EUPV asegura que los "recortes" de Rajoy y Fabra "condenan a una sanidad tercermundista"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha asegurado este miércoles que los "recortes" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del jefe del Consell, Alberto Fabra, "condenan a una sanidad tercermundista" y ha acusado al PP "de estar jugando con cifras, olvidando que detrás hay personas". 

   Blanco ha destacado en un comunicado que los recortes en Sanidad y Educación "impuestos por el Gobierno central son el siguiente paso para el desmantelamiento del Estado del Bienestar que está produciéndose a cámara lenta". El diputado de EUPV ha exigido a Fabra "que se oponga a este ataque sin precedentes a los servicios públicos y que no acate ni una sola de las medidas impuestas por Rajoy".

   El parlamentario ha subrayado que el presupuesto de 2010 "se liquidó con un gasto en Sanidad de 6.400 millones de euros, por lo tanto es imposible que se ejecute en 2012 por debajo de los 5.000 millones de euros sin rebajar las condiciones de prestación del servicio".

   "El PP frivoliza con las cifras, olvida que detrás hay personas, en este caso, enfermos que necesitan una atención sanitaria digna que será imposible de prestar si se aplica otro recorte adicional de 700 millones de euros por imposición del gobierno de Rajoy", ha afirmado el diputado de izquierdas.

   En opinión de Blanco, "medidas como la exclusión de operaciones del sistema público, el pago de los medicamentos y la posibilidad de que se implante el copago, así como en Educación los recortes en interinos, en comedores escolares o la subida de las tasas universitarias, son durísimos ataques que sufrirán los valencianos y valencianas si el gobierno de la Generalitat no lo impide".

   EUPV ha reclamado a Fabra una "oposición" firme a los recortes en Sanidad y Educación. "Si Fabra no se opone a esta barbaridad, no defenderá los intereses de los valencianos y valencianas, estará sometiéndose a las imposiciones de Rajoy y condenándonos a los valencianos a unos servicios públicos tercermundistas", ha alertado.

El IPI cae un 5,4% en febrero en la Comunitat, por encima de la media nacional

MADRID.- El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 5,4 por ciento en febrero respecto al mismo mes de 2011 en la Comunitat Valenciana, frente a un descenso del 3,0 por ciento en el resto de España que profundiza la caída interanual que registró en enero (-2,5 por ciento).

   Así lo desvelan los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que además señalan que la producción industrial experimentó en febrero variaciones interanuales negativas en doce autonomías, entre las que destacan las caídas de Navarra (-11,3 por ciento), y Castilla-La Mancha y Murcia (-9 por ciento en ambos casos).

   Por su parte, los ascensos interanuales de la producción industrial estuvieron liderados por Baleares (6,4 por ciento) y Aragón (4,4 por ciento), seguidos de Cantabria (4 por ciento), Cataluña (2,7 por ciento) y Castilla y León (2,4 por ciento).

  Según los datos, todos los sectores industriales presentaron en febrero tasas interanuales negativas, salvo la energía, que registró un aumento de su producción del 7,7 por ciento, debido al repunte de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.

   En el lado de los descensos, los bienes de equipo experimentaron una caída del 8,6 por ciento respecto a febrero de 2011, motivada por el retroceso de la producción en la mitad de sus actividades, especialmente la fabricación de elementos metálicos para la construcción y la fabricación de vehículos de motor.

   Los bienes intermedios, por su parte, presentaron una tasa interanual negativa del 4,7 por ciento debido al recorte de la producción en gran parte de las actividades del sector, entre las que destacan la fabricación de productos básicos de hierro y de elementos de hormigón, cemento y yeso.

   Los bienes de consumo duradero registraron una disminución interanual del 11 por ciento en febrero, mientras que los bienes de consumo no duradero retrocedieron un 1,5 por ciento en relación a febrero de 2011.

Luisa Pastor confía en que la línea 2 del Tram sea adjudicada a finales del verano

ALICANTE.- La alcaldesa de San Vicente del Raspeig y presidenta de la Diputación provincial, Luisa Pastor, ha mostrado este miércoles su confianza en que el contrato para la gestión de la línea 2 del tranvía de Alicante (Tram), que une la capital con la localidad alicantina, esté resuelto y adjudicado "a finales del verano", con lo que el servicio podría entrar en funcionamiento "para el próximo curso académico".

   Así, la primera edil de San Vicente del Raspeig --donde se encuentra el campus de la Universidad de Alicante (UA)-- ha afirmado que, según la previsión de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, "para finales del verano se resolvería el concurso para poder adjudicar" la gestión de la línea 2 del Tram, que enlazaría el centro de la capital alicantina con el municipio.

   "Es un problema burocrático y administrativo que espero que se resuelva en el menor tiempo posible y que, de cara al próximo curso académico, esa línea del tranvía esté funcionando y dando servicio a zonas importantes de Alicante, a la UA y a San Vicente", ha apuntado.

   Igualmente, ha resaltado que la línea 2 del Tram está "muy estudiada desde el punto de vista del usuario, de los potenciales usuarios, y es una infraestructura que no tardará en ponerse en marcha". "Estoy completamente convencida", ha añadido al respecto.

   Pastor ha subrayado que "la obra está finalizada, terminada, los tranvías están esperando que se adjudique al gestor de esa línea, es una infraestructura que se tiene que poner obligatoriamente en marcha y los retrasos son de tipo administrativo y burocrático. No hay ningún problema técnico que impida que la línea se ponga en funcionamiento", ha aseverado.

   En cuanto al concurso para la adjudicación de la gestión de la línea tranviaria, la alcaldesa ha recalcado que es un proceso "novedoso" al no ser "un concurso con plicas como se hace habitualmente", ya que en un primer momento se declaró "desierto", tal y como ha recordado.

Morenés anuncia una reducción "coyuntural" de los miembros de las FFAA

MADRID.- El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que la reorganización que el Departamento está planificando debido a la difícil situación económica "lleva a una coyuntural reducción" del número de miembros de las Fuerzas Armadas.

   Así lo ha explicado el ministro ante el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del portavoz de Defensa de CiU, Jordi Xuclà, quien ha llamado a hacer un "mayor sacrificio" en el establecimiento del número de efectivos "necesarios" para la eficiencia del Ejército.

   Morenés no ha aclarado qué números está manejando el Ministerio, pero ha explicado que ésta es una de las conclusiones del informe solicitado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez.

   "He encargado al JEMAD --ha recordado--, que me dé un escenario para el año 25, pero escalonado y progresivo desde que tenga incidencia sobre todo en temas de eficiencia y eficacia de las Fuerzas Armadas, sin prejuzgar, aunque ya puedo decir que sí lleva a una coyuntural reducción del número de tropa y marinería, en general de miembros de las Fuerzas Armadas".

   Por el momento, la única reducción que se conoce es la de soldados y marineros, ya que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado establece como nuevo límite máximo los 81.000 militares de tropa y marinería, que en 2011 estaba en 83.000. Según la Ley de la Carrera Militar, el número de miembros de las Fuerzas Armadas debe estar en una horquilla entre los 130.000 y los 140.000 militares.

   Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que el informe elaborado por el JEMAD todavía no es definitivo ni se ha aprobado de manera definitiva, sino que se están manejando borradores.

Piden a Vela que haga cumplir la Ley de Morosidad y recupere la confianza en la Generalitat

VALENCIA.- La patronal de las pequeñas y medianas empresas de Alicante ha urgido este martes al conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, a que haga cumplir la Ley de Morosidad y a que "trate de recuperar la confianza en la administración pública valenciana como agente económico fundamental en los mercados no financieros", que son "los que están generando trabajo día a día y los que pueden destruir mayor número de pymes y de puestos de trabajo que luego va a ser muy, muy difícil recuperar".

   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, al término de una "reunión privada" en la que ha expuesto a Vela sus "líneas maestras" de trabajo para lograr "unos sistemas de financiación más acordes con los nuevos momentos" y le han reclamado "bonificaciones e incentivos fiscales para la adquisición de viviendas" por el "importantísimo problema" que tienen para "sacar el stock" de inmuebles actual.

   En ese encuentro, ha pedido al conseller que "tome las iniciativas oportunas para que se cumpla con la Ley de Morosidad" dado el serio problema que supone para las pymes su incumplimiento, tanto por parte de "empresas grandes que están afectadas por los retrasos de la propia administración", como de otras "grandes o de cierto tamaño que no la cumplen y no tienen una justificación real financiera porque no tienen una dependencia de la administración".

   Según Navarro, Vela les ha indicado que si bien "el cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de la administración no es algo que se pueda cumplir de forma inmediata", en mayo cubrirán "una parte importante" de la deuda con proveedores con el nuevo plan de pagos y "en junio, con los hispanobonos, terminarán de solventarse grandes problemas que tienen las empresas y algún otro agente social que está involucrado en financiación dependiente de la Generalitat".

   Los representantes de las pymes de la Comunitat también están "muy preocupados por la concentración bancaria", con la consiguiente pérdida de los centros de toma de decisión de las entidades financieras de la Comunitat, y por la posibilidad de que "si en un futuro fuera necesario elevar determinado tipo de impuestos autonómicos, puedan tener el mismo criterio para subirlos a pymes y a cualquier otro contribuyente". 

"La pyme tiene que ser el bien jurídico a proteger en un futuro", ha reivindicado Navarro.

   En ese contexto, han solicitado a Vela que interceda por ellos para que alcancen una "participación activa" en "organismos que, hoy por hoy, son decisivos para la política económica y social de la Generalitat en el futuro", tales como el Comité Económico y Social de la Comunitat (CES) o el Consejo Valenciano del Emprendedor.

   Igualmente, quieren se les tenga "en cuenta" en el nuevo consejo de administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat. Al respecto, abogan por buscar "medidas de financiación alternativas" para evitar que "se convierta en una entidad salvada financieramente, pero inoperante, si no tiene más capacidad que la que marca el Banco de España para evitar la intervención".

   Así se lo ha trasladado el presidente de Cepyme Alicante a Vela, quien les ha explicado el acuerdo existente entre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y las entidades financieras involucradas para aportar los 60 millones de euros que exige el Banco de España para evitar la intervención de la SGR y les ha confirmado que "tiene que haber una remodelación completa del consejo de administración".

   De cara al futuro, inciden en la necesidad de que cuente con "medidas alternativas de financiación" con las que "el centro de la toma de decisiones esté en la Comunitat Valenciana", tras ver "con muchísima preocupación" que los de CAM, Bankia y Banco de Valencia "pueden estar saliendo fuera de la Comunitat".

   Navarro ha avanzado que también trasladarán esas peticiones relativas a la SGR al conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, con quien se reunirán este miércoles en Alicante.

La compraventa de viviendas cae un 26,16% en febrero en la Comunitat Valenciana, hasta 4.041

VALENCIA.- La compraventa de viviendas registró una caída del 26,16 por ciento en la Comunitat Valenciana en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 4.041 operaciones, frente al descenso del 31,8 por ciento registrado de media nacional, según la información hecha pública este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   Así, las operaciones de compraventa de viviendas vuelven a caer en febrero en tasa interanual, con un descenso ligeramente inferior al registrado en enero, cuando disminuyeron un 26,4 por ciento.

   En ese periodo, la Comunitat fue la cuarta región con mayor número de transacciones, por detrás de Andalucía (5.562 operaciones), Cataluña (4.360) y Madrid (4.334). Estas cuatro comunidades aglutinaron el 59,5 por ciento de todas las compraventas efectuadas en el segundo mes de 2012. Por cada 100.000 habitantes, el mayor número de compraventas se dio en Baleares (104) y La Rioja (100).

   En tasa intermensual, la compraventa de viviendas descendió un 4,26 por ciento en febrero en la Comunitat respecto a las 4.221 transacciones registradas en enero.

   De las 4.041 compraventas de viviendas contabilizadas en febrero, 3.614 fueron sobre vivienda libre y 427 sobre vivienda protegida. En tasa interanual, las transacciones por compraventa de viviendas libres descendieron un 25,94 por ciento respecto a febrero de 2011 y las de protegidas cayeron un 27,99 por ciento.

   Durante ese segundo mes del año, la compraventa de viviendas nuevas se redujo un 9,16 por ciento respecto a febrero de 2011, hasta sumar 2.210 operaciones, mientras que la de usadas se contrajo un 39,77 por ciento, con 1.831 operaciones.

   Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en febrero en la Comunitat Valenciana fue de 20.367, de las que 4.074 son rústicas, 8.996 viviendas, 552 solares y 6.745 otras fincas urbanas. Según los mismos datos, esa cifra global supone un aumento del 2,42 por ciento respecto a la registrada el mismo mes de 2011.

EUPV acusa a Fabra de conducir el PP "desde el victimismo frente en Madrid al seguidismo absoluto"

VALENCIA.- El diputado autonómico de EUPV Lluís Torró, ha criticado al presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, de conducir a la formación 'popular' "desde el victimismo frente en Madrid al seguidismo absoluto". 

   Torró se ha expresado de esta manera en un comunicado por el aplazamiento, por segunda vez, del debate en el Congreso sobre la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, que prevé equiparar las inversiones del Estado al peso de la población. El aplazamiento se produce porque las Corts todavía no ha nombrado a los ponentes que deben defender la iniciativa en el Congreso.

   El parlamentario considera que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "le incomoda muchísimo la propuesta y Fabra ha decidido agachar la cabeza frente al neocentralismo neoliberal del Partido Popular".

   "Esto ratifica que la postura de EUPV fue muy coherente porque, como ya dijimos en aquel momento, resultaba insuficiente y suponía un paripé destinado a mantener la estrategia de desgaste del Gobierno de Zapatero". Así, Torró también ha recordado que la reforma del Estatut "no aseguraba la participación de los ayuntamientos ni resolvía los problemas de fondo de la financiación".

   Para el síndico adjunto de EUPV en las Corts, "resulta vergonzosa y execrable la actitud de los políticos que actúan por tacticismo y son profundamente incoherentes con lo que dicen, es decir, que engañan descaradamente a la ciudadanía".

   Por ello, desde Esquerra Unida han reclamado un "nuevo modelo de financiación justa que garantice recursos adecuados para el País Valenciano y una salida social y ecológica a la crisis contra las imposiciones de los poderes financieros justificadas por las mentiras del neoliberalismo".

Diputados del PSPV se levantan del Pleno del Congreso en protesta por el aplazamiento del debate del Estatuto valenciano

MADRID.- Los diputados socialistas de la Comunitat Valenciana han abandonado este martes el hemiciclo del Congreso al inicio del pleno ordinario, en protesta por el nuevo aplazamiento del debate sobre la reforma del Estatuto de la autonomía, según ha explicado el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

   El debate sobre la reforma del Estatuto --que pretende condicionar las inversiones del Estado en la región-- debía ser el primer punto del orden del día del Pleno de este martes, pero se ha aplazado por segunda vez en un año porque las Corts Valencianas siguen sin haber designado a la delegación de diputados que tendría que defender la iniciativa en Madrid.

   Para Puig, este nuevo retraso es "absolutamente impresentable", según ha declarado a los periodistas antes de participar, esta mañana, en una reunión del Grupo Parlamentario Socialista.

   En su opinión, el Gobierno regional ha "vendido humo" sobre la finalidad de la reforma estatutaria, la mejora de la aportación del Estado a la Comunidad, ya que, a su juicio, "no cree en la realidad de que los valencianos necesitan una mejora de la financiación". 

"Mienten y continuarán mintiendo, porque no es el interés de la región lo que les mueve, sino un interés partidario", ha subrayado.

   Finalmente, ha recalcado que el nuevo aplazamiento del debate supone que muy probablemente no se podrá aprobar en este periodo de sesiones, que termina en junio. Para Puig esta decisión contrapone con la realidad de la región que "es la que más dificultades tendrá para salir de la crisis".

El Consell autoriza la emisión de deuda pública durante 2012 por 1.336 millones

VALENCIA.- El Consell ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el Decreto por el que, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), se emitirá o contratará deuda pública a cargo del presupuesto 2012, por 1.336.304.200 euros, de acuerdo con el límite establecido en el artículo 35 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para este ejercicio. 

   De esta forma, el saldo de deuda a 31 de diciembre de 2012 no superará el correspondiente a 1 de enero de este año en más de 1.336.304.200 euros, si bien el límite quedará revisado automáticamente por las excepciones contempladas en el mismo artículo.

   El Decreto de creación de Deuda es aprobado cada año por el pleno del Consell, con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos, donde se fija, para cada ejercicio, los límites máximos para las operaciones de Deuda Pública.

   En esta ocasión, y tal como fija la Ley 10/2011, de Presupuestos de la Generalitat para 2012, el Decreto ha sido presentado de forma conjunta por las Consellerias de Economía, Industria y Comercio, y de Hacienda y Administración Pública.

Puig advierte de que el recorte del Gobierno supondrá 1.000 millones menos para la Comunitat

MADRID.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado este martes que el recorte anunciado en la jornada del lunes por el Gobierno, supondría un recorte adicional de 1.000 millones para la Comunitat Valenciana, lo que, según ha indicado, hará "imposible" que la educación y la sanidad "funcionen con normalidad" en la región.

   Así lo ha manifestado Puig, en el Congreso de los Diputados, al explicar que este nuevo recorte provocará una "situación dramática" en la Comunitat, ya que estos mil millones se suman a los 400 millones ya recortados a comienzos de año.

   En su opinión, "no es posible" que la Comunitat pueda funcionar con un recorte de esta magnitud, por lo que ha indicado que habría que exigirle al Gobierno del Consell que este "no puede ser el camino", ya que "la incerteza al rededor de la sanidad es una cuestión que no podemos admitir".

   Para el también diputado nacional, este desconocimiento sobre cómo se va a actuar sobre la sanidad en la región provocará que la Comunitat "deje de ser una sociedad avanzada, como tiene de ser".

   Asimismo, ha destacado que es "absolutamente impresentable" que el gobierno valenciano haya vuelto a aplazar el debate que debería tener lugar en la tarde de este martes, sobre el desarrollo del estatuto valenciano, que se orientaba a la financiación de la región.

   En su opinión, el Consell ha "vendido humo" con respecto al objeto de este debate, la mejora de la aportación del Estado a la Comunitat, ya que "no cree en la realidad de que los valencianos necesitan una mejora de la financiación".

   "Mienten y continuarán mintiendo, porque no es el interés de la región lo que les mueve, sino un interés partidario", ha subrayado.

   Finalmente, ha recalcado que la decisión del gobierno valenciano de aplazar este debate por no haber decidido la delegación que debería acudir, supone que muy probablemente en este periodo de sesiones no se pueda afrontar.

   Para Puig esta decisión contrapone con la realidad de la región que "es la que más dificultades tendrá para salir de la crisis", según ha indicado al aludir a un informe del BBVA.

La Región de Murcia lideró en 2011 la producción nacional de buena parte de las frutas y hortalizas

MURCIA.- La Región de Murcia lideró en 2011 la producción nacional de frutas y hortalizas, tales como albaricoque (66 por ciento del total), pomelo (61 por ciento), limón (53 por ciento), apio (63 por ciento), bróculi (48 por ciento) y alcachofa (41 por ciento), entre otras, según la última estadística de superficies y producciones elaborada por la Consejería de Agricultura y Agua.

   El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó asimismo la relevancia de las producciones murcianas de lechuga y uva de mesa (38 por ciento), melón (30 por ciento, en la que ocupamos el segundo puesto tras la Comunidad de Castilla La Mancha).

   La mitad de la superficie de la Región (550.948 ha) se destina a uso agrícola. De estas, en 2011 se cultivó un 54 por ciento (297.760 ha) y el resto se destinó a barbecho. Un total de 197.641 hectáreas estuvieron ocupadas por cultivos leñosos y 100.119 por cultivos herbáceos, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

   García Lidón señaló que en 2011 se dio una predominancia clara de la superficie agrícola en régimen de secano (66 por ciento del total), ocupando el regadío el 34 por ciento restante. De estas el 21 por ciento se mantuvo en barbecho y en el resto se establecieron cultivos.

   El responsable autonómico apuntó que el pasado año siguió creciendo el número de explotaciones agrícolas que implantaron infraestructuras de riego localizado. Esta superficie ascendió en 2011 a 125.592 ha. El incremento fue más notorio en cultivos leñosos, que representa el 64 por ciento del total de la superficie agrícola con riego localizado.

   Los cultivos herbáceos a los que se dedicó mayor superficie fueron los cereales (48 por ciento), seguidos de las hortalizas (45 por ciento). El siete por ciento restante se destinó a otros cultivos como tubérculos, leguminosas de grano, cultivos industriales, forrajeros y flores.

   Entre los cultivos leñosos, los grupos con mayor representatividad fueron los frutales no cítricos (50 por ciento), seguidos de los cítricos (20 por ciento), el viñedo (18 por ciento) y el olivar (12 por ciento).

El exjefe de Recaudación de Santa Pola acepta un año y medio de prisión por malversación y falsedad

ELCHE.- El que fuera jefe del negociado de la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Santa Pola entre los años 1996 y 2007, se ha reconocido autor de un delito de malversación de caudales públicos y de otro de falsedad en documento oficial, por los que ha aceptado un año y medio de prisión y una inhabilitación de cuatro años, según han informado fuentes judiciales.

   Durante el juicio celebrado este martes en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, el procesado ha aceptado los delitos que se le imputaban, y por los que el fiscal pedía una pena de 14 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta y otros 6 años para el ejercicio de empleo o cargo público.

   En la vista, que ha concluido con conformidad, el ministerio público ha aceptado rebajar su petición hasta una pena de un año y medio de prisión y una inhabilitación de 4 años, según han indicado las mismas fuentes.

   Según el escrito de acusación del fiscal, el imputado se apoderó de cerca de 90.000 euros a través de la modificación manual de los datos de los programas informáticos del departamento municipal en el que trabajaba, tanto los relativos a valores en recibo como a certificaciones.

   Para ello, hacía desaparecer de los programas los recibos correspondientes a las deudas que los contribuyentes ya habían pagado, hasta que en 2007, cuando se percató de que estaba siendo investigado, efectuó el ingreso de la cantidad que supuestamente se había apoderado.

   Además, el fiscal hace constar en su escrito que el implicado aceptaba cobros en metálico de las deudas en ejecutiva, a pesar de que esta práctica no estaba permitida por el ayuntamiento. Cuando se destapó el caso, el encausado devolvió el dinero a las arcas municipales.

Esperanza Aguirre aboga por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abogado este martes por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, "si España lo necesita", del mismo modo que opta por dejar en manos de los ayuntamientos los Transportes y los Servicios Sociales, todo ello para conseguir adelgazar la Administración y ahorrar de 48.000 millones de euros, según sus cálculos.

   "Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado, y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos", ha asegurado en rueda de prensa posterior a la primera reunión que ha mantenido con Mariano Rajoy desde que es presidente del Gobierno.

   Según sus cálculos, con estas modificaciones se conseguiría un ahorro de unos 48.000 millones de euros. "Nos quedaríamos sin empleo los políticos, pero ya buscaríamos", ha apostillado.

   Desde su punto de vista, la Justicia "es un poder del Estado" que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas. "Si todo lo que hacemos las comunidades autónomas, unas competencias fueran para arriba y otras para abajo, se podría prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, edificios, alquileres...", ha enumerado.

   La jefa del Ejecutivo autonómico ha transmitido al presidente del Gobierno que es "vitalmente necesario adelgazar el Estado".

 "Tenemos que cortar radicalmente con las duplicaciones y triplicaciones de funciones que se producen en este momento. Hay que acabar con todo lo que sea superfluo para poder conservar y mejorar lo que es imprescindible", ha manifestado.

   Entiende que hay que revisar "de raíz" el Estado autonómico porque "no ha servido para aquello para lo que se creó", que era "integrar a los partidos nacionales de Cataluña y el País Vasco".

 "Justamente, catalanes y vascos, cuando llegó el café para todos, se sintieron menos integrados", ha añadido. A su parecer, el modelo ha servido para "complicar y encarecer el funcionamiento de las autonomías".

   En este ámbito, ha recordado que la crisis española está siendo seguida por analistas de todo el mundo que ponen de manifiesto "el gasto excesivo que representan las 17 comunidades autónomas o miniestados". 

 "Hay muchos de ellos que dicen que España no puede permitirse el lujo de mantener estos 17 entramados autonómicos", ha zanjado.

   Para emprender esta reforma, considera que es "imprescindible" la colaboración con el PSOE y llegar a consensos de Estado para "rectificar los errores" que, a su entender, han conducido a España a la situación "tan grave" por la que pasa en estos momentos. "Siempre y cuando el PSOE vuelva a la senda de la socialdemocracia moderada europea y no sea el aliado constante de los más radicales comunistas", ha precisado.

   Aguirre ha indicado que hay que ser "responsables los unos con los otros" y que no es "momento de quejarse para conseguir una posición preferente dentro de España".

 "Tenemos que comportarnos -- ha dicho-- como una gran familia que está en un mal momento económico. Es el momento de pensar en España. Como la unión hace la fuerza, creo que la unión será la causa de la pujanza, la garantía de que saldremos de esta haciendo las reformas que España necesita en profundidad", ha sostenido.

   La reunión, que ha durado cerca de una hora y 20 minutos y que fue solicitada por Aguirre a través de una misiva, ha estado centrada en la política nacional debido a la "difícil situación política y económica nacional" y porque, a juicio de la dirigente regional, no es tiempo de perderse en "cuestiones localistas ni de campanario".

   En este contexto, Aguirre le ha explicado a Rajoy que entiende que no se pueda salir de la crisis ni equilibrar las cuentas si no se reduce "drásticamente el déficit" y se toman medidas "verdaderamente profundas", y ha opinado que los tiempos de crisis son buenos para acometer este tipo de cambios porque hay más comprensión "que en tiempos de bonanza".

   Así, ha aseverado que hay que "dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos", como los partidos políticos, las patronales o los sindicatos, así como las rentas altas. "Por muy duro que sea, hay que comprender y aceptar que hay cosas que ya no se pueden subvencionar", ha matizado.

Ordóñez dice que el crédito no mejorará hasta que culminen las reformas económicas

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que el crédito no mejorará solo con la reestructuración financiera y que será necesario culminar las demás reformas económicas como la laboral o la reducción del déficit público, entre otras.

   "Hay que hacer la reestructuración bancaria, que es una condición absolutamente necesaria", afirmó Ordóñez, quien añadió que ésta "no será suficiente por sí sola para que el crédito vuelva a fluir" durante su intervención en el XIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc.

   Al respecto, el gobernador del Banco de España señaló que el crédito "no mejorará mientras no aumente la demanda solvente", por lo que consideró "importante acometer otras reformas económicas que den confianza a los consumidores e inversores".

   Entre estos cambios, Ordóñez mencionó la reciente reforma del mercado de trabajo y la reducción del déficit público que, aseguró, "si se usan adecuadamente, generarán ganancias de competitividad que aumentarán el crecimiento potencial de la economía":

   El gobernador del Banco de España declaró que todas estas políticas son "imprescindibles" para generar una demanda "solvente de crédito y para que un sistema bancario sólido pueda responder a esa demanda".

   En este sentido, Ordóñez explicó que habrá que "seguir ensayando" nuevos instrumentos para aumentar el crédito a las pymes, que "deberían transformarse en algún momento en decisiones políticas".

   Por otro lado, el gobernador del Banco de España afirmó que "no es probable que se vea pronto una fuerte recuperación de la economía española", ya que la salida de las crisis derivadas de un exceso de endeudamiento o de pérdida de competitividad dentro de una unión monetaria "son muy lentas y justamente por eso no se puede caer en la complacencia",

   Respecto a la reestructuración bancaria, Ordóñez consideró que "aún quedan muchas cosas por hacer" para dotar de un marco de actuación al sector que permita "afrontar con garantías las crisis del futuro".

   Ordóñez indicó que España debe seguir mejorando su competitividad para generar superávits corrientes durante "bastantes años" y poder así reducir su posición neta de deudora internacional. "Esto es imperioso mientras persista la peor consecuencia de la crisis del euro, que es la fragmentación de los mercados financieros", aseguró.

   Por último, Ordóñez alabó la Ley de Reforma de las Pensiones por haber introducido cambios "de calado histórico", que si se aplican de forma sostenible, permitirán que "no solo nosotros, sino también nuestros hijos puedan cobrar sus pensiones sin problemas".

El precio de la vivienda acumula un ajuste del 28,6% desde 2007

MADRID.- El precio medio de la vivienda cerró el pasado mes de marzo con un descenso del 11,5% respecto al mismo mes de 2011, con lo que acumula un ajuste del 28,6% desde 2007, ejercicio previo a la crisis, según la firma de tasaciones inmobiliarias Tinsa.

   Las caída más acusada se localiza en la costa mediterránea, donde el precio de los pisos se ha desplomado un 34,9% desde que estalló el 'boom' inmobiliario. Sólo en el último año disminuyó un 10,8%.

   Después se sitúan las capitales y las grandes ciudades, donde la vivienda se abarató un 12,6% el pasado año, con lo que el descenso acumulado desde 2007 alcanza el 30,8%.

   En el resto de áreas metropolitanas, el precio de los pisos se contrajo un 9,8% en los últimos doce meses, con lo que ya suman un ajuste del 29,4% desde el comienzo de la crisis, mientras que en el resto de municipios la contracción alcanza el 24,9%, un 12% en el último ejercicio.

   En cuanto a Baleares y Canarias, las viviendas redujeron su precio una media del 9,8% entre marzo de 2011 y el mismo mes de este año, de forma que ya se han abaratado en un 25% desde 2007.

España perderá hasta 2,87 millones de turistas por la subida de tasas aeroportuarias

MADRID.- La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur dice que la "desproporcionada" subida de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 podría provocar "una caída máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones", que dejarían de generar un gasto de 1.636 millones de euros de derrama turística durante un año, en los diferentes destinos españoles de su área de influencia.

   El 'lobby' ha expresado su "notable preocupación" por los "desfavorables efectos" que dicha subida pudiera generar sobre los resultados del sector turístico en el conjunto del año.

   Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones menos de turistas, seguida de Madrid-Barajas, con 945.115 turistas menos, Palma de Mallorca con 268.567 turistas menos, Málaga con 146.616 turistas menos, Canarias, con 128.240 turistas menos, Alicante (-113.671) y Tenerife Sur con 100.390 turistas menos.

   En un comunicado, el 'lobby' de las principales empresas del sector turístico señala que según sus propios estudios de sensibilidad el promedio de la subida de tasas aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 12,9% en Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur.

   "Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación económica y del empleo en España", señaló la alianza presidida por Fernando Conte.

   Según los informes realizados por Exceltur, en el momento actual la sensibilidad para el conjunto del sector turístico de cualquier subida en los costes y precios "es más alta que nunca", con un impacto negativo en la decisión final de viajar y en las cuentas de resultados de las empresas, con el consiguiente efecto sobre su capacidad de generación de empleo.

   Asegura que en el caso de los destinos vacacionales la subida de tasas puede provocar la eventual redirección de los vuelos por parte de los touroperadores hacia otros destinos competidores en países emergentes, especializados en el turismo de 'sol y playa' y con menores costes operativos "que han aplicado agresivas políticas de reducción de tasas para atraer demanda turística en este año 2012".

   "En el actual escenario macroeconómico de recesión en parte de las economías europeas --incluida España--, la subida de tasas aeroportuarias incide sobre el ya de por si débil consumo, reflejando la gran sensibilidad al precio del transporte aéreo en España y en Europa, así como en el resto de subsectores turísticos", subrayó el lobby .

   Los impactos finales sobre la actividad turística en España "estarán en función de la repercusión que las compañías hagan del incremento de las tasas sobre el precio que paga el consumidor".

   En este sentido, prevé que la subida de tasas se traduzca en un incremento del precio de los billetes debido a que las aerolíneas no podrán asumirla por la presión generada en sus márgenes derivada del encarecimiento del crudo.

   Se trata de un fenómeno que puede intensificarse a partir del último trimestre del año, en la medida en que cuando entre en vigor el aumento de tasas la programación de verano "estará muy avanzada".

   Es muy probable que a partir de entonces la redirección de vuelos a los países emergentes más especializados en el 'sol y playa' se acentúe, por sus menores costes asociados a la operativa de transporte.

   Esto es especialmente significativo, por cuanto los costes de operar son en estos países --principalmente los aeropuertos de Turquía, Egipto, Marruecos y Grecia-- mucho más bajos que en los destinos españoles, habiendo la mayor parte de estos países aplicado "drásticas medidas de reducción de sus tasas en 2012 para impulsar su atractivo turístico".

   Concretamente, y según los cálculos de Exceltur, el coste total por operación con tasas por pasajero de España asciende a 24,28 euros, por encima de Marruecos (23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36 euros).

Clemente: "Ni Camps ni nadie se plantea presentar una candidatura alternativa a Fabra, no sería lógico"

VALENCIA.- El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, ha asegurado que ni el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps "ni nadie en este momento se plantea presentar una candidatura alternativa a Alberto Fabra", ya que considera que "no sería lógico". 

   Clemente ha explicado que existe la "posibilidad" de que se pueda presentar más de una candidatura en el Congreso Regional de los 'populares' valencianos y es "fácil" porque "no hacen falta muchos respaldos". Sin embargo, considera que "está absolutamente descartado".

   Preguntado por si el Camps irá al congreso, ha señalado que el exjefe del Consell "es compromisario electo, pertenece a la Junta Directiva Regional".

 "Si irá o no es una decisión que tiene que tomar él, pero tiene la posibilidad de acudir", ha manifestado

   Respecto al futuro político del expresidente valenciano, Antonio Clemente ha señalado que "tiene que pasar por una decisión propia, por una decisión personal". El secretario general ha asegurado que Camps "lo ha pasado muy mal", dado que "ha sufrido mucho en lo político y en lo personal".

   Por este motivo, entiende que debe darse "un período de reflexión durante el tiempo que él quiera tomarse para analizar la situación, ver las cosas y, con absoluta tranquilidad, tomar una decisión". No obstante, entiende que su tiempo como jefe del Consell "ya ha pasado".

   En su opinión, "es de justicia" recordar que Camps, al presentar su dimisión, tomó una decisión "valiente, dolorosa, porque no quería perjudica al partido ni a la Comunitat Valenciana". Al respecto, ha destacado que "a pesar de lo doloroso de la situación", han apoyado al actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "del mismo modo que en su momento apoyamos a Camps".

   De cara al congreso que los 'populares' valencianos celebrarán en Alicante los días 19 y 20 de mayo, ha indicado que tiene "la confianza, la esperanza y el desafío" de que el apoyo a Fabra "sea lo más unánime posible", aunque ha apuntado que "el 100 por cien no existe".

   El secretario general del PPCV descarta que en el congreso haya posiciones críticas por parte de lo que sectores más partidarios a Camps que a Fabra. Inquirido por si cree que seguirá siendo secretario general, ha explicado que es una decisión que compete "al presidente y al congreso".

   Clemente no ha querido avanzar ningún nombre que se incorporará a la nueva dirección, aunque ha señalado que "en los congresos siempre hay sorpresas". Antonio Clemente ha hecho hincapié en que en el cónclave 'popular" habrá "renovación de personas, de estructuras y de ideas".

   Al respecto, se ha mostrado partidario de cambiar el organigrama del partido por otro "más clásico". Además, considera apropiado crear una nueva secretaría ejecutiva de Nuevas Tecnologías. También ha destacado la apuesta del PPCV por hacer que el partido sea "más abierto a la gente" y por utilizar las nuevas tecnologías "para hacerlo mas participativo".

   Asimismo, ha destacado que una ponencia abordará la organización del partido, pero también habrá otra dedicada al "compromiso con las personas", en la que hablarán "de sanidad, de educación y, sobre todo, de empleo".

 "El principal compromiso del PP es la creación de empleo", ha insistido.

   Además, ha subrayado que los 'populares' valencianos son "conscientes de que en estos momentos no tenemos la mejor imagen". A su juicio, esa imagen "no se corresponde con la realidad, pero está ahí", por lo que trabajarán en el congreso para intentar cambiarla.

   Respecto al nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, --elegido el pasado fin de semana en el Congreso Nacional del partido--, Clemente ha destacado que en lo personal le cae "bien". También ha destacado que se trata de un político "con mucha experiencia".

   El dirigente 'popular' espera que Puig y la nueva Ejecutiva socialista hagan "un cambio rumbo", dado que, en su opinión, "el PSPV lleva muchos años desnortado". 

"Políticamente lleva 21 reveses consecutivos y eso mina al partido", ha manifestado Clemente.

   Del mismo modo, ha señalado que los ciudadanos "van viendo progresivamente que la oposición está desgastando más a la oposición que al partido en el Gobierno, porque los resultados para el PP cada vez son mejores y para el Partido Socialista cada vez son peores", ha puntualizado.

   "No hace falta hacer una refleión muy amplia para darse cuenta de que algo no está bien, algo no está funcionando en el PSPV", ha dicho Clemente, quien considera que son los socialistas "los que tienen que poner el remedio".

   El dirigente del PPCV cree que "sin duda" afectará al PSPV que su secretario general no tenga escaño en las Corts. Preguntado por cómo valora la gestión del ya exsecretario general de los socialistas valencianos Jorge Alarte, Clemente ha dicho que no le gusta "hacer leña del arbol caído", aunque ha respondido que le daría "un suspenso".

El Congreso aplaza por segunda vez el debate de la reforma del Estatut de la Comunitat

MADRID.- El Congreso de los Diputados va a aplazar, por segunda vez en tan solo un año, el debate sobre la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana con la que se pretende condicionar las inversiones del Estado en esa comunidad al peso de la población, que tiene su origen en la conocida como 'cláusula Camps', y que se había incluido como primer punto del orden del día del Pleno que arranca este martes.

   El debate de esta reforma estatutaria estaba pendiente desde la anterior legislatura y su nuevo aplazamiento, igual que el anterior, ha sido solicitado por las Corts Valencianes. Se hará efectivo en la reunión que mantendrá este martes la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

   Fue el pasado miércoles, al día siguiente que se decidiera la fecha del debate, cuando el presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, envió una carta al del Congreso, Jesús Posada, pidiendo el aplazamiento.

   En ese escrito, Cotino explica que la Cámara valenciana sigue sin haber designado a la delegación de diputados que tendría que defender la iniciativa en el hemiciclo del Congreso.

   Dado que deben ser elegidos por el Pleno de las Corts y que éste no tiene previsto reunirse hasta el próximo 25 de abril, Cotino demanda que el debate de la reforma estatutaria se deje para una próxima sesión plenaria de la Cámara Baja, que como pronto ya habría de ser en mayo.

   Se trata del segundo aplazamiento de la misma iniciativa en el plazo de un año. La otra vez fue en abril de 2011; entonces el Congreso también puso fecha para discutirlo, pero la Cámara autonómica pidió dejarlo en suspenso puesto que iba a coincidir con la precampaña de elecciones autonómicas que se celebraron en mayo y el Parlamento valenciano ya se había disuelto.

   Atendiendo a este requerimiento, la Cámara Baja aplazó el debate y, dado que las reformas de los Estatutos de Autonomía no caducan al finalizar una legislatura, el texto quedó 'vivo' cuando se disolvieron las Cortes a finales de septiembre de 2011.

   La reforma en cuestión, que recibió el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la abstención de EUPV, parte de la denominada 'cláusula Camps' que se incluyó en la reforma estatutaria de 2006 a instancias del entonces presidente valenciano, Francisco Camps, para garantizar que la comunidad modificaría su texto si se veía perjudicada por los Estatutos que estaban negociando entonces las demás comunidades.

   Cinco años después, y tras los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Baleares y Extremadura, junto con buena parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos procesos, el 9 de marzo de 2011 la Comunitat Valenciana aprobó una proposición de ley de reforma estatutaria para reclamar al Gobierno central que tuviera en cuenta el peso de la población en sus inversiones por un periodo de siete años y para crear una comisión bilateral para negociar estas inversiones.

La Comunitat se sitúa como segunda región con más concursos de acreedores este año

MADRID.- La Comunitat Valenciana es la segunda región con el mayor número de concursos, al registrar un total de 254 entre enero y marzo de 2012, un 25 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según el 'Baremo Concursal' elaborado por PwC.

   Por delante de la región se ha situado Cataluña (con 336 concursos). Tras la Comunitat, la Comunidad de Madrid (197), Andalucía (157) y Galicia (145), según el baremo elaborado por PwC, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado.

   Por provincias, Alicante ha registrado un total de 57, un crecimiento del 39 por ciento; Castellón un total de 30, lo que supone un aumento del 2 por ciento; y Valencia, con 167, un aumento del 21 por ciento, lo que la coloca como la tercera ciudad a nivel nacional con más concursos.

   En concreto, las ciudades con más procesos concursales en lo que va de año han sido Barcelona y Madrid, con 295 y 197 concursos, respectivamente.

   En cuanto a las cifras totales en España, los tres primeros meses de 2012 registraron un nuevo récord histórico en el número de empresas en concurso, ya que las insolvencias de compañías alcanzaron los 1.665 concursos.

   El número de concursos publicados se ha incrementado un 21 por ciento, si se compara con los 1.379 registrados en los tres primeros meses de 2011. La cifra de este trimestre llega a los 1.958 concursos, si se incluyen tanto los de personas jurídicas como físicas, un nuevo máximo histórico de los últimos ocho años.

   Por lo que se refiere a los concursos por sectores de actividad, el de construcción, el inmobiliario y el de servicios casi representan el 60 por ciento del total de concursos publicados. Por su parte, las insolvencias de empresas inmobiliarias han seguido incrementándose, con un aumento del 19 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

   El sector inmobiliario, junto con el sector de la construcción, representan un 44 por ciento del total de concursos registrados en este periodo. A pesar de que dicho sector se ha visto afectado por un gran número de procesos concursales en años pasados, las insolvencias continúan en aumento debido a que se han agotado las primeras y segundas refinanciaciones que se acometieron en 2008 y 2010 sobre la base de planes de negocio imposibles de cumplir.

   También destaca el incremento del 18 por ciento de los concursos del sector industrial y del 22 por ciento del de distribución

El Gobierno prevé ahorrar otros 10.000 millones en sanidad y educación

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido este lunes a la inquietud de los mercados con un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que el Ejecutivo prevé un ahorro de 10.000 millones de euros.

   En concreto, Rajoy se ha citado en el Palacio de La Moncloa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "definir el Programa Nacional de Reformas" y "determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes", según ha informado el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

   Además, el jefe del Ejecutivo ha citado a su equipo económico para definir los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.

   A esa reunión han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.

   En el Programa de Estabilidad se establecerá "el firme compromiso" de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. En el mismo, se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que "la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española", según el Gobierno.

   Además, el Programa de Estabilidad "reafirma" el compromiso de reducción del déficit de las Comunidades Autónomas al 1,5% del PIB en 2012.

   En los próximos días, las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Hacienda, adaptarán sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Para ello, se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a principios de mayo.

   En la reunión de Rajoy con sus ministros también se han abordado reformas en el ámbito financiero. En concreto, se ha decido proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del Sector Público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".

   Igualmente, se han estudiado medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.

   Según informa el Gobierno, todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de competitividad y la flexibilidad de la economía española, como en el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+i.

En España sobran más de 41.000 empleados en banca, el 16% del total

MADRID.- La red bancaria en España debe reducirse en un 35% en los próximos tres años, hasta quedarse en unas 25.000 oficinas, según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que cifra el excedente de plantilla en el sector en 41.460 empleados, el 16% del total.

   El informe sostiene que es necesario adecuar el tamaño de la red de sucursales a la realidad del país y, de acuerdo a este esfuerzo, prevé el cierre de diez oficinas bancarias al día hasta 2014, un drástico recorte que tendrá efectos en el empleo en el sector.

   El 30% de las oficinas en España genera el 70% del negocio, lo que pone de manifiesto la existencia de un importante excedente de sucursales, sostiene el IEB, tras destacar que el país es el que más oficinas por habitantes tiene.

   Si se tiene en cuenta el tamaño de la red bancaria en 2007, cuando alcanzó un máximo de 46.000 oficinas, la reducción necesaria para racionalizarla será del 40%. "No tiene ningún sentido que España sea el primer país del mundo con más oficinas por habitante cuando ni siquiera estamos entre las diez potencias mundiales", argumenta.

   El estudio recalca que la necesidad de adelgazamiento de la red comercial del sector financiero puede ser incluso superior al 35% en función de los efectos de la crisis económica y del mapa definitivo que surja de la reestructuración bancaria en marcha.

   Según el IEB, la reforma financiera en España dará lugar a que solo haya una decena de grandes entidades.

El PP propone un nuevo reglamento de precios ante el acuerdo con Marruecos

MADRID.- El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que, entre otras medidas, pide al Gobierno que exija a la UE controles aduaneros "eficaces" y un nuevo reglamento de precios con el objetivo de "clarificar y minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas" del nuevo acuerdo de asociación aprobado entre la UE y Marruecos, así como compensaciones para los afectados por el mismo.

   Según el texto, "se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas", especialmente en las que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por Marruecos.

   Así, los 'populares' apuestan por reclamar a la UE "un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en ningún caso", así como "el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas".

   Además, antes de que se elabore la nueva Política Agraria Común (PAC), el Gobierno debería presentar una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada que "garantice su estricta aplicación" y también debería exigir "un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo".

   Si este acuerdo ocasiona perjuicios a los productores europeos, el PP pide que se ponga en marcha "medidas de apoyo" para "compensar y mejorar su competitividad", comenzando por ayudas del propio Ejecutivo español para incentivar la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; modernizar y ampliar las instalaciones, y promover actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones.

   Además, el PP reclama al Gobierno "contacto permanente" con el Gobierno francés para controlar la aplicación del control aduanero, con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios, y con el Gobierno marroquí para controlar los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.

   El nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero, provocando las críticas de prácticamente toda la oposición en el Congreso, así como de los partidos de las regiones más afectadas (Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, sobre todo), incluyendo al PP.

   Las asociaciones agrarias, por su parte, anunciaron su intención de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.

   Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responsabilizó al anterior Ejecutivo de los "efectos negativos" que pueda producir el acuerdo, dado que votó a favor del protocolo en diciembre de 2010. Asimismo, garantizó que se realizarían las actuaciones necesarias para que se respeten "estrictamente" los términos del acuerdo y para evitar que tenga un impacto negativo en la producción española.

   Así, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció en el Congreso que plantearía, en el marco de la reforma de la PAC, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada para evitar la "competencia desleal" de países que exportan a la UE sin respetar los contingentes pactados y "hundiendo" los precios de las producciones españolas; así como el mantenimiento de los fondos de la PAC que recibe España y de los que dependen las subvenciones a los agricultores.

   Además, tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Aziz Akhanouch, Arias Cañete aseguró que España trabajará en colaboración con el reino alauí para analizar las eventuales crisis del mercado hortofrutícola e "instaurar, llegado el caso, medidas correctivas si son necesarias". En la misma comparecencia criticó sin embargo a quienes "magnifican los daños" del acuerdo y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".

   El pasado 13 de marzo la mayoría del PP en el Congreso rechazó una iniciativa del PSOE --que aglutinó el apoyo del resto de la Cámara-- para que el Gobierno aprobara compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".

   En su propuesta, los socialistas pedían, entre otras medidas, colaboración del Ejecutivo con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y la puesta en marcha de un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.

   También reclamaban, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la PAC, una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.

    Sin embargo, los 'populares' rechazaron la iniciativa y propusieron una enmienda que recogía prácticamente todos los puntos excepto las compensaciones, alegando que era necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo para evaluar los perjuicios y rechazando poner la tirita antes de la herida.

Carrefour congela el sueldo a más de 6.000 trabajadores de supermercados

MADRID.- Carrefour ha decidido congelar este año el sueldo los más de 6.000 trabajadores de sus cadenas de supermercados 'Express' y 'Market', antiguos 'Champion', como consecuencia de la caída de ventas registrada en dichos establecimientos durante el pasado ejercicio. 

   "Resulta evidente que los resultados de 2011 son inferiores a los de 2010, por lo que se concluye que no procede incremento para el año 2012 de los salarios base del grupo", según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   En concreto, los salarios base se situarán este año entre los 12.100 euros anuales del grupo de profesionales y los 14.411,29 euros al año del grupo de mandos. Por su parte, el grupo de especialistas se embolsará una retribución anual de 12.826 euros y el de técnicos y gestores, 13.595,56 euros.

   La medida afectará a unos 6.400 trabajadores de unos 154 establecimientos de sus enseñas 'Carrefour Express', 'Carrefour Market' y mini-hipermercados de entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados, informaron fuentes sindicales.

   En el transcurso de la negociación del convenio, las mismas fuentes apuntaron que la compañía mantendría las tablas salariales durante los años 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro en un entorno comercial fuertemente competitivo y de grave contracción del consumo.

   De esta forma, según las mismas fuentes, la empresa reconocía que no era posible asumir un incremento de los costes si no existía una correspondencia con los resultados de ventas y manifestaba que ya había adoptado otras medidas de control del gasto en distintos capítulos como la renegociación de alquileres o medidas de ahorro energético.

Alicante es la provincia en la que se vendieron más viviendas a extranjeros en 2011

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la autonomía que más viviendas vendió a ciudadanos extranjeros en 2011, con un total de 10.730 transacciones, según los datos que maneja la comisión técnica para promocionar la vivienda de segunda residencia en Europa impulsada por las consellerias de Infraestructuras y Economía e integrada por administraciones, cámaras oficiales, colegios oficiales y promotores.

   El último informe del Observatorio Valenciano de Vivienda respecto a las estadísticas del Consejo General del Notariado revela que en 2011 se vendieron a extranjeros más de 10.730 transacciones viviendas, una cifra que supera las 9.300 transacciones de 2010 y las 7.400 de 2009.

   El valor total estimado de estas ventas ascendió a 1.515 millones de euros en 2011, cantidad que también sobrepasa la alcanzada en años anteriores, con 1.431 millones en 2010 y 1.225 millones en 2009, ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Las 10.730 viviendas vendidas el año pasado a extranjeros sitúan a la región como la autonomía líder en España en transacciones de inmuebles realizadas por ciudadanos de otras nacionalidades. Así, la Comunitat Valenciana representa el 30,6% de las ventas de inmuebles a extranjeros de toda España, muy por delante de las siguientes autonomías con mayor porcentaje, Andalucía (19,2%) y Cataluña(14,9%).

   Además, Alicante es la provincia española con mayor número de transacciones a extranjeros, con más de 9.200, seguida de Málaga, con más de 4.600 ventas, y Baleares, con más de 2.700 viviendas vendidas.

   En cuanto a las nacionalidades, británicos, rusos y noruegos son los ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat destina el 19,5% de su presupuesto anual al pago de sueldos del personal docente

VALENCIA.- La Generalitat valenciana destina el 19,5% de su presupuesto anual al pago de las retribuciones del personal docente de la Comunitat, lo que representa un montante total de 2.684 millones de euros.

   Así lo ha indicado la consellera de Educación, Formación y Empleo, Mª José Català, quien ha explicado que estas cifras suponen dedicar casi uno de cada cinco euros del presupuesto autonómico a pagar sueldos de profesores. A su juicio, esto "muestra la gran importancia que para la Generalitat tiene ofrecer una enseñanza de calidad a todos los alumnos de la Comunitat".

   Català ha detallado que anualmente la Conselleria destina 2.112 millones de euros a las retribuciones de los profesores de los centros educativos públicos y 572 millones a los profesores de los centros concertados, lo que supone el 63,6% del total del presupuesto de este departamento, ha informado la Generalitat en un comunicado

   Además, ha destacado "el gran esfuerzo inversor" del Consell en materia educativa, dado que la Generalitat destina 4.219 millones de euros a la educación, lo que supone el 30,7% de su presupuesto total. Estas cifras sitúan a la Comunitat, según las mismas fuentes, como la autonomía española que más invierte en educación y por encima de la media nacional, del 21,2 por ciento.

   Actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con más de 58.000 docentes entre funcionarios de carrera e interinos, para atender a 784.191 alumnos repartidos en 1.657 centros educativos públicos. A estas cifras hay que añadir los 15.489 profesores de 418 centros privados concertados.

   La dotación de personal ha aumentado en los últimos diez años en torno a un 20%, hasta superar los 51.000 docentes con plaza definitiva, "sin que se haya adoptado ninguna decisión que merme estas plantillas, puesto que no hay que confundir el ajuste retributivo realizado con la dotación de plantillas", han señalado desde la Generalitat.

   Por lo que respecta a nuevas adjudicaciones, Català ha señalado que desde el 1 de enero se han adjudicado más de 2.300 plazas, y ha apuntado que se destinan 63 millones de euros anuales a sustituciones de baja por incapacidad temporal.

   En concreto, el pasado año se registraron 15.732 bajas, lo que supone un índice de incidencia del 29% sobre el total de la plantilla.

   Por último, la consellera ha destacado la nueva orden de calendario escolar que está siendo consensuada con la comunidad educativa y que pretende "superar algunas disfunciones que se venían produciendo, adaptar la normativa a las nuevas exigencias sociales y agilizar determinados procedimientos".

   En su opinión, la nueva norma dotará al sistema de una herramienta "más moderna, flexible y adaptable para los retos que se proponen", especialmente la mejora del éxito escolar, que requiere "la colaboración de toda la comunidad educativa y la implementación de medidas innovadoras, sobre la base de la autonomía y la responsabilidad de los centros docentes".

   Entre las principales novedades, ha recordado la posibilidad de que el centro pueda implantar jornada lectiva de mañana y tarde durante los meses de junio y septiembre, adelantar las pruebas de septiembre a finales de junio y julio, ofrecer clases de refuerzo para los alumnos que lo necesiten en el mes de julio o establecer la jornada continua para aquellos centros que lo soliciten.

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia