ALICANTE. El contrato de montaje de
escenarios e infraestructuras para actos festivos y culturales del
Ayuntamiento de Alicante, conocida como la contrata de la sillas,
continuará hasta junio de 2022 en manos de la UTE que se hizo con el
servicio en 2017. Se trata de la alianza empresarial compuesta por Sit
Down, APQ Stage Iberica y Fiestas Infantiles Pequeñín, que pudo asumir la prestación de manera efectiva a partir del verano de 2018, después de que se resolviese el recurso presentado por un licitador competidor (Montajes Alavés).
El
bipartito compuesto por PP y Cs aprobó este martes en Junta de Gobierno
la única prórroga prevista en la licitación convocada en 2016, tras
informar favorablemente sobre la solicitud presentada por la propia
concesionaria. El
acuerdo comprende el reconocimiento de un gasto equivalente al precio
de la oferta con la que la UTE ganó el concurso: 1.165.283 euros. O
lo que es lo mismo, la empresa completará los cuatro años de prestación
que se contemplaban de inicio con unos ingresos de más de 2,3 millones.
Lo
cierto es que la ampliación del plazo del contrato en manos de la UTE
-uno de los primeros que consiguió poner en marcha el extinto tripartito
(PSOE, Guanyar y Compromís)- llega antes de que se hayan dirimido las
supuestas irregularidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en
las dos contrataciones anteriores, adjudicadas a la empresa Isjoma a
partir de 2003, bajo los mandatos precedentes del PP.
Salvo que la Audiencia acabe estimando los recursos presentados por los acusados, las dos adjudicaciones abocan a los exediles Andrés Llorens y Juan Zaragoza a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados como presuntos autores de sendos delitos de prevaricación. Hasta el momento, el juicio sobre la causa original sobre el contrato de 2003 queda a la espera de que se dirima si debe fundirse con las diligencias sobre la segunda adjudicación, en 2009, en función de la solicitud presentada por las defensas, como informó Alicante Plaza.
Por
otra parte, al margen de la prórroga del contrato sobre el montaje de
infraestructuras festivas, el bipartito también aprobó este martes en
Junta de Gobierno el proyecto modificado para la rehabilitación de 250
viviendas y cinco locales comerciales de Juan XXIII, sin incluir ninguna
modificación en su importe económico (1.066.944 euros).
En la misma línea, PP y Cs también aprobaron la contratación de dos técnicos de administración general y un arquitecto para la Concejalía de Urbanismo "con el objetivo de agilizar la tramitación de diversos planes urbanísticos", según precisó el edil responsable del área, Adrián Santos Pérez (Cs), a través de un comunicado.
"En estos momentos se esta trabajando en muchos grandes proyectos, entre los que se encuentran el Proyecto de la Ciudad de la Justicia, Plan Especial de Tabarca o la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante", añadió.
Por
último, la Junta de Gobierno también aprobó el concurso -bajo régimen
de arrendamiento- para el montaje y desmontaje de los vallados de
seguridad con motivo del disparo de las mascletades y castillos
de fuegos artificiales. El periodo del concurso abarca el trienio
comprendido entre 2020 y 2022. El gasto máximo autorizado es de 90.000
euros. En el caso de las mascletades, incluyendo el IVA, llega a
los 63.000 euros. Por lo que respecta al vallado de los castillos de
fuegos artificiales, se sitúa en 27.000 euros.
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