LUXEMBURGO/BRUSELAS.- Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo
revela que los instrumentos de la UE para ayudar a los agricultores a
asegurar sus ingresos frente a la caída de precios y las pérdidas de
producción solo han cumplido en parte sus objetivos, mientras que su
utilización sigue siendo escasa y desigual. Los auditores sostienen
además que algunas medidas excepcionales no se han orientado
correctamente y pueden dar lugar a pagos compensatorios
desproporcionados.
La política agrícola común
(PAC) de la UE contiene una serie de medidas cuya finalidad es
garantizar una renta estable y adecuada para el agricultor. Los pagos
directos a los 6,4 millones de agricultores repartidos en los 28 Estados
miembros ascienden a 41 000 millones de euros al año. Junto con estos
pagos directos, la PAC incluye instrumentos específicos para prevenir y
gestionar riesgos y crisis en el sector agrícola.
Por ejemplo, se puede
recurrir a los seguros y a los fondos mutuales para estabilizar los
ingresos de las explotaciones. También existen medidas excepcionales
destinadas a estabilizar el mercado en general si surge una perturbación
grave, como el hecho de que Rusia decidiera en 2014 prohibir
determinadas importaciones agrícolas procedentes de la UE.
Los
auditores examinaron específicamente si estos instrumentos se habían
establecido de manera eficiente y si daban resultados. En particular, se
centraron en la ayuda de la UE a los seguros y las medidas
excepcionales introducidas en el sector de frutas y hortalizas tras las
sanciones rusas de 2014.
Los auditores reconocen
que la PAC contiene diversas formas de salvaguardar los ingresos. Los
pagos directos desempeñan una función importante en este contexto.
Representan de media una cuarta parte de los ingresos de las
explotaciones, lo que permite a los agricultores gestionar mejor la
caída de precios o una menor producción, y reducir así su necesidad de
contratar un seguro.
Al mismo tiempo, la PAC promueve cada vez más las
medidas preventivas, especialmente instando a los agricultores a adoptar
buenas prácticas agrícolas y medioambientales. Sin embargo, los
auditores constataron que el efecto de esta actividad en la conducta del
agricultor es limitado, ya que es posible que los agricultores
asegurados tengan menos incentivos para aplicar una estrategia de
negocio resiliente o adaptarse al cambio climático.
Los auditores sostienen que la mayor parte de los 2 600 millones de
euros presupuestados por la UE para ayudar a los agricultores a
contratar un seguro frente a la volatilidad de los precios y las
pérdidas de producción han tenido escasa repercusión.
El dinero llega a
un número muy reducido de agricultores, puesto que menos del 10 % de
aquellos que contratan un seguro lo hace con la ayuda de la UE. La
mayoría de agricultores ni siquiera se plantea mitigar el riesgo puesto
que, si surge una crisis, esperan recibir en cualquier caso una ayuda
pública sustancial.
Asimismo, la ayuda de la UE a los seguros no se
canaliza hacia los que realmente la necesitan.
En los dos Estados
miembros que más la utilizan (Italia y Francia), los auditores
observaron una concentración de esta ayuda en el sector vitivinícola. En
este sector, en el que el capital asegurado puede alcanzar los 115 000
euros por hectárea, muchos beneficiarios habrían asegurado su producción
aun sin las subvenciones de la UE, por su capacidad financiera y su
perfil de riesgo.
«Existen escasas pruebas en la actualidad que
demuestren el valor añadido europeo de esta ayuda destinada a
estabilizar los ingresos de los agricultores», afirma Samo Jereb,
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.
«Las
medidas deberían ser más específicas, de manera que puedan ser empleadas
por los agricultores que más las necesitan y de forma que no entren en
conflicto con el desarrollo de una agricultura más preventiva y
resiliente en la UE».
En cuanto a los 513 millones
de euros de gasto en frutas y hortalizas durante el período 2014‑2018
como respuesta a la prohibición rusa, la UE no fijó parámetros objetivos
para plantearse la adopción de estas medidas.
Por ejemplo, el 61 % de
la ayuda se destinó a los productores de manzanas (principalmente en
Polonia), a pesar de que las exportaciones de esta fruta se mantuvieron
constantes, en líneas generales, o incluso crecieron. Se han aplicado
también medidas excepcionales a otras frutas (como el melocotón y la
nectarina) para responder a la sobreproducción en la UE en lugar de a
una perturbación puntual del mercado.
Por último, los auditores
advierten de que la ayuda de la UE para la retirada de productos
destinados a su distribución gratuita ha sido costosa. En algunos casos,
los porcentajes abonados sobrepasaron ampliamente los precios de
mercado, lo que produjo una sobrecompensación.
Asimismo, los auditores
constataron que, en último término, la mayoría de los productos
retirados para planes de distribución gratuita fueron reintroducidos en
el mercado de forma diferente (como zumo en Grecia y en España, por
ejemplo), mientras que solo una parte se entregó a personas necesitadas.
En
este contexto de recientes propuestas legislativas para el futuro de la
PAC, en las que se busca prestar más atención a la gestión de riesgos,
los auditores formulan las siguientes recomendaciones a la Comisión
Europea:
- fomentar entre los agricultores una mejor preparación ante las crisis;
- diseñar y supervisar mejor su ayuda a los seguros;
- aclarar los criterios para activar y finalizar las medidas excepcionales;
- adaptar la compensación a las operaciones de retirada.
