viernes, 4 de mayo de 2012

La Comunitat es la segunda autonomía en la que más crece el paro con 2.961 nuevos desempleados en abril

VALENCIA.-  La Comunitat Valenciana ha encabezado en el mes de abril el crecimiento del paro en España, sólo por detrás de Canarias, con 2.961 nuevos desempleados, un 0,52 por ciento más, lo que eleva el número total de personas sin trabajo a 575.667, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo.  
   La caída del paro en abril rompe así con ocho meses consecutivos de subidas y se debe, sobre todo, al efecto de la Semana Santa, como demuestra el descenso del desempleo en 8.304 personas (-0,29%) registrado en el sector servicios, actividad donde más se redujo el paro en el cuarto mes del año.

La Generalitat coloca al 7% una emisión de deuda de 500 millones que vencía este viernes

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha colocado una emisión de deuda por importe de 500 millones de euros a un interés del 7 por ciento, a seis meses, para renovar unos pagarés con Bankia que vencían este viernes.

   Según han confirmado fuentes de la Generalitat, la operación inicial data de noviembre de 2010 y tenía un tipo de interés cercano al 4 por ciento.
   No obstante, las difíciles condiciones que ofrecen los mercados para renovar este tipo de vencimientos han llevado al Consell a tener que asumir un coste del 7 por ciento para resolver esa emisión de deuda.

El PSPV lamenta que los valencianos paguen la deuda "más cara que los griegos"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha lamentado este viernes que los valencianos vayan a "pagar la deuda más cara que los griegos", tras conocer que la Generalitat ha colocado al 7 por ciento a seis meses una emisión de deuda de 500 millones que vencía este viernes, y ha acusado al PP de haber "derrochado absolutamente los recursos de los valencianos" durante sus años de gobierno.

   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con representantes del gremio de libreros de la Comunitat Valenciana en la Fira del Llibre, en alusión al precio asumido por el Consell para renovar el vencimiento de unos pagarés con Bankia suscritos en noviembre de 2010 a un interés cercano al 4 por ciento.
   Puig ha subrayado que "no es una cuestión que sólo afecta a la macropolítica o afecta a unas decisiones generales del Gobierno valenciano", sino que "afecta a los ciudadanos valencianos que, en estos momentos, estamos pagando la deuda más que los griegos".
   A su juicio, ese hecho y otras cuestiones como los datos de paro de abril, "demuestran que las recetas que se aplican en la Comunitat Valenciana son recetas equivocadas y que no sirven para salir fuertes de la crisis", mientras el jefe del Consell, Alberto Fabra, "está perdido, dando vueltas, sin saber muy bien por dónde tirar".
   Puig ha reivindicado que el Gobierno valenciano "no puede escudarse en la financiación negativa" que percibe la Comunitat para justificar "la situación de deuda tan grave que tenemos porque, con esos pocos recursos históricos, el Gobierno valenciano presidido por un socialista dejó la Comunitat Valenciana cuando dejó de gobernar con una deuda infinitamente inferior".
   "No es sólo un problema de financiación, también es un problema de derroche de recursos", ha insistido el líder socialista, quien ha acusado a los dirigentes 'populares' de haber "derrochado absolutamente los recursos de los valencianos" en los últimos años y de que ahora haya que pagar el 7 por ciento en los mercados de deuda.
   En cuanto a la reivindicación de una mejor financiación autonómica de la Comunitat, cuestión en la que hizo hincapié esta semana la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) con la presentación de un estudio que avala esa reclamación, Puig ha defendido que los socialistas "hace mucho tiempo" que dicen que "la financiación autonómica valenciana no es la adecuada y que la financiación desde la perspectiva del Estado en la Comunitat tampoco es la adecuada".
   Es más, ha recordado que, en la negociación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, dijeron "por activa y por pasiva que había que situar la cuestión de la financiación en el Estatuto", pero en esos momentos no recibieron "la ayuda ni de la derecha política ni de la derecha económica".
 "No es ninguna novedad", ha sentenciado Puig, quien asegura que no tienen "ningún problema en estar al frente de esta reivindicación" porque la asumieron "desde el primer momento".
   También ha indicado que los socialistas valencianos estuvieron "en Madrid esperando a que el PP llevara a alguien a defender la reforma del Estatuto para mejorar la financiación autonómica", ya que "hace una semana el PP dejó la trona vacía en el Congreso de los Diputados y no defendió lo que aquí se aprobó por parte del PSPV, Compromís y el PP". "Aquí se dice una cosa y contra Zapatero se vivía muy bien, pero ahora ya es más difícil", ha agregado.
   Al respecto, Puig ha ratificado que el 'síndic' socialista en las Corts, Antonio Torres, será quien exija en Madrid una mejoría en la financiación y ha pedido al PP que, "de una vez por todas, nombre a su representante" para que ambos vayan a "defender una cuestión que los socialistas valencianos hace muchos años que defendemos, que es la mejora de la financiación tanto de la directa del Estado en los presupuestos como también la financiación autonómica".
   Preguntado por las informaciones acerca de la conveniencia de elegir a Torres para esa tarea, ha subrayado que el portavoz socialista "ha demostrado por activa y por pasiva durante muchos años que es un socialista valenciano y un valenciano convencido".

El PSPV dice que la agrupación de municipios pequeños es "anticonstitucional"

ALICANTE.- La secretaria de Coordinación de las Diputaciones del PSPV, Concha Andrés, y el portavoz del grupo socialista en la corporación provincial de Alicante, Alejandro Soler, han rechazado la posibilidad de que el Gobierno proponga agrupar municipios de menos de 5.000 habitantes, una medida que, en su opinión, "es anticonstitucional y no es la solución contra el déficit de las administraciones públicas, porque los municipios con menos población no son los más endeudados".

   En un encuentro informativo tras la reunión de trabajo mantenida con el grupo socialista en la Diputación, Concha Andrés ha recordado que los municipios con menos población "suponen una cantidad mínima con respecto al endeudamiento de las administraciones públicas".
   Por el contrario, la Generalitat valenciana, "con 22.000 millones de deuda más 4.000 millones en facturas que tiene en el cajón, sí es la que tiene un grave problema de endeudamiento", por lo que esta iniciativa del Ministerio de Hacienda, en su opinión, "es una cortina de humo, para intentar tapar ese grave problema".
   "En la actualidad, la legislación ya permite que si hay dos municipios que voluntariamente quieren fusionarse, puedan hacerlo, y además se puede profundizar en la mancomunidad de servicios básicos que tienen que prestar los ayuntamientos", ha remarcado Andrés.
   Al respecto, el también miembro de la ejecutiva federal del PSOE, ha lamentado que "con la fusión de municipios por decreto, el PP quiere hacer pagar la crisis a quien no la ha generado y a quien probablemente no tenga la solución".
   Así, ha apostado por otras alternativas como el "gravar más las actividades económicas y las grandes fortunas, recuperar el impuesto de patrimonio", todo ello para "generar nuevos ingresos".
   Además, Soler se ha mostrado partidario de "adelgazar aquellas cuestiones de la administración que son ineficientes y que pueden mejorarse a través de la mancomunidad de servicios o la prestación de determinadas actuaciones, no de manera mancomunada pero sí desde un municipio para atender a otros municipios".
   "La fusión de municipios entiendo que no es la solución, y no se puede hacer desde el punto de vista legal, es anticonstitucional y no se puede hacer si no se modifica la Constitución", ha añadido, al tiempo que ha resaltado que "ni siquiera está cuantificado cuál es el ahorro que supondría esa fusión de municipios".
   Así mismo, Concha Andrés se ha referido al futuro de las diputaciones para reclamar "una reforma del sistema actual de funcionamiento de las diputaciones" y una revisión de las funciones de los ayuntamientos y de la Generalitat valenciana, para que ésta última "cumpla con sus obligaciones".
   En esta línea, se ha preguntado "por qué los ayuntamientos tienen que estar haciéndose cargo de gastos que corresponden a la Generalitat valenciana, que incurre en una dejación absoluta de sus obligaciones".
   "Si la Generalitat, en vez de destinar millones y millones de euros a los fastos y grandes eventos, se hubiera dedicado a atender las necesidades básicas para consolidar el estado de bienestar social de los ciudadanos, hoy en día ni los ayuntamientos tendrían que estar soportando el coste de esos servicios, ni las diputaciones tendrían que estar costeando determinados servicios que son propios de la Generalitat", ha concluido.

La sentencia contraria al embarque a pie de pasajeros en Alicante, firme tras no recurrir Ryanair

ALICANTE.-   La sentencia del juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante que el pasado 26 de marzo dio la razón a Aena Aeropuertos sobre el uso de pasarelas telescópicas en el aeropuerto alicantino de El Altet es firme, tras la decisión de la aerolínea Ryanair de no presentar recurso contra la resolución judicial, según informó Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

   La compañía aérea Ryanair disponía de 20 días hábiles para presentar un recurso contra la resolución que desestimaba el embarque y desembarque de los pasajeros a pie en el aeropuerto alicantino de El Altet, pero ha optado por no hacerlo.
   La sentencia consideró que los procedimientos sobre el embarque y desembarque de los pasajeros "no obedecen a una decisión arbitraria del Aeropuerto de Alicante, sino que son fruto de su obligación de asegurar la prestación de un servicio con todas las garantías", según las mismas fuentes.
   Aena ha recordado este viernes que "siempre se ha mostrado dispuesta a estudiar cualquier opción de operación de Ryanair, siempre que no ponga en riesgo la calidad y seguridad en la prestación del servicio y no suponga una discriminación para el resto de aerolíneas".

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

S&P rebaja la calificación de la Comunidad Valenciana

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas después de que la semana pasada recortara de 'A' a 'BBB+' el rating de España, según informó la agencia en un comunicado. 

   En concreto, S&P ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid, Galicia, Canarias, desde 'A' a 'BBB+', así como las de País Vasco y Navarra, que pasan desde 'AA-' a 'A'. Por su parte, ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía y Aragón, desde 'A' a 'BBB'.
   Asimismo, deja al borde de la categoría denominada 'bono basura' las calificaciones de Baleares, que baja tres escalones desde 'A-' a 'BBB-', y de Cataluña, que ha recortado en cuatro escalones, desde 'A' a 'BBB-'.
   En el informe sobre todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.
   Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.
   En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, sus ratings son dos escalones superiores al de España.
   La agencia ha situado la perspectiva de las calificaciones de estas nueve autonomías, además de la de la Comunidad Valenciana, que mantiene en 'BB', en coincidencia con la perspectiva del rating de España ante el riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.
   En concreto, cree que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.
   Asimismo, la perspectiva negativa también refleja el riesgo de que los mecanismos de apoyo de liquidez y financiación establecidos por el gobierno central no funcionen de la forma que se espera.
   Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde 'AA-' a 'A', así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde 'A' a 'BBB+'. La perspectiva de todas estas notas también es 'negativa'.

Una firma de juguetes demanda a Marvel por los derechos de Iron Man

LOS ÁNGELES.- Una pequeña empresa de juguetes de Los Angeles, llamada Box-O-Mania, ha demandado a Marvel -propiedad ahora de Disney- por incumplir un acuerdo que incluía la explotación de la imagen de uno de sus superhéroes más emblemáticos: Iron Man.

Según recoge The Hollywood Reporter, la denuncia formulada por la firma Box-O-Mania y su propietario Maxim Tselevich ante el Tribunal Superior de Justicia de Los Angeles tiene su fundamento en un acuerdo de merchandising para comercializar juguetes con la imagen de Iron Man al que presuntamente llegaron con Marvel en 2009.
Ese mismo año Disney, que no consta como parte en la demanda, se hizo con la editorial y productora y el acuerdo quedó en agua de borrajas. Tselevich denuncia que al intentar hacer efectivo el acuerdo al que llegó con Marvel sobre Iron Man -que debía cristalizar en unos juguetes que estarían en el mercado en noviembre de 2010 coincidiendo con el lanzamiento del DVD de Iron Man 2- la empresa contestó con evasivas durante meses.
No le proporcionó por tanto a Box-O-Mania los permisos de propiedad intelectual e industrial necesarios para completar los productos. Meses más tarde, alega la parte demandante, la juguetera se enteró de que no tenía los derechos de Marvel ya no era propietaria de los derechos del hombre de hierro reclamados.
Algo que le hizo perder a Box-O-Mania unos 33.000 dólares. Pérdidas que reclama en esta demanda, presentada aprovechando el tirón mediático del estreno en Estados Unidos de Los Vengadores, en la que acusa a varias empresas de Marvel de fraude, incumplimiento de deber fiduciario y negligencia.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

jueves, 3 de mayo de 2012

La Generalitat paga un 7% a 6 meses para refinanciar sus bonos

LONDRES/MADRID.- La endeudada Generalitat Valenciana colocó el jueves títulos a seis meses de plazo a cambio de una rentabilidad del siete por ciento en vísperas de unos vencimientos de deuda de 1.473 millones de euros en el mes de mayo.

Según información de IFR, un servicio de información y análisis, la región con rating "BB" por parte de Standard & Poor's colocó a través de Bankia 500 millones de euros con cupón del 7 por ciento y vencimiento el próximo 5 de noviembre.
Al mismo plazo de vencimiento, los títulos del Tesoro Público español se cambiaban el jueves en el mercado secundario a tipos que oscilaban entre el 1,27 y el 1,54 por ciento.
La Generalitat enfrenta este mes tres vencimientos de bonos. El primero de ellos, por importe de 500 millones de euros, vence mañana viernes mientras que el próximo miércoles 9 de mayo vencen otros 500 millones de euros y 473 millones de euros más se amortizan el 27 de mayo.
Ante las dificultades de las regiones de financiarse en los mercados a tipos razonables, el Gobierno español ultima la emisión de los conocidos como "hispanobonos", títulos de deuda pública con el aval del Estado para facilitar fondos a las Comunidades Autónomas a cambio de que éstas se ajusten a la disciplina presupuestaria.
Con una deuda reconocida de 20.500 millones de euros (el 19,9 por ciento de su PIB), la región valenciana arrastra serias dificultades financieras tras realizar grandes inversiones en la última década al calor del "boom" constructor e inmobiliario.
Adicionalmente, Valencia es la comunidad autónoma con más deuda pendiente a proveedores por más de 4.000 millones de euros que espera devolver gracias también a la ayuda del Estado, que ha diseñado un programa de créditos para tratar de atajar el efecto de los impagos sobre las pequeñas y medianas empresas.

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

El sector turístico español ve un panorama negro en 2012

MADRID.- La patronal turística española Exceltur presentó el jueves un pobre balance de actividad en el primer trimestre y se mostró pesimista respecto a lo que queda del año en el nuevo contexto recesivo de la economía española.

La asociación de empresas del sector explica que, pese a una aportación positiva del 0,1 por ciento del sector al PIB nacional, el 57,3 por ciento de las empresas del sector anunciaron caídas interanuales en su facturación del primer trimestre.
"Los empresarios turísticos españoles esperan un complejo segundo trimestre de 2012, muy marcado principalmente por las débiles expectativas de la demanda española, y un cierto impulso de los viajes de los extranjeros, que empezará a dejarse notar en las zonas de la costa mediterránea, mayoritariamente cerradas en este primer trimestre", dijo la asociación.
La patronal, que destaca los síntomas de recuperación en destinos alternativos como Túnez y ve con preocupación el descenso de turistas italianos, franceses y alemanes, proyecta que el sector restará un 0,3 por ciento al PIB de 2012 frente a la proyección de aportar un 0,2 por ciento realizada a principios de año.
La patronal aprovecha para lanzar un nuevo mensaje al Gobierno instándole a priorizar y acelerar medidas para mejorar la competitividad del primer sector en importancia del país, representando alrededor del 11 por ciento del PIB nacional.

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

El nuevo PGOU de Orihuela ampliará el suelo urbanizable en 1,5 millones de m2

ORIHUELA.- El borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela, elaborado por el consistorio de la localidad, ampliará en 1,5 millones de metros cuadrados el suelo urbanizable del municipio, de los cuales el 75 por ciento será para las pedanías y el otro 25 para el casco urbano, si bien no se realizarán nuevas calificaciones en la zona de la costa, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

   La recalificación recogida en este documento --1,5 millones de metros cuadrados-- supone la mitad del terreno que se declaró urbanizable en el anterior PGOU de la localidad, en el cual se recalificaron un total de tres millones de metros cuadrados de suelo.
   El nuevo plan ha sido trasladado por la edil de Planificación, Antonia Moreno, a técnicos del Gobierno valenciano, con los que se reunió este pasado miércoles. En el documento, destacan la declaración de suelo urbanizable de 1,5 millones de metros cuadrados de la localidad, de los cuales el 70 por ciento será para las pedanías, y el 30 restante para el casco urbano.
   Por otra parte, el documento señala que 1,7 millones de metros cuadrados se destinarán a zonas de desarrollo económico, industrias y comercios. La edil ha insistido en que una de las "necesidades fundamentales" para articular el municipio es "una vía que una Orihuela con la zona de Orihuela Costa". 
"El Urbanismo también es humanismo e integración", ha resaltado.
   De este modo, el Consell se ha comprometido, según Moreno, a remitir este primer documento en un plazo no superior a seis meses, "cuando lo habitual es más de un año". Además, la portavoz municipal ha asegurado que, en las próximas semanas, "se celebrará una reunión en Orihuela para analizar la situación de parálisis de la actual zona recalificada como suelo industrial".
 "Es necesaria una decisión realista, política y definitiva. En la reunión participarán la Confederación Hidrográfica, la Consellería y el Ayuntamiento", ha explicado.

La Diputación planteará correcciones a Hacienda si su propuesta de reagrupar municipios "no fuera la correcta"

ALICANTE.-   El vicepresidente y diputado de Economía y Hacienda de la Diputación de Alicante, César Augusto Asencio, ha afirmado que comparte "la filosofía de simplificar costes" que rige la propuesta que estudia el Ministerio de Hacienda para reagrupar municipios con menos de 5.000 habitantes, aunque se ha mostrado dispuesto a "plantear correcciones" si su propuesta para la provincia alicantina "no fuera la correcta".

   Al término del pleno ordinario celebrado este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, César Augusto Asencio ha hecho hincapié en que "habrá que ver la planta que salga y habrá que ver la propuesta".
  "Lógicamente si consideramos que esa propuesta para nosotros no fuera la correcta, nos reservamos las actuaciones como Diputación Provincial en defensa del interés de los municipios, y a lo mejor plantear al Ministerio algunas correcciones", ha señalado.
   "A nivel de filosofía podemos compartir los principios, pero esos principios hay que ver bien dónde se aplican, porque no es lo mismo Castilla-La Mancha y Castilla León, que son comunidades autónomas con una amplia extensión, poca población y muchos núcleos, con una dispersión muy grande, que otras zonas como la Comunidad Valenciana", ha añadido.
   Al respecto, ha precisado que la provincia de Alicante "tiene poblaciones medias con un peso importante, una densidad de población alta, y los municipios tienen un nivel de población elevada", si bien hay zonas como la de la Montaña "donde la dispersión ya es mayor, la concentración de poblaciones es menor, y puede haber otras fórmulas asociativas y voluntarias".
   La Diputación impulsa ese tipo de actuaciones --asociativas--, con  entidades gestoras de apoyo y asistencia a municipios pequeños, mancomunidades en temas de bienestar social y residuos, que se encuentran dentro de la misma "filosofía de introducir aspectos de racionalización, de simplificación de costes y de optimización de recursos".

La Comunidad Valenciana defenderá un plan de cuenca del Júcar que cubra las demandas de agua de sus regantes

VALENCIA.- La consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernández, ha asegurado que el Consell defenderá un plan hidrológico de la cuenca del Júcar que "cubra las demandas de agua y garantice las necesidades de los regantes" de la Comunitat Valenciana, según ha indicado en un comunicado.

   Maritina Hernández se ha referido a esta cuestión con motivo de la tradicional 'suelta de aguas' de la Acequia Real del Júcar, en el azud de Antella. Allí ha explicado que los planes de cuenca deben marcar las prioridades del nuevo plan hidrológico nacional y por ello ha insistido en que el documento que elabore la Confederación Hidrográfica del Júcar "debe reflejar la realidad de nuestro territorio, con unos regadíos modernizados y tecnificados que dan como resultado una agricultura competitiva y abierta al mercado, pero también con un déficit hídrico estructural".
   En este sentido, ha señalado que ya ha mantenido un encuentro con la nueva presidenta del organismo de cuenca, y ambos departamentos ya trabajan conjuntamente para que el documento final establezca el marco que permita el acceso a recursos suficientes a todos nuestros regantes.
   La consejera ha recordado que el ministro de Agricultura ha marcado los pasos para "reconstruir" una política nacional que garantice el agua en todos los territorios, y el primero es "analizar los caudales existentes y necesarios en cada demarcación". De ahí la trascendencia y el trabajo iniciado con la Confederación para elaborar un documento que responda a los intereses de todas las partes.
   Por otra parte, Maritina Hernández ha reiterado el compromiso de la Generalitat de seguir colaborando con las comunidades de regantes en la implantación de sistemas de gestión del riego que permitan aprovechar al máximo los caudales disponibles. "Pese a la situación actual vamos a seguir concentrando recursos para finalizar los planes que hay en marcha y corresponder así al esfuerzo de los regantes", ha explicado.  
   La suelta de aguas de la Acequia Real del Júcar simboliza el inicio de la temporada de riegos para cerca de 35.000 agricultores y regantes. Este agua sirve para regar 21.000 hectáreas de frutales, sobre todo cítricos, pero también hortalizas y arroz de la comarcas de l'Horta, la Ribera Alta y la Ribera Baixa.
   El riego de estos campos se realiza a través de otros canales menores de distribución que parten de esta acequia, que es la principal del río Júcar, y de dispositivos de ahorro hídrico que han sido incorporados con inversiones de los propios agricultores que la consejería de Agricultura ha cofinanciado al 50 por ciento.
   En concreto, la inversión en la modernización del regadío de la Acequia Real del Júcar se eleva a 186 millones de euros desde el año 2001, y resulta de utilidad no sólo a los usuarios tradicionales del Júcar, sino a toda la cuenca puesto que permite disponer de caudales para otras zonas de la demarcación.

La Generalitat asegura que no cobrará peajes en las autovías autonómicas

VALENCIA.- El director general de Transportes, Carlos Eleno, ha asegurado este jueves que la Generalitat valenciana no cobrará peajes en las autovías autonómicas. Asimismo, ha anunciado que se reunirá en los próximos días con el Ministerio de Fomento para estudiar en detalle las propuestas que se han filtrado en los últimos días sobre el pago de tasas para los conductores.

   Carlos Eleno, en el programa 'Bon Matí' de Ràdio 9, ha subrayado que el Consell no tiene sobre la mesa cobrar a los usuarios de autovías autonómicas, según ha informado la emisora pública en un comunicado.
   Aunque estos días ha trascendido que desde el Gobierno central se aborda la posibilidad de establecer el 'peaje blando', un sistema para poder sufragar el uso y futura construcción de infraestructuras mediante el cobro de peajes, el director general de Transportes ha explicado que no es una opción que en estos momentos sea "factible".
   Eleno ha descartado la posibilidad de aplicar este nuevo gravamen a los conductores valencianos. En todo caso, ha afirmado que este tipo de medidas se deben consensuar entre Gobierno y comunidades autónomas antes de tomar ninguna decisión.
   Uno de los principales problemas que generaría, en su opinión, es "la saturación de algunas carreteras o itinerarios alternativos a las vías que habitualmente utilizan los conductores para evitar pagar la tasa". Por ello, Carlos Eleno considera que una supuesta tarificación de vías de gran capacidad o autovías debería hacerse de manera global en toda la red del Estado.
   El responsable de Transportes de la Generalitat ha explicado que la propuesta de cobrar por el uso de las carreteras es una medida aplicada ya por la Unión Europea que intenta extenderla a todos los países miembros desde 1971.
   El objetivo es que todos los ciudadanos colaboren en los costes económicos y sociales que implica la instalación y uso de una autopista o autovía. No obstante, Carlos Eleno considera que aplicar esta medida solo en algunos casos es "inviable".

Afectados piden el embargo de bienes gestionados por CAM desde Centroamérica

ALICANTE.- La Plataforma CAM ha pedido a la Audiencia Nacional el embargo tanto de cuentas como de propiedades que sociedades participadas por Caja Mediterráneo pudieron haber vendido a moradores físicos de Murcia y la Comunidad Valenciana a través de testaferros en las sucursales que CAM tenía en Centroamérica.

Esta petición también recoge la necesidad de rastrear acciones, cuentas corrientes, depósitos y valores que "presuntamente puedan tener financieros, políticos valencianos y murcianos -a nombre de sociedades piramidales interpuestas-, fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas para tal fin" en dichas sucursales.
La iniciativa ha sido presentada por el abogado Diego de Ramón a través de un escrito de ampliación de embargo a las medidas ya solicitadas por la Plataforma en su querella popular, "a la que ya se han sumado más de 400 afectados", según ha apuntado el letrado.
De Ramón, que ha facilitado a los medios este escrito, asistió ayer tarde a una asamblea celebrada en Alicante con afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes de CAM, a los que ha informado de la situación jurídica de la querella popular presentada en la Audiencia Nacional el pasado 6 de marzo.
Su petición de embargo tiene como fin lograr que los afectados obtengan una compensación económica a través de la responsabilidad patrimonial que pudiera tener CAM.
Por ello, pide que los posibles embargos que se ejecuten se pongan a disposición de la Audiencia Nacional, la cual tendrá que dar cuenta al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Banco de España.
En su escrito, el letrado informa que CAM estaba presente en EE.UU. (CAM Miami Agency), Islas Caimán (CAM Global Finance), México (CAM México) y República Dominicana (CAM República Dominicana).
"...Para resumir la operatoria entre CAM y sus participadas, la entidad tiene que operar necesariamente con oficinas locales en los sitios donde va a realizar sus inversiones, que casualmente son paraísos fiscales o las ilegales 'zonas francas' como les llaman algunos anglosajones", según recoge textualmente el documento.
En este sentido, se añade que "para operar en la zona del Caribe y Centroamérica, necesariamente necesita tender puentes con el Reino Unido y Holanda (Islas Caimán), Estados Unidos (Miami)" y para ello "se valió" de otras entidades bancarias no españolas.
Además, apunta como necesario que en el rastreo digital de cuentas y propiedades inmobiliarias colabore la Policía Federal Mexicana de Finanzas y la de Florida.
Por lo que respecta a los afectados, De Ramón ha manifestado que residentes alemanes, británicos, franceses, holandeses y belgas, propietarios de cuotas participativas o de participaciones preferentes, también se han sumado a la querella.
"Ya no son intereses nacionales, son europeos, y los jueces serán más celosos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues tienen que preservar intereses internacionales, incluso con mayor celo que los nacionales", ha afirmado el letrado.