaciones, aportando actas y documentos que acredita su legítima actividad política, justificando la realización de una conducta crítica hacia la actividad de la planta de Proambiente y los numerosos vertidos existentes o hacia la actividad de la concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (Colsur)".
Tanto G.R como M.C "han aportado casi 200 documentos escritos sobre el acoso constante que realizaron durante su gestión contra el vertedero, convocando manifestaciones públicas por las calles de Abanilla, repartiendo boletines informativos por el término municipal, además de multitud de preguntas y mociones en los plenos municipales, vídeos y fotografías, demostrando que nunca estuvieron con los brazos cruzados en temas de la empresa Proambiente, sino en la defensa de los intereses generales del municipio".

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

La Generalitat Valenciana privatizará la gestión de todos los hospitales públicos

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana está trabajando en un nuevo modelo, que se implantará en enero de 2013, que extenderá la iniciativa privada en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Así, la Generalitat calcula que obtendrá un ahorro de alrededor de 263 millones de euros al año.

   Así lo ha avanzado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente y portavoz valenciano, Jose Císcar, quien ha explicado que los servicios que actualmente están externalizados
y los que forman la 'cartera suplementaria' "se agruparán de manera integral, dentro de cada departamento, para ser adjudicados a un único gestor".
   El objetivo es aprovechar las "economías de escala" y los mayores beneficios que, según José Císcar, obtienen las empresas privadas respecto a las administraciones públicas.
   El también conseller de Presencia ha destacado que "el modelo sanitario español no da para más", y ha advertido de que "o aplicamos la colaboración público-privada o tendríamos que subir los impuestos a los valencianos del orden de 500 euros anuales por cada ciudadano".

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

El Sabadell no sabe cuando será autorizado por Bruselas para comprar la CAM

BARCELONA.- El Banco Sabadell empieza a impacientarse por la aprobación definitiva de la subasta competitiva de Caja Mediterráneo por parte de la Unión Europea. Jaume Guardiola, el consejero delegado de la entidad, ha restado, no obstante, importancia al retraso de la operación por la autoridad europea, “porque la sentimos ya como hecha, nosotros tenemos ya muchas ganas y ansiedad por ejecutar la integración total”. Los dirigentes del Sabadell piden a la UE que dé luz verde a la adjudicación y, si es posible, lo haga antes de mayo, según el diario 'La Verdad'.

Pese a que Guardiola indica que la autorización de Bruselas se esperaba para abril, confía en que se produzca en "los próximos tiempos", lo que no impedirá al banco catalán el cumplimiento de la hoja de ruta para integrar técnicamente CAM el próximo 8 de diciembre. El Sabadell tiene previsto hacer la provisión con CAM en el segundo trimestre.

 "Al final, los tiempos en Europa son los que son en procesos que requieren mucho rigor, ya esperábamos retrasos porque es la primera experiencia de una integración finaciera con un esquema de protección de activos (EPA)".

Los directivos del Banco Sabadell se esforzaron ayer, una y otra vez, en quitar hierro al retraso de Bruselas, aún reconociendo que ya afecta al negocio en sí. "No damos ninguna importancia, porque sabemos que no hay problema al plan de reestructuración presentado y es por el rigor de la Administración.

 Tampoco son ajenos a la permanente aparición de CAM en los medios de comunicación españoles por los diversos asuntos judiciales sobre su excúpula directiva y consejo de administración. Guardiola admite que perjudica la imagen.

Y aclara que no ha avalado al Frob para denunciar a los antiguos directivos de CAM ante la Audiencia Nacional, que ya instruye una causa tras las denuncias de una plataforma liderada por el abogado Diego de Ramón.

Sobre las cuotas participativas, el Sabadell reitera su mensaje de que su valor es cero pero que ya ha iniciado un proceso de diálogo, que se está ralentizando por la decisión de Bruselas.

Lo que no dice Guardiola es que, precisamente, es un escrito del letrado Diego de Ramón a la Comisión Europea impugnando la subasta de la CAM y su adjudicación al Sabadell, lo que realmente está retrasando la decisión de Bruselas al respecto.

jueves, 26 de abril de 2012

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

Torrevieja pide un informe jurídico al CJC sobre la adjudicación de la contrata de basuras

TORREVIEJA.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha acordado pedir un informe jurídico al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para decidir si debe personarse en el procedimiento judicial que se instruye ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos. 

   El alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, ha opinado que "el Ayuntamiento no debe personarse en este caso", si bien, ante la petición de distintos informes de técnicos municipales y ante la existencia de contradicciones entre los mismos, solicitará este informe para "tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de los ciudadanos torrevejenses".
   En un encuentro mantenido este jueves, Dolón ha informado personalmente de esta decisión en Junta de Portavoces a todos los grupos municipales de la oposición, a excepción del PSOE que no ha asistido a la misma, según las mismas fuentes.
   Por otra parte, el alcalde ha afirmado que los informes realizados sobre la actividad de la adjudicataria del servicio de recogida de basuras han detectado "ciertos posibles incumplimientos por parte de empresa, por lo que ha ordenado al delegado de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Torrevieja que inicie un expediente sancionador a la empresa".
   En este sentido, Dolón ha pedido a todos los grupos de la oposición que actúen "con la misma responsabilidad que él lo ha hecho a la hora de la toma de decisiones en esta materia, buscando además tener la certeza de la defensa de los ciudadanos de Torrevieja y, especialmente, de la plantilla de trabajadores de Acciona en la ciudad".

El rector de la UMH advierte de que "algunas titulaciones están en peligro"

ELCHE.- El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Jesús Tadeo Pastor, ha afirmado que con la subida de las tasas universitarias previsto por el Gobierno algunas titulaciones que ofrecen las universidades públicas "están en peligro".

   El rector de la UMH, que ha realizado estas declaraciones tras presentar una nueva edición de los Cursos de Verano de la UMH, ha considerado que ese incremento en el precio de las matrículas "no es una buena noticia en la época de crisis que vivimos". Asimismo, ha afirmado que, tal como recoge el Decreto del Ministerio, algunas titulaciones que ofrecen las universidades públicas "están en peligro".
   Pastor ha subrayado el obligado cumplimiento de los Decretos Ley, al tiempo que ha recomendado a la Conselleria de Educación que realice "la subida más reducida posible" dentro de la horquilla que marca el Ministerio, aunque ha mostrado sus dudas "de que lo vayan a hacer".
   Así mismo, ha señalado que la norma que se quiere imponer desde el Ministerio es que cuando una carrera empieza "tenga al menos 50 alumnos", y por ello ha advertido de que, "como ocurre en otras universidades", la UMH tiene "algunas carreras en peligro".
   Al respecto ha apuntado que desde la dirección de la universidad, se estudia "hacer algún tipo de rediseño" en algunas titulaciones para evitar la pérdida de alumnado. "Trataremos de echarle imaginación para evitar que esas titulaciones desaparezcan, buscaremos ofrecer dobles titulaciones o tratar de captar alumnos en otras partes", ha señalado.

Císcar asegura que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat"

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, se ha mostrado seguro de que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat" por parte del Gobierno central porque "no va a haber lugar para ello". En ese sentido, según ha dicho, "estamos muy tranquilos" porque se han realizado una serie de medidas que les llevan "por el buen camino". 

   Císcar se ha expresado de esta manera en los pasillos de las Corts al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central intervenga la Comunitat Valenciana, cuestión a la que ha contestado que eso es "absolutamente falso". 
"Ya lo hemos desmentido muchas veces y entendemos que ahora mismo se puedan propiciar estos rumores porque las comunidades autónomas deben presentar el Plan de Reequilibrio" que, en el caso de la Comunitat, será este viernes.
   "Está totalmente descartado" porque, según ha dicho, el Consell está realizando una serie de "ajustes" y "tomando una serie de medidas de austeridad, eficiencia, de optimización del gasto" con las que están convencidos de que van "por el buen camino", que culminarán con la presentación del Plan de Reequilibrio este viernes en el pleno del Consell.

La Fundación Ideas calcula que la Comunitat acabará 2012 con 96.400 parados más

VALENCIA.- Un informe de la Fundación Ideas augura que la Comunitat Valenciana acabará este año con 96.400 parados más, mientras que a nivel nacional el incremento será de 807.000. Según este estudio, buena parte de la destrucción de empleo estará provocada por los efectos de la reforma laboral que "envía incentivos negativos a la economía".

   Así lo ha indicado este jueves el secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva del PSOE y actual vicepresidenta ejecutivo de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, que ha comparecido en rueda de prensa en Valencia junto al secretario general del PSPV, Ximo Puig, para presentar el informe 'Reforma laboral y crisis: efectos sobre la economía española'.
   Caldera ha hecho hincapié en que los efectos de la reforma laboral elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy son "negativos", ya que  "se recortan derechos, se compromete la negociación colectiva" y, además, "se envían señales negativas a la estructura económica".
   "Lo que le dice a los empresarios españoles es 'usted debe competir rebajando costes y no mejorando la calidad'", ha asegurado el dirigente socialista, quien ha advertido de que cuando España lo ha hecho así "le ha ido mal".
   Para el exministro de Trabajo, "no es una reforma laboral para crear empleo, sino para provocar el despido". Al respecto, ha puntualizado que "no hay ningún incentivo a favor del cambio de modelo económico" y trata a todos los jóvenes desempleados igual, independientemente de su formación.
   También ha lamentado que "frena la política a favor de la igualdad" y, sobre este asunto, ha señalado que se ha eliminado la bonificación de reincorporación al empleo después de la maternidad y que se permite que el contrato a tiempo parcial pueda incluir horas extraordinarias.
   Desde el punto de vista macroeconómico, Caldera ha asegurado que se va a producir una rebaja generalizada y de los salarios "brutal", porque "se permite al empresario reducirlos sin ningún control, solo si durante tres trimestres disminuyen los ingresos". En este sentido, ha lamentado que no sea necesario para ello que las compañías justifiquen que tienen pérdidas.
   A su juicio, la caída de salarios "va a suponer una caía adicional del Producto Interior Bruto (PIB) en España, un mayor gasto por desempleo y más destrucción adicional de puestos de trabajos".
   Caldera considera que eso afectará a todos los sectores "porque el problema es que esto es una devaluación interna", aunque cree que puede afectar más al sector público. En esta línea, ha recordado que el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha asegurado que la plantilla del sector público empresarial se reducirá en torno a un 50 por ciento.
   Para el vicepresidente de la Fundación Ideas, "el Gobierno ha elegido el camino más fácil para ellos y el peor para la economía española", como ha sido apostar por la exportación "rebajando uno de los costes de producción: el factor trabajo". Además, ha subrayado que esta reforma laboral es "procíclica" ya que quiere "apagar el fuego con gasolina".
   El secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva del PSOE se ha mostrado convencido de que existen "alternativas". Así, ha destacado que se deberían mantener "o incluso aumentar" las políticas activas de empleo y "utilizar adecuadamente los incentivos".
   Preguntado sobre a qué sectores de la Comunitat se deberían dirigir los incentivos, ha apuntado a "la rehabilitación del sector inmobiliario" lo que, según ha asegurado, también beneficiaría al sector turístico "que podría mejorar, y mucho, su calidad". Además, es partidario de apostar por las energías renovables, por la investigación y el desarrollo y por las ecoindustrias.
   Por su parte, Ximo Puig ha destacado que "es posible hacer otro tipo de política económica que no se base solamente en el ajuste y la austeridad, sino que plantee incentivos a la economía y a los sectores productivos".
   En esta línea, ha indicado que la reunión de este jueves con Caldera "debe servir para superar el pesimismo" y ha añadido que "mediante un análisis riguroso, con los datos y estudios de la Fundación Ideas podemos saber cómo estamos y dar una respuesta, la respuesta que necesitan los ciudadanos". Además, ha asegurado que el empleo "es y será la obsesión" de los socialistas para superar esta situación.
  El secretario general de los socialistas valencianos ha resaltado que la Comunitat Valenciana vive "la peor crisis política, social y económica" y que esta reforma laboral, "injusta e ineficiente", provocará "la disminución del empleo y el aumento de los despidos".

El AVE no alcanza el umbral de rentabilidad por viajeros en ninguna línea

MADRID.- La red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) española, de unos 2.900 kilómetros de longitud, no tiene un grado de uso por pasajeros mínimo para alcanzar el umbral de la rentabilidad, estimado en entre 6,5 y 8 millones de viajeros.

   Así lo indica un informe realizado por el RACC a partir de distintos estudios, y en el que esta institución llama a hacer un "alto en el camino" en la inversión en AVE para "plantearse si conviene continuar con un proyecto que a día de hoy muestra su falta de sostenibilidad, sobre todo en el actual contexto económico".
   "Se ha llegado al límite de sostenibilidad de las finanzas públicas dada la situación económica del país", indica la institución, por lo que "no se pueden seguir malgastando los recursos públicos". "No se trata de poner en cuestión un hecho ya irreversible, sino de hacer un alto en el camino para ver lo que se ha dejado atrás y lo que queda por delante", añade.
   El informe apunta que "tras un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia económica contemporánea del país" (4.263 millones de euros sin contar con el AVE a Sevilla), España será el país de la OCDE con la red AVE más extensa, y el segundo del mundo tras China, una vez se completen las conexiones con Galicia y el País Vasco.
   No obstante, el número de viajeros por kilómetro de las principales rutas del AVE "deja en evidencia" a los dos principales corredores, los que unen Madrid con Sevilla y Barcelona. Con 14.000 y 9.000 viajeros por kilómetro, respectivamete, "quedan a distancias insalvables respecto a otros como el París-Lyon, el Colonia-Frankfurt y el Tokio-Osaka".
   Pese a reconocer la "satisfacción" de los usuarios por el servicio del AVE, señala que "esta satisfacción no ha tenido un paralelismo en los ingresos obtenidos por las líneas en explotación, claramente insuficientes, no ya para cubrir los costes de construcción de la infraestructura, sino los de explotación, incluida la amortización de los trenes".
   El RACC cita varios estudios para indicar que la implantación presente y futura del AVE "responde más a un único objetivo de naturaleza esencialmente política que a motivos fundados de rentabilidad económica y social".
   Asimismo, considera que la centralidad de Madrid en la red AVE "hace dudar de la extensión de los beneficios del modelo en todo el territorio español". 
"Más que un proyecto de futuro es la réplica del modelo decimonónico radial", indica, por lo que estima que "el desarrollo regional de la inversión en Alta Velocidad parece muy exiguo".
   Además, estima que la inversión realizada "es más de sustitución que de generación de nueva demanda", dado que, según los datos que maneja, el 90% de los viajeros del AVE a Barcelona procedían del avión.
   Con todo, el RACC considera que "existen alternativas razonables" al AVE que pasan "gradualizar y limitar" los recursos destinados a este modo de transporte y destinar parte de ellos a invertir en otras infraestructuras que cuenten con una mayor rentabilidad social, entre los que cita "favorecer un adecuado transporte de mercancías en tren" o "modernizar y adecuar zonas críticas de la red convencional".