VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM ha aprobado este miércoles fija la petición de documentación de la caja a la propia entidad financiera, al Banco de España y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta la actualidad para estudiar la responsabilidad de gestores y fiscalizadores en el proceso que ha llevado a la CAM a una situación como la actual en la que, incluso, "podría desembocar en la desaparición de la sociedad", según consta en la convocatoria de la comisión. Sin embargo, las peticiones de comparecencias de los grupos no se podrán sustanciar hasta el próximo mes de marzo.
De esta manera, los grupos --excepto Compromís, en protesta porque se ha votado por separado la petición de documentación y de comparecencias-- han fijado un calendario para la Comisión que establece que ésta se reunirá de nuevo el próximo 15 de marzo a las 10.30 horas. Esta comisión tiene una vigencia de seis meses, aunque podría darse el caso de que se prorrogara --pero debería aprobarse en el pleno de las Corts--.
Previamente, el 29 de febrero se establece como fecha tope para recibir la documentación solicitada y el 12 de marzo como límite para presentar las propuestas de comparecencias y el 18 de mayo para que se sustancien. Será en el mes de junio cuando se elabore el dictamen de la Comisión y se someta al pleno de las Corts.
Tanto EUPV como Compromís han lamentado que 'populares' y socialistas se hayan "olvidado" del "problema" de las cuotas participativas. En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró considera que los dos partidos mayoritarios han "marginado" el asunto de las cuotas participativas en la comisión.
El PP ha aceptado todas las propuestas de petición de documentación presentadas por los grupos de la oposición, salvo un informe sobre las personas, empresas o gobiernos involucrados en negocios con la CAM en el extranjero. Tanto 'populares' como socialistas lo han considerado "poco serio". Incluso, el socialista Ángel Luna ha llegado a ironizar sobre esta solicitud y ha preguntado si habría que pedir esta documentación al FBI.
Tanto Compromís como EUPV han protestado porque la Mesa de la Comisión haya decidido aplazar hasta marzo la votación de las comparecencias. En este punto, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha achacado esta decisión a un acuerdo entre PP y PSPV.
"No es casual" este entendimiento --entre PP y PSPV-- para que las comparecencias --que incluyen a los expresidente de la Generalitat y responsables de la CAM, el Banco de España o el IVF-- sean en marzo, con el objetivo de "no interferir" en la compra de la entidad por parte del Banco Sabadell en ese mes. En su opinión, esto supone someter a las Corts a un "interés" externo al de la propia Cámara.
Tanto el diputado socialista y vicepresidente de la Mesa, Ángel Luna, como el 'popular' David Serra, han criticado la intervención de Mollà y han justificado la petición de comparecencias en marzo. Se trata de estudiar primero la documentación y aprovechar así estas intervenciones "sabiendo de lo que hablamos" y solicitarlas así "con más rigor", han señalado.
Luna ha opinado que el plan de Compromís pasa por "buscar titulares", en lugar de tomárselo con "seriedad", mientras que Serra ha afirmado -hasta en dos ocasiones- que Mollà "es un ejemplo de la 'generación NIP': "ni puñetera idea". Así, ha descalificado la intervención de la diputada de Compromís al considerar que actúa "sin conocimiento ni rigor".
"No proponen nada serio", ha apostillado.
La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España y las inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre las inspecciones de la caja, así como la intervención del Banco de España.
También se estudiará la estrategia empresarial de la caja de ahorros y la vinculación de la CAM con proyectos empresariales como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz; o la relación con empresas y proyectos inmobiliarios. También la relación contractual de los propios consejeros de la caja con la entidad y las retribuciones de los mismos, entre otros asuntos.
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