sábado, 9 de febrero de 2013

La dirección de Canal 9 notifica 843 despidos por correo electrónico

VALENCIA.- Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha notificado este sábado un total de 843 despidos a trabajadores de Televisión Valenciana (TVV) incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se está aplicando en la entidad, presentado para un máximo de 916 trabajadores.

   Según han informado fuentes de la empresa, 430 de esos afectados por el expediente dejarán su puesto entre el próximo miércoles y el 7 de marzo mientras que el resto saldrán en junio y en agosto.

   A partir de las 10.00 horas, el ente público ha enviado un correo electrónico a los 1.167 trabajadores de TVV o que prestan servicios en la televisión pública para comunicarles si resultaban afectados por el expediente, del que han quedado fuera 324 empleados del canal.
   La empresa ya comunicó por ese mismo procedimiento los despidos en la radio (RAV) y en el ente. Así, este sábado ha enviado un mail al personal de televisión, tanto a la cuenta de correo corporativa de los empleados --accesible vía web-- como a la cuenta personal de quienes se la habían comunicado. Además, la información está disponible a través del área privada del Portal IP de la intranet de la compañía.
Entre los despedidos, se encuentran periodistas históricos de esta casa, como es el caso de Clara Castelló; Susanna Lliberós; Miguel Ángel Picornell, narrador durante años de los partidos de fútbol de Primera División; o Xelo Miralles, primera presentadora de Informativos y recientemente elegida miembro del Consejo de Administración de RTVV a propuesta del PSPV.
El periodista Carlos Urrutia, vinculado al área de deportes, la escritora Esperança Camps, las presentadoras de En Connexió Olga Cano y Laura Grande; y Sonia Fernández, 'mujer del tiempo' en los informativos de mediodía; también han confirmado vía Twitter la recepción de la carta de despido.
La lista, repleta de rostros conocidos para los espectadores valencianos pero también de numerosos empleados que han desempeñado su labor detrás de las cámaras, incluye también a la reportera Carolina Femenia y a Xavier Rubert, que hasta ahora ofrecía la información del Villarreal en Canal 9.
El ERE, según ha denunciado Intersindical a través de Twitter, "han arrasado" programas como Guampi, En Connexió y Encontres.
El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha denunciado este sábado la "arbitrariedad" que, a su juicio, "ha sido la única norma" en la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un proceso al que se refieren como "una carnicería personal y sindical".
   En un comunicado, señalan que este sábado se ha ejecutado "el mayor ERE en un medio de comunicación español" con la notificación del despido de 843 trabajadores de la televisión pública, que "se suman a los más de 200 que ya habían sido anunciados" en la radio y el ente.

   El comité de empresa reprueba que, por tanto, "más de un millar se han ido a la calle como consecuencia de la nefasta y corrupta gestión realizada por las diferentes direcciones nombradas por el PP desde 1996", formación a la que acusan de "arrasar" Canal 9.

  Su presidenta, Salut Alcover, ha señalado que "ha sido un día tristísimo en la historia de RTVV", que marca "el final de un proyecto de televisión que nació con la ilusión de ser una empresa pública, de calidad, que hablaba en valenciano" y que, a su juicio, ahora "han arrasado".

   Alcover denuncia el "especial ensañamiento con quienes han defendido los empleos y el mantenimiento de la calidad del servicio, así como con los empleados antiguos y con auténticos puntales de la televisión autonómica".

   Además, recalca que "la empresa es inviable técnicamente" al haberse quedado "sin operadores de iluminación, de sonido, de equipo y de cámara", en lo que cree "una auténtica locura con el único objetivo de entregar la empresa a los 'amiguitos del alma' del PP para que ganen dinero a cambio de despedir a trabajadores y de desmantelarla".

   En una primera "valoración de urgencia", el comité de empresa ha incidido en la "arbitrariedad" del proceso y en que "la dirección ni siquiera ha respetado los criterios abusivos e ilegales que ella misma había impuesto de manera unilateral". Señala, en este punto, que ha despedido "a trabajadores con la oposición ganada, a personas con una trayectoria larga e impecable en RTVV, con especial ensañamiento con los profesionales que en 1989 pusieron marcha la empresa".

   Así, sostiene que "no han tenido miramiento ni con personas con discapacidad ni con parejas cuyos dos miembros trabajaban en la empresa" y que, además, "han perseguido hasta la puerta de salida a los trabajadores que a lo largo de estos años se han significado en la defensa de los puestos de trabajo y la calidad de la emisión".

   Destacan, en este punto, que es "incluso más escandaloso" que hayan despedido a las dos trabajadoras de la televisión que denunciaron por abusos sexuales al el ex secretario general de RTVV, Vicente Sanz, después de que "la tercera ya había sido despedida en la radio".

   Para el comité de empresa, también "es sorprendente, cuando no ofensivo para la voluntad popular", el despido de los dos miembros del consejo de administración que formaban parte de la plantilla y que fueron elegidos por "amplísima mayoría" en las Corts Valencianes, en alusión a Xelo Miralles y Manolo Jardí.

   Además, señalan que "un mail ha sido la última demostración de la falta absoluta de sensibilidad hacia los trabajadores de RTVV", al haber sido la vía elegida para comunicar a los trabajadores si estaban afectados o no por el ERE, a lo que añaden que los empleados del ente llevan "más de dos años sufriendo la tortura psicológica por parte de la empresa ante el futuro incierto de sus puestos de trabajo".

   El comité denuncia asimismo que, "aparte de una carnicería personal y sindical, la aplicación del ERE es el golpe de gracia a la producción propia de RTVV", al "dejar sin trabajadores la mayoría de los programas y comprometer la continuidad de los informativos, que constituyen la esencia del servicio público".

   Al respecto, subraya que "la falta de planificación se centra especialmente en el departamento técnico", en el que consideran que los despidos "se han hecho sin ninguna previsión y ponen en peligro la propia emisión de la cadena".

   El comité de empresa responsabiliza de esta "catástrofe" al PP y a "todos los que han seguido sus órdenes insensatas sin abrir la boca, como por ejemplo los directores generales José Vicente Villaescusa Blanca, Pedro García Gimeno, José López Jaraba y Alejandro Reig de Rocha" y cita, en este mismo sentido, a "los secretarios generales Vicente Sanz y Juan Prefacio, así como a los jefes de recursos humanos David González Wonham y Noèlia Estarlich Hernandis".
   También denuncian que "el desprecio de la dirección por los representantes de los trabajadores ha continuado hoy mismo" dado que el comité "no tiene todavía la lista de despedidos" y ha "tenido que enterarse de la cantidad total de afectados" a través de los medios de comunicación. El comité, "pese a todo", reitera su "compromiso en la lucha contra este ERE salvaje e injusto" y añade que están "convencidos" de que los tribunales les acabarán "dando la razón".

viernes, 8 de febrero de 2013

Bono: "En la España de Bárcenas no está cómodo ni Trillo"

MADRID.-   El expresidente del Congreso José Bono (PSOE) advierte a los catalanes que no se sienten a gusto dentro del Estado que "en la España de Bárcenas no está cómodo ni Trillo", uno de sus antecesores y que figura en las anotaciones de la supuesta contabilidad paralela del PP.

   Bono ha añadido que también son muchos los españoles que no se encuentran cómodos "en según qué españas", y que la situación creada con las presuntas irregularidades del PP no gusta a nadie dentro ni fuera del partido, y por eso ha citado a Trillo.
   Se ha limitado a añadir que piensa "como todos los españoles" y que está preocupado por la situación, al preguntársele este viernes tras un desayuno-coloquio de Nueva Economía protagonizado por el presidente de C's, Albert Rivera.
   Pese a ello, ha rechazado "intervenir desde un punto de vista partidista", alegando que el problema de España es grave y afecta a las instituciones, por lo que ha pedido voluntad para lograr un acuerdo, pensando sobre todo en el bienestar de los ciudadanos.
   Tampoco se ha querido pronunciar sobre si debe dimitir la ministra de Sanidad y dirigente popular, Ana Mato, pero se ha remitido a lo que "piensa todo el mundo".

Stop Desahucios pospone dos meses el desalojo a una familia con tres hijos menores de su vivienda en Alicante

ALICANTE.- Stop Desahucios Alicante ha conseguido paralizar y posponer dos meses el desalojo de una familia con tres hijos menores, uno de ellos un bebé de 10 meses, residente en una vivienda del barrio de Carolinas Altas de Alicante, según han explicado hoy fuentes de este colectivo ciudadano.

   La comitiva judicial tenía previsto ejecutar el desahucio a las 10.30 horas de este viernes, por lo que un grupo de unas 70 personas de Stop Desahucios ha acudido a la puerta del inmueble en el que los afectados residen, en la calle Garbinet, y han permanecido concentrados hasta que han conocido que el abogado del colectivo ha conseguido que el juez aplace el desalojo hasta el 19 de abril.
   La familia afectada, que no se ha podido acoger al real decreto aprobado en noviembre pasado en esta materia, tiene ahora un periodo de dos meses para, con el apoyo legal de Stop Desahucios, intentar llegar a un acuerdo con la entidad bancaria que les permita condonar la deuda de 18.000 euros.
   Por otra parte, los miembros de esta plataforma han participado este viernes en una segunda protesta a las puertas de las oficinas de una entidad bancaria situada en la calle Gastón Castelló de Alicante, para reclamar la negociación en torno a la situación de otra familia de Alicante que se enfrenta al desahucio de la vivienda en la que conviven abuelos, padres y nietos.
   Los padres ya fueron desahuciados de su domicilio, y ahora son los abuelos los que se han visto arrastrados y se enfrentan al desalojo de su vivienda, previsto inicialmente para el 7 de febrero, y suspendido hasta el 7 de marzo.
   En este mes de plazo, Stop Desahucios Alicante pretende alcanzar un acuerdo con el banco para conseguir la dación en pago y un alquiler social, por lo que, al igual que hicieron el viernes pasado, han realizado una "concentración pacífica" a las puertas de la entidad para intentar sin éxito, que el director de la oficina les atienda.

El TSJCV estudia solicitar nuevos refuerzos ante el incremento de las investigaciones por presuntos casos de corrupción

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está estudiando solicitar nuevos refuerzos ante el incremento de las investigaciones abiertas por presuntos casos de corrupción, según ha avanzado la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, tras mantener un encuentro con la presidenta del tribunal valenciano, Pilar de la Oliva. 

   Esta misma semana, el magistrado instructor del conocido como 'caso Gürtel', ha decidido abrir tres nuevas piezas dentro del procedimiento, que se suman a otras tres anteriores. Junto a este asunto, también se instruyen en el TSJCV otros asuntos relacionados presuntamente con la corrupción: el conocido como 'caso Cooperación' y el 'caso Brugal'.
   Bravo, preguntada por si De la Oliva le ha solicitado algún tipo de apoyo ante este incremento de casos, ha recordado que la presidenta ya pidió anteriormente apoyo para determinados juzgados en los que se están instruyendo asuntos de "elevada magnitud" por su complejidad y por el número de implicados, como es el caso de Emarsa, donde se investigan supuestas irregularidades por la gestión de la depuradora de Pinedo.
   En cuanto a estos apoyos personales, en materia de jueces de refuerzo, Bravo ha indicado que, hasta ahora, el Consejo siempre ha informado "favorablemente", y ha puntualizado que en el encuentro de este viernes, tanto ella como el vicepresidente, Fernando de Rosa, le han vuelto a trasladar la voluntad del organismo al que representan "de dar el máximo apoyo".
   Y en concreto, sobre los refuerzos en el TSJCV, conforme van apareciendo presuntos nuevos casos de corrupción, se estudia la situación y, si se considera adecuado, se piden apoyos. Así, con anterioridad, y tras pedirlo, se han incorporado a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal dos funcionarios y un segundo secretario.
   En la actualidad, Bravo ha indicado que el TSJCV también está estudiando pedir nuevos apoyos porque "van apareciendo y desgajándose nuevas piezas con asuntos que se están tramitando". 
"Se está valorando", ha agregado, y ha puntualizado que "desde luego si consideran oportuno que se tiene que pedir un apoyo en el ámbito de medios personales o materiales, estoy segura que así nos lo harán llegar".
   En esta línea, preguntada por si está de acuerdo con lo que han manifestado algunos cargos políticos en referencia a que se está "judicializando la política", ha comentado que "lo de judicialización de la política o politización de la justicia son dos términos que casi se han convertido en tópicos".
   La portavoz del CGPJ opina que todos aquellos asuntos relacionados con la presunta corrupción económica o política "deben de ser investigados dentro del marco de garantías que fija el proceso penal por un juez, que es quien tiene la legitimidad de poder averiguar que es lo que ha podido ocurrir".
   En este sentido, ha subrayado que es el Poder Judicial el que, de forma "independiente e imparcial", tomará las decisiones correspondientes "en base a estos principios, y también para la propia defensa de las personas implicadas". Así, ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía: "se debe confiar en los jueces del país porque el Poder Judicial va a ser firme desde la imparcialidad e independencia", ha dicho.
   Bravo, interpelada por las críticas ante la dilación de algunos casos de presunta corrupción, ha comentado que lo "deseable" es que la Justicia "sea lo más rápida posible por exigencias de seguridad jurídica, por respeto a las garantías de los derechos de los imputados, y por la propia percepción de la ciudadanía".
   Ahora bien, ha puntualizado que "no se puede olvidar" que hay asuntos, sobretodo los vinculados al marco de la corrupción, que "son complejos, donde el número de imputados suele ser muy alto, por tanto el número de las partes que se personan también es muy elevado, y exigen, además, informes periciales especiales". 
"Esto hace que se dilate la investigación", ha dicho.
   Por este motivo, ha recordado que el presidente del Consejo pidió hace unos días a los presidentes de los tribunales de justicia información sobre todos los asuntos relacionados con corrupción "para que se pueda constatar si hay algún problema no solo de carácter personal, de falta de apoyo, sino también material que pueda obstaculizar el avance de la investigación".
   Al respecto, ha explicado que el CGPJ no tiene medios materiales y personales, "pero si que puede, a través de su presidente, mantener reuniones con los demás miembros del Poder Ejecutivo, con los ministros de Hacienda, Justicia, Interior, o con consellerias para poder dar este apoyo de medios para agilizar las investigaciones".

JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción

VALLADOLID.-   El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

   Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.
   En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.
   De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".
   "Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.
   A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.
   "Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.
   "Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.
   En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".
   "No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.
   A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.
   A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.
   "Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".
   Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.
   El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.
   El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.
   De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.
   Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".
   Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.
   El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.
   La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.
   Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".

Zaplana hace en Alicante una defensa cerrada de Alberto Fabra

ALICANTE.- El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, ha reconocido que hay situaciones que "no se corrigen e incluso se protegen", y que en su opinión, "no hay por dónde cogerlas" y "llevan a contaminar esa opinión pública en contra de la clase política identificándola con la corrupción".

   Eduardo Zaplana ha defendido la necesidad de que la clase política "se adelante a la sociedad en la reforma del sistema antes de que la sociedad imponga" este cambio.
   "Sabemos todos que hay situaciones que no las corregimos y que equivocadamente las protegemos y que eso es lo que lleva a contaminar esa opinión pública en contra de la clase política identificándola con la corrupción", ha explicado.
Zaplana ha considerado que "hay imputaciones e imputaciones", porque hay casos en los que el político se "ahorra el tener que dimitir" si es un caso que se "pueda explicar razonablemente".
   "Aquello que le permite a un político sentarse delante de los medios de comunicación y decir lo que ha pasado ha sido esto, y dar explicaciones hasta el último detalle, creo que con esas explicaciones le ahorran después el tener que dimitir".
   Por el contrario, ha advertido que "hay veces en que no hay argumentación posible, hay veces que no hay por dónde cogerlo, y en ese caso estoy muy de acuerdo y más en esta coyuntura tremendamente delicada, con que se pudieran tomar las medidas de esa naturaleza".
   En todo caso, ha remarcado que éste "no es un tema fácil, pero todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, no hacen falta acuerdos (entre los partidos políticos), lo que hay que hacer es ser escrupuloso y cumplidor de las buenas costumbres y no de las perversas".
   Cuando se produce la imputación de un político por un presunto caso de corrupción, en su opinión, el político debería "actuar con generosidad, sacrificándose y adelantándose a decisiones que se están pidiendo desde el ámbito político y ciudadano, para contribuir a la buena imagen de la clase política".

    Preguntado por el llamado 'caso Bárcenas' que afecta al PP, Eduardo Zaplana se ha mostrado partidario de "esperar unos días" para "saber qué es lo que está pasando realmente".
   "Yo no lo sé, sí tengo una opinión absolutamente formada e inequívoca sobre el tesorero del PP, con independencia de los orígenes del dinero y de lo que pueda aparecer, del resto todavía no, y eso es lo que digo: que tenemos que tener un poco de mesura a la hora de analizar estas cuestiones porque el impulso nos lleva a valorarlas, y no sabemos la veracidad de lo que está ocurriendo".
   "En el caso de Bárcenas, sabemos que hay una persona sobre la que (el PP) ya tomó una decisión hace tiempo y que ahora ha aparecido con una cuenta muy voluminosa en Suiza", ha relatado.
   "Y después hay una argumentación que yo, que he sido alto dirigente del PP, no tengo ni la menor idea de si eso es bueno o malo, desde luego no estaba en el departamento correspondiente pero era una persona importante en el organigrama del PP, (aunque) yo no sé si eso que soltaba era verdad o no", ha comentado el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo.

   En cuanto a la situación de la Comunitat Valenciana, Zaplana ha afirmado que el actual presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PP regional Alberto Fabra "tiene una situación endemoniada" ante la cual "ha tomado decisiones" con la imputación de más de una decena de diputados 'populares' en las Corts Valencianes.
   "¿Se puede decir que (Fabra) podría haber sido más audaz? Sin duda, pero también lo podría haber sido menos, porque no hay ningún imputado en la dirección del grupo parlamentario, ni en la dirección del partido, ha anunciado que no va a haber imputados en las próximas listas electorales, creo que está haciendo un gran esfuerzo en esa dirección", ha defendido.
   "Fabra se ha encontrado en una situación muy determinada y tiene que gobernar, y al mismo tiempo ese gobierno tiene que mantener el soporte de un grupo parlamentario cuya situación no es agradable, y es muy difícil y yo, cuando una persona tiene una dificultad tan importante, yo la apoyo, y creo que está haciendo cosas que aunque parezca que son menores son muy valientes y soy muy comprensivo con él".
    Al respecto, ha insistido en que no se puede generalizar en torno a la situación de los diputados 'populares' imputados. "Yo me niego a generalizar porque me sería más fácil si no conociera a algunos de los imputados, me niego a meterlos a todos en el mismo saco, y pongo el ejemplo de Angélica Such de la que tengo la mejor opinión".

La Federación de Regantes aboga por la cesión temporal de agua entre las cuencas del Tajo y el Segura

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por "flexibilizar" la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura para que los usuarios "puedan disponer de recursos garantizados" en épocas de sequía o de déficit de agua.

   De esta forma, del Campo, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase, apuesta por reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, lo cual entiende que "facilitaría su puesta en práctica".
   Para el dirigente de los regantes, estos acuerdos bilaterales --que contarían con un control de la Administración para garantizar los órdenes de preferencia de uso--, "se alzan hoy por hoy como la alternativa más ágil y efectiva para paliar la falta de embalses y trasvases en las demarcaciones menos reguladas".
   "Apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación", ha señalado en un comunicado.
   Además, afirma que los trasvases "se topan ahora mismo con una dificultad añadida" por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos --agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales-- como ocurre así en el caso del Tajo, "dificultando que pueda abastecer de forma permanente" a la cuenca del Segura.
   En opinión de la federación, flexibilizando la cesión temporal de derechos del agua "no sólo se eliminarían las tensiones autonómicas" por el reparto de agua sino que además se contribuiría a "agilizar" la aprobación de los diferentes planes de cuenca todavía pendientes. Asimismo, considera que permitiría llevar adelante "con más facilidad" el Plan Hidrológico Nacional, cuyo retraso ha originado ya distintas sanciones por parte de la Unión Europea.
   La federación también reitera los "beneficios inmediatos" para los usuarios de ambas cuencas, ya que, como contrapartida por ceder temporalmente agua a una cuenca deficitaria como es la del Segura, se obtendrían unos incentivos que podrían destinarse a modernizar regadíos en la cuenca cedente, con lo cual se utilizaría el agua con "mayor eficiencia".
   No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas "allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la mejor solución" --junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras-- para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

Aprobado el anteproyecto de integración de cooperativas agroalimentarias

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo de mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades.
 
   La intención del Ejecutivo es que, con esta normativa, se impulsen entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.
   El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje "prioritario" de actuación para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización.
   Así, el Gobierno pretende corregir los "problemas" del sector cooperativo español, que se caracteriza por su "atomización", con cerca de 4.000 cooperativas y más de un millón de socios, una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que emplea de forma directa a 100.000 personas.
   Según el Ministerio, en la actualidad ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la UE. En su opinión, la cadena agroalimentaria española "presenta una asimetría que debe ser corregida mediante la puesta en marcha de políticas e instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora".
   Entre los principales objetivos de la nueva normativa se encuentran el fomento de la integración de los productores en sociedades cooperativas y favorecer la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena agroalimentaria.
   Además, pretende mejorar la capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas entidades y contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en ellas.
   Para ello, el proyecto de ley presenta varios instrumentos, como la entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico "con suficiente capacidad y dimensión para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.
   Asimismo, se articulará un plan estatal de integración cooperativa con el objetivo de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las comunidades autónomas en colaboración con el sector "con el fin de aunar esfuerzos y eliminar medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta".
   El Ejecutivo modifica de esta forma la ley 27/1999 de cooperativas y la 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas, "lo que hará posible un mejor desarrollo de sus posibilidades de generación de empleo".
   Para el Ministerio de Agricultura, el actual proyecto de ley impulsa un modelo cooperativo "empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural".

Los usuarios nacionales de avión se desploman un 12,5% en 2012

MADRID.- El número de viajeros que optaron por el avión para sus desplazamientos por el interior del país cayó un 12,5% en 2012, mientras que los que optaron por el tren lo hicieron en un 2%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, en 2012 el número medio total de viajeros disminuyó un 3,5% con respecto a 2011, con descensos en todos los modos de transporte en el conjunto del año.

Los líderes de la Unión Europea recortan un 13% las ayudas agrícolas

BRUSELAS.- La Política Agraria Común (PAC) perderá en el próximo ejercicio un 13,12% de sus fondos con respecto al periodo anterior, según la propuesta final de los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pactado tras más de 18 horas de negociación en Bruselas.

   Los líderes europeos asignan una partida de 362.940 millones de euros para el conjunto de la PAC, lo que supone 54.800 millones menos que el gasto agrícola comunitario en el periodo 2007-2013.
   Las ayudas directas a los productores y las medidas de mercado que forman el primer pilar de la PAC recogen la mayor parte de estos fondos, 277.850 millones de euros, es decir, que esta partida sufre una rebaja del 13,71 % o 44.150 millones menos que en el periodo anterior.
   Por su parte, los programas de desarrollo rural, el segundo pilar, pierde un 11,12 % de los apoyos y dejará de recibir 10.650 millones de euros y contará en total con un sobre de 85.090 millones de euros.
   En el ejercicio presupuestario, 2007-2013, la PAC contó con un presupuesto total de 417.740 millones de euros, de los que 322.000 millones fueron para el primer pilar y los 95.740 restantes, para desarrollo rural.
   Los gobiernos europeos, además, introducen un factor de flexibilidad que permitirá a cada Estado miembro decidir si transfiere un 15 % de las ayudas de un pilar al otro, con el añadido de que los países con menores recursos podrán destinar un 10 % adicional de desarrollo rural a ayudas directas.
   Aunque la reforma de la política agraria europea deben negociarla con el Parlamento Europeo y la Comisión, los Veintisiete fijan con este texto los límites de la revisión, al proponer el presupuesto con que contará la PAC en esos siete años y marcar algunas de sus disposiciones.
   Por ejemplo, los mandatarios europeos han acordado que sea cada país quién decida de manera voluntaria si limita las ayudas directas de la PAC a los grandes terratenientes, en lugar de fijar un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación, tal y como defendía Bruselas.
   La idea de fijar un techo anual a las ayudas agrícolas es una vieja reivindicación del Ejecutivo comunitario, que ya lo intentó en negociaciones anteriores de la PAC, pero siempre chocó con la oposición de la mayoría de las capitales, lideradas por Berlín y Londres.
   Dentro del gasto agrícola, los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren un fondo específico para apoyar al sector en caso de crisis graves dotado con 2.800 millones de euros. No se trata de dinero adicional, sino de una reserva de 400 millones anuales de las ayudas directas que, en caso de no ser utilizado en medidas de crisis ese año, "será reembolsado como pagos directos". Bruselas propuso en un primer momento que este fondo llegara a los 3.500 millones de euros.
   El llamado 'pago verde' o 'greening' que condiciona el 30 % de las ayudas directas a que el agricultor o ganadero cumpla con determinados esfuerzos medioambientales queda confirmado por los líderes en el acuerdo de presupuesto, si bien deja abierta la puerta a cierta "flexibilidad". El texto señala que ese 'pago verde' debería incluir "una clara flexibilidad" para los Estados miembros sobre medidas "equivalentes".
   También recogen la idea del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para avanzar hacia una convergencia de los subsidios entre los diferentes Estados miembros, con el objetivo de que la ayuda por hectárea sea para todos los agricultores de 196 euros en el horizonte 2020.
   Los líderes europeos también han cerrado una partida de 10.542 millones de euros que incluye el futuro fondo para la pesca y asuntos marítimos, pero también algunas medidas medioambientales. Aunque no precisan el reparto exacto de esta asignación, fuentes europeas indican que será similar al de propuestas anteriores.

La venta de billetes de AVE se dispara un 56% en las primeras horas tras la rebaja de precio

MADRID.-   Renfe ha vendido 33.841 billetes de AVE Larga Distancia en las primeras horas tras la entrada en vigor de la rebaja de precio de este servicio, lo que supone un incremento del 56% respecto a las mismas horas de la víspera, según informó la operadora con datos de las 12.00 horas.

   La compañía ha duplicado además el número de visitas que registra su canal de compra a través de Internet en relación con las que contabiliza otro viernes.
   En concreto, el volumen de visitas a 'Renfe.com' se ha elevado un 99% en las primeras horas de la mañana, hasta sumar 285.000 entradas, y el correspondiente a la plataforma de venta disponible en esta web un 100%, hasta 125.000 visitas.
   En cuanto a otras de las iniciativas comerciales lanzadas por Renfe, el 'Bono AVE' de diez viajes, que presenta descuentos del 35%, ha generado 12.000 visitas al apartado de la página web que permite acceso a su compra.
   Este viernes entró en vigor la rebaja general del 11% que Renfe ha decidido aplicar a todos los billetes generales y de clase turista de los trenes AVE Larga Distancia.
   También se puso en servicio un nuevo sistema de comercialización de plazas que permite lograr descuentos de hasta el 70% en algunos billetes en función de su demanda y en caso de que se compren con antelación.
   Renfe lanzado asimismo la venta el nuevo 'Bono AVE' de diez viajes, y mantiene otros descuentos, como los del 40% para la tercera edad y los niños menores de 13 años.
   La nueva política comercial de Renfe para el AVE se completará con una tarjeta joven con descuentos del 30% que prevé lanzar el 1 de marzo, y con la puesta a la venta el 1 de junio de los billetes multiviaje, que permiten enlazar trayectos en distintos AVE con una rebaja del 20% en cada .
   Renfe transportó 20,63 millones de viajeros en sus trenes AVE Larga Distancia en los once primeros meses de 2012, según los últimos datos del Ministerio de Fomento, lo que supuso un descenso del 1,8% en comparación a un año antes.

El PSOE no respaldará en el Congreso declarar a los toros bien cultural

MADRID.- El PSOE ha decidido no respaldar el próximo martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que promueve la declaración de las corridas de  toros como Bien de Interés Cultural.

   Así lo ha adelantado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, en un mensaje publicado en Twitter.
   En todo caso, el PP ya haya avanzado que apoyará la admisión a trámite de la iniciativa ciudadana con lo que, dada su mayoría parlamentaria, la propuesta de declarar a la fiesta taurina podrá seguir con su tramitación.
   Se trata de una propuesta que llega al Congreso con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) y que fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros decretada por la Generalitat.
   Fue en 2010 cuando el Parlamento catalán decidió prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma, una normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2012.
   En aquella ocasión los diputados del PSC sí tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto: tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, otros tres se abstuvieron y los 31 restantes rechazaron la prohibición.

Van Rompuy plantea bajar la compensación a las regiones españolas

BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, planteó hoy reducir a 1.824 millones de euros la compensación para las regiones españolas dentro del marco presupuestario plurianual de la UE 2014-2020, frente a los casi 2.800 millones propuestos en noviembre.

Esta cantidad, que se atribuiría al país durante los siete próximos años para contrarrestar la disminución de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional, supondría una reducción de unos 1.000 millones para España respecto a la anterior propuesta que se planteó en noviembre pasado.
 
 Van Rompuy plantea que los 1.824 millones se distribuyan de la siguiente manera: 500 millones para Extremadura, 624 millones para las regiones en transición y otros 700 millones para el resto de las regiones.

Las regiones que hasta ahora eran objetivo prioritario mantendrían además el 60 % de las ayudas con las que contaban, una situación en la que se mantendrá Extremadura.

Además, Ceuta y Melilla recibirán una contribución adicional de 50 millones de euros de los fondos estructurales, mientras que Canarias recibirá una ayuda extra de 30 euros por año y habitante debido a su condición de región ultraperiférica, algo que ya se recogía en la anterior propuesta.

En noviembre, el reparto de la compensación de España se hacía de manera que Extremadura recibía 200 millones de euros como la región más desfavorecida del país, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia obtenían 1.550 millones por figurar en el grupo de comunidades que han dejado recientemente de estar entre las más pobres de la Unión.

Otros 1.000 millones se destinaban al resto de Comunidades Autónomas.

La última propuesta del presidente del Consejo Europeo está siendo discutida por los líderes de los Veintisiete, que llegaron aún con posiciones muy enfrentadas a la cumbre de Bruselas.

jueves, 7 de febrero de 2013

Cepyme Alicante lleva al IVF la propuesta de la cooperativa de crédito para apoyar a las pymes

ALICANTE.- Enrique Montes, actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, ha recibido este mediodia al presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro y al tesorero de la entidad, Francisco J. Soler, nombrado por la Junta como responsable Juridico del Comité Promotor de la Cooperativa, en un encuentro que el presidente de la confederación alicantina ha calificado como "muy positivo".

Durante más de una hora, Navarro ha puesto en antecedentes de la iniciativa al máximo representante del IVF quien comenta que "recibe y estudiará" el proyecto con interés, dado que el ámbito que tendrá la iniciativa es el autonómico y coincide plenamente con los del Instituto de Finanzas. Desde Cepyme se ha solicitado la colaboración técnica de la institución pública "en un momento en que proyectos de este tipo son cruciales para la superviviencia de las pymes".
En la mesa se ha deliberado sobre las posibilidades técnicas del proyecto, la necesidad de un plan financiero "que estará concluido en un par de meses" -ha adelantado Cristóbal Navarro- asi como de remitir todo el proyecto al Banco de España, entidad supervisora que, en última instancia, es la que dará el visto bueno a la andadura de la nueva entidad crediticia.
No es la primera vez que Cepyme adelanta las bases del proyecto a esta institución, del que ya hubo algunas reuniones -tanto directivas como técnicas- pero el cambio de responsable de la Conselleria de Hacienda (de la que depende el Instituto Valenciano de Finanzas) como del director de este organismo, hicieron que se quedara en suspenso la preparación del mismo.
El próximo encuentro ya será para detallar las áreas técnicas del proyecto, asi como una reunión con la propia Conselleria de Hacienda, cuyo titular es Juan Carlos Moragues, para "ponerle al dia" de la iniciativa. Desde Alicante, Cepyme seguirá el proceso marcado en su última junta directiva para ir consolidando las fases necesarias para la consecución y puesta en marcha de una cooperativa de crédito pensada "por y para" las necesidades reales de las Pymes.
El IVF, adscrito a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, tiene como finalidad actuar como principal instrumento de la política de crédito público del Consell, así como contribuir al ejercicio de las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. Entre ellas, la supervisión de las entidades financieras. El sector financiero está sometido en todos los países a un régimen especial de supervisión administrativa, en general mucho más intenso que el existente para otros sectores económicos. Esta circunstancia es debida a que las entidades financieras captan recursos entre un público que, en su mayor parte, carece de la información y conocimientos necesarios para poder evaluar la solvencia de las entidades a las que confían sus ahorros.

La provincia de Alicante no quiere un cambio de gestión de la Mancomunidad del Taibilla

ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha aprobado hoy en el pleno ordinario una moción consensuada por el PP y el PSPV-PSOEEn ella expresan su rechazo a un posible cambio de modelo de gestión de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En el texto instan al Ejecutivo central "a mantener la Mancomunidad como un organismo autónomo del Gobierno de España con su marco legal actual, conservando su actual modelo de gestión y de toma de decisiones, así como la gestión de los caudales y fuentes de agua que administra".
Según los populares y los socialistas, "no se puede poner en riesgo e, incluso, hacer desaparecer un organismo público que funciona".
"Si el Gobierno disuelve la Mancomunidad fusionándola con Acuamed, se difuminará el fin público de suministro de abastecimiento de agua a las poblaciones urbanas que ha funcionado bien, gestionado por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con el propio objeto social de Acuamed", señala la moción.
Según el texto, el objeto social de Acuamed "incluye un ámbito territorial diferente y la problemática de riego agrario, con unos costes de gestión que desequilibrarían los costes actuales de gestión de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla".
En la moción se advierte de que "los usuarios tendrían que pagar el agua más cara, pudiendo perder los derechos de uso de los derechos hídricos asignados, así como la participación por parte de los municipios mancomunados".
En el documento se indica también que se ha decidido dar traslado de la moción "a los grupos políticos con representación parlamentaria, al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al presidente del Gobierno y a los presidentes de la Comunitat Valencia, de Murcia y de Castilla-La Mancha, y a los municipios incluidos en la Mancomunidad.
La moción recuerda que el organismo autonómico Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) se creó por Real Decreto-Ley de 4 de octubre de 1927.
"Su función primordial consiste en el abastecimiento de agua potable en red primaria en cuanto a captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva", se expone.
Añade que "su zona geográfica es de 11.000 kilómetros cuadrados y las administraciones integradas en su órgano de gestión son el Gobierno central, las comunidades autónomas y representantes de 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete".
El documento aprobado en el pleno explica que "este organismo autónomo abastece de agua potable a 2.400.000 habitantes de esas tres provincias.
"En período estival, en este territorio se superan los tres millones de habitantes", se afirma en el texto.
En la actualidad, según fuentes de la Diputación alicantina, la Mancomunidad del Taibilla tiene "448 empleados públicos".

La provincia de Alicante registra 437 nuevas empresas en enero

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 955 nuevas empresas en el primer mes del año, según el Estudio sobre Demografía Empresarial publicado por Informa D&B, lo que supone un 8 por ciento más respecto al mismo mes de ejercicio anterior, y un dato por encima del crecimiento nacional cercado en el 5 por ciento.

Comercio, con 179, Industria manufacturera, con 104, y Actividades Inmobiliarias, con 102, son los sectores donde más empresas nacen en la región y, por provincias, Alicante suma 437, Valencia 415 y Castellón 103.
En total, Cataluña encabeza las cifras de creación de empresas en enero, con 1.492 constituciones, el 19 por ciento del total, algo que no ocurría desde septiembre de 2011. Le siguen Madrid y Andalucía, con 1.488 y 1.355 respectivamente.
Asimismo, la inversión de capital en la región ha alcanzado los 97.927.201 euros este mes, un crecimiento del 70 por ciento frente a enero de 2012. Madrid es la comunidad que más invierte, con 516 millones de euros, el 42 por ciento del total.
Por su lado, las disoluciones también se incrementan en la región, hasta llegar a 531, lo que supone un 19 por ciento más que en 2012, frente a una subida del 13 por ciento nacional. Comercio, Actividades inmobiliarias y Construcción son los sectores más afectados, con 117, 94 y 92 procesos respectivamente. La provincia de Valencia concentra 300, Alicante 160 y Castellón 71.
Por último, los datos apuntan que en enero se han registrado 152 concursos en la región, lo que la sitúa como la segunda cifra más elevada del país, un 130 por ciento por encima de la del mismo mes el pasado año.
Así, Instituciones Financieras, Comercio y Construcción son los sectores con más procesos este mes, 37, 34 y 32 respectivamente. Por provincias, Valencia suma 114, Alicante 25 y Castellón 13.
Por delante sólo se encuentra Cataluña, con 183, y por detrás se sitúa Madrid, con un total de 80, con aumentos del 69 por ciento y 11 por ciento, respectivamente, frente al mismo mes el año anterior.

La Universidad de Alicante estudia desde hoy nuestra contaminación lumínica

ALICANTE.- La medición de la contaminación lumínica en la provincia de Alicante, la que producen las luces de las farolas, focos e iluminación artificial de las ciudades, es el objeto de un estudio que se inició este jueves en la Universidad de Alicante (UA). 

Esta iniciativa consiste en la toma de datos desde varios puntos hasta 2015. En concreto, las mediciones se harán en plazas, calles o lugares de interés, en distintas épocas de año y diferentes condiciones atmosféricas.
Este tipo de contaminación puede afectar a los ritmos que regulan los estados de vigilia y de sueño en función de la luz que recibe el organismo a lo largo del día, ha explicado hoy el profesor Enrique Aparicio, del departamento de Expresión Gráfica de la UA.
Para dibujar un mapa del estado de contaminación lumínica en diferentes zonas de Alicante y provincia, se ha puesto en marcha esta campaña en la que "cada ciudadano, desde su casa, se convierte en un pequeño observatorio astronómico", ha indicado Aparicio.
"Los vecinos de Alicante y de otras zonas de la provincia podrán observar el cielo, cada uno desde su casa, desde su barrio, y enviarán datos a la UA explicando cuántas estrellas ven desde cada punto", ha señalado el profesor.
Una vez recibidos esos datos, los especialistas de la UA realizarán mediciones para determinar el grado de contaminación lumínica en cada zona.
Los datos pueden ser recabados a través de diferentes procedimientos, algunos de ellos muy sencillos, como la observación con el uso de cilindros de cartón, para que no sea necesario disponer de telescopios u otros instrumentos específicos.
Aparicio ha recordado que la UA ya puso en marcha en 2004 una campaña similar que, según ha destacado, ayudó a "generar normativas sobre la contaminación lumínica" en la ciudad y a impulsar medidas como "la sustitución de luces blancas, de mercurio, por luces amarillas, de sodio, que son menos dañinas".
A pesar de ello, ha asegurado que en la ciudad de Alicante se han cometido algunas "atrocidades ambientales", como la instalación de luces a ras de suelo, "en la plaza de la Muntanyeta o en la del Auditorio de Campoamor (ADDA)" que, a su juicio, son más perjudiciales.
El objetivo final de esta campaña es que "se vayan corrigiendo" esos "errores graves" y que la población "se mentalice de la importancia de mejorar su ciudad" desde el punto de vista de la contaminación lumínica, ha manifestado.
"Si se hace bien en materia de iluminación, se pueden ahorrar muchos costes, económicos y ambientales", según Aparicio.
Además, la iniciativa pretende iniciar a los ciudadanos en la observación astronómica y formarlos para que aprendan a reconocer las principales constelaciones.

Los despidos en Televisión Valenciana afectarán a 500 trabajadores hasta marzo

VALENCIA.- Los despidos en Televisión Valenciana (TVV) incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplica en la entidad afectarán a unas 500 personas, que irán dejando su puesto, los próximos días 13 y 15 de febrero y, a partir de ahí, los martes y jueves hasta principios del mes de marzo. 

Además, mañana viernes abandonarán la televisión tres empleados que se han adscrito de forma voluntaria al proceso de despido colectivo y el resto de las salidas se harán efectivas hasta el 31 de agosto, fecha en la que concluye el plazo de aplicación del ERE, han explicado fuentes de la empresa y sindicales.
Así se lo ha comunicado la dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la reunión que han mantenido esta tarde el secretario general de RTVV, Juan Prefaci, y la subdirectora de Recursos Humanos, Noelia Estarlich, con representantes del Comité de Empresa.
La dirección comunicó a la autoridad laboral que el ERE podría afectar hasta a un máximo de 916 trabajadores y hoy no se ha concretado cuántos de estos saldrán al final. Lo que sí se conoce es que las salidas se producirán en todos los departamentos del canal autonómico.
La empresa ha detallado que notificará el próximo sábado, 9 de febrero, a partir de las 10.00 horas a todos los trabajadores de TVV o que prestan servicios en la televisión pública si han resultado o no afectados por el ERE.
El procedimiento elegido para comunicar los despidos ha sido finalmente el correo electrónico, como ya ocurrió en la radio (RAV) y en el Ente. De este modo, se enviará un mail tanto a la cuenta de correo corporativa --de la que disponen desde esta misma tarde todo el personal, especifican-- y que será accesible vía web, como a la cuenta personal si ha sido comunicada a la empresa. Además, la información también estará disponible a través del área privada del Portal IP de la intranet de la empresa.
Fuentes de RTVV han asegurado que se ha optado por esta vía de comunicación porque es "más rápida" y han señalado que los especialistas en informática calculan que, si no hay imprevistos, entre la recepción de la primera notificación a la última "no pasarán más de 15 minutos".
Durante la reunión, también se ha abordado la posible elección de la empresa Acción Laboral como la encargada de las tareas de recolocación de los trabajadores, han señalado representantes sindicales.
El Comité de Empresa ha aprovechado la reunión de hoy para volver a reclamar la dimisión "de toda la dirección de RTVV", como responsable de "un fracaso laboral rotundo". 
"Es el fracaso de un proyecto de radio y televisión públicas en el cual creen muchas personas y que esta gente ha convertido en inviable, porque es imposible" llevar adelante este medio con los trabajadores que se van a quedar, ha aseverado la presidenta de este organismo, Salut Alcover, que ha lamentado la "tragedia humana, la salvajada laboral y la inviabilidad técnica" que supone el ERE
Esta portavoz ha calificado también de "burla" el hecho de que los representantes de los trabajadores "se hayan enterado después que la prensa" del modo en el que RTVV va a comunicar los despidos, ya que la empresa ha remitido un comunicado "cuando no había comenzado ni la reunión".
El comité ha reiterado igualmente sus quejas sobre los miembros de la comisión baremadora del ERE pero, según estas fuentes, Juan Prefaci ha asegurado que todos ellos cuentan con el "apoyo expreso" de la dirección.
Los trabajadores de RTVV han convocado para este viernes en el Centro de Producción de Burjassot la concentración que celebran cada semana en protesta por el ERE pero que esta vez será "especialmente emotiva, puesto que a un lado y a otro de la reja habrá trabajadores de la televisión y compañeros que ya han sido despedidos de la radio y el Ente". 
"Va a ser un día muy triste", ha concluido.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Alemania aprueba el proyecto de ley para encarcelar a banqueros imprudentes

BERLÍN.- El Gobierno alemán ha aprobado el proyecto de ley de reforma del sector financiero, que forzará a las entidades alemanas a separar sus negocios de riesgo del resto de su actividad y que incluye la posibilidad de imponer penas de prisión a los banqueros que pongan en aprietos a sus entidades o al conjunto del sistema por una gestión imprudente. 

   La nueva legislación, que aún debe pasar el trámite parlamentario, pretende prevenir la repetición de una crisis como la del 2008, cuando varias entidades germanas tuvieron que ser rescatadas con dinero público.
   "Representa un nuevo paso en nuestros esfuerzos por aprender de lo ocurrido en la crisis financiera de 2008 y 2009", dijo Schaeuble en declaraciones a los medios tras la reunión del Gabinete.
   "Sabemos que la desregulación exagerada de los mercados financieros fue un error (...) Ningún mercado, ningún actor y ningún producto financiero quedará sin supervisión", añadió.
   En concreto, los bancos alemanes tendrán la obligación de aislar sus actividades de negociación por cuenta propia ('proprietary trading') del negocio de banca minorista cuando los activos asociados a estas actividades superen los 100.000 millones de euros o supongan más del 20% del balance de la entidad, por lo que Schaeuble apuntó que sólo afectará a "unos 10 ó 12 bancos, según los parámetros de 2011".
   Entre las medidas más comentadas, destaca la provisión de imponer penas de carcel de hasta cinco años de duración para aquellos directivos cuya imprudente gestión implique riesgos para la viabilidad de las entidades.
   Asimismo, los bancos deberán elaborar planes de recuperación y de resolución que serán aplicados en caso de que atraviesen dificultades que amenacen a todo el sistema financiero. El objetivo de esta medida es estar mejor preparados para posibles emergencias y evitar que tenga consecuencias para los contribuyentes.

Las autopistas de peaje reducen un 10% su tráfico

MADRID.-   La red de autopistas de peaje registró un tráfico medio de 17.193 usuarios diarios en los diez primeros meses del 2012, lo que arroja un descenso del 9,94% en comparación con el mismo periodo de 2011 y retrotrae el tránsito por estas vías a niveles de 1997, según datos del Ministerio de Fomento.

   En caso de que la contabilización de los dos últimos meses del ejercicio arroje datos similares, el tráfico de las vías de pago españolas cerrará el ejercicio con un descenso del 7,1% sobre 2011, el mayor desde el inicio de la crisis.
   El dato de 2012 supondrá además encadenar seis años de caídas en los que el volumen de usuarios de las autopistas españolas se ha contraído un 28% desde el máximo de 23.900 usuarios contabilizados en 2006.
   Además, el actual volumen de tráfico es el menor desde los años 1997 y 1998, ejercicios en los que la red de autopistas era casi la mitad (un 46% inferior) de la actual. En concreto, en esos ejercicios España contaba con unos 1.750 kilómetros de carreteras de pago, frente a los 2.560 kilómetros con que arrancó 2012.
   Por autopistas, destaca la Eje Aeropuerto, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, dado que la vía que gestiona OHL arroja un leve aumento de su tráfico del 0,13% en los diez primeros meses de 2012.
   En el lado opuesto, el resto de la decena de vías de pago que actualmente afrontan desequilibrios económico-financieros presentaron descensos del número de usuarios más abruptos y más pronunciados que la media.
   La R-3 Madrid-Arganda se anotó una caída del 25% en su intensidad media diaria de tráfico (IMD) hasta octubre, con un total de 9.490 usuarios al día. La R-2 Madrid-Guadalajara contabilizó 6.119 vehículos diarios entre enero y octubre del pasado año, un 23,6% menos.
   La Madrid-Toledo experimentó un descenso del tráfico medio diario del 19,4%, La Ocaña-La Roda del 18,8%, la Circunvalación de Alicante del 18%, la R-4 Madrid-Ocaña, del 17%, la R-5 Madrid-Navalcarnero del 15,6, y la Cartagena-Vera, del 8,9%.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.
   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.
   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).
   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).
   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.

Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción


MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

El PSPV reclamará la nulidad del presupuesto municipal de Alicante por "incumplir" los plazos para su aprobación

ALICANTE.- El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull, ha anunciado que su partido reclamará la nulidad del presupuesto municipal de la ciudad para 2013, aprobado la pasada semana por el pleno con los votos mayoritarios del PP, por "incumplir" los plazos que establece la ley para su validación.

   A través de un comunicado, Ull ha explicado que las cuentas de la capital alicantina para el presente ejercicio "deberían haberse aprobado" antes del pasado 31 de diciembre, "tal y como establece" el artículo 169.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales --Real Decreto Legislativo 2/2004--.
   "Sin embargo, se ha retrasado más de un mes", ha apuntado, por lo que ha considerado que este "incumplimiento legal" ha dado lugar a que los presupuestos para 2013 "lleguen con retraso y con el trastorno que supone tener que seguir prorrogando los del ejercicio 2012".
 "Es un ejemplo más de la improvisación en la gestión que está lastrando al actual equipo de Gobierno con la alcaldesa, Sonia Castedo, al frente", ha añadido.
   Ull ha insistido en que "no se han seguido los plazos que marca la legislación", y ha subrayado que el grupo 'popular' "tiene ahora la oportunidad de rehacer" unas cuentas que, a su entender, "son nefastas para la ciudad", así como de "hacer las cosas bien, contando con la participación ciudadana". "Es necesario que los presupuestos sean el motor para reactivar esta ciudad, paralizada por la gestión del Partido Popular, y eso no se puede llevar a cabo si no se incrementan las inversiones", ha manifestado.
   El portavoz socialista ha incidido en que los actuales "no son" los presupuestos "que deben ayudar" a salir de la crisis económica, y los ha calificado como el "corolario de la falta de previsión, el despilfarro económico y la improvisación que han caracterizado todos estos años de gobierno del PP".