VALENCIA.- El arquitecto urbanista Alejandro Escribano hadenunciado que la nueva Ley de Suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, permitirá al Estado expropiar suelo urbanizable a precio de suelo rural, mientras no se haya ejecutado completamente la nueva urbanización.
Las opiniones de Escribano, dentro de las Jornadas sobre la Ley de Suelo que organiza la Fundación Universidad y Empresa de la Universidad de València, fueron ratificadas por el secretario técnico del Ministerio de Vivienda, Juan Francisco Pozo Mesón, quien señaló que se pretendía que el valor del suelo fuera el real “y no el de las expectativas que pueda tener en el futuro”.
Así se pasa a considerar como urbano el terreno ya consolidado, con infraestructuras y servicios construidos, y no un sector aprobado y sectorizado para construir una urbanización. Si el Estado pretende expropiar un suelo incluido en un programa de actuación integrada (PAI) ya aprobado, pero no ejecutado, con esta legislación podrá valorarlo a precio de suelo rústico.
Para Escribano, una de las causas que ha llevado al Gobierno a promover esta legislación, es dotarse de un instrumento para garantizar ciertas infraestructuras, “probablemente traumatizado por las sentencias de expropiaciones del AVE”, afirmó. “Queremos pagar lo que vale, no las expectativas de lo que puede valer”, ratificó en esta línea el secretario técnico del Ministerio.
Escribano, en cambio, explicó que el Estado “ha querido garantizarse que donde decida hacer una infraestructura o expropiar un suelo, lo que va a mirar es el resultado de una foto aérea, que es lo que va a pagar, y si hay un PAI aprobado, pasará por encima del PAI”.
La Ley del Suelo obligará a introducir modificaciones en la legislación valenciana, según Escribano. Pese a no ser “muy negativa”, la nueva normativa responde “al peso muy grande de los partidos nacionalistas”.
Se refirió a la necesidad de modificar la fórmula del “metro por metro” prevista en la Ley de Ordenación del Territorio –un metro cuadrado protegido por cada metro reclasificado–, que “no podrán seguir llevándose a cabo al igualar los derechos de los propietarios de suelos forestales con los de suelo de nuevo desarrollo urbano”.
Alertó de que la nueva Ley estatal exige una reserva del 30% del suelo residencial para edificar vivienda de protección oficial (VPO) que obligará a revisar “una pequeña parte” de la legislación de la Comunidad Valenciana. Para Escribano esta reserva “no tiene sentido en actuaciones de vivienda turística”, sobre todo en municipios donde “prácticamente todo el suelo de primera residencia no turística” pasaría a ser de VPO, lo que, en su opinión podría dar lugar a fraudes, “ya que la situación sería insostenible”.
Esta reserva, en cambio, se convierte en un elemento fundamental para el Ministerio, según Pozo Mesón, para garantizar un derecho constitucional a la vivienda.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, inauguró las jornadas y se escudó en el crecimiento urbanístico para justificar la falta de fuerzas de seguridad, un argumento que no había utilizado hasta el momento. Según Bernabé, el crecimiento desmesurado de la población “nos ha obligado a incrementar en 1.500 las plazas de guardias civiles en la Comunidad Valenciana” y “nos ha evitado hacer una planificación”.
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, afirmó que los procedimientos de urbanización en la Comunidad Valenciana son “mejorables”, debido a que “ha primado el interés individual”.
En su opinión, en todo el litoral mediterráneo, desde Castellón hasta Murcia y algunas zonas de Andalucía, ha habido un proceso “muy fuerte de urbanización”. Ese proceso, agregó, se ha desarrollado desde la perspectiva del planeamiento urbanístico, sin que hubiera un planeamiento territorial “integrador y coordinador”, en contraste con otras zonas de España.- (EFE)
Las opiniones de Escribano, dentro de las Jornadas sobre la Ley de Suelo que organiza la Fundación Universidad y Empresa de la Universidad de València, fueron ratificadas por el secretario técnico del Ministerio de Vivienda, Juan Francisco Pozo Mesón, quien señaló que se pretendía que el valor del suelo fuera el real “y no el de las expectativas que pueda tener en el futuro”.
Así se pasa a considerar como urbano el terreno ya consolidado, con infraestructuras y servicios construidos, y no un sector aprobado y sectorizado para construir una urbanización. Si el Estado pretende expropiar un suelo incluido en un programa de actuación integrada (PAI) ya aprobado, pero no ejecutado, con esta legislación podrá valorarlo a precio de suelo rústico.
Para Escribano, una de las causas que ha llevado al Gobierno a promover esta legislación, es dotarse de un instrumento para garantizar ciertas infraestructuras, “probablemente traumatizado por las sentencias de expropiaciones del AVE”, afirmó. “Queremos pagar lo que vale, no las expectativas de lo que puede valer”, ratificó en esta línea el secretario técnico del Ministerio.
Escribano, en cambio, explicó que el Estado “ha querido garantizarse que donde decida hacer una infraestructura o expropiar un suelo, lo que va a mirar es el resultado de una foto aérea, que es lo que va a pagar, y si hay un PAI aprobado, pasará por encima del PAI”.
La Ley del Suelo obligará a introducir modificaciones en la legislación valenciana, según Escribano. Pese a no ser “muy negativa”, la nueva normativa responde “al peso muy grande de los partidos nacionalistas”.
Se refirió a la necesidad de modificar la fórmula del “metro por metro” prevista en la Ley de Ordenación del Territorio –un metro cuadrado protegido por cada metro reclasificado–, que “no podrán seguir llevándose a cabo al igualar los derechos de los propietarios de suelos forestales con los de suelo de nuevo desarrollo urbano”.
Alertó de que la nueva Ley estatal exige una reserva del 30% del suelo residencial para edificar vivienda de protección oficial (VPO) que obligará a revisar “una pequeña parte” de la legislación de la Comunidad Valenciana. Para Escribano esta reserva “no tiene sentido en actuaciones de vivienda turística”, sobre todo en municipios donde “prácticamente todo el suelo de primera residencia no turística” pasaría a ser de VPO, lo que, en su opinión podría dar lugar a fraudes, “ya que la situación sería insostenible”.
Esta reserva, en cambio, se convierte en un elemento fundamental para el Ministerio, según Pozo Mesón, para garantizar un derecho constitucional a la vivienda.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, inauguró las jornadas y se escudó en el crecimiento urbanístico para justificar la falta de fuerzas de seguridad, un argumento que no había utilizado hasta el momento. Según Bernabé, el crecimiento desmesurado de la población “nos ha obligado a incrementar en 1.500 las plazas de guardias civiles en la Comunidad Valenciana” y “nos ha evitado hacer una planificación”.
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, afirmó que los procedimientos de urbanización en la Comunidad Valenciana son “mejorables”, debido a que “ha primado el interés individual”.
En su opinión, en todo el litoral mediterráneo, desde Castellón hasta Murcia y algunas zonas de Andalucía, ha habido un proceso “muy fuerte de urbanización”. Ese proceso, agregó, se ha desarrollado desde la perspectiva del planeamiento urbanístico, sin que hubiera un planeamiento territorial “integrador y coordinador”, en contraste con otras zonas de España.- (EFE)
No hay comentarios:
Publicar un comentario