ALICANTE.- El empresario ilicitano Ramón Salvador contrató al despacho Salvetti, cuyos socios son José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y el exedil socialista Javier Gutiérrez para presentar una alegación contra la revisión del PGOU que cambiaba el uso de unas propiedades de urbanas a rústicas. Además, ambas partes firmaron un contrato por el que si Salvetti conseguía un aumento de la edificabilidad prevista en el planeamiento de 1987, Salvador le pagaba 30 euros por metro cuadrado.
El informe policial de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al PGOU de Alicante, contiene un contrato firmado por Ramón Salvador, uno de los socios de la empresa Imagen Urbana --propietaria de los terrenos--, y Salvetti, por el que los abogados se comprometen a presentar una alegación contra la revisión del planeamiento.
La alegación fue estimada y se declararon las parcelas como urbanas, aunque sujetas a una actuación integrada y al carecer de las condiciones adecuadas de urbanización, según la LUV, pasa a ser considerada como solar.
En concreto, el objeto de la alegación era que en la revisión del plan se cambió a rústico el uso de unos terrenos, situados en el llamado Pla de Xirau --en los límites entre los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig--, reconocidos como urbanos (UBA) en el Plan General de 1987. La finalidad, según el informe, es que las parcelas fueran "reclasificadas urbanas, recuperando su clasificación y consideración anterior a la exposición pública del plan revisado".
Para ello, contrata a Salvetti como "especialistas asesores en contactos y negociaciones con la administración pública", todo ello "a cambio de una remuneración establecida en 100.000 euros más IVA". Además, añade "unos honorarios de éxito, que se materializarán una vez que las fincas sean consideradas nuevamente de suelo urbano en el plan general".
La cuantía establecida en el contrato, clasificado como "confidencial", será de "igual a la cantidad que resulte de multiplicar 30 euros por cada metro cuadrado de techo que atendiendo a los parámetros del nuevo Plan General exceda del Aprovechamiento que le correspondía a la mercantil Imagen Valenciana SL, según las determinaciones del Plan General de 1987".
"Es decir, se recibirán 30 euros por cada metro cuadrado de techo que exceda de los 55.888,54 metros cuadrados de techo que ya tenía el sector".
Además, según añade el informe, el importe de la presente minuta se elevó a "la cantidad total 116.000 euros que se podrán hacer efectivos mediante pago en metálico, talón bancario o mediante transferencia".
Según la Policía, en "las bases de datos de la Agencia Tributaria constan dos ingresos a Salvetti Abogados en el año 2009 por parte de dos sociedades vinculadas a Ramón Salvador" y que "ambos ingresos son por la cantidad cada uno de ellos de 58.000 euros", por lo que "la suma de ambos ingresos asciende a la cantidad de 116.000 euros, que es la cantidad estipulada en los honorarios del contrato de prestación de servicios referido".
Así, en otra de las partes del sumario reveladas anteriormente y que el informe policial vuelve a recoger, se refleja una conversación entre Ortiz y Salvador, de agosto de 2008, en la que Ramón Salvador pregunta al empresario por la identidad del abogado urbanista que ha redactado el PGOU, a lo que Ortiz contesta que "un equipo de Javier Gutiérrez".
Ortiz le pregunta a Salvador si se ha ocupado de hablar con Javier Gutiérrez para que "metan" los terrenos del Pla de Xirau en el PGOU, a lo que Salvador contesta que "claro". "Pues entonces estará metido", responde Ortiz. Finalmente, Salvador confirma "el compromiso que contrajo con él el señor Gutiérrez", por lo que Ortiz zanja diciendo: "pues ya está, seguro que sí, hombre claro, no hay problema".
Tras la aparición de las primeras informaciones sobre el caso Brugal, relativo al PGOU de Alicante, el empresario se presentó en la Policía el 13 de abril de 2011, al saber que se encontraba entre los investigados y entregó una declaración por escrito y documentación sobre los planes urbanísticos.
Según el escrito, su empresa, Imagen Valenciana, tenía presentado un PAI ante el Ayuntamiento para desarrollar esa zona. Sin embargo, en el documento del Plan General ese suelo aparecía como no urbano, por lo que presentó una alegación que realizó Francisco Milán siguiendo el asesoramiento del despacho Salvetti Abogados.
Sin embargo, la policía asegura que este "extremo no parece casar con la realidad, en cuanto que la documentación intervenida incide en la idea de que la redacción formal de la alegación también correspondió a Salvetti Abogados".
"Al tener copia de la alegación que Ramón Salvador presentó en el Ayuntamiento, con su correspondiente número de registro de entrada, y haber procedido a su cotejo con el boceto de alegación intervenido en el ordenador --de Javier Gutiérrez--, se puede decir con rotundidad que ambos documentos son idénticos en cuanto a su contenido", agrega.
Además, destaca que se "han identificado más pagos por parte de Ramón Salvador a Salvetti, vinculados al contrato de prestación de servicios de asesoramiento".
