jueves, 2 de febrero de 2012

La banca española debe sanear sus cuentas con 50.000 millones contra resultados en un año

MADRID.- La banca española deberá sanear sus cuentas por el 'ladrillo' por importe de 50.000 millones de euros que detraerá de los resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, ya que podrán detraer estos recursos del capital y durante un proceso de dos ejercicios, según anunció hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos públicos.

   La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80% en el caso del suelo, porcentaje que contrasta con el 31% actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27% al 65%, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25% al 35%.
   Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del 7% en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012, especificó el ministro.
   "Estas elevadas cifras de aprovisionamiento contrastan con lo que teníamos anteriormente y ayudarán a descargar de activos inmobiliarios a la banca española y eso va a ser muy bueno", enfatizó De Guindos, quien vaticinó un descenso del precio de la vivienda con la aplicación de la reforma. Las entidades "dejarán de hacer de inmobiliarias y se centrarán en captar pasivo y dar crédito", apostilló.
   De Guindos desveló estos detalles sobre la reforma financiera que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros, para sanear los balances de los bancos por su exposición al sector inmobiliario, con el fin de despejar las desconfianza de los inversores, reactivar el flujo del crédito y crear empleo.
   En cuanto a las entidades que opten por la vía de las fusiones, contarán con dos ejercicios para acometer estas provisiones y podrán hacerlo contra patrimonio, aunque deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo al Ejecutivo, que deberá dar 'luz verde' tras informe del Banco de España, así como asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.
   De Guindos explicó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá contribuir al saneamiento de dichas entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo que el Tesoro ampliará el capital de este organismo dependiente del Banco de España en 15.000 millones. Según sus cálculos, esta emisión podría elevar la deuda pública en cuatro décimas, pero no tendrá impacto alguno sobre el déficit público.
   El ministro de Economía y Competitividad explicó que los denominados 'cocos' son títulos de renta fija que en determinadas situaciones se pueden convertir en renta variable y que se utilizarán para inyectar recursos en las entidades que emprendan procesos de fusión.
   De Guindos insistió en que este respaldo no se puede considerar dinero público, porque estos instrumentos híbridos se emitirán a precios de mercado, por lo que las entidades beneficiarías deberán hacer frente a intereses de mercado, actualmente en torno al 8%.
   Asimismo, recalcó que estas exigencias para ajustar los activos inmobiliarios a precios de mercado "son perfectamente asumibles por el sector", al tiempo que se facilitarán los requerimientos para las entidades que opten por las integraciones, lo que redundará en la eficiencia y solvencia del sistema financiero español, y por tanto, en el conjunto de ciudadanos.
   El ministro de Economía eludió vaticinar cuántas entidades quedarán al final del proceso porque se trata de algo que "depende de ellas mismas" e incidió en que el Ejecutivo no se inmiscuirá en dichos procesos, aunque los supervisará. "Lo que se pretende en última instancia es tener un sistema bancario con entidades mas sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo", enfatizó.
   También prefirió no especificar qué tamaño es el idóneo para una entidad. "Aquí no hay cifras mágicas, buscamos entidades más grandes, más eficientes y con mejor gobierno corporativo. Pero puede haber unas de 300.000 millones de euros de balance que no sean eficientes y otras de 100.000 millones que sí", ilustró.
   El Gobierno va a poner muchísima atención en el plan de saneamiento con el fin de que se genere un entorno de competencia suficiente en el que operen entidades saneadas y con capacidad de competir, explicó. "Ahora hoy algunas entidades que no tienen capacidad de competir", recalcó el ministro de Economía.

Proyectos de fusión, antes de junio

Las entidades financieras que decidan fusionarse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo, al tiempo que el Gobierno les exigirá compromisos para ampliar o "al menos" mantener la concesión de crédito hacia la economía.
   Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa para adelantar el decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este viernes. El ministro justificó este plazo en el objetivo de posibilitar una integración "rápida y eficiente".
   De Guindos admitió por ello que los procesos de concentración se deberán culminar en plazos "extremadamente" reducidos. Una vez que las entidades presenten al Gobierno sus proyectos de fusión, el Ministerio de Economía tendrá un mes para dar su luz verde.
   El titular de Economía avanzó que la integración de entidades finalizará el próximo 1 de enero de 2013. Como medida para incentivar las fusiones, el Ejecutivo permitirá que las entidades objeto de fusión acometan los saneamientos exigidos durante dos ejercicios, y no hacerlo en un año como el resto del sector. Y además estas entidades podrán ejecutar el saneamiento contra patrimonio y no sólo contra resultados.
   Ahora bien, De Guindos aclaró que las integraciones tendrán que elevar los balances un 20%, aunque en algunos casos podrán ser un 10%, y descartó que se realicen a través de las fórmulas de fusiones frías (SIP). "Deberán ser a través de fórmulas societarias", explicó.
   Si las fusiones necesitan ayudas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) facilitará financiación articulada a través de bonos convertibles contingentes, los conocidos vulgarmente como 'cocos'.
   Para intentar afrontar la solicitud de 'cocos' y así completar fusiones, el Gobierno eleva la dotación patrimonial del FROB hasta 15.000 millones de euros, con lo que reforzará su capacidad de endeudamiento. "El Gobierno pondrá muchísima atención en los planes de saneamiento y en los gobiernos corporativos", garantizó.
   "La reforma pretende entidades viables y un saneamiento rápido", afirmó el ministro, quien enfatizó que esta reestructuración del sector financiero español se llevará a cabo "sin recursos públicos".
De Guindos aclaró que estas condiciones a las fusiones se harán extensibles también a los procesos iniciados desde el 1 de septiembre de 2011, por lo que el Banco Popular podrá acogerse a las mismas para absorber Pastor.
   Preguntado sobre el número de entidades idóneas, el ministro sentenció: "No hay cifras mágicas, buscamos entidades más eficientes y saneadas", y descartó que la reestructuración vaya a acabar en un oligopolio.
   "El número de entidades resultantes va a garantizar la competencia", afirmó, para después constatar una realidad: "Ahora hay entidades que no tienen capacidad de competir. El número de entidades no garantiza la competencia".
   Con todo, De Guidos se mostró seguro de que estas medidas de saneamiento fortalecerán el sistema financiero español en las actuales circunstancias. "Es un paso importante", sostuvo.

La CAM otorgó una subvención de un millón de euros a la Macarena de Sevilla "por orden de Camps"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes valencianas, Lluís Torró, ha denunciado este jueves la "subvención" de un millón de euros que Caja Mediterráneo (CAM) otorgó a la Hermandad de la Macarena de Sevilla "por orden de Francisco Camps". 

   En un comunicado, Torró ha expresado su "sorpresa" al conocer esa subvención que el expresidente de la Generalitat "ordenó otorgar" al expresidente de la CAM, Vicente Sala, y ha denunciado que Camps "era un presidente capaz de dar un millón de euros a un organismo religioso, que no aportaba absolutamente nada" a la entidad.
   A su juicio, ese hecho "muestra claramente el control político absoluto" al que el PPCV "sometía" a la caja alicantina porque evidencia que Sala "era capaz de atender los requerimientos de Camps incluso en un cuestión como ésta que era simplemente un capricho".
   Según Torró, con actuaciones de ese tipo, la CAM "estaba predestinada a la quiebra y la intervención" y considera "clara y manifiesta" la responsabilidad del Consejo y de Camps en el "proceso de hundimiento apocalíptico" de la entidad. Por este motivo, ha ratificado la decisión de EUPV de solicitar la comparecencia de Camps en la comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas.
   Por otro lado, ha aseverado que "la Fórmula 1 fue un capricho de Francisco Camps más que una decisión racional" y que ahora su sucesor al frente del Consejo, Alberto Fabra, "ha quedado atrapado en los contratos suicidas que inconscientemente firmaba Camps con consecuencias trágicas para las finanzas valencianas".
   El portavoz adjunto de EUPV considera "significativo" que Camps "firmara la prórroga el día antes de dimitir" y ha señalado que el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, "sólo trataba con Camps, un individuo sumamente irresponsable que era capaz de firmar contratos extremadamente lesivos para las arcas valencianas".
   Al respecto, Torró ha recordado que EUPV presentó una Proposición No de Ley que instaba a reprobar a Camps por haber firmado "contratos perjudiciales para las finanzas públicas valencianas", así como a rescindir los acuerdos y romper el contrato de la Fórmula 1.

La Comunitat, una de las nueve regiones que no podrían liquidar su deuda con las farmacias en 2012

MADRID.- La Comunitat Valenciana, Cataluña y Murcia han aprobado presupuestos considerados insuficientes para liquidar su deuda con las oficinas de farmacia en 2012, pero desde el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), adelantan que este problema afectará probablemente también a Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra.

   No obstante, la solución podría ser el nuevo sistema de financiación de la deuda propuesto por el Ejecutivo y que se llevaría a cabo con los avales del Gobierno y líneas de crédito del ICO.
   Por otra parte, el organismo pone de manifiesto que en la mayor parte de las comunidades autónomas se aplica la prescripción por precio menor, ya sea marca o principio activo, y en la mayoría de ellas también se permite al médico prescribir directamente medicamentos de marca, siempre por razones terapéuticas justificadas.
   En cuanto a los resultados obtenidos en la contención del gasto en uno u otro sistema de prescripción, aunque todavía es pronto para hacer una valoración, parece que la prescripción por principio activo no supera a la prescripción de los medicamentos de precio menor, ya sean marcas o genéricos.
   No obstante, el sistema de prescripción no es el único elemento de reducción del gasto, ya que "tienen también mucha importancia" los descuentos del 4, el 7 y el 15 por ciento que afectan a los medicamentos no incluidos en precios de referencia.
   En su opinión, el gasto en el mes de diciembre muestra el fuerte impacto de los nuevos precios que impone el Real Decreto Ley 9/2011 cuya aplicación se produjo en el mes de noviembre. En este sentido, recuerdan que los datos de mercado descienden un 8,78 por ciento a fin de año, siendo el segundo año consecutivo en que se produce un descenso, aunque las recetas aumentan un 1,62 por ciento y se cierra el ejercicio con una cifra total de 973,6 millones de recetas.
   "Desde principios de 2012 serán evidentes los descensos por la entrada en vigor del Decreto Ley, cuyas consecuencias sobre el gasto pueden ser muy pronunciadas, aunque más por la reducción en los precios que por las otras medidas contenidas en esta norma", explican.
   En cuanto a las previsiones a corto plazo, FEFE señala que todo indica que en enero el descenso será muy similar al de diciembre, porque ya estarán en vigor la mayor parte de las medidas del RDL 9/2011 y que en los próximos meses se continuará profundizando en el descenso del gasto, bien sea por la aplicación de nuevos precios  --abril de 2012--, o por la extensión de la prescripción por principio activo.
   En cuanto a las previsiones del número de recetas, si continúa el crecimiento actual, afirman que puede alcanzar en menos de año y medio la cifra de 1.000 millones de recetas.

El paro en la Comunitat sube en 16.757 personas en enero hasta alcanzar los 551.793 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunitat Valenciana subió en 16.757 personas durante el mes de enero, lo que supuso un incremento del 3,13 por ciento con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 551.793 desempleados en la región, según ha informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Si se comparan estas cifras con las registradas en el mismo periodo del año pasado se observa que el número de personas paradas ha aumentado en 37.993 personas, un 7,39 por ciento más que en enero del 2011.
   A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar enero en casi 4,6 millones de personas, tras subir en el mes en 177.470 desempleados, con un aumento porcentual del 4 por ciento respecto a diciembre.
   En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.599.829 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. En términos interanuales, el paro aumentó en enero en 368.826 personas, un 8,7 por ciento más.
   Por provincias, el mayor incremento se dio en Valencia con 8.989 nuevos parados lo que eleva a 270.934 el número de desempleados, seguido de Alicante con 5.195 personas más hasta las 219.929 y 2.573 personas inscritas en Castellón hasta las 60.930.
   Del total de 551.793 parados de la Comunitat 278.356 son hombres y 273.437 mujeres. Por edades, 53.650 son menores de 25 años, de los que 29.668 son chicos y 23.982 chicas.
  El paro se ha incrementado en todos los sectores excepto en el de Sin Empleo Anterior, en el que cayó en 776 personas. Por contra, donde más aumentó fue en Servicios con 13.398 con lo que el número de desempleados se queda en los 322.486, seguido de Industria con 1.803 que asciende a 88.437, Agricultura con 1.335 llega a los 15.515 y Construcción con 997 eleva los desempleados hasta los 89.532.
   Asimismo, en la Comunitat Valenciana hay 86.768 extranjeros parados, de los que 5.456 están en Agricultura, 6.682 en Industria,  18.366 en Construcción, 47.279 en Servicios y 8.985 pertenecen al Colectivo Sin Empleo anterior.
    En el mes de enero se efectuaron 86.734 nuevos contratos, lo que supone un 9,84 menos respecto al mes anterior y un 6,88 por ciento menos que el mismo mes del pasado año. De los nuevos contratos, 6.716 son indefinidos y los 80.018 restantes de carácter temporal.

Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42 contra el criterio del fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación que instruía contra la cúpula militar del exministro de Defensa y diputado por Alicante, Federico Trillo, sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán. 

  El magistrado, que ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, reconoce en un auto hecho público este jueves "la gravedad de los hechos" investigados pero especifica que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuye a la "falta de preparación" de la tripulación.
   Tras apuntar que en la Audiencia Nacional sólo se ha investigado la presunta actividad delictiva de los imputados, "nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", Marlaska señala que no cabe atribuir a estos "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".
   El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.
   También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
   Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluye que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona",  ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.
  "La problemática del movimiento de tropas y su avituallamiento, encuadrado en el ámbito de la OTAN no puede estimarse generador de un riesgo añadido al que de por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo", argumenta.
  En relación con las causas del desastre aéreo, el auto recoge las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de Investigación que analizó el siniestro para sostener que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave" las que lo provocaron sino "la preparación concreta de la tripulación".
  El magistrado indica, de hecho, que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas" y había pasado todos los controles de mantenimiento. "Era apto para volar", agrega antes de añadir que "disponía de combustible suficiente".
   En cuanto a la capacidad de los tripulantes, Marlaska refleja en el auto que estos "no habían recibido entrenamientos adecuados" y adolecían de "coordinación e ideas".
  "No consta que ninguno de los pilotos hubiera aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por una orografía montañosa", destaca el juez para añadir a continuación que carecían de "programas de formación" y se encontraba en una situación de "estrés y cansancio" que les llevó a perder la situación espacial.
   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas. Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Golpe moral


El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha calificado de "golpe moral" y "jarro de agua fría" el archivo de la causa judicial que se seguía en la Audiencia Nacional por la contratación del aparato, y ha anunciado que los allegados recurrirán el auto del juez Fernando Grande-Marlaska "con todas las fuerzas".
    Sencianes se ha preguntado cómo el juez ha decretado el sobreseimiento de la causa, en la que estaban imputados seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, si la Fiscalía apuntaba en su informe que todos ellos habían incurrido en "una conducta omisiva en la contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del aparato".
   "Vamos a luchar por la memoria de los nuestros porque murieron inútilmente, su muerte era evitable", ha señalado Sencianes antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que los altos mandos militares tenían "dominio pleno" para haber podido evitar el accidente.
   Tras recordar que Grande-Marlaska también archivó la causa por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos y la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas ha indicado su intención de "continuar luchando para que prevalezca la verdad y la honestidad".
   En este contexto, ha recordado que antes de que se produjera el accidente los militares denunciaron su "miedo a volar" en un aparato que calificaron de "tartana o chatarra", en el que "la carga no iba anclada o los pilotos bebían vodka durante el vuelo".
"Ese aparato nunca debió volar", ha concluido.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Alerta hoy por la ola de frío en toda España

MADRID.- Un total de 32 provincias estarán hoy jueves en alerta amarilla (riesgo) por bajas temperaturas, viento y nieve como consecuencia de la ola de frío siberiano que entrará este miércoles por el nordeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las provincias más orientales de Andalucía están en alerta amarilla por nieve, que podría acumular hasta 3 centímetros. En la misma situación se encuentran Murcia, Valencia y Alicante. Por su parte, en Baleares se encuentran en alerta naranja en Mallorca y Menorca por vientos costeros. Además, en el norte de Mallorca podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve.
   Ante esta situación, la Aemet ha señalado que se la cota de nieve ha bajado a entre 0 y 500 metros en la mitad norte peninsular y entre 500 y 1200 metros en la mitad sur y en Baleares.
Además, la cordillera cantábrica, Pirineos y la costa de Gerona, Mallorca y Menorca, estarán en alerta naranja por nevadas y vientos costeros.
   Así, la Aemet destaca que los cielos estarán nubosos en toda la Península, al igual que en Baleares y Canarias, con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y ocasionalmente con tormentas en la costa mediterránea.
   En cuanto a las temperaturas, sufrirán una notable caída que se acentuará como consecuencia de los vientos que, se espera, traiga también la ola de frío, según ha señalado la agencia. Así, las temperaturas mínimas llegarán a los -11ºC en el Pirineo, mientras que en el resto de la mitad norte de la Península se moverán entre los -6ºC y los -4ºC. Además, la costa gallega y la catalana sufrirán fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.
   Esta ola de frío permanecerá en España hasta el sábado, mientras que el domingo la situación "tenderá a relajarse", aunque, según ha señalado el portavoz de la Aemet, Ángel Rivera, "está por ver" si la semana que viene se restablece el anticiclón o hay una segunda entrada de aire frío.

De las peores olas de frío desde 1950

   Esta ola de frío se produce aproximadamente una vez entre siete u ocho años y, de hecho, "esta podría ser de las cuatro más frías desde 1950", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
   Así, el portavoz de la AEMET, Ángel Rivera, ha explicado que esta situación "no es desconocida en invierno", pero ha añadido que, en este caso, además de las bajas temperaturas, la sensación térmica será de "aún más frío" debido a los vientos del nordeste de entre 30 y 40 kilómetros por hora y de hasta 70 u 80 kilómetros por hora en el cuadrante nordeste y Baleares.
   En este contexto, ha precisado que el temporal consiste en un anticiclón que se extiende por el norte de Europa con un eje inclinado nordeste-suroeste y que lleva un borrasca fría al sur en torno al Mediterráneo y sur de Europa. Esto implicará una descarga de viento del nordeste que arrastra masas de aire que proceden de Rusia o el interior de Europa y, a veces, de la propia Siberia.

Valencia está entre las CC.AA. más perjudicadas por recortes sanitarios y privatización


MADRID.-   La Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid y Cataluña son las autonomías más perjudicadas, hasta el momento, por los recortes en sanidad y los procesos de privatización que se están llevando a cabo en este servicio público. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que alerta de que en marzo podría darse "una segunda fase de recortes".

   Según este informe, presentado este miércoles por el portavoz de la FADSP, el doctor Marciano Sánchez Bayle, los recortes de presupuesto y personal, la limitación de servicios o los intentos de implantar tasas o copagos en sanidad se están realizando de forma generalizada en España. Sin embargo, en algunas comunidades estás medidas están siendo especialmente duras.
   Es el caso de la Comunidad Valenciana, que encabeza la lista de las autonomías más perjudicadas por recortes y privatización. Según la FADSP, Valencia destaca por ser la que menos presupuesto sanitario por habitante tiene para este año, unos 974 euros frente a los cerca de 1.122 euros con los que contaba en 2010.
   "La reducción de presupuestos en Valencia es especialmente preocupante, porque ya partía de un presupuesto muy bajo el año anterior y una deuda muy importante", ha señalado Sánchez Bayle.
   Las otras dos autonomías que han sufrido los mayores recortes presupuestarios en salud han sido Cataluña --con 1,128 euros por habitante para 2012 frente a los casi 1.230 de 2011-- y Murcia, con 1.219 euros para este año frente a los 1.346 del año anterior.
   También la Comunidad Valenciana destaca en los recortes de personal en el último año. Es una de las autonomías, junto a Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha, donde se estudia la posibilidad de aumentar en 2,5 horas el horario de los trabajadores del sistema sanitario público.
   Asimismo, Valencia está en la lista de autonomías --junto a Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia, Canarias, La Rioja y Galicia-- que están reduciendo las plantillas en centros y hospitales disminuyendo  las interinidades y los contratos eventuales.
   En el capítulo de cierre de centros, plantas o quirófanos y en la disminución de las guardias destaca el caso de Cataluña, donde estos recortes han sido más generalizados, según este estudio. Sin embargo, también han cerrado quirófanos en horario de tarde Valencia, Canarias y Galicia.
   Es precisamente Galicia la autonomía donde más se han recortado las prestaciones sanitarias, pues además de cerrar quirófanos en determinados horarios, han reducido las guardias, el servicio de ambulancias y la atención radiológica.
   A esto se suma la decisión de las autoridades gallegas de no dar la tarjeta sanitaria a las personas que no lleven seis meses empadronados en esa comunidad. "En esta autonomía --detalla el informe-- se ha llegado a retirar el derecho a prestación sanitaria a personas que pierden este derecho por paro prolongado".
   En relación con la privatización de servicios sanitarios, un caso sobresaliente es el de Canarias, donde, según el estudio, "el 40 por ciento de las camas son privadas y atienden al 37 por ciento de los procesos agudos financiados públicamente". Sin embargo, también hay experiencias en marcha en este sentido en Galicia, Valencia, Murcia, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha.
   Según el portavoz de la FADSP, aunque estos recortes y procesos de privatización o implantación de nuevas tasas son relativamente recientes, comienzan a verse ya sus primeras consecuencias.
   En este sentido ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde 25.000 nuevos pacientes han entrado a engrosar las listas de espera tras las últimas medidas de la Generalitat. Otra muestra es Canarias, añade, donde el cierre de quirófanos de tarde ha incorporado a 7.500 pacientes más en lista de espera.
   A su juicio, con estas medidas se está buscando "hacer insostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ya que las privatizaciones aumentarán los gastos, las restricciones de personal sobrecargarán a los profesionales de sanidad y empeorarán en servicio y la introducción de copagos y tasas supondrán "una barrera importante para gran parte de la población, sobre todo a los pensionistas".
   La otra cara de la moneda está representada por las autonomías de País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, que han salido "mejor paradas" de los recortes en sanidad que se han realizado en todo el país. No obstante, Sánchez Bayle advierte de que ésta es sólo "la primera fase de recortes en sanidad" y que "es probable que se produzca una segunda en marzo", cuando se presenten los presupuestos generales.

Alarte afirma que el PSPV va al Congreso como "una federación conjunta" pero que "cada uno votará libremente"

VALENCIA.-  El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este miércoles que los socialistas valencianos acudirán al Congreso del PSOE de Sevilla como "una federación conjunta", pero, lo que pasa, ha explicado, es que "en nuestro partido no se vota como en el PP, donde Rajoy envía un fax y nombran a Fabra" presidente de la Generalitat. "Nosotros lo hacemos de otras manera", ha recalcado.

  Así, ha destacado, tras mantener una reunión con el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Luís Lozano, que "los militante socialistas votan libremente". "Cada uno votará de una manera, libremente, en secreto y en una urna. Nosotros no somos como el PP", ha recalcado.
   Preguntado por cómo quedaría su posición en el partido si los nueve diputados que se adjudicó Francesc Romeu dan su voto a Carme Chacón ha apuntado: "estas preguntas me causan cierta sensación de impacto porque el voto es secreto, qué van a votar en la urna yo no tengo ni idea, como el mío, que también es secreto".

El Consell definirá un plan de tesorería con el Gobierno en febrero que incluya los pagos a proveedores

VALENCIA.- Los responsables de Economía y Hacienda del Consell se reunirán "en las próximas semanas" con representantes del Tesoro Público para definir un plan de tesorería que determine cómo se van a atender "todos los vencimientos y necesidades de financiación de la Generalitat", incluidos los pagos a proveedores. De este modo, esperan conocer la disponibilidad de fondos y fijar un calendario de pagos a lo largo del mes de febrero.

   Así lo ha anunciado este miércoles el nuevo conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, quien ha destacado el esfuerzo que realizan todos los miembros del Consell para "preparar un plan" y "pactar con el Gobierno" la organización de su "plan de pagos".
   En un encuentro con periodistas, ha señalado que se trata de una "reunión de trabajo pendiente" que ya han mantenido otras autonomías para elaborar un cuadro de 'cash flow' que recoja todos los vencimientos que debe atender la administración autonómica a fin de "cuadrar" los ingresos y gastos con su presupuesto. Buch ha asegurado que cubrirán todos sus vencimientos "con apoyo del Gobierno" y que elaborarán planes "en sintonía con ellos" para "trazar una senda" que permita cumplir los compromisos y objetivos fijados para 2013 y 2014.
   Al respecto, ha explicado que la Generalitat elabora y propone esos planes para después abordar con los responsables del Ejecutivo estatal el apoyo financiero que les brinda y ver cómo se instrumentaliza --al contar con mejor 'rating' que las autonomías-- y ha apuntado que esperan recibir "todo lo necesario para cumplir los compromisos adquiridos" y que, para ello, "lo normal es que se recurra a una combinación de distintas vías" de financiación.
   Buch, que tomó posesión de su cargo hace diez días tras la marcha de Enrique Verdeguer para presidir ADIF, ha manifestado que "este año todavía faltan medidas que adoptar" para lograr que el presupuesto "cuadre con los objetivos" marcados para este año y para próximos ejercicios. "Está hecho para cuadrar", ha subrayado el conseller, que confía en que la economía remonte y les ayude a completar esa tarea.
   En este sentido, ha subrayado la trascendencia del plan de racionalización del sector público valenciano y ha destacado que ese proceso discurre "según el calendario fijado" y se han abierto ya las propuestas técnicas de las ocho consultoras que optan a realizar el "análisis en profundidad" que ha sacado a concurso el Consell. Según Buch, decidieron externalizar ese "macroproyecto" para "darle velocidad" al proceso y conocerán la adjudicataria a mediados de marzo. Hasta entonces, están "mirando cosas informalmente" pero esperarán a contar con el "marco global y trabajado" que les presente ésta para tener una visión de conjunto y evitar "parches" erróneos.  
   El nuevo titular de Economía ha garantizado que su actitud "va a ser de transparencia" y que "es bueno" que se cuente "todo lo que se pueda contar", respetando siempre la Ley de Protección de Datos y las cláusulas de confidencialidad existentes, entre otras cuestiones.
   Para superar la crisis actual, aboga por combinar las medidas de ajuste que demuestren que son capaces de devolver la deuda con  políticas activas e iniciativas que impulsen el desarrollo económico. Así, una vez paguen a sus proveedores, pondrán en marcha acciones de apoyo al empresariado y les darán "facilidades administrativas" para que se agrupen y, por ejemplo, constituyan consorcios de exportación.
   Buch ve difícil desarrollar iniciativas costosas pero ha remarcado que "hay cosas que cuestan poco dinero" y se pueden realizar con creatividad y gracias también a la labor de los institutos tecnológicos, a quienes pagarán los 15 millones que reclaman con urgencia --de los 55 millones que les debe el Impiva-- cuando tengan disponibilidad. En cualquier caso, ha aseverado que "los recortes son necesarios porque uno no puede siempre gastar más de lo que ingresa". 
"En los años buenos nos hemos equivocado todos", ha sentenciado.

Compromís pide al Consell que "asegure la viabilidad" de la SGR "por el bien de la economía valenciana"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha pedido al gobierno valenciano que "asegure la viabilidad" de la SGR "por el bien de la economía valenciana". Al respecto, considera que el Consell "tiene que dar explicaciones de por qué no paga a la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR)".

   Morera, en un comunicado, ha explicado que la SGR es una entidad que se dedica a facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas que no lo pueden hacer mediante las entidades bancarias. "Es intolerable que la Generalitat no haya pagado el dinero que se comprometió para hacer la ampliación de capital y esto ha puesto en fase de desaparición esta sociedad", ha agregado.
   El síndic ha pedido la comparecencia en las Cortes del responsable del Instituto Valenciano de Finanzas,  Jorge Vela, para que explique "por qué motivos esta entidad no tutela a la SGR para evitar su disolución".
   Morera ha señalado que una entidad como SGR, "tiene un papel muy importante en la economía valenciana, en el apoyo a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas y si, finalmente y por la dejadez y mala gestión del Consell desaparece, veremos cómo se cierra una vía de financiación importante para muchas empresas que ya no pueden confiar en el apoyo de los bancos".
   También, desde Compromís han insistido que la Generalitat Valenciana, "tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad de la sociedad, como también tienen responsabilidad las entidades bancarias. No olvidemos que los socios protectores de SGR son el IVF (60%) y Bankia y la CAM con un 13% cada una y el resto corresponde a cámaras de comercio, asociaciones empresariales y otras agrupaciones".
   "Sin embargo, también vamos a pedir una mayor implicación de los bancos, empezando por Bankia, que a la SGR de Madrid pone 17 millones de euros anualmente y a la valenciana sólo aporta 2,4 millones de euros, demostrando también así que Bancaja ha desaparecido del todo y que no pinta nada ni la entidad ni la sociedad valenciana para Bankia", ha continuado.
   El portavoz de Compromís, además, considera que la Generalitat, "tiene la autoridad también para aclarar la gestión que se ha hecho en los últimos años para pedir explicaciones y responsabilidades a quienes hayan estado al frente de la gestión de la SGR que, insistimos, se tiene que hacer todo lo posible para que no desaparezca".

Compromís anima a los alicantinos a dar su apoyo a Mireia Mollà en el juicio contra Enrique Ortiz

ALICANTE.- Compromís da su apoyo a la diputada Mireia Mollà en el juicio que la enfrenta mañana al empresario Enrique Ortiz, imputado en varias ramas del caso Brugal y presuntamente relacionado con el caso Gürtel, y anima a los ciudadanos a que muestren también su respaldo a la diputada en una concentración en los juzgados o a través de Twiter, según ha indicado la coalición en un comunicado.

   El juicio por la demanda que le interpuso el empresario Enrique Ortiz, por entender que dañó su honor en unas declaraciones públicas sobre corrupción, se celebra este jueves, a las 13.00 horas, en los juzgados de Benalúa, en Alicante, y en él estará presente también la diputada de Compromís, Mònica Oltra, que actúa como abogada. El colectivo Joves amb Compromís de l'Alacantí ha convocado una concentración a las 12.30 horas a las puertas de los juzgados para mostrarle su apoyo.
   Desde Compromís han animado a concentrarse a "toda aquella gente que quiera defender la honradez y la transparencia por la que siempre ha trabajado Mireia Mollà". A su vez, invitan a sumarse a la concentración a aquellos ciudadanos que quieran "dar su apoyo a las personas que están haciendo política sin miedo ante los casos de corrupción que se están repitiendo a lo largo del territorio".
  Por su parte, el síndico de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha mostrado "el total apoyo y solidaridad de su grupo" con la diputada Mireia Mollà ante el inicio mañana del juicio por la demanda que le interpuso el empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal, por entender que dañó su honor en unas declaraciones públicas sobre corrupción.
   Según Morera "lo único que ha hecho Mireia Mollà es denunciar la corrupción y lo que es inaudito es que aquellos que combaten la corrupción acaben sentados en el banquillo, cuando los que tendrían que estar pagando sus culpas y responsabilidades son aquellos que han vulnerado las reglas de nuestra democracia y que se han beneficiado del saqueo de las arcas públicas".

Arias Cañete reestructurará el sector agroalimentario

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado en el Congreso de los Diputados una batería de 40 medidas para acometer una reestructuración del sistema agroalimentario español, entre las que se encuentra el impulso a la integración de las explotaciones agrarias en cooperativas u otras organizaciones "con dimensión".

   Arias Cañete afirmó que trabajará con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un proyecto de Ley que facilite la integración de las capacidades productivas, comerciales e industriales de las explotaciones, a fin de "fortalecer" al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria.
   Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, subrayó que trabajará especialmente en el ámbito de la producción, sobre el que pesa la "seria amenaza" de abandono de la actividad por la caída de la renta agraria y el aumento de los costes de producción.
   Así, avanzó que el Gobierno favorecerá la concentración de la oferta y reducirá las cargas administrativas que sufren actualmente agricultores y ganaderos, así como las que conllevan la implantación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural.
   El aumento de la dimensión de las explotaciones también se buscará mediante el fomento de la "liberación de tierras, favoreciendo la titularidad por fórmulas asociativas y estableciendo normas sobre la dimensión de nuevas explotaciones". El ministro apuntó que fomentará la incorporación de los jóvenes a la actividad para favorecer el relevo generacional.
   Arias Cañete afirmó que el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria sobre el que ya trabaja su Ministerio es "más ambicioso" que el iniciado por el anterior Gobierno. El objetivo de la nueva norma se centrará en lograr un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, "evitando prácticas que favoreciendo a una parte, vayan en detrimento del conjunto".
   Asimismo, anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Defensa de la Alimentación Española y la potenciación del Observatorio de Precios para que "además de observar, pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las disfunciones que se detecten". También destacó que se potenciará la consolidación de las organizaciones interprofesionales.
   De otro lado, el ministro propuso la creación de un Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional, como "fuente de información básica" para el funcionamiento del sistema, con la participación de productores, industria y distribución. Para su configuración, desarrollará un proceso electoral de ámbito nacional que fije la representatividad de las organizaciones del sector.
   En materia de pesca, Arias Cañete anunció una ordenación "definitiva del caladero nacional", con la "autorregulación" del sector "siempre que sea posible", y una modificación de la estructura de la administración pesquera.
   El ministro apostó por aprovechar la reforma de la Política Pesquera Común para "afianzar" la posición de "liderazgo" del sector a largo plazo, con "medidas apropiadas, la explotación sostenible de los recursos y, todo ello, superando visiones anticuadas".

Los inversores en cuotas participativas de la CAM pueden perderlo todo

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a los inversores en cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que perderán toda su inversión si el emisor les da un valor cero, según advirtió el presidente del organismo supervisor, Julio Segura, tras la presentación del 'Plan de Actividades de la CNMV 2012'.

   Segura explicó que la solución la tiene que dar el emisor y que si éste considera que el valor de las cuotas participativas es cero, esto "quiere decir que quien haya invertido perderá todo".
   En este sentido, el presidente de la CNMV recordó que el pasado mes de enero el organismo suspendió cautelarmente la cotización de las cuotas participativas de la CAM tras la adjudicación de la caja alicantina al Banco Sabadell, lo que provocó que "su valor probable tras el cierre sea cero".
   Segura explicó que esta decisión se produjo tras la publicación por parte de la entidad catalana de "su deseo de amortizar la emisión de cuotas participativas diciendo que su valor probable es nulo". Por lo tanto, el presidente de la CNMV concluyó que "no tiene sentido" levantar la cotización de las cuotas cuando el emisor "considera que valen cero".
   Por otro lado, respecto a las presuntas irregularidades cometidas por las auditoras en la elaboración de cuentas de la CAM y del Banco de Valencia, Segura afirmó que el organismo que preside "no tiene competencia" sobre estas empresas, ya que ésta corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

Manifestación


Alrededor de un centenar de personas afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de Caja Mediterráneo (CAM) han participado este miércoles por la tarde en una asamblea, en la que han acordado realizar una manifestación de protesta el próximo 10 de febrero en Alicante, según ha informado el representante de la Plataforma CAM, Carlos Ecos.
   La reunión, celebrada en el salón de actos de CCOO en Alicante, ha permitido conocer de primera mano la situación de alrededor de un centenar de clientes, la mayoría de ellos personas de edad avanzada, a los que la Plataforma CAM considera que les "engañaron con la compra de valores".
   Los participantes han acordado celebrar una manifestación el próximo 10 de febrero, que partirá a las doce del mediodía desde la sede central de CAM en Alicante, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar ante la sede del Banco de España, en la Rambla Méndez Núñez.
   La Plataforma CAM ha aprovechado la reunión para continuar con la recogida de poderes notariales con los que este colectivo reclamará el embargo de las cuentas de los afectados, con el fin de "retener judicialmente el dinero en las cuentas y evitar que se esfume a partir de marzo".
    Así mismo, la Plataforma CAM ha decidido apoyar la protesta convocada igualmente por otro colectivo de afectados por estos productos, Adicae, que llevará a cabo actos los días 25 de febrero y 3 de marzo.
   Carlos Ecos además ha adelantado que el próximo 8 de febrero volverán a mantener una asamblea de las mismas características, esta vez en el salón de actos de UGT en Alicante, para continuar con la recogida de poderes.
   El pasado 26 de enero, la Plataforma CAM presentó una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la CAM en nombre de cerca de 150 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada.
   Los afectados, representados por el abogado Diego de Ramón, además han solicitado incorporarse como perjudicados a la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.
   El Banco de España intervino la CAM el pasado mes de julio y puso la gestión en manos de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras detectar que en marzo de 2011 se habían comunicado unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   El pasado mes de diciembre el Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que cuenta con una o varias ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El Gobierno revisará los impuestos que pagan las familias españolas

MADRID.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado ante la Comisión del ramo en el Congreso que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.

   En la que es su primera intervención como ministra ante la Cámara Baja, Mato ha expresado esta "intención" del Gobierno y ha afirmado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ya "se ha comprometido" con este aumento de los mínimos que no tributan.
   "La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada", ha señalado la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que ha definido como "un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar".
   El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, "como órgano de coordinación administrativa" y "principal foro de debate" sobre este asunto, además de medidas de conciliación y "reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial", el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; "acciones específicas" para familias numerosas e iniciativas de "protección a las madres, especialmente las jóvenes", en situación de dificultad.
   Preguntada por la portavoz del Grupo Socialista, Soledad Pérez, sobre a qué modelo se refiere cuando habla de "la familia", Mato ha asegurado que es un plan para "todas". "No voy a entrar en temas ideológicos porque en temas de familia no se le puede dar lecciones a nadie, ya que cada una es un mundo, y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a todos los mundos familiares", ha señalado.
   La ministra, que comparecerá el 9 de febrero ante la Comisión de Igualdad, ha avanzado no obstante la principal medida de su departamento en materia de violencia machista y es la creación de "un Plan Personalizado contra la Violencia de Género" para "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada".
   Según ha dicho, el objetivo es "lograr una mayor cercanía" así como mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social, prevención, gestión del riesgo y asistencia de las mujeres que dan el paso para salir de esta situación. "La primera tarea del ministerio será la de estar permanentemente vigilante en relación a la violencia ejercida contra las mujeres, el más cruel exponente de la falta de igualdad en una sociedad", ha apuntado.
   Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de "actualizar y agilizar los procedimientos" de adopción y acogimiento, acometiendo "una profunda reforma del sistema español de protección de menores" que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jóvenes con una legislación que data de 1996.
   Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un "Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015" con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.
   La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de "una inmensa mayoría de los españoles" por "algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes" y ha confirmado que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará "los cumplimientos íntegros de las penas y la privación de libertad" en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.
   Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar "un plan estratégico de emancipación juvenil" que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará "prioridad absoluta" a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento. En este ámbito, ha señalado, se organizará "el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".
   La ministra también se ha referido a las cuestiones relativas a consumo y ha avanzado que se abordará la integración del Instituto Nacional de Consumo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se restablecerá la Conferencia Sectorial de Consumo y su órgano ejecutivo, la Comisión de Cooperación de Consumo; y se retomará la "colaboración" con la Federación Española de Municipios y Provincias.
   Asimismo, ha anunciado que se cambiarán los métodos de vigilancia para prestar "especial atención al control de las ofertas que se difunden a través de la Red" y "medidas para resolver las disfunciones" en las áreas de "telecomunicaciones, transportes, servicios bancarios y suministro de energía", los sectores, según ha dicho, "donde los usuarios reclaman más atención".
   Por otra parte, Mato ha respondido a las preguntas de los diputados de CiU, Carles Campuzano y ERC, Joan Tardá, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a Cataluña y, por ende a todas las comunidades autónomas, la capacidad de distribuir los fondos recaudados por la casilla para fines sociales que marcan los ciudadanos en la declaración de la renta, y ha señalado que buscará una nueva fórmula para "coordinar" el reparto de fondos.
   "El Ministerio respeta escrupulosamente la decisión adoptada por el Supremo, pero en todos los informes jurídicos se sigue constatando que el Ministerio juega un papel esencial en relación con las organizaciones de ámbito nacional que tienen programas de ámbito supra autonómico", ha señalado.
   Por este motivo ha apuntado que se buscará "una fórmula conjunta respetando la sentencia y las competencias de las comunidades autónomas pero también teniendo en cuenta que para las organizaciones que prestan unos programas de ámbito supra autonómico no es decisión de las comunidades autónomas el otorgamiento de los fondos", ha señalado.

Arias Cañete anuncia 26 medidas de carácter medioambiental

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha anunciado una batería de 26 medidas de carácter medioambiental en materia de agua, costas, bosques, medio marino, biodiversidad o lucha contra el cambio climático.

   Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el ministro se ha comprometido a simplificar y racionalizar la normativa ambiental, siempre en base al respeto a las garantías medioambientales exigibles.
   En ese sentido, se ha comprometido "agilizar" los trámites administrativos de los procedimientos ambientales porque se prevé una duración de estos trámites de entre 24 y 36 meses y, "algunos casos llevan ya más de ocho años", como el caso de la declaración de impacto ambiental del proyecto del oleoducto de la refinería Balboa, desde Extremadura al Atlántico onubense.
   Además, ha anunciado el establecimiento de un "nuevo Plan Hidrológico del Agua" que garantice el suministro de agua en "calidad y cantidad suficiente", de manera "integral y solidaria" en todo el territorio nacional. En ese sentido, ha agregado que se revisarán los planes de cuenca --que debían estar concluidos y presentados a la Unión Europea antes de finales de 2009-- con el objetivo de que se concluyan "antes de finalizar 2013".
   Concretamente, ha subrayado que las competencias en materia de agua son "propias" del Estado y del Ministerio, y ha prometido que se fortalecerán dichas competencias, como el ejercicio de la competencia en materia del dominio público hidráulico.
   El ministro ha incidido en que se avanzará en una mejor coordinación en la toma de decisiones en el tema de agua entre las confederaciones hidrográficas, las sociedades estatales de agua y la Dirección General del Agua, que "liderará" dicha coordinación.
   En este ámbito, ha anunciado que se tratará de alcanzar un nuevo programa nacional de inversiones y actuaciones que hará efectivo el nuevo Pacto Nacional del Agua que ha anunciado.
   Al mismo tiempo, ha insistido en que se realizarán las actuaciones para lograr el "100 por 100" de la depuración de la carga contaminante en aguas en España, que comenzará por los grandes núcleos de población y en poblaciones en zonas "ambientalmente sensibles".
   Asimismo, se impulsará el uso de aguas reutilizadas, para dejar las aguas de mayor calidad para distintos fines y que, todo ello, se hará asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos.
   En materia de la Directiva Marco de Agua, ha dicho que, desde el Ministerio se impulsará "decididamente" la aprobación de los planes de demarcación hidrográfica inter-comunitarios, y que se cumplirán las obligaciones previstas del Ministerio en este área, que van con años de retraso.
   Asimismo, ha apuntado que se impulsarán los acuerdos voluntarios con la industria y las empresas en materia medioambiental para incentivar actuaciones respetuosas con el medio ambiente.
   Igualmente, ha señalado que se aprovecharán los residuos de forma eficiente y que las "medidas correctoras" en suelos contaminados y prevención de la contaminación para lo que, por ejemplo, se elaborará un mapa de suelos contaminados.
   En materia ambiental, buscará la mejora de la biodiversidad, se promoverán las actuaciones y actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, como el turismo rural, y la potenciación de la red de Parques Nacionales, dentro de las acciones recogidas en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Bioversidad.
   Otro de los capítulos principales de su intervención ha sido el anuncio de la reforma de la Ley de Costas, tal y como anunció en uno de sus primeros discursos como ministros. Arias Cañete ha subrayado que se está estudiando la reforma de la normativa sobre la protección del dominio público marítimo terrestre para que la protección del litoral y el desarrollo de las actividades económicas y dar seguridad jurídica.
   En esta línea, ha manifestado que se promoverá la protección del litoral, la potenciará la protección de los sistemas litorales, y la recuperación de las zonas degradadas por factores naturales y artificiales y que se prestará "especial atención" a los humedales costeros.
   Por eso se elaborará una "estrategia marina" en cada una de las cinco demarcaciones amarinas y se elaborará un Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas y un Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental. A este respecto se ha referido al próximo décimo aniversario de la catástrofe del Prestige, sin que se haya mejorado la protección en este sentido.
   Del mismo modo, dentro de costas, se promoverá la revalorización de las playas con campañas de información y sensibilización a los ciudadanos y usuarios del litoral para contribuyan a la recuperación y protección de estos "valiosos" espacios.
   En cuanto al cambio climático, ha precisado que se desarrollará una "nueva" estrategia frente a este problema porque España está "lejos" de cumplir con sus objetivos. Esta nueva estrategia, a su juicio, debe adecuarse a las actuales circunstancias económicas, que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como cumplir los compromisos internacionales y salvaguardar la creación de empleo y la activación de la economía en la que la protección del medio ambiente "puede ser un aliado".
   Arias Cañete considera "necesario" realizar nuevas previsiones de las emisiones de efecto invernadero, que se correspondan con datos del PIB actuales y conociendo los "beneficios" que aportarán las medidas concretas que se pondrán en marcha.
   Para ello, ha añadido que "un pilar clave" en la reducción de emisiones será el régimen de derechos de emisión cuya tercera fase se iniciará en 2013. De este modo, "en los próximos meses" se acometerán las actuaciones necesarias para que "España esté lista" para el nuevo periodo. Así, ha precisado que se aprobará la asignación de derechos para las instalaciones industriales, y se pondrán en marcha los mecanismos que permitirán subastar parte de los derechos de emisión, como exige la normativa europea.
   El ministro ha subrayado que el Gobierno deberá seguir acudiendo a los mercados de carbono para cumplir el Protocolo de Kioto, pero que ahora se orientará "adecuadamente" la estrategia de derechos de emisión para que estos "esfuerzos" reviertan en el apoyo y beneficio de empresas españolas en sectores clave como las energías renovables o la biomasa, entre otras.
   En ese contexto, ha incidido en el "compromiso" de impulsar el desarrollo de proyectos en España, que constituyan un embrión para generar actividad económica y empleo y que sean actividades limpias y bajas en carbono. Para ello, ha anunciado que se utilizará el Fondo de Carbono del Ministerio para "retribuir de manera efectiva" la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que dichos proyectos generen y que, además, sean "verificables, adicionales y sostenibles en el tiempo".
   En materia de calidad del aire, Arias Cañete ha manifestado que se desarrollará y revisará la Ley de Calidad del Aire y protección de la atmósfera y que se volverá a analizar el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire porque, a su juicio, no es "realista" ni se ha contado con todos los organismos y administraciones que tendrán que implantar las medidas concretas.
   Respecto a residuos, ha dicho que los objetivos y prioridades se fijarán mediante la "actualización" del Plan Nacional integrado de Residuos 2008-2015 a los nuevos requisitos establecidos en la ley. "La prevención de la contaminación y la puesta en marcha de acciones correctoras serán los ejes prioritarios", ha manifestado.

Rubalcaba coincide con Botín en que la culpa de la crisis es de políticos por no impedir la codicia

TOLEDO/MADRID.- El candidato del PSOE a la Secretaría General del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincide con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en que los políticos son culpables de la crisis, pero por no haber "regulado el sistema financiero internacional" e impedir que "la codicia de unos cuantos se haya llevado el trabajo de millones de ciudadanos en todo el mundo". 

   A preguntas de los medios por las palabras de Botín, tras mantener un encuentro con delegados socialistas en Toledo, Pérez Rubalcaba ha dicho que Botín "tiene razón botín en una cosa: que la culpa es de los políticos", aunque "probablemente" cada uno esté pensando en distintas razones, ha señalado.
   Para Rubalcaba es cierto que los políticos son culpables, pero por no haber regulado el sistema financiero en los años 80 y 90. "Tiene razón, aunque él seguramente piense en cosas diferentes que yo, los políticos tenían que haber hecho un trabajo diferentes y haber tenido reglas que impidieran que la codicia de unos cuantos se haya llevado el trabajo de millones de ciudadanos en todo el mundo".
   Rubalcaba --que no quiere que estas palabras se entiendan como una contestación a Botín-- ha indicado que en estos años ha habido "una crisis financiera producto entre otras cosas de la falta de reglas sobre un sistema financiero internacional que ha campado por sus respetos y ha acabado construyendo una economía de casino que estamos pagando todos".
   Si se hubiera regulado el sistema y se hubiera "puesto al servicio de los ciudadanos y no de aquellos que mandan en el sistema financiero, probablemente las cosas hubieran sido distintas", ha concluido.

Tomadura de pelo

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, José Luis Centella, considera "una tomadura de pelo" las palabras del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, desmarcándose de la crisis y culpando a los políticos. A su juicio, el banquero acusa ahora a los gobernantes que le han tratado generosamente, lo que supone un "abuso de confianza".  
   En declaraciones en el Congreso, Centella ha explicado que la crisis tiene "padres y madres" y entre los culpables figuran los políticos gobernantes --"A los demás, que nos registren", precisa--, pero también la banca, cuya culpabilidad no se puede separar. "Me parece que Botín está abusando de la confianza porque ahora intenta acusar a los políticos que le han tratado generosamente", sostiene.
   Para el diputado de IU por Sevilla, que también es secretario general del PCE, Botín quiere "seguir sacando tajada de la crisis" pero debería asumir que la banca es parte de la crisis: "Que explique quién regaló cajas de ahorro a los bancos o quién ha facilitado la especulación inmobiliaria", ha dicho.
   Pero, además, cree que las palabras de Botín hieren e indignan a la gente que fue engañada al firmar hipotecas, que ahora ve embargada su casa o que no puede acceder a créditos porque la banca dedica el dinero a tapar sus agujeros, etcétera. "Es una tomadura de pelo", ha comentado.

García-Margallo: "No está resuelto" el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Washington

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha señalado que "no está resuelto" el nombramiento del exministro de Justicia y diputado por Alicante, Federico Trillo, como embajador en EEUU.

   Así se ha expresado cuando un periodista le ha advertido de que las noticias que han avanzado el nombramiento de Trillo contradicen el compromiso adoptado por García-Margallo de reservar, en general, las jefaturas de embajadas a los diplomáticos.
   El jefe de la diplomacia ha contado una anécdota para ilustrar su respuesta. "Usted sabe que el general Franco tenía una próstata extraordinariamente resistente y un general que no la tenía tanto se metió en el río con él y le preguntó: 'Mi general, he oído que yo podía ser ministro' y Franco le contestó -'Pues yo no he oído nada'".
   García-Margallo ha indicado no obstante que espera "resolver en los próximos días" este tema y ha señalado que, en materia de nombramientos de nuevos embajadores, sólo está decidido quién va a ser el candidato que propondrá el Gobierno como embajador en Pretoria.
   Se trata del diplomático Juan Sell, hasta la fecha jefe de gabinete de García-Margallo y con anterioridad de Trinidad Jiménez y varios secretarios de Estado de Asuntos Exteriores del anterior Gobierno, han informado hoy fuentes diplomáticas.

Fitch baja el rating a la deuda garantizada por el Estado emitida por la CAM y Bankia

MADRID.- Fitch ha rebajado la nota al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la deuda garantizada por el Estado emitida por las entidades financieras de 'AA-' a 'A', como consecuencia de la rebaja en el rating de España, situándolas en perspectiva 'negativa'.

   Así, la agencia ha bajado el rating a la deuda garantizada por el Estado emitida por Banca Cívica, Banco CAM, Banco Cooperativo Español, Banco Financiero y de Ahorros, Banco Guipuzcoano, Banco Mare Nostrum, Banco Popular Español, Bankia, BBK Bank CajaSur, Catalunya Caixa, la Caixa, Caja España-Duero, Cajamar Caja Rural, Cajamar, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, NCG Banco, Unnim Banc.
   El pasado 27 de enero, Fitch Ratings rebajó en dos escalones la calificación de España, desde 'AA-' hasta 'A' con perspectiva 'negativa', debido al "significativo empeoramiento" de la perspectiva fiscal y económica, así como a las tensiones en la eurozona.

El apoyo del FROB o del Fondo de Garantía se considerará ayuda pública

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado de que los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español, que se aprobará este viernes, serán considerados por Bruselas ayudas públicas.

   Ello significa, según ha explicado, que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.
   "En la medida en que el Gobierno ha anunciado su intención de no dar ayudas públicas que tengan repercusión en el presupuesto, pues eso limita pero no elimina la necesidad de presentar aquí las correspondientes notificaciones siempre que existan recursos que son considerados ayuda de Estado implicados en la reestructuración", ha dicho Almunia.
   "Los recursos que el FROB ponga o que el fondo de garantía de depósitos pueda poner al servicio de la reestructuración de entidades financieras en España son considerados ayuda de Estado", ha resaltado el vicepresidente.
   Según ha trascendido, el Gobierno prevé que el FROB emita deuda para financiar al Fondo de Garantía de Depósitos, que prestará a los bancos que no tengan capacidad de hacer las provisiones necesarias para sanear su cartera de activos inmobiliarios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado el total de provisiones necesarias en 50.000 millones de euros.
   Almunia ha desvelado que se reunió con De Guindos la semana pasada y que éste le presentó "las intenciones del Gobierno, pero no los datos concretos".
   El Ejecutivo comunitario ha recibido ya el plan de reestructuración derivado de la adquisición de la CAM por parte del Banco de Sabadell y está a punto de empezar a examinar el de Unnim, según ha desvelado el comisario de Competencia. Además, espera los planes para otros tres casos: Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia.

El Gobierno obligará a la banca a hacer saneamientos preventivos por el ladrillo

MADRID.- El Gobierno obligará a la banca a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector inmobiliario y a hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago, informaron hoy fuentes conocedoras del proceso.

   Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Gobierno el próximo viernes 3 de febrero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.
   La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones).
   Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.
   Las entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.
   El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.
   El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.
   Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.
    El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este miércoles de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.
   Ello significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

Arias Cañete anuncia un nuevo Plan Hidrológico "integral y solidario"

MADRID.- El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que abordará el Pacto Nacional del Agua que se plasmará en un "nuevo Plan Hidrológico Nacional" que garantice el suministro de agua en "calidad y cantidad suficiente", de forma "integral y solidaria" en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como las del mantenimiento de los ecosistemas.

   Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el ministro ha explicado que, en este contexto, se mejorará la coordinación de las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas y que se revisarán "todos" los planes de demarcación hidrográfica, al tiempo que se potenciará la reutilización y la depuración con el objetivo de cumplir con la normativa europea.
   Además, ha lamentado el "incumplimiento" por parte de España de la Directiva Marco de Agua y que le convierte en el país "más atrasado en Europa" en su aplicación. Por ello, ha culpado a la "herencia recibida" de las dificultades con que se encontrará y ha criticado las "grandes inversiones" en desaladoras que producen por debajo de lo esperado.
   Por otro lado, entre una amplia batería de medidas, se ha referido a la anunciada "profunda reforma" de la Ley de Costas, que pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con las actividades económicas "no perjudiciales".
   A su juicio, la modificación de Ley de Costas de 1988 será un "vehículo eficaz" para "mejorar la seguridad jurídica" de los titulares de derechos en la costa; fomentar la ordenación de la actividad económica, y revalorizar económicamente las zonas ya degradadas y sin valor medioambiental. Entre otros aspectos, ha dicho que la línea del deslinde será de conocimiento público, dentro de los criterios de transparencia.
   En este sentido, ha señalado que la reforma buscará la protección de los sistemas litorales, la recuperación de las zonas degradadas, la lucha contra la erosión, la garantía y acceso público de las costas españolas.
   Para ello, ha anunciado la elaboración de una "estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas", así como la constitución de una Comisión Interministerial de Estrategias marinas y el diseño de programas de seguimiento del medio marino. Igualmente, ha anunciado que se protegerá la biodiversidad marina, para lo que el Ejecutivo elaborará el Plan Director de la red de áreas marinas protegidas de España y el Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental.
   En materia de cambio climático, ha reconocido que la cifra global de emisiones refleja una "importante reducción" pero ha insistido en que España "se encuentra más lejos de cumplir el Protocolo de Kioto" porque no se han reducido "suficientemente" las emisiones en los sectores de los que directamente responde el Estado. En todo caso, no ha anunciado ninguna medida concreta en este sentido.
   Respecto al Medio Natural, ha concretado que el Ministerio revisará la normativa estatal y promoverá una "mejora" de la gestión de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000 "una de la más ricas y amplias de la Unión Europea". Arias Cañete ha concretado que, en estrecha colaboración con la Fundación Biodiversidad, su departamento convocará ayudas y desarrollará actividades para mejorar la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, con programas como EmpleaVerde, entre otros.
   Por otro lado, entre la "herencia" recibida del anterior Ejecutivo, ha hecho hincapié en varios "incumplimientos" medioambientales que han derivado en denuncias al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha advertido de las posibles sanciones económicas a las que se enfrenta, y ha criticado el "importante número" de proyectos de evaluación de impacto ambiental tramitados "sin resolución alguna". Por eso, Arias Cañete ha subrayado que el Ministerio está revisando de manera "exhaustiva" estos expedientes para agilizar su resolución.
   En el contexto general, el ministro ha prometido que las líneas del Departamento del que es titular se basarán en los principios de "diálogo y transparencia", que son las que "deben marcar esta legislatura" y ha prometido diálogo e inclusión con las comunidades autónomas, administraciones, organizaciones sectoriales y con las ONG ambientales a las que ha agradecido sus años de esfuerzo en la protección medioambiental.