domingo, 28 de abril de 2013

Se pide que comparezcan en la comisión de la CAM de las Corts unas 50 personas como Ordóñez (BdE) y Camps

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes aprobará mañana lunes, en la sesión que se celebrará a partir de las 10.30 horas, solicitar nuevas comparecencias que puedan ayudar a poner luz sobre el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España en julio de 2011. 

   Los cuatro grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- han solicitado unas 50 comparecencias, entre las que destacan nombres como el del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez o los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y José Luis Olivas.
   Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la CAM, cuya creación aprobaron las Corts por unanimidad en octubre de 2011, comenzaron en mayo de 2012 y, desde entonces, han pasado por este órgano alrededor de un centenar de personas.
   Asimismo, el pasado día 15 de abril esta comisión abrió un plazo que se cerró el pasado viernes para que los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- presentaran nuevas propuestas de comparecencia, que se debatirán este lunes.
   Tres grupos parlamentarios --PP, Compromís y EUPV-- han vuelto a solicitar la comparecencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se negó a comparecer alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los partlamentos autonómicos.
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".
   El PP también ha solicitado que acudan a la comisión de investigación los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez; y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez.
   Por su parte, el PSPV ha pedido las comparecencias del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; del exjefe del Consell y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas; así como del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y de la actual presidenta de este órgano María Elvira Rodríguez.
   Julio Segura no acudió a la comisión de investigación sobre la CAM el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado y, posteriormente, las Corts recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.
   No obstante, la comisión acordó volver a citar al expresidente de la CNMV, después de que la actual presidenta de este organismo, Elvira Rodríguez, haya dicho que no hay "inconveniente" para que comparezca en el parlamento autonómico.
   Por parte de Compromís sus solicitudes de comparecencia incluyen además de a Fernández Ordóñez; a Francisco Camps, Gerardo Camps y José Luis Olivas; al ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; a los inspectores del Banco de España que ejercieron de fiscalizadores de la CAM a partir de 2008; al exdirector del IVF Enrique Pérez Boada y al actual, Enrique Montes.
   La coalición también pide que intervengan en esta comisión exmiembros del consejo de aministración de la caja, como el que fue presidente Modesto Crespo; el exsecretario José Forner; y el expresidente y el exsecretario de la comisión de Retribuciones Antonio Gil y Martín Sevilla, respectivamente.
   Además, Compromís plantea que acudan a las Corts el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés; los exdirectores generales Daniel Gil y María Dolores Amorós; el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, entre otros exdirectores.
   Finalmente, EUPV ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordoñez y del equipo de trabajo de inspectores que realizó la última inspección a la CAM; así como de los directores del área de supervisión de entidades financieras del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) entre 2004 y 2011, además de los dos exdirectores del IVF, Enrique Pérez Boada y Jorge Vela Barcas. También solicitan que intervenga el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007.

El Gobierno ve potencial en el turismo de salud, que atrajo a más de 20.000 turistas extranjeros en 2012

MADRID.- El turismo de salud ha adquirido mayor relevancia en España en los últimos años, ya que atrajo a más de 20.000 turistas internacionales en 2012, según la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego.

   En su comparecencia el pasado jueves en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Borrego resaltó que cada vez son más los turistas nacionales e internacionales que visitan los balnearios españoles o realizan viajes relacionados con la salud.
   En concreto, el año pasado 21.868 turistas internacionales llegaron a España para realizarse tratamientos de salud voluntarios, según datos facilitados por Turespaña, con un gasto de los visitantes que optaron por este segmento turístico de 12,1 millones de euros.
   Durante su intervención en la primera Jornada Nacional de Turismo de Salud, que se celebró en Archena (Murcia) a finales de marzo, la secretaria de Estado de Turismo ya destacó que el turismo de salud es "estratégico" para el Ejecutivo.
   Así, insistió en que el gasto medio de un turista de salud multiplica el de un turista convencional y sus estancias son generalmente más largas, a la vez que hizo hincapié en que el turismo médico mueve alrededor de 75.000 millones de euros anuales en todo el mundo.
   El turismo sanitario mueve de hecho a más de nueve millones de europeos al año y ya hay previsiones de que se incrementarán hasta 2020, en un 90%, los viajes cuya motivación sea la salud y el bienestar.
   De igual forma, puntualizó que este tipo de viajes no se suelen realizar en temporada alta por lo que cuentan además con un importante factor desestacionalizador, y tachó de "excelente oportunidad" el auge del segmento, al considerar que servirá para mejorar en calidad y diversificar la oferta termal española.
   Por otra parte, Borrego calificó el turismo de salud de "nicho de futuro" al destacar que su gran capacidad de crecimiento se verá beneficiada por la evolución de la población de Europa, cada vez más mayor y con más esperanza de vida.
   En su apuesta por el posicionamiento español en el sector, la responsable de Turismo subrayó en la Cámara Alta la importancia de mercados como el alemán, uno de los principales emisores de turistas a España junto con Reino Unido.
   Preguntada el pasado jueves por el senador del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Miguel Fidalgo, sobre la adecuación de una legislación que regule las aguas termales y su aprovechamiento, Borrego reconoció que es necesario adecuar esta normativa.
   Así, apuntó que se debe trabajar para actualizar la regulación de las aguas termales, que en la actualidad depende de la normativa de minas, aunque remarcó que el asunto depende de diversos ministerios como Sanidad, Medio Ambiente e Industria.
   "El aprovechamiento de las aguas termales tiene un impacto positivo en el turismo de salud , por lo que debemos crear un solo producto y ayudar a los balnearios a adecuar la normativa", aseguró.

sábado, 27 de abril de 2013

El presidente argelino sufre un accidente isquémico sin secuelas

ARGEL.- El presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, sufrió ayer un accidente isquémico transitorio sin secuelas y su estado no genera preocupación, informó Rachid Bougherbal, director del Centro Nacional de Medicina Deportiva.

El jefe del Estado argelino debe permanecer en reposo para poder continuar con las pruebas médicas, explicó Bougherbal a la agencia oficial Aps.
"Ya se han llevado a cabo los primeros estudios y el presidente de la República debe mantener el reposo para proseguir con los exámenes" correspondientes, indicó Bougherbal, quien insistió en que no existe inquietud sobre la salud de Buteflika.
El primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, aseguró que el estado de Buteflika "no es en absoluto grave".
"Hace unas horas, el presidente sufrió un pequeño malestar y fue hospitalizado, pero su situación no es en absoluto grave", dijo Sellal desde la provincia de Bejaia, en el este de Argelia, donde se encuentra en visita de trabajo.
El accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico de origen vascular que se produce de repente, pero que remite en un período muy corto de tiempo, inferior a una hora, sin provocar secuelas ni anomalías.
El estado de salud del presidente argelino, tema considerado tabú por los medios políticos y la prensa local, no suele ser objeto de comunicación oficial más que en escasas ocasiones.
En diciembre de 2005, el jefe de Estado fue trasladado a París oficialmente a causa de una úlcera y tuvo que estar alejado de sus funciones durante varias semanas tras ser sometido a una delicada intervención quirúrgica.
Desde entonces, el estado de salud de Buteflika es tratado por la prensa, que especula con la posibilidad de que el presidente sufra un cáncer y su entorno esté haciendo todo lo posible por ocultar la verdad.
Una parte de la oposición ha pedido en numerosas ocasiones la destitución del presidente por incapacidad física, como establece la Constitución.

Traslado a París

Bouteflika ha sido hoy mismo trasladado a París para someterse a exámenes complementarios después del accidente, según la agencia de prensa APS. "El presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika, fue trasladado este sábado por la tarde a París para que le realicen exámenes médicos complementarios por recomendación de sus médicos", dijo la agencia, citando una fuente médica.
Según fuentes competentes en París, Bouteflika llegó a las 18.00 GMT al aeropuerto de Le Bourget y fue llevado de inmediato, bajo escolta, al hospital militar de Val-de-Grace, establecimiento que recibe habitualmente a importantes personalidades francesas y extranjeras.
Aunque su estado general es estable y "no da lugar a preocupación especial", los médicos le han prescrito exámenes adicionales y unos días de descanso, precisó la fuente médica argelina a APS.
Elegido jefe de Estado en 1999 y reelegido en abril de 2004 y abril de 2009, Bouteflika, de 76 años, fue operado a finales de 2005 en París de "una úlcera sangrante en el estómago", según las autoridades argelinas. El presidente argelino anunció un año después que "había estado muy, pero muy enfermo", pero que había sanado "de forma absolutamente fabulosa".
 "Hay que dejar de hablar de mi salud", advirtió.
Bouteflika aún no ha indicado si va a postular para un cuarto mandato de cinco años en 2014.

Arqueólogos hallan el zócalo de un muro del siglo IV a.C. en la antigua ciudad íbera de Álon

VILLAJOYOSA.- Los trabajos de excavación dirigidos por la arqueóloga Ana Martínez en La Vila Joiosa han sacado a la luz el zócalo de un muro del siglo IV a.C. de la antigua ciudad íbera de Álon, sobre el que se alzaban muros de adobe y una crátera ática con la figura de un fauno dibujada.

   Esta intervención arqueológica, realizada en un inmueble de la plaza de la Iglesia, ha permitido excavar por primera vez de forma sistemática muros y suelos que pertenecieron a habitaciones de la antigua ciudad íbera, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
   Se trata de un hallazgo "extraordinariamente importante" dado que, aunque ya se habían detectado muros y pavimentos en 1992 al abrir zanjas de alcantarillado en la parte más baja del cerro del casco antiguo y grandes basureros de los siglos V a I a.C. en diferentes solares y en el techo de los refugios de la Guerra Civil, ahora se confirma que la extensión de esta importante ciudad ibérica fue al menos similar a la ciudad amurallada medieval de Villajoyosa.
   La existencia de dos enormes necrópolis (Casetes y Poble Nou) a los lados de los caminos de entrada a la ciudad ibérica con cientos de tumbas desde el siglo VII a.C. hasta época tardorromana (al menos el siglo V d.C.) ya hacía suponer que la ciudad ibérica debía ser importante y, como en época romana, debió controlar el territorio de la Marina Baixa.
   Los trabajos de excavación han sacado a la luz el zócalo de un muro realizado mediante piedras trabadas con barro. Sobre él se alzaban muros de adobe que se derrumbaron y se han encontrado caídos sobre los suelos antiguos. Asociados a este muro se han documentado tres pavimentos superpuestos de tierra apisonada mezclada con cal, testimonio de diferentes ocupaciones de época ibérica.
   Los primeros estudios llevan a fechar la estructura en el Ibérico Pleno, concretamente en el siglo IV a.C. y entre los materiales localizados se han encontrado varios fragmentos de una crátera ática de figuras rojas de cierta calidad entre las que se encuentra la de un fauno, símbolo del deseo sexual, que formaban el cortejo del dios del vino, Dioniso.
   Asimismo, una de las grandes sorpresas es el hallazgo de un anillo de plata con chatón ovalado decorado con una figura incisa que no se podrá conocer hasta que no termine su restauración, una joya que "pasará sin duda a las vitrinas del nuevo Vilamuseu, que ya cuenta con una colección de joyería ibérica y romana y, sobre todo, feniciopúnica, extraordinariamente rica, aportada por los ajuares de las tumbas de los dos cementerios".

La Comunitat Valenciana inicia el fin de semana con cielos cubiertos, lluvia y descenso de las temperaturas

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha iniciado el fin de semana con cielos nubosos, chubascos acompañados de tormenta y un descenso de las temperaturas, especialmente las máximas, que continuará el domingo, jornada en la que la región estará en alerta por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros.

   Según la Agencia Estatal de Meteorología, el aire frío que recorre la región ha provocado un descenso notable de las temperaturas y la inestabilidad termodinámica podría disparar las tormentas a lo largo de la tarde de este sábado en el sur de la región.
   En las últimas horas se han registrado precipitaciones de 16 litros por metro cuadrado en Segorbe (Castellón) o Chelva (Valencia), aunque se prevé que las lluvias se intensifiquen a lo largo de la tarde. Los valores mínimos, por su parte, han caído hasta los 0 grados en La Pobla de Benifassà o Castellfort, en la provincia de Castellón.
   Para el domingo, la Aemet ha decretado la alerta en las tres provincias por chubascos persistentes y ocasionalmente fuertes en el sur de Valencia y Norte de Alicante, y podría nevar en cotas superiores a los 1.000 metros. Los vientos, asimismo, podrían soplar con rachas del nordeste de hasta 70 km/h en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.
   Además, para el domingo se ha decretado la alerta naranja por temporal marítimo en Valencia y Castellón y amarilla en Alicante. Este temporal irá arreciando hasta mar muy gruesa y podrían registrarse olas de hasta cinco metros en Valencia y Castellón.

Ximo Puig propone primarias abiertas en los partidos y la publicación de sus cuentas para lograr transparencia

VALENCIA.-   El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado en su propuesta de Reacción Democrática, la convocatorias de primarias abiertas en los partidos políticos, así como la publicación de sus cuentas para lograr la transparencia en la financiación de los partidos, dentro de "la necesidad de que todos los partidos cambien".

   Así se ha manifestado el secretario general del PSPV este sábado en la celebración del Comité Nacional del PSPV, donde se ha presentado la propuesta de Reacción Democrática, "más ambiciosa que se ha hecho nunca".
   De esta manera, el dirigente socialista contempla la modificación de la Ley de Partidos para recoger la elección por primarias abiertas a todos los ciudadanos de los candidatos a alcaldes en municipios de más de 20.000 habitantes, así como a la presidencia de la Comunidad autónoma y al Gobierno de la Nación. Igualmente, reclama que sean pública la contabilidad de los partidos políticos.
   En este sentido ha destacado que desde el PSPV ya llevan "mucho tiempo" pidiendo una reforma en la Ley de partidos políticos, para que todos apliquen un proceso de primarias para incrementar la participación en la política "por parte de los ciudadanos".
   Puig ha explicado que la propuesta garantiza que "los políticos son honrados y que están al servicio de la ciudadanía", por lo que deben exigir "transparencia y lucha contra la corrupción". Para ello ha destacado la necesidad de cuantificar las medidas que se incluyan en los programas electorales en términos económicos, de forma que las propuestas se acompañarán de un anexo explicativo de los recursos que se van a utilizar para su financiación.
   Asimismo, ha propuesto una rendición de cuentas de todos los cargos públicos de los partidos, así como la creación de un formato común para reflejar las cuentas y el patrimonio de los partidos, donde se de detalle de todos los préstamos recibidos.
   La propuesta recoge también la prohibición por ley de cualquier tipo de condonación de préstamos a los partidos, así como la puesta en marcha de un nuevo plan contable para partidos políticos separando los distintos tipos de ingresos y gastos, unificando la contabilidad central de partidos políticos, agrupaciones locales, o asociaciones afines.
   Otro de los objetivos del documento de Reacción Democrática es que se dé publicidad de la contabilidad de los partidos políticos, de forma que se publique la totalidad de los informes del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de los partidos el año siguiente de las mismas. Del mismo modo, busca el establecimiento de un techo de gastos para los partidos políticos, así como la prohibición de las donaciones de empresas.  
   Por último, Puig ha incidido en que "no es posible que todo cambie y que no cambien las instituciones", porque las instituciones "pensadas para el siglo XIX no pueden ser para el siglo XXI". Por eso, "hay que apostar por un nuevo modelo", teniendo en cuenta que ahora hay menos recursos y que habrá menos recursos "durante muchos años", por lo que las instituciones deben ser "más eficientes y más democráticas". Así, ha propuesto una reforma de la Constitución a través de la Constitución" para combatir la desafección ciudadana.
   Del mismo modo, el secretario general del PSPV ha traslado a su partido algunas de las medidas que lleva a cabo el gobierno andaluz, como es la aprobada contra los desahucios y que los socialistas valencianos registrarán en las Corts Valencianes para su debate.
   El secretario general ha destacado que la sociedad valenciana vive en estos momentos "una situación de emergencia". Así, el secretario general ha apuntado que "no se puede permitir", porque por primera vez, el número de parados supera los seis millones y en esta situación la Comunitat tiene el 30 por ciento de parados, de deuda y de exclusión.
   Asimismo, Puig afirmado que "nunca en la historia los españoles han estado tan preocupados por la corrupción" y ha señalado que "la corrupción sistemática del PP se ha convertido en un obstáculo para la recuperación económica".

La Comunitat ahorra 229 millones de euros en los primeros nueve meses del nuevo sistema de aportación farmacéutica

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha conseguido ahorrar cerca de 229 millones de euros en los últimos nueve meses, desde la puesta en marcha del nuevo sistema de aportación farmacéutica el pasado mes de julio de 2012.

   Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la Comunitat Valenciana es la primera región en reducción del volumen de recetas facturadas en el acumulado interanual, con una rebaja del 13,6 por ciento y 15,48 millones de recetas menos que en el mismo período del año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
   En el mes de marzo, asimismo, se situó en quinto lugar, con un descenso del 21,9 por ciento en las recetas facturadas y 2,1 millones de recetas menos.
   Respecto a la contención del gasto farmacéutico en el mes de marzo, la Comunitat Valenciana se situó en tercer lugar tras Murcia y Aragón, con una reducción del mismo del 24,6 por ciento respecto a marzo de 2012, lo que representa un ahorro de cerca de 29 millones de euros respecto a marzo de 2012.
   Estos datos siguen la tendencia iniciada con la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012 que instauró el nuevo sistema de aportación farmacéutica y coincide también con la actualización en el mes de octubre de los precios menores en las agrupaciones homogéneas de medicamentos.  
   Por otra parte, la Conselleria de Sanidad puso en marcha una serie de medidas de gestión como las mejoras del programa informático de prescripción GAIA, cuyo impacto se ha visto en 2012, y se ha fomentado la reducción del uso de talonarios de recetas en papel y la utilización del módulo de prescripción para los tratamientos.
   Asimismo, este año se impulsará el programa REFAR, que consiste en la revisión por parte de los profesionales sanitarios de los historiales de los tratamientos de los pacientes polimedicados. De este modo, los medicamentos serán sometidos a estudios y evaluaciones en torno a su eficacia, seguridad y eficiencia.
   Hasta el momento, se han revisado más de 100.000 historiales farmacológicos y se han adecuado más de 40.000 tratamientos, lo que ha supuesto un ahorro aproximado de más de 19 millones de euros.

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.
   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".
   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.
   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.
   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.
   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".
   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".
   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".
   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.
   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.
   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".
   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.
   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.
   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".
   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

viernes, 26 de abril de 2013

La sindicatura de cuentas siembra la duda sobre la gestión económica de Castedo en el Ayuntamiento de Alicante


Miguel Ángel Pavón acusa a Castedo y Seva de ocultar a la oposición y a los alicantinos un informe al que el Ayuntamiento de Alicante alegó hace más de tres meses, de gastar “alegremente” el dinero municipal en las grandes contratas de empresarios como Enrique Ortiz, Joaquín Arias o Francisco Rodríguez y de generar una abultada deuda que castiga a los ciudadanos.

El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ante el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el control interno del Ayuntamiento de Alicante referido al ejercicio de 2011, que no ha dudado en calificar como “demoledor”, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y al concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan Seva, que se establezcan de forma urgente medidas de control y transparencia en la gestión de las cuentas municipales y del área de personal.

El edil, que ha denunciado de forma reiterada el descontrol y caos económico municipal generado por el equipo de gobierno del PP, así como la opacidad del área de Hacienda y diversas irregularidades en materia de personal, ha acusado a Castedo y Seva de ocultar a la oposición y a los alicantinos un informe al que el Ayuntamiento presentó alegaciones hace ya más de tres meses “a través de un documento firmado por la alcaldesa el 24 de enero de este año. 

Tanto el informe inicial como el documento de alegaciones han sido ocultados a los grupos municipales de la oposición y a los ciudadanos, que ahora nos enteramos de sopetón de esta certera radiografía del desbarajuste del área económica municipal que desde EU hemos denunciado pleno tras pleno. Lo transparente habría sido trasladar a los grupos tanto el informe inicial como las alegaciones municipales, por ejemplo a través de las comisiones de hacienda que se celebraron en enero y febrero de este año, pero se prefirió la opacidad y el ocultamiento”.

El portavoz de EU hace mención especial a la debilidad del control interno en áreas como contratación o contabilidad que constata el informe, casi duplicando la media de los ayuntamientos analizados por la Sindicatura, y se pregunta: “¿a quién o a quiénes beneficia la debilidad en el control interno de esas áreas? ¿a los empresarios de cabecera de la señora Castedo, como Enrique Ortiz, Joaquín Arias o Francisco Rodríguez? 

Castedo y Seva gastan alegremente el dinero municipal en las grandes contratas gestionadas por esos empresarios, amparando sobrecostes y reconocimientos extrajudiciales de crédito ruinosos para las arcas municipales y que han generado una enorme deuda municipal que supera los 200 millones de euros (600 euros por alicantino) y que castiga a los ciudadanos al privarles de recursos económicos que consumen el pago de esa deuda, casi 31 millones en 2013”. 

“Y el Síndic además pone en solfa la política de personal al denunciar sin medias tintas que las provisiones de puestos de trabajo y los cambios de departamento no se realizan mediante convocatoria pública en todos los casos en que ésta es preceptiva”, ha concluido Pavón.

La Sindicatura de Comptes detecta 12 cuentas irregulares en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha emitido un informe demodedor sobre la gestión de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Alicante, que dirige la popular Sonia Castedo, investigada en el caso 'Brugal' por un supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz, recoge 'El Mundo'. 

En un análisis del ejercicio 2011 de las tres capitales de provincia de la Comunidad, el Síndico suspende la gestión de Juan Seva como concejal de Hacienda del consistorio alicantino, y alerta del descontrol que existen en pagos, subvenciones y en las cuentas municipales de la ciudad de Alicante.
El organismo fiscalizador llega a detectar hasta 12 cuentas corrientes, con un saldo de 74.272 euros, que no forman parte de la Tesorería. También alerta de que existe una tarjeta de crédito con un saldo de 6.000 euros sin identificar.
El Síndico apunta que los expedientes de contratación "no contienen en todos los casos la publicidad de la convocatoria, la certificación final" o el "informe del director de obras sobre el estado de éstas".
Y sigue: "Tampoco se motiva correctamente la tramitación de urgencia o emergencia de los contratos", y critica el modelo de reconocimientos extrajudiciales de rédito para pagar contratas, muchas de ellas pertenecientes a Ortiz.
Este análisis coincide con el que el ex interventor municipal hizo durante años en sus informes, hasta que Castedo y Seva lo destituyeron el pasado 26 de diciembre. Su sustituto, que no es habilitado nacional, ha relajado el tono del departamento hasta el punto de que ha eliminado el término "irregular" para referirse al pago de servicios sin contrato, algo que contempla la Ley sólo con carácter extraordinario.
Actualmente el Ayuntamiento de Alicante está pagando 'a dedo' el suministro eléctrico y la limpieza urbana de la ciudad
En este último caso el servicio lo presta la mercantil Inusa, participada por Ortiz, con un coste de unos 2,5 millones de euros mensuales.

Cataluña reclama una gobernanza del Corredor Mediterráneo compartida con las regiones

TARRAGONA.-   El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, ha reclamado este viernes que se aborde la gobernanza del Corredor Mediterráneo, y que el Estado la comparta con las regiones y las grandes empresas que transportan las mercancías durante la clausura de una jornada técnica sobre la infraestructura en la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

   "Poco haremos si volvemos a hacer una gobernanza autista que no tiene en cuenta los territorios y las necesidades de cada uno", ha afirmado Font, quien ha defendido que una buena gobernanza ferroviaria es imprescindible para evitar los cuellos de botella y garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.
   También ha llamado a las administraciones a ponerse de acuerdo para simplificar y unificar los corredores con el fin de evitar lo que ha calificado de un nuevo fracaso en infraestructuras, y ha alertado de que, de lo contrario, "no habrá negocio" y se acabarán utilizando camiones en lugar de ferrocarriles.
   Font ha insistido en que las administraciones deben dedicarse de forma prioritaria a elaborar un plan de negocios para el Corredor porque "no tiene sentido plantear infraestructuras sin un plan de servicios", así como a trabajar para que industrias como las químicas y los fabricantes de vehículos estén bien conectados a la vía principal.
   En cuanto a la marcha del Corredor, ha confiado en que los trenes de mercancías podrán circular en 2015 entre la nueva fábrica de Ford en Valencia y Perpignan (Francia), aunque ha lamentado el que no se perfilen aún los trabajos en el tramo entre Montpellier y Perpignan.
   Han acompañado a Font en la clausura el presidente de la APT, Josep Andreu, y el representante de la Comisión Europea (CE) en Cataluña y Baleares, Ferran Tarradellas, quien ha coincidido con el secretario en que el establecimiento de un corredor transeuropeo "requiere un esfuerzo de gobernanza para coordinar a todas las partes implicadas".
   Tarradellas ha recordado el "compromiso firme" de la CE con el Corredor Mediterráneo, y ha destacado que una de las prioridades es el desarrollo de la línea de transporte de mercancías entre Tarragona y Valencia para evitar los cuellos de botella en estos tramos.

El Parlamento valenciano pide de nuevo que comparezca Fernández Ordóñez por la CAM

VALENCIA.- Las Corts Valencianes volverán a pedir la comparecencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la comisión de investigación de la CAM que se celebra en el parlamento autonómico. Esta solicitud la han realizado el PP, Compromís y EUPV, mientras que el PSPV ha reclamado que intervenga, entre otros, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo que también ha solicitado la coalición.

   Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la CAM, cuya creación aprobaron las Corts por unanimidad en octubre de 2011, comenzaron en mayo de 2012 y, desde entonces, han pasado por este órgano alrededor de un centenar de personas. Asimismo, el pasado día 15 de abril esta comisión abrió un plazo que se cierra este viernes para que los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- presentaran nuevas propuestas de comparecencia, que se debatirán el próximo lunes.
   Tres grupos parlamentarios --PP, Compromís y EUPV-- han vuelto a solicitar la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se negó a comparecer alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los partlamentos autonómicos.
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".
   El PP también ha solicitado que acudan a la comisión de investigación los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez; y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez.
   Por su parte, el PSPV ha pedido las comparecencias del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; del exjefe del Consell y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas; así como del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y de la actual presidenta de este órgano María Elvira Rodríguez.
   Julio Segura no acudió a la comisión de investigación sobre la CAM el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado y, posteriormente, las Corts recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.
   No obstante, la comisión acordó volver a citar al expresidente de la CNMV, después de que la actual presidenta de este organismo, Elvira Rodríguez, haya dicho que no hay "inconveniente" para que comparezca en el parlamento autonómico.
   Por parte de Compromís sus solicitudes de comparecencia incluyen además de a Fernández Ordóñez; a Francisco Camps, Gerardo Camps y José Luis Olivas; al ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez; a los inspectores del Banco de España que ejercieron de fiscalizadores de la CAM a partir de 2008; al exdirector del IVF, Enrique Pérez Boada y al actual, Enrique Montes.
   La coalición también pide que intervengan en esta comisión exmiembros del consejo de aministración de la caja, como el que fue presidente Modesto Crespo; el exsecretario José Forner; y el expresidente y el exsecretario de la comisión de Retribuciones Antonio Gil y Martín Sevilla, respectivamente.
   Además, Compromís plantea que acudan a las Corts el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés; los exdirectores generales Daniel Gil y María Dolores Amorós; el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, entre otros exdirectores.
   Finalmente, EUPV ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordoñez y del equipo de trabajo de inspectores que realizó la última inspección a la CAM; así como de los directores del área de supervisión de entidades financieras del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) entre 2004 y 2011, además de los dos exdirectores del IVF, Enrique Pérez Boada y Jorge Vela Barcas. También solicitan que intervenga el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007.

jueves, 25 de abril de 2013

Orihuela exigirá a la Generalitat 3,4 millones de euros por la permuta del Palacio de Justicia

ORIHUELA.- La portavoz del equipo de Gobierno de Orihuela, Antonia Moreno, ha afirmado que el Ayuntamiento "exigirá" a la Generalitat valenciana la cantidad de 3,4 millones de euros en que fue tasada, por el arquitecto municipal, la diferencia de valor entre el actual Palacio de Justicia de la localidad y el antiguo edificio de los juzgados, según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Moreno ha señalado que "aunque" el conseller de Justicia, Serafín Castellano, "aseguró" el pasado 7 de marzo, durante una visita a la ciudad, que "antes de acabar" el citado mes presentaría un convenio para evitar la demanda de desahucio por precario que presentó el Ayuntamiento, "todavía no ha cumplido lo que dijo".
   A juicio de la portavoz municipal, este hecho responde "a estrategias dilatorias, tomaduras de pelo y falsas promesas", si bien ha apuntado que "ojalá mañana, el lunes o el martes" se reciba "alguna propuesta" por parte de Conselleria.
   La edil ha recordado que en un primer momento, el departamento autonómico de Justicia propuso hacer una cesión mutua de edificios, lo que, tal y como ha agregado, "hubiera supuesto una grave lesión patrimonial" para la localidad. Además, ha añadido que el posterior informe jurídico solicitado por el Consell "dio la razón" al consistorio, "que siempre solicitó una aportación económica por la diferencia de valor" entre ambos inmuebles.
   En este sentido, ha explicado que el arquitecto municipal peritó en más de 3,4 millones de euros la mencionada diferencia entre los dos edificios, a la cual respondió Conselleria con otro peritaje "de sólo 1,5 millones", argumentando, según Moreno, que el recinto que desde 2005 acoge los nuevos juzgados "ha visto depreciado su valor con el paso de los años".
   "No sólo la diferencia de valor es de 3,4 millones de euros, sino que el Ayuntamiento de Orihuela está en condiciones de exigir los intereses de demora de este pago", ha manifestado, al tiempo que ha calificado la valoración realizada por Justicia "es ilegal".

Benidorm deberá pagar 4,1 millones por la expropiación de un terreno en Foietes

BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm pagará una cantidad aproximada a los 4,1 millones de euros a un propietario al que en 2006 expropió un terreno de 4.100 metros en la zona de Foietes, de acuerdo a una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCJV), según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa los concejales de Urbanismo y Hacienda, Vicente Juan Ivorra y Natalia Guijarro, respectivamente, quienes han indicado que el dueño del suelo solicitó "años atrás" la expropiación de su propiedad como consecuencia de un cambio de uso establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
   En el año 2006, el Jurado Provincial de Expropiación resolvió sobre ese terreno y, al no estar de acuerdo con la valoración, el propietario acudió a la vía judicial.
   "El Ayuntamiento debería haberse personado en la causa, pero no lo hizo", ha indicado Ivorra, quien ha considerado que, de haberse acordado el precio fijado por el pleno, el Ayuntamiento "sólo habría tenido que pagar 260.000 euros por la finca".
    Ahora, sin embargo, "gracias a los concejales de Urbanismo de entonces, Agüera y González de Zárate, el Ayuntamiento ha sido condenado a multiplicar por diez la cantidad a pagar sin contar los intereses de demora", han lamentado.
   Por su parte, la concejala Natalia Guijarro, ha cifrado en 4,1 millones de euros la cantidad a abonar calculados los intereses legales y ha recordado que "cuando en marzo de 2009 recayó la sentencia no firme, el concejal de Urbanismo y el alcalde Pérez Fenoll no hicieron absolutamente nada por recurrirla".
   "Esa cantidad, sin embargo, supone multiplicar por diez el valor que el pleno del Ayuntamiento otorgó en el año 2004 a dicho suelo debido a que el gobierno del PP en aquellos años no se personó en el contencioso administrativo interpuesto por el propietario del terreno.
   Guijarro también ha recordado que el actual equipo de gobierno, al llegar otra sentencia en 2011, designó un letrado para personarse en la causa.
   "Lo hemos intentado todo para que nos aceptaran los recursos, pero el TSJ nos ha dicho que ya era muy tarde", ha apuntado, para añadir que "eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas con tan poca seriedad como las hacía el PP".
   Ahora, según la titular de Hacienda, el Ayuntamiento de Benidorm está estudiando "todas las opciones que hay" para pagar lo que fija la sentencia "tratando de que el Plan de Ajuste no se vea muy afectado, pero hay que tener la seriedad que no tuvo el PP".

miércoles, 24 de abril de 2013

Castedo asegura que "peleará hasta el final" la aplicación del IVA reducido en las Hogueras de San Juan

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado este miércoles que el equipo de gobierno local seguirá "peleando hasta el final" la aplicación del IVA reducido en los trabajos y servicios correspondientes a las fiestas de las Hogueras de San Juan, que se celebran en la capital alicantina cada mes de junio.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras entregar los diplomas a las asociaciones participantes en los premios Francisco Liberal, al ser preguntada por la decisión de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados de rechazar --con el voto en contra del PP-- la iniciativa de aplicar el IVA reducido en fiestas y tradiciones de la Comunitat Valenciana, como las Fallas de Valencia y las Hogueras de Alicante.
   Así, interrogada por si el Ejecutivo alicantino "peleará" contra el rechazo, ha subrayado que lo hará "hasta el final".
 "Es un compromiso que adquirimos en su momento con el mundo de la fiesta porque creemos en ellos, y vamos a seguir peleándolo hasta el final. Nos lo rechacen las veces que nos lo rechacen. Imagino que algún día llegará en que no nos lo rechacen, aunque sea por hastío o por cansancio", ha añadido al respecto.
   Igualmente, y sobre la posibilidad de plantear otras medidas de ayuda a la fiesta, tales como exenciones fiscales, ha afirmado que "todavía no" se ha estudiado "ninguna", y ha agregado que desconoce "si será posible aplicar alguna otra fórmula".
 "En principio vamos a continuar intentando conseguir lo que tenemos que conseguir", ha agregado.
   Además, ha destacado el concepto de arte efímero de las Hogueras, ya que, tal y como ha explicado, "llega un momento, el día de la Cremà, en que ese arte desaparece y vuelve nuevamente a crearse". 
"Es un concepto que a lo mejor cuesta mucho entender fuera de la Comunitat, pero que evidentemente tenemos que hacérselo ver, porque es importante para nosotros y una garantía de continuar con la misma calidad en los monumentos fogueriles que tenemos ahora", ha manifestado.

La Junta de Jueces paraliza los desahucios 30 días para que los afectados puedan demostrar cláusulas abusivas

ALICANTE.- La Junta Sectorial de Jueces de primera instancia, mercantil y registro civil del partido judicial de Alicante han acordado paralizar los desahucios pendientes en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) durante 30 días, con el objetivo de que los afectados puedan demostrar la existencia de cláusulas abusivas, según el escrito del acuerdo judicial, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La reunión, celebrada este pasado martes, tenía por objeto estudiar un criterio común sobre las resoluciones a adoptar en materia de ejecución hipotecaria, tras la directiva 93/13/CEE y su jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) en materia de protección del consumidor.
   Así, la junta sectorial de jueces alicantinos ha decidido facilitar al demandado en el procedimiento hipotecario la obtención de un pronunciamiento judicial efectivo de nulidad de cláusula abusiva por quebrantamiento de los derechos del consumidor.
   Igualmente, el órgano judicial ha considerado que "debe informarse" al afectado de su derecho "a fin de que pueda solicitar la suspensión" del procedimiento de ejecución hipotecario, "acreditando la existencia" de un proceso declarativo "que pueda resultar necesario para garantizar la plena eficacia de la decisión final" a adoptar.
   De este modo, ha valorado que el plazo a conceder a las personas implicadas en desahucios para hacer valer el citado derecho "no podrá exceder de 30 días", y ha acordado la paralización de los lanzamientos pendientes en el SCNE "a fin de que cada juzgado lleve a cabo el contenido" de la resolución, cuyo objetivo es "evitar que el demandado no sufra un perjuicio irreparable".

El Ayuntamiento de Alicante pedirá fianzas a los 'macroeventos' ante posibles gastos posteriores de limpieza o seguridad

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado que el Ayuntamiento de la ciudad podrá solicitar fianzas a los organizadores de los 'macroeventos' que se celebran en la capital alicantina, ante la posibilidad de que generen gastos posteriores de limpieza o de seguridad en la zona en que se celebren, con el objetivo de que el municipio no tenga que pagar esos costes.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras entregar los diplomas a las asociaciones participantes en los premios Francisco Liberal, al ser preguntada sobre la petición realizada por la Concejalía de Urbanismo de una fianza económica para la próxima celebración de una 'macrofiesta' universitaria, y si se plantea la posibilidad de ampliar la medida a eventos similares.
   Así, ha afirmado que ese tipo de decisiones se "irán aplicando" dependiendo de las zonas de celebración, ya que, tal y como ha agregado, "no hay que olvidar que luego suponen un coste muy importante a la ciudad desde el punto de vista de la limpieza o de la seguridad".
   "Evidentemente, esos eventos no son gratuitos y quien los hace también está cobrando, con lo cual es lógico que se hagan cargo del coste posterior de limpieza, de seguridad, y de todo lo que pueda suponer al Ayuntamiento un gasto importante y al margen de lo que es habitual", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que la medida "se ampliará siempre que vaya a suponer un coste para la ciudad".
   Además, e interrogada sobre si es una decisión con intenciones disuasorias, ha resaltado su interés en que se celebren eventos en la ciudad, pero también en que la capital alicantina "no tenga que pagar un coste por los mismos, con lo cual, a quien le interese llevar adelante esos eventos tiene que acarrear con el coste que le supone a la ciudad".
 "Creo que es lo lógico", ha enfatizado.
   Igualmente, ha apuntado que estos 'macroeventos' "nunca" se sabe "cuando finalizan y qué coste le va a suponer a la ciudad". 
"Es una fianza, y se devolverá la parte que pueda sobrar después de que el Ayuntamiento haya pagado todo lo que haya supuesto la celebración de ese macroevento", ha sentenciado.
   Por otra parte, y preguntada por la posibilidad de alquilar espacios en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante para ubicar dependencias municipales, ha confirmado que se está "estudiando", y ha anticipado que "entre esta semana y la que viene" podría tomarse la "decisión definitiva, viendo la capacidad de la sede cameral, que es alta, tiene una gran capacidad".

La juez cita como testigos a tres representantes del PSOE que en 2007 integraron el Consorcio de la Zona XVII

ORIHUELA.- La titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha citado a declarar, en calidad de testigos, a los representantes socialistas de tres ayuntamientos alicantinos que integraron en 2007 el Consorcio de la Zona XVII.

   Así, en un auto fechado el pasado 16 de abril, la juez ha fijado para el próximo 21 de mayo --a las 9.00 horas-- la comparecencia del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, mientras que el ex primer edil de Benijófar, José Luis González Sánchez, acudirá a las 10.30 horas, y el representante del PSOE en Guardamar del Segura, Vicente Avilés González, lo hará a partir de las 12.00 horas.
   La decisión judicial responde a una petición realizada por la representación procesal del exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós --imputado en la pieza--, que solicitaba, por un lado, el sobreseimiento de su causa, y, subsidiariamente para el caso de que no se accediera a ese extremo, tomar declaración como testigos a los miembros de los consistorios alicantinos del PSOE adheridos e integrantes del Consorcio del Plan Zonal XVII, en 2007.
   De este modo, pidió practicar la referida diligencia con los mencionados Mateo, González Sánchez y Avilés González, además de con socialistas de los ayuntamientos de Albatera, Benejúzar, Bigastro, Guardamar del Segura, Los Montesinos y San Isidro.
   Los representantes de Amorós --imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos o información privilegiada facilitada por autoridad y cohecho-- también reclamaron requerir a los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante para que emitieran un informe sobre la composición, funciones, competencias e independencia del Consorcio respecto a la institución provincial.
   En tercer lugar, solicitaron librar oficio a la secretaria del Consorcio para certificar la composición de dicho órgano en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, y especificando la formación política que gobernaba en ese año en los ayuntamientos participantes.
   A la vista de estas peticiones, la juez dispone, en primer lugar, que "no ha lugar al sobreseimiento de la causa" contra Amorós, y subraya que "no hay que olvidar que el solicitante ostenta la condición de imputado debido a su insistencia en querer declarar como tal".
   En este sentido, la defensa del exportavoz socialista argumentó, entre otros aspectos, que el teléfono de su representado "fue objeto de intervención, grabación y escucha" entre el 4 y el 31 de julio de 2007, cuando se registraron conversaciones entre terceros de "nulo interés para la causa".
   Al respecto, la titular del juzgado oriolano recalca que la instrucción "no ha terminado, por lo que en principio la petición es extemporánea", y agrega que las "conversaciones entre terceros no pueden desecharse sin más cuando su contenido se corrobora con aspectos colaterales" de los diálogos.
   Finalmente, además de las citaciones de los testigos, niega el sobreseimiento, y dispone librar oficio a la secretaría del Consorcio para que certifique la composición del mismo en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, especificando en el caso de los ayuntamientos participantes, el partido que en ese año gobernaba en cada uno de ellos.

La huelga de secretarios judiciales obliga a aplazar el juicio entre Ciudad de la Luz y Aguamarga

ALICANTE.- La huelga de secretarios judiciales convocada para este miércoles ha obligado a aplazar a mañana el juicio previsto para hoy en el juzgado de primera instancia nº 7 de Alicante para resolver el contrato entre Ciudad de la Luz y Aguamarga Gestión de Estudios, según han confirmado fuentes judiciales.

   La primera vista del litigio que mantienen ambas partes debía iniciarse a las 9.30 horas de este miércoles, pero la decisión de la secretaria judicial de secundar el paro ha llevado a trasladar la sesión a este jueves, jornada en la que la sala intentará concluir todo el juicio.
   Con el cambio de fecha, este jueves serán citados a declarar en calidad de testigos, cargos directivos del complejo cinematográfico como los exdirectores José María Rodríguez Galant, Elsa Martínez y el actual responsable José Antonio Escrivà; el exdirector de Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) Eusebio Monzó, el ex director general de Grandes Proyectos Luis Lobón y la ex directora general de Coordinación de Proyectos de la Generalitat, Cristina Morató, entre otros.
   En el supuesto de que no diera tiempo a practicar la toma de declaración de los testigos, la pericial y la exposición de las conclusiones en una sola jornada, se estudiará señalar al viernes un segundo día para dar por finalizada la vista oral.
   El juzgado de primera instancia nº 7 de Alicante decidió en julio de 2011 unificar las demandas cruzadas planteadas por ambas partes, dado que la resolución del conflicto en torno a la rescisión del contrato condiciona las decisiones a adoptar en torno a las cantidades adeudadas y la estimación de las supuestas indemnizaciones.
   Aguamarga gestiona el complejo audiovisual alicantino desde 2000, si bien en octubre de 2010 Ciudad de la Luz rescindió el contrato unilateralmente por supuestos incumplimientos de la adjudicataria y no le ha abonado las facturas desde agosto de 2009.
   Este impago llevó a la gestora a presentar una demanda por la que le reclama ocho millones de euros en concepto del canon mensual acordado, así como cerca de tres millones de euros por daños y prejuicios.
   La Generalitat Valenciana por su parte justificó en su día su decisión de rescindir el contrato en base a las nuevas "circunstancias" registradas en torno a la mercantil, como la muerte del presidente de la compañía, el director Luis García Berlanga, y la entrada en el consejo de administración de la empresa privada de una serie de personas que, en opinión de la administración, carecían del "reconocimiento y la capacidad profesional requeridos".
   Por su parte, Aguarmarga Gestión de Estudios defiende que ha mantenido su actividad y que el contrato se encuentra "plenamente vigente", y por ello "ha seguido adquiriendo compromisos, ha procedido a la renovación de contratos con empresas de mantenimiento, y no ha dado de baja a directivos ni al resto del personal de la sociedad".
   Este litigio entre ambas partes se produce en un contexto marcado por la decisión de la Comisión Europea, que en mayo del pasado año dictaminó que las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico a la Ciudad de la Luz, y cuyo importe ascendió hasta los 265 millones de euros, eran "ilegales" y ordenó su devolución.
   Esta decisión además ha llevado al Consell a sacar a la venta ordenada de activos las instalaciones de Ciudad de la Luz, opción que en este mes de abril ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea.

martes, 23 de abril de 2013

La UA crea Human Fertility, su primera cátedra en fertilidad y reproducción asistida

ALICANTE.- La Universidad de Alicante (UA) ha creado la Cátedra Human Fertility, que bajo la dirección de la bióloga María José Gómez Torres, estudiará aspectos tales como los efectos de la vitrificación del esperma, la repercusión de la contaminación ambiental en todos los ámbitos de la reproducción humana y los últimos avances sobre la selección embrionaria, según ha informado en un comunicado la institución académica. 

   La directora del proyecto y doctora en biología María José Gómez Torres, del departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha resaltado este martes que esta cátedra está llamada a convertirse "en centro de formación y foro de debate y divulgación científica en el campo de la reproducción asistida".
   La presentación de la cátedra, que cuenta con la colaboración de la empresa In Vitro Fertilisation Spain, (IVF Spain), ha estado presidida por el rector de la UA, Manuel Palomar, que ha insistido en la importancia de las cátedras universitarias, "un modelo que funciona porque pone en valor los conocimientos e intereses comunes de las partes implicadas y favorece la permeabilidad entre el mundo empresarial y académico e investigador".
   Por parte de IVS Spain, Carlos Bezos, responsable de Desarrollo de Organización, ha explicado que la cátedra "es la materialización" de una la labor de "investigación y desarrollo no solo desde el ámbito médico sino también económico" que esta empresa lleva a cabo desde sus "orígenes".
   Según Bezos, la creación de Human Fertility ofrece "un marco institucional donde poder investigar no solo con la Universidad sino con otros socios". Al respecto, ha mostrado su satisfacción por poder " compartir el conocimiento con la sociedad y otras empresas porque en una economía colaborativa cuanto más inviertes, más ganas".
   El representante de IVF Spain ha resaltado el aspecto formativo de esta iniciativa, dado que tanto personal de la compañía como de otras empresas "tendrá la posibilidad de compartir técnicas y procedimientos", ha dicho.
   Así mismo, la directora de la cátedra ha avanzado que una de las primeras acciones será lanzar un concurso de ideas para la creación de un logo que identifique la cátedra, además de la puesta en marcha de una serie de conferencias sobre reproducción y fertilidad a la que invitarán a "todos los sectores de la sociedad con intereses en este campo".

Las Corts instan al Consell a reivindicar y hacer un seguimiento de actuaciones para implantar el Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado, con los únicos votos a favor del PP, una proposición no de ley presentada por este grupo en la que insta al Consell a reivindicar y efectuar un seguimiento activo de las actuaciones a realizar por el Estado para la implantación del ancho internacional en el Corredor Mediterráneo, con sus respectivas conexiones a los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante. El PSPV y EUPV han votado en contra, mientras que Compromís se ha abstenido.

   Asimismo, el PP plantea en su iniciativa que las Corts respalden todas las gestiones realizadas hasta el momento por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y por el Consell de cara a la implantación del ancho internacional y del tercer carril en el Corredor Mediterráneo "en el menor tiempo técnicamente posible".
   El portavoz del PP, Jorge Bellver, ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es "dejar constancia de una manera clara y explícita el apoyo del grupo parlamentario popular a la implantación del ancho internacional y del tercer carril". Así, ha subrayado que el Corredor Mediterráneo "es una obra de todos y para todos; una iniciativa de presente y con muchísimo futuro".
   Bellver ha destacado que esta infraestructura "no solo es viable económicamente", sino también "imprescindible socialmente para reactividad nuestro tejido productivo". Asimismo, ha puntualizado que este proyecto supone una inversión de 3.000 millones, de los que 1.600 ya están en ejecución o licitación.
   El síndic 'popular' ha hecho hincapié en que el Corredor Mediterráneo se está llevando a cabo a pesar de la "coyuntura complicada" y del "agujero de 4.300 millones de euros que dejó al anterior Gobierno cuando dejó el Ministerio". "El Corredor Mediterráneo es un proyecto al que no renunciamos y no renunciaremos", ha resaltado.
   Compromís ha presentado una enmienda de adición, que ha sido rechazada por el PP, en la que pedía, entre otros asuntos, que se realizaran "de manera inmediata" las modificaciones presupuestarias oportunas para posibilitar la redacción de los proyectos y avanzar la licitación de las obras del corredor, con una aportación mínima de 500 millones de euros para el ámbito de la Comunitat Valenciana.
   El diputado de la coalición Josep Maria Pañella ha defendido esta enmienda con la que, a su juicio, los 'populares', "tienen la oportunidad de aclarar si de verdad están dispuestos a plantarle cara al gobierno de Rajoy si no pone el dinero para el Corredor Mediterráneo". Según Pañella, con la propuesta presentada por el PP, se busca "hacer la ola al 'president' al Consell"·
   Bellver no ha aceptado la enmienda de Compromís, porque considera que "no tiene ningún sentido" y, en esta línea, ha acusado a la coalición de haber presentado una iniciativa "para no aprobar la del grupo parlamentario popular". "Sin dinero no vamos a hacer absolutamente nada", ha subrayado el parlamentario de Compromís, quien ha tildado de "burla a los ciudadanos" la proposición no de ley del PP.
   Por su parte, el parlamentario socialita Francesc Signes ha destacado que su grupo "no va a entrar en el juego de proposiciones trampas y mentiras, que solo buscan justificar la ineficacia de Fabra que está siendo chuleado por Madrid". 
"El impulso a la iniciativas se dan en el BOE y no aquí", ha apostillado.
   Signes ha lamentado que "cada día que pasa estamos más lejos del Corredor Mediterráneo", y ha asegurado que el PP "nunca ha estado a favor de verdad de esta infraestructura". Así, ha indicado que en 2003, cuando José María Aznar era el presidente del Gobierno, "dejaron al Corredor Mediterráneo fuera de ser un eje prioritario de la red europea de transportes". Asimismo, considera que Rajoy "todavía está intentando colar el Corredor Central".
   La diputada de EUPV Marina Albiol, por su parte, ha destacado que el Corredor Mediterráneo "es el titular que se le da a la conexión con Europa" y, por lo tanto, considera que "no solo hay uno". Al respecto, ha expresado el rechazo de su partido a "vincular el Corredor a una vía de Alta Velocidad, sin tener en cuenta otra alternativa", y ha criticado que el AVE "es innecesario, insostenible, extremadamente caro y escasamente rentable".

Los alemanes ven a España como un país de ociosos y corruptos

MADRID.- Una mayoría de alemanes considera a España un país corrupto, poco fiable, pobre, tradicional y de ciudadanos ociosos. Así lo refleja el último barómetro de la Marca España elaborado por el Real Instituto Elcano, en el que destaca el deterioro "enorme" que ha sufrido la imagen del país en Alemania.

   El resultado de este estudio de opinión, comparado además con la imagen que ofreció una encuesta realizada en Alemania en 1996, demuestra la caída "muy importante" que ha tenido la percepción de España entre los alemanes en los últimos 20 años.
  Así, además de mantenerse "tópicos" como que España no es un país moderno -un 77% cree a día de hoy que el nuestro es un país tradicional--, la crisis económica ha tenido un impacto "dramático" en su imagen: en estos años la desconfianza hacia España se ha multiplicado por cinco y un 49% de los alemanes no confía actualmente en España o los españoles, cuando en 1996 era uno de cada cinco alemanes.
   Cuatro de cada diez alemanes descalifican a los españoles como "ociosos y poco trabajadores"; un 40% los considera "egoístas; el 43% asocian a España con "debilidad" y hasta un 71% con "conflicto social", y un 71% ve a España un país "pobre". Además, un 48% de los alemanes cree que España es un país "corrupto", un porcentaje que llega hasta el 55% en el caso de los entrevistados con estudios universitarios.
   En definitiva, según ha apuntado el investigador principal de Opinión Pública del instituto, Javier Noya, los datos muestran que "se ha terminado el 'milagro español'" y "ya no somos los prusianos del sur".
   El tercer barómetro elaborado por el instituto de pensamiento de opinión ha llevado sus encuestas, además de a Alemania, a Reino Unido, Estados Unidos, México, Rusia y China. Los resultados muestran que la imagen más negativa de España, después de Alemania, está en Reino Unido.
   De hecho, son los británicos quienes opinan creen de manera más mayoritaria que España saldrá de la crisis a "largo plazo". Un 53% de los entrevistados en este país así lo cree, seguido por un 44% de los alemanes. Para China, en cambio, sólo un 15% de los encuestados ve lejos la salida de la crisis para España.
   Las 3.036 encuestas por internet para elaborar este estudio se realizaron entre los días 25 de marzo y 4 de abril. Noya ha explicado que en tres de los países, China, Rusia y México se pudo preguntar en concreto por la imputación de la Infanta Cristina, que tuvo lugar el 3 de abril, ya que todavía faltaba trabajo de campo por realizar.
   Los resultados obtenidos muestran, según ha explicado, que la imputación de la hija del Rey no tuvo "efecto" en la imagen del país, ya que no se percibieron cambios en las respuestas de los entrevistados.

El PSPV exige que se "prohíba de forma expresa" el pago de sobresueldos a cualquier cargo público

VALENCIA.-   La presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha explicado que su formación plantea que se "prohíba de forma expresa el pago de sobresueldos a cualquier cargo público". Además, también incorporan la "incompatibilidad de cargos remunerados en una misma persona". 

   Barceló ha explicado en un comunicado que esta medida se incluye en la propuesta de reacción democrática presentada por el secretario general del PSPV, Ximo Puig, los socialistas  apuestan por "aumentar los mecanismos legales de control público mediante instrumentos e instituciones adicionales".
   Siguiendo esta línea, los socialistas se comprometen a que sus cargos públicos y los que formen parte de la dirección "firmen un Código de Ejemplaridad, Ética y Buen Gobierno que obligue a mantener una conducta ejemplar en sus actividades" y, por tanto, se especifica que la "renuncia a cualquier obsequio o donación, salvo los que tengan un valor estrictamente simbólico o protocolario".
   También proponen que se cree un Portal de la Transparencia en todas las administraciones para que "todos los ciudadanos puedan acceder y comprobar el uso que se hace del dinero público".
   Por último, para aumentar la transparencia se aplicará esta Ley de Transparencia a "todos los partidos y representantes y se propondrá la inclusión de los sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa Real y la Iglesia". En esta norma, tal y como ha señalado Barceló, "se establecerá la obligatoriedad de los poderes públicos de dar la información que soliciten los ciudadanos".
   Por otra parte, todas las instituciones gobernadas por el PSPV firmarán con las empresas contratistas un pacto por la "transparencia, la ética y la integridad" y se recoge la obligación de "incorporar a representantes de la sociedad para que fiscalicen en las mesas de contratación", así como, "el refuerzo no solo de los criterios objetivos para adjudicar los contratos sino también de los mecanismos legales que impidan contratar a empresas condenadas por corrupción".
   Los socialistas también plantean que se publiquen en la web oficial los contratos laborales de alta dirección y de todos los contratos con proveedores de bienes y servicios e la administración".
   Además, en esta línea, se deberán publicar todas las adjudicaciones, ofertas ganadoras, perdedoras, concursos y resoluciones incluidos en los contratos menores" y para evitar los sobrecostes de los contratos públicos se "reforzará por ley la imposibilidad de rebasar un límite máximo sobre el precio inicialmente propuesto".
   Igualmente Para aumentar "al máximo la transparencia", se publicarán las cuentas del partido y se planteará que la Sindicatura de Comptes pueda auditar "con agilidad y rapidez" las cuentas anuales "sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas por ley". De la misma manera se "reforzarán los mecanismos de colaboración" entre la Agencia Tributaria, INSS y otras entidades con este Tribunal cuando se detecten indicios de corrupción en las cuentas de un partido.
   Los socialistas proponen también que se "modifique el Código Penal para regular la responsabilidad penal de los partidos y la tipificación como delito de financiación ilegal de la actividad política y electoral".
   En cuanto a las consecuencias de realizar cualquier tipo de práctica ilegal o corrupta, los socialistas plantean que "se suspenda de sus responsabilidades a los imputados por corrupción y se demande o se investigue a los autores de falsas imputaciones".
   Además, quieren que "se impulsen cambios legales que eliminen el aforamiento de los parlamentarios que estén implicados en delitos de corrupción" y que "se amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción a 15 años y no a diez como está ahora".
   La diputada socialista ha señalado que es "fundamental que se agilicen las acciones judiciales para luchar contra la corrupción" y, para ello, plantean que se "prevea un procedimiento preferente en los delitos por corrupción política y se dotará de más recursos y mecanismos necesarios al poder judicial para que la investigación se más rápida".

Blanco (EUPV) afirma que la figura política de Camps "dista mucho de estar rehabilitada"

VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, Ignacio Blanco, ha indicado, tras conocer la declaración del vicesecretario de Estudios y Programas del PP Esteban González Pons ante el juez instructor del 'caso Nóos', que la figura política del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, "dista mucho de estar rehabilitada, a pesar de lo que digan él y sus partidarios porque, además, su futuro judicial, es muy negro, puesto que podría ser imputado en el 'caso Nóos' en cualquier momento", ha dicho.

   "Las declaraciones de González Pons ante el juez Castro vuelven a dejar en evidencia que Camps, desde la Generalitat, fue el padrino de los negocios de Urdangarin", ha agregado.
   Asimismo, ha criticado la actuación de González Pons: "a quién era entonces portavoz del Consell, no se le puede eximir de responsabilidad, porque cuando alguien firma un papel, y además formando parte del Gobierno, está asumiendo las consecuencias de sus actos", ha puntualizado.

lunes, 22 de abril de 2013

El tráfico marítimo del puerto de Alicante con Argelia aumenta en el primer trimestre de 2013 un 60% frente a 2012


ALICANTE.- El tráfico marítimo entre los puertos de Alicante y Argelia registró un incremento del 60 por ciento durante el primer trimestre del presente año, frente a 2012, mientras que el movimiento con las Islas Canarias creció entre el cinco y el diez por ciento en el mismo periodo, según ha informado en un comunicado la Autoridad Portuaria alicantina (APA).

   Los datos los ha hecho públicos el presidente de la APA, Joaquín Ripoll, durante la reunión del Consejo de Administración de la entidad celebrado este lunes, en la que ha realizado un balance sobre los principales tráficos del puerto de la ciudad.
   Ripoll ha resaltado que la dársena alicantina es "similar" a la de Orán o a la de Argel "en cuanto a medios materiales, infraestructuras o grúas", lo que, a su juicio, convierte a Alicante "en un buen puerto de salida, completamente homologable" a los anteriormente citados.
   "Se están consolidando esos tráficos --Orán y Argel--, y estamos asistiendo a un incremento cercano al 50 por ciento en los últimos años con respecto al anterior, lo que nos hace pensar que este año se puede cerrar con una cifra cercana a las 200.000 toneladas, frente a las 50.000 que se movieron en 2010", ha apuntado.
   Igualmente, ha informado de la participación de Alicante como "única" Autoridad Portuaria en un encuentro que tuvo lugar el pasado 15 de abril junto a representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y más de medio centenar de empresarios españoles.
   En su intervención en el consejo, ha dado cuenta del trabajo desarrollado para "consolidar y fomentar" las líneas con Argelia, una tarea que ha calificado de "compleja y complicada, debido a las condiciones del país, diferentes de las europeas, y en la que los trámites suelen ser distintos", si bien ha subrayado la "gran receptividad" encontrada por parte de las autoridades argelinas.
   Por lo que respecta al tráfico con las Islas Canarias, que también ha definido de "prioritario", ha expuesto que las cifras se han incrementado entre el cinco y el 10 por ciento. "El tráfico con Canarias sigue teniendo un moderado pero continuo crecimiento, situado en el seis por ciento de contenedores y en el 10 en la carga", ha concretado.
   Finalmente, ha expresado su confianza en que abril "va a ser bueno" para el puerto alicantino, y ha cifrado en un 10 por ciento el aumento que se podría alcanzar en el citado periodo, "que es el objetivo a lograr en este ejercicio", ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Alicante aprueba un crédito de 2,6 millones para pagar facturas de limpieza viaria a una empresa de Ortiz

ALICANTE.-   La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de un crédito superior a los 2,6 millones de euros para pagar facturas, correspondientes al pasado marzo, del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, realizado por la mercantil Ingeniería Urbana, participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal'.

   Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz adjunto del Ejecutivo alicantino, Juan Seva, quien ha detallado que el punto se ha acordado por la vía de urgencia en la reunión previa del órgano municipal.
   Seva ha señalado que el importe total se deriva de facturas por valor de 1,29 millones de euros correspondientes a trabajos de recogida de residuos, y otros 1,36 millones del servicio de limpieza viaria, llevados a cabo durante el pasado marzo.
   Igualmente, y también como urgencia, la junta de Gobierno ha validado otro reconocimiento de créditos y convalidación, por un montante superior a los 539.000 euros, relativos a gastos derivados del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y edificios municipales, desarrollados durante el mismo mes por la empresa Nexus Energía.
   En este caso, una partida de más de 283.000 se refiere a costes de alumbrado, mientras que una segunda, que asciende hasta los 184.000, es para gastos de suministro eléctrico en dependencias; y una tercera, superior a los 69.000 euros, para colegios de la capital alicantina.
   Por otra parte, Seva ha confirmado, al ser preguntado por los periodistas, que durante la reunión del órgano Ejecutivo se ha abordado la posibilidad de alquilar, por parte del consistorio, espacios en la sede de la Cámara de Comercio con el objetivo de trasladar dependencias municipales para ahorrar en esta materia.
   Así, ha resaltado que la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "ha dicho formalmente que sí a la operación", y ha concretado que la intención del equipo de Gobierno es "hacerlo lo antes posibles". El portavoz adjunto ha expuesto que el ahorro de la medida permitiría pasar de los 600.000 euros anuales invertidos en alquiler de dependencias a unos 350.000.
   "La oferta de la Cámara es ahora y ya, y entendemos que es una buena oportunidad que no se podía dejar pasar", ha enfatizo. Igualmente, e interrogado sobre si se habían concretado espacios a incluir en el acuerdo de arrendamiento, ha especificado es un asunto en el que se trabaja desde la mañana de este lunes.
   "La Cámara nos ha remitido una relación de los planos del edificio, planos de planta, y ahora hay que ver los espacios para ver la distribución entre el personal de la entidad y del Ayuntamiento y las posibilidades que hay en base a eso", ha explicado.
   Seva también ha indicado que, dentro del orden del día, se ha validado el proyecto de expediente instruido para la exacción de Contribuciones Especiales, por la mejora del servicio de extinción de incendios en 2013, cuya base imponible asciende a 1,5 millones de euros.
   En este sentido, ha matizado que los sujetos pasivos de este tributo son las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo en el término municipal alicantino, mientras que las cuotas se distribuyen en proporción al importe de las primas que cada entidad recaude.
   Además, y como asuntos ordinarios, se ha aprobado la entrega a cuenta de 150.000 euros como parte de la subvención establecida entre el consistorio y el Club de Baloncesto Lucentum, para el desarrollo de la actividad deportiva durante la temporada 2012/2013.
   Este importe representa el 30 por ciento de la cantidad total acordada --500.000 euros--, y se suma a otros 100.000 --un 20 por ciento-- concedidos anteriormente. Ambas entregas se han llevado a cabo tras las pertinentes solicitudes por parte del presidente de la entidad deportiva.
   Finalmente, se ha validado el abono de los complementos de productividad para los trabajadores del Servicio de Acción Social que intervinieron en la situación de emergencia declarada como consecuencia del desalojo urgente de un edificio en la calle Diputado José Luis Barceló, en el que vivían 157 vecinos. De este modo, se pagarán importes comprendidos entre los 262 y los 1.257 euros en base al excedente horario realizado por los funcionarios que colaboraron en los trabajos.

CCOO denuncia que los tiempos de las listas de espera en el Hospital General se han duplicado en un año

ALICANTE.- La sección Sindical de CCOO en el Hospital General Universitario de Alicante ha destacado que los tiempos de las listas de espera se han duplicado en el último año, debido "al recorte de 20 millones de euros del Plan de Choque, que favorece que los pacientes sufran demoras de hasta un año en recibir la atención que precisan", según ha informado en un comunicado el citado sindicato. 

   CCOO ha recordado que el año pasado existía una demora media de 47 días en este centro hospitalario que afectaba a 373 pacientes, mientras que en 2013 la demora media se ha disparado a 98 días, y afecta a 2.607 pacientes --casi siete veces los pacientes que se veían afectados hace sólo un año--.
   Estas cifras, implican además, que en la práctica 620 pacientes tengan que esperar más de 180 días para ser intervenidos, y en algunas especialidades, las listas de espera superen el año de demora, tal y como ocurre en Traumatología y Oftalmología.
   Ante esta situación, CCOO considera "inaceptable" este "aumento brutal" de las listas de espera, por lo que exige a la Conselleria de Sanitat que "revierta el dinero recortado correspondiente al Plan de Choque a la red pública sanitaria", de modo que "se rentabilicen los quirófanos propios de los hospitales públicos para que puedan funcionar al cien por cien tanto por la mañana como por la tarde".
   "No es ético pretender ahorrar dinero a costa de la salud de los ciudadanos, y es que si aumentan tan desproporcionadamente las listas de espera, los principales afectados serán los pacientes, a quienes se les podría ocasionar graves daños", han señalado las mismas fuentes.
   Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha señalado que "es probable que haya habido un repunte tras la eliminación del plan de choque". No obstante, ha recordado que desde que se adoptó esta medida Sanidad ha impulsado iniciativas para el aumento de la actividad quirúrgica, que en 2012 creció un cuatro por ciento con respecto al año anterior y durante el primer trimestre de 2013 ha crecido un diez por ciento.

El exedil de Fiestas de Novelda niega haber malversado 26.000 € con la organización de la Cabalgata de 2007

ALICANTE.-   El exconcejal 'popular' de Fiestas de Novelda, Ricardo Monzó, ha negado haber malversado alrededor de 26.000 euros de dinero público con la contratación de servicios para la Cabalgata de los Reyes Magos de 2007 a dos empresas que no llegaron a cobrar el importe de las facturas, pese a que éstas constaban como pagadas en el Ayuntamiento de la localidad.

   La fiscal pide para el exedil y para otro de los procesados --entre ellos un agente de Policía Local de Novelda adscrito a alcaldía, que compaginaba su trabajo con una empresa de espectáculos-- una pena de siete años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental para cada uno, así como 11 años de inhabilitación y la indemnización conjunta de unos 26.000 euros a las dos empresas que han resultado perjudicadas por el impago.
   La tercera procesada es una mujer que trabajaba en la empresa de espectáculos del Policía Local, para la cual el ministerio público pide una pena de un año de prisión por falsedad en documento mercantil, acusada de firmar una factura por importe de 12.000 euros con la que el edil justificó la contratación de los animales de la Cabalgata.
   En la primera vista del juicio que se celebra este lunes y martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, tanto el exedil como los otros dos procesados han defendido su inocencia.
   Ricardo Monzó ha explicado que el agente procesado realizó labores de intermediario en la contratación de las carrozas de la Cabalgata de Reyes y en el alquiler de unos animales para el mismo desfile. Por ello, ha asegurado, el día 5 de enero le entregó en mano y en efectivo cerca de 14.000 euros, y el 8 de enero de otros 12.000 euros para que pagara sendos servicios.
   El citado agente, sin embargo, ha mantenido que su papel era "únicamente de chófer" del edil y ha asegurado que "nunca" recibió dinero en efectivo para pagar a nadie. Este mismo funcionario, además, ha explicado que como "chófer" era "habitual" que pagara de su propio bolsillo las comidas en los restaurantes, dinero que después le era devuelto de las arcas municipales.
   En este caso, según ha relatado el funcionario, momentos antes de la salida de las carrozas en la Cabalgata de Reyes, un colectivo vecinal requirió tres de las carrozas para el día siguiente cuando el edil se encontraba ausente.
   Así, ha explicado el agente, él mismo "solucionó el problema firmando un pagaré a la empresa de las carrozas, por 12.000 euros", para garantizar el pago del servicio. En la causa constan otros dos pagarés firmados por él a la misma empresa, sobre los que ha dicho no recordar las circunstancias.
   El exconcejal ha remarcado que desconocía que el agente hubiera firmado ningún pagaré, y que posteriormente se enteró "por la prensa". Monzó también ha recordado que los empresarios le llamaron para reclamarle el impago de las facturas, pero habló con el agente y éste le aseguró que era "un malentendido" y que "todo estaba en orden", por lo que no realizó más averiguaciones al respecto.
   Tampoco realizó "más averiguaciones" el policía cuando, según ha explicado el propio funcionario, detectó un "ingreso de 25.000 euros en concepto de Cabalgata de Reyes' en la cuenta de su empresa de espectáculos. No obstante, sí ha confirmado que esta cantidad se traspasó a otra cuenta "posiblemente para evitar que se cobraran los pagarés" firmados a las dos empresas afectadas, ha indicado.
   Así mismo, la empresa de Aspe que prestó el servicio de alquiler de animales, no cobró el importe superior a 10.000 euros, si bien el concejal de Fiestas presentó una factura por este concepto de la empresa del agente para justificar parte de sus cuentas ante el Ayuntamiento.
   La tercera imputada ha asegurado que ella "simplemente realizaba recados, atendía el teléfono, limpiaba la oficina y hacía recados" para su jefe, el agente de Policía, quien, según ha dicho, le pidió que firmara la factura "que era un documento que no era oficial y que no iba a ningún sitio".
   "Mi función era hacer caso a lo que me pedía" el procesado, se ha defendido la imputada, quien ha aclarado que ella "no llevaba la contabilidad de la empresa y no sabía que era ilegal" lo que estaba firmando.