MADRID.- La reestructuración del sector financiero es imposible sin la colaboración estrecha del regulador. Así sucedió en los ochenta, que es el modelo que se ha tomado como referencia, y así se tiene que hacer en esta ocasión. Esto exige una relación fluida y, sobre todo, complicidad. Una situación que es imposible en un clima de desconfianza y sobre todo desde el convencimiento de que Miguel Angel Fernández Ordóñez ha hecho una gestión nefasta, según 'La Voz Libre'.
El Gobierno es consciente de que no tiene tiempo, porque quiere que el proceso esté concluido en el primer semestre. Pero Mariano Rajoy ha dejado claro que cumplirá estrictamente los calendarios establecidos por ley. Está convencido de que sólo así podrá combatir la crisis institucional que también asola España.
De acuerdo con este calendario, el gobernador del Banco de España tiene que estar en su cargo hasta junio, que es cuando cumple el mandato de seis años para el que fue elegido. No obstante, existe un resquicio, que fue precisamente el que utilizó el propio Fernández Ordóñez. En marzo abandonó la Secretaría de Estado de Hacienda y se incorporó al Banco de España. No fue designado gobernador hasta junio, pero el gesto fue suficiente para inhabilitar a Jaime Caruana y su equipo y dejar claro quién tomaba el mando.
El PP puede repetir ahora esta misma jugada y ganar al menos un trimestre para rematar la operación de saneamiento financiero, principal objetivo del PP en estos momentos.
De momento ha empezado a estrechar el cerco a Fernández Ordóñez. Cuenta con los informes de la inspección en los que se pone de manifiesto que la gestión en las siete entidades intervenidas durante la crisis ha sido arbitraria. Es decir, ya no se trata del conocido retraso en la adopción de decisiones, sino de adoptar medidas que no han sido suficientemente contundentes cuando los afectados eran del Partido Socialista.
El ariete de la estrategia popular para descalificar al gobernador es muy sencillo y populista: los sueldos a los ejecutivos de las entidades intervenidas. Se trata de hacer frente a la “inquietud y el rechazo social” que han producido en la ciudadanía los salarios o indemnizaciones millonarias percibidas por los directivos de firmas que han terminado siendo intervenidas o nacionalizadas, como Caja Mediterráneo o Novacaixagalicia. Tal como ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “la voluntad del Ejecutivo es afrontar de forma directa” el problema e involucrar al supervisor en el control de los emolumentos percibidos. Luego, el Ejecutivo actuará en consecuencia.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, remitirá esta misma semana una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, exigiéndole que “explique, razone y justifique” la retribución fija y variable recibida por los directivos de las entidades financieras, a fin de conocer si las considera “adecuadas” dada la situación actual. El Ejecutivo, aseguró, busca evitar que se premie “a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la necesidad de recibir dinero público para continuar su actividad”.
Tras esta noble intención del Gobierno de evitar algunos de los abusos que se han producido, se esconde el inicio del cerco al gobernador que irá creciendo hasta forzar su salida lo antes posible.
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