sábado, 29 de mayo de 2010

El absentismo laboral de los controladores del Aeropuerto de El Altet alcanza el 33%

ALICANTE.- El absentismo laboral de los controladores del Aeropuerto de El Altet "se ha disparado en las últimas semanas a una tasa del 33 por ciento, y ha llegado a alcanzar el 50 por ciento de la plantilla", según informó en un comunicado el Ministerio de Fomento.

Aena está investigando, en colaboración con los servicios de Inspección Médica de la Seguridad Social, esta "extraña coincidencia en el tiempo de tal cantidad de bajas laborales". Aena "tomará medidas" ante cualquier situación "no justificada", ya que este nivel de absentismo laboral "terminará repercutiendo en el servicio que reciben los pasajeros".

Durante la madrugada de ayer, en una franja horaria en la que no había previstos vuelos --entre las 02.00 y las 05.00 horas--, el Aeropuerto "no tuvo ningún controlador, por lo que no admitió tráfico".

En los últimos días del mes de mayo "hasta 10 controladores, un 50 por ciento de la plantilla de Alicante, ha estado de baja, con periodos de coincidencia simultánea de siete controladores, un 33 por ciento del total".

Según Aena, "no se trata de que la plantilla de controladores de Alicante --21 en total-- sea escasa, sino de que un 50 por ciento de la plantilla de baja es inasumible para cualquier empresa".

El Instituto de Empresa Familiar denuncia que el crédito de las cajas no llega a las pymes

SITGES.- El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Simón Pedro Barceló, pide que el proceso de fusiones entre cajas de ahorros en España vaya acompañado de mejoras en su organización y gestión, ya que algunas arrastran los "errores" de un exceso de politización y falta de profesionalización.

Barceló defendió que "el Gobierno no puede limitarse a poner recursos y a dar por finalizado el proceso" cuando se culminen las fusiones.

Así, recalcó que "si los partidos políticos no renuncian a una parte de las cuotas de poder y no promueven un cambio, el esfuerzo --de las fusiones-- no habrá servido y se estarán malgastando los impuestos que pagan ciudadanos y empresas".

Barceló aprovechó para reivindicar que el crédito sigue sin llegar a las pymes y autónomos aunque cuenten con negocios viables, lo que les lleva a una situación "crítica" y les impide centrarse en las estrategias de actividad para salir de la crisis.

En el caso de las empresas del IEF, explicó que consiguen financiación, aunque a un precio más alto, y que están creciendo gracias al mercado internacional.

Para ayudar a la salida de la crisis, pidió el liderazgo del Banco de España: "Es fundamental que su opinión inspire en buena parte la política económica del Gobierno".

El Banco de España habla claro sobre los activos inmobiliarios de las entidades financieras

SITGES.- El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, afirma que bancos y cajas no tienen más alternativa que cumplir con la nueva norma de provisiones, y constató que el mensaje que subyace con la reforma es claro: "Los bancos no son inmobiliarias".

En el foro de empresarios del Círculo de Economía reunido en Sitges (Barcelona), Roldán recordó que las entidades financieras tienen activos reales inmobiliarios en sus balances como consecuencia del crecimiento del crédito en años previos del verano de 2007 y dijo que es natural que estos activos a corto plazo entren en el balance bancario.

"Pero el papel de un banco no es constituirse en un inmobiliaria si no que es conceder créditos", si bien dijo que la reforma debe hacerse con tranquilidad.

Esta semana, el Banco de España anunció su intención de elevar al 30% la provisión que bancos y cajas deberán realizar sobre el valor de tasación de los activos inmobiliarios que hayan permanecido en su balance durante más de un año.

Sobre esta medida, el director general de La Caixa, Joan Maria Nin, dijo que un mejor calendario de provisiones, más exigente, permite empujar y terminar de clarificar para una entidad el proceso de deshacerse de activos inmobiliarios. "No somos inmobiliarios y unas buenas provisiones ayudan", aseguró.

Precisamente, estos días la filial inmobiliaria de Caja Mediterráneo (CAM), Mediterránea, acaba de lanzar una campaña en la que se ofertan más de un millar de inmuebles con descuentos de hasta el 70 por ciento.

La iniciativa estará vigente hasta el 30 de junio y garantiza un descuento mínimo del 20 por ciento en los inmuebles.

viernes, 28 de mayo de 2010

Camps amenaza con fundar un partido regionalista si Rajoy le obliga a dimitir

ALICANTE.- El PP es una olla a presión. El auto del juez Pedreira aceleró los movimientos para tratar de buscar una salida al futuro del presidente de la Generalitat, dispuesto, al menos por ahora, a atrincherarse, pero que ya se aferra al último asidero del precipicio. Y el titular del Consell parece estar decidido a morir matando, según 'Información' y 'Levante'.

Hasta el punto, de que hace unos días llegó a amenazar a un interlocutor de Génova con romper el PP y liderar una escisión de corte regionalista en los próximos comicios autonómicos de 2011 en el caso de que se le obligue a dimitir. Así lo sostienen dirigentes populares.

En cambio, Presidencia rechazó tajantemente este extremo. Tras conocerse el auto, en las filas del PP se desató la tensión. En Génova, de momento, guardan silencio. Aunque la procesión vaya por dentro. Mariano Rajoy permaneció reunido en la sede con algunos de sus más directos colaboradores. No hubo ni declaración oficial del PP tras conocer el durísimo auto de Pedreira ni tampoco un comunicado de apoyo a Camps.

Lejos de eso, en estos momentos, en Génova se empieza a interiorizar la necesidad de que el presidente de la Generalitat debería preparar las maletas y marcharse para no deteriorar, aún más, la imagen del PP. Desde Génova esperan su reacción para afrontar una decisión definitiva.

Al PP le aprietan los plazos. Entre junio y julio, la dirección que encabeza Mariano Rajoy tiene que decidir los candidatos en las trece autonomías que celebran sus comicios en 2011. Y el escándalo que los populares tienen montado en Valencia condiciona todo el proceso. Máxime cuando existe pleno convencimiento de que, en ningún caso, Camps debe seguir por mucho tiempo -el tope máximo es la apertura de juicio oral- y que, por tanto, no debe ser candidato.

¿El problema? Mariano Rajoy, reacio a tomar decisiones fulminantes, no quiere destituirle directamente desde Madrid. Pretende, de alguna manera, repetir con el jefe del Consell la operación que ensayó en su día con el ya ex senador Luis Bárcenas. Es decir, propiciar que sea el propio Camps el que decida marcharse para atajar la crisis del partido y, acto seguido, plantear la suspensión de militancia.

El escollo, en estos momentos, es que el presidente de la Generalitat no está por la labor de dejar el cargo y centrarse en su defensa judicial. Todo lo contrario. Se mantiene en sus trece de atrincherarse y venderá cara su derrota. La revelación de cargos del PP sobre las insinuaciones de Camps para "resucitar" el regionalismo, que se quedó sin representación en las Corts en 1999, y liderar otro partido en 2011 son una muestra del escenario de tensión.

Bruselas deja en evidencia la liquidez de la CAM y Bancaja

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha registrado una pregunta dirigida al Consell en la que solicita que "se responsabilice" y "dé explicaciones" en las Corts Valencianes sobre la suspensión por parte de la Comisión Europea (CE) de los expedientes de concesión de avales de la Generalitat a Caja Mediterráneo (CAM) y a Bancaja, por creer que "atentan contra las normas del mercado común".

En un comunicado, Compromís señaló que en diciembre de 2009 el Consell "aprobó una medida para favorecer supuestamente la financiación empresarial mediante avales de 300 millones de euros de la Generalitat a CAM y Bancaja", que ahora se encuentra "paralizada" por la CE "porque considera que avalar la titulación de activos a la CAM y Bancaja para la emisión de valores de renta fija que supuestamente tiene el objetivo de financiar empresas atenta contra las normas del mercado común".

La diputada de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, criticó que, de este modo, "quedan de nuevo en evidencia las supuestas medidas que dice estar tomando el gobierno de Francisco Camps contra la crisis".

"Anuncian 300 millones para las pymes, que en realidad eran avales a la CAM y Bancaja para que las dos cajas consiguieran financiación de terceros para poder dar créditos a los empresarios, y resulta que esto atenta contra las normas del mercado común y la Comisión Europea lo paraliza", reprobó.

En este sentido, Mollà denunció que "al final, las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana se quedan sin un céntimo de la financiación que en teoría les iba a llegar de parte del gobierno del PP".

Recalcó que Compromís criticó en su día esa "práctica de conceder avales para la titulación de activos a una entidad privada", puesto que, en su opinión, "los títulos de las cajas de ahorro deben estar avalados por su propio patrimonio y por su propia actividad, no por los recursos públicos".

Mollà indicó que "si CAM y Bancaja fueran la banca pública de la Generalitat no harían falta avales, ya que directamente formarían parte del sector público, con todas las ventajas para la sociedad de disponer de un banco público", pero "ese modelo de banca pública lo rechaza el PP, y lo que no se puede pretender es que las cajas sean públicas para unas cosas y privadas para otras, según los intereses del Consell", reivindicó.

Hizo hincapié asimismo en que, "como ha señalado la Comisión Europea, esa forma de actuar es manifiestamente incompatible con el mercado comunitario y con los intereses de la población que esperan que los recursos públicos se destinen a favorecer los intereses generales y no a garantizar resultados contables positivos de entidades privadas por muy caja de ahorros que sean".

Aprobado un decreto ley que suprime trámites urbanísticos en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El Gobierno valenciano aprobó hoy un decreto ley de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y generar empleo, a propuesta de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

La norma, que adelanta algunas de las medidas que contemplará la futura reforma de la ley urbanística valenciana, suprime trámites urbanísticos como el concierto previo o la cédula territorial de urbanización, así como la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y permite a los ayuntamientos reducir hasta un 50 por ciento el canon por actividades en suelo no urbanizable.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, destacó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Ejecutivo autonómico, que los objetivos del decreto son "reducir y simplificar la tramitación urbanística, facilitar el desarrollo de las actividades productivas y potenciar la inversión pública".

La norma otorga "más posibilidades de actuación a los ayuntamientos" y "simplifica y agiliza la tramitación de los planes urbanísticos", explicó, al tiempo que justificó su aprobación por decreto ley porque es "urgente adoptar medidas positivas" ante la actual situación de crisis.

Para ello, indicó que se modifica "puntualmente" la normativa urbanística, concretamente la Ley Urbanística Valenciana, la ley de Suelo No Urbanizable, la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, citó.

Remarcó que no se trata de una "reforma global de la legislación urbanística" e incidió en que las medidas son "coherentes" con el borrador de la futura modificación de la ley urbanística. Las calificó de "necesarias para poder reaccionar de forma inmediata y eficiente" a la crisis.

Así, explicó que se adelantan "algunas modificaciones concretas" que contemplará la nueva ley "para reducir la burocracia y agilizar iniciativas en la creación de empleo".

Las medidas se han consensuado con los agentes económicos y los ayuntamientos, aseguró Sánchez de León, quien especificó que cuentan con "todas las garantías jurídicas, como cualquier norma que emana del Gobierno de la Generalitat", y "han pasado todos los filtros e informes necesarios para estar absolutamente dentro de la legalidad vigente".

El decreto suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales de ordenación urbana, dado que de este modo se facilitará la aplicación de la nueva evaluación ambiental estratégica, se eliminarán dudas jurídicas y se reducirá considerablemente el tiempo necesario para aprobar un plan, según explicó el Consel.

También se elimina la Cédula Territorial de Urbanización, necesaria hasta el momento para tramitar planes de desarrollo que modifiquen la ordenación estructural del Plan General, así como la exigencia de que los suelos dotacionales de red primaria adscritos a un sector, es decir, parques, espacios libres, infraestructuras de transportes y comunicaciones, sean colindantes o adyacentes al sector.

Desaparece la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, y sólo será necesario con la publicación en el Boletín de la Provincia. Se limita el contenido de la publicación al acuerdo de aprobación y a la normativa, sin que se tengan que publicar los planos de ordenación.

El decreto ley también elimina la exigencia de nueva Declaración de Interés Comunitario para reformas sin ampliación exterior de edificios previamente autorizados en suelo no urbanizable.

Asimismo, se suprimen determinadas restricciones para el desarrollo de actuaciones de renovación o reforma interior en suelo urbano, lo que facilitará la rehabilitación de centros históricos, o regeneración de barrios donde hay industrias, según el Consell.

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

Asimismo, esta norma establece un nuevo procedimiento de urgencia para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable --como casas rurales, tiendas de productos agrícolas o campings--, de forma que el periodo máximo para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) pasa de seis a tres meses.

A través de este decreto ley también se adapta el canon por actividades en suelo no urbanizable a las dificultades financieras de la empresa, de forma que se da a los ayuntamientos la capacidad de determinar la cuantía del canon y les permite otorgar prórrogas, fraccionamientos o reducciones, especialmente para actividades que crean empleo.

Además, el Ayuntamiento puede proponer una reducción de hasta el 50 por ciento del canon cuando se trate de actividades productivas que puedan crear empleo.

Por otro lado, se permite que los ayuntamientos puedan disponer del canon por actividades en suelo no urbanizable sin necesidad de tramitar programas de sostenibilidad para poder utilizar esos recursos.

Asimismo, Sánchez de León explicó que mientras "dure la situación de crisis, los ayuntamientos que se vean obligados a resolver PAI porque el agente urbanizador no pueda cumplir los plazos de ejecución, podrán evitar que el suelo afectado pierda automáticamente la condición de urbanizable", salvo que así lo decida expresamente el Consistorio.

Esta medida, que tendrá validez hasta que concluya 2012, fecha que podrá ser prorrogada, permitirá que los ayuntamientos puedan decidir entre mantener la clasificación del suelo como urbanizable, de modo que una vez mejore la actual situación de crisis puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos, o desclasificar el suelo y devolverlo a su situación de origen.

Los ayuntamientos también podrán disponer de manera inmediata de los ingresos del canon por declaraciones de interés comunitario para impulsar la construcción de viviendas de protección pública. Se potencian también las posibilidades de actuación de las empresas públicas, como Vaersa, la Entidad de Saneamiento o el Instituto Cartográfico Valenciano, indicó Sánchez de León.

La portavoz del Consell remarcó que con la aprobación de este decreto "se evidencian claramente dos formas diferentes de gobernar y de encarar los problemas y la crisis".

Así, señaló que frente al real decreto "de la soledad y la debilidad" del Gobierno estatal, que se "ceba con los más débiles" y que, en la Comunitat Valenciana, afectará a "200.000 empleados públicos, muchos de ellos mileuristas" y a 700.000 pensionistas "que perderán 150 millones de euros", el Ejecutivo valenciano se posiciona en favor de los sectores productivos, las empresas, el desarrollo económico y el empleo, aseveró.

Peralta destaca que la conducción Júcar-Vinalopó es una solución "importante, estratégica y permanente"

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró hoy que la conducción Júcar-Vinalopó es una solución "importante, estratégica y permanente" para las comarcas del sur, y destacó que supone una inversión total de algo más de 320 millones de euros.

Peralta, la Directora General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Marta Morén y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, visitaron hoy las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó a su paso por el municipio valenciano de Simat de la Valldigna.

En concreto, la Directora General del Agua pudo ver in situ las obras de calado del Túnel de la Sierra de Barxeta, segundo y último túnel de la Conducción, perteneciente al Tramo B, cuya apertura va a permitir que el agua del curso bajo del río Júcar pueda llegar en breve a las comarcas alicantinas del Vinalopó.

El Túnel de la Sierra de Barxeta tiene una longitud aproximada de 3.600 metros y su construcción se ha llevado a cabo utilizando un planteamiento mixto: desde el emboquille norte se ha perforado mediante el denominado 'nuevo método austríaco', es decir, con explosivos; y desde el emboquille sur se ha utilizado la misma tuneladora de doble escudo con la que se construyó el Túnel de la Sierra de Corbera.

El Tramo B del Júcar-Vinalopó es el único de todo el proyecto cuyas obras incluían la construcción de dos túneles: el de Corbera y el de Barxeta. Este tramo, con un presupuesto que ronda los 35 millones de euros, pasa por los términos municipales de Llaurí, Alzira, Carcaixent y Simat de la Valldigna, y tiene una longitud total de 12.848 metros, incluyendo los dos túneles mencionados y el Sifón Aigües Vives-Simat, de 6.300 metros de longitud.

Las obras del Túnel de Barxeta comenzaron el 1 de marzo de 2009 por su emboquille norte y el 23 de noviembre del mismo año por el emboquille sur. Mediante el denominado 'nuevo método austríaco' los trabajos se han prolongado alrededor de 16 meses, excavando aproximadamente 1.500 metros de túnel. Por su parte, la tuneladora de doble escudo ha construido alrededor de 2.100 metros de túnel en poco más de 6 meses. Finalmente ambos métodos se han encontrado.

En la parte del túnel construida la sección tiene forma de arco con unas dimensiones de 4,5 metros de altura y otros 4,5 metros de anchura.

En esta sección se construirá ahora un canal rectangular de hormigón armado de 4 metros de ancho por 2,5 de alto. Pero antes de construirlo se procederá al desmontaje de la tuneladora para poder extraerla del interior del túnel por el emboquille norte con un transporte especial, ya que la parte de túnel construida con tuneladora tiene un diámetro de 3,42 metros y, al igual que en el Túnel de Corbera, ha quedado revestida con dovelas prefabricadas de hormigón de 15 centímetros de espesor. El presupuesto de ejecución material del Túnel de Barxeta asciende a 11,2 millones de euros.

La Conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura hidráulica que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la sociedad estatal Aguas del Júcar, S.A. (acuaJúcar), cuyo principal objetivo es recuperar los acuíferos sobre-explotados del Vinalopó.

La obra cuenta con una subvención de fondos Feder de unos 120 millones. La cantidad no aportada por la Unión Europea corre a cargo del Gobierno de España, aproximadamente 148 millones y financiación externa.

OBRA PRACTICAMENTE ACABADA

En estos momentos, "se puede considerar que la obra está prácticamente acabada, a expensas de finalizar el canal en el interior del túnel 2 excavado en Simat- Barxeta, pendiente asimismo de los trabajos relacionados con la instalación del telemando y -finalmente- que se realicen las pruebas técnicas oportunas antes de su puesta en marcha efectiva", según el ejecutivo central.

Se prevén realizar algunas pruebas parciales y ajustes durante el mes de agosto de 2010, que permitan a finales de septiembre-primeros de octubre iniciar los bombeos desde el Júcar para las pruebas de puesta en carga del embalse de San Diego, según las mismas fuentes. La primera actividad de la conducción será la Puesta en Carga o Llenado controlado de la balsa de San Diego .

Se prevé que puedan transferirse hasta un máximo de 80 hm3/año de recursos sobrantes del Júcar al Vinalopó y una vez satisfechas las demandas y las garantías de la cuenca cedente, en especial las medioambientales.

El PSPV dice que Sáenz de Santamaría "no quiere fotografiarse" con Camps porque es un "cadáver político"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Carmen Ninet, manifestó hoy que la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "no quiere fotografiarse" con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque el PP de Génova "ya se ha dado cuenta de que es un cadáver político" y "su futuro pasa por juzgados y, probablemente, por los calabozos".

Ninet, que se pronunció en estos términos, a través de un comunicado, después de conocer "el nuevo plante de Génova a la dirección regional" tras anular la visita a Valencia que tenía previsto hacer Sáenz de Santamaría el próximo lunes, remarcó que Camps "representa el pasado de esta Comunitat" y es "un imputado, procesado por graves delitos que está absolutamente solo y aislado".

La responsable socialista indicó que la dirección nacional del PP "ha tardado, pero por fin se ha dado cuenta de que Camps es un cadáver político del que nadie con aspiraciones quiere estar cerca".

"Su futuro pasa por los juzgados y, probablemente, por los calabozos", añadió, y, en este sentido, aseguró entender que Soraya Sáez de Santamaría "no quiera fotografiarse con él, porque sería una mancha en su imagen".

La diputada destacó que "nadie" de la dirección nacional en Madrid "quiso acudir a aplaudir" a Camps en el acto 'Nosotros cumplimos' del pasado sábado, y apuntó que el líder del PP, Mariano Rajoy, "ya le ha dicho a Camps que se olvide de ese acto de proclamación de candidato previsto para julio en la plaza de toros".

Ninet lamentó que algunos diputados y alcaldes "continúen fingiendo en público que apoyan a Camps e incluso le aplaudan y, cuando éste se da la vuelta, reconocen que lo que más le conviene al PP y a nuestra democracia es que se le aparte del cargo y se centre en su defensa, porque lo va a tener muy difícil".

La dirigente socialista citó "los varapalos de las sentencias recientes", y recomendó a los amigos de Camps, "si es que tiene alguno además de Álvaro Pérez, que le indiquen el camino más adecuado: su dimisión".

La parlamentaria subrayó que Camps "se ha inventado una conspiración inexistente y ficticia de todo un estado democrático que pretende acabar con él".

"Sin duda es una persona que no está en condiciones de ostentar la principal responsabilidad de esta comunidad autónoma", aseveró.

Ripoll afirma que "nunca" estará "en otro partido distinto del PP"

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante y del PP en esta provincia, Joaquín Ripoll, aseguró hoy que "nunca" estará "en otro partido distinto al PP", al ser preguntado por los medios sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudiera formar un partido regionalista.

Joaquín Ripoll señaló tras la pregunta que "hoy no opina nada" sobre este tema y rechazó hacer un pronunciamiento porque "no ayuda a nada, ni en un sentido ni en otro".

Por ello, optó por ser "prudente" y "no opinar", puesto que "a veces, en la vida, hay que tener periodos de reflexión", aunque incidió en que él "nunca" estará "en otro partido distinto del PP".

Además, Ripoll indicó que "la competencia" en este asunto "no es de la ejecutiva provincial de Alicante del PP", que "será disciplinada y respetuosa con lo que vaya sucediendo".

Grecia suprime dos tercios de sus ayuntamientos para recortar el gasto público

ATENAS.- El Parlamento griego aprobó anoche por ley la reducción de su número de ayuntamientos de 1.034 a 355, lo que supondrá un ahorro de 1.185 millones de euros anuales para el país.

Ahogado por el endeudamiento del país, el gobierno ha decidido reformar su administración con ayuntamientos con más poder que tengan un mínimo de 10.000 habitantes y puedan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Los parlamentarios del oficialista partido socialista Pasok, junto a tres legisladores disidentes, votaron a favor de la normativa, que fue aprobada por 160 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

Para aligerar la administración, el severo recorte de personal reducirá a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos.

La nueva ley establece además que, a partir de 2014, las elecciones municipales se celebrarán cada cinco años, y no cada cuatro como hasta ahora, para hacerlas coincidir con los comicios europeos, lo que supondrá un ahorro estimado de 75 millones de euros.

La reforma administrativa ha sido recibida con fuertes protestas por parte de los empleados locales, que esta semana han bloqueado carreteras y se han manifestado ante el Parlamento.

Grecia aprobó recientemente un plan de austeridad de 30.000 millones de euros, con importantes recortes salariales del sector público y congelación de pensiones para sanear las endeudadas cuentas públicas.

La CAM reconoce haber sentado con Bancaja y constatado la inviabilidad de una fusión

ALICANTE.- El director general de Caja Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, ha afirmado que, si bien desde hace ya 22 años se han registrado reuniones entre la entidad alicantina y Bancaja para analizar una posible fusión o integración, "nunca se llegó a apreciar la viabilidad total" de este proyecto.

"Pese haberlo valorado de manera reiterada, pues tenía sentido común -ha dicho López Abad- compartir a nivel de Comunidad un proyecto financiero como éste, precisamente, por el nivel de prestación de servicios que teníamos los intermediarios financieros en la Comunidad", no se alcanzó una apreciación de viabilidad total.

Así se ha manifestado el director general de CAM al ser preguntado si en las últimas semanas se ha estado cerca "más que nunca" de una integración CAM-Bancaja.

"Han habido sentadas desde hace 22 años", ha recordado López Abad, quien ha añadido que esta posibilidad de proyecto "se ha estado valorando permanentemente".

Según ha expuesto, en pocas comunidades autónomas o en pocos mercados financieros -en alusión a la Comunidad Valenciana- puede haber "la rivalidad competitiva que existe aquí" y, por ello, tanta facilidad en términos de acceso a mejores condiciones en las operaciones financieras "que aquí tiene un cliente".

Esta competencia, según ha explicado, "no ha quitado que hayamos sido socios en proyectos de interés" para la Comunidad Valenciana ni tampoco "el haber compartido visión de futuro y un nivel de amistad y de compromiso financiero tremendamente satisfactorio".

jueves, 27 de mayo de 2010

El PP rechaza que la Sindicatura de Comptes fiscalice las cuentas de los partidos y sus fundaciones

VALENCIA.- El PP en las Corts rechazó hoy una propuesta conjunta de Compromís y PSPV -a través de una enmienda de aproximación a una proposición no de ley de la coalición-- para que la Sindicatura de Comptes pueda fiscalizar las cuentas de los partidos políticos; así como de las federaciones y agrupaciones de personas electoras que participen en el proceso de financiación de los mismos y de las fundaciones y asociaciones sometidas al protectorado de la Generalitat y vinculadas orgánicamente a partidos políticos.

PSPV y Compromís acordaron pedir al Consell que modifique la Ley de la Sindicatura de Comptes para que esta institución fiscalice la contabilidad de los procesos electorales cuyo ámbito se circunscribe a la Comunitat Valenciana, y también la contabilidad y la actividad económica y financiera de los partidos políticos, federaciones y agrupaciones de personas electoras que participen, en los términos previstos en la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos.

También serán objeto de fiscalización las fundaciones y asociaciones sometidas al protectorado de la Generalitat y vinculadas orgánicamente a partidos políticos.

Apuestan por que la Sindicatura de Comptes evalúe si la gestión de los recursos humanos, materiales y del fondo presupuestario se han desarrollado de forma económica y eficiente, en cumplimiento de los objetivos previstos; así como que se dote a la Institución de los recursos necesarios para realizar auditorías integrales de todo el sector público valenciano.

PSPV y Compromís mostraron su deseo de que se garantice que la Generalitat presente para su fiscalización las cuentas consolidadas y que se dote a la Sindicatura de Comptes de capacidad sancionadora en caso de obstrucción a su labor fiscalizadora y en los casos de falta de rendición de cuentas.

Del mismo modo, piden que la Sindicatura de Comptes pueda recomendar a la Administración autonómica que suspenda las transferencias y subvenciones a aquellos municipios que no remitan sus cuentas anuales.

La portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà dijo no entender que el PP "que considera que es el Gobierno más transparente y democrático" no quiera "avanzar hacia cuestiones que mejoran el control de la administración", cuando además, la Generalitat, "a día de hoy, está en el punto de mira como protagonista principal de un entramado corrupto".

La diputada de la Agrupación de Diputados No Adscritos Marina Albiol señaló que lo que falta es "voluntad política para ampliar el control y la transparencia".

"El problema no es la ley sino que el Consell está instalado en la opacidad y el oscurantismo", apostilló.

La propuesta "elude" que los miembros de la Sindicatura sean elegidos por los mismo partidos que deben otorgarle los medios para que realice su trabajo y son la falta de medios una de las causas de los "agujeros" en su fiscalización, apuntó.

El diputado del PP César Sánchez defendió la negativa de su grupo a apoyar esta propuesta alegando que hace referencia a cuestiones de competencia estatal y que algunas de las medidas que plantean ya están recogidas por la legislación vigente.

Por ello, recomendó que la propuesta debería dirigirse al Gobierno central, cosa que el PSPV "no hubiera apoyado", opinó.

Sánchez además subrayó que el PP "es el partido más transparente" y que la Sindicatura de Comptes no le ha encontrado "ni una sola responsabilidad contable" a las actividades de la Generalitat". Tras esto, pidió a la oposición que "respete" el Estado de Derecho y "no utilice la democracia para atentar contra la democracia como hace algunos en la Cámara".

En concreto, se refirió al síndic socialista, Ángel Luna, quien "no ha explicado de dónde sacó los documentos" que bajo secreto de sumario exhibió en las Corts. Así, apostilló que "no podrán dar un solo nombre del grupo 'popular que haya defraudado los intereses de los valencianos y su confianza".

El diputado del PP apuntó que a la oposición les gustaría que la Sindicatura de Comptes "en lugar de decir la verdad dijera sus mentiras y defendiera sus ideas partidistas". "Con tal de llegar al poder son capaces de cualquier cosa, incluso de atentar contra el de Estado de Derecho", reiteró

Tras esta intervención, la parlamentaria de Compromís reprochó a Sánchez que hubiera hecho un "ejercicio de clonación" con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y le recomendó que si tiene que hacerlo, no sea con el "'frikismo' político" que el jefe del Consell "lleva tiempo haciendo" porque "nos da vergüenza a todos", incluso a su propio partido".

Así, añadió que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "ya no quiere hacer ejercicios de frikismo acompañando a Camps" y le recomendó que no haga "estas cosas" con un "hombre que tiene la cabeza degollada políticamente. ¿Qué quiere, ir detrás de él?", y le recordó que César Sánchez "también aparece en el sumario" del 'caso Gürtel'.

Caja Cantabria tendrá dos miembros en el consejo del nuevo banco junto a CAM, Cajastur y Caja Extremadura

SANTANDER.- Caja Cantabria contará con dos representantes en el consejo de administración del banco que creará la entidad junto a CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Cajastur y Caja Extremadura, según informaron hoy en rueda de prensa el presidente y el director general de la entidad cántabra, Enrique Ambrosio Orizaola y Javier Eraso.

Aunque el protocolo de intenciones suscrito este lunes sólo da un representante en el consejo a la entidad cántabra, hay un acuerdo verbal para que al final sean dos. Lo mismo ocurre con Caja Extremadura, que también tendrá dos representantes en el Consejo.

En principio, el consejo de administración del nuevo banco quedará constituido por 12 miembros. Al presidente y consejero delegado, cargos que asumirán respectivamente Modesto Crespo (actual presidente de Caja Mediterráneo) y Manuel Menéndez (presidente de Cajastur), se suman los vicepresidentes primero, Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura), y segundo, Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria).

El órgano se completará con otros seis consejeros más nombrados tres a propuesta de la CAM y otros tres por Cajastur, más dos consejeros independientes.

Pero además, existe el compromiso de que en la primera reunión del Consejo se incorporen a él los directores generales de Caja Cantabria y Caja Extremadura, también como nombramiento nominativo.

Según explicó el propio Eraso, esas dos incorporaciones no han quedado reflejadas en el protocolo de intenciones porque "no se ha considerado conveniente" y por "simplificar" el procedimiento, pero el compromiso, aunque verbal, es firme. No obstante, lo que no está cerrado es si esos dos consejeros adicionales quedarán consolidados para el futuro o son sólo de momento para el arranque del SIP.

La participación de Caja Cantabria en el SIP ha sido precisamente uno de los aspectos que ha suscitado debate en el seno del Consejo de Administración de la entidad cántabra celebrado este miércoles.

Los consejeros han pedido que en la negociación que se abre ahora para firmar el contrato de integración y desarrollar el proceso se intenten "mejorar" los términos del acuerdo para Caja Cantabria en lo que respecta, por ejemplo, a las posibilidades de control y votación.

En cualquier caso, Ambrosio destacó que a pesar de que ha habido "matices", lo importante es que en la reunión del Consejo de Administración al final prevaleció el apoyo al proceso de integración. Además, resaltó que en la negociación ha primado el futuro de la caja.

"A nosotros nunca nos ha preocupado tener una foto más o menos bonita, sino la seguridad y el futuro de la caja", comentó.

La CAM anuncia que el SIP pedirá 1.600 millones al FROB y que mantendrá la marca en los territorios no naturales

VALENCIA.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, anunció hoy que el Sistema Institucional de Protección (SIP) en que se integrará con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria solicitará 1.600 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que, hasta que se constituya la nueva entidad, mantendrá la "marca CAM" en los territorios no naturales de estas entidades por ser "la más conocida y la de más prestigio".

Crespo se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación tras ser recibido por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acto en el que confió en poder culminar el proceso de integración "a final de año" y destacó que han logrado "un acuerdo de futuro" con el que van a "asegurar muchísimas cosas".

El presidente de la caja alicantina agradeció a Camps su "apoyo inconmensurable" durante las negociaciones, "implicándose y consiguiendo en algunos momentos incluso las conexiones necesarias, con sus habilidades y con sus conocimientos", para facilitar la consecución de un proyecto "de una eficacia total".

"Gracias presidente, porque somos nosotros los que hemos de agradecerte que un proyecto tan importante como la CAM se quede en Alicante", subrayó Crespo, quien destacó que van a "coliderar" la nueva entidad y valoró que este proyecto "no se haya marchado más allá de las fronteras de Alicante".

Además, resaltó que durante ese proceso también contaron "en todo momento" con el "apoyo" del vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, así como por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Respecto a la cantidad que solicitarán al FROB, precisó que pedirán "aproximadamente unos 1.600 millones de euros", pero "no porque sean necesarios", sino por "aprovechar la oportunidad" de optar a esas ayudas estatales.

En este sentido, aseguró que "el core capital y los activos resultantes de unir estas cuatro cajas son suficientes para poder afrontar perfectamente la situación actual" e incluso para cumplir los nuevos requisitos marcados por Basilea III. "Nosotros prácticamente lo cumplimos ya en este momento, pero esas ayudas están ahí y nosotros vamos a solicitarlas y luego ya, en su momento, haremos el uso que corresponda de ellas", subrayó.

Explicó que la nueva entidad será la que "marque las pautas" en asuntos como la actividad crediticia, dado que se trata de "un nuevo grupo".

"Si vamos a coliderar ese nuevo grupo, las cuestiones de riesgo y todas las decisiones importantes lógicamente tendrán que darse en el seno de ese nuevo banco o esa nueva entidad que se cree y comúnmente para todos", dijo.

Crespo indicó que para constituir esa nueva entidad solicitarán una nueva ficha bancaria al Banco de España, aunque comentó que cabe la posibilidad de que sea una "agrupación de cajas" y no un banco, dado que es una modificación que solicitará la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ante la reforma de la ley de Cajas.

Por otro lado, el presidente de la CAM aseguró que el SIP "en absoluto" afectará a las cuotas participativas emitidas por la caja alicantina y que, de hecho, "tal vez puedan coexistir" con otras cuotas que sí tengan derechos políticos, en caso de ser aprobadas.

Por su parte, Camps agradeció a los responsables de la CAM el "gran esfuerzo", el "tino a la hora de tomar la decisión" y el "buen trabajo" realizados para llevar a buen puerto la integración, al tiempo que se mostró "muy satisfecho" por el SIP porque "significa más años de estabilidad, de prosperidad y de creación de empleo".

Celebró así que "la provincia de Alicante, y por ende la Comunidad Valenciana, tengan una gran entidad financiera de referencia, como han tenido estos años, para seguir apostando por la realidad económica de la provincia, por los sectores productivos genuinos de Alicante y para seguir sirviendo a la mejor suerte de los ahorros personales y familiares" de sus ciudadanos.

Camps valoró que ese proyecto tenga una "visión nacional" y "de expansión", ya que "permite a la CAM expandir su visión y su capacidad de influencia y presencia en otros sectores y en otros territorios", al tiempo que remarcó que es "una gran noticia" para la CAM, para sus clientes, para sus trabajadores y para la economía de la Comunidad Valenciana. "Es un momento histórico", insistió.

Preguntado por si ha mantenido contactos del mismo tipo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, Camps aseguró que mantiene "contactos permanentes y constantes no ahora, sino desde hace muchísimos años" con los máximos representantes de Bancaja y CAM sobre "el presente y el futuro" de ambas entidades, desde la "leal colaboración" y la más absoluta "lealtad institucional".

Insistió en que los contactos con ambas entidades "son siempre al mismo nivel, al máximo nivel", aunque puntualizó que "en esta última parte del proceso" la relación con CAM "fue todavía más intensa" por la importancia de las decisiones que se estaban tomando.

En cuanto a si también apoyaría una fusión entre Bancaja y Caja Madrid, defendió la competencia de los órganos de gobierno de las entidades y replicó: "las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana son pilares fundamentales para nuestra economía y el que las sedes de las cajas de ahorro estén en nuestra tierra son garantía de directa relación con la realidad económica de nuestros sectores productivos y de los ahorradores de nuestra comunidad, por eso es fundamental que nuestras cajas de ahorro sigan estando en casa, como en este caso la CAM y también Bancaja".

"Y con eso he dicho mucho", concluyó.

El presidente de la patronal alicantina, COEPA, implicado en la financiación del PP

VALENCIA.- Las empresas del presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez, también aparecen implicadas en la supuesta financiación irregular de los populares valencianos, según 'El País'.

Según el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana -todos ellos relacionados con el sector de la construcción- asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular durante los años 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes.

Así, según el auto del juez Pedreira, el grupo Vallalba y sus sociedades Constructora Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste -sociedades controladas por el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez- pagaron a Orange Market casi 194.000 euros durante 2007 por supuestos trabajos.

Esta cantidad, según los indicios investigados, habría servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por los servicios prestados durante la campaña electoral autonómica y municipal de 2007.

Ese mismo año, las constructoras Facsa, con 150.000 euros, y Piaf, con casi 27.000 euros, también pagaron facturas a Orange Market que, supuestamente, sirvieron para aminorar la deuda oficial de los populares valencianos.

La investigación revela que también se produjeron pagos en dinero negro que, a pesar de no figurar en las cuentas del PP ni en los balances de las empresas, quedaron registrados en la contabilidad B de la trama corrupta.

Según el auto, "los gestores efectivos" de Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf habrían colaborado en un supuesto delito electoral.

En 2008, las constructoras que habrían financiado ilegalmente al PP valenciano serían las sociedades del Grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (130.000 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (más de 50.000 euros), Enrique Ortiz e hijos (100.000 euros) y, otra vez, Facsa (231.000 euros) y Piaf (3.800 euros).

La fiscalía considera que si los pagos investigados se refieren a los actos del PP con motivo de la campaña de las elecciones generales los hechos podrían ser constitutivos también de un delito electoral.

Unos delitos que se podrían sumar al de falsedad en documento mercantil, ya que las constructoras habrían intentado encubrir sus donaciones al PP.

EU señala la elevada deuda del consistorio de Alicante

ALICANTE.- El candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, denunció la elevada deuda del Ayuntamiento de la ciudad. "En los 15 años de gobierno del PP la deuda del consistorio aumentó un 240% hasta situarse en los 150 millones de euros", dijo.

Alarte exige a Camps que no use la Senyera para tapar sus vergüenzas

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, exigió hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "no use" la Senyera --bandera valenciana-- ni a los valencianos para "tapar sus delitos y vergüenza" por el caso Gürtel y dimita. Además, apuntó que tras el auto del juez Pedreira el presidente del PP, Mariano Rajoy, "ya no puede venir nunca más a hacerse la foto a la Comunitat" y se preguntó en ese sentido "qué tiene que ocultar" para seguir apoyando a Camps.

Alarte explicó que esta es su primera valoración pública desde el auto de inhibición del juez Pedreira porque esperaba sinceramente que Camps "dimitiera".

"Pero no sólo no ha dimitido sino que hoy ha puesto por delante la senyera y los valencianos para tapar sus vergüenzas", lamentó Alarte quien insistió en exigir "la dimisión" de Camps y la convocatoria inmediata de elecciones.

"Pero sobre todo --agregó-- que no nos pongan delante de sus delitos y sus vergüenzas a ninguno de los cinco millones de valencianos ni que empañe o ensucie ningún símbolo que no es propiedad suya porque nadie hubiera tenido la indecencia democrática de no haber dimitido con todo lo que está pasando".

Además, mantuvo que es "imposible" que "nadie en España entienda a estas alturas" que el presidente del PP "siga sosteniendo" a Camps, por lo que consideró que Rajoy es "sin duda responsable de todo lo que está pasando".

Alarte recalcó que tras este auto Rajoy "va a tener muy difícil venir a la Comunitat a hacerse una foto con Camps, no quiso venir el sábado pasado y creo sinceramente que ya no va poder nunca más a la Comunitat".

"Rajoy es responsable político de la trama Gürtel en la Comunitat de todo lo que está pasando y debe decirnos con claridad qué miedo tiene, qué oculta o qué sabe que no quiere que sepamos los demás para seguir protegiendo a Camps a pesar del auto de ayer", dijo.

En ese sentido, apuntó que "lo más triste de todo es que una vez más no hay ninguna capacidad de tomar decisiones" y lamentó que ha sido "una legislatura perdida en uno de los peores momentos de la economía valenciana".

Así, relató que si la legislatura empezó con "una división irreconciliables" en Alicante que "impide" al PP "la más mínima cohesión", continúa con Camps "sin gobernar para organizarle a Rajoy el Congreso, que algún día se sabrá qué pasó y si por eso Rajoy calla, y continuamos con la desvergüenza de Gürtel".

"Es hora de que alguien haga algo. Exijo a Rajoy y al PP que alguien haga algo porque muchos líderes del PP que hablan ya en privado y les gustaría hablaría en público piensan que Camps debería irse inmediatamente", apostilló.

Así, Alarte recordó que hace dos semanas dijo que "esto no era un problema de cuatro trajes, que en sí mismo ya era un problema, sino que era mucho más" porque "estamos ante contratos públicos de mucho dinero y una presunta financiación irregular".

De hecho, apuntó que tanto la fiscalía anticorrupción, como el juez Pedreira, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el Tribunal Supremo y "todas las instituciones judiciales que han de velar por el Estando de Derecho acusan e imputan a Camps y con él a un sinfín de cargos públicos con el vicepresidente del Gobienro, Vicente Rambla, varios diputado autonómicos, y hasta la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, están salpicados".

CAM calcula que la 'fusión fría' podría estar concluida jurídicamente antes de fin de año

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, calculó hoy que la integración de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria podría quedar concluida jurídicamente antes del 31 de diciembre de 2010.

En un encuentro informativo ofrecido hoy junto con el director general de la entidad, Roberto López, y la directora general adjunta, María Dolores Amorós, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado para constituir esta fusión fría, y trasladó su deseo de que quede constituido "cuanto antes".

El director general explicó que el calendario que afronta ahora la entidad para proceder a esta operación "es complejo", y detalló que "hay una parte legal" que requiere de la búsqueda de autorizaciones de los reguladores, --Banco de España, CMNV, entre otros organismos--, que requiere sus propios plazos, pero que podría extenderse "4 ó 6 meses".

"Nos encantaría que esto estuviera en condiciones de ser firmado antes del 31 de diciembre de este año, existe la mejor voluntad para hacerlo viable cuanto antes, pero esto no va a depender de nosotros", aclaró Roberto López.

Así mismo, el SIP exigirá un proceso de integración operativa con el que CAM pretende "ir integrando y unificando las cosas cuanto antes".

"Vamos a hacer los mejores esfuerzos, porque en términos de operatividad, de generar sinergias, de ahorrar costes, cuanto más rápido mejor", adelantó el director general.

Por su parte, María Dolores Amorós, precisó que la entidad podrá integrar sus resultados en el grupo, "cuando jurídicamente esté culminado el proyecto, y la vocación es que pudiera ser justo al cierre de este ejercicio si fuera posible".

En esta integración operativa, Roberto López consideró que el coste social va a ser "absolutamente mínimo", porque la operación elegida por CAM ha buscado precisamente que la "superposición de la red de oficinas y de clientes sea la menor posible" de todas las opciones estudiadas.

En este proceso de integración operativa, Roberto López aseguró que se buscará "la viabilidad de los procesos de integración para hacerlos compatibles con el menor ajuste traumático de empleo, con la menor movilidad de gente, y con el respeto de las ubicaciones en las que actualmente está la gente".

En este sentido, confirmó además que el ente central tendrá una sede en Madrid que "será mucho más conceptual que operativa", dado que las bases operativas "van a estar ubicadas en la medida que podamos, en las sedes de las antiguas cajas", aclaró.

A la espera de conocer el número de puestos de trabajo que se pueden ver afectados por esta operación, Roberto López aseguró que "no van a ser traumáticos".

Por otra parte, Roberto López se refirió a las reticencias de los sindicatos ante esta operación, y se mostró convencido de que por parte de los representantes sindicales "no hay una oposición al proyecto, sino al formato en el que en este momento la regulación legal permite hacer este tipo de operación".

El real decreto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) exige que la sociedad resultante del SIP de cajas de ahorro adopte el formato de banco, según recordaron a Europa Press fuentes de la entidad.

Al respecto, el presidente de Caja Mediterráneo aludió al nombre que adoptará este 'holding' o banco en el futuro, para señalar que "cuando llegue el momento propicio, que tal vez sea cuando se cree realmente ese banco, sea el momento en que entre todos se haga una valoración técnicamente de si realmente merece la pena seguir manteniendo la marca con el nombre CAM o implantar una nueva marca".

Entre las ventajas que esta operación dará a CAM, Roberto López destacó que la entidad podrá mantener su marca y su personalidad jurídica, obtener e integrarse en un proyecto con capacidad para liderar el sector financiero español, y con capacidad de crecimiento y aporte valor, para hacer cosas adicionales o mejorar las cosas que CAM lleva a cabo en la actualidad.

"Será un grupo capaz de generar economías de escala y economías de alcance que van a ser necesarias en el contexto competitivo en el que nos vamos a mover en los próximos años", subrayó al respecto.

Así, conformará el tercer grupo a nivel de cajas en el mercado español, con un potencial de negocio de 135.000 millones de euros en arranque, una capacidad de generación de margen superior al 3 por ciento en términos de ATM's, un nivel de eficiencia del 48 por ciento, y un nivel de solvencia que ya casi es adecuado a lo que exigirá en un futuro la normativa de Basilea III, destacó.

La asamblea de la CAM aprobará el SIP en septiembre

SANTANDER.- Caja Cantabria, CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Cajastur y Caja Extremadura convocarán hacia el mes de septiembre sus asambleas generales para dar el visto bueno definitivo a la creación del SIP (Sistema Institucional de Protección).

Antes de eso, el paso más inmediato es el que darán el próximo 14 de junio los consejos de administración de las cuatro entidades, que deberán aprobar ya el contrato de integración que desarrollará los contenidos del protocolo de intenciones suscrito el pasado lunes.

El contrato de integración se presentará al Banco de España el día siguiente, 15 de junio, y a partir de ese momento se abrirán las negociaciones con los respectivos comités de empresa para intentar llegar a acuerdos sobre el plan laboral.

La idea es que hacia el mes de septiembre las asambleas generales de las cuatro cajas puedan aprobar definitivamente el proyecto para comenzar su andadura, una etapa que, en Caja Cantabria, están seguros que traerá "éxitos" a la entidad.

Éste es el calendario con el que se trabaja para culminar el proceso de integración mediante 'fusión fría o virtual' que acaban de emprender las cuatro cajas. El presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, y el director general de la entidad, Javier Eraso, dieron cuenta hoy de ese calendario en rueda de prensa.

Según explicó Ambrosio, el nuevo grupo tendrá más de 5 millones de clientes y contará con presencia en todo el territorio nacional (más de 2.300 oficinas). Esa presencia será "significativa" en 23 provincias españolas. En concreto, tendrá una cuota de oficinas superior al 6 por ciento en ocho provincias, y de entre el 1% y 4% en otras 15.

El grupo --que alcanza los 177.000 millones de euros en volumen de negocio y 135.000 millones de euros en activos-- nace con un índice de solvencia del 13 por ciento, una ratio de eficiencia del 48% (frente a una media del 59% en el sector), una rentabilidad superior al 3 por ciento y un volumen de participadas de 4.000 millones de euros.

Será, en palabras del presidente de Caja Cantabria, un grupo con "potencia, consistencia y solvencia", con lo cual, la entidad cántabra quedará "blindada ante cualquier contingencia" que pudiera ocurrir en un futuro próximo, y bien posicionada para crecer cuando la situación económica lo permita.

El SIP que crearán Caja Cantabria, CAM, Cajastur y Caja Extremadura tendrá una duración mínima de diez años. Según recalcaron Ambrosio y Eraso, la nueva entidad será un banco --de momento no se ha estudiado si cotizará en bolsa-- porque es la única fórmula que permite el SIP.

El presidente de la entidad cántabra destacó que hay que "mutar" para adaptarse a las circunstancias y señaló que, aunque el "corazón" apuesta por una "caja de cajas", la "cabeza dice otra cosa", que es "solvencia, eficiencia y liquidez".

Respecto a la mutualización de beneficios, Ambrosio señaló que se aplicará en todo el territorio nacional, incluido el territorio natural de cada entidad, pero no se ha hablado de cómo se podrá "premiar" a las entidades que realicen una buena gestión.

Y en cuanto al acceso al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el presidente de Caja Cantabria indicó que se intentará conseguir "el máximo" de crédito posible, en torno a 1.500 millones de euros, lo cual no implica que se vaya a utilizar en su totalidad si finalmente se concede.

miércoles, 26 de mayo de 2010

Los costes salariales de Cajastur superan a los de Caja Mediterráneo

OVIEDO.- La «fusión virtual» de Cajastur, Caja Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja Extremadura dará lugar a un conjunto que sumará unos 14.000 empleados. La mitad de ellos corresponden a la alicantina CAM, entidad que durante el último año ha aplicado un recorte de plantilla mediante jubilaciones anticipadas. Cada caja tiene singularidades laborales, si bien las fuentes consultadas precisaron que los costes salariales son en Cajastur proporcionalmente superiores a los de CAM, según recoge 'La Nueva España'.

Los sindicatos con representación en Cajastur dijeron sentirse «expectantes» por los posibles efectos de la «fusión virtual». Algunos dirigentes mostraron sus reservas por el hecho de que la nueva entidad se vaya a articular mediante un banco con sede en Madrid (para el que todavía no hay nombre).

José María Mier, secretario general de la sección sindical de UGT en Cajastur, dijo estar a la expectativa de que la Caja informe sobre la operación. Adelantó, no obstante, que tiene percepciones positivas sobre el empleo. «Las cuatro son entidades que están asentadas en territorios distintos y sólo en hay algunos casos puntuales se duplican oficinas en una misma ciudad», destacó.

Algo menos claro lo tiene el secretario general de CC OO en Cajastur, José Antonio Rodríguez. «No estamos del todo tranquilos, ya que históricamente en todas las fusiones ha habido efectos sobre los trabajadores. Mayoritariamente mediante medidas de las denominadas poco traumáticas», señaló.

Rodríguez mostró sus dudas sobre el hecho de que se use un banco como armazón societario de la fusión. «Si el Banco de España garantiza la operación será un seguro, sobre todo para el empleo», matizó. También se queja de la falta de información que tienen de mano de la dirección de la caja asturiana sobre el desarrollo de la operación.

José Manuel González, portavoz de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), apunta: «A primera vista la fusión parece que conviene que se lleve a cabo viendo el entorno económico». Aunque resaltó también: «Tememos que se vaya a desprestigiar la figura de las cajas de ahorro; da la sensacilón de que estas entidades está cada vez más abocadas a convertirse en bancos».

Cierran los dos colegios mayores de la Universidad de Alicante

ALICANTE.- El Colegio Mayor Universitario de Alicante, promovido por la Fundación Cultural Privada que integran Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Universidad de Alicante, inició sus actividades académicas en el mes de septiembre de 1986.

A lo largo de los últimos años se ha producido una situación de obsolescencia de las instalaciones del Colegio Mayor que hace necesaria una reforma integral de estas infraestructuras para ofertar a los colegiales un servicio acorde con los requerimientos de calidad de la Universidad de Alicante. El alto coste de una reforma de esta envergadura ha llevado al Patronato, como máximo órgano gestor del Colegio Mayor Universitario, a adoptar las siguientes decisiones:

- Universidad de Alicante y Caja Mediterráneo como partes integrantes de la Fundación Cultural Privada que promueve el Colegio Mayor, acuerdan la disolución de dicha Fundación.

- La situación derivada de la disolución ha llevado al Patronato a acordar el cese de actividad del Colegio Mayor, decisión que se hará efectiva a partir del próximo día 30 de septiembre de 2010, coincidiendo con el inicio del curso académico 2010/2011.

- El Patronato ha realizado un estudio previo de la oferta externa existente de alojamientos en residencias para universitarios y, en estos momentos, ha quedado comprobada su amplitud y suficiencia, de manera que los colegiales no resulten en modo alguno perjudicados.

- Llegar a un acuerdo con los trabajadores de la Fundación Colegio Mayor, para que su situación se vea afectada lo menos posible, respetando al máximo sus derechos laborales.

- Una vez producida la disolución de la Fundación y en virtud del Artículo 31 de los estatutos que rigen el Colegio Mayor Universitario :

o Quedará extinguida la concesión administrativa del derecho de superficie sobre los terrenos ocupados por el Colegio Mayor, pasando los mismos a ser de pleno dominio de la Universidad de Alicante.

o Los bienes muebles e inmuebles que conforman las instalaciones del Colegio mayor pasarán a disposición de la Universidad, que destinará a fines docentes o de investigación.

o Los restantes bienes y derechos resultantes, si los hubiere, serán dedicados por la CAM a becas universitarias u otras acciones de promoción universitaria.

Por último, la Universidad de Alicante y Caja Mediterráneo quieren expresar públicamente su reconocimiento a la gran labor que la plantilla de trabajadores del Colegio Mayor ha venido desarrollando desde sus inicios y velarán en todo momento por sus intereses.

Las CC.AA. españolas, las regiones con mayor exposición a la crisis

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas españolas son en términos generales las regiones europeas más expuestas a la crisis al contar con menor flexibilidad a la hora de recortar el gasto, puesto que en gran parte está vinculado a políticas y servicios sociales, como educación y sanidad.

"En general, las regiones españolas son las más expuestas a la crisis al tener un mayor grado de ingresos vinculados a la actividad económica y contar también con un presupuesto más rígido, ya que gran parte de su gasto está más relacionado con provisiones sociales que en otras regiones europeas analizadas", apunta la agencia.

Como consecuencia de los mayores desequilibrios fiscales, la calificadora de riesgos señala que las regiones se han visto empujadas a recurrir en mayor medida a la financiación a través de la emisión de deuda, lo que en el caso de las CC.AA. españolas ha supuesto el mayor incremento del endeudamiento en términos porcentuales entre las regiones analizadas para hacer frente a sus crecientes déficit fiscales.

Por el contrario, el informe de Fitch señala a las regiones francesas como las que cuentan con una menor exposición a la crisis actual por su escasa dependencia de los ingresos procedentes de impuestos sensibles a la marcha de la economía.

La CNMV registra el acuerdo adoptado por el consejo de administración de CAM que ratifica la integración de un SIP

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado en su web el acuerdo adoptado hoy por el consejo de administración de Caja Mediterráneo con el que se ratifica el protocolo de intenciones para la integración de un Sistema Institucional de Protección (SIP) firmado el pasado 24 de mayo.

Este acuerdo comprende la llamada 'fusión fría' que integrará CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que esta tarde ha recibido el visto bueno del consejo de administración de Caja Mediterráneo.

EUPV advierte de que tras la 'fusión fría' de la CAM "hay un intento claro de privatizar las cajas de ahorro"

ALICANTE.- El diputado autonómico del grupo de no adscritos e integrante de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Lluís Torró, aseguró hoy en un comunicado que "detrás" de la fusión de Caja Mediterráneo (CAM) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "hay un intento claro de privatizar las cajas de ahorro".

Lluís Torró realizó hoy estas declaraciones, puesto que, a su juicio, la unión de estas cajas se produce "sin que se haya dado ninguna justificación sobre su necesidad y sobre cómo esta unión de cajas resolverá los problemas que tienen".

Asimismo, para el político de EUPV, la fusión se ha producido en unas condiciones de inferioridad para CAM, por lo que, en su opinión, la entidad con sede en Alicante "ha quedado en una posición de subordinación respecto a las otras tres".

"La fusión no tiene que respetar la relación proporcionada ni en activos, ni en depósitos y hay que recordar que CAM tiene más del 40 por ciento en ambos", explicó Torró.

El diputado autonómico lamentó, además, que la fusión se haya producido fuera del territorio y abogó por que ésta debería haberse realizado de manera "intraterritorial, de carácter público" y respetando "los puestos de trabajo".

Según el dirigente político, las cajas tienen que estar sometidas a un control público y democrático adecuado, para poner "el sistema financiero al servicio de los ciudadanos y las empresas". Asimismo, señaló que en los actuales "tiempos de crisis", "es necesario una estabilidad en el sistema financiero".

Para conseguir esta estabilidad, Torró apostó en el comunicado por la creación de una banca pública, basada en las cajas de ahorro.

Peralta dice que "se confirma la peor de las hipótesis para Camps" y le pide que la Generalitat sea "liberada"

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, manifestó hoy que con la inhibición parcial del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, a favor del alto tribunal valenciano, "se confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros altos cargos del PP implicados", al tiempo que pidió al jefe del Consell, Francisco Camps, que la Generalitat quede "liberada" y no tenga que acompañarle "en el tránsito judicial que todavía le queda".

Peralta se pronunció así al ser preguntado por la inhibición parcial de Pedreira a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de la investigación que sigue, para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio.

Al respecto, resaltó que "estas actuaciones judiciales van a tener un desarrollo significativo en la Comunitat Valenciana", por lo que, en su opinión, "bueno sería que la Generalitat no siguiera implicada y paralizada como consecuencia de esas actuaciones".

"Esa es la responsabilidad que tiene hoy Camps, que debe anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a sus intereses personales", sentenció.

El delegado insistió en que el auto en el que el TSJM remite actuaciones al TSJCV "por entender que en supuestos delitos están implicadas personas aforadas que corresponden a este Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no hace sino confirmar la peor de las hipótesis para el presidente de la Generalitat y los otros altos cargos del PP implicados".

Peralta señaló que, tras "casi año y medio de investigación judicial", la defensa de Camps es cada vez "más débil", y reprobó, en este sentido, que pese a "su afirmación inicial de que había pagado los trajes, ha sido incapaz de presentar cualquier tipo de factura".

Criticó asimismo "la argumentación tan brillantemente defendida por la alcaldesa de Valencia --Rita Barberá-- acerca de que el asunto no tenía la menor importancia", dado que "hoy el TSJM dice que, por el contrario, tiene mucha importancia y que esas actuaciones forman parte de un conjunto en el que ha habido contactos absolutamente ilegales entre altos cargos del PP, de la Generalitat valenciana y una red corrupta, que ha podido dar lugar a actuaciones presuntamente delictivas que deben ser objeto de investigación".

"Por tanto, se confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros altos cargos del PP", recalcó Peralta, quien sostuvo que "lo que sería bueno es que la Generalitat valenciana, que se ha visto arrastrada durante todo este tiempo de investigaciones a estar constantemente en los medios de comunicación por este motivo, quedara liberada y no tuviera que acompañar a Camps en el tránsito judicial que todavía le queda".

El delegado del Ejecutivo estatal en la Comunitat subrayó que "estas actuaciones judiciales van a tener un desarrollo significativo en la Comunitat Valenciana", por lo que reivindicó que Camps "debe anteponer los intereses de la Comunitat Valenciana a sus intereses personales" para que la administración autonómica deje de verse "implicada y paralizada como consecuencia de esas actuaciones".

La dirección nacional del PP mantiene su apoyo a Camps

MADRID.- La dirección nacional del PP mantiene su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, después de que el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, haya devuelto al tribunal valenciano la parte relativa a una supuesta financiación irregular del PP de Valencia.

Fuentes de dirección popular aseguraron que las explicaciones del barón valenciano tras conocer la decisión del juez Pedreira han sido "acertadas", en especial el hecho de que haya recordado que hay que ponerlo en su justo valor en comparación con las supuestas adjudicaciones a la trama Gürtel.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Camps afirmó que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular del PPCV que se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".

En 'Génova' recuerdan además que se trata de un trámite más del proceso y recalca que este asunto ya ha sido rechazado en el TSJCV, como ha destacado el propio presidente de la Generalitat. "Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", dijo Camps.

La dirección nacional de los 'populares', que no va a hacer ningún pronunciamiento público por el momento, confía en la Administración de Justicia y está convencida de la inocencia del presidente valenciano.

Luna asegura que Camps podría "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilite"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, aseguró hoy que, tras el auto de inhibición del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, al alto tribunal valenciano, "hay un inminente un acto formal de imputación" contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que podría "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilite", ya que no se trata sólo de "tres trajes", apuntó.

De esta manera, opinó que con la inhibición se ha producido un "cambio cualitativo muy importante en lo que es el devenir judicial de los problemas del presidente Camps y de algunos de los miembros de su Gobierno".

Luna, --que se pronunció de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a la decisión del instructor del 'caso Gürtel' de inhibirse a favor del TSJCV de la parte de la rama valenciana que investiga en las diligencias penales de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa y que hacen referencia a una supuesta financiación irregular del PPCV, apuntó que esto "da al traste con estas alegrías e ideas peregrinas que hemos estado oyendo durante estos días" desde el PP.

Según explicó Luna, Pedreira "reconoce la certidumbre, la veracidad y la rectitud" del planteamiento procesal socialista, así como que no se está hablando de un asunto de "tres trajes", sino que reconoce que cuando el PSPV pidió en el asunto de los trajes que se investigaran los "contratos", las "irregularidades administrativas", las "relaciones entre los miembros de la trama, las empresas de la trama y las administraciones de la Generalitat".

Luna destacó que eso que pedían "se va a hacer ahora", ya que lo que propone Pedreira es que se "acumule" la parte de los autos para la que acuerda la inhibición al asunto de los trajes que se está tramitando en la Comunitat.

Por ello, a partir de ahora "tenemos otro procedimiento" y si la sala del TSJCV admite la competencia del caso --si no lo hace "tendrá que explicar por qué", dijo-- "estaríamos saltando de un procedimiento del jurado a un procedimiento ordinario" y "estaríamos hablando de otro tipo de delitos --no el de cohecho pasivo impropio--, como el cohecho ordinario, de malversación, de delito electoral --Luna apuntó que en el auto aparece el nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas--, incluso de asociación ilícita".

Las penas, con estos delitos "no serían una simple multa", sino que cabría "la posibilidad de inhabilitar políticamente y penalmente" al presidente de la Generalitat y a algunos de los miembros de su Gobierno, con lo que el salto cualitativo en el caso es "excepcional", ya que supone que uno "no se puede esconder bajo el manto de que aquí no pasa nada y son tres trajes", sino de "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilita".

El síndic socialista aventuró que esto para el PP esto va a ser "una ventaja más" porque se van a poder defender", apuntó que hay que ser "serios" y "rigurosos", ya que si Pedreira dicta el auto que ha dictado es porque "aprecia indicios de delito en aforados de la Comunitat que no pueden ser encausados por el TSJM. Por tanto, hay una clara apreciación de delitos", subrayó. Sin embargo, es un "auténtico varapalo que quiebra completamente las expectativas ilusorias de Camps" porque se está hablando "de lo que ha ocurrido en realidad" y de lo que "nos han estado ocultando", agregó.

De esta manera, Luna, que comparó a Camps con el Cid Campeador cuando el sábado pasado "ante sus correligionarios" se lanzó a la "conquista de España" y por ello, está "siendo perseguido y castigado", apuntó que este caso trata de cosas "más prosaicas" donde todo está "negro sobre blanco" en el auto del magistrado Pedreira.

Al respecto, recordó que cuando el PSPV presentó la querella, el TSJCV lo archivó porque trataba de delitos que estaban siendo investigados en Madrid, cuyo tribunal "no podía hacer un acto formal de imputación con Camps y los aforados de la Comunitat". Así, Pedreira dice que, según Luna, "ha llegado a un punto en el que lo que ha investigado es ya suficiente como para que se produzca un acto formal de imputación. Ya hay que imputar a personas", entre las cuales, "hay aforados, insistió.

Por otro lado, destacó como importante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de la inhibición para que no prescriban "algunos delitos de carácter electoral", aunque, "sigue habiendo otras cosas" que "estoy seguro" que continúan investigándose en Madrid, como la vista del Papa a Valencia. "En Madrid siguen trabajando sobre ese tema", lo que ocurre es que lo "inmediato y lo urgente era esto" y por eso "la inhibición se produce en estos términos", añadió.

Oltra: "Camps no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat"

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, consideró hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat", tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a favor del tribunal valenciano con motivo del 'caso Gürtel'. "Espero -dijo-- que Rajoy se deje ya de deshojar la margarita y que Camps no acabe el día de hoy como presidente de la Generalitat", subrayó.

Oltra se expresó de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a la decisión del instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la parte de la rama valenciana que investiga en las diligencias penales de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa y que hacen referencia a una supuesta financiación irregular del PPCV.

En este sentido, apuntó que el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, "tiene hoy una decisión muy importante que tomar: si el PP quiere ser cómplice de los corruptos y de los dirigentes que han atacado gravemente a la democracia".

"Hoy el PP de España debe tomar la senda de la democracia, la transparencia y la ética o de ser encubridor y cómplice de los malhechores, de los corruptos y de los corrompidos y los corrompibles", manifestó. "Esa es la asignatura que tiene hoy Rajoy, pero Camps no puede acabar el día siendo presidente de la Generalitat", repitió.

Para Oltra, "es evidente que lo que era un rumor y los españoles, desde el Cabo de Gata a Finisterre sabían, es que no eran cuatro trajes" y por ello, el TSJM va a enviar al alto tribunal valenciano la causa "en la que ya se habla de cohecho, pero no de los trajes, sino de cohecho de financiación ilegal del partido y de delito electoral", algo "gravísimo, porque Camps alardea mucho de ganar las elecciones". Pero, "haciendo trampas es más fácil ganar elecciones", por lo que supone un "gravísimo ataque a la democracia", subrayó.

Además, señaló que, seguro que ningún diputado de las Corts "alardea ya, como ocurrió el otro día, de haber cometido cohecho impropio por haber recibido una caja de bombones; ni a ningún dirigente del PP se le ocurra minimizar la gravísima actuación, con todos los visos de ser delictiva, del presidente de la Generalitat y del presidente del PPCV".

"No creo que a nadie se le ocurra ridiculizar el tema de los trajes", señaló Oltra, quien aseguró que "todos sabemos que aquí hay mucho más que los trajes", un asunto que sólo era la "punta del iceberg", ya que detrás de ellos "había potentes intereses, potentes tramas de corrupción que se han enriquecido con el dinero de los valencianos, que han corrompido el Gobierno valenciano de arriba abajo, que se ha dejado corromper con su presidente a la cabeza".

Morera (Compromís) asegura que el "delito electoral implica directamente a Rajoy"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, aseguró hoy que el "delito electoral" al que hace referencia el auto de inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) "implica directamente" al presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, e "imputa directamente" al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Morera, que se expresó de esta manera en los pasillos de las Corts explicó que la decisión del magistrado del TSJM Antonio Pedreira "se enmarca en el tercer aniversario de las elecciones", por lo que esta decisión es "muy oportuna" ya que en tres años "podía haber caducado el delito electoral", apuntó.

"El delito electoral implica directamente a Rajoy y esta imputación va directamente a Esteban González Pons", dijo Morera, quien señaló que la trama "financió la visita de Rajoy en el V Encuentro de las Familias" en Valencia. Por ello, aseguró que se trata de un "delito electoral en la que está inmersa también la cúpula del PP a nivel español".

En este sentido, insistió en que el delito electoral "afecta directamente al administrador electoral de la campaña general" con un acto "en el que estuvo presente Rajoy".

Morera, que aseguró que el PP "ha engañado" a la Sindicatura de Comptes "con este acto", apuntó que el PP y el PSPV han "blindado" esta Institución. Asimismo, agregó que si el ente fiscalizador "defendiera realmente los intereses de los valencianos, estaría pidiendo la documentación electoral, previsiblemente falsa según el auto, al PP".

"La victoria electoral del PP está montada sobre un gran fraude que han comentido unos sobre una fraude y una ilegalidad y otros sobre una promesas de 400 euros", señaló.

Morera, criticó que el PSPV "son profesionales para montar teatro", pero no "para buscar el fondo de las cosas" y subrayó que los socialistas "han pactado" el Síndic de Comptes, el Síndic de Greuges y el Consejo de Administración de RTVV. Sin embargo, Compromís "no forma parte de ese consenso que bloquea las instituciones valencianas y evita que haya nna investigación más fuerte".

El síndic de la coalición pidió a la Sindicatura de Comptes que "actúe ya reclamando los expedientes", al tiempo que lamentó que el "pacto PP y PSPV -en relación al Síndic de Comptes-- no actúe de forma contundente ante una presunta información ilegal, incorrecta y ficticia del PP en su campaña electoral".

Por otro lado, pidió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "dé la cara" porque "no tiene más remedio, una vez conectados los regalos con la financiación ilegal, el cohecho impropio y propio, no tiene más remedio que dar explicaciones" y "asumir su responsabildad política". Así, pidió su "dimisión".

Morera destacó comentó también que los "ritmos de la justicia son los ritmos de la justicia, pero efectivos" y los de los medios de comunicación son "la actualidad" y los de los partidos políticos "otros", pero con un presidente de la Generalitat "que no responde y no asume su responsabilidad, la Justicia, creemos, lo va a poner en su sitio".

Morera insistió en que Camps "no puede dejar que el presidente de la Generalitat se siente en un banquillo de acusados" pero, como el PPCV es un "partido regionalista dependiente de su dirección central, acabarán cesándolo".

"Qué triste que todo un presidente de la Generalitat sea cesado por una dirección nacional del PP, como en su día fue cesado Ricardo Costa".