Las Corts rechazan una propuesta que pedía la desaparición de las diputaciones provinciales

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado, con los votos en contra del PP, la abstención del PSPV y a favor de Compromís y No Adscritos, una iniciativa de la coalición que pedía a la Cámara que instara al Consell a iniciar un proceso conducente a la transferencia gradual de las competencias y las funciones que en la actualidad realizan las diputaciones provinciales a las delegaciones territoriales de la Generalitat para que queden vacías de competencias hasta su "futura desaparición", así como a elaborar un plan de reducción y simplificación de la administración pública valenciana.

   El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha defendido la supresión de las diputaciones provinciales porque son una "administración obsoleta" y suponen una "organización ya no del siglo pasado sino del anterior". "Son los michelines de la administración autonómica valenciana" y "no nos podemos resignar a ser provincianos, necesitamos avanzar hacia un modelo de administración pública más ágil y eficaz que no cree duplicidades", ha aseverado.

   Ha resaltado que la propuesta de su grupo "se enmarca dentro de la Constitución", ya que, según ha señalado, las diputaciones provinciales solo figuran en la Carta Magna de "forma decorativa" y "se ha demostrado que son perfectamente prescindibles" y sirven a las "finalidades partidistas del PP y PSOE pero no beneficia a nuestros conciudadanos".

   Morera ha apuntado que con el dinero que se destina a pagar las nóminas de los 165 asesores "nombrados a dedo" que tienen actualmente las diputaciones provinciales en la Comunitat, un total de 6,2 millones de euros, se podrían contratar 516 jóvenes. "Qué hacen Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll, están por el bien común y el interés general" o por el interés "personal" y "partidista", ha inquirido Morera.  

   El diputado socialista Antoni Such ha señalado que su grupo comparte la "necesidad" de llevar a cabo una "amplia discusión seria y rigurosa" sobre la reforma de las diputaciones y de sus entes dependientes, si bien ha recriminado que la propuesta de Compromís "aborda de forma bastante efímera" esa "gran necesidad, la de abordar en profundidad una amplia reforma de la Administración pública valenciana"

   Such también ha indicado que es una "gran incongruencia" plantear esta proposición no de ley cuando Compromís había apoyado en las  Corts la ley de Régimen Local Valenciano que incorpora "todo lo contrario de lo que está predicando en estos momentos".

   El responsable socialista ha instado a abordar cuestiones como la "inutilidad de muchas empresa públicas de la Generalitat, que se utilizan para centrifugar deuda", y "la externalización de servicios de la Administración valenciana". Ha aseverado que las diputaciones "no están cumpliendo las funciones que deberían cumplir" y ha emplazado a tratar esta cuestión "desde la reforma de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía" y a través de proyectos de ley "serios y rigurosos".

   Morera ha replicado que a los socialistas les "interesa" el mantenimiento del "sistema" de diputaciones "que niega la pluralidad" porque también "chupan en asesores y con cargos". Such ha apuntado que parece que por parte de Compromís hay una "cierta envidia malsana" y ha emplazado a la coalición a "esforzarse un poco más en las próximas elecciones" para "intentar tener más" representantes.  

   La diputada de No Adscritos Marina Albiol ha remarcado que con el PP las diputaciones "se han convertido en un nido de corrupción", y al respecto, ha citado los casos 'Fabra' y 'Brugal', y ha señalado que son "referente de autoritarismo y un lugar donde colocar a los amigos, cargos y familiares, una institución muy alejada de los intereses y problemas de la ciudadanía y muy cercana a los intereses del partido gobernante".

   La diputada del PP María Teresa Parra ha señalado que la propuesta de Compromís es "inadmisible y extemporánea", ha defendido que desde que gobierna el PP en la Comunitat "la racionalización y la optimización de los recursos" son una "prioridad" y un "compromiso" y  ha remarcado que están "presentes en nuestra política" a través de la puesta en marcha de planes estratégicos. En lo que pide Compromís, "un gobierno eficaz y responsable, ya nos hemos adelantado", ha apostillado.

   Ha subrayado que el "respaldo" a "las provincias y su gobierno y administración consta en nuestra Carta Magna" y ha acusado a Compromís de pretender "negar los medios que la Constitución" da a esas instituciones y su "autonomía".

   Parra ha defendido que es "totalmente coherente que la Generalitat llegue a un acuerdo con las diputaciones para asumir  competencias que pueden considerarse impropias de la Administración local", si bien ha señalado que existen otras competencias que corresponden "única y exclusivamente a las diputaciones y que el Consell no puede asumir porque estaríamos atacando el principio de autonomía" que recoge la Constitución.

   Morera ha espetado a la diputada 'popular' que la "diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no estamos en política para forrarnos" y ha añadido que en el sumario del 'caso Brugal' "se ve claramente como funciona la Diputación de Alicante".

   La parlamentaria del PP ha insistido en que lo que pide Compromís "requiere una modificación de la Constitución Española" y ha defendido que las diputaciones "son una herramienta imprescindible y necesaria para acompañar y asesorar a los municipios, dar cohesión territorial y ofrecer igualdad de oportunidades" a todos ellos.

   "Hacerle caso supondría una condena a los municipios pequeños", ha indicado a Morera, y ha apuntado que las diputaciones son "imprescindibles y necesarias" para que ningún pueblo "quede al margen de servicios absolutamente necesarios".

   Por otro lado, el PP también ha rechazado en el pleno de las Corts una iniciativa del PSPV para que la Cámara reprobara el "bajo nivel de licitación de obra" incluida en el protocolo de carreteras firmado por la Generalitat y el Ministerio de Fomento para el período 2005-2010.

   El diputado del PSPV Francesc Signes ha señalado que a dos meses de su finalización, a la Generalitat "le faltan" por licitar 24 de las 31 actuaciones comprometidas --"lo mismo que hace un año y medio--, ya que solo se han terminado dos y se han licitado otras cinco, lo que ha considerado "un balance muy pobre".

   El diputado del PP Antonio Peral ha señalado que la iniciativa del PSPV refleja "con total claridad la errática forma de hacer política del grupo socialista en nuestra cámara" y, al respecto, ha lamentado que dediquen "todo su esfuerzo a ocultar la marginación y el agravio del Gobierno estatal con los intereses de todos los valencianos" mediante la "tergiversación" de datos.

   Peral ha insistido en que la propuesta del PSPV "solo pretende disimular las carencias e incompetencias" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Compromís y No Adscritos, por su parte, han defendido que la "primera urgencia" no es invertir en carreteras sino priorizar en medios de transporte como el "tren convencional".

La CAM acoge en Alicante una retrospectiva pictórica del artista Willy Ramos

ALICANTE.- Óleos, acuarelas y dibujos integran la muestra "Mundo luminoso", la primera gran retrospectiva del artista colombiano Willy Ramos que hoy abrió sus puertas en la Sala de Exposiciones de Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante.

La muestra, comisariada por Juan Manuel Bonet y que recorre la amplia trayectoria artística de este colombiano, podrá verse hasta el próximo 2 de enero, han informado hoy fuentes de CAM.

La exposición revisa, a través de cincuenta trabajos, algunos de los momentos más significativos de la trayectoria de este pintor.

Nacido en 1954 en Pueblo Bello (Colombia), Ramos se desplazó a Valencia, en cuya Escuela de Bellas Artes de San Carlos se formó.

Con piezas que van desde 1979 hasta 2009, la exposición propone un recorrido por su obra pictórica, sustancialmente expresionista.

El bodegón -a menudo frutal-, el florero, el rostro humano, el cuerpo femenino, su Levante adoptivo, las ciudades visitadas del Viejo y del Nuevo Mundos son algunos de los motivos que Willy Ramos asedia una y otra vez, en una obra intensa, llena de vida, en la cual el color es el principal protagonista.

El Puerto de Alicante mueve hasta septiembre un 21% más de calzado que en el mismo periodo de 2009

ALICANTE.- El Puerto de Alicante ha movido entre enero y septiembre de 2010 8.017 toneladas de calzado, un 21 por ciento más que las 6.613 toneladas que transportadas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado la Autoridad Portuaria de Alicante (APA).

   El salón de actos del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Elche ha acogido este miércoles una Jornada de trabajo organizada por la Autoridad Portuaria de Alicante en colaboración con la Asociación del Calzado de Elche y la Asociación de Componentes del Calzado, donde el presidente de la APA, Miguel Campoy, ha indicado que pese ha este incremento, "las más de 8.000 toneladas suponen apenas un 8 por ciento del volumen total de importación y exportación del sector en la provincia de Alicante".

   En este sentido, Campoy ha señalado que su propósito es el de "multiplicar por cinco" el 8 por ciento de calzado que se mueve en la actualidad por el Puerto de Alicante.

   Campoy ha resaltado la "importancia cualitativa" que supone la presencia en el Puerto, desde hace algunos meses, de dos de las más importantes navieras del mundo, como son Maersk y MSC, así como las mejoras que dichas compañías han establecido en asuntos como las tarifas y el tiempo de tránsito de las mercancías.

   En la actualidad, más del 95 por ciento del calzado alicantino exportado utiliza la carretera como medio de transporte, y es en la importación donde la vía marítima supone más del 80 por ciento del comercio, por tanto, "la que más posibilidades de crecimiento otorga a la dársena alicantina".

   Por su parte, la presidenta de la Asociación de Industriales del  Calzado de Elche (AICE), Rosana Perán, ha señalado que el sector espera concluir el año con un incremento del 6 por cieno en sus exportaciones y ha destacado que "hay que aprovechar la cercanía el Puerto de Alicante".

El valor de los zapatos incautados por la Policía en Elche alcanza los 10 millones de euros

ELCHE.- El valor de los más de 250.000 zapatos incautados por el Cuerpo Nacional de Policía en Elche en el registro de cuatro naves desde el pasado lunes podría alcanzar en el mercado los diez millones de euros, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Policía.

   La investigación se inició a finales del mes de octubre a partir de una denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada a la fabricación y venta de calzado, mercantil que informó sobre la venta al por mayor, en determinados almacenes mayoristas del polígono industrial Carrús de Elche, de productos falsificados de la marca de su empresa.

   Así, el operativo, que ha durado tres días, se ha saldado con la incautación de más de 250.000 pares de zapatos falsificados y la detención de 25 personas en total, de los que 17 son de nacionalidad china, cuatro de nacionalidad rumana y cuatro de nacionalidad española. En ella, han participado cerca de 50 policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial-UDYCO de Alicante y Elche.

   La operación, que ha culminado con el desmantelamiento de un importante centro de distribución de calzado falsificado en el municipio ilicitano, continúa abierta, por lo que los agentes no descartan nuevas detenciones, así como la existencia de otras posibles empresas perjudicadas. Los ahora detenidos han sido puestos en libertad con cargos, tras prestar declaración en las dependencias policiales.

El saqueo de Alicante / Manuel Alcaraz *

En las historias de la mafia y en los tratados de corrupción política se estudia el llamado "saqueo de Palermo", cuando, entre 1954 y 1962, se fue retrasando la tramitación del PGOU hasta que todas las honorables familias vieron reconocidos sus privilegios y legalizadas sus expectativas. El resultado fue la degradación de la capital de Sicilia y el auge de las actividades mafiosas. Prácticamente nadie fue condenado. Palermo está a la cola de las ciudades italianas en creación de riqueza, pero es de las primeras en consumo suntuario. 

La alcaldesa de Alicante, cuando estalló el "caso Brugal", advirtió que no toleraría que el nombre de Alicante se asociara a la corrupción. Hoy he marcado "corruzione Palermo" en Google: hay 355.000 entradas, pero si marco "corrupción en Alicante" la cifra asciende a 374.000. Si la búsqueda la hago en inglés aún nos gana Palermo, pero "corruption Alicante" ya obtiene 135.000 entradas. Por fin, Alicante está en los mapas de la globalización. Una ciudad de primera.

Ante las escuchas publicadas Castedo dijo, ante todo, que no toleraría ataques a su honorabilidad: ojito, que los abogados, los amigos y el dinero están para las ocasiones. La libertad de expresión está bien para atacar a policías y fiscales, pero no, faltaría más, para enjuiciar las repercusiones políticas de ciertos asuntos. 

No respondió a las preguntas de los periodistas porque se lo aconsejan sus abogados: si unos empresarios deciden el diseño urbano y unos juristas deciden la palabra de la alcaldesa, ¿qué tipo de análisis nos está permitido? La teledirigida Castedo tendrá derecho a guardar silencio si es imputada, pero la ciudad tiene derecho a recibir de su boca explicaciones claras de lo sucedido. Que es bastante más que unos viajes a Andorra.

Pero no va pasar. Porque, aunque no sorprendidos, estamos atónitos por la brutalidad de lo sabido y hasta por el lenguaje y las aficiones de tanto puntal de la comunidad. Pero barruntamos que lo peor es que no son conscientes de haber obrado mal. Sencillamente constatamos que lo que es "normal" para la élite político-económica está muy por encima de los estándares morales y de las costumbres de la mayoría. Su mundo admite con toda naturalidad este trasiego de favores, regalos y llamaditas fervorosas. Ellos "son así" porque pueden. Y punto. 

Por eso no entienden las actuales críticas, basadas en valores que ellos dejaron atrás hace mucho tiempo. Las familias afloran: hemos retrocedido a la época en que la ética se basaba en apoyar a los del clan, creíamos que eso fue superado por una modernidad en que había procesos igualitarios y transparentes para la toma de decisiones, pero no ha podido ser en Alicante. 

Es paradigmático que Castedo crea obrar bien aliviando el paro vía recomendación: no se le pasa por la cabeza explicar qué políticas públicas ha intentado para reducir el desempleo, ni que el favor a uno es el robo del trabajo a otro y que el empleador está haciendo un favor que espera recompensa de quien tiene el poder político. El derecho al trabajo se restringe a quien puede obtener limosna: un insulto a todos los parados. Pero ella y sus amigos sienten que han sido buenos. Más que el pan.

Esa miseria, ese chapoteo continuo de parabienes en la corte de los milagros de los pícaros nuevos ricos, es lo que aflora en las conversaciones grabadas. Pero eso es sólo la puntita de un inmenso iceberg: si eso es lo hablado por teléfono, ¿qué no se habrá dicho, que no habrán pactado en reuniones, en travesías, en partiditas de póquer, a los postres del caldero o en el palco?, ¿qué no se diría por teléfono en vísperas del Plan Rabassa? 

Porque ahora van cuadrando muchas imágenes de lo que ha sido un puzzle disperso: los que nos preocupamos por Alicante desde el otro lado de la alambrada teníamos noticias ambiguas de muchas cosas pero siempre nos decíamos: ¿cómo lo probamos? Ahora hay cosas que se aclaran: no sé si serán delito, pero ¡qué satisfacción saber que, aunque otros así lo piensen, no somos imbéciles paranoicos! 

Un ejemplo: las escuchas muestran que el 1 de julio se entrega el PGOU a la alcaldesa, que ese mismo día -no le neguemos la virtud de la diligencia- se reunió con Ortiz y autorizó al redactor a pasar la ficha del Rico Pérez al constructor, con quien ya se había reunido alguna vez para el mismo asunto -a eso es a lo que Castedo llama participación ciudadana, supongo-. 

En este diario, el 26 de ese mes, un titular advertía: "Ortiz aplaza el nuevo Rico Pérez para aprovecharse del futuro PGOU". Una concejala del PSOE y yo mismo hicimos públicamente la misma pregunta: ¿cómo lo sabe, si el documento todavía es secreto? Por fin tenemos la aclaración pedida. Y estoy harto de escuchar a políticos que han de reunirse con empresarios por razón de su cargo. No es verdad, no al menos en determinadas circunstancias. Y tampoco tienen los políticos la obligación de aceptar regalos, pues el buen vino se puede volver vinagre. (¡Qué autoirónico es que Fenoll regale Vega Sicilia!)

Este es el saqueo de Alicante. Cada euro trasegado oscuramente es un euro que nos han sisado, una aportación a la desconfianza, a la crisis de la convivencia, a humillar el honor de Alicante. Es un euro robado a los más débiles, a los parados, a los que no pueden ni soñar con lo que es cotidiano para los especialistas en convertir en beneficio privado lo que es público. Se ha escupido a la cara de esas personas, a ese común de ciudadanos que sólo tienen la esperanza en que la política, como quiere la Constitución, asegure la igualdad. 

El saqueo se produjo cuando la política permitió, o favoreció, que alguien controle el 70% del suelo urbanizable, contratas públicas, instalación de macrocentros comerciales. Esto no es un problema jurídico, ni siquiera moral: es un problema político. Porque nos han dado un golpe de Estado. (No nos resignemos: 19 de noviembre, concentración contra la corrupción en la plaza del Ayuntamiento).

(*) Profesor de la Universidad de Alicante

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/10/31/saqueo-alicante/1059867.html

Las empresas del audiovisual valenciano denuncian que Canal 9 les debe 20 millones de euros

VALENCIA.- Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVf) han denunciado este martes en un comunicado que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) les adeuda cerca de 20 millones de euros, por lo que exigen un plan estratégico para "reactivar" el ente y convertirlo en "motor del sector audiovisual local". El sector audiovisual valenciano considera que ha "tocado fondo" y asegura que la fórmula de funcionamiento de la televisión autonómica está "agotada".

 

El presidente de la federación, Nacho Varela, ha acusado al ente autonómico de "ahogar" financieramente a las empresas audiovisuales, muchas de las cuales esperan un cierre "inminente", y abocar a "cientos" de profesionales al "paro permanente".

"Es urgente que el presidente de la Generalitat tome cartas en el asunto, escuche al sector, y reconvierta la actual televisión pública en un verdadero motor de empleo", para lo cual Varela ha pedido que RTVV recupere la función de servicio público que "justifica su existencia".

Varela ha lamentado además que los bancos ya no proporcionen financiación a las empresas audiovisuales y ha asegurado que los intereses se han comido todo el beneficio empresarial, por lo que ya no hay "margen de maniobra".

"Es totalmente inadmisible que la administración autonómica, que es quien debería ayudarnos en los tiempos difíciles, sea quien está provocando la quiebra financiera de las empresas del sector", ha denunciado.

La patronal ha criticado también que la cadena disponga de recursos económicos para adquirir los derechos de retransmisión de eventos deportivos, sin que, en su opinión, los resultados de audiencia lo justifiquen, en lugar de contratar más a las compañías locales.

Los empresarios han acordado solicitar a la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, una reunión urgente en la que pedirán la elaboración de un plan estratégico para la cadena autonómica y un cambio de estrategia en la política audiovisual del Consell.

Cataluña regula los apartamentos turísticos con una licencia obligatoria para los propietarios

BARCELONA.- El Govern ha aprobado un decreto que regulará el panorama de los apartamentos turísticos en Catalunya a través de la creación de una nueva figura legal, la 'vivienda de uso turístico', e introduciendo la obligación de que todos los propietarios tramiten en los municipios la obtención de una licencia que les permita destinar la vivienda a este fin.

   Según el decreto, se considerará vivienda de uso turístico la que se alquile a terceros por un periodo igual o inferior a tres meses. El Govern prevé así ordenar el mercado y poder crear un censo que, según sus cálculos, puede ascender a medio millón de viviendas.

   La nueva normativa incide en la transparencia fiscal y da más garantías a los usuarios, ya que con la nueva figura legal la Administración podrá ejercer la actividad inspectora en estas viviendas para cerciorarse de que cumplen los requisitos mínimos de calidad, algo que hasta ahora no podía controlar por estar consideradas muchas de ellas domicilios privados.

   Además, obliga a tener hojas de reclamación y las exigencias van más allá de disponer de cédula de habitabilidad como hasta ahora. También se protege más al propietario, que podrá expulsar al usuario si no cumple con las ordenanzas municipales o atenta contra la convivencia.

   Otro de los cambios importantes que introduce el decreto es que centra la responsabilidad en el propietario, que es quien deberá disponer de esta habilitación cumpliendo los términos que establezca cada ayuntamiento, lo que permitirá acabar con el "cierto monopolio" que hasta ahora ejercían las empresas intermediarias.

   El conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, ha matizado que esto no supone la desaparición de las empresas explotadoras de estos servicios de alquiler de apartamentos, puesto que muchas de ellas cuentan con experiencia para ofrecer servicios útiles a los propietarios, pero sí que dejan de ser "imprescindibles".

   Hasta ahora, el único censo aproximado con el contaba el Govern sobre estos alojamientos turísticos era a través de las empresas explotadoras. "En momentos de máximo auge el censo ha llegado a contener apenas 23.000 viviendas", ha asegurado el subdirector de ordenación turística, Joan Abad.

   Con esta normativa, ha añadido, se supera una situación de "alegalidad" que había llegado a crear conflictos de convivencia en algunos municipios y comunidades de vecinos. A partir de ahora, la falta de licencia supondrá caer en actividad ilegal y enfrentarse a multas de entre 30.000 y 90.000 euros.

   Los ayuntamientos catalanes contarán con un periodo transitorio de un año desde la entrada en vigor de la normativa para regular esta actividad. En aquellos casos, como en Barcelona y otras poblaciones, en los que ya exista una ordenanza municipal, el periodo para obtener la nueva autorización será de cuatro años.

   Cada municipio será autónomo para introducir las limitaciones, condiciones y fijar la tasa para conceder las licencias para estos alojamientos turísticos y garantizar que sean "compatibles" con otros usos, actividades y con la convivencia vecinal, según Huguet.

   El conseller ha destacado que las Asociaciones de Vecinos (AAVV) también podrán frenar la implantación de estas viviendas en determinados edificios, si este uso está prohibido en los estatutos de la comunidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

   Huguet ha insistido en que el decreto permitirá "poner luz" sobre una actividad que cuenta con una demanda demostrada. No obstante, ha animado al sector a que el siguiente paso sea establecer unas categorías dentro de los apartamentos turísticos para dar más visibilidad a la calidad de estos alojamientos.

El Consejo Mundial dice que el turismo no se recuperará en España hasta 2012

LONDRES.- El World Travel Tourism Council (WTTC) prevé que el sector turístico en España no experimente un crecimiento "real" hasta el ejercicio 2012 tras experimentar una contracción en el sector en 2010, según la actualización de las previsiones del organismo, que auguró un crecimiento del 2% mundial para el sector.

   La pasada semana, el Gobierno español hizo públicas sus previsiones para el ejercicio completo para el sector turístico y auguró un cierre el año con "más turistas y más ingresos", tras los datos positivos registrados durante los meses de verano, con un aumento del 4,2% de visitas y del 4,3% en los ingresos, según un informe elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

   Según el WTTC, la evolución del sector será más lenta en Europa, que registrará un crecimiento del sector del 1,4%. Francia también sufrirá contracciones en 2010 y no experimentará crecimiento real hasta 2012.

   En Alemania, la sólida llegada de visitantes será contrarrestada por la debilidad de la inversión, mientras que en Reino Unido se experimentará un repunte a partir de 2011 debido a los efectos de la celebración de los juegos olímpicos en Londres.

   El WTTC revisó hoy al alza sus previsiones con respecto a la evolución del sector turístico y augura un crecimiento del 2% para el sector para este mismo año, lo que supone una mejora del 1,5% con respecto a la anterior estimación (0,5%).

   Estas previsiones han sido mejoradas en virtud de una recuperación de la economía más rápida de la esperada, particularmente en los mercados asiáticos. El WTTC considera además que este crecimiento del 2% irá acompañado de la creación de 946.000 empleos en todo el mundo.

   No obstante el gasto de los turistas seguirá por debajo de los picos de 2008, y el ritmo de recuperación en 2011 será más lento de lo anteriormente estimado, precisó el Consejo, que recuerda que los consumidores occidentales tienen que reducir su deuda y que muchas economías en desarrollo endurecerán su política fiscal.

   Según destacó el consejero delegado del WTTC, Claude Baumgarten, durante los próximos diez años, el consejo prevé un crecimiento del sector del 4,3% al año, lo que implica que su contribución al crecimiento de la economía global superará el 10%. Esto ayudará a la creación de 66 millones de empleos adicionales en 2020, 50 millones de ellos en Asia.

Las autopistas -entre ellas la de circunvalación de Alicante- necesitan 800 millones para evitar la quiebra

MADRID.- La patronal de concesionarias de autopistas Aseta estima en unos 800 millones de euros la inyección de capital que necesita un grupo de estas sociedades para evitar el riesgo de quiebra que afrontan por el sobrecoste de expropiación que soportaron para su construcción, informaron en fuentes del sector.

   Este importe es casi el doble respecto al de 135 millones de euros inicialmente previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 para otorgar préstamos participativos a estas autopistas.

   No obstante, los distintos grupos parlamentarios mantienen negociaciones para poder elevar este importe inicial mediante la presentación de enmiendas durante el trámite de los Presupuestos en el Congreso.

   La concesión de préstamos participativos a estas autopistas constituye la fórmula que el Ministerio de Fomento acordó con el sector a finales de 2009 para solventar el desequilibrio patrimonial que presentan por el sobrecoste de supusieron las expropiaciones.

   Se trata de un préstamo que el Estado concede con condiciones favorables a las constructoras que en su día se adjudicaron la construcción y posterior explotación de las vías, y que tendrán que devolver en unos años. Además, no computa en déficit.

   Este problema afecta a las autopistas radiales de Madrid, a la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.

   Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones que participan en estas vías.

   Se trata de las autopistas que se construyeron en tanto estuvo vigente la anterior Ley del Suelo, aprobada en 1998. Este texto avalaba que las expropiaciones de terrenos se abonaran en función de las expectativas futuras del valor de un suelo y no sobre su valor en el momento actual.

Además del sobrecoste que les supusieron las expropiaciones en comparación con el presupuesto de adjudicación de las obras, el sector de la construcción y concesión de infraestructuras negocia con el Gobierno una solución a otros dos problemas sobrevenidos, que también alteran el equilibrio económico-financieros de sus contratos.

   Por un lado, abordan el descenso de tráfico que presentan algunas autopistas, fundamentalmente las de más reciente puesta en servicio, en unos casos por la crisis y en otros por la posterior construcción de vías alternativas gratuitas.

   Por el otro, tratan sobre el sobrecoste que también soportan algunas de las constructoras que se adjudicaron contratos de construcción y gestión del Plan Renove de autovías de primera generación, en este caso por los modificados que fue preciso realizar en los proyectos.

   En fuentes oficiales del Ministerio de Fomento indicaron que el Departamento "trabaja" para "buscar una solución que compatibilice el interés general con el de las concesionarias".

Según indicaron estas fuentes, el Ministerio que dirige José Blanco "estudia todas las fórmulas" en "permanente contacto y diálogo" con el sector.

Una plataforma de Orihuela retransmitirá por megafonía las grabaciones del caso 'Brugal'

ORIHUELA.- La plataforma 'Ciudadanía por la Transparencia' de Orihuela ha convocado una concentración para el próximo 27 de noviembre frente al consistorio oriolano durante la que retransmitirán por megafonía algunas grabaciones contenidas en el sumario del caso 'Brugal', según ha informado en un comunicado este colectivo.

   La concentración se repetirá en "barrios y pedanías de Orihuela" con el objetivo de que los ciudadanos de las partidas oriolanas conozcan las conversaciones en las que aparecen los alcalde pedáneos para que "sepan quienes son los que luego les piden el voto".

   La operación 'Brugal' investiga supuestas irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de la Orihuela y del Plan Zonal de Residuos XVII, correspondiente a la comarca alicantina de la Vega Baja.

   En el marco de esta operación, el pasado mes de julio el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a los concejales oriolanos Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez y Manuel Abadía. De éstos, Sánchez y Rodríguez Murcia son, además, alcaldes pedáneos de Desamparados y Molins, respectivamente.

   Desde la plataforma han apuntado que han esperado que "se desarrollasen los acontecimientos" para convocar la concentración y han añadido que cuando el ex alcalde José Manuel Medina ocupaba la Alcaldía, el colectivo ya realizaba "manifestaciones de este tipo al comienzo de su andadura".

   "Antes las dudas que el PP platea sobre la veracidad de informes policiales, queremos respaldar la acción de la Justicia y de la Policía", han señalado los miembros de 'Ciudadanía por la Transparencia', que se han mostrado "escandalizados" por la "normalidad con la que el PP lleva que la mitad de los concejales del equipo de Gobierno" estén implicados en el caso 'Brugal'.

   Así, para esta plataforma, los concejales implicados "deben dimitir de sus cargos de responsabilidad, porque siguen contratando. Asimismo, han señalado que la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, "conocía" las supuestas irregularidades cometidas por los ediles implicados, pese a que "dice que no sabe lo que han hecho".

   'Ciudadanía por la Transparencia' ha solicitado al PP que "reflexione" sobre lo que ha ocurrido en Orihuela y han opinado que este partido no puede garantizar un "cambio ético" en la política municipal de la ciudad. "Estamos hartos" de la "naturalidad" con la que se cometen, a su juicio, "actos de corrupción el Ayuntamiento oriolano", han añadido.

El PP asegura que Alejandro Soler "vuelve a estar imputado" en el caso de las 'facturas'

ALICANTE.- El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Elche, Vicente Granero, ha asegurado que el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, "vuelve a estar imputado, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos", en el caso de las facturas, como consecuencia de la resolución del Tribunal Supremo en la que ordena que se practiquen las pruebas solicitadas por las acusación particular.

   En un comunicado, Granero ha defendido que, "al margen de las posibles consecuencias jurídicas del caso, el PSPV-PSOE tiene que hacer frente a las responsabilidades políticas de un asunto en el que el Ayuntamiento ha reconocido pagar facturas de actos del PSOE con dinero público por valor de 11.000 euros, que es la cantidad que en su día se devolvió a la arcas municipales".

   En este sentido, Granero, ha insistido en que "de las 11 facturas denunciadas, faltan por devolver cinco, o lo que es lo mismo, 12.000 euros".

   Por último, Vicente Granero ha señalado que el fallo del Tribunal Supremo supone que "hay que seguir investigando", y ha indicado que el PP es "absolutamente respetuoso con las decisiones judiciales", al tiempo que ha señalado que "el pago de dos facturas puede ser un error, pero el de un total de once no lo es".

El grupo municipal del PSPV ratifica a Carmen Sánchez Brufal como portavoz en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha ratificado la decisión de la ejecutiva local del partido de proponer a la edil Carmen Sánchez Brufal como portavoz en el consistorio, a Vicente Urios como portavoz adjunto y a Loles Fernández como secretaria, según han informado fuentes socialistas.

   La propuesta por la ejecutiva local viene motivada por la renuncia a su acta de edil del que fuera portavoz del grupo municipal del PSPV, Roque Moreno, a raíz de la publicación de un informe policial del 'caso Brugal' en el que se revela que medió para que el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, contratara al hijo del secretario de Política Municipal e Institucional de la ejecutiva local del PSPV, José Vicente Ronda.

   Brufal ejerció como portavoz adjunto del grupo municipal junto al ex portavoz socialista, Roque Moreno, y abandonó el cargo para dedicarse a temas del partido, dentro de la ejecutiva provincial.

La CAM propondrá a María Dolores Amorós como nueva directora general de la entidad

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha convocado una reunión de su consejo de administración para este jueves, a las 17 horas, en cuyo orden del día figura la propuesta y posterior nombramiento de la nueva directora general de la caja, María Dolores Amorós, según ha informado en un comunicado la entidad financiera.

   CAM incorpora este nombramiento en el orden del día de su consejo de administración en previsión de la próxima asunción, por parte de Roberto López Abad, de sus nuevas competencias como director general del SIP que Caja Mediterráneo ha constituido junto a Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que estará operativo antes de que finalice 2010.

   Por su parte, Roberto López presentará ante el consejo la renuncia al cargo de director general de la entidad, algo que sólo se hará efectivo en el momento en que asuma su correspondiente cargo en el SIP.

Los cruceros dejan en 2009 más de 20 millones de euros en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.-  El impacto económico de los cruceros en la Comunidad Valenciana, ha supuesto en 2009 un total de 20.989.440 euros, según un estudio realizado por Cruises News Media Group que asegura a que cada pasajero de cruceros gasta una media de 60 euros, cuando llega a un puerto en una escala, frente a los 130 euros de media cuando el destino es puerto base.

   La diferencia de gasto reside en que, en el segundo caso, los cruceristas suelen permanecer más horas en el destino, generando un gasto extra en pernoctaciones y un gasto mayor en servicios turísticos, según el informe,  que es el primer estudio económico que se realiza sobre el sector cruceros en España.

   En este importe se computa el gasto que los pasajeros de cruceros realizan en los tres destinos de la Comunidad (Valencia, Alicante y Castellón) en servicios turísticos como alojamiento, comidas, transporte, compras  y entretenimiento. Se incluyen también las excursiones que se contratan en todos los barcos y que son desarrolladas en los propios destinos por empresas locales.

   En 2009, el ranking de ingresos realizados por cruceristas, lo encabezó Valencia, primer puerto de la Comunidad, cuyos servicios turísticos ingresaron 15.094.540 euros de la mano de los 184.909 pasajeros de cruceros que arribaron a la dársena valenciana. El impacto económico generado en Alicante por los 96.615 pasajeros de cruceros, ascendió a casi 5.796.900 euros mientras que Castellón no tuvo ingresos relacionados con este concepto, al carecer de escalas en 2009.

   Según las mismas medias aplicables, de enero a septiembre de 2010, el impacto económico de los cruceros en la Comunidad Valenciana ascendería a 14.326.740 euros, que corresponderían a Valencia, con más de 13 millones de euros, superando ya los resultado obtenidos en 2009, Alicante, con unos 26 millones de euros y Castellón, que podría sumar cerca de 40.000 euros de impacto económico, gracias a los 725 pasajeros de la primera escala que se produjo este año.

    El impacto económico de los cruceros en España, en 2009 ha ascendido a más de 430 millones de euros y Barcelona, primer puerto del Mediterráneo y quinto del mundo, encabeza el ranking de ingresos realizados por cruceristas con más de 170 millones de euros, seguida por Baleares, en cuyo destino los pasajeros de cruceros invirtieron cerca de 92 millones de euros. Después le siguen Canarias (Tenerife y las Palmas) y  Málaga, donde el impacto económico de los cruceros fue de 74 millones de euros y de 32 millones de euros, respectivamente. 

La industria del crucero en Europa movió 34.000 millones de dólares en 2009, de los que 14.000 millones corresponden a gastos directos. Este segmento ha generado 296.000 puestos de trabajo en este continente, siendo España el segundo país europeo en el que más pasajeros han embarcado, situándose por encima del Reino Unido y por detrás de Italia.

Las Cámaras del Arco Mediterráneo consideran el Corredor Mediterráneo "económicamente y medioambientalmente viable"

ALICANTE.- Las Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo español han coincidido este martes en señalar que el Corredor Mediterráneo es un proyecto "económicamente y medioambientalmente viable" que se configura como "imprescindible para la economía de España".

   El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós; el de la de Valencia, José Vicente Morata; el de la de Barcelona, Miquel Valls Maseda; de Murcia, Pedro García Balibrea; y el vicepresidente segundo de la institución cameral de Almería, Juan García Cazorla, han realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en Alicante, donde han señalado que pretenden con su asamblea "hacer llegar al Gobierno y a la UE la trascendencia" del proyecto.

   En este sentido, Miquel Valls ha destacado que de los estudios teóricos realizados sobre la viabilidad del Corredor Mediterráneo, se desprende que "la tasa interna de retorno es del 11 por ciento", un dato "muy superior a lo que se está dando en otras infraestructuras". Además, según Valls, esta cifra permitiría "una gestión público privada" del Corredor, que lo hace todavía "más viable".

   Valls ha indicado que dentro de su estrategia para defender la importancia del Corredor se encuentra, en primer lugar, conseguir "que se considere a la infraestructura como prioritaria dentro de la Red Transeuropea de Transporte, algo que se decidirá en Europa dentro de ocho meses".

   Para Valls, es "clave" que el Corredor sea considerado prioritario, puesto que esto abre las puertas "a una facilidad de financiación" que si no se obtiene "haría muy difícil" llevar a cabo el proyecto.

   El presidente de la Cámara de Barcelona ha señalado, también, que "antes de final de año" el Ministerio de Fomento presentará un informe técnico del que se desprenderá el "importe aproximado" del coste de la obra, en su tramo español, que supone una inversión cercana a los 136.000 millones de euros para unir África con el norte de Europa.    

   Los presidentes de las Cámaras han presentado este martes un informe del Observatorio de Infraestructuras del Corredor Mediterráneo --creado por estas entidades-- del que se desprende que el Corredor abarca un territorio en el que se ubican más de 18 millones de personas, y que en su tramo español se desarrolla el 40 por ciento de la economía del país.

   Además, han indicado que será este Observatorio el encargado de "estudiar todas las posibilidades de financiación del proyecto", para presentarlas al Gobierno de España y en la Unión Europea, con la intención de que "se lleve a término".

   Así mismo, los presidentes de las Cámaras han destacado que el volumen actual de mercancías en el tramo de Levante por el que discurriría el Corredor es de cuatro trenes al día, por lo que la nueva infraestructura supondría "un crecimiento tremendo" ya que incorporaría trenes "de un kilómetro y medio de largo", que circularían por un eje ferroviario "con dos plataformas independientes de doble vía de ancho internacional, que garantizarían la conexión con los puertos de interés general".

El crack mundial no es ya cosa de agoreros catastrofistas / Francisco Poveda *

Una segunda gran crisis financiera parece acercarse rápidamente mientras un crack mundial de dimensiones desconocidas puede ser su efecto más devastador por la incertidumbre que extenderá durante bastante tiempo la concentración de la riqueza en muchas menos manos. 

Los signos que se aventan a diario en el mundo económico no pintan nada bien después de una larga etapa de derroche y latrocinio por doquier, y no sólamente en Wall Street, aunque el diseño del gran fraude del papel sin respaldo convenido fuese más de factura neoyorkina que suiza.

Los grandes pensadores mundiales progresistas no terminan de ponerse de acuerdo sobre cómo va a ser de duradera la eclosión inducida de nuestro actual sistema económico y social pero sí coinciden al decir que la prospectiva dominante ya no parece ser cosa de agoreros catastrofistas: el problema está ahí y la Humanidad debe estar preparada para la catarsis que exige un profundo cambio de modelo económico capaz de soportar organizadamente sobre la Tierra a unos 8.000 millones de personas, la enorme mayoría condenada de nuevo al infortunio.

Las tensiones monetarias crecientes, la burbuja del oro, la desnaturalización imparable en lo social de la Unión Europea, la definitiva pérdida de hegemonía mundial de unos EE UU con un déficit galopante, una todavía poco sólida China, los fenómenos tipo Berlusconi que pueden proliferar a la sombre de la xenofobia, la falta de reacción social ante la corrupción de la democracia (tan bien analizada antes de morir recientemente por mi amigo y maestro Vidal-Beneyto), las exigencias de nuevas potencias económicas emergentes como India o Brasil, la pugna por acceder a los recursos naturales que los tiempos demandan (incluida la energía fósil), el ya inaplazable control medioambiental y la práctica liquidación de los restos del mundo de los siglos XIX y XX, nos indican que hemos entrado de lleno en el incierto siglo XXI y que sus bases estructurales no pueden ser las mismas al haber quedado obsoletas por el devenir de los acontecimientos.

Si el siglo XX ha sido uno de los más crueles con la Humanidad, lo que se puede esperar del XXI, de seguir las cosas tal como se presumen es, para comenzar, sangre, sudor y lágrimas por el desempleo masivo y la pobreza vergonzante que puede llegar a generar en su primer tercio, exactamente igual que en el XX, y, en consecuencia, los conflictos de todo tipo que pueden aparecer, por hacer falta, para establecer un nuevo orden mundial en función de una correlación de fuerzas muy distinta a la conocida hoy y que va a tener mucho que ver con el conservacionismo sobre los recursos naturales.

En algún despacho del planeta parece haberse diseñado-planificado (todavía a nivel de un primer borrador) la nueva situación, desde el punto de vista económico y tecnológico, donde Europa parece haber quedado orillada en beneficio de consolidados nuevos cluster avanzados de Asia y Norteamérica. Si eso fuese así, ya tendríamos un primer conflicto a escala planetaria para abrir la era de no sabemos bien qué aunque es de esperar una reacción de los excluidos por pura supervivencia, lo que tampoco les garantiza nada.

La reciente entrevista en 'El País' con Felipe González, ex jefe socialdemócrata del Gobierno de España, encierra un magnífico compendio de los males que nos van a afligir tras medio siglo largo de una prosperidad que parecía eterna en el mundo más desarrollado de Europa, América y Asia. Las predicciones a largo sobre el Capitalismo del, tan admirado como odiado, Carlos Marx, no parecen ahora que fuesen tan desencaminadas gracias a su reconocido método de análisis. Los jóvenes de hoy se van a enfrentar a un tiempo sin las recompensas del maltrecho Estado del Bienestar construido a lo largo de la postguerra por sus abuelos y padres.

Si los grandes bloques económicos vigentes no son capaces de tomar las decisiones más adecuadas, valientes y acertadas en el seno de esa nueva especie de gobierno mundial que pudiera ser el G-20, predestinaciones del club Bilderberg aparte, y EE UU no asume una nueva hegemonía mucho más limitada por la realidad del devenir del proceso histórico, mucho me temo que la catarsis pueda venir, por contra, de la mano de un choque de civilizaciones donde China puede resultar la gran vencedora que ahora se aventa, incluso sin necesidad de ese choque.

Porque si finalmente el choque resulta inevitable, lo que sobreviva conocerá el nacimiento de una nueva religión dominante, informada en sus principios por el carácter de los que resulten vencedores.

Así que las películas que hoy llamanos de ciencia-ficción pudieran no serlo en pocos años, tanto si la Humanidad se enfrenta a un conflicto de fuerza sobre cuyos rescoldos se levante un mundo inimaginable hasta para Aldous Huxley, como si la evolución no bélica sienta las bases de una nueva era, de moral y ética irrenunciables, donde la aportación de valor cobre la importancia que se le supone para cimentar las bases de una sociedad con necesidades interplanetarias incipientes por aquello de los nuevos recursos que aquí habremos agotado.

(*) Periodista y profesor. Editor y director de 'Economía Avanzada'

El abogado Diego de Ramón quiere saber la situación de solvencia de la CAM de cara a poder devolver el préstamo del FROB

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha solicitado por escrito al Banco de España, con fecha 2 de este mes de noviembre, su intervención sobre entidades “ infracapitalizadas “ o “en situaciones de insolvencia no detectadas”, como a su juicio, pudiera ser presuntamente el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en cuanto al futuro del SIP con Cajastur, que se creará a finales de año o “como muy tarde” a principios de 2011.

El citado letrado recuerda que los beneficios que comunica la CAM a fecha 29 de octubre de este año, de que ha obtenido 142,6 millones de euros, "indica una caída libre del 28,6% de descenso en relación con el ejercicio anterior".

"Tenemos además que los informes de Fitch bajan la nota a la CAM por el ladrillo, además de que debe afrontar vencimientos de deuda en el 2012 cuando no existe “indice” de minimizar la evolución en los años 2010,2011 y 2012, y donde esta Agencia de Calificación fue también la que rebajó la nota a largo plazo,  desde “A” hasta BBB+ con perspectiva negativa, lo que podría suponer otro eventual descenso. Si esto ocurriera, le colocaria a solo un paso de los bonos basura. (información al día 2 de junio del año actual)", explica en su escrito.

A fecha de 19 de septiembre de este año, el SIP de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria tenía unos activos de 135.329 millones de euros, recuerda, pero solo un 10,25% disponible de liquidez, por lo que, según De Ramón, "habría que valorar el patrimonio inmobiliario de la CAM, teniendo en cuenta que estaba ofertando viviendas con hasta un 60% de descuento a fecha 20.10.2010, sin contar con la depreciación del valor inmobiliario, que espero FROB o Banco de España lo tenga tasado de forma distinta a la que haya declarado dicha entidad".

El propio subgobernador del Banco de España reconoce expresamente que existen problemas para cerrar la fusión con Cajastur (fecha 26 de septiembre de este año), recuerda en su escrito De Ramón, quien desea saber si la CAM cumple con los grados de solvencia requeridos al efecto.

"Si a esto añadimos que no se cumple con el Acuerdo de Basilea sobre provisionalidad de morosidad que, por parte de la CAM es del 6%, y que las ayudas financieras conseguidas del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria), se tendrían que devolver al 7,75% del tipo de interés, por lo que en el caso de esta fusión serían 1.250 millones de euros el cálculo de lo que se habría de añadir al principal", concluye el letrado.

A la vista de todo ello, De Ramón solicita una auditoría a la CAM por parte del Banco de España, para que sea examinada y evaluada pertinentemente, y así poder conceder préstamos a dicho SIP con garantías suficientes de devolución.

Y advierte de que dará traslado de esta petición al Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo si el Banco de España persiste en no remitirle la información, veraz y de exámen preciso al respecto, solicitada ya en anteriores escritos en demanda de transparencia con el objeto de que esas entidades supervisoras a mayor nivel sean las que le informen sobre la viabilidad de la fusión de la CAM en el seno del citado SIP.

La tasa de paro en el sector turístico español alcanza el 13,3%

MADRID.- El número de parados en el sector turístico alcanzó las 336.262 personas en el tercer trimestre del año y una tasa de paro del 13,3%, 6,5 puntos porcentuales menos que el promedio nacional (19,8%) y casi cuatro por encima de la tasa de paro del sector servicios (9,3%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET).

   Los ocupados en turismo disminuyeron un 2,6% respecto al mismo trimestre de 2009, situándose casi en 2,2 millones, el 11,8% de los ocupados en España. Este descenso se debe tanto a los asalariados que descendieron un 2,9%, hasta 1,7 millones, como a los autónomos, que se redujeron en un 1,5%.

   Por comunidades autónomas, el empleo vinculado al turismo refleja descensos en todas las regiones excepto en Baleares, que creció, y Cataluña, que se mantuvo.

   No obstante, las tasas de variación intertrimestral reflejan un incremento del 2,3% en ocupados y del 3,9% en el número de parados, debido a la estacionalidad del turismo.

   En los meses de julio, agosto y septiembre, las actividades relacionadas con el turismo registraron 2,5 millones de activos, con un descenso del 2,2%.

   Las actividades turísticas mayoritarias, por número de ocupados son los servicios de comidas y bebidas --el 48,2% del total de ocupados en el sector-- frente al conjunto de otras actividades turísticas con el 22,4%, los servicios de alojamiento (17%) y el transporte de viajeros (12,4%).

   Por contra, el IET destaca que el descenso de los ocupados en este trimestre se debe a las disminuciones en todas las ramas turísticas, excepto en las catalogadas como otras actividades (agencias de viajes, alquiler de vehículos, actividades recreativas, espectáculos culturales y deportivos), que crecen un 3,4%.

   La tasa de temporalidad del empleo en el sector turístico --proporción de asalariados con contratos temporales-- se situó en el 32,6% en el tercer trimestre del año, frente al 34,1% del mismo periodo del año pasado.

   En el total del sector, los asalariados con contrato indefinido descendieron un 0,8%, mientras que los temporales disminuyeron un 7,1%, en todas las ramas turísticas excepto en servicios de alojamiento (+9,8%) y en el conjunto de otras actividades turísticas (+5,8%). Los contratados temporales descendieron en todas las ramas excepto en las agencias de viajes.

EU pide al Ayuntamiento que otorgue el nombre de Marcelino Camacho a una calle de Alicante

ALICANTE.- El candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha pedido a la alcaldesa, Sonia Castedo, que el Ayuntamiento otorgue a una calle o plaza de la ciudad el nombre del histórico sindicalista Marcelino Camacho, fallecido el pasado 29 de octubre.

   En un comunicado Miguel Ángel Pavón ha destacado "la incansable lucha de Marcelino Camacho en defensa de los trabajadores y de la libertad". Así, ha instado al Ayuntamiento de Alicante a que apruebe en Pleno una moción para que una calle o plaza de la ciudad reciba su nombre en homenaje "a la memoria del líder sindical más importante del siglo XX en España y de una de las personas que más lucharon para recuperar las libertades".

   Pavón ha pedido a Castedo que la moción reconozca la figura de Marcelino Camacho "como referente de la lucha política y social en defensa de los trabajadores" y que, en caso de aprobarse, se traslade el acuerdo a Comisiones Obreras para que el sindicato lo comunique a la familia del sindicalista.

El exalcalde de Calpe pone sus competencias como concejal a disposición del primer edil y su acta a la del PP

CALPE.- El exalcalde de Calpe y actual concejal del PP en esta localidad, Javier Morato, ha puesto sus competencias como edil a disposición del alcalde, Ximo Tur, y su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque ha considerado que es víctima de "un linchamiento mediático" y ha defendido su "honorabilidad".

   Javier Morato ha hecho público, a través de un comunicado, su "postura y decisión" y ha lamentado el "linchamiento mediático" al que considera que ha sido sometido, a pesar de "no estar imputado y ni tan siquiera ser citado a ninguna declaración previa" en el marco del 'caso Brugal'.

   El exalcalde ha reconocido que le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su presunta participación en supuestas irregularidades en la concesión de una planta en Calpe y en una presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha planta, todo ello en connivencia con uno de los principales investigados en la operación. Tras estos hechos, Ximo Tur les pidió que dejaran sus competencias o que él mismo los cesaría.

   A este respecto, Morato ha pedido al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias para que Tur "disponga de ellas como desee". Del mismo modo, ha anunciado su intención de comunicar al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, que disponga de su acta de concejal "si así lo considera".

   Morato dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades, injurias y mentiras". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor, con una persona que solo le has visto tres veces en tu vida: cuando se presentó la planta de trasferencias, cuando se inauguró y en un partido de fútbol en Calpe, cuando patrocinaba al Calpe C.F.".

   Igualmente, ha insistido en que está sufriendo "un linchamiento mediático, con un único fin político", en el que "podría estar el PSOE detrás de todo".

   "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor --en referencia a Ángel Fenoll--, ni de él ni de nadie, me he dedicado a trabajar por mi pueblo, con aciertos y desaciertos, pero siempre con la cara muy alta, mi patrimonio personal está a disposición de todos", ha recalcado.

La crisis devuelve a Elche a la falsificación de marcas de calzado

ELCHE.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 22 personas acusadas de un delito contra la propiedad industrial, durante una operación desarrollada este lunes en el polígono industrial de Carrús, en Elche, donde la Policía ha registrado tres naves y ha incautado cerca de 150.000 pares de zapatos supuestamente falsificados, según han informado fuentes cercanas al caso y de la empresa perjudicada.


   La operación policial, que continúa abierta --por lo que la Policía no descarta más detenciones--, se ha desarrollado en las naves de 'Calzados Paloma'; 'Lunedi Shoes'; y 'La La Calzado y Bolsos', a lo largo de este lunes, tras presentar una denuncia la firma de calzado perjudicada por la presunta falsificación.
   La empresa perjudicada por las falsificaciones ha valorado los pares incautados en 4.000.000 de euros aproximadamente, y ha destacado que han sido necesarios tres camiones trailer y 15 operarios para cargar el calzado decomisado a los supuestos falsificadores.
   Las copias corresponden a aproximadamente 40 modelos de la temporada otoño-invierno 2010-11 de la firma Xti.

La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

MADRID.- El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE, revela hoy 'Público'. 

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.

No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.

Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).

Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.

Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.

La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.

Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.

Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores. 

La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.

La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).

Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

El PP pagó 70.000 euros a Trillo por asesorar en la sombra a imputados del 'Yak-42' y 'Gürtel'

MADRID.- El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, revela hoy 'El País'.

Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.

Un portavoz del PP ha reconocido a El País la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.

¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.

En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.

Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de las autopistas Alicante-Cartagena-Vera

MADRID.- Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico, según 'El País'. 

Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.

El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.

Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).

La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.

El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.

Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.

Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.

El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.