Estos son los principales puntos del acuerdo migratorio de la Unión Europea

MADRID/ROMA/BERLÍN.- Estos son los principales puntos de acuerdo sobre inmigración cerrados por la reunión del Consejo Europeo celebrado este pasado jueves:

1. Por lo que respecta a la ruta del Mediterráneo central, deben seguir intensificándose los esfuerzos para poner freno a los traficantes de personas que operan desde Libia u otros lugares. A este respecto, la UE seguirá apoyando a Italia y otros Estados miembros situados en primera línea. 

Asimismo, intensificará el apoyo al Sahel, a la guardia costera de Libia y a las comunidades del litoral y del sur, y fomentará en mayor medida condiciones de acogida humanas, retornos humanitarios voluntarios, la cooperación con otros países de origen y tránsito, así como el reasentamiento voluntario. 

Todos los buques que operan en el Mediterráneo deben respetar la legislación aplicable y no obstaculizar las operaciones de la guardia costera de Libia.

2. En relación con la ruta del Mediterráneo oriental, se necesitan más esfuerzos para aplicar la declaración UE-Turquía en su totalidad, evitar nuevos cruces desde Turquía y detener los flujos. El Acuerdo de readmisión UE-Turquía y los acuerdos bilaterales de readmisión deben aplicarse completamente de forma no discriminatoria con respecto a todos los Estados miembros.

Apoyo a España

3. En vista del reciente aumento de los flujos en el Mediterráneo occidental, la UE apoyará, con medios financieros y de otra índole, todas las iniciativas que emprendan los Estados miembros, especialmente España, y los países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para impedir la migración ilegal.

4. El Consejo Europeo pide al Consejo y a la Comisión que estudien con prontitud el concepto de plataformas regionales de desembarque, en estrecha cooperación con los terceros países correspondientes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estas plataformas deben funcionar distinguiendo cada situación particular, respetando plenamente el Derecho internacional y sin crear un efecto llamada.

Centros controlados de inmigración

5. En el territorio de la UE, de conformidad con el Derecho internacional, es preciso hacerse cargo de las personas a las que se rescata, partiendo de un esfuerzo compartido, trasladándolas a centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de manera voluntaria, en los que una tramitación rápida y segura permitiría, con el pleno apoyo de la UE, hacer una distinción entre los migrantes irregulares, a los que se retornará, y las personas necesitadas de protección internacional, a las que se aplicará el principio de solidaridad.

6. El Consejo Europeo acuerda desbloquear el segundo tramo del Mecanismo para los refugiados en Turquía y, al mismo tiempo, transferir 500 millones de euros de la reserva del 11.º FED al Fondo fiduciario de emergencia para África.

7. Tenemos que elevar a un nuevo nivel el alcance y la calidad de nuestra cooperación con África, lo que no solo precisará de más financiación para el desarrollo sino también de la toma de medidas para crear un nuevo marco que haga posible aumentar sustancialmente la inversión privada tanto de africanos como de europeos.

8. El Consejo Europeo recuerda la necesidad de que los Estados miembros garanticen el control efectivo de las fronteras exteriores de la UE con apoyo financiero y material de la UE. Subraya también que es necesario aumentar considerablemente los retornos efectivos de migrantes irregulares.

9. Debe conseguirse un consenso sobre el Reglamento de Dublín con el fin de reformarlo manteniendo un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, y teniendo en cuenta a las personas a las que se desembarque a raíz de operaciones de búsqueda y salvamento.

El ministro del Interior italiano se mantiene en su postura de mantener las puertas cerradas 

El viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha recordado este domingo que el 'Open Arms', que rescató a 59 inmigrantes en aguas del Mediterráneo, no desembarcará en Italia y ha reivindicado su política de puertos cerrados "hasta que los contrabandistas se cansen".
"Este es el tercer barco de una ONG extranjera que pone rumbo a un país distinto a Italia. Después habrá un cuarto, un quinto y así sucesivamente, hasta que los contrabandistas se cansen", ha afirmado durante un acto de su partido, la Liga, en Pontida, al norte de Milán.
"Los puertos para quienes ayudan a quienes trafican con seres humanos están y seguirán estando cerrados", ha subrayado Salvini, según recoge el portal de noticias italiano ADNKronos.
Salvini también ha respondido al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico (Movimiento 5 Estrellas), quien ha defendido la acogida de inmigrantes rescatados. "Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero hay un gobierno que hace y un ministro que hace", ha apostillado.
En cuanto al acuerdo sobre inmigración alcanzado en el Consejo Europeo, Salvini lo ha calificado de "primer paso" y ha destacado que "finalmente, las propuestas italianas se han debatido".
 Sin embargo, considera que "estamos a la mitad del trabajo".
"Si la acogida es voluntaria para otros, también debe serlo para nosotros", ha argumentado.
Sobre las elecciones europeas del año próximo, Salvini ha destacado que pueden servir para cambiar Europa.
"Serán un referéndum entre la Europa de las élites, la banca, las finanzas, la inmigración y la precariedad y la Europa de los pueblos, del trabajo, de la tranquilidad, de la familia y del futuro", ha destacado.
En ese sentido ha defendido ampliar el alcance de la Liga a nivel internacional para construir "una alianza que dé a 500 millones de ciudadanos un futuro diferente".

El ministro del Interior alemán 
rechaza el acuerdo migratorio

El ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, aseguró hoy en la reunión de la cúpula del partido que preside, la Unión Socialcristiana (CSU), que los acuerdos europeos sobre inmigración no satisfacen sus exigencias, informó hoy el diario Bild.
Esto podría agravar el actual enfrentamiento de la CSU con la canciller de Alemania, Angela Merkel, por la cuestión migratoria y, en último término, podría provocar la caída de la coalición de gobierno en Berlín.
Seehofer se pronunció de esta forma en la reunión de la cúpula de la CSU que comenzó hoy a las 15.00 hora local (13.00 GMT), en la que se debe dirimir si los acuerdos que logró Merkel en Bruselas durante el último Consejo Europeo son suficientes como para no ejecutar su amenaza de cerrar la frontera a inmigrantes ya registrados en otros países de la Unión Europea (UE).
Sin embargo, Merkel consideró poco antes en una entrevista en la televisión pública ZDF que lo obtenido en el Consejo Europeo tenía "efectos equivalentes" a la medida unilateral que proponía la CSU.
"Podéis debatir ahora sobre todo, pero no de que tenemos una solución alternativa de efectos equivalentes", dijo Seehofer según el diario alemán.
El ministro de Interior alemán, expresidente del estado federado de Baviera, consideró que las medidas adoptadas por los Veintiocho no van a tener el mismo efecto que los rechazos en la frontera, que son "insuficientes", y que pueden incluso favorecer un incremento en las llegadas.
Según el diario Bild, Seehofer aseguró también ante sus correligionarios que la reunión que mantuvo anoche con Merkel en la Cancillería fue "ineficaz".
La posición definitiva de la CSU se dará a conocer al término de la reunión de la cúpula, a partir de las 18.00 hora local (16.00 GMT).
La revuelta se podría cerrar si los conservadores bávaros aceptan lo acordado en Bruselas -aunque con matices-, con lo que Merkel salvaría una de las peores crisis en sus doce años al frente del Gobierno alemán.
Pero si la CSU considera insuficiente la declaración europea y ejecuta su amenaza de cerrar las fronteras, la canciller se podría ver abocada a cesar a Seehofer por desobediencia, lo que podría provocar la salida de los bávaros del Gobierno alemán y la ruptura de su alianza de décadas con los conservadores de Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU).
En los medios alemanes se especula incluso con la propia dimisión de Seehofer o con que la canciller convoque una moción de confianza, lo que pondría a la CSU entre la espada y la pared.

Decepción entre las ONGs con los acuerdos sobre migración de la Unión Europea

BRUSELAS.- Asociaciones de derechos humanos y ONGs han expresado su decepción ante los acuerdos alcanzados esta semana en Bruselas por la Unión Europea (UE) en materia de migración y han abogado por una política migratoria “justa y humana”.

En sendos comunicados, oenegés como Save The Children, Alianza por la Solidaridad, Oxfam Intermón, Cáritas Europa y Unicef han lamentado que se haya perdido una ocasión para crear un sistema de asilo unificado.

Save the Children ha criticado que los jefes de Estado no hayan conseguido “elevarse por encima de sus intereses nacionales” y no hayan establecido “una dirección clara en la política migratoria europea”.

Las propuestas referentes a centros de control voluntarios y centros regionales de desembarco siguen siendo “vagas y generan serias dudas sobre la detención de los niños y sus familias”, según Save The Children, que ha considerado que los solicitantes de asilo deberían seguir teniendo acceso pleno a los derechos que les garantizan la Convención de Ginebra y la legislación europea de asilo.

Sobre el sistema de plataformas de desembarco, esta ONG ha opinado que “no están claras las localizaciones de dichas plataformas ni tampoco las condiciones a las que estarán sometidas las personas que lleguen a estos centros”.

Save the Children teme que puedan convertirse en centros de detención de facto, y que suponga “otra experiencia traumática más para los niños y niñas que acaban de pasar por una travesía tan difícil y peligrosa”.

Alianza por la Solidaridad ha considerado que el Consejo Europeo “hace de Europa una fortaleza más infranqueable”.

Los líderes europeos han hablado de solidaridad entre los países, pero lo que prevalece es “la plena externalización de las fronteras, más que la protección de las personas y un avance serio para conseguir una política migratoria común que regule los flujos migratorios de manera legal y segura para las personas”, según esta ONG.

“Los fondos asignados al objetivo principal de controlar los flujos ponen en peligro los derechos de las personas, que deberían ser la principal preocupación de una Europa solidaria”, ha destacado Alianza por la Solidaridad, que ha opinado que las plataformas regionales de desembarque no pueden realizarse sin el consenso de los países africanos involucrados.

Oxfam Intermón cree que la UE “debería haber abordado los defectos de nuestro actual sistema de asilo para dar una respuesta efectiva y humana a la migración, y no sólo para reaccionar a las disputas políticas internas”.

“La migración bien gestionada y un sistema de asilo eficaz van más allá de los centros de desembarco, y son parte esencial de una economía y una cultura europeas sanas”, según Oxfam Intermón.

Ha señalado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a defender los derechos humanos de las personas que se desplazan y a impulsar vías legales y seguras con mecanismos de reasentamiento y debería haberlo propugnado en lugar de ceder ante las presiones de otros estados miembros que abogan por crear centros cerrados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Cáritas Europa ha deplorado que “la Europa fortaleza prevalezca sobre una Europa acogedora”.

“El miedo a la migración ha llevado a los líderes de la UE a centrarse en un mayor control fronterizo y la externalización de las políticas de asilo y migración”, ha señalado Cáritas Europa.

Respecto a la plataforma regional de desembarco, ha advertido de que en ese mecanismo se debe respetar la Convención de Ginebra y la Convención Europea de Derechos Humanos, y proteger el derecho de asilo en los Estados miembros de la UE.

Por otra parte, Unicef ha hecho una declaración en la que insta a la UE y a los Estados “a actuar coordinados, unidos y a tiempo para salvar las vidas de los niños refugiados y migrantes antes de llegar a Europa, así como a abordar la incertidumbre e inseguridad que soportan a su llegada”.

Los centros de desembarco deben ser instalaciones abiertas que proporcionen una primera acogida, una tramitación rápida y un acceso fácil y efectivo a una reubicación rápida de los niños y sus familias en otros lugares adecuados, ha argumentado Unicef, que ha pedido que los menores nunca sean detenidos debido a su estatus migratorio o el de sus padres.

Los carniceros franceses piden ayuda al Gobierno para frenar a los activistas veganos tras seducir a medio país

PARÍS.- Los carniceros franceses han pedido protección policial al Gobierno frente a los defensores de los derechos de los animales. Afirman que su seguridad está amenazada y que los veganos tratan de imponer al país su estilo de vida libre de proteínas animales, según crónica de https://www.eldiario.es.

En una carta dirigida al ministro del Interior, la Federación de Carniceros Franceses señala que los activistas atacan los comercios con sangre falsa y pintan grafitis en las fachadas. Asegura que el aumento de la cobertura mediática en torno al veganismo está amenazando la seguridad de los carniceros.

La carta asegura que a los 18.000 carniceros de Francia les preocupan las consecuencias de la "excesiva publicidad mediática en torno al estilo de vida vegano", y que los veganos quieren "imponer su estilo de vida a la inmensa mayoría de la población". 

"Confiamos en su labor y en el apoyo de todo el Gobierno para poder frenar lo antes posible la violencia física, verbal y moral", indica la carta.

En abril, los activistas atacaron siete carnicerías de la región de Hauts-de-France, en el norte del país, y las rociaron con sangre falsa. En el sur de Francia se registraron otros incidentes.

También en el norte del país, un carnicero y un pescadero se encontraron con que alguien había roto los cristales de los escaparates de sus establecimientos, y escrito el eslogan "detener el especismo".

Los proveedores de carne no son los únicos que se han enfrentado a la ira de los defensores de los derechos de los animales.  El año pasado un vendedor de quesos de Lyon denunció que alguien había pintado en la fachada de su tienda las palabras "la leche es violación" y "la leche es asesinato".

"Condenamos toda clase de violencia", indica Sébastien Arsac, del grupo pacifista L214, que hace campaña en contra de la explotación animal y que recientemente ha divulgado documentales que han tenido una gran difusión sobre las prácticas en los mataderos franceses.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que las ventas de carne están disminuyendo y que no son los veganos (el 5% de la población) los que amenazan el negocio sino la mitad de la población del país, que se está planteando la posibilidad de reducir el consumo de carne.

Algunas voces han insinuado que los carniceros están utilizando unos cuantos incidentes aislados para hacerse publicidad.

Jean-François Guihard, un carnicero de la Bretaña y presidente de la Federación de Carniceros, señala que no pide que cada una de las carnicerías sea custodiada por un policía pero sí cree que el gobierno debe vigilar a los que llama grupos veganos "extremistas".

Preguntado por el periódico Le Parisien si está en contra de todos los vegetarianos, Guihard dijo: "Claro que no. Si no quieren comer carne, es su elección. Solo queremos que la gente respete nuestro oficio y a nuestros clientes, que son la mayoría de los franceses. Los vegetarianos son una pequeña minoría".

Ante la disminución de las ventas de carne, en las últimas semanas los grupos de agricultores han presionado al gobierno centrista de Emmanuel Macron para evitar que se impulsen medidas "anticarne".

El Parlamento rechazó una propuesta que contemplaba exigir a las escuelas que ofrezcan una comida vegetariana al menos una vez a la semana. Los productores de alimentos de origen animal también han luchado para prohibir el uso de los términos "bistec", "filete", "tocino" y "salchicha" para referirse a productos no cárnicos.

Las bolsas de plástico empiezan a cobrarse desde hoy hasta su prohibición en 2021

MADRID.- La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico de un solo uso, cuyo precio oscilará entre los 5 y los 15 céntimos de euro, es un paso intermedio para desincentivar su consumo, ya que la prohibición total de las mismas entrará en vigor en 2021.

España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria a partir de este 1 de julio, según establece el Real Decreto que regula la prohibición total de las bolsas de plástico y que el Gobierno anterior aprobó el pasado 18 de mayo.

La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico de un solo uso, cuyo precio oscilará entre los 5 y los 15 céntimos de euro, es un paso intermedio para desincentivar su consumo, ya que la prohibición total de las mismas entrará en vigor en 2021.

Durante la presentación del Real Decreto, la entonces ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina explicó que desde 2021 quedarán prohibidas todas las bolsas ligeras (entre 15 micras y 50) y las muy ligeras (menos de 15 micras) que no sean biodegradables.

Desde este domingo, únicamente no se cobrarán las muy ligeras, que se utilizan en los alimentos por “razones de higiene y para fomentar el consumo a granel, y evitar sobreenvases y el desperdicio alimentario”.

En concreto, en el caso de las bolsas de espesor inferior a 15 micras el precio será de 5 céntimos de euro por bolsa; en las bolsas de entre 15 y 49 micras, de 15 céntimos de euro por bolsa; en las de 50 o más micras, el precio será también de 15 céntimos de euro por unidad y en aquellas con un espesor igual o superior a las 50 micras, con contenido igual o superior a un 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%, el precio será de 10 céntimos de euro por bolsa.

Otro paso intermedio llegará en enero de 2020 cuando de acuerdo con el Real Decreto se prohibirán las bolsas de plástico fragmentables que Tejerina definió como “especialmente dañinas” porque tienen aditivos y un mayor impacto y las muy gruesas, que deberán llevar un 50 por ciento de plástico reciclado.

Inicialmente, la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico estaba prevista para enero de 2018, aunque posteriormente se retrasó al 1 de marzo, fecha en que volvió a quedar en suspenso a la espera del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.

La normativa contempla también una campaña de sensibilización con información para los usuarios así como un registro de productores, con el fin de evaluar y dar cuenta de cómo España cumple con los objetivos.

Este registro estará adscrito al Ministerio, ahora de Transición Ecológica, y contará con una sección dedicada a fabricantes e importadores de bolsas de plástico con el fin de cumplir con la obligación de remitir la información sobre las bolsas que se ponen en el mercado a la Comisión Europea y así conocer la evolución y la efectividad de las medidas que se pongan en marcha para, en su caso, plantear nuevas soluciones.

En la última década, España ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, según datos del sector.

ONGs piden más pasos

Al respecto, la ONG Amigos de la Tierra confía en que la prohibición de la gratuidad de las bolsas de plástico de un solo uso a partir del domingo tendrá en España “efectos positivos” para terminar con la contaminación por plástico.

La ONG lleva años exigiendo su prohibición y considera que la norma se queda aún a medio camino ya que se ha perdido la oportunidad de promocionar la reducción real de residuos o de apostar por las alternativas reutilizables y duraderas, como las bolsas de tela, los capazos o los carritos.

La ONG denuncia que pese a los avances de la normativa, esta sigue ahondando en el modelo de usar y tirar ya que permite que las bolsas se sustituyan por bolsas biodegradables, lo que en su opinión, traslada el problema de un material a otro y lamenta que la medida llega “demasiado tarde” aunque insiste en la necesidad de poner en marcha propuestas para reducir la contaminación de plástico procedente de diferentes envases y productos desechables, por la gravedad del problema.

“Llevamos años reclamando medidas efectivas para eliminar las bolsas de plástico de un solo uso y otros productos como platos, vasos, cubiertos, y reivindicando alternativas reutilizables. El real decreto de bolsas es un primer paso en este camino, pero debería haber sido más ambicioso”, ha insistido la responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, Alodia Pérez.

Asimismo, un conjunto de ONG ambientales y de consumidores, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra, CECU, Desnuda la Fruta, Fundació Deixalles, Greenpeace, Orgánico, NastidePlastic, Red Ecofeminista, Asociación Residuo Cero Región de Murcia, Retorna, Surfrider España y Vivir Sin Plásticos advierte de que el Real Decreto sigue fomentando el uso de bolsas compostables, que pueden contener plástico y seguir generando problemas ambientales.

Precisamente, el fin de la gratuidad tiene lugar dos días antes del Día Internacional Sin Bolsas de Plástico (3 de julio) y estas organizaciones piden que el Real Decreto vaya más allá de lo establecido para combatir el problema. 

Bajo el hashtag #YoUsoMiBolsa, la alianza anima a los ciudadanos a sumarse a la demanda en sus redes sociales y no se utilicen bolsas de plástico sino una bolsa reutilizable en los establecimientos.

Balance de un mes; llegada de Sánchez y traición de Soraya / José Oneto *

Esta tarde de domingo se cumple un mes del triunfo de la moción de censura presentada en el Parlamento contra el presidente Mariano Rajoy y la llegada a la Moncloa del socialista Pedro Sánchez, el primero que llega no a través de unas elecciones, sino utilizando un mecanismo constitucional de censura que nunca había triunfado antes en España.

En este breve plazo de un mes Pedro Sánchez ha formado un Gobierno de un notable nivel; ha conseguido la prórroga de los Presupuestos del Estado, unos prepuestos fruto del trabajo del Gobierno anterior; ha dado los primeras pasos para una Ley de Eutanasia; ha entrado con buen pie en Europa con la acogida del barco ‘Aquarius’; ha asistido al primer Consejo Europeo de la mano de la canciller Merkel a la que le ha hecho promesas de ayuda sobre la emigración, para evitar la ruptura de la Coalición de Gobierno, e intenta, tras la aprobación de un Decreto Ley, introducir discutidos cambios en la Radio y Televisión públicas con propuestas de nombres impuestas por Pablo Iglesias que, a la hora de escribir esta crónica, no habían sido aceptadas, ni por los profesionales del Ente ni por los partidos con los que el actual presidente llegó al poder, especialmente el PNV.

En una semana, de una forma inesperada, la política española ha experimentado un cambio radical hasta el punto que Mariano Rajoy ha abandonado todo el poder en el Gobierno y en el partido, se ha  incorporado a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola (prepara el traslado a Colmenar Viejo, Madrid), ha convocado un Congreso extraordinario para los días 20 y 21 de julio para la elección de sucesor en la Presidencia del partido y ha dejado en Génova una sensación de orfandad que tiene a la mayoría de los militantes, sorprendidos y desconcertados.

La crónica publicada el sábado en este mismo digital, firmada por Rafael Halcón da claves interesantes sobre lo que pasó en vísperas de la moción de censura, cómo Bermúdez de Castro preparó el decreto de disolución del Parlamento convocando elecciones (hay una filtración que provoca que Sánchez  adelante, en horas, la presentación de la censura, sin esperar la reunión de la Ejecutiva), cómo la vicepresidenta, por todos los medios, intenta que dimita Rajoy para ser ella la candidata a la Presidencia del Gobierno, cómo conecta con el PNV para asegurarse el voto de los vascos, para una salida de emergencia y cómo, mientras el círculo de confianza reunido en torno a Rajoy en el restaurante Arahy, ella desde su escaño, y con el bolso puesto ya en el escaño vacío del presidente, intenta que el PNV convenza a Rajoy de que dimita.

Pero Rajoy, ya conoce las maniobras de la, hasta entonces, persona de toda su confianza y corta toda comunicación con fuera. Sólo ordena que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se traslade al Parlamento para que todos sepan que no tiene la menor intención de dimitir para evitar la censura. La Traición de Soraya no cuaja (Rafael Halcón revela que no es la primera vez que lo intenta)  y Rajoy, por primera vez, en lo que es la historia del Partido Popular, se va sin utilizar el ‘Dedazo’. 

Ni siquiera le transmite al gallego Nuñez Feijoo, el mínimo apoyo para que de un paso adelante de cara a la sucesión. Su entorno guarda silencio ante la gravedad de muchas cosas que están ocurriendo. Solo filtran que Rajoy ha hecho un misterioso comentario sobre quien, en algún momento pensó que podía sucederle, especialmente cuando Rajoy le envía a Berlín (coincidiendo con el WhatsApp a Barcenas de que aguante)  para que la conozca la canciller Merkel por si tiene que dimitir :”Esa, está… en lo que está”.

Ese es el clima en el que hereda el poder Pedro Sánchez y en el que tendrá que manejarse un PP en crisis que no se sabe cómo saldrá de las complicadas primarias en las que se encuentra y con unos aliados que le van a pedir “el oro y el moro”. 

Los independentistas y Pablo Iglesias, convertido, de hecho, en vicepresidente en la sombra, y en mediador para todo, ya han empezado. Todo depende de su capacidad de maniobra pero sabiendo o debiendo saber que como decía el clásico, “lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible …”

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/07/01/balance-de-un-mes-llegada-de-sanchez-y-traicion-de-soraya/

Continúa el goteo de facturas fuera de contrato en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La práctica de realizar pagos a empresas por servicios que se prestan sin adjudicación previa está muy lejos de atajarse en el Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que Intervención considera esto como una práctica al borde de la legalidad (e incluso en algunos casos «no ajustada a derecho», como ya informó El Mundo), la Administración local sigue teniendo un goteo constante de facturas a dedo.

En la Junta de Gobierno Local de esta semana se han sumado dos nuevos informes a los cinco que pasaron durante las fiestas de Hogueras, en esta ocasión por los conceptos de mantenimiento de zona verdes e instalaciones deportivas (unos 5.354 euros) y la organización de trabajos de jardinería y recogida de sillas de la Explanada (33.362).
En ambos casos el interventor municipal indica lo siguiente: «Este tipo de expediente supone el reconocimiento de la realización de una actuación no sujeta a las normas de procedimiento administrativo».
Y en el tema del mantenimiento de zonas verdes pide al «órgano gestor» que adopte «las medidas oportunas para evitar que esta situación se repita».
Más duro ha sido con la jardinería y recogida de sillas. Ahí exige «al órgano de contratación» que inste «al centro gestor para que tramite el expediente de contratación, con el fin de revertir una situación irregular que se repite desde mediados de 2016 y evitar que esta situación continúe».
En este caso el responsable del área de Jardines era Víctor Domínguez (Guanyar, recién dimitido de la corporación por hacer pagos en Medio Ambiente a un militante de EU sin hacerle un contrato), y el de Contratación Natxo Bellido (portavoz de Compromís, ahora en la oposición).
¿Por qué se producen este tipo de gastos? Pues básicamente porque el órgano gestor encargado de sacar a tiempo los contratos no lo hace, y el consistorio se ve obligado a recurrir a una empresa a dedo para prestar el servicio.
Normalmente este tipo de actuaciones vienen acompañadas con informes de los técnicos de cada área que justifican la necesidad de saltarse el procedimiento habitual, y en los que se defiende la necesidad de prestación del servició aún cuando no se haya licitado un contrato. El visto bueno final, sin embargo, es el del interventor, quien hasta ahora ha emitido el informe favorable pero con las advertencias previas de que la Administración local debe de atajar este tipo de prácticas.

Imputada la cúpula empresarial que construyó el circuito de Fórmula 1 en Valencia

VALENCIA.- La decisión de Ricardo Costa de colaborar con la Justicia y poner al descubierto los desmanes de la era Camps ha salpicado ahora a la cúpula empresarial nacional y autonómica.

La juez que investiga si las obras para construir el circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia estaban adjudicadas antes de que se iniciaran los procesos a empresarios que pudieron obtener beneficios del PP a cambio de inyectarle dinero, acaba de imputar a todas las empresas que participaron en la construcción.
Carmen García Mingo quiere que expliquen si, como denuncia Costa, pagaron a cambio de recibir la adjudicaciones para poder participar en los trabajos del circuito. 

En una providencia a la que ha tenido acceso El Mundo la magistrada cita en calidad de investigados a los representantes legales de las principales constructoras, algunos de ellos ya condenados por corrupción. 

Entre ellos destacan Rafael y Tomás Martínez Berna -propietarios de Hormigones Martínez SA y viejos conocidos de la Justicia puesto que acaban de ser condenados por la financiación ilegal del PP de Francisco Camps- y a José Mayor Oreja -hermano del exministro y ex directivo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- a quien Costa acusa de pagar una 'mordida' de 150.000 euros en su propio despacho.
También se sentarán ante la magistrada el representante legal de Construcciones Luján, a quien Costa desvinculó en su declaración del circuito delictivo; el de la UTE FCC-Pavasel-Becsa, los representantes de la UTE OHL-Luján-Ecisa. 

También ha requerido a Cyes, Elecnor, Iberdrola Distribución Eléctrica y a Werser Seguridad y Custodia SL.
Además, quiere conocer el testimonio de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo, condenados ya en Gürtel. El motivo por el que la instructora quiere tomarles declaración como testigos, tal como se refleja en la providencia, radica en que el parecer quiere incorporar a la causa una manera de proceder muy similar a la que investiga: la caja B del PP que, presuntamente, se financiaba con el dinero fuera del circuito legal de empresarios de la construcción. Las declaraciones están previstas para el próximo mes de septiembre.
Esta causa, que continúa secreta, parte de otra denuncia de Ricardo Costa ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo. Se da la circunstancia de que a pesar de que el exsecretario general del PP valenciano admite haber participado en los hechos -aseguró que Mayor Oreja sacó dinero en su despacho para poder participar en la construcción del circuito automovilístico- está en la causa en calidad de testigo.

Soraya intentó tres veces la dimisión de Rajoy para ser investida presidenta del Gobierno

MADRID.- El pasado miércoles 24 de mayo nada mas hacerse pública la sentencia de Gurtel –que el Gobierno conocía de antemano- Mariano Rajoy empujado por Soraya Sáenz de Santamaría se había planteado disolver las Cortes en el Consejo de Ministros del viernes 25 y la convocatoria de las elecciones anticipadas ante el riesgo de la moción de censura que pedía Pablo Iglesias y Pedro Sánchez meditaba. El equipo de Santamaría tenía preparado dicho decreto para la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral, según revela hoy www.republica.com/

La intención de Santamaría (que vio tocado a Rajoy con las amenazas de Bárcenas si su esposa Rosalía entraba en prisión y el riesgo de censura) era aprobar el viernes 25 la disolución de la Cortes, porque unas elecciones inmediatas le garantizaban a ella ser la candidata a la investidura con un Rajoy en retirada y sin tiempo para un Congreso o debate interno en el PP. 

Pero Pedro Sánchez, alertado de la maniobra de disolución de las Cortes por un ‘astuto mensajero’, se adelantó y sin esperar al debate interno de su partido presentó a las 10 de la mañana del viernes 25 la moción de censura que triunfó en la votación del 1 de junio y le condujo a la presidencia del Gobierno.

Sin embargo y una vez en marcha la moción de censura Santamaría volvió a la carga para provocar la dimisión de Rajoy, suspender así la moción de censura y abrir un proceso de investidura donde ella sería la candidata del PP con apoyo del PNV y Cs. 

Para ello Soraya pidió al PNV que animara a Rajoy a dimitir con la garantía de que este partido apoyaría su investidura, porque las inmediatas consultas del Rey con los partidos políticos no darían tiempo a un debate interno o Congreso del PP para nombrar otro candidato. 

Pero Rajoy y Cospedal habían descubierto las maniobras de Santamaría y habían hecho otros cálculos sobre la ‘aritmética parlamentaria’ como lo explicó Cospedal en el Congreso el jueves 31 de mayo por la tarde cuando anunció que Rajoy no pensaba dimitir, mientras Soraya ya había colocado su bolso en el escaño de Rajoy como si ese territorio le perteneciera. 

Y fue en la famosa comida y larga sobremesa con muchas copas de Rajoy en el restaurante madrileño Arahy donde Rajoy denunció a Soraya ante los presentes (Cospedal, Dolors, Báñez, Ayllón y Martinez Castro) afirmando que Santamaría llevaba ya mucho tiempo ‘dedicada a sus cosas’. Lo que se interpretó por los presentes como un reproche a sus ambiciones personales. 

Y fue también en dicho almuerzo donde Dolores Cospedal, en defensa de sus propias ambiciones sucesorias de Rajoy, expuso su oposición al riesgo de unas elecciones anticipadas (si dimitía Rajoy y el Rey no lograba una investidura) diciendo que en dichos comicios, como lo anunciaban todas las encuestas, Cs barrería al PP del mapa español.

Y a partir de ahí Rajoy decidió no dimitir porque ello además significaba  que asumía la corrupción del PP. Y dio paso a Pedro Sánchez y más tarde anunció que dejaba la presidencia del Partido Popular y la vida política tras convocar un Congreso del partido para la elección de su sucesor. 

De esa manera, Rajoy cortó de raíz todas las maniobras de Santamaría. Las que además tenían precedentes conocidos por él durante las negociaciones de su investidura a finales de 2016. Tiempo en el que la intrigante Soraya había movido en distintas instancias las influencias de su vicepresidencia para que Rajoy se retirara y ella pudiera ser la candidata a la investidura, con el argumento de que su presencia haría más fácil el voto favorable de Cs y PNV y la abstención del PSOE. 

Dos movimientos utilizó Soraya a finales de 2016 para intentar la retirada de Rajoy en favor de su candidatura: el poder económico y el mediático. Y fue así que Santamaría animó, por persona interpuesta, al ex presidente de Telefónica y del Consejo de Competitividad del Ibex, Cesar Alierta a decir a Rajoy para que diera un paso atrás por el ‘bien de España y la estabilidad económica’. 

Lo que Alierta transmitió a través de la esposa de Rajoy Elvira Fernández, empleada de Telefónica y lo que indignó a Rajoy y puede que estuviera en el origen de la posterior dimisión de Alierta en Telefónica. 

En ese tiempo la jefa de gabinete de Santamaría, la no menos intrigante María Pico, habría visitado a un poderoso editor de un diario nacional y amigo personal de Rajoy para sugerirle lo mismo de la operación Alierta: que le pidiera a Rajoy que le diera paso a Soraya, pero el editor rechazó semejante maniobra diciéndole a Pico: ‘yo no soy un felón’. 

Naturalmente ambas gestiones, fueron conocidas por Rajoy, indignaron al presidente que se mantuvo en sus trece como ganador de las elecciones de 2016 y logró la investidura, con apoyo de Cs, PNV y abstención del PSOE.    

Pero ya le vio las garras afiladas a su vicepresidenta Santamaría. A la que poco después le quitó la portavocía del Gobierno y ‘la desterró’ a Cataluña a hacerse cargo del incontrolable desafío catalán, que Soraya empeoró con su incapacidad política, por no aplicar el 155 el día 7 de septiembre y por no impedir el referéndum del 1-O.

Pero la gata ambiciosa de las garras afiladas volvió a la carga a finales del pasado mes de mayo, no sin antes haber colaborado en la caza de otros de sus posibles adversarios a la sucesión de Rajoy. 

Como ocurrió con Aguirre, Gallardón , Cifuentes e incluso Feijóo. El que, finalmente, no fue candidato a la sucesión de Rajoy por temor -según se cuenta en el PP- a la posible información privada que podía manejar Soraya del CNI sobre su anterior amistad con el narco Marcial Dorado. 

Una Soraya que está bajos muchas sospechas de desprecio a la libertad de expresión (manipulando RTVE y otros medios en su favor) y la democracia (Ley Mordaza) con el manejo de las influencias políticas y toda clase de intrigas en el Gobierno (que se lo pregunten a Margallo) y en el PP (que le pregunten a Cospedal), dando pie al ‘Sorayismo’. Eso que bien explicó José Antonio Zarzalejos en u reciente y brillante artículo publicado en El Confidencial.

Y todavía aspira Santamaría a ganar las elecciones primarias del PP, lo que de producirse provocaría la ruptura del partido y la fuga masiva de muchos militantes y dirigentes hacia Ciudadanos, porque el ‘Sorayismo’ -que tiene mucho de sectarismo- ya se sabe en el PP lo que significa y puede ser. Ahí incluidas la deslealtad y la traición a Rajoy.

La guerra comercial pone en riesgo el 7% de las exportaciones españolas

MADRID.- Casi el 7% de las exportaciones españolas está en riesgo por la guerra comercial abierta entre EEUU y China. Aunque nuestro país es uno de los socios europeos menos expuestos a un recrudecimiento de las tensiones porque sus ventas al exterior se dirigen mayoritariamente a la eurozona, lo cierto es que exporta a las dos grandes potencias económicas mundiales casi 18.000 millones de euros anuales, según se desprende de las estadísticas que difunde periódicamente el Ministerio de Economía y cita El Economista.

Pese a que Irlanda, Reino Unido y Alemania son los países que peor parados pueden salir del fuego cruzado entre Pekín y Washington, el peso de las ventas españolas a estos dos países no ha dejado de crecer. De nuestras ventas, el 4,8% van a parar a EEUU, casi 12.500 millones. 

El resto, 5.500 millones (el 2,3% del total), tiene como destino China. Gravámenes sobre todas estas cantidades pueden provocar un agujero importante en numerosos sectores económicos, especialmente el alimentario, que ya padece el efecto de un arancel sobre productos como la aceituna negra.

Para el resto de socios europeos el efecto puede ser peor. Primero llegaron los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio europeos, además de todos los impuestos a China, su gran rival. Después Bruselas contraatacó con barreras a las Harley Davidson y otros productos por valor de 2.800 millones. 

Y eso ha ofrecido a la Administración Trump la excusa perfecta para centrar sus iras comerciales en la automoción, con la amenaza de otro arancel del 20 al 25%. Alemania tiembla por ello. 

"Las tensiones comerciales mundiales siguen siendo el principal riesgo para Europa tanto a nivel mundial como regional, la pregunta ahora es cuán grande será el impacto económico", advierte Paul Watters, supervisión de las condiciones de crédito regional de S&P Global Ratings.

El PIB del euro sufrirá

Una decisión que hundiría el dedo en la llaga europea, especialmente alemana, dado que la industria de automoción de la UE exportó a EEUU entre vehículos y piezas el año pasado por valor de 53.563 millones de euros. Alemania llevó materias por 30.435 millones, seguida de Reino Unido con 9.098 millones. España vendió productos por valor de 1.134 millones de euros.

"Un arancel del 25% podría disminuir la demanda estadounidenses de coches europeos del 22,5%, unas 260.000 unidades", calcula Christian Schulz, economista de Citi. "Esto reduciría los ingresos del sector de la UE en 9.000 millones de euros, es decir, el 0,5% de las exportaciones totales y el 0,1% del PIB de la UE", aclara.

Bank of America Merrill Lynch estima que un gravamen a los coches europeos podría reducir el PIB de la eurozona en al menos un 0,3%, excluyendo cualquier daño colateral sobre la confianza de los inversores, el gasto empresarial y los cambios en otros mercados.

Aún así, Schulz recalca que "una guerra comercial entre EEUU y China corre el riesgo de tener un mayor impacto en el crecimiento europeo que una confrontación directa entre Bruselas y Washington". 

Así, aunque la UE esquivase más aranceles directos de Trump, las cadenas de suministro globales de las que dependen las compañías europeas podrían verse afectadas si la Casa Blanca y Pekín endurecen posiciones. Se debe tener en cuenta que las exportaciones de bienes y servicios representan el 27% del PIB de la zona euro, en comparación con el 12% en EEUU y el 21% en China (datos del BCE).

Aunque este porcentaje incluye también el comercio entre miembros de la UE, debemos destacar como Alemania es el socio europeo con la mayor participación comercial fuera del Viejo Continente, contribuyendo con sus exportaciones a otros países no europeos al 28,3% de las ventas de bienes totales de UE fuera del grupo. 

Le siguen Reino Unido (10,9%), Italia (10,6%) y Francia (10,4%). En el caso de España, el porcentaje el año pasado fue del 5,1%.

Si China y EEUU aumentan tensiones, cualquier efecto en sus economías se dejará sentir, ya que ambos países son clave para exportaciones europeas. "Incluso antes de que Trump comenzara con sus escaramuzas, China ha sido un factor clave para la desaceleración de Europa este año", avisa.

El año pasado las exportaciones de la UE a EEUU alcanzaron los 375.500 millones de euros, con Alemania liderando el grupo, con 112.320 millones. Le siguen Reino Unido (52.023 millones); Italia (40.496 millones); Francia (34.254 millones); e Irlanda (32.849 millones). España se sitúa en octava posición por detrás de Países Bajos y Bélgica, con 12.455 millones de euros.

"El impacto de una guerra comercial se dejará sentir más allá de las dos economías más grandes del mundo", incide Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management, que apunta a Irlanda como una de las economías europeas "más vulnerables". 

Las exportaciones irlandesas a EEUU suponen el 55,7% del total de sus ventas fuera de la UE. En comparación, en el caso español, este porcentaje es del 13%, según Eurostat, y apenas supera el 6,8% si se cuantifican las ventas a EEUU y China en conjunto.

Más exposición a Pekín

Paralelamente, entre 2007 y 2017, las exportaciones europeas a China, casi se han triplicado, hasta 200.000 millones de euros. Esta estrecha relación no debería sorprender: el gigante asiático representó el 6,7% de las exportaciones alemanas en 2017, no mucho menos que las estadounidenses (8,7%). 

Y teniendo en cuenta el incremento de las relaciones comerciales podría decirse que China es incluso más importante que EEUU en lo que respecta al crecimiento de las exportaciones.

La economía alemana está mucho más expuesta al comercio chino que cualquier otra economía europea. Los Países Bajos y Bélgica ocupan el segundo y tercer puesto, con el 1,9% y el 1,7% de su PIB exportado a la segunda mayor economía del mundo en 2017. La media de la UE es del 1,3% y otras grandes economías europeas como Francia, el Reino Unido e Italia (todos 0,8%) o España (0,5%) están por debajo de la media. 

Sin embargo, además de estas exposiciones, las grandes compañías industriales de Alemania actúan como una "ventana" para la fabricación europea en China.

A través de las cadenas de suministro paneuropeas, las actividades alemanas en China, así como sus exportaciones al país o la inversión nacional generada por el negocio chino, afectan indirectamente al resto de Europa. Los datos del PMI manufacturero han caído en línea a los alemanes, por ejemplo en Austria, Hungría, España, República Checa y aún más en Italia.

"China enfrenta riesgos a la baja por tensiones comerciales con EEUU", reconoce el economista de Citi, que apunta como esto juega en detrimento y también a favor de la UE. Schulz pone de manifiesto que las autoridades chinas han adoptado ya algunas medidas para apoyar el crecimiento y podrían ir más allá en la segunda mitad del año. 

"Las empresas europeas podrían beneficiarse desproporcionadamente de este estímulo mientras sus rivales estadounidenses sufren las consecuencias de las represalias comerciales chinas a EEUU".

Nuestro país, en vilo por el ataque a la aceituna

Según los últimos datos oficiales del censo estadounidense, las exportaciones de Estados Unidos a España alcanzaron entre los meses de enero y abril de 2018 un total de 4.168 millones de dólares (3.569 millones de euros al cambio). 

Por su parte, las importaciones españolas al país norteamericano tocaron un valor de 6.100 millones de dólares (5.220 millones de euros), por lo que la brecha comercial entre la primera potencia económica mundial y nuestro país alcanza los 1.931 millones de dólares (algo más de 1.600 millones de euros).

Dejando de lado los aranceles del 25 por ciento y el 10 por ciento, respectivamente, al acero y el aluminio impuestos a Europa por decisión del presidente Donald Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos adoptó este mismo mes las resoluciones definitivas que ponen fin a sus investigaciones antidumping y antisubvenciones contra la aceituna negra de España. 

Según ha anunciado la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), supondría la imposición de un arancel del 34,75 por ciento, desde el 21,60 por ciento provisional anterior. 

Como consecuencia de la investigación antisubvención se impone un arancel medio del 14,75 por ciento, frente al 4,47 por ciento provisional establecido el pasado mes de noviembre de 2017, mientras que a partir de la investigación antidumping se impone un arancel medio del 20 por ciento, frente al provisional 17,13 por ciento establecido el pasado mes de enero de este año.

El sector automotriz alemán, bajo amenaza

Las exportaciones de Estados Unidos a Alemania se sitúan en los 19.489 millones de dólares (unos 16.688 millones de euros al cambio actual) desde que arrancase 2018 hasta el pasado mes de abril. 

Mientras, las exportaciones alemanas a EEUU se situaron en los 41.389 millones de dólares (35.437 millones de euros) por lo que el déficit comercial del país norteamericano con la primera potencia europea se sitúa ya en los 21.900 millones de dólares (a-proximadamente 18.751 millones de euros).

Es por ello que Donald Trump ha atacado insistentemente a su "masiva" brecha comercial con el país germano, al que además acusa de contribuir menos de lo que debe a la OTAN y las fuerzas militares.

La Administración estadounidense estudia en la actualidad la posibilidad de imponer aranceles del 25% sobre los automóviles importados, una medida similar a la que recurrió en cuanto a los suministros de aluminio y acero.

En 2017, EEUU importó unos 8,27 millones de vehículos por un valor total de 192.000 millones de dólares (algo más de 164.400 millones, en euros) y vendió 1,98 millones, por alrededor de 57.000 millones (48.813 millones de euros), según el Departamento de Comercio. 

Pero de manera general, Washington importa vehículos baratos y vende otros de gama alta. Más del 70% de los 371.316 vehículos producidos en 2017 por BMW en su fábrica de Carolina del Sur estaba destinado a la exportación.

La aliada Francia advierte: habrá represalias

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, las exportaciones de Estados Unidos a Francia alcanzaron entre los meses de enero y abril de este año un total de 11.210 millones de dólares (aproximadamente 9.596 millones de euros). 

Por su parte, las importaciones francesas al país norteamericano totalizaron un valor de 16.908 millones de dólares (cerca de 14.475 millones de euros), por lo que el déficit comercial entre la primera potencia mundial y nuestros vecinos galos alcanza los 5.698 millones de dólares (4.878 millones de euros).

Cabe recordar que las principales exportaciones de Francia son los aviones, helicópteros y las naves espaciales, además de los medicamentos, automóviles, piezas de vehículos y turbinas de gas.

El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, un aliado clave del presidente galo, Emmanuel Macron, ha advertido que si Estados Unidos cumple con su amenaza de imponer un arancel del 20% sobre los coches europeos, "responderemos de nuevo".

 "No queremos una escalada, pero somos nosotros los que estamos siendo atacados", señaló recientemente, asegurando que Europa no quiere una guerra comercial pero se defenderá de las medidas arancelarias de el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente francés, en la primera visita de Estado que acogió Washington en la era Trump, trató de ejercer su influencia para que EEUU aminorase el volumen de su guerra arancelaria. Ambos líderes hicieron gala de su relación privilegiada.

Al choque con Italia se suma el 'efecto Irán'

En el caso de otra de las principales economías europeas, las exportaciones de bienes estadounidense a Italia acumulan un valor de 7.503 millones de dólares (algo más de 6.426 millones de euros) desde que arrancase 2018 hasta el pasado mes de abril. 

En el mismo periodo, las ventas italianas a Estados Unidos alcanzaron los 17.322 millones de dólares (en euros son aproximadamente 14.836 millones), de manera que el déficit comercial de la primera economía mundial con Italia se sitúa ya en los 9.819 millones de dólares (al cambio, 8.410 millones de euros).

El caso concreto del país transalpino, las principales exportaciones al otro lado del Atlántico son medicamentos, automóviles, piezas de vehículos, petróleo refinado y válvulas.

Pero además, cuando nos referimos a Italia, a los aranceles de Washington también habría que añadir la decisión de la administración de Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, instaurando de nuevo sanciones contra la república islámica y los países que mantienen relaciones comerciales con Teherán.

El año pasado, Italia exportó casi 2.000 millones de dólares (unos 1.713 millones de euros) en bienes a Irán, muy por encima de los 1.401 millones de dólares (1.200 millones de euros) de dos años antes, en 2015, según datos oficiales de la Unión Europea. Solo Alemania exportó más, enviando mercancías por valor de casi 3.500 millones de dólares (algo menos de 3.000 millones de euros) a Irán.

Puja reñida por los activos tóxicos de Banco Sabadell: siete fondos presentan ofertas

MADRID.- Hasta siete fondos internacionales han presentado ofertas a Banco Sabadell para adjudicarse una o varias de las cuatro carteras que la entidad ha sacado al mercado. 

Cerberus, Lone Star, Blackstone, Oaktree, Deutsche Bank, Bain Capital y CPPIB son los interesados, con lo que la entidad que preside Josep Oliu tendrá ahora que decidir a quién vender para liquidar, de una vez por todas, la práctica totalidad de su saldo de activos problemáticos.

Fuentes del sector han confirmado a OKDIARIO que no todos pujan por todo: tres fondos que sólo están interesados en los inmuebles adjudicados y otros cuatro sólo pretenden comprar préstamos fallidos o NPL (non-performing).

Los planes de Banco Sabadell pasan por deshacerse de hasta 10.800 millones de euros de activos tóxicos antes del mes de agosto, lo que supone aproximadamente un 75% del total de los activos problemáticos de la entidad, que rozan los 15.000 millones (mitad saldos dudosos y mitad adjudicados).

De este modo, Sabadell ha hecho cuatro paquetes con estos activos improductivos: Challenger (5.000 millones), Coliseum (2.500 millones), Makalu (2.400 millones) y Galerna (900 millones). Cabe recordar, en este sentido, que aproximadamente la mitad, unos 5.800 millones, son activos heredados de la compra de la CAM y que forman parte del esquema de protección de activos (EPA).

En concreto, los fondos estadounidenses Cerberus Capital Management L.P., Lone Star Funds LLC y Blackstone Group L.P. están pujando por “Challenger” y “Coliseum”, dos paquetes de activos improductivos adjudicados valorados en 5.000 millones de euros el primero y 2.500 millones el segundo, ha explicado la fuente.

La de menor dimensión incluye también créditos inmobiliarios procedentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o CAM, comprada por 1 euro en 2012 por Sabadell tras su quiebra.

Por su parte, el fondo Oaktree Capital Group LLC, el banco alemán Deutsche Bank AG y el fondo canadiense CPP Investment Board están intentando hacerse con “Makalu”, que engloba préstamos morosos a promotores y pequeñas y medianas empresas por valor de 2.400 millones, y con “Galerna”, una cartera de hipotecas a particulares impagadas de 900 millones, ha dicho la fuente, que ha añadido que estos dos paquetes proceden también de la CAM.

Sabadell está siendo asesorado en las transacciones por la firma de gestión de activos y patrimonio Alantra Partners SA y la empresa de servicios financieros KPMG, y su objetivo es cerrar los acuerdos antes de que finalice el mes de julio, ha agregado la fuente, confirmando una información adelantada por el diario Expansión.

Bankia soltará 2.300 millones de euros de activos dudosos este mismo año

MADRID.- El Plan Estratégico de Bankia tiene prevista una reducción acelerada de activos problemáticos. El objetivo: seguir reduciéndolos de manera orgánica mediante la venta de carteras. Según ha podido saber OKDIARIO, la intención pasar por vender, este mismo año, activos dudosos por valor de 2.600 millones de euros.

Bankia necesita seguir deshaciéndose de activos problemáticos para liberar liquidez y recursos con el fin de conceder sus créditos en segmentos en los que la entidad nacionalizada quiere aumentar las nuevas formalizaciones y las cuotas de mercado. 

Así las cosas, el mayor volumen de crédito estará acompañado de nuevas reducciones de los dudosos y los activos adjudicados (8.800 millones de euros previstos en el periodo 2017-2020) que, según las previsiones del nuevo Plan Estratégico, dejará la ratio de activos problemáticos (dudosos brutos + adjudicados brutos / riesgos totales + adjudicados brutos) por debajo del 6% al cierre del ejercicio 2020 (12,5% en 2017), en tanto que la tasa de morosidad se situará en el 3,9%.

Durante el primer trimestre de 2018, los inmuebles adjudicados por Bankia han mostrado una evolución positiva, disminuyendo un 3,5% en el trimestre hasta situarse en 4.938 millones de euros brutos al finalizar marzo de 2018. 

En este primer trimestre de 2018, el grupo ha continuado con su estrategia de reducción de exposición inmobiliaria, formalizado la venta de 3.311 inmuebles, lo que representa un 73% más que en el mismo periodo de 2017.

La reducción de NPA´s (dudosos más adjudicados) fue de 600 millones en el primer trimestre de 2018, sin embargo, el objetivo es hacer algo más de 2.900 millones anuales durante los tres años del plan para llegar al objetivo de 8.800 millones, lo que supondría el 51% del stock existente a finales de 2017.

Así las cosas, y según han confirmado fuentes próximas a la entidad a OKDIARIO, la intención del banco para por acelerar las ventas en lo que queda de año hasta alcanzar los 2.900 millones. Teniendo en cuenta que en el primer trimestre se han deshecho de 600 millones, en los seis meses que quedan de año Bankia tratará de colocar hasta 2.300 millones de euros.

La entidad nacionalizada ha anunciado esta misma semana el proceso de venta para una cartera de inmuebles alquilados con un valor de mercado estimado de unos 450 millones de euros. Pero queda mucho más. 

Cabe recordar, en este sentido, que la reducción de los 8.800 millones del plan a tres años supondrá algo más de la mitad de los 17.200 millones que teníamos a finales del año pasado.

Uno de cada tres hogares lo mantiene un jubilado

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2017. El dato que vimos en todos los medios es el de que el gasto medio por hogar, que subió un 3,5% el año pasado, lo que supone la mayor subida en una década. Pero la estadística incluye otras cifras que llaman mucho la atención y que resultan muy relevantes en este momento, como el número de hogares que hoy están sustentados por pensionistas, que ya roza el 29%, según Vozpópuli.

Y es que el 'invierno demográfico' que esperan los expertos está cada vez más cerca. En el año 2006 el porcentaje apenas llegaba al 27% y lo peor es que no parará de subir en los próximos años e incluso en las próximas décadas. Y es que la población envejece y lo hace a ritmos agigantados. Es cierto que envejece toda Europa, pero España está a la cabeza en esta carrera.

De hecho, no es la única cifra preocupante que ha publicado el INE esta semana. El martes también dio a conocer la estadística 'Movimiento natural de la población', con un dato demoledor para los indicadores demográficos del país: las muertesvolvieron a superar a los nacimientos en 2017, como ya ocurrió también en el año 2015.

En concreto y, según datos provisionales, durante 2017 nacieron en España 391.930 niños, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al año anterior, es decir, 18.653 nacimientos menos. Si echamos la vista atrás la cifra es aún más dramática, puesto que entre 2008 y 2017 el número de niños nacidos en España ha caído un 24,6%. De hecho, la cifra de nacimientos es la más baja desde 1996.

Y lo peor de todo es que en 2017 fallecieron en España 423.643 personas, una cifra que supone un aumento del 3,2% que en 2016 y la cifra más alta desde 1976. La diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país arroja un crecimiento vegetativo negativo de 31.245 personas, lo que supone la diferencia más amplia desde que existen datos (1941).

Pensiones

Estas dos estadísticas son dos pruebas más de la necesidad de acometer una profunda reforma del sistema de pensiones en España. Y sobre todo ahora que se ha paralizado la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2013, que incluía un nuevo índice de revalorización y desarrollaba el factor de sostenibilidad. La reforma iba a dejar las pensiones cuasi congeladas durante décadas, es cierto, pero también iba a contener el gasto lo suficiente como para hacerlo sostenible.

Algunos expertos, como los de Fedea, aseguran que la supresión de la reforma supondrá un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de 3 puntos de PIB. El coste no será igual todos los años. Al principio será más bajo, pero irá creciendo exponencialmente según vaya aumentando la masa de jubilados y disminuyendo la fuerza laboral.

Y es que son muchas las previsiones que apuntan a que en 2050 cada cotizante tendrá que sostener a un pensionista, una tasa difícil de asumir para un sistema contributivo y de reparto como el español. Por eso, se necesita una reforma capaz de asegurar la sostenibilidad del sistema sin vapulear la suficiencia de las pensiones como hacía la reforma de 2013.

El nuevo Gobierno es consciente y ya está calentando motores. Quiere una reforma pactada y consensuada para evitar derogaciones y cambios en el futuro como le ha pasado al PP. Está esperando a recibir las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ha sufrido un nuevo parón por el Congreso del PP, pero ya tiene en mente unas cuantas medidas.

De momento, se sabe que el PSOE tiene intención de recuperar el IPC como indicador de referencia para las pensiones, reducir los gastos, revisar las tarifas planas, atraer talento de fuera para mejorar el número de cotizantes, fomentar las ayudas a la familia para impulsar la natalidad y revisar el sistema fiscal para mejorar los ingresos. 

La ministra Magdalena Valerio ya ha dicho que recurrirá a los Impuestos Especiales, la tasa Google ideada por el Ejecutivo del PP, el impuesto a la banca y la figura que gravará las transacciones financieras.

Y no descarta usar la imposición general para ayudar a la Seguridad Social. En el Presupuesto alternativo del PSOE, el partido quería recaudar 4.000  millones más a través del Impuesto de Sociedades y 1.900 millones más con el IRPF, subiendo el tipo máximo a las rentas de más de 150.000 euros y equiparando de forma progresiva los tipos de rentas de trabajo y de capital.

La amnesia deliberada de Aznar / Graciano Palomo *

Conozco bien al personaje y con la distancia que permite el tiempo puedo concluir que sus declaraciones, cuando no han sido tabuladas por edecanes al pairo, son monumentos a la obviedad ("el PP o se regenera o dejará de ser partido de gobierno"), generalidades al paño para salir del paso cuando no se tiene nada que ofrecer.

El gran problema de José María Aznar es que no acepta lo que hizo y mucho menos lo que le ocurrió. La corrupción que ha sido el cáncer que ha consumido los huesos del partido que él ayudó a construir decisivamente y, en efecto, lo hizo una formación de poder. 

Se escuda en que la corrupción es algo "individual", sí, en eso podríamos estar de acuerdo. No es esa la cuestión. Porque una cosa es que te llame un juez, y un tribunal te juzgue y otra bien distinta las evidencias clamorosas.

Si pudiera, que no puede, borraría de su particular historia a gentes como Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Juna Villalonga, Miguel Blesa, Jesús Sepúlveda, Rodrigo Rato y un larguísimo etcétera. 

Si pudiera borraría de las hemerotecas y de la memoria colectiva sus correos electrónicos a Blesa; la entrada en el PP bajo su mandato del gran Francisco Correa "Gürtel", los sobresueldos que un juez acreditó y una larguísima retahíla.

Los hechos son como fueron, señor expresidente. Incluidos los dos millones de dólares que su gobierno contrató con una empresa norteamericana (Piper Rudnick) para que trabajara a favor de que usted recibiera la Medalla de Honor del Congreso de EEUU.

Decididamente, Aznar López no aguanta una repregunta.

(*) Periodista

https://blogs.elconfidencial.com/amp/espana/palo-alto/2018-06-30/amnesia-deliberada-aznar_1586164/

Imputado el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, el 'popular' César Sánchez, por coacciones y malversación

ALICANTE.- Uno de los casos más controvertidos con los que se ha enfrentado el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, regresa. El también presidente de la Diputación de Alicante tendrá que ir a declarar al juzgado de Dénia el próximo 12 de julio como investigado (la acepción actual de imputado) por una posible comisión de un delito de coacciones y malversación de caudales tras una denuncia de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Calp ante el Ministerio Público en Alicante.

La citación se produce después de que en dos ocasiones el juzgado de Dénia haya archivado la denuncia presentada por una trabajadora, que cursó en su momento la fiscalía. Ha sido la Audiencia Provincial de Alicante la que ahora solicita al juzgado de Dénia que abra diligencias y realice alguna investigación antes de archivar la causa.

En mayo de 2017, momento en el que la fiscalía dio traslado a la denuncia presentada por la funcionaria y pidió la imputación del munícipe calpino por dos presuntos delitos de malversación y coacción, fuentes del entorno de César Sánchez aseguraron que la denuncia no tenía “ni pies ni cabeza”.

Sin embargo, la Audiencia, coincidiendo con el punto de vista del ministerio público, no lo ha visto así: la denuncia aporta prueba documental, facilita testigos y señala que el alcalde de Calp pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales atendiendo a su cargo y ejerciendo un posible abuso para hacer campaña electoral en las municipales de 2015, sacando provecho de una institución pública. Sánchez ganó aquellas elecciones.

Paradójicamente, ha sido el propio alcalde de Calp el que ha revelado su nueva situación procesal a través de un comunicado. Sánchez ha mostrado su máximo respeto a la justicia y ha pedido celeridad para que se aclare cuanto antes el caso de la trabajadora del Ayuntamiento calpino contra él.

“ El día 12 de julio voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto”, ha señalado Sánchez, quien ha manifestado estar tranquilo y “dispuesto a colaborar plenamente con la justicia para que esta situación se resuelva lo antes posible”.

La Fiscalía de Alicante pide pena de cárcel para Armando Sala, ex vicepresidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado la libre absolución para 13 miembros del consejo de administración de la CAM que aprobó la dietas del expresidente Modesto Crespo, entre los cuales figura el empresario murciano José García Gómez, presidente de Agrupal. 

En su escrito de conclusiones definitivas el fiscal Anticorrupción mantiene la acusación contra la cúpula de la Caja, en la que se incluye al ex vicepresidente por Murcia, Ángel Martínez, en la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante. Se trata de una de las siete piezas separadas de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra de la CAM.

La Fiscalía mantiene las penas de dos años para los ex vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala (en la imagen), así como para el ex secretario del consejo José Forner. Argumenta que los vicepresidentes «no eran vocales de base, eran delegados cuyo papel tenía que haber sido sumamente activo y responsable. Ellos eran la CAM», asegura.

Aunque en sus conclusiones el fiscal había tenido que mantener la responsabilidad penal de los consejeros por una cuestión técnica, pese a eximirles de responsabilidad civil, lo que implicaba que no tendrían que abonar las dietas percibidas por Modesto Crespo, en su informe final pedía ayer la absolución.

Estima que el papel de los 13 vocales del consejo de administración que aprobaron la propuesta en la sesión del 27 de noviembre de 2009 fue meramente «administrativo». Aludía a la complejidad «premeditada» de esta sesión del consejo y de cómo se planteó una propuesta ya resuelta. A esto hay que sumar, indicaba el fiscal, que «no tenían un fácil acceso ni a las actas ni a las preactas del consejo».

Para el Ministerio Público ha quedado probado que Modesto Crespo nunca trabajó en Tinser, «no fue presidente ni fue nada», y que tan solo en 2010 mantuvo una reunión de una hora relacionada con la empresa participada por la Caja.

Según el fiscal, no se ha podido acreditar «ni un solo escrito ni correo electrónico o testigo» de que Crespo actuara como presidente de Tinser. Se trata, añadía en su exposición, de «un palmario fraude de ley».

Unos hechos que se han reflejado en el escrito de conformidad del expresidente Modesto Crespo, y que para el fiscal Anticorrupción se han convertido en una prueba de cargo contra los otros siete acusados, ya que «en ningún momento, estos han puesto en duda la versión del expresidente», dijo.

El fiscal responsabiliza directamente al ex director general de la CAM Roberto López Abad y mantiene la petición de cuatro años por inductor y cooperador necesario.

El juez deja libre con cargos al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez

VALENCIA.- Un día después del sorpresivo arresto del presidente de la Diputación de Valencia, con el consiguiente daño que ha provocado en la imagen del PSPV-PSOE -aunque también de Compromís-, Jorge Rodríguez ha salido sonriente de los juzgados alrededor de las 18.15 horas de este jueves. 

Lo ha hecho en libertad con cargos -no especificados- y sin medidas cautelares, aunque seguirá investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -en su vertiente de administración desleal- por irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra. En la misma situación quedan los otros seis arrestados ayer miércoles: los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación (Manuel Reguart y el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego). Todos ellos deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, que lleva el caso, cuando sean llamados.
Tras permanecer por la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores, han pasado a disposición judicial al principio de la tarde. Apenas dos horas después, la mayoría había abandonado ya las dependencias judiciales después de acogerse a su derecho a no declarar. A la salida han estado acompañados por familiares, aunque también han sido recibidos por algunos cargos de sus respectivos partidos.

El único en atender brevemente a la prensa ha sido Rodríguez, quien ha declarado que estaba «muy tranquilo» y que todo había «salido bien». Sobre su comparecencia ante el juez, ha señalado que no podía «decir nada» puesto que la causa todavía se encuentra bajo secreto de sumario y tiene que saber primero «de qué va».
Aunque no ha ofrecido ninguna explicación de los hechos que han trascendido hasta el momento, sí ha calificado de «desproporción absoluta» tanto las acusaciones que recaen sobre él como el operativo de su detención.
En cuanto a la medida adoptada por el partido de suspenderle de militancia y de todos sus cargos, ha asegurado que era «la primera noticia» que recibía y que no la iba a valorar. Aun así, ha considerado que este tipo de decisiones son «lógicas en una situación como esta».
En términos similares se ha expresado otro de los arrestados, Manuel Reguart. «Esto es una barbaridad, es una desproporción», ha indicado entre gritos. El resto de investigados no ha realizado ningún tipo de comentario.
Con la salida en libertad se concreta una de las incógnitas más importantes desde que se pusiera en marcha la denominada «Operación Alquería» por la gravedad que habría supuesto que el juez decretara prisión provisional.
El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, mientras que el caso se encuentra coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juzgado.
Durante la jornada del miércoles se practicaron varios registros en la Diputación, en las sedes de Divalterra, en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que Rodríguez es alcalde-, donde los agentes accedieron tanto a su despacho como al departamento de informática, lo que apunta especialmente a la búsqueda de información en ordenadores.
Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- en los que se habría colocado a personas afines a Compromís y al PSPV-PSOE.
El coste de cada uno era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas al no responder a una necesidad real. Algunas fuentes apuntan a que una de las líneas que podría seguir la Udef es el desvío de ese dinero público a las formaciones, aunque sólo se podrá confirmar con el análisis de la documentación intervenida.
Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió. La situación fue denunciada en los tribunales por trabajadores de Divalterra, aunque el PP ya interpuso una denuncia que fue archivada. Ciudadanos también se sumó posteriormente.