miércoles, 18 de abril de 2018

Las novedades autonómicas del IRPF y las que vendrán en 2018

MADRID.- La Campaña de la Renta 2017 ha dado el pistoletazo de salida, y los contribuyentes que todavía no hayan confirmado el borrador, tienen hasta el próximo 2 de julio para recabar todos sus datos fiscales que les permitanrendircuentas a Hacienda.

Una de las recomendaciones principales a tener en cuenta son las deducciones que aplica cada comunidad autónoma. Y es que cada región tiene sus propios beneficios fiscales en determinadas materias como la vivienda, el alquiler o la guardería.
Por ello, elRegistro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha recogido en su último documento técnico las nuevas deducciones autonómicas del IRPF que entraron en vigor en 2017 y que deberán ser tenidas en cuenta sus residentes en la declaración de de la renta de este año. Son las siguientes:
  • Islas Baleares: deducción del 15% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años y discapacitados.
  • Cantabria: se amplía el ámbito de aplicación de la deducción de 100 euros por pariente discapacitado en aquellos casos en que el contribuyente conviva con su cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial de grado igual o superior al 65%.
  • Cataluña: derogan la deducción del 7,5% por inversión en vivienda habitual. Con respecto al porcentaje incrementado de deducción del 9% para determinados contribuyentes (jóvenes, discapacitados, etc.), se mantiene, pero se incluye un requisito adicional para su aplicación, que consiste en que la base imponible total menos el mínimo personal y familiar no puede exceder de 30.000 euros.
  • Extremadura: desaparece la deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.
  • Murcia: deducción del 30% por donaciones dinerarias cuyo destino sea la investigación biosanitaria a favor de determinadas entidades.
  • La Rioja: se introduce una deducción de 120 euros por nacimiento o adopción del primer hijo. Se incrementa el porcentaje de deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, que pasa del 7 al 8%. Se introduce una deducción del 5% por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios. Se introduce una deducción del 15% de los gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de los hijos de 0 a 3 años. Se introduce una deducción de 300 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Desaparece la deducción por fomento del autoempleo.
  • Comunidad Valenciana: aprueba la escala con tipos del 10 al 25,5%. Se incrementa del 5 al 20% la deducción por instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas a aprovechar fuentes renovables de energía en la vivienda habitual. Deducción del 20% por obras realizadas en la vivienda habitual, o en el edificio en la que esta se encuentre, siempre que tengan por objeto su conservación o la mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Deducción del 21% por las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales de empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat sobre el Abono Cultural Valenciano.
En 2018 las autonomías también han introducido una serie de novedades de las que podrán beneficiarse los contribuyentes en la declaración del año que viene:
  • Islas Baleares: deducción de 1.500 euros por gastos por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual. Deducción del 75%, con un máximo de 400 euros, por los gastos de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas de alquiler de inmuebles situados en las Islas Baleares destinados a vivienda. Deducción del 15%, con un máximo de 400 euros, de los gastos de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a otra del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena.
  • Canarias: deducción de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Deducción de 100 euros por familias monoparentales, siempre que el contribuyente no conviva con persona distinta de sus descendientes. Deducción del 15% para determinadas donaciones a la Administración pública canaria, empresas culturales, científicas… Se regula una escala para determinar el porcentaje de deducción por donaciones a entidades sin ánimo de lucro (hasta 150 euros un 37,5% y el resto un 15%). Deducción del 10%, con una base máxima de 7.000 euros, de las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles a la rehabilitación energética. Deducción de 100 euros por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Deducción del 10% de los gastos de enfermedad, incluyendo los originados por la adquisición de aparatos y complementos, gafas graduadas y lentillas. Deducción de 500 euros por familiares dependientes con discapacidad.
  • Extremadura: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25%.
  • Galicia: deducción del 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de inmuebles situados en centros históricos, con un límite de 9.000 euros. Deducción del 20%, con un límite de 20.000 euros, de las cantidades invertidas en la adquisición de capital social en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra. Deducción por las ayudas recibidas por los daños causados por los incendios en Galicia durante octubre de 2017.
  • La Rioja: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25,50%. Incrementa los mínimos por discapacidad de descendientes en un 10% (3.300 y 9.900 euros). Deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años cuando la residencia habitual radique en pequeños municipios. Deducción de hasta 600 euros por cada hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infantiles. Deducción del 15% por adquisición de vehículos eléctricos nuevos siempre que pertenezcan a alguna de las categorías definidas en la Directiva 2017/46/CE y cumplan ciertos requisitos (la base de la deducción no podrá superar ciertos límites). Deducción de 100 euros por arrendamiento de vivienda a jóvenes menores de 36 años a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de La Rioja. Deducción del 30-40% de los gastos por acceso a internet para jóvenes emancipados. Deducción del 15-20-25% de los gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico para jóvenes emancipados. Deducción del 15%, con base máxima de 9.000 euros, por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años.

¿Dónde están desapareciendo las sucursales bancarias?


VALENCIA.- La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha aumentado un 34% desde 2008 debido a la reestructuración del sector bancario español, que continúa reduciendo la red de sucursales repartidas por todo el territorio, especialmente en los municipios más pequeños.

Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017 operaban en España 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera.
Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes, mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal.
Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido importante el descenso en Gerona y Tarragona, ambas con un 49% menos de oficinas que en 2008.
También han sufrido descensos las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón (-52 %), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-; Zaragoza (-47%) y Ourense (-46 %), mientras que Cuenca (-17%), Ciudad Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.
El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el análisis, en 2016 se contabilizaron 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España.
Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008 y, en conjunto, representan el 2,7% de la población española, frente al 2% en el año 2008.
Además de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera, ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.
El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población.
Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21 % de las poblaciones. Solo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el análisis del IVIE.
En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.
En el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red llegue a toda España, concluye el análisis.

La cuenca del Segura llega a 312 Hm3 de reserva de agua

MADRID.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 312 hectómetros cúbicos, 15 más que la semana pasada, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. 

Están ya al 27% de su capacidad total y disponen sólo de 60 hectómetros menos que en la misma fecha de año anterior. 

La cabecera del Tajo alcanzó ayer, por su parte, los 593 hectómetros y mantiene un elevado ritmo de aportaciones, al tiempo que se derivan los primeros 20 hectómetros al Segura autorizados por el Ministerio. 

El sistema Entrepeñas-Buendía está al 27%, mientras que la totalidad de la cuenca del Tajo supera el 72%, con 7.934 hectómetros de reservas. 

El Ebro se encuentra al 80,6%, con unas reservas de 6.158 hectómetros. 

A nivel nacional, la reserva hidráulica se sitúa en el 68,6%, con 38.461 hectómetros, cinco más que el año pasado y cerca de la media del último decenio. En la última semana se han recogido otros 1.833 hectómetros.

El trasvase del Tajo permite al Taibilla reducir la necesidad de pozos de sequía

CARTAGENA.- Los 80 municipios adheridos a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) han aumentado su consumo de agua en lo que va de año hidrológico un 4 por ciento, a pesar de la recomendación dada a finales del año pasado para reducir la demanda en un 15 por ciento debido a la sequía.

En un comunicado emitido tras el Comité Ejecutivo de este organismo estatal, en el que están representados los ayuntamientos, la MCT ha detallado que el incremento global hasta el mes de febrero era de un 4 por ciento respecto al mismo periodo del año hidrológico anterior.
Este dato supone un incremento de casi 20 puntos por encima del objetivo marcado, que pretendía lograr que el consumo por parte de los municipios se redujera en unos 30 hectómetros cúbicos hasta septiembre de 2018.
Precisamente, la MCT ha lanzado una campaña de concienciación en los medios de comunicación de la Región de Murcia y la provincia de Alicante bajo el lema 'Agua que malgastes hoy la necesitaras mañana'.
La dirección también ha informado a los miembros del Comité Ejecutivo de los recursos para los próximos meses y los consumos registrados desde el inicio del año hidrológico.
Por otra parte, el trasvase de 20 hectómetros cúbicos para el segundo trimestre del año desde la cabecera del Tajo permitirá a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) reducir la necesidad de recursos extraordinarios, principalmente los pozos de sequía.
Respecto al ámbito económico, la evolución de la deuda de los ayuntamientos ha alcanzado mínimos históricos el pasado mes de febrero debido, en gran parte, que los consistorios de Totana y Moratalla han saldado gran parte de la deuda que tenían con la MCT.
Así, la deuda exigible asciende a 3,2 millones de euros cuando hace un año alcanzaba casi 15 millones y en 2012 llegó a ser de 30 millones de euros. Además, la dirección ha resaltado que el anteproyecto de presupuestos del Estado para 2018 contempla el incremento de gastos corrientes y servicios de la MCT, achacable al mayor gasto presupuestado en energía eléctrica y compra de agua ante la necesidad de tener que producir y comprar un mayor volumen de caudales desalados.
El comité también ha analizado la adjudicación de la impulsión del Ramal de Cieza por más de 8 millones de euros, cuyo objetivo es renovar una antigua conducción de la década de los 60 del siglo pasado para alcanzar una mayor garantía en el suministro al eliminar las frecuentes averías actuales, al tiempo que se mejora la eficiencia hidráulica y energética del sistema.
Las infraestructuras proyectadas incluyen un nuevo depósito de 15.000 metros cúbicos junto a la potabilizadora de Sierra de la Espada, una impulsión y conducción de 6.580 metros y un nuevo depósito de regulación al final de la impulsión de 10.000 metros cúbicos. El plazo de ejecución es de 18 meses.

Vuelven las borrascas para el fín de semana

MADRID.- La húmeda primavera que estamos experimentando no ofrece tregua. Los cielos despejados que podemos esperar en toda la Península y ambos archipiélagos llegan a su fin con la entrada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) por el suroeste el viernes, que dejará cielos nubosos y precipitaciones de distinta intensidad hasta el domingo, según informa la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet).

Jueves
Se espera aumento de la nubosidad en el norte de las islas Canarias de más relieve, con precipitaciones que serán más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de tiempo estable y cielos poco nubosos con desarrollo de nubosidad de evolución diurna en el resto del país. No se descartan algunos chubascos dispersos y ocasionales por la tarde, o incluso alguna tormenta, en el interior de Galicia.
Temperaturas diurnas en descenso en la mitad oriental peninsular, Baleares y, sobre todo, en Canarias. Las nocturnas subirán en la mitad occidental peninsular y bajarán en Canarias. Se esperan intervalos de viento de intensidad fuerte en el oeste de Canarias. En el área del Estrecho e interior de Cádiz levante fuerte con rachas muy fuertes. 

Viernes
En el norte de islas Canarias de mayor relieve se esperan precipitaciones, más frecuentes en la primera mitad del día. En los litorales de Huelva y Cádiz y en las ciudades de Ceuta y Melilla se pueden producir chubascos al final del día ocasionalmente acompañados de tormenta. En el resto del país, se espera que continúen predominando los cielos poco nubosos o despejados, con desarrollo de nubosidad de evolución diurna, sin descartar que se produzcan chubascos débiles, ocasionales y dispersos en Galicia, cordillera Cantábrica, Pirineos y sierras prelitorales del Levante.
En Canarias, las temperaturas descenderán de forma apreciable. En el interior peninsular se espera un descenso ligero. Sin cambios en Baleares y en las zonas litorales. Viento de componente norte en Canarias, con intervalos de fuerte en las islas occidentales. Predominio de la componente este en el resto del país, con Levante fuerte o muy fuerte.

Sábado
Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el suroeste peninsular con chubascos en las provincias occidentales andaluzas, que pueden ser tormentosos y más intensos y frecuentes en el litoral atlántico. Las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas de Andalucía Occidental, Extremadura y ya con baja probabilidad, suroeste de Castilla-León. En el resto de la Península, se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución diurna sin consecuencias. En Canarias también se esperan precipitaciones en el norte de las islas. En Baleares cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas ascenderán en Canarias y buena parte de la mitad este peninsular, y descenderán de forma apreciable en el suroeste. En Baleares se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. El viento será del noroeste en Canarias, con intervalos fuertes en las islas occidentales. Levante fuerte en el Estrecho e interior de Cádiz y en los litorales de Alborán.

Domingo
En el tercio occidental de la Península, nuboso o cubierto, o chubascos y tormentas que en localidades de Extremadura y Andalucía occidental pueden ser fuertes o persistentes. Con menor probabilidad, los chubascos afectarán también al resto de la mitad occidental peninsular. No se esperan en el área mediterránea. En Canarias nuboso con lluvias y chubascos, más probables en el norte de las islas.
Las temperaturas pueden descender de forma notable en puntos del Cantábrico occidental. En el resto, ligeros ascensos o sin cambios. Viento de norte en Galicia y de componente este en el resto de la península, con intervalos fuertes en el sureste. Probablemente remita el Levante del Estrecho.

Moody's sube la nota de la región, que sigue por debajo del aprobado

MADRID.- La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody's subió este miércoles un escalón la nota de nueve autonomías (Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco), en tanto que ha mantenido la de Cataluña lejos del aprobado.

En su informe, en el que también eleva un nivel la nota de Barcelona y Vizcaya, la agencia explica que esta acción es consecuencia de la subida de calificación que aplicó a España el pasado viernes por la fortaleza de la economía y tras haberse mostrado resistente al riesgo asociado a Cataluña.
De esta forma, la provincia de Vizcaya y el País Vasco suben a notable bajo (A3), un nivel por encima de la calificación de España, algo habitual por su régimen fiscal especial.
Barcelona, Castilla y León, Galicia y Madrid quedan en el mismo nivel que España, con un aprobado alto (Baa1), en tanto que Andalucía y Extremadura quedan un escalón por debajo (Baa2 o aprobado).
Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana se quedan un escalón por debajo del aprobado (Ba1) tras la subida de nota, en tanto que Cataluña mantiene la misma calificación (Ba3) a tres escalones del aprobado, con lo que estas cuatro comunidades siguen en la franja del llamado «bono basura».
Moody's ha mantenido la perspectiva estable a todas ellas, salvo a Cataluña, que sigue en perspectiva negativa como reflejo de la incertidumbre política que se mantiene en esta comunidad.

Empleo prepara una nueva ayuda a parados de 430 euros de hasta seis años de duración

MADRID.- El Ministerio de Empleo trabaja contra reloj para intentar alcanzar en los próximos 11 días un acuerdo con comunidades autónomas y agentes sociales sobre la nueva ayuda a los parados de larga duración que sustituirá a los actuales programas complementarios de paro —el Plan Prepara, el Plan de Activación Para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI)—. Esta nueva ayuda consistirá en una prestación única de 430 euros al mes que se denominará Renta Complementaria de Desempleo (RED) y su duración se podrá prolongar hasta seis años, según ha sabido Abc

La premura con la que se trabaja obedece a que el próximo día 30 finaliza la vigencia de la última prórroga del Plan Prepara, por lo que apenas queda tiempo para alcanzar un acuerdo y evitar que ningún beneficiario se quede sin prestación. La idea del Ejecutivo, por tanto, es que la nueva ayuda esté ya en vigor el 1 de mayo.
Después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunos aspectos del Plan Prepara en lo relativo a la distribución de las competencias, el Ejecutivo comenzó a trabajar junto a los interlocutores sociales en el diseño de una nueva ayuda a parados de larga duración —aquellos que llevan más de un año en situación de desempleo— que unificara los actuales programas. 
Con la nueva prestación el Gobierno pretende eliminar cualquier riesgo de conflicto competencial con las comunidades autónomas, por lo que deja claro que se trata de una prestación por desempleo de la Seguridad Social. Es decir gestionada por el sistema.
La ayuda de 430 euros que perfila el departamento que dirige Fátima Báñez amplía la duración del actual subsidio para beneficiarios con responsabilidades familiares. Así la duración máxima pasaría de 30 meses a un máximo de 72 meses. 
Esta ampliación permite dar entrada a los colectivos con responsabilidades familiares que ahora se benefician del Prepara y el PAE, que son a los que afectaría su supresión, y a los mayores de 45 que luego acceden a la RAI.
Según la propuesta que tienen sobre la mesa las regiones, empresarios y sindicatos, para los mayores de 45 el derecho sería de 66 a 72 meses y para los menores de 45 años el derecho sería de 29 a 35 meses. En ambos casos, según la duración de la prestación agotada.
Además, se permitirá el acceso a beneficiarios sin responsabilidades familiares menores de 45 años cuando han agotado una prestación por desempleo igual o superior a 12 meses. La duración en este caso sería de 5 meses.
También se ampliaría la duración del actual subsidio para los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares de los 6 meses actuales (que podría llegar a un máximo de 45 meses con Prepara y RAI) hasta un máximo de 36 meses (se trataría de absorber a los solicitantes de RAI, y compensar los 33 meses a que podrían tener derecho).
Para los que finalizan un trabajo sin cotizaciones suficientes para poder acceder a la prestación contributiva se sustituye el actual subsidio de cotizaciones insuficientes, ampliando su duración y mejorando el régimen de acceso. 
Así, para los periodos cotizados inferiores a 6 meses, se elimina el requisito de responsabilidades familiares. Actualmente se puede cobrar el subsidio 3, 4 y 5 meses por haber trabajado entre 3, 4 y 5 meses respectivamente, pero solo si se tienen responsabilidades familiares.

Ampliación de derechos

La propuesta del Gobierno apunta una ampliación de duración de derechos. Está previsto que los subsidios de 3, 4 y 5 meses pasen a ser de 4, 5 y 6 meses respectivamente (se amplía su duración en un mes) y los subsidios de 6 meses (por haber trabajado más de 180 días y no tener responsabilidades familiares) se amplían 2 meses y pasan de 6 a 8 meses.
Para el caso de los subsidios de 21 meses (por haber trabajado más de 180 días y tener responsabilidades familiares), se amplían 3 meses pasando de los 21 actuales a los 24 meses.
Además con carácter transitorio, en tanto se garantice su protección por la asistencia social, la RED protegería a diversos colectivos que no derivan de la pérdida del empleo. Es el caso de retornados, excarcelados y revisión de invalidez, actualmente protegidos por 18 meses de subsidio, con la misma duración en RED.
Para los colectivos que quedarían desprotegidos por la supresión de la RAI se perfila una ayuda de 18 meses para los retornados de la Unión Europea y de 36 meses para las víctimas de violencia de género (actualmente son 33 meses). Y los mayores de 55 años accederían a la Renta Especial Desempleo en las mismas condiciones que el actual subsidio para mayores de 55.

El FROB baraja vender un 20% de Bankia

MADRID.- La cotización de Bankia no acompaña al FROB para que coloque el 61% que tiene del capital de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Al organismo que preside Jaime Ponce le gustaría desprenderse de las acciones que posee de Bankia antes de que se cumpliera el plazo legal para su privatización, en diciembre de 2019, recoge Cinco Días

Pero también le gustaría, como a Economía, colocar estos títulos como mínimo a 4 euros, precio al que vendió en diciembre de 2017 un 7% de la entidad financiera (el primero del 7,5% lo vendió en febrero de 2014), y pese a todo la operación presentó minusvalías, con las consiguientes críticas de los contribuyentes y distintos partidos políticos. Bankia cerró ayer a 3,69 euros por título, frente a los 4,02 euros de hace un año.
Pero el reloj corre en contra del FROB si no quiere que el Gobierno vuelva a ampliar el plazo de privatización, mientras que el BCE y Bruselas presionan para que el Estado salga ya de su capital. Solo quedan 18 meses para que se cumpla el plazo. El FROB tiene sobre la mesa varios análisis o proposiciones de los bancos de inversión y de la propia cúpula de la entidad, que han testado en las últimas semanas el posible interés de los inversores institucionales por Bankia.
De todas las vías analizadas la que más les gusta es la llevada a cabo por el británico Lloyds, cuya privatización finalizó justo hace un año y con sustanciosas plusvalías para el Estado. Tras realizar dos colocaciones entre inversores institucionales de un 15,8% del capital de Lloyds en septiembre de 2013 y marzo de 2014, el Gobierno se fue deshaciendo del resto de sus acciones con un goteo de ventas en el parqué.
Esta es la fórmula que más les convence de las analizadas. Además, es la que más se adapta a lo que ahora reclaman los inversores institucionales. 
Según admitió el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la junta de accionistas de la entidad los títulos del banco “no están teniendo una evolución positiva” este año, por lo que mejorar su valor es un tema “clave”. 
Un día antes, el banquero y el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicaron que los fondos de inversión aún están muy interesados en la banca española, aunque reconocieron que el interés se centra, en el caso de Bankia, en la compra de paquetes entre el 0,3% al 0,5% como mínimo por inversor, es decir, de unos 100 millones de euros por fondo. 
De esta forma, el reto es colocar entre un 15% a un 20% en el mercado en las próximas ventas. Por debajo de estas cantidades el interés desciende considerablemente.
El precio es otro inconveniente. Los inversores parecen poco proclives a comprar por encima del valor en Bolsa. Conocen la presión por privatizar Bankia, además cada vez que se aleja en el tiempo la esperada subida de tipos de interés también afecta negativamente al valor.

Otras claves

Dividendo. Bankia espera repartir un dividendo de 2.500 millones de euros entre 2018 y 2020, para lo que se apoyara en el exceso de capital para dar una remuneración extra al accionista, principalmente el Estado.
Aportación. Bankia recibió del Estado 22.424 millones de euros, a los que se suman 1.600 millones de BMN. Ha devuelto 2.800 millones, aunque se encuentran aún en la matriz de Bankia, BFA.
Plusvalías. Las arcas públicas británicas obtuvieron un beneficio de 894 millones de libras (1.050 millones de euros) con la operación de salida de Lloyds, incluyendo los dividendos recibidos en los dos últimos años, según explicó el Gobierno británico en mayo de 2017.

De la Serna pide un pacto de Estado a 20 meses de que venza la concesión de la AP-7

VALENCIA.- Tan solo restan un total de 20 meses para que expire la actual concesión de la autopista que recorre de norte a sur la Comunitat. La decisión del Ministerio de Fomento está tomada: no se va a prorrogar el actual acuerdo con Aumar, la filial de de Abertis que gestiona la infraestructura. Pero aún le queda otra medida por adoptar, y no menos importante: ¿Qué hacemos con el peaje de la AP-7?, se pregunta http://valenciaplaza.com

El ministro del ramo, Íñigo de la Serna, subrayó de nuevo este martes su intención de lograr un pacto de Estado con las principales formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas de peaje en España. El dirigente se halla entre la espada y la pared. Los gobiernos autonómicos -entre ellos el Valenciano- presionan para acabar con el pago por el uso de las infraestructuras, pero tal decisión supondría cargar al erario el abultado coste de su mantenimiento, que en la actualidad recae sobre las concesionarias.
Por ello aspira a un pacto de ámbito nacional con el que repartir el peso de una decisión siempre difícil: la de pasar la factura al ciudadano. "No me resisto a pensar que podemos alcanzar un acuerdo sobre un tema que supera los límites de una legislatura", decía, todo pese a que apenas le queda tiempo: la AP-1 Burgos-Armiñón, actualmente en manos de Itínere, vence el 30 de noviembre de este mismo año, de modo que todas las miradas están puestas sobre esta vía, que podría determinar el nuevo modelo para las concesiones que expiran a partir de diciembre de 2019.
El debate está entre licitar nuevas concesiones, que serían más económicas por tratarse de infraestructuras concluidas y consolidadas pero, en consecuencia, mantendrían el cobro de peaje; o bien incorporar las autopistas a la red de carreteras del Estado y cargar su mantenimiento a los presupuestos.
La Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana aporta un dato interesante a este debate. Según subraya su presidente, Manuel Miñés, "la ya insuficiente dotación presupuestaria destinada a Conservación de Carreteras de la Red Estatal en Comunidad" vería incrementado en un 23% su "kilometraje a conservar y mantener" al incorporar los 367 kilómetros de la AP‐7 a los actuales 1.577 existentes.
Es por ello que el organismo considera "inviable" la propuesta de eliminar los peajes. "Siguiendo el principio de 'quien contamina paga' y que es mucho más justo que paguen los usuarios de la infraestructura que todos los contribuyentes" -proponen los contratistas en un informe elaborado al respecto- "convendría sacar a licitación nuevamente y por un periodo máximo de 50 años el servicio de explotación y mantenimiento de la autovía". Eso sí, plantean nuevas tarifas: "Dado que la infraestructura está amortizada se establecería un canon más bajo que el peaje actual".
Los transportistas, por su parte, replican que "quien contamina ya está pagando, y no precisamente una cantidad pequeña". Son palabras del presidente de la patronal del sector Fevet, Francisco Corell, que subraya que la aportación anual en toda España con el impuesto a los hidrocarburos asciende a la friolera de 6.500 millones de euros.
"Además se da la circunstancia de que no se reinvierte en infraestructuras viarias ni el 10% de esta cantidad. Mantener los peajes sería agravar todavía más este castigo a los transportistas", afirma, y agrega que "también representa un agravio respecto a territorios donde se han desarrollado las vías rápidas desde la iniciativa pública sin la implantación de peajes". "Queremos que desaparezca el peaje, nos parece lo más adecuado", resume Corell.
Los argumentos de la Generalitat, defendidos desde el inicio de la legislatura por la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, van en la misma dirección. 
"Deseamos que cuando termine la concesión el 31 de diciembre de 2019 la AP-7 pase a ser libre y gratuita, y además creemos que se debería haber empezado ya a trabajar en los ramales de conexión con el resto de la red de carreteras, unas infraestructuras que deberían estar preparadas para cuando se libere. Fomento no ha avanzado nada en este sentido y ahora le entran las prisas por alcanzar un pacto de Estado", lamentan desde el departamento.

Propuestas intermedias

Entre los dos extremos también hay propuestas intermedias para resolver el dilema sobre el futuro de los peajes en la AP-7. Una de ellas es la de la patronal hotelera de Benidorm y de la Comunitat Valenciana (Hosbec). Su presidente, Toni Mayor, si bien se posiciona a favor de mantener los peajes para salvaguardar "la existencia de una infraestructura viaria rentable y en buen estado de conservación que dé un buen servicio al sector turístico", sugiere "la creación de un bono para los residentes" que compense el mantenimiento de los peajes. Mayor considera que la libre apertura trasladaría a la autopista "problemas como los de los by-pass de València o Alicante, "masificados por el paso de camiones".
Abertis, la propia gestora de la AP-7 a través de su filial Aumar, también sugiere una propuesta intermedia, aunque en este caso más ambiciosa y de ámbito nacional: peajes 'blandos' en toda la red de autovías de España -incluidas también las que ahora no tienen-. "Ahora existe una oportunidad de definir un sistema sostenible y equitativo", indicó hace unos meses el presidente de Abertis, Salvador Alemany. "Con la disponibilidad presupuestaria es difícil que las vías de alta capacidad puedan ser gratuitas", agregó.
El dirigente subrayó además que España es un "isla" en el marco europeo en materia de autopistas y pago por uso. Según indicó, mientras en Francia e Italia el 80% de las vías de alta capacidad son de pago, este porcentaje se reduce en España al 21%.
En esta misma línea, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) ha elaborado recientemente un estudio que también contemplaba la posibilidad de implantar un peaje 'blando' con bonificaciones a los residentes. Esta fórmula, según el estudio, permitiría seguir obteniendo un superávit con la explotación de la vía entre Alicante y València y, descontado el gasto de mantenimiento, liberaría hasta 270 millones de euros para destinar a inversiones en infraestructuras.

La futura Ley contra el Alcohol pide sanciones para los padres de los menores que beban

MADRID.- El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Para que se pueda condonar la sanción, los padres deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa, basadas en la evidencia y con objetivos de prevención y reeducación.
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurados.
Otro de los apartados, propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; e incluso se considera la posibilidad de que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.
Además, se recomienda establecer regulación de horarios de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los 'happy hour' en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras.
Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico - teniendo en cuenta la Directiva Europea - una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud.
Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos, es decir colegios, institutos, centros sanitarios o salas de cine o teatro durante los espectáculos dirigidos a menores, y pone como ejemplo que se establezca el límite en torno a 100 metros lineales del perímetro de centros escolares.
Restringir el patrocinio, o cualquier otra forma de financiación, de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, "beer runners", consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, etc.
En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de bebidas con alcohólico se pide que se establezca un horario infantil en el que no se podrá insertar publicidad de ningún tipo ni en programas emitidos una hora antes o después de ese horario.
El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestran "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".
En informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".
Esto implica "sensibilizar" a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Principales medidas

  • El texto se fundamenta en diez ámbitos siendo el familiar uno de los más importantes, ya que se pretenden establecer mecanismos especiales de detección e intervención en familias con antecedentes de consumos abusivos de alcohol.
  • La futura ley de menores sin alcohol debe tener un carácter "educativo y pedagógico", pero también debe garantizar la protección de los menores, por eso esta ley debe tener un régimen sancionador cuya orientación punitiva y recaudatoria se dirija hacia aquellas personas jurídicas y físicas mayores de edad, que permitan o fomenten el consumo de alcohol por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio.
  • Se propone realizar campañas de concienciación social acerca de los abusos del alcohol y otras adicciones; fomentar otras formas de celebración en fiestas culturales y patronales, con el fin de modificar, pese a su dificultad los hábitos culturales relacionados con el consumo en espacios de ocio, valorando políticas de precio especial de alternativas de ocio para menores y de tal manera, que se faciliten hábitos alternativos.
  • Modificar el logo de "consumo moderado o es tu responsabilidad" por logos más adecuados que no inciten al consumo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota"; y cambiar la consideración de consumo moderado por campañas que adviertan de que el abuso del consumo de alcohol puede provocar adicción y el consumo habitual es nocivo para la salud.

Rajoy promete abordar "de inmediato" la reforma de la financiación autonómica

MADRID.- El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido hoy ante la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a convocar "de inmediato" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy ha pedido a Díaz que facilite el consenso entre el Ejecutivo y el PSOE para hallar un acuerdo a través de la "vía del consenso".


  Rajoy se ha reunido durante algo más de una hora y cuarto en el Palacio de la Moncloa con Díaz y, al término del encuentro, ha hecho público un comentario en su cuenta de Twitter en el que, junto a una foto de la reunión, ha insistido en la necesidad de consensuar el nuevo modelo de financiación.

"Tratamos asuntos prioritarios para Andalucía: inversiones y el sistema de financiación, un modelo -señala- que siempre he defendido reformar por la vía del consenso".

La presidenta andaluza ha expresado su satisfacción por ese compromiso de Rajoy con el que confía que se desbloquee la situación y ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión con voluntad de acuerdo y entendimiento. "Si se quiere, será posible, pero hay que querer hacerlo. De momento, hay un paso importante", ha señalado en referencia a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa reunión ha subrayado que marca el inicio del diálogo, pero ha insistido en que ahora debe haber "voluntad de entendimiento y dinero".

El jefe del Ejecutivo, según Díaz, le ha trasladado una fecha orientativa para esa reunión del CPFF, pero ha remitido a Rajoy y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que sean ellos los que informen al respecto porque cree que sería una falta de respeto que lo comunicara ella. 

Además, ha explicado que Montoro deberá hacer una ronda con los gobiernos autonómicos para exponer el modelo de financiación que proponen. 

Un modelo que, según la presidenta andaluza, Rajoy no le ha trasladado en la reunión de hoy, aunque ella sí le ha expuesto el avalado por la gran mayoría de grupos del Parlamento de su comunidad. 

Tampoco el jefe del Gobierno ha ligado en algún momento de la reunión el nuevo modelo de financiación con la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Díaz ha informado también de que Rajoy se ha comprometido a que en los próximos días el ministro de Fomento y el consejero andaluz de este área se reúnan para intentar alcanzar algún acuerdo en materia de inversiones en Andalucía para trasladarlo después al proyecto de ley de presupuestos.

¿Qué hacer cuando te jubilas? / Guillermo Herrera *

Hay gente que se muere cuando se jubila porque se queda tan descolocada que pierde su propósito de vida, y cuando uno no sabe qué hacer en este mundo simplemente se marcha, abandona su cuerpo físico.
La revista ‘Forbes’ informó que la gente más longeva del mundo son los japoneses que habitan al sur de la isla de Okinawa porque practican un método ancestral llamado ‘ikigai’ que consiste en indagar constantemente cuál es el propósito de cada persona en cada momento de su vida, y seguirlo. Esto los vuelve muy felices y saludables, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer realmente, desde lo más profundo de su alma.
La cosa no es tan sencilla como parece porque a veces hay que conciliar el propósito de vida con el mercado laboral para ganarse el sustento, y no siempre se logra conciliar bien. Pero cuando te jubilas, la ventaja que tienes, es que puedes hacer lo que te dé la gana teóricamente, porque a veces hay obligaciones familiares como atender a los padres mayores con salud delicada o a los jóvenes de la familia que sufren la crisis económica.
Pero aún así puede quedar tiempo libre para dedicarlo a hacer realmente lo que deseas, a cultivar tu pasión si logras encontrarla. La curiosidad insaciable, el interés por aprender, el deseo de realizar alguna obra, nos da fuerza para vivir una vida divertida e interesante. Algunos no lo consiguen y se quedan amuermados como vegetales sentados en un sofá y viendo telebasura. Pero este estilo de vida conduce directamente al cementerio.
Para encontrar sabor a la vida hay que buscar su sentido. No basta con leer un libro de autoayuda que te dé soluciones prefabricadas. Hay que sentirlo desde lo más profundo del ser, como se siente el amor o el odio. Baste con saber que cada ser humano ha venido a este mundo con un propósito distinto y con unos dones o habilidades diferentes. Por eso no podemos copiarnos unos de otros, porque cada uno es único y original en el universo.
Nos hemos pasado la vida haciendo lo que nos decían otras personas: la famila, los profesores, los curas, los jefes, los políticos, la televisión... (yo los llamo “la mafia del alma”) pero raras veces hemos tenido la oportunidad de hacer lo que deseábamos realmente. Ahora que estamos jubilados tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos, y mandar a la porra a todos los que nos han manipulado.
La cuestión es descubrirse a uno mismo y aprender a ser uno mismo para ser lo más libre que se pueda. Es todo un trabajo que requiere empeño y amor para obtener resultados. El premio es la felicidad, la paz y la armonía con la naturaleza.
A veces olvidamos que el ser humano fue creado originalmente para cuidar de los animales y de la naturaleza, y honrar a su Creador y a sus semejantes. Pero nos perdemos cuando maltratamos a personas, animales y naturaleza y nos olvidamos de nuestro Padre Creador. Esto debería ser algo común a todos nosotros, aunque cada uno tenga una vocación diferente.
Yo sólo puedo decir que me siento de maravilla cuando hago lo correcto y que me siento mal cuando me equivoco, pero trato de tomarlo como una lección valiosa en lugar de atormentarme. Es muy común que nos atormentemos por los errores cometidos en el pasado, pero hay que aprender a perdonarse uno mismo y agradecer a la vida la oportunidad que nos ha dado de aprender de nuestros errores y volvernos más sabios. Unas veces acertamos y otras veces aprendemos, pero nunca es tiempo perdido.
Lo más difícil es perdonar a nuestros enemigos y agradecer todo lo que nos han enseñado, porque un enemigo enseña más que un amigo. Si nos damos cuenta del daño que también hemos podido hacer a otros seres seríamos menos severos con los que nos han dañado. Pero todo eso ha pasado y ya no existe. Por lo tanto lo importante es aprender a vivir el presente lo mejor posible.
Este decreto de Saint Germain me enseñó a borrar el pasado: “Yo soy la magna llama violeta consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado, su causa, su núcleo, y toda creación innecesaria de la cual sea responsable mi ser externo.”



(*) Periodista

martes, 17 de abril de 2018

Ocho funcionarios de la C. Valenciana piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

VALENCIA.- El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha informado hoy de que ocho funcionarios de diferentes administraciones de la Comunitat Valenciana han solicitado acogerse al estatuto del denunciante tras revelar posibles casos de corrupción. 

Llinares ha presentado hoy en la comisión de Economía de las Corts la Memoria de la agencia correspondiente al ejercicio de 2017, durante el cual la agencia estuvo en funcionamiento sólo en el último trimestre.
El año pasado la agencia aprobó una resolución de protección a un funcionario, un secretario-interventor de administración local, según ha detallado Llinares.
Hasta la fecha no se ha aprobado ningún expediente sancionador (la Agencia puede aplicar multas de hasta 400.000 euros), si bien Llinares ha lamentado actitudes "no especialmente positivas" por parte de ciertas administraciones a las que se ha pedido información, unos hechos que quedarán reflejados en la próxima memoria, ha apuntado.

El pleno de investidura para la sucesión de Echávarri se celebrará este jueves

ALICANTE.- El pleno de investidura del sucesor del socialista Gabriel Echávarri como alcalde o alcaldesa de Alicante se celebrará el próximo jueves a partir de las 9.30 horas, según han informado fuentes de la alcaldía.

La alcaldesa accidental y candidata del PSPV-PSOE, Eva Montesinos, precisa de 15 votos para presidir la corporación municipal, y para ello necesita el apoyo de, al menos, uno de los dos concejales no adscritos o tránsfugas: Nerea Belmonte (ex de Guanyar) o Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos).
Esto es así después de la previsible negativa del PP a respaldar su opción y al rechazo expresado por los cinco concejales de Ciudadanos.
En caso de que Montesinos no logre el apoyo de Belmonte o Sepulcre, los anunciados apoyos de su grupo, el PSPV-PSOE, y de sus ex socios de gobierno, Guanyar y Compromís, le serán insuficientes y el alcalde sería el 'popular' Luis Barcala, por ser el PP el partido más votado en las elecciones municipales de mayo de 2015.
La corporación municipal alicantina está formada por 8 concejales del PP, 6 del PSPV-PSOE, 5 de Guanyar y Ciudadanos, 3 de Compromís y los dos no adscritos.

Los españoles creen que hay el triple de inmigrantes respecto al número real

LUXEMBURGO.- Los recientes resultados del Eurobarómetro han revelado que varios países europeos sobreestiman el número de inmigrantes que hay en su país respecto a la cifra real. Así ocurre en Italia, Portugal y España, donde su percepción es de que más de un 20% de la población en territorio nacional es de nacionalidades extranjeras.

Sin embargo, los datos reales contrastan con estas estimaciones porque el porcentaje más alto de extranjeros se encuentra en España con un 8.8% respecto al 23,2% que perciben los locales. 
La mayor diferencia es para los italianos, que piensan que un 24,6% de la población es inmigrante cuando en realidad es solamente un 7%, según los datos de las instituciones europeas. 
En Portugal, el dato de la percepción enfrenta a un 20,5% de sensación frente a un 6,2% de realidad.
Esta percepción exagerada podría deberse al impacto de las noticias sobre la llegada de extranjeros a las costas, rescates o peticiones de asilo.

La Autoridad Fiscal prevé un desvío del déficit de tres décimas por el rescate de las autopistas

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que España acabará este año con un déficit del 2,5%, lo que supone tres décimas por encima del objetivo del 2,2%. La mayor parte de ese desfase se debe al rescate de las autopistas de peaje, que tendrán un coste de 2.000 millones (dos décimas de PIB). Si no se tiene en cuenta ese gasto, el organismo considera que el límite pactado con Bruselas sería «factible pero muy ajustado». 

Así lo ha expresado el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso en la que consideró «prudente» la previsión de crecimiento del 2,7% para 2018 contemplada en las cuentas públicas.
En concreto, el responsable del organismo fiscalizador ha criticado el reparto «inadecuado» de los objetivos de déficit por las distintas administraciones al considerar que «no se ajusta a la realidad». 
En este sentido, Escrivá ha explicado que el mayor desfase se producirá en la administración central, que casi duplicará su objetivo de déficit fijado en el 0,7% hasta el 1,3% si se incluye el importe del rescate de las autopistas.
En cualquier caso, ha considerado «plausibles» la estimación de los ingresos y gastos del Estado. De hecho, la AIReF ve «factible» el incremento de la recaudación tributaria del 6% fijada en los Presupuestos a pesar de la rebaja del IRPF. En este sentido, estima que el impacto de esta medida será de 900 millones en 2018 y 1.300 millones en 2019.
La Seguridad Social será la otra administración que incumplirá el objetivo al situare en el 1,5% frente al objetivo del 1,1%. Es decir, un agujero del sistema similar al del pasado año y que se sitúa en los 17.000 millones. 
De hecho, el sistema recibirá una inyección de 15.000 millones procedentes del Tesoro para pagar la paga extra de los pensionistas. Y eso que la Autoridad Fiscal ha considerado que las previsiones de ingresos de cotizaciones contempladas en los Presupuestos de 2018 son «por primera vez realistas» al situarse en un repunte del 5,4%, aunque «ligeramente por encima» del 5% de la estimación de la AIReF.

El gasto de las CCAA en servicios públicos se aproxima al récord histórico registrado en 2009


MADRID.- Las comunidades autónomas acaban de cerrar un largo y complicado ciclo fiscal, después de registrar un déficit público del 0,32% del PIB en 2017, muy similar al existente en 2003, justo antes de iniciarse los peores momentos de la burbuja inmobiliaria, tal y como explica Fedea en un estudio publicado el pasado lunes y recoge Libertad Digital.

En estos 15 años se pueden distinguir tres grandes fases a nivel presupuestario: entre 2003 y 2007, las CCAA se mantienen cerca del equilibrio presupuestario; con la llegada de la crisis, en 2008, los saldos presupuestarios autonómicos se deterioran muy rápidamente hasta alcanzar un déficit máximo del 5,1% del PIB en 2011; y tras ese año, las cosas comienzan a mejorar, aunque con ciertos altibajos hasta volver en 2017 a un saldo presupuestario del 0,32% del PIB nacional, muy similar al de partida.
Ahora bien, si se analiza la evolución de ingresos y gastos medido como porcentaje del PIB, se observa que en 2003 y 2007 ambas partidas crecen a un ritmo similar, manteniendo así un cierto equilibrio fiscal; entre 2007 y 2009, los gastos se disparan, mientras que los ingresos se desploman debido, en parte, al resultado de las abultadas liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica (se recauda mucho menos de lo que preveía el Gobierno), lo que se traduce en un rápido aumento del déficit; tras 2011, este efecto atípico desaparece y el déficit comienza a reducirse, aunque a un ritmo decreciente hasta 2015; y, finalmente, en 2016 y 2017 la reducción del déficit se acelera en un contexto de rápido crecimiento del PIB y aún mayor de los ingresos.
Como resultado de todo ello, los ingresos de las comunidades autónomas terminan en 2017 medio punto de PIB por encima de su nivel de partida, mientras que el gasto, igualmente, es hoy medio punto superior al existente en 2003.
Los más relevante, sin embargo, consiste en analizar el gasto y los ingresos autonómicos por habitante medidos a precios constantes (descontando la inflación), ya que este indicador sirve para reflejar el nivel de la prestación de servicios públicos a nivel autonómico antes y después de la crisis, evidenciando así el alcance y la profundidad real de los recortes aplicados en los últimos años.
Así, tras un fuerte incremento tanto de los ingresos como de los gastos reales de las CCAA en la primera mitad del período analizado, ambas magnitudes se reducen abruptamente durante la crisis, aunque con un cierto retardo, para estabilizarse después e iniciar una recuperación en los últimos años. De este modo, si bien en 2017 el gasto real por habitante estaba todavía lejos de los máximos alcanzados en 2009, superaba en 380 euros al registrado en 2003 (+13%), mientras que los ingresos aumentaron en 410 euros (+14%) durante el mismo período.

Pero dentro del gasto total se pueden distinguir tres grandes partidas:
  • La inversión pública (gastos de capital), que se reduce rápidamente durante la segunda mitad del período, hasta situarse en torno a la mitad de su valor inicial.
  • El gasto en intereses, que se triplica en pocos años como resultado de la rápida acumulación de deuda y de la subida de la prima de riesgo. Pese a ello, esta partida se reduce sustancialmente a partir de 2014 (en torno a 4.000 millones de euros), gracias al rescate financiero orquestado por el Gobierno central mediante los mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA, fondo de pago a proveedores, etc.).
  • Y el gasto corriente neto de intereses, donde se incluyen los gastos de personal, la compra de bienes y servicios y las transferencias corrientes, abarcando, por tanto, el grueso de los servicios y prestaciones públicas que gestionan las regiones. Esta partida registra a partir de 2009 una caída mucho más modesta que el gasto total y, de hecho, comienza a repuntar en 2013 para situarse en 2017 a niveles de 2008, acercándose ya al pico alcanzado en 2009.Así pues, a pesar de los manidos recortes que se afanan en denunciar sindicatos y partidos de la oposición, el informe elaborado por Fedea deja claro que la famosa austeridad no ha sido tal. En la actualidad, el gasto destinado a la prestación de los servicios públicos básicos por parte de las CCAA se mantiene en niveles precrisis y está a un paso de recuperar el máximo histórico registrado en 2009.
    La inversión real por habitante se ha reducido a menos del 60% de su valor inicial en el conjunto del país y en 13 de las 17 comunidades autónomas, aunque se observa una tímida recuperación en 2017.
    Los indicadores de gasto total y especialmente de gasto corriente muestran, por el contrario, una evolución bastante más positiva. El gasto corriente por habitante, neto de intereses y calculado a precios constantes, es superior al observado en 2003 en al menos un 12% en todas las regiones españolas, situándose en promedio un 25% por encima de esta referencia, y a poca distancia de recuperar el récord alcanzado en 2009.
    Por último, Canarias, Valencia y Andalucía son las comunidades en las que menos ha crecido el gasto total en el conjunto del período, mientras que el País Vasco, Cataluña y Aragón presentan los mayores crecimientos acumulados. Cataluña es la comunidad que menos ha recortado la inversión, seguida del País Vasco, mientras que Castilla la Mancha y Valencia son las que más lo han hecho.

Oltra a Toni Cantó: "Mientras usted cobraba de Canal 9 con el PP, yo luchaba contra el saqueo"

VALENCIA.- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no ha dudado en contestar, a través de su cuenta de Twitter, a la pregunta al aire lanzada por el diputado de Ciudadanos Toni Cantó. Cantó concedió una entrevista a Levante-EMV, publicada ayer, en la que se cuestiona "si Mónica Oltra pagó sus camisetas (reivindicativas) con dinero negro". 

La afirmación la hizo en el contexto de la investigación sobre la presunta financiación irregular al PSPV y al Bloc en la campaña electoral de 2007 destapada hace tres semanas. 
"Eso lo pregunta porque mientras usted cobraba por programas de Canal 9, de tertuliano de Ràdio 9 y por dirigir el VEO en plena borrachera de poder del PP, yo luchaba contra la corrupción y el saqueo. Y todo eso con el coste personal y familiar que supuso", le respondió Oltra a Cantó.

Bankia saca una cartera de fallidos de 250 millones, que incluye activos y créditos de BMN

MADRID.- La banca española pone el cartel de venta a créditos y activos adjudicados valorados en más de 17.000 millones. Éste es el balance de operaciones que las entidades han sacado al mercado en las últimas semanas, tras las dos últimas de Santander y Bankia, según www.vozpopuli.com/.

La entidad presidida por Ana Botín se ha sumado a la fiebre de operaciones con el 'Proyecto Wembley', con el que negocia desprenderse de créditos fallidos valorados en entre 400 y 500 millones de euros.
Por su parte, Bankia está ofreciendo a los fondos oportunistas una cartera de 250 millones también en préstamos fallidos, dentro del 'Proyecto Vera', según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli
Esta operación de la entidad nacionalizada es la primera en la que se incluyen activos y créditos de BMN, entidad que forma parte del balance del grupo desde finales de 2017. Así fue también con la venta del 'Proyecto Beetle', con 400 millones en activos problemáticos, según El Independiente.

Presión del BCE

El acelerón que la banca está dando a la desinversión de carteras de activos problemáticos, tras cerrar un año récord en 2017 con las macroventas de Santander con Blackstone -del ladrillo del Popular- y BBVA con Cerberus. En total, el año pasado se traspasaron carteras por valor de 61.000 millones.
Estas ventas responden a la presión cada vez mayor del BCE para que las entidades saquen de su balance todos los activos heredados de la crisis, con planes individuales para cada grupo y penalizaciones en caso de no cumplir objetivos.
Al margen de las nuevas operaciones de Santander y Bankia, la entidad que está llevando la delantera es Banco Sabadell. El grupo tiene ya en mercado dos carteras por valor de 3.300 millones y está estudiando sacar otras dos por valor de 7.500 millones.
Sareb también tiene en marcha y bajo estudio varias carteras, por un importe de unos 3.200 millones. CaixaBank y Cajamar suman otros 1.000 millones entre las dos.
Fuentes del mercado consultadas subrayan que no es frecuente un ritmo así de alto de desinversiones en el primer semestre, lo que puede llevar al sector a marcar otro año en cifras muy altas. Aunque será complicado igual un récord de 2017 marcado por la resolución de Banco Popular.

El BCE y Bruselas instan al Gobierno a acelerar la privatización de Bankia

MADRID.- Tras su última visita a España para evaluar el rescate financiero, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) reconocen la mejora de eficiencia y la reducción de improductivos en el sector bancario español, pero vuelven a pedir al Gobierno que acelere la privatización de Bankia y tome medidas para mejorar la gestión de la Sareb, según recuerda Invertia.

El BCE y Bruselas han emitido un comunicado en el que detallan las conclusiones de su visita a España del pasado 9 de abril para evaluar el sistema financiero español tras el rescate. Aunque las instituciones destacan la mejora de eficiencia del sistema y la reducción de activos improductivos, insisten de nuevo en que "completar la privatización de Bankia, ya fusionada con BMN, y los planes de desinversión de fundaciones bancarias en cajas de ahorros reforzará aún más el sistema bancario español".
Aún así, el BCE reconoce que la fusión de ambas entidades y la venta del pasado mes de diciembre de un 7% del banco por parte del FROB ha sido el "último paso de reestructuración del sistema". 
Ambas instituciones destacan en el comunicado la "cómoda" situación de liquidez de la que disponen las entidades financieras españolas, con una reducción continuada de préstamos fallidos (NPLs) en balance y acercando la cifra de morosidad a la media europea, "incluyendo a bancos con niveles elevados de activos antiguos". 
El texto indica además que desde el rescate, el sector ha mejorado notablemente sus modelos de negocio y eficiencia, "incrementando la concesión de nuevos préstamos" a la economía.
Tanto el BCE como la Comisión se han mostrado satisfechos con el sólido crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, advierten que los elevados niveles de deuda pública y privada, así como el desempleo, "siguen representando debilidades". Según indican, "es importante que España ponga en marcha medidas políticas para garantizar un crecimiento duradero y lograr un mayor crecimiento de la productividad".
Así, recomiendan al Gobierno nuevas iniciativas para reducir el desempleo, lograr mayor inclusión en el mercado laboral, así como mejorar la capacidad de innovación de la economía. 
"España debería aprovechar la oportunidad que brindan las condiciones económicas favorables para buscar la consolidación fiscal, con el objetivo de asegurar una reducción decisiva en la deuda pública y reconstruir colchones que permitan superar cualquier conmoción adversa", indican en el comunicado.
Las instituciones publicarán el informe definitivo de la novena revisión en las próximas semanas y la décima revisión tendrá lugar en otoño.

Radiografía del entramado societario de 'Amazon' en España

MADRID.- La red societaria de Amazon en España pagó sólo cuatro millones de euros por el impuesto de Sociedades en 2017. La compañía de retail, eso sí, insiste a El Español que paga “todos los impuestos que se requieren en cada país donde opera”, incluido España.

“El impuesto de sociedades tiene en cuenta los beneficios, no los ingresos, y los beneficios se han mantenido bajos debido a las fuertes inversiones y al hecho de que el comercio minorista es una actividad altamente competitiva y de bajo margen. Amazon ha invertido más de 500 millones de euros en España desde 2011 y, actualmente, emplea a más de 2.000 personas", subraya un portavoz de la compañía a este periódico.
La cifra de negocios de las diferentes sociedades que la tecnológica posee en España ha ascendido hasta los 289,3 millones de euros durante el pasado 2017. Esta cifra supone un notable crecimiento ya que, durante 2016, Amazon facturó 110 millones de euros.
Para poder descifrar y desgranar el estado financiero de la multinacional en España hay que echar un vistazo a sus cuatro empresas que tiene: Amazon Spain Fulfillment, Amazon Spain Services, Amazon Web Services y Amazon Online Spain. Pero, a pesar de ello, no se puede saber con exactitud ya que también tributa en Luxemburgo a través de una filial.
Hasta mayo de 2015, Amazon facturaba sus ventas minoristas en España desde Amazon EU, con sede en Luxemburgo, para reducir al mínimo sus impuestos, ya que su fiscalidad es mucho más laxa que en el resto de Europa. Esta filial, a día de hoy, sigue siendo la que realiza la facturación de las ventas minoristas y es, básicamente, la madre del cordero. 
No obstante, Amazon EU estableció en el mes de mayo de 2015 varias filiales en algunos países europeos, incluido España. La filial española, Amazon EU Sarl Sucursal, es la que realiza el grueso de las ventas, pero es imposible descubrir cuánto factura realmente. 
¿Por qué? Amazon EU no desglosa, en las cuentas que deposita en Luxemburgo, los ingresos de sus sucursales en cada país, que además no tienen obligación de presentar localmente sus cifras en los respectivos registros mercantiles.
Amazon Spain Fulfillment: Es la principal sociedad que tiene la compañía en nuestro país de entre las que rinden cuentas. Esta filial es la correspondiente a la logística, es decir, a las diferentes plantas que tiene la multinacional en España para el manejo de paquetes. En ella destaca la de Barcelona o la de San Fernando de Henares, que tantos problemas le está ocasionando últimamente.
En 2017 facturó más de 211.450.000 de euros y obtuvo unos beneficios de 3.497.526 tal y como se extrae de los últimos datos depositados en el Registro Mercantil.
Esta empresa cuenta con 1.460 empleados y pertenece a Amazon EU, que controla el 100% de la sociedad. Durante 2017 pagó 2.077.369 de euros en concepto de impuesto de Sociedades.
Amazon Spain Services: Esta empresa es la encargada de dar cobijo a las divisiones de marketing y asesoramiento legal y fiscal. Al igual que su hermana de logística, pertenece al 100% a Amazon EU. Durante 2017 facturó un total de 45,9 millones de euros y, a diferencia que Amazon Fulfillment, obtuvo unas pérdidas de 868.000 euros. En la actualidad, la empresa consta de 440 trabajadores y pagó al fisco español un total de 531.000 euros.
Amazon Web Services: Es la segunda sociedad más pequeña de las que tiene Amazon en España, con 61 empleados. A través de ella, la compañía ofrece servicios de datos en la nube a diversas empresas españolas. Su facturación ascendió a 14,5 millones y declaró 379.410 euros en impuesto de Sociedades. En todo caso, el grueso de la facturación generada a clientes españoles se realiza fuera de España, como sucede habitualmente con servicios online.
A pesar de ser poco importante en el tamaño de sus trabajadores, el crecimiento ha sido vertiginoso, al igual que el del resto de empresas españolas de Amazon. Por ejemplo, en 2014 apenas facturaban dos millones de euros. Al igual que Amazon Spain Services, también arrojó pérdidas de 339.357 euros, según los datos depositados en el Registro Mercantil.
Esta compañía está controlada por una sociedad distinta a la del resto: es propiedad al 100 % de A100 Row Inc., con sede en Países Bajos.
Amazon Online Spain: Apenas consta de 26 personas dedicadas a la publicidad de Amazon en España. Esta compañía facturó un total de 17.443.794 euros. Al igual que Amazon Web Services y que Amazon Spain Services tuvo pérdidas de 244.619 euros. La empresa pagó a Hacienda un total de 128.551 euros.
La compañía de Jeff Bezos logró unas ganancias de 3.000 millones de dólares a lo largo del 2017, un 20% más que en el año anterior. En el último trimestre del año pasado, la compañía tuvo unos ingresos de 1.900 millones, frente a los 749 millones que registró en el mismo período de 2016.
Estos datos son contradictorios con el sistema -totalmente legal- que tiene montado para ahorrarse un buen pellizco en impuestos. Tres de las cuatro sociedades obtuvieron pérdidas y la única que declaró ganancias (Amazon Spain Fulfillment), apenas llegó a los tres millones y medio de euros, lo que significa que ‘sólo’ ganó 2.045.550 euros dentro de nuestras fronteras.
El Pleno del Congreso debatió la semana pasada una proposición no de ley del PP en la que reclama al Gobierno un mayor control sobre la fiscalidad de multinacionales de comercio, precisamente como Amazon, con el fin de proteger los intereses del comercio minorista. Los 'populares' aseguran que estos comercios están en desventaja ante una "competencia fiscal desleal" respecto a las grandes multinacionales del comercio digital.
Concretamente, el PP cree que hay que  seguir impulsando medidas contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales, en el marco del debate de foros internacionales tanto de la UE como de la OCDE.
El Partido Popular cree que empresas como Amazon crean poco empleo y que la contribución al fisco español es limitada. "Se caracterizan por el uso de una ingeniería fiscal que les permite establecer sus domicilios fiscales en países de menor tributación dentro de la Unión Europea, beneficiándose de una cierta competencia desleal", explicaron en el Congreso de los Diputados.
La Comisión Europea prepara nuevas medidas que cambiarán drásticamente la situación. ¿La más importante? Un impuesto del 3% sobre ingresos generados por actividades digitales, incluyendo la publicidad online y la venta de datos de los usuarios. Se aplicará a empresas con ingresos globales mayores de 750 millones de euros.

Los pantanos de la cabecera del Tajo siguen almacenando reservas de agua por lluvia y nieve hasta los 569,98 Hm3


GUADALAJARA.-Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han ganado durante la pasada semana 80,28 hectómetros cúbicos en sus reservas llegando a almacenar un total de 566,44, hasta colocarse al 22,89 por ciento de su capacidad -que asciende a 2.474 hectómetros-, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El embalse de Entrepeñas ha ganado 40,99 hectómetros en esos siete días y hasta almacenar 259,65 de los 835 que puede embalsar; mientras que el de Buendía subió 39,29 y almacenó 306,79 de los 1.639 hectómetros cúbicos que puede contener.
Sin embargo, Entrepeñas y Buendía han subido 83,98 hectómetros hasta hoy para dejar las reservas en los 569,98 hectómetros cúbicos. De esta forma, la cabecera del Tajo se queda en el 23,06 por 100 de los 2.472 hectómetros que se pueden almacenar en los dos pantanos, según los últimos datos de SAIH Tajo hoy mismo.
Y es que la última ha sido una semana de intensas lluvias, así como de nevadas en toda la zona del Alto Tajo, lo que ha dejado gran cantidad de agua fluyendo por los ríos que van a parar hasta los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Por ejemplo, el río Guadamejud, que desemboca en el embalse de Buendía, presentaba una imagen que llevaba años sin verse, dado que su caudal ni siquiera llegaba hasta el pantano.
Además, el Tajo a su paso por Trillo, justo antes de comenzar a formar el embalse de Entrepeñas, presenta una imagen que, si bien tiene poco que ver con la crecida del Ebro, sí que se podía ver su abundante caudal.
Por el Guadiela, el principal río que forma el embalse de Buendía, también fluye con un importante caudal que ronda los 50 metros cúbicos por segundo.
El embalse de Entrepeñas ha subido 42,71 hectómetros cúbicos en los últimos días y se encuentra en el 32,59 por 100 de su capacidad total de 802 hectómetros. El pantano tiene exactamente 261,03 hectómetros cúbicos.
Por su parte, el embalse de Buendía ha incrementado sus reservas en 41,27 hectómetros. El pantano ha alcanzado el 18,9 por 100 de su capacidad con 308,94 hectómetros cúbicos.
Los embalses de la cabecera del Tajo hace un año presentaban una imagen totalmente diferente a la actual. La de 2017 fue una primavera muy poco lluviosa y desde el mes de marzo comenzó su agonía que se extendería hasta el mes de marzo de 2018.
En la misma semana que la actual, pero en 2017, los embalses estaban sobre los 400 hectómetros, el mínimo bajo el cual no se puede trasvasar agua al Levante.
Contenían exactamente 414,94 hectómetros cúbicos, que quedaban divididos en 161,11 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y 253,83 en Buendía.
Sin parar ni un instante, desde el lunes pasado el Acueducto Tajo-Segura está transfiriendo agua desde la cabecera del Tajo hasta el Segura a una intensidad de 10 metros cúbicos por segundo, un caudal que es muy similar al que se deja fluir por el río tras el embalse de Bolarque, la puerta del trasvase y la salida al curso natural del Tajo tras su paso por los embalses de la cabecera.
Hay que recordar que el Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura establece una reserva mínima de agua no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos, por lo que la cantidad actual de agua embalsada seguiría asegurando ampliamente los envíos al Levante.

Aportaciones de 161 m3 por segundo 

Los ríos que forman Entrepeñas y Buendía, el Tajo en el primer caso y el Guadiela en el segundo, llegan a los pantanos a un ritmo de 161 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal que fluye tras el paso por estos dos embalses es de tan solo 8,33 metros cúbicos por segundo, un aforo parecido al que se marcha hasta el Segura a través del canal de trasvase, que asciende a los 10 metros cúbicos por segundo, a fecha de lunes 16 de abril a las 18:00 horas.
Exactamente, el Tajo a su paso por Trillo lleva 92 metros cúbicos por segundo y el Guadiela fluye a casi 69 metros cúbicos por segundo, tal y como se puede comprobar en SAIH Tajo. Sin embargo, el aforo que luego es devuelto al río apenas supera los 8 metros cúbicos por segundo.
Además, a este caudal que llevan los dos ríos que confluyen en el embalse de Bolaque, hay que sumar el flujo de agua que llega hasta la cabecera a través de otros afluentes, como es el caso del río Guadamejud y el río Mayor, los cuales conectan con el embalse de Buendía con una cantidad de agua que no se recordaba en años.
En el punto de medición del Guadamejud en La Peraleja, cuando todavía le queda un trecho para unirse con el pantano, el caudal es de 6,19 metros cúbicos por segundo, mientras que el Mayor, aunque es menor, lleva 1,17 metros por segundo.
Desde que se abriesen las compuertas del trasvase hace una semana, por el Acueducto Tajo-Segura no ha dejado de fluir el agua. Lo ha hecho a un ritmo de 10,10 metros cúbicos por segundo, tan solo con ligeras variaciones decimales, según se extrae de los datos de la plataforma online de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
El primer punto en el que se mide el caudal una vez que el Tajo abandona Bolarque es en la localidad guadijeña de Almoguera. Según los datos consultados este lunes 16 por la tarde, por ahí el río tan solo lleva 8,33 metros cúbicos por segundo.
Aún así, ese caudal es mayor que el que llega a Aranjuez, antes de unirse con el Jarama. Ahí el Tajo fluye a un ritmo de 7,71 metros cúbicos por segundo.
La última semana en Entrepeñas y Buendía ha sido buena en lo que se refiere a sus reservas. Han incrementado su volumen en casi 84 hectómetros cúbicos y eso que por el canal del trasvase no ha dejado de salir agua desde el lunes anterior.
Esta nueva situación fluvial podría propiciar que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente incremente los trasvases aprobados para mayo y junio hasta los 38 hectómetros cúbicos.

El Banco de España alerta del coste del envejecimiento de la población

MADRID.- El Banco de España lanzó ayer una importante advertencia sobre el notable impacto que el envejecimiento de la población tendrá en las finanzas del país: el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga se incrementará «entre 1,5 y 2 puntos anuales de PIB durante las próximas tres décadas, alcanzando un máximo superior al 21% del PIB en torno a 2050», recuerda hoy El Mundo.

Esto supone que, si se tiene en cuenta el PIB de 1,2 billones de euros proyectado por el Gobierno para 2018, el gasto por estos tres conceptos aumentará en más de 24.000 millones de euros en el mencionado periodo. Pero es que, además, en este cálculo hay que tener en cuenta que el propio Producto Interior Bruto (PIB) seguirá creciendo en los próximos años, por lo que la cifra se verá incrementada ampliamente en siguientes ejercicios y esos más de 24.000 millones se podrían quedar incluso cortos.
Por ello, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, recalcó, durante su comparecencia ante la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, que «el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto en el medio y largo plazo» supone «un reto de primer orden para la sostenibilildad de las finanzas públicas».
El principal responsable de esta aumento será, evidentemente, el incremento en el gasto en pensiones. Y es que a pesar de las medidas introducidas por el Gobierno, como el factor de sostenibilidad, el repunte en el número de pensionistas y el derecho a unas mayores prestaciones van a seguir disparando el coste. En este sentido, Linde señaló que la tasa de sustitución que es la relación entre la última nómina y la primera pensión de jubilación es una de las más elevadas a nivel internacional. Por ello, subrayó que «es necesario encontrar un equilibrio entre estas tasas y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema».
De esta manera, el máximo responsable del Banco de España volvió a pedir que se acometan reformas de calado sobre el sistema de la Seguridad Social, algo que ya he hecho en más de una ocasión defendiendo, entre otros aspectos, la necesidad de fomentar los planes de pensiones privados.
Por otra parte, Linde criticó la «pobre e insuficiente evolución salarial» que se está registrando en España, y apuntó que lo sueldos no suben al nivel que sería deseable. Añadió, además, que esta es una situación que «ocurre en toda la zona euro», y reconoció que es un tema de discusión en los encuentros que celebra en instituciones internacionales.«Se discute en las reuniones bimensuales del Banco de Pagos de Basilea».
Profundizando en los efectos negativos de la pobre evolución salarial, el responsable del organismo expuso que esta situación «está retrasando la normalización de la política monetaria» en el conjunto de Europa, ya que el hecho de que los ciudadanos tengan una menor capacidad adquisitiva dificulta que la inflación suba a los niveles que pretende el Banco Central Europeo (BCE) y su presidente, Mario Draghi.