MADRID.- El Ministerio de Sanidad ha puesto en su punto de mira a la industria
farmacéutica y a las clínicas privadas. A los laboratorios les culpa del
crecimiento del gasto farmacéutico, «que supone más del 25% del gasto
sanitario total, y que sería mayor si no se hubiera trasladado parte del
gasto a los pacientes», algo que «puede poner en riesgo la estabilidad
económica del sistema», según recoge La Razón.
Según Sanidad, «este problema va a aumentar por
los elevados precios que reclama la industria farmacéutica para los
nuevos medicamentos». El Ministerio estima que «el gasto por
sobreprecio (por encima de los costes de fabricación y de investigación)
supone en España más de 8.000 millones de euros, que deberían revertir
en el Sistema Nacional de Salud para cubrir diferentes necesidades».
Con respecto a la Sanidad privada,
el Ministerio aboga por abordar, «en el sentido que orienta la Ley
1471986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con
financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como
la
financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de
salud», algo que se interpreta en el sector como un intento de suprimir
este modelo del que se benefician más de un millón de empleados
públicos.
También se interpreta como un intento de eliminar las desgravaciones de
hasta 500 euros de las que se benefician las empresas por el seguro
sanitario privado de cada empleado. Esto afectaría a unos tres millones
de españoles. El fin de Muface implicaría por su parte la desaparición de la sanidad privada al completo en algunas provincias españolas.
Éstas
y otras recomendaciones figuran en un borrador que ha elaborado el
departamento que dirige Salvador Illa en colaboración algunos expertos
muy vinculados a la izquierda, al que ha tenido acceso La Razón, y que
se denomina «Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS)
en la era post-Covid-19».
El texto, un «documento dinámico» cuya quinta
versión data de este martes, ha sido impulsado por el secretario
general y número dos de Illa, Faustino Blanco, alto cargo casi
desaparecido durante la pandemia antes de sufrir una enfermedad y que no
ha comparecido ni una sola vez ante la Comisión de Sanidad del
Congreso. Además, pretende servir de base para el informe sobre la
reconstrucción sanitaria que deberá votar la Cámara Baja el 22 de julio.
El
departamento de Illa dedica el capítulo 7 a elucubrar sobre el gasto.
Después de intentar culpar a los supuestos recortes del gasto aplicados
desde 2008 de la situación actual, aboga por una financiación suficiente
sin explicar de dónde vendrá, especialmente tras la caída de la recaudación
impositiva por la crisis provocada por el coronavirus.
En el capítulo
se alude de forma genérica a la necesidad de «herramientas potentes» que
garanticen e impulsen la equidad, la cohesión y la calidad de los
servicios sanitarios y encuadra las acciones sobre los laboratorios
farmacéuticos en las medidas para lo que denomina, «la eficiencia en el
gasto».
Según expone el Ministerio, las líneas estratégicas en política farmacéutica pasan además
por «potenciar la utilización de los medicamentos genéricos y
biosimilares y alcanzar precios justos basados en los costes de
desarrollo y producción de los medicamentos y un beneficio razonable
para estimular la innovación».
También propone «evaluar sistemáticamente
las prestaciones, tecnologías y medicamentos incluidos en la cartera de
servicios del SNS con criterios de eficacia, efectividad, eficiencia,
seguridad clínica (no hacer) y equidad», así como «potenciar la economía
de escala mediante las compras centralizadas». Sanidad incluye lo
expuesto sobre Muface e «integrar la evaluación económica como medida
transversal para evaluar la eficiencia de las decisiones sanitarias».
El documento alude también a la necesidad de promover la formación continuada desde el entorno público.
«La formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la
calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las
influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito
público», subraya.
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